España: Gobierno desmantela cooperación, según Plataforma 2015 y Más

Mariano Rajoy.
(Partido Popular Europeo)

La Plataforma 2015 y Más, punto focal de Social Watch en España, considera que los pasos dados por el gobierno de Mario Rajoy en materia de cooperación ponen en peligro la existencia de una política pública que vincule la promoción del desarrollo sostenible con el bien común.

La vieja idea de obtener prestigio en el exterior sobre la base de la exportación de recursos y marcas, fuertemente revitalizada por el nuevo gobierno con la “Marca España”, puede significar una amenaza a la gobernanza global y al multilateralismo democrático por el apuestan países comprometidos con la agenda internacional y con los países del Sur como respuesta a los problemas globales, evaluó Plataforma 2015 y Más en un comunicado.

Las organizaciones sociales de la cooperación deberán combinar sus más que razonables preocupaciones por un nuevo marco de financiación y por mantener un buen nivel de interlocución, pero sin olvidar que esos factores no responden, en ningún gobierno, a concesiones, sino como consecuencia de una legitimidad construida en la capacidad de articulación y movilización social de la ciudadanía, advirtió la organización.

El diálogo y la participación entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, incluido los relativos al el marco de financiación adecuado, es un compromiso internacional recogido tanto en las recomendaciones de la última evaluación del el informe de pares del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE para España como en las que se derivan de la Agenda de Eficacia, según la Plataforma.

 

Documento de cooperación aprobado sin apoyos

De esta forma, y rompiendo el consenso sobre política de cooperación de la última década, el Congreso legislativo aprobó en junio el Plan Anual de Cooperación Internacional 2012 (PACI 2012), que contó apenas con los votos favorables del gobernante Partido Popular.

La Plataforma 2015 y Más considera que este PACI no es transparente en la definición básica de sus líneas de actuación y de los criterios con los van a tomarse decisiones estratégicas y fundamentales para el presente y el futuro de la cooperación española. El PACI 2012 es un documento de baja calidad técnica y escasa claridad política que rompe con el consenso social y político mantenido para el fortalecimiento de esta política pública desde años anteriores.

Además resulta alarmante que el PACI 2012 haya sido aprobado sin contener la información presupuestaria elemental y básica para constituir un documento de planificación, útil para planificar, ejecutar y posteriormente evaluar. Al contrario, el PACI 2012 apenas incorpora más información que la conocida por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2012, con lo que resulta muy difícil poder realizar valoración alguna respecto de las actuaciones previstas (o realizadas, porque ya llevamos cuatro meses de ejecución de este PACI). A este respecto como mínimo deberían solicitarse los cuadros de distribución habituales (por agentes e instrumentos, por financiadores y modalidades de ayuda, sectores y geográficas).

La ausencia de datos económicos en el PACI 2012 es más grave aún si tenemos en cuenta que es el primer plan de la política de cooperación del actual gobierno, en un año caracterizado por un espectacular y desproporcionado recorte presupuestario de los fondos de asistencia oficial al desarrollo.

La Plataforma 2015 y más denuncia que el recorte de la asistencia oficial al desarrollo no está justificado por la lucha contra el déficit o por el ajuste fiscal, puesto que mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  sufre el mayor descenso relativo de fondos en los PGE de 2012 (54,4%) la media del recorte para todos los ministerios se sitúa en el 16,9%.

Si observamos los recortes acumulados en el periodo 2009-2012, la media del recorte para toda la Administración General del Estado se sitúa en el 30% mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores vuelve a ser el más perjudicado, con un descenso de 67%.

Con esta caída, España se aleja en los últimos tres años de las tendencias del resto de donantes del CAD que, aún con un leve descenso general, reflejan voluntad política y esfuerzo

 

Relación con las ONGD

El nivel de interlocución y relación con las organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo (ONGD) es este nuevo espacio de gobierno viene determinado por el papel ejecutor de dicha política pública que se quiere dar a las organizaciones de la sociedad civil.

El primer golpe fue la comunicación en abril de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que dejaba sin efecto la relación aprobada correspondiente a la convocatoria de convenios del 14 de junio 2011.

Esto ha significado echar por tierra los esfuerzos y recursos invertidos por muchas ONGD en la identificación y formulación de estos convenios y está teniendo unas consecuencias desastrosas para muchas ONGD españolas, sus organizaciones socias y contrapartes en países del Sur, y principalmente en las comunidades, familias y personas empobrecidas por las políticas globales de liberalización de mercados y concentración de la riqueza.

Recientemente la AECID ha publicado la convocatoria de subvenciones para las ONGD, con la que de un plumazo pretende acabar con años de una asociación estratégica basada en la participación activa de las ONGD en la política pública, tanto en su diseño como en su ejecución y seguimiento. La convocatoria no sólo obvia el trabajo realizado el año pasado por las ONGD calificadas en la elaboración de propuestas de trabajo de defensa de unos derechos que no suelen ser prioritarios para los gobiernos de los países en vía de desarrollo, como es el sector de los Derechos Sexuales y Reproductivos y de los Derechos Ambientales, sino que además se publica con un crédito de 400.000 euros propios, constituyendo poco menos que una provocación, y una importante herida que se abre a la permanencia de sus estructuras de trabajo, a un sector que el año pasado distribuyó más de 220 millones de euros de la AECID, según la Plataforma 2015 y Más.

Con este segundo golpe, el gobierno parece dispuesto a acabar con un marco de financiación basado en herramientas plurianuales que se puso en marcha en el año 2006 y cuya última modificación de su Orden de Bases se hizo apenas hace unos meses, en octubre de 2011 y fue valorada como uno de los avances de la última legislatura, en la evaluación de la organización.

Pero sobre todo, lo que se desprende de los últimos pasos y declaraciones del Gobierno en materia de ayuda oficial al desarrollo es su intención de supeditar esta política a unos intereses económicos ajenos a la mejora de las condiciones de vida de las mayorías del Sur, y de someter, reduciéndola a un rol instrumental, a la sociedad civil organizada en torno a la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la desigualdad, la erradicación de la pobreza y la promoción de modelos alternativos de gobernanza global, advirtió la Plataforma.

Fuente
Plataforma 2015 y Más: http://bit.ly/Oxdlvz