INFORMES NACIONALES

Publication_year: 
2009
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ALEMANIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La estrategia de gestión de la crisis del Gobierno alemán no incluye objetivos sociales o ecológicos. Los paquetes de estímulo y las reducciones impositivas son socialmente injustos; los despidos y el aumento de los trabajadores de tiempo parcial muestran el rostro feo de la desregulación. Aunque la AOD alemana haya aumentado y los compromisos hacia los Países Menos Adelantados (PMA) en 2009 sean más altos que nunca, todavía son insuficientes. Las declaraciones de la canciller Merkel pueden prometer un nuevo enfoque en las relaciones internacionales pero, en la práctica, las políticas de gestión de la crisis del Gobierno se han centrado en el G20.

Antes de la tormenta: los impactos sociales de la crisis financiera

Social Watch Germany
Uwe Kerkow

La estrategia de gestión de la crisis del Gobierno alemán no incluye objetivos sociales o ecológicos. Los paquetes de estímulo y las reducciones impositivas son socialmente injustos; los despidos y el aumento de los trabajadores de tiempo parcial muestran el rostro feo de la desregulación. Aunque la AOD alemana haya aumentado y los compromisos hacia los Países Menos Adelantados (PMA) en 2009 sean más altos que nunca, todavía son insuficientes. Las declaraciones de la canciller Merkel pueden prometer un nuevo enfoque en las relaciones internacionales pero, en la práctica, las políticas de gestión de la crisis del Gobierno se han centrado en el G20.

Los últimos tres años estuvieron marcados por una reducción del desempleo, pero con salarios reales estancados1. Sin embargo, cada vez está más claro que, contrariamente a las afirmaciones del Gobierno, su desregulación del mercado de trabajo no fomentó el crecimiento del empleo; el crédito debería atribuirse a una economía saneada. Ahora que el boom (financiado por el crédito) está terminando, se revela el feo rostro de la desregulación. El desempleo aumenta. Los empleos informales fueron los primeros en desaparecer: Annelie Buntenbach, integrante del Directorio Federal de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB, por su sigla en alemán), estima que hacia fines de enero de 2009, aproximadamente 120.000 trabajadores temporales ya habían sido despedidos2.

Las cifras oficiales del desempleo también aumentan, aunque todavía no son alarmantes. Según la Agencia Federal de Empleo, en enero de 2009 el desempleo se redujo en 170.000 comparado con el año anterior. Sin embargo, la tasa de desempleo, que se ajusta cada temporada, comenzaba a subir, mientras que la cantidad de puestos vacantes caía en picada3. El director de la agencia, Frank-Jürgen Weise, está preocupado porque el número de desempleados podría subir de los 3,4 millones actuales a casi 4 millones antes de fines de 2009.

La verdadera oleada, sin embargo, ha ocurrido en el trabajo de media jornada. Solamente en febrero de 2009 más de 16.900 empresas presentaron solicitudes para cambiar a 700.000 trabajadores a tiempo parcial por motivos económicos; esto es, 648.800 más que el año anterior. Los trabajadores afectados sólo reciben sueldo por las horas que trabajan, pero también reciben un complemento de trabajo parcial subsidiado por el Estado durante un período determinado, que recientemente se extendió a 18 meses. Es así que reciben dos tercios de sus ingresos normales sin perder sus empleos, al menos al principio4. A pesar de estos subsidios, está claro que la crisis económica y financiera perjudicará la asistencia social de varios millones de personas en Alemania.

La respuesta del Gobierno

Las medidas del Gobierno para aliviar la crisis incluyen lo siguiente:

  • EUR 480 mil millones reservados para un Fondo especial de Estabilización de los Mercados Financieros, para rescatar a los bancos en problemas. EUR 80 mil millones adicionales están disponibles para la recapitalización y absorción de los activos tóxicos.
  • EUR 100 mil millones para garantías de liquidez y facilidades de crédito/préstamos para la industria, con fuerte énfasis en la industria automovilística.
  • EUR 11 mil millones para un primer paquete de estímulo (Konjunkturpaket I), que ofrece deducciones fiscales y brinda financiación para proyectos de infraestructura, especialmente para el transporte.
  • EUR 50 mil millones para un segundo paquete de estímulo (Konjunkturpaket II). Además de una asignación familiar suplementaria por única vez, conocida como el Kinderbonus, e inversiones en infraestructura, este paquete incluye reducciones de impuestos y un “premio de desecho” de EUR 2.500 que reciben por su viejo automóvil las personas que compran uno nuevo.

 

Las cifras de las asignaciones de estímulo económico de los ministerios involucrados en algunos casos son mucho más altas que las mencionadas arriba. Por ejemplo, en noviembre de 2008 los Ministerios de Economía y Tecnología y de Hacienda anunciaron que el primer paquete de estímulo económico costaría un total de EUR 32 mil millones hasta 2010. Sin embargo, el Gobierno vierte entre 9 y10 veces más dinero en efectivo en la deuda privada (el “rescate”) que lo que gasta para promover la actividad económica. Dado que estos paquetes también incluyen deducciones fiscales, es probable que las inversiones con efecto directo en la economía sean relativamente pequeñas. En efecto, según algunos cálculos, el segundo paquete de estímulo probablemente sólo aportará EUR 9 mil millones anuales de inversión adicional5 – no lo suficiente, sin duda, como para romper el cuello de botella de la inversión pública. Sólo para ponerse en línea con el promedio europeo, Alemania debería gastar EUR 25 mil millones adicionales – y el énfasis puesto en construcción de carreteras, el “premio de desecho” por los autos y la renovación de los cuarteles militares no inspiran mucha confianza.

No sólo las deducciones de impuestos socavarán el impacto de los programas de estímulo; también son socialmente injustos, como indican los siguientes ejemplos:

1. Según cálculos de la DGB, se supone que las municipalidades reciben EUR 11.510 millones de los dos paquetes de estímulo económico. Sin embargo, las deducciones impositivas implementadas al mismo tiempo reducirán los presupuestos municipales en EUR 6 mil millones. “Al final, ni siquiera se dispondrá de la mitad de la cantidad prometida (...) Es discutible si esto realmente puede salvar empleos”, dice la DGB6.

2. Las deducciones impositivas para los hogares que se estructuran son también socialmente injustas. Los asalariados con ingresos anuales de hasta EUR 10.000 recibirán deducciones que suman EUR 150 millones, mientras que los que cuentan con ingresos anuales por encima de EUR 53.000 conseguirán casi 10 veces más. Según las conclusiones de un estudio, “Además del aumento del nivel de subsistencia para los niños de familias de ingresos bajos con el Kinderbonus (...), no se incluyeron otras medidas”7.   

Esta tendencia depresiva se verá reforzada por el “freno a la deuda” presentado al Parlamento alemán, cuyo objetivo es limitar los préstamos anuales netos a 0,35% del ingreso nacional bruto (INB)8. Los críticos auguran que las políticas de austeridad impuestas al sector social continuarán sin tregua debido al masivo rescate bancario. Hendrik Auhagen, integrante del Consejo de Coordinación de ATTAC Alemania, ha advertido que la “deuda pública que sirve a los intereses de los bancos y corporaciones, las deducciones impositivas a los más ricos, más el freno a la deuda en el futuro, establecen el curso hacia un nuevo desmantelamiento del estado benefactor (...) hacia una masiva pobreza y cada vez más delitos”9.

Política de desarrollo

La AOD alemana aumentó de USD 9 mil millones en 2007 a USD 13.910 millones en 2008. En términos absolutos, Alemania es el segundo donante de AOD más grande del mundo. Sin embargo, si la AOD se mide como porcentaje del producto nacional bruto (PNB), su 0,38% coloca al país en el puesto 14 entre las principales naciones donantes. También es significativo que en 2008 cerca de una quinta parte de la AOD alemana se destinó al alivio de la deuda. No obstante, el presupuesto de AOD 2009 contiene algunas buenas noticias: la cifra comprometida para los países menos adelantados (PMA) es más alta que nunca antes: EUR 827 millones (USD 1.090 millones); esto constituye más de la mitad de los compromisos de ayuda total del país.

Como parte del segundo paquete de estímulo económico, el Gobierno realizó una asignación extra-presupuestaria de EUR 100 millones (USD 132 millones) al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo a fin de “apoyar” proyectos de infraestructura del Banco Mundial10. La Asociación Alemana de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (VENRO, por su sigla en alemán) aplaudió esto como un avance en la dirección correcta, pero consideró que este “paquete de estímulo económico para países en desarrollo” es inadecuado: “Los más pobres entre los pobres están siendo engañados con caridad a pesar de ser los que han recibido los impactos más fuertes de la crisis”, objetó Claudia Warning, presidenta del Directorio de VENRO11. La ministra de Desarrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, sostuvo que “el plan financiero para el período 2008-2012 incluye más medidas para estimular el crecimiento”12, pero las posibilidades de cumplir esa promesa parecen pocas. Para alcanzar el objetivo de la Unión Europea para gastos del desarrollo equivalentes a 0,51% del PNB en 2010, Alemania tendría que aumentar su AOD a EUR 13.100 millones (USD 17.330 millones)13.

¿Un nuevo enfoque en las relaciones internacionales?

La canciller Angela Merkel causó alguna inquietud con su reciente propuesta de crear un Consejo Económico Mundial en el marco de las Naciones Unidas. “El G20 es un paso adelante, por supuesto, pero es cierto que no representa un panorama completo del mundo”, declaró en una conferencia del partido de Unión Demócrata Cristiana en diciembre de 2008. “Estoy firmemente convencida de que necesitamos un consejo económico mundial para tratar las cuestiones económicas, como tenemos (...) el Consejo de Seguridad de la ONU”14. La Canciller Merkel continuó en esa línea en la cumbre financiera del G20 en febrero de 2009 reclamando una “carta de gobernanza económica sostenible” mundial que establecería los principios de una futura arquitectura financiera mundial.

Está por verse qué tan seria es la canciller sobre estas iniciativas. Hasta ahora, las políticas de gestión de la crisis del Gobierno siguen estando firmemente enfocadas en el G20.

1 Social Watch Alemania ha decidido enfocar el informe de este año en las respuestas de política económica a la crisis sistémica ya que ahí es donde el impacto social es más evidente en Alemania.

