SOCIAL WATCH BOLETÍN - Boletín 21 - 28 de enero, 2010

Número 21 - 28 de enero, 2011

Ecuador y la deuda odiosa

Luego de la moratoria de la deuda comercial ecuatoriana declarada a fines del 2008, tras un proceso de auditoría integral, Ecuador recuperó en el mercado secundario casi todos los Bonos Global 2012 y 2030, ahorrándose miles de millones de dólares. No conforme con esto, ahora el presidente Rafael Correa le ha puesto la mira a la deuda multilateral.
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Argentina: Seguridad civil, pero democrática
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en Argentina, considera, junto con otras organizaciones de ese país, que la creación del Ministerio de Seguridad representa una oportunidad histórica para llevar adelante reformas destinadas a garantizar la conducción política del sistema federal de seguridad, que fueron postergadas desde la recuperación de la democracia en 1983.
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Verde, pero sustentable
El concepto de “economía verde”, y especialmente cómo avanzar hacia ella, ha desatado un debate mundial, sobre todo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que programa otra conferencia sobre ambiente y desarrollo para el año próximo. Martin Khor se refirió a eso en una reunión preparatoria sobre la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río + 20, realizada en Nueva York este mes. La “economía verde” se integrará en el debate internacional sobre ambiente este año, escribió Khor.
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En ruta a Dakar
Social Watch lanzará su Informe 2010 en inglés, francés y árabe en el marco del Foro Social Mundial, que se reunirá del 6 al 11 de febrero en Dakar. También participará en la organización de numerosas charlas y conferencias.
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Mubarak siente la presión popular
Las protestas en reclamo de la salida del presidente egipcio Hosni Mubarak continuaron esta semana en todas las ciudades del país, y la policía reprimió con violencia en lo que, según diversos analistas, refleja el nerviosismo del régimen, de acuerdo con el análisis del periodista Emad Mekay, de la agencia de noticias IPS.
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Una simple propuesta sobre los PMA
“Les pedimos que acepten una simple propuesta: que la comunidad internacional no tolere más el sufrimiento masivo y las muertes innecesarias que derivan del subdesarrollo de 850 millones de personas en los países menos adelantados”, dijo Arjun Karki, coordinador internacional de LDC Watch y presidente del Foro de la Sociedad Civil sobre los PMA ante el Grupo de Eminencias designado por la ONU a tales efectos, el cual tuvo su segunda reunión la semana pasada en Bruselas.
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Filipinas: Contra el divorcio entre pueblo y economía
“El pueblo debería estar directamente involucrado en la determinación de la política fiscal, de ingresos, gastos, préstamos y responsabilidades al respecto, y no sólo jugar el papel de proveedor de información”, dijo en una reciente conferencia Leonor Magtolis Briones, integrante de la filial filipina de Social Watch y del W8, grupo de ocho mujeres eminentes del Tercer Mundo. Estas declaraciones, referidas al flamante gobierno de su país pero válida para todos, inspiraron el editorial publicado el domingo por People’s Journal, uno de los diarios más importantes de Manila. (en inglés)
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El gobierno de Correa ordenará otra auditoría

Por Carlos Bedoya*

En lo que se ha considerado una de las más polémicas medidas de orden financiero, el economista y presidente de Ecuador, Rafael Correa, decidió en diciembre del 2008 no pagar los más de 30 millones de dólares en intereses de la deuda comercial denominada en Bonos Global con vencimiento 2012 y 2030, aduciendo que dicha deuda era ilegítima por haberse pactado en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano y estar llena de irregularidades.

De inmediato cundió el pánico en el mercado financiero y, lógicamente, los papeles de la deuda comercial ecuatoriana empezaron a perder su valor en el mercado secundario. Las noticias que circularon en todo el mundo daban cuenta de que a Ecuador se le venían represalias y todo tipo de maldiciones económicas. Sin embargo, eso no ocurrió.

Más bien, en lo que a todas luces fue una medida de gran audacia del mismo político que en el 2007 se postuló a la Presidencia sin lista parlamentaria para luego convocar a una Asamblea Constituyente y repartir nuevamente el poder, el gobierno tenía todo calculado y utilizando las mismas artes del poder financiero mundial puso una trampa que funcionó a la perfección. Recompró los papeles de la deuda a 35 centavos por cada dólar, lo que significó un ahorro de más de 2 mil millones de dólares en capital y 7 mil 505 millones en intereses a ser pagados hasta el 2030.

Ecuador no se convirtió en un paria del sistema financiero mundial y, más bien, la popularidad del presidente se mantuvo en ascenso, pues dicho ahorro le sirvió para ejecutar más programas sociales.

El “mal” ejemplo
“Somos peligrosos”, “hemos decidido revelarnos contra la deuda odiosa” y “podemos dar mal ejemplo a otros países endeudados”, fueron las primeras reacciones de Correa, después del éxito de la operación de recompra de su deuda comercial.

