Argentina: Avances y falencias analizadas en informe del CELS sobre DDHH

Presentación del informe anual
del CELS. (Foto: CELS)

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal nacional de Social Watch) presentó el miércoles su decimoséptimo informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esta edición destaca las consecuencias de la fragmentación de la fuerza de trabajo, los reclamos de indígenas y campesinos por la tierra, la criminalización de las protestas y la violencia en las cárceles, entre otros problemas.

El panel estuvo integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el presidente del CELS, Horacio Verbitsky; la directora del área Justicia y Seguridad de la organización, Paula Litvachky; el abogado del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC), Ramiro Fresneda; y la investigadora de FLACSO-Conicet, Victoria Basualdo.

“Este informe marca tanto los avances ostensibles que se han producido en el campo de los derechos humanos en nuestro país en el último año, como las falencias que plantea una agenda desafiante en la cual es imprescindible trabajar”, señaló Verbitsky ante más de 300 personas que asistieron a la presentación.

El estudio “debe ser tomado como el aporte que el CELS realiza a todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en el diseño y la implementación de políticas para la mejor protección de los derechos humanos”, agregó.

Por su parte, el juez Lorenzetti destacó los avances logrados en los últimos años por Argentina en materia de derechos humanos en un contexto mundial adverso.

“Las políticas de derechos humanos deben estar en el corazón de cada uno de los argentinos” para garantizar su continuidad, y ser “llevadas adelante por el pueblo en su conjunto y no por una sola institución o por una sola política de gobierno”, sostuvo el presidente de la Corte Suprema.

Al analizar la situación de los derechos humanos de los trabajadores, la investigadora Basualdo afirmó que el asesinato en 2010 del ferroviario Mariano Ferreyra, atribuido a sindicalistas, no debe considerarse como un caso aislado sino en el marco de problemáticas complejas como la fragmentación de la fuerza laboral.

Ese crimen “ejemplifica de manera dramática que algunas cooperativas” que contratan a personal “tercerizado” mantienen vínculos con sindicatos “que no sólo no defienden” a esos trabajadores, “sino que los persigue” por estar “implicados directamente con los intereses patronales”, concluyó Basualdo.

El abogado Fresneda planteó la necesidad de debatir el conflicto sobre el territorio desde una perspectiva no solo economicista sino integral del sector agrario, teniendo en cuenta la función social de la tierra y la propiedad. 

“Estamos convencidos de que para el campesino y el indígena perder la tierra es perder la identidad, y en un estado de derecho no podemos permitir nunca más que nadie pierda su identidad”, dijo el asesor del MNCI-VC.

Por último, Litvachky se refirió a la represión y a la criminalización de las protestas sociales de este período y a la violencia en los lugares de encierro. Reconoció el rol de las organizaciones sociales para desarmar la maquinaria de encubrimiento que intenta ocultar las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que allí ocurren. 

“La capacidad estatal de negación de estas violaciones es lo que hemos intentado desarmar durante todos estos años”, destacó Litvachky.

Fuente
CELS: http://bit.ly/KOdXqo