2 Ver.

3 Ver.

4 Ver.

5  Junge Welt. Ver: <www.jungewelt.de/2009/02-07/023.php>.

6 Ver: <www.dgb.de/themen/themen_a_z/abisz_doks/k/klartext05_2009.pdf/view?showdesc=1>.

7 Junge Welt, op. cit.

8 Ver: <de.wikipedia.org/wiki/Schuldenbremse_(Deutschland)>. Consultado el 27 de febrero de 2009.

9 Ver: <www.attac.de/aktuell/presse/detailsicht/datum/2009/02/13/schuldenbremse-steuersenkungen-demontage-des-sozialstaats/?cHash=fe6adf2d10>.

10 Regierungserklärung zum Stand der Millenniumsentwicklungsziele 2015 und zu den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Entwicklungsländer [Declaración del Gobierno sobre la situación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 y los impactos de la crisis económica y financiera en los países en desarrollo], 29 de enero de 2009. Disponible en: <www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/Presse/20090129_Regierungserklaerung.pdf>.

11 Ver: <www.venro.org/404.html>.

12 Ver: <www.bmz.de/de/zahlen/deutscherbeitrag/index.html>. Consultado el 27 de febrero de 2009.

13 Ver: <www.tdh.de/content/materialen/download/download_wrapper.php?id=294>.

14 Ver.

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ARGELIA

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2009
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La principal vulnerabilidad de la economía de Argelia es su fuerte dependencia de la producción y exportación de hidrocarburos, un sector fuertemente desarrollado en el país. El sector financiero, mientras tanto, ha mostrado un notorio retraso y desconexión con respecto a las finanzas globales. Paradójicamente, este retraso ha evitado que los impactos de la crisis financiera internacional llegaran a través del sistema bancario, que se harán sentir, de todos modos, a la hora de importar bienes y servicios.

Fuera del sistema pero, ¿a salvo de la crisis?

Equipo de investigadores dirigidos por Selougha Kamel
Asociación para el Desarrollo Social EL-Amel

La principal vulnerabilidad de la economía de Argelia es su fuerte dependencia de la producción y exportación de hidrocarburos, un sector fuertemente desarrollado en el país. El sector financiero, mientras tanto, ha mostrado un notorio retraso y desconexión con respecto a las finanzas globales. Paradójicamente, este retraso ha evitado que los impactos de la crisis financiera internacional llegaran a través del sistema bancario, que se harán sentir, de todos modos, a la hora de importar bienes y servicios.

Las dificultades en los mercados financieros de Estados Unidos durante el verano de 2007 se transformaron en una verdadera crisis financiera mundial en el otoño de 2008. Los mercados del crédito se redujeron, los bursátiles cayeron y la insolvencia amenazó al conjunto del sistema financiero internacional. Directa o indirectamente, cada país del mundo, incluido Argelia, ha sentido el impacto.

El presidente argelino hace parcialmente responsable de la crisis a la ausencia de reglas y al debilitamiento de los esfuerzos por sanear el entorno económico, abandonado a las leyes de los mercados.

Al poner de manifiesto las trampas financieras y económicas a ser evitadas, la crisis financiera global debería comportar una lección para Argelia. Las directivas del Gobierno, ya por previsión, ya dictadas por otros parámetros, han protegido el interés nacional y limitado la exposición de la economía argelina a los peligrosos desajustes que la imposición del neoliberalismo ha generado en el sistema financiero mundial.

 Esta determinación es, parcialmente, resultado de la riqueza petrolera del país, sostén principal de su economía. De acuerdo al ministro de energía y minería – y actual presidente en funciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – Chakib Khelil, el mercado petrolero ha conocido una evolución espectacular, cuya volatilidad es un dato estructural que se explica por la actividad de los especuladores1. El precio del barril a la altura de poco más de USD 140 en julio de 2008 y, desde entonces, se derrumbó, para situarse a USD 59 hoy. La media anual tolerada hasta el 4 de noviembre fue de USD 103,56, contra USD 65 en 2007. El precio del barril argelino para 2008 fue de USD 108,28, contra USD 71,13 en 2007.

 Como indica la tabla de abajo, la economía argelina está bien posicionada para hacer frente a la crisis financiera y económica global, al menos durante los próximos dos años, debido a su escasa exposición a los mercados financieros internacionales, una gestión prudente de las reservas de cambio (el porcentaje de rendimiento realizado alcanzó un 4.6% en 2007), el ahorro de una parte de las adiciones presupuestarias (20% del PIB por término medio anual para los años 2005-2007) y la prioridad otorgada a la financiación interna de la economía (en dinares, la moneda nacional) debido al exceso estructural de liquidez.

La necesidad de reformas

El intento de transferir las operaciones de los bancos Crédito Popular  y Banco de Desarrollo Local a establecimientos financieros extranjeros – estadounidenses o franceses – no prosperó porque, después de un breve debate “intragubernamental”, las autoridades decidieron que el país no estaba preparado para ello. En la medida en que la economía ha sido liberalizada y privatizada, los beneficios que habían sido anticipados no se materializaron2
En septiembre de 2008 Sid Saïd, dirigente de la Unión General de los Trabajadores Argelinos, anunció que el Gobierno se retractaba en lo atinente a la política del “todo puede ser privatizable”. Una serie de empresas públicas, 220 exactamente, destinadas inicialmente a una operación de privatización que solo esperaba la aplicación de las medidas reglamentarias, fueron al final retiradas de la lista de las que debían venderse.

Además, el consejo interministerial de enero de 2008, relativo al tratamiento de los créditos de los bancos y al saneamiento financiero de las empresas económicas públicas, condonó las deudas contraídas por empresas viables. El Gobierno ha encargado de la supervisión y seguimiento de estas medidas de saneamiento a un Grupo de Trabajo interministerial (Finanzas-Industria y promoción de las inversiones-PYME).

Revitalización rural

Gracias al natural crecimiento promedio de la población de 1,62%  anual (considerablemente superior al ya alto 1,48% de 2000) el número de habitantes del país aumentó en 4,6 millones entre julio de 1998 y julio de 2007. A fines de 2010, la población alcanzará los 35,7 millones.  Para alimentar esta joven y creciente población, Argelia necesita más comida.

Sobre una biomasa de 600.000 toneladas, Argelia puede pescar hasta 220.000 toneladas al año pero, por falta de medios materiales, la cantidad no sobrepasa hoy las 170.0003.

Con una balanza comercial agrícola deficitaria, el país es uno de los diez mayores importadores de comida del mundo. El valor de estas importaciones supera el cuarto del total de las importaciones del país. Hay tres grupos principales de productos: cereales y derivados (40% del valor total de las importaciones agrícolas), leche y productos lácteos (14,3%), aceites y grasas (10,5%)4.

El país importó cereales y derivados, medicamentos, leche y productos lácteos por USD 2.600 millones en el primer semestre de 2008, y algo más de USD 2.000 millones en 2007. La inflación media alcanzó un 4,9% durante el primer semestre de 2008, esencialmente gracias al aumento de 9,2% en los precios de los bienes alimentarios, que situó la inflación anual, entre junio de 2007 y junio de 2008, en 2,5%. En un intento por moderar la volatilidad de precios, el Gobierno lanzó un sistema regulatorio en julio de 2008. Desde entonces, han sido almacenadas unas 51.700 toneladas de papas.

En las zonas rurales, donde vive parte importante de la población, el Gobierno lanzó un plan de apoyo a la renovación rural que se basa en las siguientes acciones:

· la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, rehabilitando y modernizando los pueblos y los ksours (aldeas bereberes que se extienden a lo largo de los oasis)
 
· la diversificación de las actividades económicas en el medio rural por la mejora de las rentas, al tiempo que se protegen y valorizan los recursos naturales y patrimonios rurales materiales e inmateriales.

· el refuerzo de las capacidades humanas a través de asistencia técnica. La casi totalidad de las explotaciones agrícolas son privadas, a pesar de la diversidad de las formas de propiedad. Las producciones de cereales en seco y la cría extensiva de pequeños rumiantes prevalecen. Durante estos últimos años, han crecido las producciones cuyos valores añadidos son más elevados, tales como frutas y cultivo de huerta. A excepción del tomate industrial y el aceite de oliva, los cultivos industriales siguen siendo marginales.

En otro esfuerzo por estimular la revitalización rural, el Gobierno ha iniciado más de 5.000 proyectos de proximidad en el marco del desarrollo rural de conformidad con el programa de apoyo al renacimiento rural. Estos proyectos afectan a más de dos millones de hogares, lo que representa cerca de ocho millones de personas.

El Plan Nacional de autopistas elaborado por el Ministerio de Obras Públicas incluye una red de carreteras 1.216 km de largo de este-oeste que garantizará la conexión entre Annaba y Tlemcen- Esto beneficiará directamente a 24 wilayas (provincias) y generará 100.000 empleos en fase de trabajos. El proyecto está programado para comenzar en 20095.

Conclusión:

Desde hace al menos una década, dos hechos han venido impactando fuertemente en la economía y las finanzas del país. Uno es la política de hidrocarburos que permitió un desarrollo del potencial de los recursos del país, así como un aumento correlativo del nivel de capacidades de producción (la producción de petróleo pasó de 0,9 millones de barriles diarios en 2000 a 1,4 millones en 2008, de los cuales 1,2 millones se exportan6. El otro es el apoyo sin precedentes del Estado a los bancos públicos (2,6% del PIB promedio anual para el período 1991-2002 y 1,7% para los años 2005-2006), dentro de un contexto de reformas monetarias y financieras7. Estas dos políticas generaron un masivo incremento en el nivel de reservas de cambio, una acumulación de recursos de los fondos de regulación de los ingresos, un excedente de liquidez en los bancos y un bajo nivel de deuda externa.

1 Chakib Khelil, ministro de energía y minería, presidente de la OPEP, en el foro del diario El-Moudjahid, 3 de marzo de 2009.

2 Ver: Mohamed Gacem. “Crise financière mondiale: Vers un recadrage des réformes“. <Disponible en>. 

3 Ver: <jijelli.com/htdocs/modules/news/article.php?storyid=905>.

4 Conferencia de Alto Nivel sobre Agua para Agricultura y Energía en África: los desafíos del cambio climático. El caso argelino. Sirte, Libia, 15-17 de diciembre de 2008.

5 Ver: <www.mtp.gov.dz/autoroute%20est-ouest.htm>.

6 Ver: <www.lemaghrebdz.com/lire.php?id=13393>.

7 Intervención del Prof. Farid Yaici: “Los efectos de la crisis en la economía argelina”. Jornada de estudios realizada en colaboración con el Ministerio de Industria y la promoción de  inversiones. 