Y no era para menos, pues cambiar una deuda de 3 mil millones pagando solo mil y acabando con la danza de los intereses que duplicaban dicho monto con ventaja fue un gran alivio para las finanzas ecuatorianas y, al mismo tiempo, un acto de justicia ya que el capítulo de la deuda externa en Ecuador, al igual que en la mayoría de países de América Latina, está plagada de actos de corrupción e ilegalidades. En palabras de los movimientos sociales contra la deuda, el proceso de endeudamiento que tanto ha costado a la población en salarios y acceso es derechos es ilegítimo.

Pero lo sorprendente es que a diferencia de Argentina, que a principios de la década realizó la denominada “quita” declarando también la moratoria de su deuda, Ecuador no estaba quebrado ni tenía problemas de liquidez, sino que aducía que no pagaba simplemente porque esa deuda era ilegal.

Algunos críticos argumentaron que el gobierno de Correa debió plantear un juicio en Nueva York y llevar un proceso judicial que declarara la ilegalidad de esa deuda, y no dejarla de pagar. El punto central de esta posición era que ponía en riesgo la seriedad y la utilidad de las auditorías de la deuda. Economistas como Oscar Ugarteche, impulsor de los mecanismos de revisión de la deuda, coincidían con esta postura. No obstante, y a la luz de los hechos, lo que hizo Ecuador en términos prácticos, fue deshacerse de la deuda comercial que consideraba odiosa sin mucho papeleo, dando de beber de su propio chocolate a los que tienen la sartén por el mango en las finanzas globales.

Otra crítica, esta vez proveniente de sectores más radicales, señalaba que el gobierno ecuatoriano no debió pagar ni un centavo por esta deuda. Es decir, que los algo más de mil millones que costó esta jugada no debieron salir de las cuentas ecuatorianas. Sin embargo, esto sí hubiera traído problemas, porque los papeles de la deuda hubieran permanecido sólo dormidos y nada garantizaba que si luego cambiaba la correlación de fuerza en Ecuador, un gobierno de derecha no pudiera reconocerla, pagando miles de millones adicionales.

Lo cierto es que esos papeles fueron recuperados por Ecuador y ya no hay peligro.

La Auditoría de la deuda
Cuando se escriba la historia de la deuda externa y lo mal que la pasamos hay un nombre que será recordado por haber impulsado el mecanismo de auditoría, el mismo que ha permitido a Ecuador reivindicar sus derechos como país frente a una estafa de muchos años y el mismo que puede permitir a países como Grecia que no recaiga sólo sobre los hombros de los trabajadores el costo de la actual crisis que enfrenta ese país, sino morder el cuello a banqueros irresponsables y mal intencionados.

Nos referimos a Maria Lucia Fattorelli, una brasileña que estando invitada en el 2002 a un Seminario Internacional sobre el problema de la deuda convocado en Guayaquil por la Red Jubileo 2000 empezó a promover desde las graderías la realización de una auditoría de la deuda ecuatoriana para determinar con exactitud cuanta era ilegítima y debía ser repudiada. Finalmente, terminó sentada como expositora y la gran conclusión de ese evento fue precisamente la urgencia de hacer una auditoría.

Posteriormente, el Grupo Nacional contra la Deuda, compuesto por decenas de organizaciones sociales ecuatorianas, inicio una profunda investigación de las irregularidades del crédito público, que sin duda fue la base para el posterior trabajo de auditoría.

Años más tarde, en el 2005, Maria Lucia tuvo su primer encuentro con Rafael Correa, cuando éste no tenía el poder y acababa más bien de dejar el cargo de ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio, por presión del Banco Mundial.

Dicho encuentro se produjo en Lima, durante otro evento internacional organizado esta vez por el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) y Jubileo Perú. Es ahí donde el economista y hoy presidente ecuatoriano conoce la experiencia de la auditoría ciudadana de la deuda que encabezó Fattorelli en Brasil. Nadie sospechaba por entonces que Rafael Correa llegaría a ser presidente y que una de sus primeras acciones sería auditar la deuda.

Pero así fue. El 9 de julio del 2007, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 472, el recién elegido presidente creó la CAIC, que estuvo adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con sede en Quito y con autonomía administrativa y plazo establecido.

El decreto definió una Auditoría Integral como la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación y/o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos y la ejecución de los programas y proyectos que se financien con deuda interna y externa con el fin de determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos.

Este decreto también incluyó la designación de los comisionados, siendo lo más resaltante en este ámbito que no sólo contaba con cuatro representantes titulares del Estado y seis de la sociedad civil ecuatoriana con sus respectivos suplentes, sino que incluyó a tres representantes y sus suplentes de entidades internacionales de la sociedad con reconocido prestigio, donde una de las principales lógicamente era Maria Lucia Fattorelli.

