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Egipto: Una hoja de ruta que prioriza los derechos humanos
Trece organizaciones independientes egipcias le propusieron a las nuevas autoridades del país una "hoja de ruta hacia una nación basada en los derechos y en el Estado de derecho". La iniciativa incluye no otorgar inmunidad legal para el ex presidente Hosni Mubarak, constituir un organismo civil que supervise los asuntos del país durante un período transitorio de un año, el aplazamiento de las elecciones presidenciales, y la disolución de los órganos legislativos nacional y locales y de los Servicios de Investigaciones de la Seguridad del Estado. Esta coalición de ONG también sugirió la redacción de "una nueva constitución para un estado civil y democrático que respete los derechos humanos y otorgue a todos los ciudadanos igualdad de condiciones independientemente de su religión, creencia o raza".
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Preguntas difíciles en medio del júbilo egipcio
Las autoridades militares egipcias deben prepararse a adoptar un nuevo papel: el de honesto facilitador para la creación de nuevos elementos y estructuras democráticas. Y por un tiempo persistirán algunas interrogantes clave: ¿El nuevo Egipto reducirá su dependencia de la ayuda estadounidense y adoptará una línea más independiente? ¿Cómo abordará el problema palestino-israelí? En especial, ¿adoptará un enfoque más amigable hacia los palestinos en Gaza, donde comparte una frontera?
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Brasil eleva la voz en la comunidad internacional
En su paso fugaz por la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que coincide con los primeros días del gobierno de Dilma Roussef, Brasil se preocupó por marcar la agenda del organismo. El nuevo ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, impuso como tema de debate el de la pobreza. Ese mismo día, el secretario de la Presidencia brasileña, Gilberto Carvalho, anunciaba en Dakar ante el Foro Social Mundial una política de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno de Dilma.
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Pedido de Robin Hood a Sarkozy
Robin Hood le entregó el jueves en 18 ciudades españolas a otras tantas delegaciones oficiales de Francia, señalando su invitación al presidente Nicolás Sarkozy a unirse a su banda en apoyo del impuesto contra la pobreza Tasa a las Transacciones Financieras. El Día de Acción Global unió a cientos de organizaciones de 20 países, las cuales le exigieron apoyo al G20 para su propuesta.
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Crímenes israelíes en Gaza siguen impunes
Hasta la fecha, solo un soldado israelí fue encarcelado —por robar una tarjeta de crédito— como consecuencia las investigaciones del asedio israelí sobre Gaza que mató al menos a 1.400 palestinos hace dos años. Trece organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes publicaron una carta abierta dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navanetham Pillay, exigiendo justicia.
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¿De quién es la ayuda?
La eficacia de la ayuda internacional, tanto para satisfacer necesidades urgentes como para atacar la pobreza endémica, ha sido socavada en algunos de los lugares más pobres del mundo. Los intereses militares y de seguridad de algunos donantes han sesgado la ayuda y, en medio de conflictos, catástrofes e inestabilidad política, han llevado, demasiado a menudo, a proyectos de descoordinados, insostenibles, onerosos e incluso peligrosos. Oxfam ha publicado un detallado informe al respecto titulado, “En todo caso, ¿de quién es la ayuda? La politización de la ayuda en conflictos y crisis ", que señala los errores y recomienda soluciones.
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Propuestas de Foro de ONG egipcias para la democracia
Éste es un resumen de la declaración emitida el sábado pasado por el Foro de Organizaciones Independientes de Derechos Humanos, coalición que incluye al Instituto de Estudios sobre Derechos Humanos de El Cairo, el Instituto Andalus de Estudios sobre Tolerancia y No Violencia, la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos, la Asociación para la Libertad de Pensamiento y de Expresión, el Centro de Asistencia Legal para las Mujeres Egipcias, el Centro de Derecho Hesham Mubarak, la Misión contra la Discriminación Religiosa, el Centro de Investigaciones Nueva Mujer, la Organización Árabe para la Reforma Penal, la Asociación Egipcia para la Participación Comunitaria (punto focal de Social Watch en Egipto), el Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales, la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales y la Asociación de Derechos Humanos para la Asistencia a Presos:
"El Foro de Organizaciones Independientes de Derechos Humanos felicita al pueblo egipcio por su exitosa revolución y por la destitución del dictador Hosni Mubarak, quien le negó la dignidad y la humanidad por tres decenios. El Foro saluda especialmente a los mártires de la revolución y a la juventud que desencadenó el levantamiento, que se movilizó y se organizó de manera creativa y que, conducida por líderes jóvenes, luchó con valentía para alcanzar el primer objetivo de deponer al dictador. [...]
