El compromiso de caminar en solidaridad hacia los ODS

Mario Paniagua, Miguel Ángel Dueñas, Ana María Galdámez, Scarlett Cortez1
Social Watch El Salvador

El Salvador logró avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) pero quedaron temas pendientes, ya sea por falta de recursos o compromiso. Con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el gobierno tiene una nueva oportunidad de establecer lineamientos para que todos los sectores del país se comprometan con su cumplimiento.

El Salvador es uno de los quince países seleccionados por el Sistema de las Naciones Unidas para la implementación acelerada de los ODS, tomando en cuenta que en el Plan Quinquenal de Desarrollo ya se habían definido metas y objetivos como seguridad, equidad, salud, educación de calidad, crecimiento, resiliencia y transparencia.

Los organismos de las Naciones Unidas y el gobierno salvadoreño firmaron un acuerdo para una implementación acelerada que incluye la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, integrado por representantes gubernamentales, del Sistema de las Naciones Unidas, de la sociedad civil y del sector privado, para el logro de los 17 ODS.

Si bien El Salvador logró avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en el año 2000 por los 189 países miembros de las Naciones Unidas, quedaron temas pendientes, ya sea por falta de recursos o compromiso. Con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el gobierno tiene una nueva oportunidad de establecer lineamientos para que todos los sectores sociales, políticos y económicos se comprometan con su cumplimiento.

Diálogos ODS El Salvador, de la apertura a la consulta

El Salvador fue uno de los 60 países seleccionados por el Sistema de las Naciones Unidas para implementar la fase de consultas de la Agenda de Desarrollo Post 2015. Esto permitió que desde las organizaciones de la sociedad civil se generara un espacio de diálogo que posibilitó la inclusión de temas prioritarios para el desarrollo del país en la agenda 2015-2030.

Las consultas de país que se realizaron dieron lugar a la instalación de cinco grupos de trabajo: poblaciones marginales, grupos organizados, académicos y líderes de opinión, sector privado y sindicatos, y sector público.

Numerosos miembros de organizaciones de la sociedad civil participaron en el grupo de poblaciones marginales, realizado con cinco grupos poblacionales identificados como prioritarios por las condiciones de exclusión en las que viven: pueblos originarios, mujeres, personas con retos físicos, territorios y comunidades, y sector de juventudes.

El diálogo sobre los territorios permitió incorporar las problemáticas que demandan una atención prioritaria del Estado y las entidades llamadas a tomar acción para el desarrollo pleno de la población salvadoreña, principalmente de los sectores poblacionales que ven vulnerados sus derechos.

Entre las temáticas prioritarias identificadas en las consultas están el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la alimentación, a la agricultura sustentable, a la educación como una herramienta para mejorar la calidad de vida, a la salud, que debe llegar de forma oportuna y con calidad a todo el territorio y a todos los sectores sociales, a la seguridad con un enfoque de prevención y reinserción transversalizando el tema de prevención de la violencia de género y la violencia intrafamiliar; y el tema de la vulnerabilidad de los territorios desde un enfoque de protección del medioambiente y preparación ante los efectos del cambio climático, tomando en cuenta el impacto de este tiene en la seguridad alimentaria de la población.

Se priorizaron además los temas de transporte público, desde una dimensión del ordenamiento territorial y el respeto a la vida de las personas, y el de la migración, como una situación que genera desintegración familiar y transculturización de miles de salvadoreños y salvadoreñas que se ven forzadas a dejar el país por la pobreza o la inseguridad.

A partir de los nueve temas identificados se elaboró el documento de visión de país  que identifica tres desafíos: ubicar a las personas en el centro de las políticas públicas, con voz y voto en las cuestiones que le van a impactar en su vida; construir un país con igualdad de oportunidades y acceso a servicios públicos de calidad que además garanticen los derechos humanos para toda la población; y la reconciliación, ya que la polarización heredada del conflicto armado no permite la tolerancia, el diálogo franco y la unidad en el objetivo de dar prioridad al bien común sobre los intereses particulares.

De estas visiones de los sectores y los territorios se sintetiza al visión común, que se plasma en el documento de país “El Salvador-Agenda de desarrollo Post 2015 - El país que queremos”: justo, inclusivo, libre de discriminación y violencia, con igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas, y con niñas y niños educados y felices.2

Desafío de los ODS desde la visión de la sociedad civil en El Salvador

El Salvador es uno de los quince países seleccionados por el Sistema de las Naciones Unidas para la implementación acelerada de los ODS, tomando en cuenta que en el Plan Quinquenal de Desarrollo ya se habían definido metas y objetivos como seguridad, equidad, salud, educación de calidad, crecimiento, resiliencia y transparencia, y los logros obtenidos en el cumplimiento de los ODM.

Se firmó un acuerdo entre los organismos de las Naciones Unidas y el gobierno de El Salvador para una implementación acelerada que incluye la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, integrado por representantes gubernamentales, del Sistema de las Naciones Unidas, de la sociedad civil y del sector privado, para dar seguimiento y monitorear las acciones para el logro de los 17 ODS.

