Medidas audaces para priorizar a la gente

Tanya Dawkins, Global-Local Links Project
Aldo Caliari, Center of Concern 
Karen Hansen-Kuhn y Alexandra Spieldoch, Institute for Agriculture and Trade Policy
Lane Vanderslice, Hunger Notes

Estados Unidos sigue desempeñando un rol de liderazgo único en el establecimiento de prioridades globales, pero la recesión económica y las nuevas amenazas del cambio climático han aumentado drásticamente las necesidades internas e impuesto nuevos límites presupuestales al gasto en asistencia al exterior. La peor crisis económica desde 1929 ha acelerado la erosión de décadas de adelantos arduamente ganados en derechos humanos, oportunidad económica y justicia social. A la vez, grupos ciudadanos, organizadores comunitarios y emprendedores sociales han estado proponiendo soluciones audaces e innovadoras para muchos de los problemas más acuciantes que enfrenta el país.

Estados Unidos fue uno de los 189 países que se comprometieron con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la histórica Cumbre del Milenio de la ONU en el año 2000. La Cumbre de revisión de los ODM de 2010 sin duda expondrá las preocupaciones de millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo, cuyos intereses siguen siendo socavados por una arquitectura económica y financiera incapaz de priorizar sus intereses. También ofrecerá una buena oportunidad para alentar los compromisos del Gobierno y la sociedad civil con el espíritu de la Declaración del Milenio: un mundo sin pobreza.

En 2009, el presidente Barack Obama afirmó que los ODM son “objetivos de Estados Unidos”. La acción e inversión requeridas para abordar las áreas referidas en los ODM resultan imprescindibles en Estados Unidos y el mundo.

La peor crisis económica en mucho tiempo ha acelerado la erosión de décadas de victorias duramente ganadas en materia de derechos humanos, oportunidad económica y justicia social. Años de políticas públicas oficiales que dieron prioridad a los mercados por encima de la inversión en las personas y comunidades han profundizado e intensificado el impacto de la crisis.

La necesidad de puntos de referencia locales, estatales y nacionales, y de rendición de cuentas para el bienestar humano y de la comunidad nunca ha sido más evidente. En septiembre de 2009, la Oficina del Censo de Estados Unidos anunció un importante aumento en la tasa de pobreza, de 12,5% en 2007 a 13,2% en 2008[1]. Se espera que las cifras correspondientes a 2009 y 2010 continúen esta tendencia. El 1% superior de los hogares absorbe dos tercios del total de las ganancias entre 2002 y 2007, el mayor nivel de concentración de ingresos desde 1928[2].

No se espera que los niveles de empleo en las naciones más avanzadas económicamente, incluyendo a Estados Unidos, alcancen los índices previos a la crisis antes de mediados de 2013, quedando rezagados otros indicadores de empleo para 2014[3]. A partir de enero de 2009 el desempleo fue del 18,9% para los trabajadores de 16 a 24 años, 8,6% para aquellos entre 25 y 54, y 6,8% para los mayores de 55 años, lo que representa aumentos del 7,1%, 4,5% y 3,6%, respectivamente, desde 2007. La tasa de desempleo oficial por etnia fue de 16,5% entre los trabajadores negros, 12,6% entre los hispanos y 8,7% entre los trabajadores blancos, lo que representa un aumento de 7,5%, 6,3% y 4,3%, respectivamente[4]. La falta de trabajo entre los hombres negros actualmente es casi tan alta como durante la década de 1930; la tasa para los adolescentes negros se ha elevado a un impresionante 38%[5].

Mientras el aumento del desempleo y del subempleo ha sido bien documentado en Estados Unidos y en el mundo, se ha prestado menos atención a una tendencia quizá más peligrosa anterior a la crisis: el crecimiento económico sin empleo. Entre 1999 y 2009, a pesar de los indicadores macroeconómicos positivos, el empleo en el país no creció en absoluto[6]. Esto pone de relieve la necesidad de esfuerzos más agresivos e innovadores para crear empleos, modernizando la compensación por desempleo y repensando el contrato social. A la fecha, incluso los esfuerzos de estímulo más progresistas no han sido capaces de abordar las consecuencias a largo plazo de este nuevo entorno económico.

El informe 2009 del Relator Especial de la ONU sobre Vivienda encomió el compromiso del Gobierno para aumentar los fondos para vivienda, modificación de hipotecas, mejora de los barrios e iniciativas de recuperación de emergencias a través de la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense. El informe también ha observado una tendencia alarmante: millones de estadounidenses pobres y de la clase trabajadora enfrentan obstáculos crecientes para obtener una vivienda accesible y apropiada, como lo demuestra el creciente número de familias e individuos que, o bien viven en refugios o se ven forzados a vivir en otras situaciones inadecuadas[7]. Aproximadamente el 30% de los 50 millones de propietarios de vivienda posee una casa con un valor actual inferior al saldo de la hipoteca; este número podría aumentar al 50% hacia fines de 2011[8].

