Paraguay: En defensa de las políticas sociales

La CDIA – Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, DECIDAMOS, Campaña por la Expresión Ciudadana, y POJOAJU – Asociación de ONGs de Paraguay, manifiestan su preocupación sobre los alcances del Decreto 469 del 10 de octubre de 2013  que aprueba el plan financiero y se establecen normas y procedimientos para el proceso de ejecución del presupuesto general de la nación.

Las organizaciones entienden que el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGGN) es el principal instrumento de financiamiento del desarrollo que tenemos como Estado, y los gobiernos deben garantizar la continuidad y ampliación de las políticas públicas, en particular aquellas que tienen vinculación a los Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, asignando los recursos hasta el máximo disponible, y buscar los apoyos necesarios para sostener estas acciones.

Además preocupa el alcance no medido del Decreto 469, ya que en la práctica frena financiera y administrativamente el funcionamiento de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), hecho que significa que los programas y proyectos que se vienen desarrollando desde dichas instancias para garantizar las prestaciones a las personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, no tengan la continuidad necesaria.

En el caso particular del ente rector del ámbito de la niñez en Paraguay, la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), no figura entre los OEE que tienen excepción en las restricciones que se indican en el Decreto de referencia, elemento que se contradice con los compromisos asumidos por el Estado paraguayo en virtud a la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, firmada y ratificada por el país.

Además la SNNA, tiene a su cargo la implementación del Programa ABRAZO, PAINAC, y el Programa de Cuidados Alternativos, entre otros, que atienden a más de 4.000 niños, niñas y adolescentes en situación de calle y vulneración de sus derechos; hecho que no ha sido considerado debidamente en el Decreto.

También rechazan la paralización de las políticas públicas ejecutadas por los OEE, en particular aquellas que tienen vinculación directa con las cuestiones económicas, sociales, y culturales, las cuales son claves para protección, promoción, inclusión y desarrollo de las personas y sus comunidades, puesto que el Estado paraguayo es garante de los DDHH, y donde nuestro rol como organizaciones sociales es de defensa y vigilancia.
Fuente: DECIDAMOS.