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BAHREIN

Publication_year: 
2009
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Aunque la economía de Bahrein está creciendo, y también el ingreso per cápita. Sin embargo, si bien cada vez hay más millonarios, la clase media se achica y la clase baja se empobrece. Aumentan las confrontaciones y tensiones entre los grupos empobrecidos y las fuerzas de seguridad. Es necesario elaborar con urgencia una estrategia que proteja a la sociedad de los impactos negativos de la globalización.

BAHREIN

El impacto de la globalización en el pueblo bahreiní

Social Watch Bahrein1

Aunque la economía de Bahrein está creciendo, y también el  ingreso per cápita. Sin embargo, si bien cada vez hay más millonarios, la clase media se achica  y la clase baja se empobrece. Aumentan las confrontaciones y tensiones entre los grupos empobrecidos y las fuerzas de seguridad. Es necesario elaborar con urgencia una estrategia que proteja a la sociedad de los impactos negativos de la globalización.

Bahrein tradicionalmente ha tenido una economía abierta al comercio,  a las inversiones y al  intercambio de bienes. Desde su independencia en 1971, el país ha sido una plaza financiera para los bancos internacionales e instituciones financieras, empresas conjuntas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y un punto de tránsito para el comercio y los bienes de consumo. Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1997, ha eliminado barreras al comercio y las inversiones y al movimiento de mano de obra. Bahrein firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que facilita el comercio, las inversiones y el movimiento de mano de obra entre los dos países. Como miembro del CCG, negocia con la Unión Europea (UE) el establecimiento de un TLC y recientemente fue el anfitrión de una conferencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y del CCG que debatió las perspectivas de concluir un TLC entre ambos grupos económicos.

Como en muchos otros países, en Bahrein la globalización ha influido tanto de forma positiva como negativa. El presente informe se centrará en el impacto de la globalización en el bienestar de los residentes bahreiníes, analizándolo desde diversos ángulos:

1. Liberalización de la economía: El Gobierno ha tenido como propósito constante la liberalización de la economía, lo que significa cada vez menos participación estatal en la gestión económica. Inevitablemente esto llevó a que el Estado abandonara la prestación de ciertos servicios esenciales que  antes brindaba a sus ciudadanos. También abrió el mercado a la libre competencia entre empresas nacionales y extranjeras. Además, la reducción de las restricciones para los residentes extranjeros tuvo como resultado que éstos ocuparan puestos de trabajo anteriormente restringidos a los bahreiníes, como por ejemplo, asesores legales y auditores.

2. Privatización: A fin de acompasar la globalización y estar en condiciones de competir en un mercado abierto, el Gobierno recurrió a la privatización de varias instituciones y servicios estatales, entre ellos, la electricidad y el transporte público. Además, ha aumentado la cantidad de sectores abiertos al control privado, como la educación, la atención de la salud, diversos servicios municipales, la administración portuaria y el transporte aéreo.

3. Vivienda: El Gobierno levantó progresivamente las restricciones que prohibían la adquisición de bienes inmuebles por parte de residentes extranjeros en Bahrein, sobre todo para ciudadanos del CCG, lo que llevó a un aumento de la propiedad de tierras y bienes inmuebles en barrios residenciales. Los bahreiníes, ahora, se encuentran en desventaja en términos de poder adquisitivo frente a otros ciudadanos del CCG. Esto generó una aguda crisis de vivienda: la demanda de viviendas subsidiadas por el Estado supera la oferta; actualmente hay una lista de espera de aproximadamente 60.000 solicitudes. Como resultado, muchas familias se han visto obligadas a mudarse con otros parientes, en viviendas mal equipadas para albergar superpoblación.

4. Empleo: Debido al escaso control del flujo de trabajadores extranjeros, especialmente de mano de obra barata, los bahreiníes que buscan trabajo se encuentran en una posición débil para competir por empleos que requieren habilidades y antecedentes académicos específicos. Los trabajadores extranjeros también están más dispuestos a aceptar salarios inferiores y condiciones de trabajo más duras. Por tanto, a pesar del aumento de las oportunidades de empleo generado por una economía en alza, el desempleo crece entre los ciudadanos bahreiníes, sobre todo entre las mujeres y las personas con antecedentes educativos que no se adaptan bien a los nuevos empleos (por ejemplo, artes liberales o sociología).

5. Inflación: La tasa de inflación aumenta constantemente: en los últimos años, excedió el 7% anual. No hubo ningún aumento simultáneo de salarios que fuera sustancial, sobre todo del sector público. En vista de esto, el Parlamento acordó en diciembre de 2008 dar un aguinaldo/bono anual de BHD 50 (USD 133) a las familias bahreiníes, por los próximos dos años. Sin embargo, ese monto hace poco para aliviar el impacto de la inflación sobre la mayoría de los trabajadores, incluyendo a los residentes extranjeros de ingresos bajos que están en la misma situación, con salarios que quedan rezagados respecto de la inflación. Aumenta la disparidad entre una minoría con ingresos muy altos y una mayoría con ingresos muy bajos. Hay algunas familias bahreiníes que viven con BHD 120 por mes (USD 319). Aunque el Gobierno niegue la existencia de este tipo de pobreza relativa, ha sido identificada por investigadores independientes, así como por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)2.

6. Cambio del entramado social: El aumento constante de trabajadores extranjeros, provenientes sobre todo de Asia, durante la década pasada llevó a la población extranjera, del 37% del total en 2001, al 50% en 2007, alterando así el entramado de la sociedad. Los trabajadores extranjeros tienden a vivir en campos de trabajo, aislados de las comunidades locales, en áreas abandonadas de la ciudad y en pequeños grupos adyacentes a las comunidades locales. En general, no se integran a la vida pública, las actividades sociales o las ONG. La mayoría viven solos, sin familia, lo que es visto como una desviación de la norma social y ha causado fricciones entre las dos comunidades, sobre todo las adyacentes. Es común que su inferior nivel de vida y carencia de vida social generen un ambiente propicio a los delitos, especialmente ataques sexuales, robo con allanamiento, robo y abusos/asaltos físicos. Las precarias condiciones de vida, el maltrato de los patrones, como por ejemplo la retención del salario, a menudo durante meses, han llevado a muchos trabajadores extranjeros al suicidio, debido a que se encuentran endeudados e incapaces de enviar dinero a sus familias en los países de origen.

Conclusión

A pesar de que la economía bahreiní está en auge, con una alta tasa de crecimiento e ingresos per cápita crecientes, las ventajas de la globalización no se han extendido a la población en su conjunto. Aumenta la cantidad de millonarios, la clase media se encoge y la clase baja se empobrece. El país ha sido testigo de repetidas confrontaciones y tensiones entre las comunidades empobrecidas y las fuerzas de seguridad, sobre todo en los pueblos. Debido a ello, el Banco Mundial ha bajado la clasificación de Bahrein en cuanto a estabilidad política3. Es necesario elaborar una estrategia que proteja a la sociedad de los impactos negativos de la globalización.

 

1 La Coalición Social Watch Bahrein está integrada por Transparencia Bahrain, Sociedad de Derechos Humanos de Bahrain, Sociedad para el Renacimiento de la Mujer Bahrainí, Sociedad de Mujeres Awal, Sociedad de Sociólogos.

2 El Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD da a Bahrein 0,88 puntos en el Índice de Desarrollo Humano, a pesar de un impresionante ingreso per cápita de USD 20.800.

3 El informe Governance Matters 2009: Worldwide Governance Indicators, 1996-2008 del Banco Mundial muestra que la posición de Bahrein subió por encima de .50 sólo en 2003, para luego disminuir en forma constante hasta 2007, y aumentar levemente en 2008 a .36. Disponible en: <info.worldbank.org/governance/wg/pdf>.

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BANGLADESH

Publication_year: 
2009
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En Bangladesh han crecido la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. El alto precio de los granos y la alta inflación empujaron a la pobreza a 12,1 millones de personas más. Las catástrofes son más frecuentes y severas. Dos inundaciones consecutivas, más el Ciclón Sidr, junto con los precios mundiales de los alimentos provocaron problemas de suministro alimentario. Los más pobres y los hogares de jefatura femenina son los más afectados por la suba de precios de los productos básicos.

Más pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria

Unnayan Shamannay
Taifur Rahman
Arifur Rahman

En Bangladesh han crecido la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. El alto precio de los granos y la alta inflación empujaron a la pobreza a 12,1 millones de personas más. Las catástrofes son más frecuentes y severas. Dos inundaciones consecutivas, más el Ciclón Sidr, junto con los precios mundiales de los alimentos provocaron problemas de suministro alimentario. Los más pobres y los hogares de jefatura femenina son los más afectados por la suba de precios de los productos básicos.

Desde su independencia en 1971, Bangladesh ha llevado adelante una estrategia de desarrollo enfocada hacia lo interno, con una excesiva intervención del gobierno en cada aspecto de la actividad económica. Con una visión de la agricultura de tipo socialista, se alentó el cultivo cooperativo, mientras el gobierno controlaba la obtención y la distribución de semillas, fertilizantes, pesticidas y todo tipo de equipos agrícolas. Para proteger las granjas familiares de la competencia se establecieron diversas medidas, restricciones cuantitativas, tasas tarifarias muy diferenciadas (en un rango de 0% a 400%) y enormes subsidios, junto con un tipo de cambio supervalorado. Este ambiente restrictivo se vio reforzado por intervenciones políticas del mercado interno, en la forma de topes de crédito, licenciamiento arbitrario y control de precios.

Estas políticas no causaron ni un aumento sostenido de la producción ni eficacia productiva; al contrario, con el paso de los años se amplió la brecha entre la demanda y el suministro de productos agrícolas. Buscando una salida a la crisis de los años 1980, el país optó por un cambio de política: se apartó del dirigismo estatal y aplicó medidas más orientadas por el mercado, que se tradujeron en políticas sectoriales de apoyo a la liberalización macroeconómica. Las medidas de reforma adoptadas incluyeron la racionalización de las tarifas, la liberalización de la inversión en la irrigación, la privatización del comercio de fertilizantes, las importaciones de maquinaria agrícola, la entrega de semillas y los sistemas de distribución de alimentos, así como la gestión de los sistemas de investigación y extensión agrícolas. Además, las reformas en la agricultura condujeron a una disminución del papel del gobierno que se reflejó en la distribución de bienes, la reducción de subsidios, la liberalización de mercados con incentivos de precios de los productores, la eliminación y reducción gradual del sistema público de distribución de granos, la estabilización de los precios mediante políticas de compras con licitaciones abiertas y la liberalización de las importaciones de granos por el sector privado.