En 2010, luego de una ardua batalla legislativa, el presidente firmó la histórica Ley de Asistencia Médica Asequible. Muchos se sintieron decepcionados por la imposibilidad de incluir la opción de habilitar un plan de compra por parte del Gobierno Federal, también conocida como Opción Pública. Esta nueva ley de gran alcance incluye medidas para aumentar la rendición de cuentas de las compañías de seguros, reducirá los costos de asistencia médica y expandirá las opciones de asistencia médica para todos los estadounidenses[9].   

Las prioridades importan: qué dice el dinero

Los esfuerzos del Gobierno para abordar cuestiones domésticas, desde la educación y la independencia energética al fomento de la pequeña empresa, la pobreza y el hambre, se ven limitados por las prioridades del presupuesto federal. A la fecha, USD 1,05 billones se han utilizado para financiar las guerras en Irak y Afganistán, incluidos USD 136.800 millones asignados para el ejercicio fiscal 2010[10]. El presupuesto militar propuesto para 2011 es equivalente a 13 veces el total de todos los gastos no militares para relaciones internacionales, incluido el Departamento de Estado, los que ascendieron a aproximadamente USD 54.000 millones en 2009. De aprobarse, esto se traduciría en una inversión de USD 16 en la fuerza militar por cada dólar gastado en seguridad nacional, y USD 7 por cada dólar gastado en asuntos internacionales y seguridad nacional sumados.

Si bien la crisis financiera ha exacerbado el importante déficit presupuestario heredado de la anterior administración, la creciente militarización del gasto federal es medular para abordar el déficit. El presidente Obama y el secretario de Defensa, Robert Gates, han señalado su intención de reducir el gasto militar[11]. La promesa de un “cambio radical” realizada por Obama durante la campaña requeriría cortar – en lugar de simplemente frenar – el aumento de las asignaciones militares de la era Bush, además de Irak y Afganistán, que actualmente devoran una mayor proporción del PBI que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial[12].  

Hay esfuerzos impulsados por la ciudadanía, que incluyen a varios miembros acaudalados y prominentes, que abogan por una serie de propuestas de presupuesto responsable, desde la reforma del impuesto al patrimonio hasta terminar con los recortes fiscales de la era Bush para hogares con ingresos anuales por encima de USD 250.000. El presidente Obama estableció una comisión nacional para Responsabilidad y Reforma Fiscal, encargada de equilibrar el presupuesto para el año 2015 y de mejorar la salud fiscal del país a largo plazo. La Comisión considerará numerosas propuestas en los próximos meses, entre otras la reducción del gasto militar y un impuesto a la especulación financiera[13].

Reconstrucción de la credibilidad

El presidente Obama se ha encontrado con un sinnúmero de obstáculos para cumplir con su promesa de duplicar la ayuda exterior. La recesión económica, el aumento del hambre en el mundo y las nuevas amenazas que presenta el cambio climático han aumentado drásticamente las necesidades mundiales a la vez que han puesto nuevas limitaciones de presupuesto nacional al gasto en ayuda exterior. La solicitud de presupuesto de Obama para el ejercicio fiscal 2011 incluye USD 56.000 millones para asistencia al extranjero, un aumento significativo con respecto a la solicitud de 2010 pero mucho menos de una décima parte del presupuesto militar. Incluye USD 18.000 millones para asistencia a la pobreza y al desarrollo, USD 1.900 millones para ayuda alimentaria y USD 16.000 millones para asistencia a la seguridad (incluida la asistencia militar extranjera y los programas antinarcóticos) [14].

Aún es necesario avanzar para abordar los problemas estructurales de la asistencia extranjera. Actualmente, la misma es administrada por 24 agencias gubernamentales y 50 programas, de los cuales muchos se duplican entre sí y otros se contradicen. Se creó una Directiva Presidencial de Estudio sobre Política de Desarrollo Mundial para revisar el sistema actual y recomendar cambios. El Congreso también está trabajando en leyes para reformar los programas de asistencia exterior, pero se han visto demoradas ante la larga lucha por las reformas financiera y de la salud.

Entre las propuestas prometedoras se encuentra una importante nueva iniciativa sobre la crisis alimentaria mundial que fomente nuevas inversiones en agricultura sostenible y dé prioridad a los programas para pequeños agricultores y mujeres. Por otro lado, el Gobierno continúa abogando por la liberalización del comercio como solución al hambre mundial, a pesar de pruebas contundentes de que el libre comercio ha socavado a los productores de alimentos en todo el mundo. Del mismo modo, el Gobierno favorece las iniciativas de la biotecnología por encima del apoyo a otras tecnologías, a pesar de suficientes evidencias de que dichos programas no aumentan la disponibilidad de alimentos.

