Desarrollo a cualquier costo

Mageswari Sangaralingam; Shamila Ariffin; Theivanai Amarthalingam; Meenakshi Raman
Consumers’ Association of Penang

Los malasios se han manifestado abiertamente en favor de una mayor seguridad humana, adoptando posturas contra políticas y proyectos de desarrollo que afectan su salud, bienestar social, medios de vida y ambiente. La ley de Seguridad Interna, concebida en el marco de la guerra mundial contra el terrorismo, no ayudó a mitigar la sensación de inseguridad política que afecta al país.

El concepto de seguridad humana abarca inquietudes económicas, sanitarias y ambientales. Se trata de un concepto “integrador”, como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y no meramente un concepto “defensivo”, e incluye la seguridad de personas y comunidades tanto como la de los territorios y Estados.[1]

El atractivo que ejerce el término “seguridad humana” radica en que reconoce los vínculos existentes entre el ambiente y la sociedad, como también la idea que tenemos del medio ambiente y la forma en que lo utilizamos se construye histórica, social y políticamente.[2]

El presente trabajo define la seguridad humana como un elemento que abarca las siguientes dimensiones:

·      Seguridad económica (ingresos básicos y medio de vida asegurados).

·      Seguridad comunitaria (seguridad de la integridad cultural).

·      Seguridad ambiental (acceso al agua potable, aire limpio y tierras sin degradar).

·      Seguridad alimentaria (acceso físico y económico a los alimentos).

·      Seguridad sanitaria (protección relativa frente a enfermedades e infecciones).

·      Seguridad de vivienda (refugio asegurado).

·      Seguridad personal (seguridad ante la violencia física y las amenazas).

·      Seguridad política (protección de los derechos humanos y las libertades básicas).

Pueblos indígenas desplazados

Entre los grupos comunitarios más inseguros y vulnerables de Malasia se encuentran los pueblos indígenas cuyos medios de vida e integridad cultural han sido severamente socavados. La denominación orang asli, como se conoce a los pueblos indígenas en Malasia, refiere en forma colectiva a 20 subgrupos étnicos de la península y a más de 90 comunidades independientes de Sabah y Sarawak. Todos se rigen por distintas leyes territoriales,[3] y a menudo sus derechos y reclamos territoriales son ignorados por los distintos gobiernos locales: el mayor problema que padecen estas comunidades es la desposesión de la tierra. En los casos que se reconocen ciertos derechos de losorang asli, ese reconocimiento puede ser retirado de manera poco transparente y participativa, por cualquier motivo que las autoridades consideren adecuado.[4]

Los proyectos madereros y de desarrollo (represas y carreteras, por lo general) suelen incluir la reubicación forzosa. Inevitablemente, estos planes de reubicación conllevan la destrucción del entramado social y la seguridad económica de la comunidad, obligándola a vivir en condiciones deplorables. En Sarawak (estado en la isla de Borneo) las actividades de las empresas madereras malasias provocaron grandes penurias a las comunidades indígenas, especialmente a los penans, que originalmente eran cazadores-recolectores.

En 1999, aproximadamente 10.000 indígenas de cinco comunidades étnicas fueron reubicados contra su voluntad para permitir la construcción financieramente inviable de la represa Bakun en Sarawak. Ahora viven en condiciones atroces con poco acceso al agua potable, electricidad, educación, apoyo agrícola y atención médica. La insuficiencia de alimentos, la desnutrición y las enfermedades son comunes debido a que sus recursos forestales fueron destruidos y sus ríos y aire están contaminados. Ahora que desaparecieron las mejores selvas vírgenes de Sarawak debido a la tala intensiva, las industrias de palmeras de aceite, pulpa y papel se empeñan en erradicar lo poco que queda y en convertir a quienes eran terratenientes autosuficientes en mano de obra de bajo nivel.

En la península, los orang asli perdieron los derechos sobre miles de hectáreas de propiedad ancestral. Entre 1995 y 1997 se desafectaron 2.764 hectáreas de tierras con fines de desarrollo. Menos de 20% de las más de 600 aldeas orang asli en la península fueron destinadas como reservas. Por el contrario, el Estado puede revocar la condición de esas tierras sin la obligación de pagar indemnización ni asignar un lugar alternativo.