Los esfuerzos de liberalización no se limitaron a la agricultura. Toda la economía comenzó a experimentar una liberalización integral, en particular después de principios de los años 1990, en lo que fue una de los procesos de apertura más rápidos del mundo. Aunque algunos reclaman que fue demasiado rápido, el Banco Mundial observó: “Aunque la liberalización comercial en Bangladesh ocurrió de golpe, se han visto compromisos más fuertes y decisivos con la liberalización comercial en la mayoría del resto del mundo. Como resultado, está rezagado en la mayor parte de las medidas de apertura comercial. Incluso después de reducir la protección nominal en el presupuesto del año fiscal 2007, Bangladesh tiene el nivel más alto de protección comercial en la región que, a su vez, es la región comercialmente más restrictiva del mundo” 1.

A pesar de la creciente presión a favor de una mayor liberalización, deben evaluarse también los resultados de las medidas de liberalización pasadas. ¿Se benefició el pueblo del proceso de liberalización o los únicos beneficiarios fueron algunas gigantes multinacionales en expansión? Una de las consecuencias principales de las reformas integrales ha sido el aumento de la dependencia de las importaciones, incluyendo la de productos agrícolas. Por consiguiente, a pesar de ser una nación agrícola, el país ha estado perdiendo el control de los precios de muchos productos básicos que las personas necesitan diariamente.

El impacto de las crisis globales

El diagrama ilustra el impacto causado por las crisis mundiales interrelacionadas – cambio climático, precios de las materias primas y crisis económicas y financieras – en la pobreza y la inseguridad alimentaria en Bangladesh.

Cambio climático. Bangladesh encabeza la lista de países más afectados por el cambio climático. Uno de los más recientes que el país enfrenta es el aumento de la frecuencia y severidad de las catástrofes. El ciclón Sidr, que golpeó el cinturón costero de Bangladesh en 2007, fue uno de los desastres más devastadores en la historia del país y causó una pérdida enorme en recursos naturales y, lo que es más importante, contribuyó a una de las escaseces de alimentos más graves desde la hambruna de 1974. Esto coincidió con la suba de los precios mundiales de los alimentos y las materias primas y una escasez sin precedentes del suministro de alimentos en todo el mundo.

El ciclón Sidr y su impacto sobre la seguridad alimentaria constituyen solo un ejemplo de los muchos problemas que enfrenta el país como resultado del cambio climático. Los cambios en los patrones y temperaturas estacionales tienen un impacto negativo en la producción agrícola y en los costos de producción2. Por una parte Bangladesh lucha para producir los alimentos necesarios y, por otra, los precios de los alimentos siguen siendo altos debido al aumento de los costos de producción.

El cambio climático afecta en particular a algunos sectores pobres, que ahora están consideradas también como “las zonas calientes del cambio climático”. Los pobres y los indigentes que viven en esas zonas ecológicamente vulnerables enfrentan una realidad cada vez más difícil debido a los patrones cambiantes de la naturaleza. Por ejemplo, en la región noroeste del país la severidad de la erosión de los suelos causada por el flujo de los ríos ha aumentado considerablemente, haciendo aún más vulnerables a la pobreza y el hambre a los habitantes pobres de la zona. Del mismo modo, en las cuencas de agua del nordeste, los patrones de avance y retroceso del agua han cambiado y tienen un impacto negativo significativo en la producción de alimentos y la agricultura.

Precios de los alimentos. Además de la pérdida masiva de la producción nacional en 2007 y 2008 después de dos inundaciones devastadoras y el ciclón Sidr, otro factor contribuyente fue la suba mundial de los precios de los alimentos y las materias primas. La tasa de inflación de los alimentos para los pobres fue mucho más alta, superando el 20% a fines de 2007. La tabla 1 presenta las tasas oficiales de inflación de los alimentos, incluyendo la tasa total y la estimada para la canasta de alimentos de la línea de pobreza. Vale la pena mencionar que, aunque las abundantes cosechas de 2008 y 2009 produjeron un aumento del suministro de alimentos y que, debido al control cuidadoso del Gobierno, los precios de los alimentos, en particular del arroz y el aceite comestible bajaron considerablemente, el problema sigue siendo la distribución. El nivel de inseguridad alimentaria en los hogares más pobres, en especial en las áreas ecológicamente vulnerables, no se ha solucionado. Además, los altos costos de producción redujeron el margen de ganancia de los agricultores. Un estudio del grupo de expertos del Centro para el Diálogo Político (CDP) con sede en Dhaka, indica que el 48,5% de la población no tiene suficiente dinero para comprar productos alimenticios básicos como el arroz, en comparación con el 40% en 20053. El informe del CDP destaca que, “a consecuencia de los precios altos de los granos y el nivel alto de la inflación general, unos 12,1 millones de personas más (8,5% de la población total) se volvieron pobres, entre enero de 2005 y marzo de 2008”.

Inflación. Desde fines de 2007, la tasa de inflación, que había sido prácticamente invisible durante la década anterior, alcanzó los dos dígitos – llegando al 11,21% en noviembre, según la Oficina de Estadística de Bangladesh. La carga de la inflación recayó desproporcionadamente en los sectores más pobres de la sociedad. Algunos estudios muestran que los más pobres y los hogares de jefatura femenina fueron los más golpeados por la suba de precios de los bienes esenciales4.

El resultado concreto de todo lo expuesto es que podría haber aumentado la pobreza extrema, la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria. Se teme que la tasa de pobreza extrema pueda haber aumentado en términos reales, agravada por la constante inseguridad alimentaria, sobre todo en las zonas de pobreza y vulnerabilidad extremas.

1 Banco Mundial. Bangladesh: Strategy for Sustained Growth. Bangladesh Development Series, 2007.

2 Parlamento Europeo (2008). “Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh”. Disponible en: <www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195>.

3 Ver: <www.idsa.in/publications/stratcomments/AnandKumar300708.htm>.

4 UNICEF (2009). “A Matter of Magnitude. The Impact of the Economic Crisis on Women and Children in South Asia”. Disponible en: <www.unicef.org/rosa/Complete_Matter_of_Magnitude.pdf>.

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Region: 
left

BENIN

Publication_year: 
2009
Summary: 
La múltiple crisis ha tenido variado impacto sobre la productividad y economía beninesas, volviendo mayor la vulnerabilidad de las poblaciones, en particular las más pobres. La sociedad civil ha colaborado como socio y enlace del gobierno en la promoción de medidas de combate a la crisis, al tiempo que promueve, entre otras, la revolución verde, la universalización de la alimentación escolar, la inversión en investigación agrícola y sobre cambio climático, así como sobre transferencia de tecnología.

La sociedad civil a la vanguardia

SW Benin

La múltiple crisis ha tenido variado impacto sobre la productividad y economía beninesas, volviendo mayor la vulnerabilidad de las poblaciones, en particular las más pobres.  La sociedad civil ha colaborado como socio y enlace del gobierno en la promoción de medidas de combate a la crisis, al tiempo que promueve, entre otras,  la revolución verde, la universalización de la alimentación escolar, la inversión en investigación agrícola y sobre cambio climático, así como sobre transferencia de tecnología.

La crisis múltiple ha tenido variado impacto sobre la productividad y economía beninesas, volviendo mayor la vulnerabilidad de pueblos y aldeas, en particular, las más pobres. Ya se han reducido los márgenes de maniobra y podrían reducirse los recursos para la financiación de pequeñas y medianas empresas, la ayuda pública al desarrollo y los flujos de inversiones extranjeras directas.

El Presidente Yayi Boni, banquero de profesión, manifestó su indignación cuando el saliente presidente de Estados Unidos, George Bush buscó suprimir la crisis financiera en los Estados Unidos poniendo a disposición de los grandes bancos estadounidenses en quiebra USD 710.000 millones, medida imitada por Europa, que para lo mismo ha dispuesto más de EUR 1,3 billones (USD 1,7 billones). Boni se preguntó de dónde Bush podría sacar ese dinero y declaró que, al fin y al cabo, son los países pobres los que van a terminar pagando los costos de la crisis. Reclamó una mejor gobernanza mundial y una reforma de las Naciones Unidas que incluya dos asientos para África en su Consejo de Seguridad.

Crisis financiera y alimentaria
En Benín la canasta familiar ya no está surtida, el transporte rural de los productos alimenticios hacia las ciudades se ha vuelto infrecuente y el coste de los materiales para la construcción aumentó. Varias obras, se han detenido, entre ellas las del Estado, que ha tenido que hacer uso de su poder para adquirir los materiales de construcción y seguir con las obras más importantes, en detrimento de los de las poblaciones rurales – en particular, las más pobres. Estas poblaciones se han visto obligadas a agotar sus recursos económicos y no cuentan con capacidad de invertir en la educación y la salud de sus familias.

El alza en el costo del barril de petróleo, el desarrollo de los agro-combustibles y la especulación internacional condujeron al mundo entero, y especialmente a África, a una crisis sin precedentes en 2008. Benín fue afectado por un alza generalizada de los precios de los productos de primera necesidad que, por ejemplo en el producto de mayor consumo, el maíz, llegó a un 220%. La actual crisis se hace sentir incluso más, en particular por una escalada en los precios y por la escasez de los productos locales. La baja productividad agrícola y la creciente demanda condujeron a la sobrepuja de los productos alimenticios locales y a dificultar la llegada de alimentos a los hogares, sobre todo a los más vulnerables.

Las medidas del Estado

Como en 2008, el Gobierno ha respondido por medio de desgravaciones fiscales y la constitución, por parte de la Oficina Nacional para la Seguridad Alimentaria, de un stock tapón (stock temporal, utilizado como margen de reserva). Estas medidas permitieron reabsorber en algo los efectos de la crisis en 2008, si bien, por sobre todo, enriquecieron a los comerciantes, quienes siguieron vendiendo caro y lograron importantes beneficios que cargaron sobre las espaldas de los consumidores y del Estado.
 
Del mismo modo, procedió a la supresión del IVA y a la subvención de algunos productos alimenticios (25% por ejemplo para el arroz, la leche y el azúcar), a la institución del control de los precios, a una campaña de sensibilización sobre toda la extensión del territorio nacional, a la instauración de tiendas-testigo por parte de la Oficina Nacional para la Seguridad Alimentaria en los 77 municipios del país, y a la creación de un Comité nacional de gestión de la carestía de la vida, descentralizado en Comités departamentales y comunales. El país fue favorecido, además, por importantes subvenciones de cereales (arroz y maíz) y azúcar que venían de Libia y países del Golfo.

