ESPAÑA

No se atiende lo esencial

Plataforma 2015 y más
Pablo José Martínez Osés
IntermonOxfam1
Deborah Itriago

Las deficiencias de la economía española, que ha demorado demasiado su ajuste, han quedado de relieve. Ante el desempleo disparado y el descenso en el crédito, el Gobierno se erige en aval y garante pero no aborda los problemas fundamentales, como la fragilidad y precariedad del empleo, el acceso a la vivienda y la extensión de numerosos derechos sociales básicos. Algo similar sucede con la ayuda internacional: en tanto España solidifica su papel de país solidario, asuntos esenciales, como el calentamiento global o los subsidios agrícolas no son abordados como se debiera.

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* El país no presenta datos en uno de los indicadores del índice para el período actual aunque sí para el anterior. Para calcular su valor actual de ICB se normalizaron los datos del indicador (restando la media y dividiendo por el desvío estándar), luego se calculó la media de sus valores positivos y negativos para formar cuatro categorías (mejor situación, por encima del promedio, por debajo del promedio y peor situación). Se ubicó al país en la categoría correspondiente de acuerdo al valor del indicador en el período anterior y se le asignó la media del indicador del grupo, ahora con base en los datos del período actual. Es decir que, para dicho indicador, se lo presupone en situación “promedio” hacia el interior del grupo.

La crisis en España tiene características propias que indican que las causas no residen únicamente en los “fallos” del sistema financiero internacional o en malas prácticas.  Coincidiendo con el derrumbe de las grandes compañías financieras estadounidenses, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se encontraba en Nueva York, asistiendo a la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2008, y afirmaba su confianza en la robustez del sistema financiero español. A pesar de ello su gobierno se apresuró a conceder un aval con el erario público a sus riesgos por importe de EUR 30.000 millones, lo que supone más de 650 euros por persona, mientras que el país dedica a la  Ayuda para el Desarrollo 30 euros por persona. En el actual contexto de crisis, lo que prima es la intención de capear el temporal, antes que observar en la crisis alguna oportunidad. 

La destrucción del empleo

Las cifras actuales de caída y destrucción del empleo son escalofriantes. En el período de un año, desde enero de 2008 a enero de 2009, el desempleo aumentó en más de un millón de personas, alcanzando a más de tres millones y medio de personas (niveles de 1996). Esto supone el 14% de la población activa y casi el doble de la media europea. En 2008 desaparecieron más de 840.000 puestos de trabajo y la tendencia no parece remitir.

El Gobierno ha buscado paliar el descenso del poder adquisitivo mediante rebajas fiscales para los trabajadores y facilitación de trámites para la creación de nuevas actividades económicas. También ha promovido rebajas en los intereses de mora por impagos o aplazamientos para evitar la asfixia económica definitiva de las empresas. Estas medidas pretenden, como mucho, proporcionar a los trabajadores mecanismos para resistir durante un tiempo, en espera de que la actividad económica y la confianza en los mercados se recuperen. Es preciso consignar, por otra parte, que hasta el presente el Gobierno ha sabido resistir los envites oportunistas de las patronales que han demandado, como es su costumbre, mayor precarización laboral mediante la flexibilización y abaratamiento de los despidos como condición para recuperar la senda de la creación de empleo.

El descenso del crédito

A pesar de que el tipo de interés de referencia para la Unión Europea (Euribor) ya ha descendido hasta sus mínimos históricos, las entidades financieras no parecen dispuestas a asumir nuevos riesgos y la disposición del crédito se mantiene escasa. Es evidente que el aval de EUR 30.000 millones aprobado por el Gobierno y otras medidas de reaseguramiento de operaciones con garantía pública no han logrado, hasta ahora, que el sector financiero proporcione crédito y, con ello, el circulante imprescindible para reavivar la actividad económica.  Por otra parte, en diciembre de 2008, según datos del Banco de España la cartera de créditos a las familias descendió por primera vez en los últimos ocho años, dato que contrasta con el crecimiento que presenta la cartera de créditos aprobados a las administraciones públicas. Esta aparente paradoja se explica por la predilección por las garantías públicas que tienen las entidades financieras a la hora de seleccionar los riesgos y por las enormes dificultades de financiación que presentan las administraciones locales (municipalidades).

En este sentido, el Gobierno ha priorizado servir de garante público para mantener la confianza en el equilibrio y estabilidad del sistema financiero, del que dependen gran cantidad de depósitos y ahorros de la ciudadanía. Pero el problema exige mayor decisión puesto que, mientras que las entidades financieras siguen presentando resultados trimestrales con ganancias espectaculares, la devaluación imparable de los activos financieros e hipotecarios ha hecho que, hasta ahora, la ciudadanía no pueda participar de la estabilidad perseguida. Voces procedentes de numerosos movimientos sociales, así como de sectores académicos y políticos, empiezan a plantear la necesidad de recrear entidades financieras de carácter público que permitan, en estos tiempos de crisis, priorizar las funciones de servicio público antes que el mantenimiento de los márgenes de negocio.

