Paraguay: El vacío de un Estado social está siendo ocupado por un Estado punitorio y represor

Durante los últimos diez años Paraguay ha sido testigo de lo que pareciera ser un incremento de la conflictividad social reflejado en el asesinato de dirigentes campesinos vinculados a la lucha por la tierra, ataques de un grupo armado, varios secuestros, violencia juvenil en las escuelas y canchas de fútbol y en la inseguridad ciudadana.

Según la evidencia empírica latinoamericana, todos estos hechos están vinculados,de alguna u otra manera, con los altos niveles de desigualdad y la consecuente exclusión que hay en el país. Estas desigualdades tienen como base una cultura de la negación del otro, que se traduce en la desvalorización y el desprecio a las características propias de quienes son diferentes: campesinos, indígenas, jóvenes, pobres.

Las desigualdades tienen como principal consecuencia la violación de los derechos humanos: a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad social, a las libertades políticas, entre otros. No es de extrañar, entonces, la emergencia de sentimientos de frustración, manifestaciones que reivindican derechos y hasta conductas anómalas y violentas.

Para hacer frente a estas desigualdades, y a la inestabilidad social y política que se genera en ellas, los países han implementado, básicamente, dos tipos de estrategias. Una dirigida a las causas, que pone énfasis en las políticas públicas que buscan disminuir la desigualdad ampliando la cobertura de los programas sociales y económicos y mejorando su calidad. La otra ataca las consecuencias, que privilegia políticas de seguridad que tratan de reprimir las diversas formas en que la conflictividad social se manifiesta.

El Estado paraguayo pareciera que viene llenando el vacío que deja el Estado social con un Estado punitorio y represor donde, en lugar de solucionarse con la vigencia de los derechos fundamentales, las consecuencias de las profundas desigualdades acumuladas por décadas se castigan aún más con represión y prisionización.

La ejecución presupuestaria de la última década da pistas para confirmar la hipótesis anterior. Las siguientes escandalizarían en cualquier país medianamente desarrollado. Mientras que en 2012 gastamos G 153.000 por persona en atención primaria de la salud, G 1.590.000 por niño y niña en la escuela y G 1.864.000 en la niñez que sufre hambre; una persona privada de libertad (en la cárcel) le cuesta al país G 16.135.000 sólo en materia penitenciaria (sin incluir los gastos del sistema judicial). Este altísimo gasto, además, se da en un contexto de vida infrahumana de las personas recluidas.

El gasto en 2012 es el resultado de años de aumento del gasto en áreas que poco contribuyen a erradicar las causas de la desigualdad y la pobreza. Y que, por el contrario, podrían estar contribuyendo a empeorar la situación de desigualdad. No hay más que leer los periódicos para darse cuenta de que quienes van a la cárcel no son los grandes delincuentes o corruptos, sino la población que cuenta con menos oportunidades de lograr asistencia jurídica de calidad y sin relaciones personales para conseguir que la aplicación de la ley se ajuste a su condición socioeconómica.

Así, el Poder Judicial, aumentó su gasto por persona en 496,6% mientras que los de seguridad nacional (principalmente Ministerio de Defensa) y seguridad interior (Ministerio del Interior) lo hicieron en 276,6% y 315,9% respectivamente. Se puede observar que el gasto dirigido a la lucha contra la pobreza (SAS,SNNA) de manera directa apenas aumentó 122,6%, el de educación (MEC)lo hizo en 193,9% y el de agricultura familiar campesina (MAG) en 180,2%.

Si bien el gasto en Relaciones Laborales tuvo un fuerte incremento, como se podrá ver, es porque en 2003 tenía un presupuesto prácticamente inexistente y aún hoy es así. ¿Qué política laboral se puede realizar gastando G 11.647 por persona? Nuevamente podemos ver que gastamos más en prisionización por persona (G 16.943) que en política laboral (G 11.647). El gasto en salud fue el único que superó el promedio general de aumento, pero aún se mantiene relativamente bajo para las necesidades de un país como el Paraguay, que se ubica entre los de mayor mortalidad materna e infantil en América Latina.

Mirando estas cifras no debería sorprendernos la situación actual del país. Lo peor es que no estamos aprendiendo de estos resultados y vamos a cerrar el año 2013 con la misma estrategia para solucionar problemas cuyas respuestas están en las políticas sociales y de generación de empleos y no en la militarización ni la prisionización.

por Verónica Serafini

Fuente: DECIDAMOS. Revista Economía y Sociedad