Social Watch: El desarrollo sustentable es el derecho a un futuro

Social Watch, una red de organizaciones de la sociedad civil ocupada de asuntos como el desarrollo social y la discriminación de género, publicó recientemente su informe anual. Con capítulos temáticos, diferentes índices de desarrollo (por ejemplo, el Índice de Capacidades Básicas, el Índice de Equidad de Género y el Índice de Cumplimiento de los Derechos Sociales y Económicos) y las publicaciones nacionales, el informe tiene por objetivo demostrar los retos actuales globales para alcanzar el desarrollo sostenible.

El informe 2012 entitulado “Desarrollo sustentable: el derecho a un futuro", realizado con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil de 66 países, advierte que los enfoques actuales de crecimiento económico, de estabilidad así como las desigualdades crecientes, tienen un impacto negativo sobre el desarrollo sostenible. Aunque los gobiernos adoptaron un conjunto de principios y obligaciones para incrementar el desarrollo sostenible durante la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, en la práctica los países industrializados han fallado en su implementación. Contrariamente, el informe resalta que el enfoque de crecimiento económico se ha basado de manera desproporcionada sobre los recursos naturales no renovables del planeta. Para enfrentar esta situación insostenible, el informe de Social Watch hace un llamado a un cambio radical y urgente de la mentalidad actual con respecto a las finanzas, los derechos humanos, los indicadores de medición, y la participación de los ciudadanos.

Derechos humanos y desarrollo sustentable:

Un resultado importante de la Cumbre de Río de Janeiro (1992) fue la afirmación de la indivisibilidad de los derechos humanos y del medio ambiente. Según Social Watch: “Cualquier formulación de objetivos de desarrollo sustentable que no aborde adecuadamente los aspectos de los derechos humanos y los aspectos de sustentabilidad de forma simultánea y de una manera equilibrada corre el riesgo de descarrilar de la agenda integral de desarrollo sustentable sin ningún beneficio compensatorio”.

El informe también resalta que la comunidad internacional no debe focalizarse en el establecimiento de nuevos objetivos de desarrollo pues ya han sido acordados anteriormente. En cambio sugiere que los gobiernos necesitan un sistema de vigilancia y de responsabilidad para que todos estén sometidos a una revisión de sus obligaciones. Por otra parte, Social Watch propone ocho principios como base para un nuevo marco de derechos de sustentabilidad también conocida como “la nueva Carta sobre el Derecho al Desarrollo Sustentable.” Dichos principios y valores, los cuales ya existen y son aceptados ampliamente, están interconectados e incluyen:

• El principio de solidaridad: este principio se utiliza para regular la relación de los ciudadanos dentro de un país. Esto implica la igualdad de los ciudadanos y su responsabilidad compartida por el bien común.
• El principio de no causar daño: es el compromiso de aplicar políticas de una manera que no hagan ningún daño a las personas o la naturaleza.
• El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas: los gobiernos reconocen su contribución diferencial presente e histórica a la degradación del medio ambiente, por lo tanto, su obligación diferencial de solventar la reparación y mitigación.
• El principio de quien contamina paga: como una extensión del principio anterior, los costos de la contaminación tienen que ser sufragados por aquellos que los causan.
• El principio cautelar: este principio establece que en ausencia de un consenso científico, si una acción o política tiene un supuesto riesgo de causar daño a las personas o a la naturaleza, la carga de la prueba de que no es perjudicial recae sobre los autores de esta acción o política.
• El principio de subsidiaridad: las decisiones políticas deben tomarse en el nivel administrativo o político más bajo, para estar lo más cerca posible de los ciudadanos y garantizar plenamente su participación.
• El principio del consentimiento libre, previo e informado: las comunidades deben tener el derecho a dar o negar su consentimiento a los proyectos o acciones propuestas que afecten directamente a sus medios de subsistencia y sus tierras.
• El principio de solución pacífica de controversias: todas las controversias internacionales deben resolverse por medios pacíficos, sin poner en peligro la paz, la seguridad y la justicia.

Según Social Watch, los cuatro valores esenciales que deben ir de la mano con estos principios son: la libertad, la igualdad, la diversidad y el respeto por la naturaleza. Por otra parte Social Watch menciona que la Carta propuesta deberá referirse a, entre otras, al Estatuto Mundial para la Naturaleza de 1982 y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, y actualizar o mejorar la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986.