Tardanza en el ajuste

Contrasta la forma veloz con la que el Gobierno ha respondido a las necesidades del sector bancario y financiero con la tardía y limitada atención brindada a los problemas de la economía real, que es el ámbito donde se está dando el abrupto y tardío proceso de ajuste – y era urgentemente necesario antes del estallido de la crisis.

Los tres principales problemas, largamente mencionados en diversos análisis durante el anterior ciclo expansivo eran: las dimensiones espectaculares de la “burbuja inmobiliaria” y la importancia relativa del sector de la construcción en el PIB y en el crecimiento del empleo, el excesivo endeudamiento de particulares y empresarios y las bajas tasas de competitividad y ahorro nacionales. En el período anterior apenas se tomaron medidas para abordar algunos de los procesos de ajuste, tal vez por no querer asumir los costos sociales y políticos inherentes. La crisis financiera internacional ha acelerado y sincronizado estos procesos pendientes, afectando de forma muy severa la viabilidad de negocios con altas tasas de necesidad de endeudamiento a corto plazo y también al empleo.

Como respuesta, el Gobierno combina una doble orientación. Por un lado mantiene las resistencias a las presiones de sectores políticos conservadores y de la patronal a promover rebajas fiscales a las grandes rentas, la disminución de los impuestos de sociedades y las medidas de flexibilización de los despidos. Por otro, aprueba medidas con cierto carácter social, puesto que se destinan fundamentalmente a desempleados, personas con bajas rentas y colectivo de alto riesgo. Esta reacción dual, orientada a no deteriorar el sistema de garantías sociales (de forma que sea éste el que amortigüe los golpes de la crisis) está lejos, sin embargo, de revertir las tendencias y ofrecer resultados en la recuperación del crédito, del empleo o del índice de precios.

La apuesta del Gobierno, por lo que se aprecia, es contener presiones y consecuencias hasta que los mercados financieros internacionales recuperen la confianza y motoricen un nuevo ciclo expansivo. Sin embargo, la cuestión no se reduce a saber cuándo sucederá la recuperación ni hasta dónde podrá engordar el déficit de las cuentas públicas que soportan las medidas emprendidas (con las primeras medidas ya se agotó el superávit acumulado en años anteriores y se recibieron las primeras advertencias de la Unión Europea). Se trata, además, de cómo abordar los problemas fundamentales de la economía española, relacionados principalmente con la fragilidad y precariedad del empleo, las dificultades de acceso a la vivienda y la extensión de numerosos derechos sociales básicos para gran parte de la población.

España en el exterior

El 2009 es el año de las transformaciones profundas en materia de desarrollo económico, y entre éstas, de la forma en que se coopera en la lucha contra la pobreza. Durante 2007 y 2008, España vino mostrando su vocación de país solidario no solo en la gestión de la crisis global que afecta sobre todo a los países en desarrollo sino de manera general en los compromisos establecidos en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sin embargo también se registra, junto a iniciativas de gran valor, una timidez excesiva para abordar las cuestiones más fundamentales. Algunos aspectos a destacar son:

AOD: Entre el año 2004 y 2007, la AOD española ha aumentado más de 20% (cifras en valores corrientes). A pesar de que la situación económica ha provocado que el presupuesto de la cooperación internacional para el año 2009 se sitúe en el mismo nivel que en el año 2008 (EUR 5.500 millones), España se mantiene entre los países donantes más solidarios. En diciembre del año 2007 se firmó el Pacto de Estado contra la Pobreza, por el que todos los partidos políticos españoles se comprometieron a cumplir el compromiso internacional de canalizar 0,7% del PNB en concepto de AOD a partir del año 2012.

Acción humanitaria: Durante 2008 culminaron una serie de procesos que ayudarán a consolidar a España como actor global en la acción humanitaria. El país cuenta ahora con una estrategia coherente con los parámetros y normas aceptados internacionalmente y se ha reforzado institucionalmente para incrementar su capacidad de gestión ante crisis humanitarias2. Al respecto, España deberá evitar el condicionamiento mediático en la selección de las crisis humanitarias en las que participa.