"Por otra parte, el Foro saluda el papel de las fuerzas armadas en la protección de la revolución y apoyo a sus demandas hasta el logro de ese primer objetivo. En particular, el Foro celebra el tercer comunicado del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el cual declaró que ‘no será una alternativa para la legitimidad aprobada por el pueblo.’ En este sentido, el Foro solicita al Consejo Supremo que presente a la brevedad un cronograma para la transferencia del poder a un organismo civil que administre la transición hacia un estado democrático que respete los derechos humanos, en cooperación con las Fuerzas Armadas, y con la participación de la sociedad civil, la cual puede supervisar la aplicación de la hoja de ruta. [...]
"El Foro presenta las siguientes propuestas:
"I. Disolver la Asamblea Popular, el Consejo [consultivo] de la Shura, y los concejos locales, que son producto de las elecciones más fraudulentas en la historia de Egipto [...]. Por otra parte, todos los funcionarios involucrados en la administración de las elecciones para esos organismos deben ser investigados. [...]
"Las próximas elecciones deben realizarse luego de una transición de al menos un año, durante la cual se respetarán plenamente las libertades públicas, en particular el derecho a formar partidos políticos, sindicatos profesionales y de negocios, asociaciones cívicas, y toda clase de medios de comunicación.
"II. Tomar medidas inmediatas para que rindan cuentas los responsables de todos los delitos cometidos contra los egipcios desde el inicio de la sublevación el 25 de enero. [...] No debe ser otorgada al ex presidente Hosni Mubarak, ninguna garantía de inmunidad que impida hacerlo responsable de los delitos que haya cometido, directa o indirectamente, durante su estancia en el poder. [...] Todos los funcionarios responsables a partir del 25 de enero de haber ordenado abrir fuego, asesinando a cientos de manifestantes, y aquellos responsables de la paralización de los servicios de Internet y la telefonía móvil, deberán ser sometidos a juicio, empezando por el ex ministro del Interior y sus colaboradores. Todos los funcionarios responsables de la retirada coordinada de las fuerzas de seguridad y de la posterior liberación de presos, quienes lideraron la propalación de una masiva intimidación y aterramiento de los ciudadanos, así como el saqueo y el robo, deben rendir cuentas. Un órgano judicial independiente para la verdad y la equidad debe ser constituido a fin de investigar y recibir denuncias de corrupción y abusos a los derechos humanos cometidos antes y después del 25 de enero. Las autoridades deben garantizar y proporcionar todas las facilidades para garantizar la independencia e imparcialidad del organismo. [...] Identificar y enjuiciar a los responsables de la masacre en la Plaza Tahrir del 2 de febrero, y de los ataques a las oficinas de varias organizaciones de derechos humanos del 3 de febrero. [...] Detener todos los procesos judiciales, las detenciones y el hostigamiento a los activistas políticos, a los periodistas y corresponsales extranjeros, y a los defensores de derechos humanos. [...]
"III. Tomar medidas inmediatas para erradicar el estado policial y restablecer el estado de derecho [...] Disolver los Servicios de Investigaciones de la Seguridad del Estado, un pilar fundamental del estado policial, responsable de desapariciones, tortura brutal, detención arbitraria, sabotaje a los partidos políticos, restricciones a los grupos de derechos humanos, y de la erosión de la dignidad de los egipcios y del estado de derecho [...] Emitir una declaración inmediata que derogue el estado excepcional de emergencia [...]. Liberar inmediatamente a todos los presos y detenidos políticos, y examinar la situación de sus condenas.