En 2000, parte de la comunidad temuan fue reubicada para permitir la construcción de una represa de abastecimiento de agua para Selangor, cuyas consecuencias humanas, culturales y ambientales sólo pueden calificarse de desastrosas. Es posible que otro grupo de Pahang corra el mismo destino, ya que las autoridades aseguran que hará falta más agua para 2007.

Hoy, la lucha para conquistar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su acceso a los recursos biodiversos depende de la organización y movilización efectiva de las comunidades, con el apoyo de las ONG locales cuando sea necesario.

Un ambiente degradado[5]

Desde que Malasia se transformó en una economía industrializada, su medio ambiente se caracteriza por la contaminación. El desarrollo sin control en cerros, pantanos y bosques continúa saqueando a estos delicados ecosistemas. La deforestación y la limpieza de las tierras no sólo ponen en riesgo la calidad de los ríos y las reservas de los pantanos, sino que también influyen en el cambio climático.

De las 120 cuencas fluviales monitoreadas en 2000, 39% estaban contaminadas y 11% sumamente contaminadas. Las actividades humanas siguen siendo una amenaza para los frágiles ecosistemas del medio marino. Los principales contaminantes en las aguas costeras en 2001 fueron bacterias escherichia coli, sólidos suspendidos totales y petróleo y grasa. Estos contaminantes, junto con el mercurio, superaron las Normas Interinas de Calidad del Agua Marina. En 2000, la combinación de carga de contaminación del aire proveniente de fuentes móviles, fuentes estacionarias y la quema de residuos municipales e industriales fue de cerca de 3,2 millones de toneladas.[6]

El deterioro ambiental tiene consecuencias en el plano físico y social. Los ecosistemas insalubres pueden atribuirse a la mala gestión de los recursos naturales. En la escala humana, la pobreza, las enfermedades, la pérdida de ingresos y el descenso global de la calidad de vida son consecuencias adicionales del uso inadecuado de los recursos y la distribución desigual de la riqueza del país.

Las consecuencias sociales de la degradación suelen perjudicar más a las comunidades más pobres y a los pueblos indígenas, que dependen para su sustento de los bosques, los ríos y los mares. Pero los afectados no son sólo las poblaciones rurales, sino que los pobres del medio urbano también padecen contaminación, enfermedades, condiciones de vida insalubres y potencial de ingreso limitado.

Inseguridad sanitaria

La salud de la población está deteriorándose. Cada año se detectan aproximadamente 40.000 casos nuevos de cáncer. En función del riesgo, luego de tomar en cuenta los casos no registrados, se puede concluir que 25% de los malasios contraerán cáncer a lo largo de sus vidas. Una revelación alarmante es que los malasios padecen una de las tasas más elevadas de cáncer nasofaríngeo, laríngeo y cervical del mundo.

Se espera que la incidencia del cáncer aumente, ya que el número de personas mayores de 60 años crecerá a 11% para 2020, y se extenderán hábitos insalubres asociados con un estilo de vida de mayor poder adquisitivo, como el consumo de tabaco, la dieta inapropiada, el sobrepeso y la falta de ejercicio. El Ministro de Salud, Datuk Chua Jui Meng, señaló que el sobrepeso provocó el incremento de enfermedades no trasmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la hipertensión. Asimismo, 25% de los malasios está excedido de peso, mientras 4,4% padece de problemas de obesidad.

El Estudio de Morbosidad Nacional reveló que el porcentaje de consumo de tabaco es de 49.2%, 2.2% más que el promedio mundial. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud señaló que el consumo de tabaco se extiende entre los adolescentes malasios, y que cada día hay 50 fumadores nuevos.[7] Cada año se detectan aproximadamente 10.000 muertes derivadas del consumo de tabaco. La drogadicción va en aumento: 1% de la población total del país es adicta a las drogas.

No hay casas para los sin techo

Desde mediados de la década de 1970, la rápida industrialización y urbanización provocó el traslado de millones de personas desde aldeas y países vecinos hacia los grandes centros urbanos. Más de 35.000 familias viven en pésimas condiciones en colonias de ocupantes en Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Sarawak y Sabah. Se calcula que aproximadamente el 20% de la población del valle Klang son ocupantes precarios. La existencia de colonias de ocupantes en numerosos centros urbanos evidencia el fracaso de la política de viviendas del gobierno.

El gobierno está comprometido a proporcionar viviendas a la población, pero los objetivos planificados no se cumplieron, sobre todo en cuanto a proporcionar viviendas dignas al sector de bajos ingresos.[8] El fracaso se atribuye a la situación económica adversa, la dependencia excesiva del sector privado y la mala distribución de los recursos producida por el inadecuado control y supervisión del sector privado por parte de las autoridades. Por consiguiente, en diciembre de 2000 había 514 proyectos de vivienda abandonados por valor de MYR 7.500 millones (cerca de USD 2.000 millones), afectando a 68.340 personas.[9]

También está el problema de las viviendas vacías. En marzo de 2003 había 59.750 viviendas sin ocupar, por un valor de mercado de MYR 7.000 millones (USD 1.840 millones). Aproximadamente 39% de esas viviendas estuvieron en el mercado durante más de 24 meses sin compradores a la vista. Con una planificación y un control mejor de parte de las autoridades, esos recursos podrían haberse utilizado para brindar viviendas a los más necesitados.[10]

Malasia no tiene una ley de alquileres que garantice la seguridad del arrendamiento, lo cual dejó a muchos arrendatarios a merced de los propietarios, especialmente luego de que la ley de Control de Alquileres (Casación) entrara en vigor el 31 de diciembre de 1999. Las consecuencias de esa ley todavía perduran.

Malasia necesita una sólida política nacional de vivienda que atienda las necesidades de los posibles compradores. Se debe poner más énfasis en la provisión de viviendas públicas mediante subsidios a los inmuebles de alquiler o la construcción a precios accesibles. Hacen falta nuevos enfoques para combatir la desigualdad en el poder adquisitivo existente entre las personas de distintos niveles de ingreso.

Inseguridad personal

La delincuencia en Malasia es preocupante. El Índice Malasio de Calidad de Vida 2002[11] reveló una fuerte caída en el índice de seguridad pública, ya que la tasa de delincuencia (medida según los delitos cometidos cada 1.000 habitantes) prácticamente se duplicó entre 1990 y 2000, de 3,8 a 7,1. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de la violencia, mientras las estadísticas de violación y asesinato aumentan año a año. Aproximadamente 400 mujeres fueron violadas y 105 asesinadas sólo en los primeros tres meses de 2003.[12] La tendencia es inquietante, ya que la edad de los atacantes y de sus víctimas mujeres es cada vez menor. También aumentaron las violaciones de niños, de mujeres detenidas, de mujeres y niñas por parte de personas de su confianza y el uso de la violencia extrema, que en algunos casos conduce al asesinato.

En lo que respecta a la seguridad laboral, el lugar de trabajo es peligroso para los trabajadores en Malasia. En 2001 hubo 85.869 accidentes industriales.[13] Esos accidentes provocaron 958 muertes y la discapacidad permanente de 11.162 trabajadores. El número de accidentes automovilísticos aumentó, con un promedio de 16 muertes diarias por esa causa en 2001.

Inseguridad alimentaria

Las comunidades indígenas y rurales pierden paulatinamente la tierra y demás recursos que son la base de su sustento y seguridad alimentaria. Con la adopción de proyectos de desarrollo, como carreteras, represas, plantas industriales, grandes plantaciones y proyectos de acuicultura, numerosas comunidades rurales productoras de alimentos padecen el desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida. Las comunidades pesqueras tradicionales de muchas zonas del país son perjudicadas por la invasión de los pesqueros con redes de arrastre, que destruyen los recursos marinos costeros, y por la contaminación del agua por fuentes industriales.

Muchos sistemas agrícolas del país están afectados por la degradación ecológica. La productividad, estabilidad y durabilidad de esos sistemas están amenazadas, poniendo en peligro el abastecimiento de alimentos. La balanza comercial de alimentos del país se inclina por las importaciones, que ascienden a MYR 13.000 millones (USD 3.420 millones), frente a aproximadamente MYR 7.000 millones (USD 1.840 millones) en exportaciones. Malasia peninsular cuenta con unas 34.000 hectáreas de tierras improductivas. No obstante, sólo 12.000 hectáreas pueden emplearse en proyectos agrícolas, ya que el resto no es apto para la agricultura.

Muchos de los agentes químicos introducidos en los alimentos, entre ellos pesticidas, fertilizantes, reguladores del crecimiento vegetal y antibióticos, también dañan la salud en grandes dosis o luego de una prolongada exposición a dosis inferiores. El Ministerio de Agricultura, que se prepara para convertir la agricultura en un motor de crecimiento para Malasia, reconoce que los países son rigurosos acerca de la procedencia de sus importaciones de alimentos y exigen los mayores estándares sanitarios.

Mientras el gobierno promueve activamente la agricultura, hace falta atender la situación de los agricultores con respecto a la inseguridad de la tenencia de la tierra, los créditos, la comercialización y el impacto de los acuerdos de libre comercio. La desigual distribución de la tierra y la explotación de los campesinos sin tierras es otra causa de pobreza e inseguridad rurales.

Seguridad del Estado e inseguridad política[14]

En 2003, la “guerra contra el terrorismo” dirigida por Estados Unidos generó un clima de temor que habilitó al gobierno a seguir utilizando el aparato estatal para reprimir el disenso. Esto tuvo un impacto negativo en la situación de los derechos humanos a lo largo del año.

La seguridad del Estado fue utilizada como justificación para detener sin juicio a supuestos “extremistas/terroristas islámicos”, según la ley de Seguridad Interna y demás leyes represivas. Los malasios también fueron testigos de la represión contra movimientos estudiantiles y manifestaciones políticas, y de la profundización de las restricciones a los medios de comunicación, de por sí amordazados.

La mayoría de los detenidos por la ley de Seguridad Interna en 2003 eran presuntos extremistas/guerrilleros religiosos. Hasta la fecha, ninguno fue acusado ante los tribunales por actividades relacionadas con el terrorismo, aunque las disposiciones penales al respecto son bastante completas.

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa divulgada por Reporteros Sin Fronteras en octubre de 2003, Malasia estaba entre el 50% de países con peor situación. Ese año llegó al lugar número 104 en un total de 166 países, una mejora marginal comparada con el sitio 110 del año anterior.

Notas:

[1]Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano 1994. Nueva York: Oxford University Press, 1994.
[2]Programa Canadiense para el Cambio Global, La Real Sociedad de Canadá Changes. No. 5, Ontario, 1997.
[3]Los orang asli no son un grupo homogéneo. Existen al menos 95 subgrupos, cada uno con su idioma y cultura particulares. Sin embargo, todos están cultural y socio-económicamente marginados. Sólo el 0,02% de los orang asli tienen títulos de propiedad sobre sus tierras.
[4]Consumers’ Association of Penang. Utusan Consumer, Diciembre de 1999.
[5]Sahabat Alam Malaysia. Malaysian Environment Alert 2001. Penang, 2001.
[6]Departamento de Estadística. Compendium of Environmental Statistics2003. Malasia, 2003.
[7]“No Butts About It”. New Straits Times, 16 de julio de 2003.
[8]El 20% más pobre de los malasios tiene acceso apenas al 4,4% del PBI. El 10% más pobre tiene acceso a 1,7% del ingreso. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2003.
[9]Tax Rebates for Housebuyers”. New Straits Times, 18 de septiembre de 2003.
[10]Ibid.
[11] Unidad de Planificación Económica, Departamento del Primer Ministro. Índice Malasio de Calidad de Vida 2002. Malasia, 2002.
[12]“Violence Against Women on the Rise”. New Straits Times, 8 de septiembre de 2003.
[13]“Enhancing Safety at the Work Place” New Straits Times, 31 de agosto de 2003.
[14]Suara Rakyat Malaysia. Civil and Political Rights in Malaysia. Executive Summary 2003. SUARAM, Kuala Lumpur, 2003.