A pesar de estas medidas, los consumidores más pobres y más vulnerables siguen teniendo gran dificultad para acceder a los alimentos, sin recibir reales beneficios de las subvenciones. Los Comités establecidos funcionan muy poco a causa de la no disponibilidad de los recursos financieros prometidos por el Estado cuando fueran instalados. Para el largo plazo, se elaboraron y se aplicaron dos programas: el Programa Urgente de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, con un costo total de unos USD 128 millones y el Programa de Diversificación Agrícola por la Valorización de los Valles estimado USD 20,5 millones.

 

El papel de la sociedad civil

Las campañas de interpelación del Gobierno con respecto a la carestía de vida fueron organizadas a través de las organizaciones de la sociedad civil. Las asociaciones del consumidor acompañaron al Estado en una supervisión estratégica permanente sobre la evolución de los precios y ayudaron a elaborar propuestas a través de su participación en los trabajos de los comités de gestión de la carestía de la vida, la publicación de comunicados de prensa y la organización de ruedas de prensa.

Crisis energética

El alza en el precio del barril ha llevado a que las poblaciones, ya acostumbradas al uso de combustible “kpayo” (adulterado), incrementaran su consumo. Hay una muy escasa frecuentación de las estaciones oficiales de productos derivados del petróleo, lo que redunda en una reducción de los ingresos del Estado.
 
Por otra parte, en 2002 los resultados del censo general de la población y el hábitat (RGPH-3) pusieron de manifiesto que apenas algo más de uno de cada 5 hogares (22,4%) tiene acceso a una fuente pública de electricidad, por lo que el alumbrado a petróleo sigue prevaleciendo en un 77% de los hogares.  Al respecto, todo parece indicar que Benín no ha aprendido ninguna lección de la crisis anterior. Después de haber hecho la vista gorda durante un año, esperando que la solución viniera del exterior – en particular la interconexión entre la Transmission Company of Nigeria y la Comunidad Eléctrica de Benín – el país por fin se comprometió a comprar turbinas a gas, algo que tarda en convertirse en realidad.

Entre tanto, las actividades de la población en general se han visto paralizadas, y en particular las de industrias y microempresas, lo que redunda, entre otras cosas, en el alza del precio del cemento, la interrupción en la distribución de agua potable, la avería repetida de los aparatos (electrodomésticos, informáticos etc.) en los poblados, la imposibilidad de los empresarios de honrar sus compromisos frente a las instituciones financieras y la reducción del rendimiento en las administraciones ya sean públicas o privadas.

Durante mucho tiempo el Estado subvencionó los precios del petróleo, hasta que se declaró “desarmado” por el peso de esta subvención sobre el presupuesto. Tras la caída del costo del barril del petróleo, el Estado renunció a ganancias para desalentar la venta informal del  kpayo, que causa múltiples males a las poblaciones.

En respuesta a los compromisos de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), en las conferencias cumbre, de diciembre de 2001 y enero de 2002, para instituir un sistema de intercambio de energía eléctrica que atendiera la creciente demanda de la región, los estados miembros crearon el Proyecto de Interconexión Eléctrica 330kV Ghana-Togo-Benín. El mismo, que requiere una enorme inversión financiera, está pensado para favorecer la comercialización de la electricidad, mejorar su suministro, ayudar a reducir los costos de producción y a colmar el déficit en las centrales hidroeléctricas durante los períodos de sequía.

Por otra parte, en el marco de la Estrategia de la Creciente de la Reducción de la Pobreza (SCRP), el Gobierno inició reformas en el sector de la electricidad que deberían a largo plazo aumentar la eficacia de su gestión para permitir una distribución satisfactoria en calidad y en cantidad. Por otra parte concedió ventajas fiscales a los operadores privados para incitarles a dotarse con unidades de producción de la Sociedad Beninesa de Energía Eléctrica (SBEE).

Crisis climática

La crisis climática se manifiesta en Benín por una mayor variación de las precipitaciones, una disminución de la pluviosidad en relación a la media anual (15% hasta 2025) en el noroeste del país, mayor recurrencia de fenómenos extremos, como fuertes lluvias y tormentas, acortamiento de la duración temporada lluviosa, retraso e irregularidad del comienzo de precipitaciones, aumento a largo plazo de la temperatura media (+1 a +2 hasta el final del siglo XXI). Esto compromete la agricultura, los recursos acuíferos, los ecosistemas lacustres del bajo-Benín, el litoral y los parques y reservas naturales del país. Las tres cuartas partes de la ciudad de Grand-Popo ya se encuentran sumergidas en el mar. La capital Cotonou, al este del Puerto, se encuentra  en plena erosión. Se proyectan escenarios, para 2035-2050, en los que la erosión alcanzará los 40 cm.
 
Además, se prevén impactos en la biodiversisdad: una sensible disminución de las precipitaciones al norte del 8º paralelo habrá de modificar sensiblemente el ritmo de recambio de las capas (reducción de 20% al 40%), y la sobreexplotación de las reservas de agua de la meseta de Calavi, que va a aumentar la intrusión salina.

Las proyecciones prevén que, para 2025, un 52% de los benineses vivirán en las ciudades (hoy lo hace el 37%). Es necesario, desde ya, reconsiderar los medios de transporte urbano y el consumo de energía, para volverlos menos contaminantes. Por otra parte, el cambio climático tendrá repercusión directa en la producción rural. Se anticipa que el rendimiento del arroz bajará un 25% y el de la judía de vara un 15%, en tanto que el ñame, alimento básico de Benín central, aumentaría en un 4% para 2050. En este escenario, entre el 50% y 60% de las poblaciones del Benín meridional estarían sumidas en inseguridad alimentaria en tanto en la zona central del país entre un 25,9% y un 33%.

En términos de estrategias para una adaptación al cambio climático en la explotación duradera de las cuencas vertientes al Norte Occidental, el Gobierno, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, inició el proyecto-piloto del ProCGRN. Los ejes de intervención de este proyecto son los siguientes:

  • Sensibilización de los destinatarios finales sobre los cambios climáticos, los efectos sobre sus condiciones de vida y sobre las medidas de adaptación.
  • Gestión íntegra de las cuencas vertientes para una reducción de la erosión y una mejor infiltración del agua.
  • Mejora de la disponibilidad en agua potable y de recursos hidráulicos para la agricultura.
  • Difusión de los resultados conseguidos.

Por otra parte, Benín elaboró su Programa de Acción Nacional para la Adaptación (PANA) al cambio climático. En la aplicación de las actividades previstas en el programa, el país ya se benefició de USD 3.100 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. En el marco de la 15ª reunión del grupo de expertos de los Países Menos Avanzados (PMA) de marzo de 2009 se discutió sobre cambio climático y se buscó garantizar el éxito de la aplicación de las medidas prioritarias, inmediatas y urgentes contenidas en los PANAs al cambio climático. Se constató entonces que, a diciembre de 2008, 39 de los 48 PMA habían terminado la elaboración de su PANA pero, hasta entonces, solamente Bután había comenzado la aplicación de su primera medida de adaptación. Esto muestra la dificultad y la complejidad de aplicación de las medidas prioritarias de adaptación. Según el Ministro beninés de medio ambiente y protección de la naturaleza, Justin Adanmayi, uno de los puntos críticos en la aplicación del PANA es el acceso a los recursos del fondo PMA y la movilización de las financiaciones complementarias necesarias, en particular, la contrapartida nacional para garantizar la realización in situ de las actividades de adaptación.

La sociedad civil ha realizado campañas de sensibilización en distintas poblaciones respecto a la degradación de las formaciones de manglares que reducen considerablemente la productividad de las lagunas y amenazan su ecosistema.

Recomendaciones

Crisis alimentaria

  • Hacer frente, a corto plazo, a las necesidades alimentarias urgentes para prevenir la desnutrición.
  • Hacer efectiva la revolución verde en Benín con el fin de duplicar los rendimientos agrícolas, reforzar el crecimiento económico y combatir el hambre.
  • Aplicar programas de alimentación escolar a nivel nacional, por medio de productos alimenticios producidos localmente y procurar que la necesidad de micronutrientes sea cubierta, por medio de programas nacionales de nutrición.
  • Invertir mucho más en investigación agrícola, en particular en lo que refiere a cultivos y ganadería de alto rendimiento, a las técnicas de producción agrícola duradera, al control del agua, así como también a las repercusiones previsibles del cambio climático.
  • Promover la producción, transformación y consumo de los alimentos locales ricos.
  • Hacer económicamente activas a las poblaciones desfavorecidas a través de los AGR [por su sigla en francés, Actividades Generadoras de Ingreso] y el desarrollo de las micro-finanzas.

Crisis climática

  • Reforzar las capacidades de los protagonistas y responsables a niveles nacionales, departamentales y comunales.
  •  Integrar la problemática de cambio climático en las estrategias y planes de acción a distintos niveles.
  • Integrar el tema del cambio climático en los currículos de enseñanza primarios, secundarios y superiores.
  • Apoyar a las ONG,  verdaderas socias-enlace entre las estructuras gubernamentales y las comunidades de base.
  • Iniciar investigaciones profundas en temas de transferencia de tecnología y de la valorización de los conocimientos locales para la adaptación a los efectos perversos del cambio climático.
1 Ver: <www.togocity.com/article.php3?id_article=3138>.
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Region: 
left

BIRMANIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Gobernada por una Junta Militar, la población birmana vive en crisis perpetuas, ya sea económicas, políticas, alimentarias o ambientales. Éstas se han combinado para crear una situación de pobreza extrema, falta de derechos básicos y condiciones sociales cada vez más deterioradas. Las organizaciones populares, que pueden constituir una parte de la sociedad civil en el futuro, tienen muy poco desarrollo y están prohibidas o perseguidas por el Gobierno. Los derechos se reservan sólo para la élite militar y sus aliados, mientras que los ciudadanos más vulnerables sufren la crisis y los desastres de manera desproporcionada.

Muchas crisis sin respuestas

Burma Lawyers’ Council

Gobernada por una Junta Militar, la población birmana vive en crisis perpetuas, ya sea económicas, políticas, alimentarias o ambientales. Éstas se han combinado para crear una situación de pobreza extrema, falta de derechos básicos y condiciones sociales cada vez más deterioradas. Las organizaciones populares, que pueden constituir una parte de la sociedad civil en el futuro, tienen muy poco desarrollo y están prohibidas o perseguidas por el Gobierno. Los derechos se reservan sólo para la élite militar y sus aliados, mientras que los ciudadanos más vulnerables sufren la crisis y los desastres de manera desproporcionada.