Los compromisos vinculantes, la coherencia de la política y el de desarrollo sustentable:

Como se mencionó en la sección anterior, el informe de Social Watch advierte que el debate sobre el desarrollo sostenible no debe basarse en las metas ya acordadas. Debe tener en cuenta el “cuándo” y el “máximo de recursos disponibles” (incluidos los de cooperación internacional) para asegurar su realización progresiva. Por lo tanto, con el fin de convertir estos acuerdos en políticas prácticas a nivel nacional, el informe recomienda a los gobiernos adoptar compromisos vinculantes que garanticen la coherencia entre las políticas para la sostenibilidad y armonizar las leyes locales y nacionales con las leyes internacionales sobre los derechos humanos y los estándares ambientales. Además, incita a los gobiernos a fortalecer les leyes que promuevan la sostenibilidad; a reorientar las políticas fiscales, a reasignar el gasto con el fin de reducir las desigualdades sociales y la discriminación, y apoyar la producción y el consumo sostenible.

Las consideraciones económicas, el financiamiento innovador y el desarrollo sustentable:

El informe señala que una “economía verde” puede mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Sin embargo, también hace una advertencia sobre las consecuencias no deseadas. Por ejemplo, la creación de puestos de trabajo “verdes” para reemplazar “los marrones” puede tener consecuencias negativas para las personas que trabajan en los segundos. Entonces “en el proceso de transformación a una economía verde, algunas personas, grupos, comunidades y países se verán perjudicados, en tanto otros se verán beneficiados”, advierte el informe. Esto va a promover la inequidad a menos que otros cambios fundamentales se hagan en términos de patrones de producción, de consumo, de derechos sociales y políticos y de prácticas económicas, explica el informe.

En el marco de la reorientación de las políticas fiscales hacia la sostenibilidad, el informe de Social Watch no sólo propone la “ecologización” de los impuestos o medidas para combatir la evasión fiscal, sino que también apoya la implementación de mecanismos de financiamiento innovadores, tales como un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Explica que dicho impuesto – aplicado a la negociación de acciones, bonos, derivados y moneda extranjera en el mercado cambiario, en los centros de comercio y sobre las transacciones del mercado extraoficial – puede contribuir a una distribución más justa de las cargas. El informe explica además que una parte sustancial de los ingresos obtenidos a través de un ITF, por ejemplo, serán destinados al desarrollo, al medio ambiente y a respeto de los derechos y serán distribuidos a través de un fondo bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Además de tratar de aumentar los ingresos, el informe también hace un llamado a los gobiernos a reasignar el gasto mediante la supresión de subvenciones perjudiciales, fomentar el consumo y producción sostenibles, la reducción del gasto militar así como la introducción de un posible nivel mínimo de protección social para todos (cintando sólo algunos de los ejemplos). Por otra parte, el informe aboga por una reforma de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), la cual, en su opinión, ya no debe basarse en las relaciones paternalistas tradicionales y en la “caridad”. Por el contrario, los gobiernos deben superar este concepto de ayuda y establecer un nuevo marco normativo de distribución de cargas entre los países ricos y pobres basado en el principio de solidaridad.

La medición del progreso y el desarrollo sustentable:

El informe de Social Watch explica que los indicadores que se utilizan actualmente para medir el desarrollo sustentable no son capaces de representar la realidad y los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) todavía se considera como el indicador global para medir el progreso del desarrollo. Sin embargo, este indicador no mide, entre otros, la sostenibilidad medioambiental o la inclusión social.

El informe recomienda, por tanto, la promoción de la investigación sobre métricas alternativas a nivel nacional e internacional, dentro de un periodo de tiempo determinado y con la amplia participación de la sociedad civil. Propone que todos las partes interesadas que quieran conjuntamente desarrollar una serie de indicadores tienen la legitimidad institucional y social. Este proceso podría basarse en iniciativas que ya existen, tales como Midiendo el progreso de Australia (MAP por sus siglas en inglés), o el Índice de la Felicidad Nacional Bruta (FNB). El informe también hace referencia índice existente las Capacidades Básicas (ICB), creada por Social Watch, como una alternativa para medir la pobreza sin tener en cuenta el ingreso.

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