El mandato de la CAIC fue auditar convenios, contratos y otras formas o modalidades para la adquisición de créditos por parte del sector público ecuatoriano provenientes de gobiernos, instituciones del sistema financiero multilateral o de la banca y el sector privado, tanto nacionales como extranjeros, desde 1976 hasta el 2006.

Resultados de la CAIC
Luego de tomar un muestra representativa, la CAIC concluyó que las características y condicionalidades de los créditos auditados fueron perjudiciales para Ecuador, incluso coartando cualquier defensa que pudiera intentar el país en resguardo de sus intereses.

Se identificaron procesos de injerencia en asuntos internos del país, cláusulas abusivas, violación a los estatutos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y a leyes tanto de los países prestamistas como de Ecuador. Por último, además de describir una relación asimétrica en la negociación de la deuda entre Ecuador y el poder financiero, se estableció que hubo usura y anatocismo (cuando se aplica un tipo de interés pactado sobre los intereses vencidos del préstamo).

Si bien la CAIC revisó la deuda comercial, multilateral y bilateral, fue la primera la que tomó el presidente Correa para repudiar.

Precisamente sobre la deuda comercial la CAIC descubrió evidencias de ilegalidad en múltiples renegociaciones con la banca privada internacional, prejudiciales para Ecuador y favorables a los intereses de los acreedores, y la utilización de artificios contables y la renuncia a la prescripción, seguida de la conversión de la deuda prescrita en Bonos Brady y de ésta en Bonos Global.

Los Bonos Global
Estos papeles fueron examinados por la CAIC al detalle, lo que permitió saber que la oferta de la emisión de estos instrumentos no estaba autorizada por las leyes ecuatorianas, ya que la norma que los sustentaba fue aprobada con posterioridad a la firma de la oferta, como para regularizar la operación.

He aquí la madre del cordero, pues de lo que hablamos es de un acto violento del debido procedimiento administrativo que permitió que el JP Morgan interviniera en la renegociación sin la autorización estatal, que el convenio que reguló las obligaciones (Indenture) no fuera sometido a consideración de la Procuraduría General del Estado como mandaba la ley, que las emisiones no estuvieran en regla respecto de las estipulaciones de la Securities Exchange Comission como corresponde en una operación de este tipo, que no hubiera participación de la Contraloría General del Estado, que se otorgaran derechos ilimitados a los acreedores y que Ecuador renunciara irrevocablemente a su inmunidad soberana como Estado, lo que era inconstitucional. Finalmente, se eximió a priori de responsabilidad de cualquier daño en que hubiesen incurrido los colocadores.

En fin, como se dice en Perú, esta operación fue todo un faenón, pero con un final feliz. Al menos para Ecuador.

*Carlos bedoya es un abogado y periodista peruano, e integrante del equipo central de Latindadd.

Fuente: Agenda Global

 

 

Argentina: Ministerio de Seguridad, una oportunidad histórica

El Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD) que los firmantes promovemos desde diciembre de 2009 [en Argentina] surgió con el objetivo de consolidar un espacio de debate y elaboración de propuestas para abordar el problema de la inseguridad. Frente al fracaso de los planteos de mano dura y los discursos demagógicos autoritarios, el ASD sostuvo desde sus inicios la necesidad de garantizar un abordaje democrático de las políticas de seguridad y una gestión profesional y eficiente.

Desde esta perspectiva, la creación del Ministerio de Seguridad representa una oportunidad histórica para llevar adelante reformas destinadas a garantizar la conducción política del sistema federal de seguridad, que fueron postergadas desde la recuperación de la democracia. La alianza multisectorial que integra el ASD y el trabajo realizado por los especialistas con experiencia en gestión, académicos, organizaciones de la sociedad civil y referentes de todas las fuerzas políticas que adhieren a este programa de seguridad representan hoy el espacio desde donde nutrir y sostener los cambios que requiere esta nueva etapa.

Las dimensiones de la tarea que enfrenta el nuevo Ministerio son múltiples. Sus prioridades deben orientarse a poner fin al autogobierno de las fuerzas de seguridad, en particular de la Policía Federal, que representa una amenaza permanente para el sistema democrático y a encontrar soluciones inmediatas y perdurables para las legítimas demandas de la sociedad, a partir del desarrollo de políticas multiagenciales y de una eficaz coordinación a nivel federal, provincial y local.

Una reforma de este tipo requiere partir de un diagnóstico situacional apropiado acerca de las modalidades de la violencia y el delito, como el que propusimos en el proyecto de ley de creación del Observatorio Nacional. Para generar esas transformaciones será necesario, además, dotar de capacidad técnica y política a dependencias estatales como la actual Secretaría de Seguridad Interior, la Dirección Nacional de Política Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Consejo de Seguridad Interior, que se integrarán al nuevo Ministerio. A esto se deberá sumar la creación de un área dedicada al control interno y externo del desempeño de las fuerzas de seguridad.