Estados Unidos sigue desempeñando un rol de liderazgo único en el establecimiento de las prioridades mundiales, particularmente en los continuos esfuerzos para rediseñar la arquitectura financiera mundial. A la vez, el G20, BRICS[15] y otras nuevas configuraciones geopolíticas están también moldeando y cambiando las relaciones de poder económico y político a nivel mundial. Se suele argumentar que al Gobierno de Estados Unidos le cabe una responsabilidad particular por la crisis económica y financiera mundial de 2008 debido a su laxa regulación del sistema financiero nacional y por su histórica promoción de la desregulación mundial y la liberalización comercial y financiera. Estas políticas, impulsadas sistemáticamente desde la década de 1980 a través del Banco Mundial y el FMI, aumentaron la vulnerabilidad de las economías de los países en desarrollo frente a factores externos, una tendencia que la crisis ha intensificado.

La administración fue duramente criticada en el Congreso y en el extranjero por su apoyo a una inyección sin precedentes de USD 750.000 millones para el FMI en la cumbre del G20 en Londres. El FMI había estado al borde de la irrelevancia debido al manejo de las crisis anteriores y de otros problemas. Esta inyección de fondos permitió al FMI labrarse un rol central en la respuesta a la crisis sin haber realizado las reformas internas y externas que tanto necesitaba para revisar fundamentalmente las políticas que por tanto tiempo ha impuesto a los países en desarrollo, incluyendo las limitaciones de política fiscal que contraen el crecimiento e intensifican las recesiones económicas. El impacto negativo de estas disposiciones se pone de relieve ante las políticas adoptadas por algunos de los principales accionistas del Fondo, incluyendo a Estados Unidos, que son totalmente contrarias a las impuestas a los países en desarrollo.

La falta de reformas fundamentales en el FMI socava incluso las propuestas más innovadoras. Este es el caso, por ejemplo, de la inyección de USD 283.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), que son activos que los receptores pueden utilizar ya sea como reservas libres de interés o para facilitar los préstamos de moneda fuerte a una tasa de interés preferencial. Debido a que los DEG se distribuyen sobre la base de las cuotas de los países miembros del FMI, no fue posible introducir innovaciones importantes que hubieran mejorado el impacto benéfico en los países en desarrollo. El rápido deterioro de la situación de la deuda de muchos países que soportan déficits fiscales en aumento y menores ingresos de la exportación podría haber sido mitigado por una mayor flexibilidad política y por rondas adicionales de condonación o moratoria de la deuda, en vez de por una deuda adicional.

Hacia el futuro: se requiere actuar con audacia

Los resultados del censo 2010 proporcionarán información importante con respecto a nuevas oportunidades que requieren liderazgo ciudadano y espíritu emprendedor, particularmente en lo que se refiere a re-entramar la deshilachada red de seguridad del país, la infraestructura física y el desarrollo comunitario. Estos esfuerzos deben ir más allá de la importante intervención a corto plazo que las iniciativas de estímulo han proporcionado.

El presidente y el público han aprendido algunas duras lecciones sobre lo que significa hacer real el “cambio” en un entorno político cada vez más tóxico. La sociedad civil debe seguir exigiendo un verdadero liderazgo para abordar las cuestiones que más preocupan a la gente. Los grupos ciudadanos, organizadores comunitarios y emprendedores sociales en todo el país están ideando soluciones audaces para muchos de los problemas más acuciantes. A nivel nacional, las propuestas incluyen la creación de una nueva entidad nacional de derechos humanos que reconozca los derechos económicos, sociales y culturales, junto con los derechos civiles y políticos, y los llamados a la acción para ratificar la estancada Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Todos estos esfuerzos requieren asociaciones estratégicas con aliados del Gobierno.

Estados Unidos tiene una oportunidad sin precedentes para ofrecer un liderazgo basado en fuertes principios respecto al demorado rediseño de la arquitectura económica y financiera nacional y mundial. En 1944, el presidente Franklin D. Roosevelt reclamó una radical “declaración de derechos económicos”. Su visión incluía el derecho a la salud, a la educación y a “un empleo con salario digno”, suficiente para pagar alimentos adecuados, vestimenta, recreación y una vivienda digna, junto con una red de seguridad que proteja contra el empobrecimiento causado por la vejez, la enfermedad, los accidentes o el desempleo. “No podemos estar satisfechos, no importa qué tan alto sea el nivel de vida general, si alguna fracción de nuestro pueblo (…) está mal alimentada, mal vestida, vive en una vivienda precaria o se encuentra insegura” [16].

Un país y un mundo libres de pobreza, basados en los principios de democracia, derechos humanos, oportunidades y justicia económica, son indudablemente posibles. Alcanzar estos objetivos requiere una visión y acción audaces que pongan a las personas en el centro de los esfuerzos de recuperación económica.