"IV. Adoptar un programa integral de reformas constitucionales y legislativas de largo alcance que allanará el camino para la democratización y el respeto de los derechos humanos, de conformidad con un calendario específico. Este programa debe incluir: [...] La redacción de una nueva constitución que consagre la separación de poderes, ponga fin al control absoluto del ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial, y limite la autoridad absoluta otorgada al presidente. [...] Garantizar el derecho de todos los ciudadanos a postularse para el cargo de presidente y limitar la presidencia a no más de dos mandatos de cuatro años. [...] Establecer la naturaleza civil del estado como un estado para todos los ciudadanos basado en los principios de igualdad e imparcialidad para todos los ciudadanos independientemente de su religión, creencia, género o raza. [...] Abolir la ley de los partidos políticos (Ley 40/1977) y sus enmiendas, y adoptar una ley basada en las normas internacionales que protejan la libertad de asociación, garantizando libertad para fundar partidos políticos y para obtener estatus legal mediante la sola notificación. [...] Abolir la ley de ONG (Ley 84/2002), disolver la Federación General de Asociaciones Cívicas y las federaciones regionales, y hacer referencia a los artículos pertinentes del Código Civil respetando las normas internacionales que garantizan el derecho de asociación [...]. Adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la libertad de los medios de comunicación [...]. Modificar el Artículo 126 del Código Penal que estipula la pena para los delitos de tortura en conformidad con la definición integral del delito y sus autores que se encuentra incluido en el artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura [...]. Modificar la ley sobre el ejercicio de los derechos políticos, y la Ley 174/2005 sobre la regulación de las elecciones presidenciales para poner fin al control del Ministerio del Interior sobre las elecciones generales, incluyendo las presidenciales, y otorgar la supervisión de todas las elecciones a un órgano judicial independiente electo por los jueces a través de la asambleas generales de las cortes [...] Adoptar un sistema proporcional, de listas abiertas, que pueda garantizar una mejor representación de los partidos políticos y otorgarle poderes a los sectores sociales que han sido largamente marginados de la vida política.
"V. Redactar un plan transparente para la gradual activación de todos los derechos económicos, sociales y culturales que satisfaga las demandas de la revolución del 25 de enero, en especial aquella de un salario mínimo y una pensión estándar acorde con el costo de vida. "
Lea la hoja de ruta completa en inglés en www.en.mosharka.org/index.php?newsid=80
Nuevo régimen con muchos interrogantes
Por Martin Khor*
Lo que se inició en Túnez y se propagó a Egipto bien podría ser el inicio de una nueva democracia en Medio Oriente.
El júbilo de las masas en las calles de Egipto era bien merecido. Triunfaron, en muy corto tiempo y de manera pacífica, después de soportar violentos ataques y las idas y venidas en las respuestas del presidente Hosni Mubarak que se aferraba al poder.
Después de las celebraciones del último fin de semana se plantean interrogantes difíciles de responder para que las conquistas logradas en las calles puedan traducirse en avances reales en la vida de la gente.
En primer lugar está la transformación política de la autocracia a la democracia. El poder se transfirió del presidente a los jefes militares. Esto resulta digno de mención. El ejército es tradicionalmente respetado en Egipto y su actitud de abstenerse de atacar a los manifestantes le ganó la aceptación de que sean la autoridad a cargo durante el periodo de transición.
Las autoridades militares deben prepararse a adoptar un nuevo papel: el de honesto facilitador para la creación de nuevos elementos y estructuras democráticas. Esto incluye poner fin al estado de emergencia, elaborar una nueva constitución, permitir que se establezcan y florezcan partidos políticos y organizaciones civiles, instrumentar elecciones presidenciales y parlamentarias justas, y permitir la asunción al poder de los nuevos dirigentes.
Es importante ver cómo los jóvenes que tuvieron tanto valor y fueron tan elocuentes en el arte de la revolución se involucran en el proceso y se convierten en protagonistas clave, evitando dejar la actividad política sólo en manos de los políticos profesionales y los partidos del viejo estilo.
Los sucesos de Egipto traen a la memoria lo sucedido en Filipinas en 1986 cuando fue derrocada la dictadura de Ferdinand Marcos, después de haber sido declarado ganador de una elección fraudulenta, a raíz de que el jefe del ejército, Fidel Ramos, y el ministro de Defensa, Juan Ponce Enrile, se rebelaron contra su antiguo jefe. Se vieron apoyados por la demostración de “poder popular” de miles de personas que rodearon las instalaciones militares para impedir que los desertores fueran arrestados o bombardeados.
Después de que Ferdinand e Imelda Marcos huyeran a Hawai, Cory Aquino fue elegida presidenta, nombró una comisión para que redactara una nueva constitución en el plazo de un año y en 1987 se realizaron nuevas elecciones parlamentarias.
Si bien la caída del dictador fue desencadenada por una revuelta militar, asumió el poder una dirigente política civil que había competido con Marcos en las elecciones presidenciales y que la opinión pública estaba convencida de que había sido la verdadera ganadora.