Como resultado de 47 años de políticas desacertadas, opresión y corrupción del Consejo de Desarrollo y Paz Estatal gobernante (CDPE), las crisis mundiales actuales, que afectan a los mercados financieros, la disponibilidad de bienes básicos y el ambiente, han golpeado a los birmanos más rápida y duramente que a otros pueblos alrededor del mundo.

A fines de 2006, con un ingreso anual per cápita situado en cerca de USD 300, el costo de los bienes alimentarios básicos aumentó entre 30% y 40% – una amenaza tremenda para las personas que gastan 70% de sus ingresos en alimentos1. En agosto de 2007, el Gobierno redujo los subsidios al combustible, lo que se tradujo en aumentos del precio de la gasolina. Muchas personas ni siquiera podían ir a trabajar. Al aumentar el precio de los bienes básicos otras cuatro a cinco veces, estallaron por todo el país protestas pacíficas lideradas por los monjes budistas y los vestigios de la sociedad civil birmana. En respuesta, el Gobierno tomó medidas extremas y brutales, disparando contra muchedumbres desarmadas y saqueando monasterios por la noche. Casi 2.000 civiles se convirtieron en presos políticos2. Los participantes recibieron largas condenas de prisión.

Luego, en mayo de 2008, el Gobierno no advirtió sobre el advenimiento inminente del ciclón Nargis, que golpeó el Delta del Irrawaddy con fuerza devastadora. Aproximadamente 140.000 personas murieron, mientras que el desastre afectó directamente a por lo menos 3,4 millones. El Gobierno negó la entrada a los trabajadores de ayuda en las regiones más devastadas y cerró los campos para ciudadanos desplazados, obligándolos a volver a las zonas afectadas por la inundación sin alimentos, agua, refugio o asistencia médica3. El CDPE también embaló de nuevo los paquetes de ayuda externa para hacerlos parecer como si el Gobierno fuera el donante. Amnistía Internacional expresó preocupación de que el Gobierno estuviera usando el sufrimiento de sus ciudadanos a consecuencia del ciclón para aumentar su control y ampliar el alcance de sus programas de trabajo obligatorios entre una población carente de recursos para satisfacer sus necesidades más básicas4.

En el mismo mes, el Gobierno llevó a cabo un referéndum muy desacreditado sobre la nueva constitución, aprovechando el desplazamiento de las víctimas del ciclón. Muchas de ellas no pudieron votar el 10 de mayo (el día previsto originalmente para la votación) ni en la votación adicional que tuvo lugar el 24 de mayo bajo pretexto de tener en cuenta a los votantes desplazados. También se informa que hubo funcionarios del Gobierno que cambiaron paquetes de ayuda externa por votos y trabajo5. Las crisis mundiales actuales: financiera, ambiental y alimentaria intensificaron las privaciones que los birmanos ya sufrían. Sin embargo, ante esta situación extrema, el CDPE no ha mostrado ninguna intención de cambiar sus políticas ni su sistema de gobernanza.

La crisis financiera

Por mucho tiempo Birmania ha sufrido crisis financieras internas. La inflación de los precios de los bienes básicos, incluyendo los alimentos y el combustible, llevó a protestas generalizadas porque las personas ya no podían pagar siquiera esos bienes y porque el aumento de precios se tradujo en pérdidas de trabajo. Además, la crisis del crédito afectó indirectamente a los trabajadores por la disminución de la inversión en industrias domésticas. Prácticamente no existe el mercado de crédito para los consumidores o pequeños comerciantes. En realidad, el desarrollo de una economía de libre mercado en el país es un mito y el derecho de desarrollar industrias está reservado para la Junta gobernante, sus familias y sus aliados6.

Además, el mal uso que hace el CDPE de los fondos nacionales, con el fin de aumentar los gastos militares, sigue teniendo consecuencias graves para los más pobres y desamparados. El Gobierno fue incapaz de apoyar a sus ciudadanos después del ciclón sin una ayuda externa significativa, pero gasta casi la mitad de su presupuesto en los militares.

La crisis financiera mundial ha empeorado la realidad económica del país. Las industrias de la pesca, minería, vestimenta, alimentos y publicitaria, por ejemplo, han sufrido las consecuencias7. Los birmanos que viven en el exterior también tienen problemas económicos y no pueden enviar tanto dinero a sus familias como lo hacían antes. En los países desarrollados, la demanda por los bienes de fábricas donde trabajan los emigrantes birmanos ha disminuido, por lo que se redujo la disponibilidad de empleos para los trabajadores migrantes y, además, aumentaron los abusos de los empleadores que intentan maximizar sus márgenes de ganancia8.

La crisis ambiental

La degradación ambiental va en aumento, en tanto el CDPE pone en venta los derechos de recursos nacionales, tanto minerales como biológicos. Los países vecinos de Birmania, con la aquiescencia del Gobierno, explotan los recursos naturales del país sin prestar atención a las consecuencias ambientales y culturales. Actualmente, en el estado de Kachin, los madereros chinos extraen la madera sin considerar los impactos a corto o largo plazo, sin emplear a trabajadores birmanos y sin brindar estímulo alguno a la economía local9. Del mismo modo y por largo tiempo, el CDPE ha vendido los derechos a las ricas reservas minerales de Birmania, incluyendo oro y gemas, sin ningún tipo de supervisión de los efectos sobre el medioambiente.

Durante las dos décadas pasadas, Birmania ha tenido una de las tasas más altas de deforestación, con una pérdida de cerca del 20% de sus bosques10. Esto ocurre a pesar de las advertencias de daños ambientales generalizados cuando el desarrollo no toma en consideración la interdependencia de los ecosistemas11. Actualmente se están proyectando y construyendo varias grandes represas en los principales ríos birmanos, por parte de corporaciones y gobiernos de China, India y Tailandia que amenazan la biodiversidad del país12. Los beneficios financieros van a parar a los jefes militares, mientras la población sufre los daños.

La crisis alimentaria

La crisis alimentaria mundial ha afectado directamente a Birmania, cuya población ha sufrido durante décadas una crisis alimentaria localizada, doméstica, con una reducción dramática de la ingesta proteica13. Mientras Birmania es técnicamente un país con “superávit alimentario” porque produce más alimentos de los que consume, los inadecuados planes de distribución han dejado a la población severamente desnutrida – el 32% de los niños tiene insuficiencia ponderal14. La mayor parte de la población está en grave riesgo de sufrir escasez de alimentos cuando los desastres naturales y los incidentes ambientales son mal manejados; ejemplo de esto fueron las secuelas de ciclón Nargis. Recientemente, en el estado de Chin, una plaga de ratas puso a 100.000 personas en riesgo de inanición y, aún así, el Gobierno no proporcionó ayuda alguna15.

Crisis en la educación

La financiación para la educación, tanto como porcentaje del PIB como en cifras absolutas, ocupa el lugar más bajo a nivel mundial con un mero 1,2% del PIB16. A nivel nacional, sólo cerca de un tercio de los estudiantes que entran en la escuela primaria o secundaria completa el plan de estudios17

Crisis política

Por encima de todos los otros factores está el desmembrado sistema político. El CDPE y sus dictadores predecesores se han negado a permitir una transición verdadera a la democracia, a pesar de la decadencia aguda del país desde que los militares tomaron el poder. Los “Siete Pasos hacia la Democracia” del régimen son vistos en general como un camino de siete pasos al atrincheramiento militar permanente. Entre otros temas, la nueva constitución refuerza el control ilimitado de los militares sobre las operaciones del gobierno, no asegura una judicatura independiente y carece de protecciones significativas a los derechos humanos18. Varios grupos políticos prominentes, como la Liga Nacional para la Democracia (LND), el Nuevo Partido del Estado de Mon, el Frente Democrático Nacional de Mon y la Organización por la Independencia de Kachin, se negaron a participar en el referéndum constitucional. Varios grupos de oposición claves, liderados por la LND, planean boicotear las próximas elecciones de 2010.

Además, entre los militares se está gestando una crisis potencial entre el CDPE y el Ejército Unido del Estado de Wa (EUEW), que controla parte del estado de Shan. Aunque los grupos acordaron un alto el fuego en 1989, el EUEW rechazó la orden de desarmarse y transformarse en una milicia controlada por el Gobierno. El EUEW ha estado imprimiendo documentos oficiales como “Gobierno del Estado de Wa, Región Autónoma Especial, Unión de Myanmar”, y ha declarado que no entregará las armas ni participará en las elecciones de 2010 a menos que le concedan este estatus19.

El CDPE continúa arrestando y deteniendo a cualquiera que se atreva a criticar la política del gobierno, un claro indicador de su falta de voluntad para permitir cambios significativos en la esfera política. El año pasado, prolongaron el arresto domiciliario de Daw Aung Suu San Kyi, Premio Nóbel y líder democráticamente elegida. El popular cómico y comentarista social Zaganar fue condenado a 45 años de prisión por criticar la respuesta del Gobierno frente al ciclón Nargis. Actualmente, hay aproximadamente 2.100 presos políticos20.

La sociedad civil bajo sospecha

En tiempos de crisis, las organizaciones de la sociedad civil son cruciales para brindar ayuda y una voz alternativa que contribuya a solucionar los problemas nacionales más apremiantes. En Birmania, sin embargo, dichas organizaciones tienen muy poco desarrollo, y están prohibidas o perseguidas por el CDPE. Los grupos prominentes que tienen permiso para existir simplemente sirven de apoyo a los militares. Por ejemplo, la Cuadrilla Auxiliar de Bomberos sirve principalmente como una fuerza antidisturbios. Asimismo, los grupos de mujeres con el visto bueno del Gobierno promueven la política gubernamental en vez de cabildear para cambiarla. Aunque existen algunas organizaciones comunitarias, deben recibir permiso del Gobierno para emprender cualquier actividad21. Además, si se encuentra que algún integrante de las organizaciones hizo algo “ilegal”, que a menudo significa simplemente oponerse al Gobierno, es castigado22.

Conclusión

Bajo la Junta Militar, la población birmana vive en crisis perpetuas, ya sea económicas, políticas o ambientales. En años recientes, estas crisis se han alimentado recíprocamente, perpetuando así un pernicioso status quo. En respuesta, el Gobierno aumenta sus medidas enérgicas y arresta a las personas y se niega a brindar algún tipo de red de protección a sus ciudadanos. Esto ha creado un país con derechos reservados sólo para la élite militar y sus aliados, mientras los ciudadanos más vulnerables se ven afectados desproporcionadamente por la crisis y los desastres.

1 Head, J. “The Hardship that Sparked Burma’s Unrest”. BBC News, 2 de octubre de 2007. Disponible en: <news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7023548.stm>.

2 Head, J. “Burma Leaders Double Fuel Prices”. BBC News, 15 de agosto de 2007. Disponible en: <news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6947251.stm>. Y también: Assistance Association for Political Prisoners. Crackdown in Burma Continues, 31 de enero de 2008. Disponible en: <www.aappb.org/release100.html>.

3 Tun, A. H.  “Myanmar Cyclone Toll Rises to 138,000 Dead, Missing”. Reuters, 24 de junio de 2008. Disponible en: <uk.reuters.com/article/featuredCrisis/idUKBKK15852620080624?>.

4 Amistía Internacional. “Myanmar Briefing: Human Right Concerns a Month after Cyclone Nargis”. 2 de junio de 2008. Disponible en: <www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/013/2008/en/85931049-32e5-11dd-863f-e9cd398f74da/asa160132008eng.pdf>.

5 Yeni y Min Lwin. “Massive Cheating Reported from Polling Stations”. The Irrawaddy, 10 de mayo de 2008. Disponible en: <www.irrawaddy.org/article.php?art_id=11923>.

6 Pepper. D. “In Burma, Business Ventures Start with Military”. SFGate, 13 de noviembre de 2008. Disponible en: <www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/11/12/MNNU12SBS8.DTL>.

7 Ver, por ejemplo, Mizzima, “Burmese Fishery Export Hit Hard”, 27 de noviembre de 2008; “China Slowdown Hits Burmese Mining”, 28 de enero de 2009; “Ad Industry in Burma in Doldrums”, 14 de febrero de 2009; “Rangoon Factories Begin Cutting Jobs”, 5 de febrero de 2009. Disponible en: <www.mizzima.com/news/global-financial-crisis-a-burma.html>.

8 Entrevistas a trabajadores fabriles en Mae Sot, Tailandia, realizadas por personal del Burma Lawyers’ Council en junio de 2008.

9 Kachin News Group. “China Resumes Importing Timber from Northern Burma”. Kachin News, 17 de diciembre de 2008. Disponible en: <www.kachinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=678:china-resumes-importing-timber-from-northern-burma&catid=1:latest-news&Itemid=50>.

10 Mongobay.com (s/f). “Myanmar: Environmental Profile”. Disponible en: <rainforests.mongabay.com/20myanmar.htm>.

11 Curtis, G. “Christian Aid Warns of Burma Environmental Damage”. Christian Today, 15 de mayo de 2007. Disponible en: <www.christiantoday.com/article/christian.aid.warns.of.burma.environmental.damage/107>.

12 Pichai, U. “Environmentalists Demand Halt to USD 35 billion Burma Dams”. Mizzima, 16 de marzo de 2009. Disponible en: <www.mizzima.com/news/inside-burma/1844-environmentalists-demand-halt-to-us-35-billion-burma-dams.html>.

13 Suu Kyi, A.S. “Breakfast Blues”. En Letters from Burma. 1998, pp. 27-30.

14  WFP  (s/f). “Myanmar”. World Food Programme (WFP). Disponible en: <www.wfp.org/countries/Myanmar>.

15  Carroll, B. “Rampaging Rats Bring Starvation to Burma”. BBC News, 26 de septiembre de 2008. Disponible en: <news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7633986.stm>.

16 CIA (2009). World Factbook, Burma. Disponible en: <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html>.

17 Asian Tribune “Child Education in Burma”. Asian Tribune,3 de septiembre de 2003. Disponible en: <www.asiantribune.com/oldsite/show_article.php?id=850>.  

18 Ver: Htoo, A.U. “Analysis of the SPDC’s Constitution from the Perspective of Human Rights”. Legal Issues on Burma Journal, Nº 30, 2008; y otras dos publicaciones del Burma Lawyers’ Council. “2010 Elections: No Hope for Human Rights”. Legal Issues on Burma Journal, Nº 30, 2008, y “Statement on the Failure of the 2008 SPDC Constitution to Protect Judicial Independence”. 4 de diciembre de 2008.

19 Weng. L. “UWSP Proposes Autonomous Wa Region”. The Irrawaddy, 5 de enero de 2009. Disponible en: <www.irrawaddy.org/highlight.php?art_id=14874>.

20 France 24. “Online Mobilization for Political Prisoners in Burma”. Disponible en: <www.france24.com/en/20090319-web-mobilisation-political-prisoners-burma-egypt-activist-rio-wireless-brazil>.

21 Ni Aung, M.A. “Creating Space in Myanmar/Burma”. En Zarni (ed.) Active Citizens Under Political Wraps: Experiences from Myanmar/Burma and Vietnam. Chaing Mai: Heinrich Boll Foundation. 2006.

22 Lorch, J. “Civil Society Actors and Their Room for Maneuver in Myanmar/Burma”. En Zarni (2006), ibid.

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BOLIVIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
El país ha visto pasar un ciclo de crecimiento mundial y no supo aprovechar el aventón para acompasar a ritmo propio. Ahora que la crisis global se profundiza, la economía boliviana apenas se enteró de que hubo auge, y ya lo mira de lejos. Estas tendencias expresan el escaso efecto distributivo de los procesos económicos recientes. En Bolivia, por otra parte, la reacción del empresariado ante la crisis es impulsar negociaciones desiguales cuyos efectos caigan sobre las espaldas de los trabajadores, reduciendo beneficios y salarios y aumentando los despidos.

LA HORA DE LA VERDAD

Javier Gómez y Gustavo Luna1
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)

El país ha visto pasar un ciclo de crecimiento mundial y no supo aprovechar el aventón para acompasar a ritmo propio. Ahora que la crisis global se profundiza, la economía boliviana apenas se enteró de que hubo auge, y ya lo mira de lejos. Estas tendencias expresan el escaso efecto distributivo de los procesos económicos recientes. En Bolivia, por otra parte, la reacción del empresariado ante la crisis es impulsar negociaciones desiguales cuyos efectos caigan sobre las espaldas de los trabajadores, reduciendo beneficios y salarios y aumentando los despidos.

El primer resultado de la crisis económica mundial ha sido el sinceramiento sobre la verdadera capacidad del sistema capitalista para desarrollar procesos sostenidos de mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus hogares. Este hecho, que ahora se manifiesta de manera más palpable en los países más ricos del planeta –el epicentro del último terremoto financiero–, ha sido más persistente en la periferia subdesarrollada.

Bolivia es un testimonio fehaciente de esta sistémica incapacidad del capitalismo, de persistencia estructural, es decir, anterior a esta última manifestación de la crisis del capitalismo. En este sentido, la temprana inserción de Bolivia en el mercado mundial como proveedor de materias primas no pudo ser modificada durante casi 200 años de vida republicana y esto la ha maniatado, de forma permanente, a una vulnerabilidad estructural. Por ello, el país no aprovecha adecuadamente los ciclos económicos expansivos, mientras que los “episodios” críticos sólo hacen que su vulnerabilidad ante los shocks externos sea más evidente.

La crisis

La actual crisis económica mundial no es un “episodio grave” más, producto de la falta de regulación en los mercados financieros; se trata de una crisis sistémica expresada en la totalidad del capitalismo y en todos los ámbitos de la producción (energético, alimentario, ecológico, social y cultural), que trae a colación las contradicciones internas relativas a la sobreproducción, la tendencia estructural a la caída en la tasa de ganancia y una depresión general en el consumo, resultado de la necesidad de extraer más ganancia a través de una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Con ese telón de fondo, es más fácil comprender la “irracionalidad” en torno a la especulación financiera, que fue la salida, en el capitalismo monopólico, para obtener ganancias extraordinarias en la circulación del capital, en un contexto mundial de profundización de la liberalización del mercado financiero.

Esta es una crisis profunda, que vino para quedarse por un largo tiempo. Ya ha desnudado la terrible fragilidad de las economías subdesarrolladas, que son una muestra del carácter propio del desarrollo capitalista, es decir, economías fuertemente concentradoras de las ganancias, desiguales entre países y dentro de ellos.

Esta característica se manifiesta en Bolivia en el magro desarrollo de su base industrial, con una fuerte concentración de la riqueza y una amplísima mayoría de hogares persistentemente inmersa en la precariedad. En oposición, se ha desarrollado un sector primario exportador fuerte, con presencia importante de capitales transnacionales, que ha tenido su auge en estos últimos siete años en torno a la exportación de gas y minerales, fundamentalmente.

Detrás del espejismo

En tanto la economía mundial se recuperaba luego de la “crisis asiática” de 1999, el comercio se expandió rápidamente y creció la demanda de materias primas. La economía boliviana creció en los últimos cuatro años (2005–2008) a un ritmo promedio cercano al 5%. Lo anterior responde al incremento de su valor de exportaciones por efecto de los extraordinarios precios de materias primas (minerales e hidrocarburos, esencialmente). La administración del presidente Evo Morales catalogar de exitosa su política económica pos-neoliberal. Sin embargo, países como Perú, con una política económica fiel al neoliberalismo, mostraba tendencias mayores en el crecimiento de su producto y sus exportaciones. De hecho, el auge económico escondía múltiples deficiencias estructurales.

El desempeño de algunos indicadores sociales no acompañó al de los macroeconómicos. Por ejemplo, la reducción de la pobreza en la región fue rápidamente neutralizada por la fuerte subida de los precios de los alimentos, aspecto que impactó severamente en los pauperizados ingresos de los hogares pobres que destinan gran parte de los mismos a su dieta.

Sobre esta realidad asomó otro espejismo: el envío de las remesas generadas por los trabajadores y trabajadoras emigrantes, que en Bolivia alcanzó dimensiones importantes durante 2007 y 2008 (superaron los USD 1.000 millones, algo más del 6% del PIB)2. Este hecho contribuyó a la ampliación del consumo de los hogares y un impulso al crecimiento de sectores como la construcción y los servicios3.

Sin embargo, la sostenibilidad de las remesas siempre pendió de un hilo, y su fragilidad fue más evidente cuando los países de la Unión Europea comenzaron a implementar “directivas de retorno” ya a inicios de 2008, cuando la crisis no asomaba todavía. Este proceso se aceleró fuertemente a partir de septiembre de ese año, cuando la crisis golpeó la  construcción, manufactura y servicios personales, sectores que empleaban a la mayoría de estos trabajadores.