Crisis de los alimentos: En la cumbre de la FAO de junio de 2008 España anunció su compromiso de contribuir con EUR 500 millones para dar respuesta a esta crisis. Así, en enero de 2009 España organizó, junto con la Secretaría General de la ONU, la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria (RANSA) en Madrid, con el objeto de contribuir al proceso de coordinación de las diferentes instituciones implicadas en el tema (FAO, Programa Mundial de Alimentos, Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, BM, FMI), e impulsar la iniciativa del Partenariado Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GPAFS, por sus siglas en inglés). En la Reunión, el Presidente Rodríguez Zapatero comprometió otros EUR 1.000 millones para este objetivo, a desembolsar en cinco años. Estos EUR 1.500 millones no significan nuevos recursos sino más bien un compromiso de asignación de parte del presupuesto previsto de AOD. Llama la atención, de todos modos que, como parte de esta iniciativa, no se cuestione el impacto negativo de las políticas agrícolas de la Unión Europea sobre la seguridad alimentaria mundial, lo cual pone en serio riesgo sus posibilidades de éxito.

En el marco del G20 y en línea con lo anterior, como parte del paquete de medidas que propone para gestionar la crisis financiera, España se ha pronunciado para que los Bancos Multilaterales de Desarrollo aumenten sus flujos netos hacia los países de bajos ingresos y de renta media durante los periodos de bajo crecimiento.

La solidaridad no es suficiente

Si bien todas estas iniciativas dan muestra de solidaridad, contrastan sin embargo con la posición de España en materias cruciales para los países en desarrollo como el comercio, la agricultura, las migraciones internacionales o el cambio climático:

Comercio: En cuanto a la respuesta internacional a la actual crisis financiera, uno de los mayores riesgos es que los países opten por el proteccionismo comercial como estrategia unilateral de salida. A diferencia de otros países de la UE, España siempre se ha alineado con aquellas posturas menos proclives a flexibilizar posiciones e incorporar el desarrollo como elemento troncal de las negociaciones comerciales. En la reunión del G20 celebrada a finales de 2008 se realizó un llamamiento para que los Estados se abstuvieran, al menos por el periodo de un año, de incrementar sus aranceles aplicados. Nada se dijo acerca de la posibilidad de usar subsidios y planes estatales de salvamento. De este modo, se pusieron en cuestión las únicas herramientas de protección al alcance de la mayoría de los países en desarrollo y se permitieron aquellas inalcanzables para éstos (que pueden, además, resultar devastadoras para sus agriculturas).

Agricultura: De la misma forma, es preocupante la incoherencia entre las iniciativas globales que España apoya y aquella que la Secretaría de Estado de Medio Rural pretende liderar para impulsar una plataforma europea dirigida a bloquear las necesarias reformas de la Política Agrícola Común (PAC). Esta iniciativa ha sido presentada con la intención de convertirla en el estandarte de la presidencia española de la UE, ignorando que los impactos distorsionadores de las políticas agrarias de los países ricos están entre las causas de erosión de la agricultura de los países pobres y de la crisis de precios de los alimentos.

Inmigración: La crisis económica internacional ha supuesto un duro golpe para el trabajo de millones de migrantes que se ven directamente amenazados por el desempleo (en los sectores de construcción y de hostelería, los más afectados por la crisis en España, intensivos en la contratación de trabajadores de origen extranjero) y también para las remesas que esos trabajadores envían a sus familias, que constituyen un salario transnacional, y que han comenzado a caer3. Ante esta realidad, la reacción del Gobierno español ha sido decepcionante: se han planteado medidas como un “plan de retorno incentivado” que no ha tenido suficiente acogida entre la población extranjera porque las muy cerradas políticas migratorias hacen que los inmigrantes, una vez superadas las numerosas barreras para residir en España, no renuncien fácilmente a este derecho4. Además, se han recortado drásticamente las plazas disponibles para la migración regular y se han intensificado los controles para detectar, detener y deportar a trabajadores en situación irregular. Muestra de ello también es la aprobación en diciembre de 2008 de la nueva Ley de Asilo y Refugio que, después de la directiva europea aprobada en la misma línea en julio de 2008, según afirma la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, “reforzará el preocupante avance de políticas insolidarias e, incluso, xenófobas, en Europa, más preocupada por los intereses de los Estados que por el derecho de asilo”5.

Cambio climático: A finales de 2009 se debe alcanzar un acuerdo global sobre el clima que suceda al actual Protocolo de Kyoto. Para ello se deben lograr consensos en cuanto a los principales temas en discusión: el reparto de los esfuerzos de reducción de emisiones y el financiamiento de la adaptación en los países en desarrollo. España contribuye con los fondos internacionales ya existentes, si bien, como sucede con el conjunto de la comunidad internacional, muy lejos de las necesidades, que Oxfam cifra en USD 50.000 millones anuales6. Además, España se resiste a asumir nuevos compromisos de financiación para la mitigación y adaptación en los países en desarrollo. En el marco de la Unión Europea, se utiliza la crisis financiera como excusa para diluir los ya reducidos planes de financiamiento. Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre mecanismos innovadores para recaudar los fondos necesarios, como la subasta de los derechos de emisión, ni sobre los compromisos que están dispuestos a adquirirse en el marco de un acuerdo global.