En Egipto, un proceso de transición rápida es aún más necesario porque el poder debe ser transferido de los militares a los líderes e instituciones civiles. El país también necesita evaluar sus políticas económicas y sociales. Una importante debilidad del gobierno de Mubarak es que además de ser represivo, no brindó desarrollo a la gente.
El nuevo Egipto debe enfrentar numerosos problemas sociales. En primer lugar está la pobreza, que está actualmente por encima del veintidós por ciento, habiendo aumentado con respecto a 2008, cuando alcanzó el veinte por ciento.
El desempleo también es alto y va en aumento: de 8.4 por ciento en 2008 a casi diez por ciento hoy. Uno de cada tres hombres jóvenes entre quince y veintinueve años estaba desempleado en 2009, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La actual euforia por el derrocamiento de Mubarak podría ser reemplazada por una nueva frustración si la situación del empleo no mejora.
El aumento en el precio del pan provocó las revueltas de 2008 y en los últimos meses nuevamente se disparó el precio de los alimentos. Egipto se ha convertido en un país con déficit alimentario, que importa trigo, maíz y otros importantes productos alimenticios de consumo habitual entre su población. Debería revitalizar su sector agrícola interno y producir más de su propia comida, en especial si se tiene en cuenta que los suministros y precios mundiales de los alimentos se han vuelto tan volátiles.
Los nuevos líderes egipcios también deberían considerar estrategias para mejorar el sector industrial y el de servicios, y las políticas comerciales, financieras y tecnológicas que deben apoyar a esos sectores.
Las políticas de desarrollo deberían ser intensivas en materia de empleo, de manera que el futuro crecimiento pueda ser acompañado por más puestos de trabajo.
El mundo también está ansioso por saber si habrá un cambio en la política exterior en el nuevo Egipto, considerada prooccidental y especialmente proestadounidense, en parte por la gran cantidad de ayuda que recibe de Washington.
¿El nuevo Egipto reducirá su dependencia de la ayuda y adoptará una línea más independiente? ¿Cómo abordará el problema palestino-israelí? En especial, ¿adoptará un enfoque más amigable hacia los palestinos en Gaza, donde comparte una frontera?
Con algunos de estos interrogantes acerca de la transición a la democracia y cuestiones sociales y económicas, así como sobre la política exterior deberán lidiar tanto el nuevo liderazgo egipcio como el resto de las personas que lograron el enorme cambio de las pasadas semanas.
El resto del mundo les desea la mejor de las suertes.
*Martin Khor es director ejecutivo de South Centre.
Fuente: Agenda Global
Patriota en el timón
Por Roberto Bissio
No es ningún secreto que Brasil aspira a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Junto con Alemania, Japón, Sudáfrica y la India, la potencia sudamericana cree que la actual composición del órgano es un recuerdo obsoleto de la Segunda Guerra Mundial.
Cinco países son miembros permanentes en el Consejo, que es el único cuerpo con autoridad legal para enviar tropas por el mundo, imponer sanciones económicas, incluyendo bloqueos a un país infractor o elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas. Estos cinco son los grandes victoriosos de 1945: Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Además de no rotar en el cargo, como los otros diez miembros, tienen derecho a veto, ya que ninguna resolución puede ser aprobada con el voto en contra de apenas uno de ellos.
Salvo Japón, todos los otros aspirantes a unirse algún día al selecto club tienen en 2011 un asiento rotativo en el Consejo de Seguridad y como la presidencia de este cuerpo rota mensualmente entre los miembros no permanentes, Brasil resolvió que su fugaz pasaje por el timón del cuerpo con mayor poder de las Naciones Unidas, y por lo tanto de toda la gobernanza internacional, no pasara desapercibido. Además de dar la palabra y tener frente a su asiento en la mesa redonda el simbólico martillo de madera que abre y cierra las sesiones, la presidencia del Consejo permite influir sobre la agenda de los debates. Para marcar su presencia, que coincide con los primeros días del gobierno de Dilma Rousseff, el nuevo ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, impuso como tema de debate el de la pobreza.
“No todos los pueblos que sufren de pobreza recurren a la violencia”, sostuvo Patriota al introducir el debate el 11 de febrero en Nueva York, “pero la exclusión social, política y económica puede contribuir a la erupción o la persistencia de un conflicto”. Haití y la República Democrática del Congo, dos países en los que las Naciones Unidas mantienen cascos azules (bajo comando brasileño en el primero) están allí como claros ejemplos. La contraria también vale y sin citar a su país como ejemplo pero claramente pensando en la exitosa campaña antipobreza que enorgullece al ex presidente Lula da Silva, Patriota agregó que “el progreso social ayuda a prevenir el conflicto y mantener la paz. Un desarrollo sostenido de base amplia puede atacar las causas de la guerra mediante la distribución equitativa de la riqueza, mejor acceso a las tierras agrícolas, el fortalecimiento de la gobernanza y justicia para todos”.
Al final el Consejo simplemente tomó nota de la necesidad de un diálogo más fluido con la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social (ECOSOC) que tratan los temas del desarrollo y orientan la acción de las agencias especializadas, incluyendo en teoría, ya que no en los hechos, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Pero Patriota consiguió pasar dos mensajes claros a sus colegas: primero, que Brasil puede ser un interlocutor confiable y responsable y, segundo, que para ocupar su lugar bajo el sol no va a ser condescendiente con el status quo.
El mismo día en que Patriota instaba en Nueva York a “hacer más y mejor”, el secretario de la Presidencia, Gilberto Carvalho, anunciaba en Dakar ante el Foro Social Mundial una política de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno de Dilma, como todos en Brasil se refieren a Rousseff. Carvalho dijo en Dakar que en su nuevo rol de país donante de asistencia al desarrollo, “Brasil no cree en canalizar ayuda de nuestros pobres a las elites de otros países” y enfatizó que la cooperación Sur-Sur es distinta de los mecanismos tradicionales de asistencia Norte-Sur.
Si bien la presencia oficial brasileña en el Foro de la ciudadanía global fue claramente bienvenida, en privado muchas organizaciones hacen llegar sus reclamos y apuntan inconsistencias. Carvalho reconoció en debate público algunas contradicciones: mientras que el Movimiento de los Sin Tierra forma parte de la base social de su gobierno, las exportaciones agrícolas de propiedades enormes son su cimiento económico. Mientras que negocia con la sociedad civil la manera de poner dos millones de personas en la calle en mayo de 2012 como marco a la nueva cumbre de las Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable, Brasil planea inundar millones de hectáreas de la Amazonía con una nueva hidroeléctrica gigantesca. “Sacamos a casi treinta millones de brasileños de la pobreza y ahora no podemos negarles su refrigerador”, explicó Carvalho, retomando el viejo dilema entre ambiente y sociedad.
Y luego está el viejo dilema entre intereses comerciales y derechos humanos. Mientras que Lula y Celso Amorim, su canciller durante ocho años de gobierno, privilegiaban el aumento de las relaciones económicas con China, Irán y los países árabes, a costas de poner un manto de silencio oficial sobre el déficit democrático de estos parceiros (socios), Dilma y Patriota parecen más inclinados a buscar coherencia entre sus políticas domésticas y su prédica internacional.
Ahora que ya tiene un amplio superávit comercial y en su balanza de pagos, Brasil quiere seguir los pasos históricos de Alemania y Japón y basar su estrategia de potencia en las exportaciones industriales, pero la base de su prosperidad actual son los altos precios de sus commodities. El gran obstáculo a la venta de manufacturas es la devaluación simultánea de las monedas de China y Estados Unidos frente al real brasileño y de ahí la inconformidad de Brasil con la forma en que el G-20 posterga el tema de la estabilidad cambiaria global.
Fuente: Agenda Global
El G20 y la Tasa Robin Hood
Robin Hood recorrió el jueves un largo camino a lo largo y ancho del planeta, con el fin de invitar a Nicolas Sarkozy, que preside el G20 este año, a que siga apostando por un impuesto a las transacciones financieras (conocido como “Tasa Robin Hood”) con la que recaudar fondos para luchar contra la pobreza.
En España, el legendario personaje le entregó en Madrid su flecha al embajador francés Bruno Delaye, que la recogió en nombre de Sarkozy. Simultáneamente, en 17 ciudades españolas ha “abierto” embajadas galas, donde también ha lanzado su flecha para unirse a la iniciativa.
“Esta flecha simboliza nuestra convicción de que la Tasa Robin Hood, que gravaría tan sólo un 0,05% las transacciones financieras, supondría un cambio decisivo en la reducción de las diferencias sociales, así como en la lucha contra la pobreza y los efectos del cambio climático. Ha llegado el momento de hacer realidad esta propuesta”, dijo al diplomático Susana Ruiz, la portavoz de la “Alianza Tasa Robin Hood”, que organiza la acción.
“Por ello, invitamos a Nicolas Sarkozy a que siga defendiendo esta iniciativa y abogue por generar el máximo consenso entre los principales líderes mundiales. El año 2011 es decisivo. El G20 debe asumir su gran potencial para cambiar las malas prácticas y políticas que han conducido a la crisis global. No hay excusa para no actuar en este sentido en la reunión de ministros de economía de los países del G20 que comienza mañana (por el viernes) en París”, añadió Ruiz.
Durante el acto, el embajador dijo que “este encuentro es un motivo que me permite recordar que actuar a favor del desarrollo constituye uno de los objetivos de la presidencia francesa del G20. Francia impulsará el debate sobre vías de financiación innovadoras, indispensables para respetar nuestros compromisos en el marco de los Objetivos del Milenio y la lucha contra el cambio climático”.
Bruno Delaye ha calificado la aplicación de una tasa a las transacciones financieras como “moral teniendo en cuenta la crisis financiera que estamos atravesando, útil para disuadir la especulación y eficaz para encontrar nuevos recursos para el desarrollo” y ha concluido que “la batalla será difícil pero llevaremos este combate con nuestros socios y en particular con la sociedad civil”.
“Día de Acción Global” en más de 20 países
La “Alianza Tasa Robin Hood”, impulsada en España por Ayuda en Acción, InspirAction, Intermón Oxfam, Plan Internacional, Plataforma por la Salud Global y Save the Children y respaldada por la Alianza Española contra la Pobreza, Greenpeace, Intersindical y el Observatorio de RSC, se ha unido con este acto al “Día de Acción Global”, que se ha celebrado en más de 20 países.
En el marco de la reunión de los ministros de Economía de los países del G20 que se reúnen desde mañana en París, centenares de organizaciones han unido su voz, por medio de la figura de Robin Hood como símbolo de la iniciativa, para recordar a los líderes internacionales, que 80 por ciento de las transacciones financieras no tienen hoy nada que ver con la economía real. Con la aplicación de la tasa Robin Hood se podría poner coto a la especulación y recaudar a escala mundial más de 300.000 millones de euros anuales para luchar contra la pobreza.
Según Ruiz, “la crisis financiera ha llevado a un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas tanto aquí como en los países pobres. Los indicadores sobre hambre en el mundo son alarmantes, las cifras de pobreza extrema más altas que nunca. Ante esta situación, la gran mayoría de gobiernos han reaccionado con recortes en los presupuestos nacionales y en los recursos disponibles para el desarrollo. Pero los intereses de las personas más vulnerables deben anteponerse a los del sector financiero”.
En este sentido, la portavoz de la “Alianza Tasa Robin Hood” ha concluido que “el papel que debe jugar el gobierno español en esta materia es importante. Le pedimos coherencia y que el presidente siga firme en su apoyo a la Tasa Robin Hood, apostando por realizar una alianza estratégica con Francia y con otros países, como Alemania, para lograr un amplio consenso político”.
Fuente: Intermon Oxfam
"Alta Comisionada, ¿está muerto el Informe Goldstone?”
Lo que sigue es el texto de la carta abierta de 13 organizaciones de derechos humanos, palestinas e israelíes, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navanetham Pillay, en su primera visita oficial a territorio palestino.
“Como organizaciones de derechos humanos, palestinas e israelíes, le damos la bienvenida en su primera visita a la región y aprovechamos la ocasión para preguntar si está muerto el Informe Goldstone. Han pasado más de dos años desde el fin de la ofensiva israelí ‘Operación Plomo Fundido’ en Gaza y no se ha atendido nuestro clamor por justicia. ¿Deben las víctimas desistir de la ONU en la búsqueda de los responsables? ¿O existe una manera de dejar atrás de la cultura de impunidad imperante? La oportunidad de alcanzar la justicia ha sido secuestrada por intereses políticos. Buscamos su inequívoco apoyo a las víctimas. Lograr la justicia es esencial para prevenir futuras violaciones del derecho internacional y para sentar las bases de una paz justa y duradera en la región.
“El informe Goldstone, publicado en septiembre de 2009, presenta sólida evidencia de que en la ‘Operación Plomo Fundido’ fueron cometidos crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad. El informe, aprobado tanto por el Consejo de Derechos Humanos de ONU como por la Asamblea General, proporciona un claro marco para garantizarles justicia a las víctimas en conformidad con el derecho internacional, incluyendo la remisión al Consejo de Seguridad de ONU, a la Corte Penal Internacional, y el ejercicio de jurisdicción universal. Más de un año después, no hay justicia para las víctimas.
“Las investigaciones israelíes, llevadas a cabo por los militares, omitieron examinar la legalidad de las decisiones tomadas por los altos mandos y los líderes políticos que diseñaron, planificaron y ejecutaron los atentados. Hasta la fecha, solo un soldado israelí ha sido enviado a prisión, y por robar una tarjeta de crédito. El Comité de Expertos Independientes, designado por el Consejo de Derechos Humanos de ONU, confirmó la ausencia de cooperación y de buena voluntad por parte de Israel, no obstante su capacidad para llevar a cabo investigaciones serias en conformidad con las normas internacionales.
“Del lado palestino, según lo confirmado por el Comité de Expertos Independientes, las autoridades de Gaza no han logrado llevar a cabo investigaciones creíbles y efectivas. A pesar de las investigaciones independientes, encargadas por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), no se han iniciado procesos penales.
“Hasta ahora, la comunidad internacional de Estados no ha cumplido con su responsabilidad de garantizar justicia para los crímenes internacionales. Por otra parte, la ANP, que debería defender los intereses del pueblo palestino antes que los de la ONU y los de la comunidad diplomática, ha socavado las recomendaciones de Goldstone dado que se ha rendido ante las presiones políticas externas. Los representantes palestinos y los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de ONU persisten en priorizar la política por sobre los derechos de las víctimas, al acordar más tiempo para continuar con la mera fachada de investigaciones internas.
“En tanto está siendo pospuesta la aplicación de las recomendaciones de Goldstone, la política de cierre de Israel continúa castigando colectivamente a 1,5 millones de personas en la Franja de Gaza, donde las incursiones se intensifican y los civiles están siendo asesinados mientras tratan de ganarse la vida. La denegación de justicia se ve agravada por la ocupación israelí de territorio palestino, donde las violaciones del derecho internacional quedan impunes desde hace más de 43 años. Hoy, las políticas ilegales de la expansión de los asentamientos por parte de Israel, y el traslado forzoso de palestinos desde Jerusalén oriental y áreas de Cisjordania, entre otros sitios, contribuye a socavar los esfuerzos de paz y dan lugar a la deslegitimación de los actores internacionales implicados, al tiempo que socava los principios fundamentales del derecho internacional y la justicia.
“Siendo usted la más alta funcionaria de ONU, responsable de la alentar y proteger los derechos humanos, le instamos a dar voz a las víctimas de la ‘Operación Plomo Fundido’ y a inyectarle dinamismo a su búsqueda de justicia. Le hacemos un llamado para denunciar la confiscación de la justicia para con las víctimas de crímenes internacionales en nombre de la política, y para exigir públicamente la aplicación del informe Goldstone, incluyendo, sin más demora, su remisión a la Asamblea General. También solicitamos a usted que requiera una aclaración inmediata, por parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos, de los temas pendientes relativos a la creación de un fideicomiso para las víctimas palestinas de la ofensiva, a fin de avanzar prontamente en su desarrollo. Por último, le solicitamos condene firmemente las persistentes violaciones de Israel al derecho internacional, las cuales le impiden al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación reconocido universalmente.
“La ONU debe aprovechar esta oportunidad para demostrar su compromiso con la justicia según lo públicamente establecido por el Secretario General en su discurso, de enero de 2011, ante la Asamblea General. Confiamos en que usted y su Oficina utilizarán todos los medios a su disposición, incluyendo la incidencia de alto nivel, para asegurar que el pueblo palestino esté plenamente contenido dentro de la proclamada por ONU ‘nueva era de responsabilidad’ y que, una vez más, no prevalezca la impunidad.”
Firmantes
Asociación Aldameer de Apoyo a Prisioneros y de Derechos Humanos, Asociación Aldameer para los Derechos Humanos, Al-Haq, Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, Centro de Recursos Badil para la Residencia y los Derechos de los Refugiados Palestinos, Coalición Cívica para la Defensa de los Derechos Palestinos en Jerusalén, Defensa Internacional de los Niños - Sección Palestina, Centro Ensan para los Derechos Humanos y la Democracia, Centro Jerusalén para la Ayuda Legal y los Derechos Humanos, Comité Público contra la Tortura en Israel, Centro Ramallah para el Estudio de los Derechos Humanos, Centro de Mujeres para la Ayuda Legal y la Consejería, Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas.