El documento plantea, además, la voluntad de impulsar el logro de los ODS desde el dialogo, la coordinación, la implementación, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de los mismos. En los próximos cuatro años las acciones a ejecutar se articularán en una hoja de ruta definida por el gobierno, en concordancia con los objetivos y estrategias del Plan Quinquenal de Desarrollo.

El papel de la sociedad civil se vuelve primordial desde su función contralora para garantizar el cumplimiento de los ODS, tomando en cuenta que en El Salvador hay elecciones presidenciales cada cinco años, lo que implica cambios en la visión, las políticas y los programas de desarrollo del país.

Uno de los grandes desafíos para la efectiva implementación de las acciones necesarias para cumplir los ODS es lograr el financiamiento del Estado, por lo que se requiere una reforma fiscal justa, que permita la ejecución de los programas sociales y las acciones que debe impulsar para el logro de las metas que plantea este nuevo desafío hacia el 2030.

El colectivo Social Watch El Salvador ha impulsado durante los últimos tres años acciones de sensibilización e incidencia encaminadas a demandar justicia tributaria a través de diferentes propuestas concretas que incluyen el control de la evasión de impuestos, que en el año 2013 fue de 28% (alrededor de 1,530 millones de dólares), la revisión de las 26 leyes que les permiten a las grandes empresas no pagar impuestos y que le cuestan al Estado 1,200 millones por año, el aumento hasta 40% del impuesto a las empresas que ganan más de un millón de dólares al año, y la exigencia a la Fiscalía General de la República que investigue los 152 casos de corrupción ocurridos en gobiernos anteriores al año 2009.

Los derechos humanos significan que toda persona cubra sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios y acceso igualitario a la justicia. Las medidas tomadas por los últimos dos gobiernos son buenas, pero insuficientes para cubrir la deficiencia social histórica del país.

A este desafío se suma el de la alta vulnerabilidad ambiental de El Salvador. Según el Informe de la Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de 2015, emitido por el Sistema de las Naciones Unidas, desde 2001 el promedio histórico anual de pérdidas por eventos climáticos extremos es "equivalente a casi el 60 por ciento del promedio anual de su inversión pública"3, por lo que es urgente invertir desde un enfoque preventivo en materia de desarrollo territorial y de protección real de los ecosistemas para reducir las vulnerabilidades ambientales que afectan mayoritariamente a los sectores más pobres de la población del país.

El Salvador se ha sumado a los esfuerzos mundiales para reducir el impacto del cambio climático, en 1995 ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en 1998 el Protocolo de Kioto. Además, tiene una Política Nacional de Medio Ambiente y una Estrategia Nacional de Cambio Climático, que se estructura en varios ejes fundamentales como mecanismos para enfrentar pérdidas y daños, adaptación, programas de inversiones críticas para reducir pérdidas y transferencias de riesgos, etc. En su base hay cinco temas críticos: sensibilización; educación y formación; investigación; tecnología; y financiamiento. También se identifican como requerimientos institucionales la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento institucional, la gobernanza local y los modelos de gestión, el monitoreo, reporte y verificación, legislación, normativa y regulación.4

Sin embargo, históricamente ha habido un vacío en la implementación de las leyes y los acuerdos que garantizan la protección del medio ambiente y de las zonas vulnerables. Y solo cuando ocurren desastres se aplica la ley de forma punitiva y no preventiva. El país debe apostar principalmente a la sensibilización y educación sobre la insostenibilidad de la vida en el planeta si se continúa con el estilo de vida y de consumo excesivo. Es urgente para ello el financiamiento de acciones para lograr avances que contrarresten los efectos negativos del cambio climático.

Ante estas situaciones que plantemos como los principales desafíos desde las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil organizadas, es necesario priorizar en tres grandes ejes de acción para garantizar el cumplimiento de los ODS: generar el conocimiento necesario sobre los ODS en la población salvadoreña; aumentar los ingresos estatales por medio de una reforma fiscal justa en donde quien tenga más pague más y combatir la evasión y elusión fiscal de forma efectiva; y el compromiso institucional bajo la vigilancia y participación de la sociedad civil organizada y empoderada.

Desde el colectivo Social Watch vemos que solo la población empoderada, con pleno conocimiento de sus derechos y de forma organizada, con el único objetivo de lograr el bien común de forma solidaria e igualitaria, podrá guiar y ser garante de los procesos y la implementación de las acciones requeridas para logar el cumplimiento de las metas de país en cuanto a los ODS se refiere. Aunque los gobernantes son los que ejecutan las acciones, es la población la garante de que todos los procesos participativos anteriores (diálogo con acción y Consultas Post 2015) avancen hacia los resultados esperados y generen los cambios que los ODM no lograron conseguir por falta de voluntad política y de una efectiva participación ciudadana.

En El Salvador es necesaria la lucha de las comunidades organizadas en los territorios para la defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de modo de garantizar no solo el cumplimiento de las metas de los ODS sino también una vida digna en pleno goce de derechos para las salvadoreñas y los salvadoreños.

Notas: