Boletín Social Watch - Boletín 175 - 4 de Julio, 2014

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó el 26 de junio una resolución histórica que inicia el proceso de creación de una ley internacional sobre las corporaciones transnacionales. La resolución fue copatrocinada por Ecuador y Sudáfrica, y contó con el apoyo de Bolivia, Cuba y Venezuela, en América Latina. China, India, Indonesia, Marruecos, Rusia y Filipinas estuvieron entre los veinte países que votaron a favor. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, lugar de origen de la mayoría de las transnacionales, votaron en contra, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú se abstuvieron.
La resolución crea un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta que el año próximo comenzará a elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule a las transnacionales, basado en la legislación sobre derechos humanos. Esta regulación no se aplicará a las empresas locales, sujetas a la legislación nacional pertinente. Lea más

La cooperación para el desarrollo sólo puede tener éxito si va acompañada de regulaciones de comercio sostenible. La clave para conseguir un desarrollo sostenible y justo es la coherencia de políticas en las naciones más ricas. Con el fin de permitir que el comercio y la cooperación se puedan complementar entre ellas, en los próximos cuatro años el ministerio va a tener que hacer equilibrios con respecto a temas clave, lo que implicará que los distintos actores involucrados jugarán un papel crucial. Lea más

La relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de ingreso se produce principalmente por dos vías: la generación de ingresos laborales directos y las políticas redistributivas que mejoran las capacidades y oportunidades que les permiten a las personas aprovechar mejor el buen desempeño económico.
El crecimiento económico es el resultado del buen funcionamiento de los diversos mercados que se traduce en mayores ingresos para quienes participan en estos. Con mayores ingresos se reduce la pobreza, se facilita el acceso a bienes y servicios y, por ende, mejora la calidad de vida y el bienestar de la población.
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Los términos “seguridad social” y “protección social”, que en estos días aparecen cada vez más en el ámbito político internacional, encierran la idea de que todas las personas deberían tener un ingreso básico y acceso a la educación y a la atención de la salud, en especial los pobres y los desempleados.
Garantizar que todas las personas tengan acceso a los elementos básicos necesarios para una vida digna es una gran aspiración para una sociedad. Pero, ¿es factible implementar este ambicioso objetivo?
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