La sucesión de hechos de violencia policial de los últimos meses es una clara muestra de la crisis del sistema de seguridad y del fracaso de las formas de autogestión de las fuerzas policiales, tanto a nivel nacional como provincial. El asesinato de tres personas en el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano en Villa Soldati; las cuatro ejecuciones de jóvenes por parte de la policía rionegrina; el asesinato de un indígena toba en Formosa; y el crimen de Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical ante la inacción de la Policía Federal, ponen de manifiesto la necesidad de impulsar sin más demora reformas sostenidas que se extiendan a todo el país.
Firmantes:
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS.
León Arslanian, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria.
Alberto Binder, vicepresidente de INECIP.
Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe.

Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina

 

 

Debate mundial sobre la economía verde

Por Martin Khor *

La “economía verde” formará parte del debate ambiental internacional este año. A principios de enero en Nueva York integré un grupo de discusión sobre este tema en las Naciones Unidas, en el que participó también el director del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), Aachim Steiner.

La economía verde se ha convertido en un tema importante de la conferencia Río+20 que se realizará el año próximo en Brasil, para conmemorar el 20º aniversario de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mejor conocida como Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, realizada en Río de Janeiro en 1992.

A primera vista, la economía verde aparece como una idea sencilla que ya es tiempo de poner en práctica. Ciertamente, todos queremos conservar los recursos naturales y minimizar la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué mejor que convertir a la economía en “verde”? No obstante, todavía no hay un acuerdo científico acerca de cómo lograrla ni existe un consenso internacional sobre qué significa.

Una economía verde da la idea de una economía sensible a la necesidad de conservar los recursos naturales y de llevar al mínimo la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero durante los procesos de producción, y que promueve estilos de vida y modelos de consumo inocuos para el ambiente.

Las preguntas difíciles de contestar se refieren a si lograr una economía de ese tipo limita otros aspectos, en especial el crecimiento económico de los países pobres y objetivos sociales como la erradicación de la pobreza y la creación de empleos.

¿Cómo identificamos las soluciones de compromiso y lidiamos con ellas? ¿Cuál es el papel del Estado y cuál es la forma adecuada de tratar al mercado y al sector privado? ¿Cómo podemos construir una economía que sea inocua para el ambiente y cómo deberíamos manejar la transición hacia una economía más “verde”?

La Cumbre de Río había respondido en parte esas preguntas ofreciendo un marco básico: que el ambiente debe estar integrado al desarrollo, por lo que no debe ser tomado por separado. De ahí que la necesidad de protegerlo no debe ser a expensas del derecho al desarrollo de los países del Sur. De esto surgió el concepto de desarrollo sustentable, con sus tres pilares de protección ambiental, desarrollo económico y desarrollo social.

La Cumbre de Río reconoció la necesidad de que las políticas y medidas internacionales, en especial financiamiento y transferencia de tecnología, apoyaran a los países del Sur a transitar por el camino del desarrollo sustentable.

La Cumbre de Río estableció el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países ricos, que contribuyeron en gran medida al deterioro ambiental del planeta, tienen la responsabilidad de ser los primeros en cambiar su propio modelo económico y ofrecer a los países en desarrollo el financiamiento y la tecnología para que lo sustituyan por un sistema inocuo para el ambiente.

Los países del Sur pretenden que el concepto de la economía verde se ubique dentro de este marco de desarrollo sustentable de la Cumbre de Río, y que no lo reemplace. Y al mismo tiempo que reconocen los aspectos positivos de desarrollar este concepto, también señalan los riesgos.

-- Que la economía verde se defina de manera unidimensional y se promueva de una forma puramente “ambiental”, sin considerar plenamente las dimensiones de desarrollo y equidad.

-- Que se adopte un criterio unificado para tratar a todos los países de la misma manera. Esto tendría consecuencias negativas tanto para el ambiente como para el desarrollo, o para ambos. Es necesario tener en cuenta los grados y estadios de desarrollo de los países, en especial de los países del Sur.

-- Que el concepto de la economía verde se utilice de manera inadecuada por algunos países con fines de proteccionismo comercial. Los países desarrollados en particular podrían utilizarla para justificar medidas unilaterales de comercio contra los productos de los países en desarrollo, o para imponer normas que no se hayan acordado.

-- Un cuarto riesgo es que la economía verde se utilice como un nuevo condicionamiento a los países en desarrollo para la prestación de ayuda, préstamos y reprogramación o alivio de la deuda. Los países afectados se verían presionados a adoptar medidas ambientales unidimensionales, en lugar de políticas de desarrollo sustentable.