Fuente: Al-Haq
La politización de la ayuda internacional
La ayuda eficaz ayuda, valga la redundancia, a salvar vidas, a proteger los derechos y a crear medios de vida. No obstante, en los conflictos y en los escenarios políticamente inestables, desde Afganistán a Yemen, la asistencia humanitaria para salvar vidas, y los esfuerzos a largo plazo para reducir la pobreza están siendo perjudicados cuando la ayuda se utiliza, principalmente, en pos de objetivos políticos y de seguridad de corto plazo de los propios donantes. Esto no solo socava los principios humanitarios y los compromisos para el desarrollo de los donantes; su repercusión se da en las vidas de muchas de las personas más vulnerables que son afectadas por conflictos y desastres naturales.
De manera creciente, algunos donantes están concentrando la ayuda, tanto humanitaria como para el desarrollo, en países y regiones que amenazan sus propios intereses inmediatos de seguridad, mientras dejan de lado otros lugares igualmente inseguros, pobres y afectados por conflictos. Desde 2002 un tercio de la ayuda para el desarrollo destinada a los 48 estados etiquetados como 'frágiles' por la OCDE ha sido destinada a tan sólo tres países: Irak, Afganistán y Pakistán. Durante este período, solo Irak y Afganistán concentraron más de las dos quintas partes de la totalidad del aumento global de $178 mil millones de dólares de ayuda proporcionada por los países ricos.
Desde Afganistán a Kenia, los proyectos de ayuda mal concebidos que apuntan a ganar "corazones y mentes" han demostrado ser ineficaces y costosos y, a veces, han convertido a las comunidades beneficiarias y a los trabajadores humanitarios en blancos de ataque. Estas prácticas están aumentando: los fondos de ayuda de EE.UU. asignados a los comandantes militares del frente de guerra para ganar "corazones y mentes", en Irak y Afganistán, son ahora casi tan abundantes como el presupuesto de asistencia de la gubernamental Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).
En Afganistán, en los territorios palestinos ocupados, en Somalia y en otros lugares, los donantes y las fuerzas militares han condicionado la ayuda a la cooperación política y militar de las comunidades y las organizaciones de ayuda, y han utilizado la ayuda para comprar información o sumisión a las fuerzas militares.
Mientras los recursos militares y logísticos han desempeñado un papel vital en las emergencias y en los desastres naturales, la ayuda indebidamente suministrada a través de las propias fuerzas militares ha llevado, algunas veces, a que ésta sea desperdiciada y costosa, mientras se pasa por alto la verdadera contribución que las fuerzas militares y la policía pueden hacer para mejorar la seguridad de las comunidades vulnerables. Por ejemplo, el programa de vacunación y de distribución de agua realizado por el ejército español tras el terremoto de Haití costó más de 18 veces los esfuerzos civiles equiparables, los cuales fueron en parte duplicados por el ejército español.
Estos problemas no son nuevos, pero el impacto de los conflictos en Irak y Afganistán, así como los cambios más recientes en la política de ayuda, han aumentado la tendencia. Tanto en Europa como en América del Norte, las políticas y programas de ayuda, sesgados por la política de los donantes extranjeros y por los intereses de la seguridad nacional están empezando a ser formalmente incorporados en las estrategias internacionales de desarrollo y en las prácticas humanitarias.
Desde 2001, el sesgo en la política exterior ha sido oficialmente plasmado por escrito en las políticas de ayuda y en las decisiones de financiamiento en Estados Unidos, Canadá y Francia. En otros lugares, inclusive en Gran Bretaña, en Australia y en la Unión Europea, estas prioridades corren riesgo de ser formalmente incorporadas a las nuevas estrategias de desarrollo internacional.
La coordinación de políticas a través de los departamentos exteriores de defensa y desarrollo puede ayudar a abordar mejor los obstáculos comunes para el desarrollo: por ejemplo, la lucha contra el cambio climático y la fuga de capitales, la protección a los civiles en los conflictos; la prevención de las transferencias irresponsables de armas. Pero el reclutamiento de la ayuda, y la ayuda institucional para los objetivos inherentes a la seguridad nacional de los donantes, pueden socavar la eficacia de la ayuda destinada a encontrar las necesidades humanitarias y a maximizar la reducción de la pobreza. No solo perjudica los esfuerzos equitativos destinados a proporcionar ayuda y a luchar contra la pobreza sino que, a menudo, no logra cimentar la seguridad a largo plazo para el receptor.
Descargue el informe en www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp145-whose-aid-anyway-100211-en_0.pdf
Fuente: Oxfam