Otras cuestiones a considerar en la economía verde son el papel de los sectores público y privado, y los mecanismos de regulación y mercado.

Hay un debate prolongado sobre estas cuestiones. Muchos creen que la crisis ambiental es resultado del fracaso del mercado y que dejar el sector privado y los mercados librados a sus propias fuerzas ha generado el agotamiento de los recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero que caracterizan a dicha crisis. De ahí que la regulación del sector privado sea importante.

Los mecanismos de regulación -como el establecimiento de límites a la contaminación y las emisiones, plaguicidas en los alimentos, contaminación del agua- y el uso de impuestos y multas ambientales son considerados instrumentos de política importantes que deberían ser componentes destacados o centrales para promover la economía verde.

Pero lo que existe, en cambio, es una creciente tendencia a depender de mercados por los cuales empresas y países pueden contaminar más allá de su límite, asignado o comprando certificados de contaminación o emisión a otras compañías o países.

Esos mercados para comprar y vender derechos de contaminación son considerados en los países desarrollados como una alternativa para empresas o países que tienen que adoptar medidas, y les permite derivar dichas medidas para que las apliquen otros. Esto ha dado lugar a crecientes críticas.

Si bien existe interés en aprender sobre el uso de mecanismos de fijación de precios, impuestos y pago por el ingreso de automóviles a los centros urbanos, hay también un debate sobre la conveniencia y los efectos del uso de mercados para permisos de contaminación o para compensar los compromisos ambientales que no se cumplen.

Por último, los países en desarrollo enfrentan numerosos desafíos para llevar a sus economías por caminos ambientalmente más inocuos. Si bien esto no debería impedir el intento de incorporar con urgencia elementos ambientales al desarrollo económico, es necesario reconocer los diversos obstáculos, y estos países deberían recibir el apoyo internacional.

Deben establecerse condiciones para hacer posible que los países se muevan hacia una economía verde.

Lo que parece una idea sencilla, la “economía verde”, en realidad es compleja en términos de medidas políticas, en especial cuando es tema de negociaciones internacionales. Sin duda seguiremos oyendo más sobre este concepto y el debate en torno al mismo.

* Martin Khor es director ejecutivo de South Centre.

Fuente: Agenda Global

 

 

Actividades de SW en el FSM

Éstas son las actividades en las que la Social Watch participará como organizadora o coorganizadora en el Foro Social Mundial que se celebrará del 6 al 11 de febrero en Dakar, capital de Senegal, y que se desarrollarán en inglés, francés y árabe.

Repensando el futuro: hacia un nuevo paradigma de desarrollo
Nos encontramos en un momento histórico crucial -se acerca rápidamente la fecha límite de 2015 para los ODM, mientras se prepara para 2012 la Conferencia sobre el Desarrollo Sustentable. La coincidencia sin precedentes de la actual crisis mundial -económica, financiera, alimentaria y climática- pone de manifiesto el callejón sin salida al que los modelos dominantes de desarrollo nos han llevado. Ahora es el momento de romper con las prácticas del pasado y abrir nuevos caminos, de extraer lecciones de estas crisis y, fundamentalmente, de repensar nuestros objetivos y medidas de desarrollo y progreso social - en el Norte y el Sur.
Organizado por: Social Watch, FES - Dialogue on Globalization, Global Policy Forum Europe, Third World Network Africa
Fecha: Febrero 8, 12h30 a 15h30.

After the Fall: Time for a New Deal - A debate on the emerging global agenda
Why is “more of the same” not the solution? What works? How do we link social development with the climate, food and financial crises? Based on the findings of coalitions in over 60 countries, the Social Watch Report concludes that a “New Deal” is necessary... and possible! The reality of poverty and inequities, as perceived from communities and grassroots is different from the view from the top. An open debate with some of the key authors of the Social Watch report on why the Millennium Development Goals are not being met and what opportunities are emerging after the crises.
Date: February 8, 16h00 a 19h00)

Après la chute. Changeons les règles du jeu - Un débat sur l'agenda mondiale émergente
Pourquoi « encore la même chose » n’est pas la solution? Qu’est-ce que fonctionne ? Comment est-ce que nous relions développement social avec les crises du climat, des aliments et financières ? Basé sur les résultats des coalitions dans plus de 60 pays,  Social Watch conclut qu'un « New Deal » est nécessaire... et possible ! La réalité de la pauvreté et les inégalités, comme aperçues par les communautés et au niveau local est différente  des opinions du haut en bas. Un débat ouvert avec certains des principaux auteurs des Rapports de  Social Watch sur pourquoi les Objectifs du Millénaire pour le Développement ne sont  pas atteints et quelles  opportunités  émergent après les crises.
Date: Février 9, 12h30 a 15h30

Time for a New Deal – The Arab region and the emerging global agenda
An open debate
Will the Jasmine Revolution in Tunisia mark a new era for the Arab region? An open debate with some of the key authors of the Social Watch report on the new regional and global perspectives.
Why is “more of the same” not the solution? What works? How do we link social development with the climate, food and financial crises? The reality of poverty and inequities, as perceived from communities and grassroots is different from the view from the top. Why are the Millennium Development Goals not being met and what opportunities are emerging after the crises? Is sustainable development possible in the Maghreb and Majrek?
Arab NGO Network for Development (ANND) and Social Watch
Date: February 9, 16h00 a 19h00)

Social Watch Network Meeting
Get to know other members and find out how your organization can get involved with the global Social Watch network. Open to all current and potential Social Watchers.
Date and venue: to be confirmed

For more information: www.socialwatch.org or anaclau@socialwatch.org

 

 

Nada será igual después de las protestas masivas

Por Emad Mekay

EL CAIRO (IPS)  El gobierno del presidente de Egipto, Hosni Mubarak, vive uno de sus peores momentos en sus tres décadas de historia tras las masivas protestas de la víspera, que los organizadores pretenden repetir pese a la prohibición de las autoridades.

"Después del martes, las opciones de los políticos son muy limitadas", dijo Mahmud Sultan, columnista del periódico independiente Almesryoon, a IPS.

"El país parece encaminarse hacia un punto de inflexión histórico que puede cambiar más de un cuarto de siglo de injusticia, represión y miseria. Egipto nunca será el mismo después del 25 de enero", sentenció.

"Abajo Mubarak", gritaban miles de personas el martes en El Cairo. "Después de Ben Ali, le toca a Mubarak", decían en alusión al presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, quien abandonó el gobierno el 14 de este mes tras multitudinarias manifestaciones.

En las protestas, que se desataron por todo el país, participaron obreros fabriles, profesores universitarios, activistas y hasta adolescentes mujeres y adultas se enfrentaron a la policía antidisturbios. La movilización del martes llamó la atención por su tamaño y agresividad.

Las consignas apuntaban contra la corrupción, el desempleo y el régimen del presidente de 82 años, cuyo gobierno de mano dura data de 1981 y cuenta con respaldo de Occidente.

Activistas inquietos promovieron el 25 de enero como "día de la rabia" a través de redes sociales como Facebook y Twitter.

El ministro del Interior Habib el-Adly ignoró la medida por considerarla inefectiva hasta que la cantidad de manifestantes sorprendió a las fuerzas del orden. Con el transcurso de las horas, lo que parecía otro día de pequeñas protestas fácilmente controlables en El Cairo se convirtió en una movilización masiva en casi todas las grandes ciudades de este país árabe de 85 millones de habitantes.

Por lo menos un policía y cuatro manifestantes murieron, uno de ellos este miércoles. Además varias personas quedaron heridas y unas 200 detenidas. El activista Rabei Ahmed dijo a IPS que los efectivos emplearon balas de goma en la capital.

Las mujeres participaron a la par de los hombres y muchas lanzaron piedras contra los efectivos antidisturbios. Los manifestantes derribaron carteles con la fotografía de Mubarak.

Hubo varias protestas en El Cairo, lo que confundió a la policía. Una de ellas se concentró en la Alta Corte de Justicia, otra en el opulento distrito de Mohandsin y una tercera en el barrio industrial de Shobra.

Cuando las fuerzas del orden se dieron cuenta de la dimensión de las protestas comenzaron a emplear gases lacrimógenos y camiones lanza-agua. La policía antidisturbios bloqueó todas las entradas al centro de El Cairo con vehículos blindados. También dispuso puestos de control para detener automóviles e inspeccionar a sus ocupantes.

Los manifestantes se instalaron en Midan al-Tahrir, la plaza de la liberación, en el centro mismo de la capital. El Ministerio del Interior les dio un ultimátum para que se dispersaran. Los canales locales de televisión difundieron la advertencia sin parar.

El gobierno, que controla las comunicaciones en este país, comenzó a bloquear sitios de Internet en la tarde al percatarse de que la situación en la calle se agravaba y de que la gente se informaba a través de ese medio.

El sitio aldostor.org, de ese periódico privado que suele publicar artículos de opositores al régimen, fue bloqueado, así como el de Alwafd, tras informar de la muerte de un manifestante. Twitter estuvo varias horas sin funcionar y los organizadores debieron coordinar las actividades por teléfonos celulares.

En la ciudad industrial de Al Mahala se realizaron las mayores protestas. Un joven manifestante dijo a IPS por teléfono que miles de personas estaban participando en las movilizaciones.

"Es como si toda la ciudad estuviera en la calle", indicó Doaa Abdulla, de 30 años. "Desperté a mi marido y lo animé a participar. Había mucha gente empujando y corriendo por todos lados. Él se cayó al piso y se lastimó, pero quería continuar", apuntó.

Doaa se fue cuando escuchó disparos. "Parecían balas de verdad. Creo que tenían orden de disparar y matar", dijo por teléfono a IPS desde Al-Mahala.

"Nos enteramos de las protestas por Facebook", relató Mona, de 15 años.

Se registraron varias protestas en ciudades como Alejandría, Tanta, Suez y Mansurá, y en algunas de la península del Sinaí.

El canal de televisión privado Al Mehwar informó que las únicas partes donde no hubo manifestaciones fue en ciudades como Luxor, Aswan y en la occidental ciudad desértica Al Wadi al Gadeed.

Los manifestantes reclamaron aumento del salario mínimo, beneficios para los desempleados, libertad para los presos políticos, cambios en la Constitución que impidan a un miembro de la familia Mubarak encabezar el gobierno. Se especula que el anciano presidente prepara a su hijo Gamal para la presidencia.

Fuente: IPS Noticias

 

 

“Raise Your vision to Make LDCs History”

This is the statement delivered by Dr Arjun Karki, LDC Watch’s International Co-ordinator and Chair and Spokeperson for UN LDC IV Civil Society Forum to the Second Meeting of the United Nations Group of Eminent Persons for the Least Developed Contries, convened on Januarty 19th at Egmont Palace, Brussels:

“Mr. Co-Chairs of the Group of Eminent Persons  H.E. President Alpha Oumar Konare and Mr. James Wolfensohn,  members of the Group, Under Secretary General Mr. Cheick Sidi Diarra, Excellencies, ladies and gentlemen,

“Thank you for this opportunity to bring to you the concerns and ideas of civil society in relation to future strategies for promoting effective, sustainable and equitable development in LDCs.  I bring this message on behalf of LDC Watch, the Steering Committee of the UN LDC IV Civil Society Forum, and the various CSO campaign and advocacy groups active in defending interests of LDCs and their citizens.  This is the result of some exhaustive engagements with CSOs from LDCs at national and regional levels.

“We ask you to accept a simple proposition - that the international community will no longer tolerate the massive suffering and unnecessary deaths that result from the under-development of 850 million people in the LDCs.

“We ask you to raise your vision to meet the challenge facing the 4th LDC conference – to make LDCs history. We must commit to creating the conditions for a better life for those living in the poorest and most vulnerable countries. We must not accept the widening divergences in our world between the successful emerging economies and the LDCs. We must aim to close the gaps, to achieve international convergence, and to give hope to hundreds of millions of people.

“To do this, governments need to raise their level of ambition. The 4th LDC Conference must be built on three fundamentals:

“That the past three decades of development have been marked by an increase in the number of LDCs from 24 to 48 countries. Only three LDCs have graduated.

“That LDCs are being severely impacted by three crises that they have had no role in creating: crises of the financial system, the climate system and the food system
That the world has changed and that the policies of the past will not work in the future. New thinking and new approaches are needed.

“Civil society stands ready to work with you and with governments in developing a new Programme of Action that will help graduate more than half of the LDCs out of the LDC status over the next decade. We should accept nothing less.

“LDCs need opportunities not charity. LDCs need rights not handouts. They need support not exploitation. But the international system is stuck in meeting the challenges of the early 21st Century. A lack of progress in the WTO, in the UNFCCC and in addressing structural flaws in the financial system must not be an excuse for a lack of progress in supporting LDCs. People living in poverty in LDCs should not be asked to pay for political paralysis with their lives.

“We do not have the time to outline a comprehensive agenda but some key points are as follows:

“Most LDCs are resource rich, but lack the financial means to sustainably develop. Aid continues to be a crucial asset, even though they lose billions of Euros in tax diversion, avoidance and capital flight.  They need adequate and predictable financial flows to enable their sustainable development strategies to be implemented, not just more promises of aid.

“These promises need to be kept, but additional finance is needed to enable LDCs to cope with recurrent crisis; to be able to feed their people; to provide the investments in social provisions that are required to build the capacity of their people; and to adapt to climate change. Annual aid allocations will not meet the challenge of providing this finance. We need new mechanisms, such as a Financial Transactions Tax, equitable taxes on fossil fuels and greenhouse gas emissions, and an end to tax diversion, avoidance and capital flight. 
LDCs need action on the long standing promises for equitable trade rules, including full duty free quota free access, workable rules of origin and an end to the bilateral and regional trade agreements that push for premature liberalisation and undermine the important role of governments in promoting equitable development

“According to IFAD, 70% of the world’s 1.4 billion people living in extreme poverty live in rural areas and are dependent on income from agriculture. LDCs therefore need increased support for agriculture and food security that promotes the interests of small farmers in LDCs, rather than securing food supplies for richer nations; and reforms to the international food system to promote price stability and a fair share of the benefits in global supply chains. Similarly, in order to ensure food sovereignty in LDCs as the sustainable alternative we need to advocate for major land and agrarian reform in LDCs as well as raise progressive discussion on current agricultural subsidy policies and practices of developed economies.

“To prevent even more damaging impacts, LDCs need cuts in greenhouse gas emissions by development partners, recognition of the principle of common but differentiated responsibility and meet the challenges posed by the most recent climate science. LDCs also need massively scaled up financial resources for the LDCs to protect themselves and adapt to climate change impacts.

“LDCs need diversification in their economies to increase their sustainability. But they need green economies which do not threaten the environment or contribute further to climate change.  This requires a commitment from more developed countries to transfer the technologies that can make this possible.

“LDCs spend $6.03b every year for debt servicing. In many LDCs, more money is spent on debt servicing than on essential services like healthcare, drinking water and energy. European and other developed countries have themselves recently experienced the consequences of high levels of debt. Therefore, we request you to help us to advocate for the cancellation of all LDC debt to enable LDCs in investing more on essential services of most vulnerable people of the world.

“There is an urgent need for transforming and restructuring the governance of the International Financial Institutions (IFIs) so that the needs of LDCs are addressed. The outcome should ensure and promote democratic participation of all countries in the negotiation of the IFIs and monetary institutions with the UN at the centre of this transformation process aiming at equitable, democratic and sustainable financial system.

“In the preparations for LDC IV, we need bold and decisive political leadership from the LDCs, and a commitment from the rest of the international community to ensure a political participation at the conference at the highest level.  Additionally, beyond LDC IV, we urge for a global campaign on LDCs focusing on dedicated programmes and effective monitoring mechanisms to realise the successful implementation of the new Programme of Action for LDCs.

“As civil society we have a role in promoting this agenda - as passionate advocates for those who are suffering, as development actors, as partners to broaden ownership of the development agenda beyond governments, and as key agents to hold governments to account for their responsibilities and commitments.  We are engaged in this process and working hard to make it a success.

“We hope that the eminent persons group will insist on a high level of ambition; that you will call for a programme of action that delivers tangible benefits to all citizens in LDCs; that you will demand justice for the LDCs; and that you will accept nothing less.

Source: LDC Watch, a global alliance of national, regional and international civil society organisations (CSOs), networks and movements based in the LDCs and supported by civil society from development partner countries.

 

 

<Real people power<

The strongest manifestation of real people power is their power over the purse of the nation.
This means their ability – directly or through their representatives – to decide how money is sourced and used by the government.

This is in accordance with the constitutional principle that “sovereignty resides in the people”.

Wielding such power would allow them to plot not only their fortune path but also the destiny of the nation.

Alas, real people power over public funds in the country is still very limited, according to highly respected Prof. Leonor Magtolis Briones during her last official lecture at the UP National College of Public Administration and Governance.

“The new administration still needs to prove that it is a democratic government by institutionalizing citizens’ participation in all phases of the public finance cycle,” said Briones during her public lecture titled “Pera ng Taumbayan, Para Sa Taumbayan.”

“People should be directly involved in determining fiscal policy, revenue, expenditures, borrowings and accountability; and not simply play the role of providing information to the public,” explained the lady professor who has been nominated by her College for the title of Professor Emeritus.

She noted that citizens’ participation is least palpable and least visible in the formulation of fiscal policy.

“The Medium-Term Development Plan, which is the basis for fiscal policy, mandates citizens’ participation largely in social development and not necessarily in public finance,” Briones said.

Her lecture is based on a study grant from the United Nations Development Program on “Enhancing Citizens’ Participation in Public Finance”.

Meanwhile, the study showed the people’s groups’ are not really able to participate in crafting policies on revenue; but are actually just informing the public on issues such as sin taxes. The situation is the same in the accountability stage of public finance where people’s engagement is not sustained as it depends on the issue and not on systemic government reforms.

On the other hand, it revealed that there is sustained people’s participation in determining policies on borrowings, but the impact is limited.

“It seems that civil society positions on debt are being ignored by the government because the policy on borrowings has not changed much even after many years of sustained campaigns by non-government organizations,” said Briones, who has been teaching public finance for already 50 years and has served as the secretary to the Commission on Audit and the National Treasurer.

She said that the stage of public finance where Filipinos has shown great influence is on determining expenditures.

“Social Watch Philippines led sustained people’s engagement in the entire budget cycle through the Alternative Budget Initiative. The impact on policies on expenditures is clearly seen in the increased budget for social development that SWP/API has been able to push for in the General Appropriations Act of the last four years,” Briones said.

The study showed that since 2006, civil society groups have been participating in determining expenditures through reforms in the Legislature.

It is only in the budget for 2012 that civil society groups will be able to actually participate in the preparation of the budget by the executive branch.

Source: Editorial, People’s Journal, Sunday, 23 January 2011, p.4

 

 
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