El retorno de los trabajadores emigrantes significa una presión adicional para el mercado de trabajo boliviano, que ya está asolado por la subocupación, y promoverá aún más la depresión de los salarios por la sobreoferta de fuerza de trabajo, el incremento de la tasa de desempleo abierto y el empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Los ingresos, ese talón de Aquiles

El ingreso per cápita de los bolivianos aumentó 34,3% entre 2002 y 20074; esto hizo que, para la cooperación internacional, Bolivia pasase de ser un país de ingresos bajos a uno con ingresos medios; sin embargo, la persistente desigualdad en la distribución del ingreso impidió que la mayor parte de la población se beneficiara del crecimiento, como se desprende del comportamiento de los salarios y el empleo, entre otros indicadores.

Como consecuencia de la fuerte desigualdad distributiva, la pobreza sigue afectando al 60% de la población, aumentando incluso la pobreza extrema de 36,7% a 37,7% entre 2005 y 2007. En las áreas rurales, donde los niveles de pobreza son extremos, el Índice Gini no solamente es muy elevado, sino que aumentó de 0,62 a 0,645.

Estas tendencias expresan el escaso efecto distributivo de los procesos económicos recientes. Una vez más, queda en evidencia que el efecto rebalse del crecimiento económico es una falacia. En ausencia de políticas públicas efectivas que promuevan una mejora en el acceso a recursos productivos, para que la prosperidad económica sea disfrutada por una mayoría se requiere generación de empleos de calidad, buenos salarios, acceso a los recursos productivo  y otros ingresos derivados del trabajo.
 
De esta manera, la relación entre la expansión del producto y el empleo muestra que, en el período comprendido entre el 2001 y 2004, donde se registró un crecimiento promedio moderado de 3,1%, el empleo creció a una tasa similar con una productividad nula, lo cual significa que esta expansión se produjo a expensas de la calidad. En el área urbana se observa esta misma tendencia. Durante el período 2004-2007, la producción creció aceleradamente, a un ritmo anula promedio de 4,5%. También creció el empleo, a un 3,9% anual, pero por debajo del ritmo de expansión del producto (4,5%), con una ganancia de 0,7% en la productividad. Esto equivale a decir que, si bien se generaron más empleos, todavía se concentraban en los de más baja calidad. Esta tendencia es la misma en las áreas urbana y rural.

2008: una vez más el auge minero

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2008 el PIB de Bolivia registró un extraordinario crecimiento de 6,15%. Similar crecimiento no se registraba desde 1976, cuando la tasa alcanzó a 6,1%. El auge de demanda y precios internacionales altos hizo que en 2008 el PIB minero creciera excepcionalmente, de 9,98% en 2007 a 56,26% en 2008, por encima de las otras actividades económicas del país, que crecieron en promedio 4,33%; su incidencia  se incrementó de 0,41% a 2,41%, y la participación en el PIB de 5,81% a 8,55%6.

Y ello se explica no por un robusto sector minero que tiene a varias empresas compitiendo por exportar más, sino por la operación de una sola empresa con capital transnacional. El Proyecto Minero San Cristóbal (PMSC) fue el factor principal que explica este crecimiento: en el valor de producción de minerales del país, el PMSC representó el 40,7%. De esta manera, la tasa de crecimiento del PIB sin el PMSC hubiera llegado apenas a 5,13%; es decir, sin este proyecto, Bolivia no hubiese batido el récord de 1976. Además de la concentración, lo que quedó en el país por impuestos representó un valor mínimo del total de la producción de minerales: en 2008, de USD 2.011 millones, que representa el valor total de la producción minera, sólo USD 94,14 millones – apenas un 4,64% del total – quedaron en las arcas fiscales7.

Los grandes afectados por la crisis y la reducción de los precios de los minerales, no son precisamente las empresas como el PMSC, sino la minería chica y cooperativizada, que emplea a la gran mayoría de la gente y que presiona sobre las vetas y yacimientos con formas atrasadas en la organización del trabajo, repitiendo círculos viciosos de precariedad y bajos salarios.

Conclusión

La hora de la verdad ha llegado. Ha pasado un ciclo de crecimiento mundial y Bolivia simplemente lo ha visto pasar, dejándose llevar por su inercia, pero sin aprovechar el aventón para poder caminar a ese ritmo con capacidades propias. Eso, en el capitalismo reinante aparenta ser nada más que una quimera, pues sus ciclos de crecimiento sólo reproducen el orden vigente, con integraciones desiguales. Cuando la crisis global empieza a escribir lo peor de su reciente historia, la economía boliviana apenas se ha dado cuenta de que hubo auge. Y ya lo mira lejano.

No obstante, frente al advenimiento del coletazo en el país de la crisis global, la reacción del empresariado a las caídas de sus ganancias extraordinarias pasa por promover negociaciones desiguales, cuyo objetivo es la reducción de beneficios y salarios de los trabajadores, junto con el incremento de los despidos. Mientras se esfuerzan por colocar el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, invierten igual energía para que los honorarios, las primas y otros mecanismos de beneficios para los propietarios no sean tocados o se incrementen.

A la gran mayoría de trabajadores eventuales y “autoempleados” sólo les resta esperar que el Gobierno cree otro bono que ayude a paliar de algún modo sus necesidades básicas.

1 Javier Gómez es economista y director ejecutivo del CEDLA. Gustavo Luna es comunicador y coordinador general del CEDLA

2 Banco Central de Bolivia. Memoria 2008. La entidad oficial reporta que, en 2008, las remesas familiares alcanzaron USD 1.097,2 millones, un incremento de 7,5% respecto de 2007. Esa cifra significó un 6,4% del PIB. Pág. 87.

3 De acuerdo con el INE, en 2007 la incidencia del gasto de consumo final de los hogares representaba un 2,98% respecto del PIB, creciendo a un 3,91% en 2008. Esta cifra es superior a la alcanzada una década atrás (1998).

4 Escóbar, Silvia. Desempleo, condiciones laborales e ingresos. Mimeo. CEDLA, 2009.

5 Ibid. Para los fines de comparación, en 2006, el Índice de Gini en Argentina era de 0,519, en Chile  0,517 y solamente Brasil con 0,593 superaba al que se estima para Bolivia. Todos ellos son países de ingresos medios, por el indicador del ingreso per cápita.

6 Guachalla, Osvaldo. “Bolivia: el Producto Interno Bruto creció en 6,15%”. Mimeo. CEDLA. Mayo de 2009.

7 Ibidem.

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BRASIL

Publication_year: 
2009
Summary: 
Brasil ha debido pagar el precio de haberse “integrado” a la economía mundial. Al retirarse los inversores y especuladores extranjeros, los mercados de valores se desplomaron y la moneda sufrió una fuerte devaluación. Aunque la respuesta del Gobierno ha sido un tanto tímida, aún es posible que Brasil pueda sobrellevar la crisis. Al mismo tiempo, la economía mundial se encuentra ante una oportunidad única de promover estrategias de crecimiento ambientalmente sostenibles, así como nuevas normas para que los sistemas financieros trabajen en pro del desarrollo y de la redistribución de los ingresos y la riqueza.

¿Nadando en un maremoto?

Fernando J. Cardim de Carvalho1
Social Watch Brasil

Brasil ha debido pagar el precio de haberse “integrado” a la economía mundial. Al retirarse los inversores y especuladores extranjeros, los mercados de valores se desplomaron y la moneda sufrió una fuerte devaluación. Aunque la  respuesta del Gobierno ha sido un tanto tímida, aún es posible que Brasil pueda sobrellevar la crisis. Al mismo tiempo, la economía mundial se encuentra ante una oportunidad única de promover estrategias de crecimiento ambientalmente sostenibles, así como nuevas normas para que los sistemas financieros trabajen en pro del desarrollo y de la redistribución de los ingresos y la riqueza.

Muchos observadores consideraron que el nivel de contagio relativamente bajo, en las economías emergentes, al pánico financiero comenzado en Estados Unidos en 2007 constituía una señal de que esos países podrían lograr “desconectar” su porvenir del de los desarrollados. Se esperaba que Brasil se encontrara entre los afortunados – es decir, entre los que podrían evitar ser engullidos por la onda expansiva de la crisis financiera, mantener cierto nivel de prosperidad y frenar el desempleo redireccionando las actividades productivas hacia los mercados internos.

El enérgico crecimiento de la economía brasileña en los tres primeros trimestres de 2008 parecía justificar tal punto de vista. No fue un crecimiento al “ritmo de China”, por supuesto, pero tuvo la rapidez suficiente como para no solo aumentar las tasas de empleo sino también hacer que un grupo creciente de la plantilla de trabajadores pasara del empleo informal al sector mejor pago y más seguro de la formalidad. El consumo de los hogares condujo al crecimiento general, alimentado por el aumento del salario real (sobre todo del salario mínimo) y del empleo, así como también por las políticas sociales que fortalecieron el poder adquisitivo de los grupos de menores ingresos.

El Gobierno Federal, con el presidente Lula a la cabeza, lanzó una intensa campaña pública para afianzar la moral de empresarios y consumidores y así asegurarse de que la demanda siguiera siendo alta y estimular a las empresas para que siguieran produciendo y expandiendo sus inversiones. El Presidente a menudo recordaba a la población que su Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) funcionaría a modo de palanca para mantener el nivel de la demanda, de manera que los consumidores no le temieran al desempleo y las empresas no adolecieran de capacidad no utilizada.

La estrategia pareció tener éxito hasta que de forma repentina, en el último trimestre de 2008, el PIB cayó 3,6% en comparación con el trimestre anterior. Aunque todos los sectores de la economía se contrajeron, el industrial fue por lejos el que sufrió las peores consecuencias; decayó más del 7%. Las inversiones, que habían estado creciendo a ritmos prometedores, se redujeron casi un 10%. Ni los consumidores ni los inversores pudieron mantener los niveles de gasto anteriores, de modo que la economía en su totalidad se contrajo en forma significativa.

La tímida respuesta del Gobierno

La versión brasileña de la crisis internacional tiene raíces específicas. El sistema bancario interno no estuvo expuesto a las inversiones especulativas que arruinaron los sistemas financieros de Estados Unidos, Europa y partes de Asia. Como resultado de las altas tasas de interés que se pagaban sobre la deuda pública interna, los bancos que operaban en Brasil preferían invertir en ese tipo de valores en lugar de probar suerte con las “innovaciones financieras” creadas en Estados Unidos. No obstante, el país no pudo evitar las consecuencias de “integrarse” a la economía mundial.

En los últimos años la economía brasileña había recibido gran cantidad de capitales extranjeros, tanto como inversión directa como en forma de capitales de carteras especulativas. La bolsa de valores de San Pablo subió en forma vertiginosa y se colocaron grandes cantidades de valores en deuda pública en el mercado. Cuando estalló la crisis en Estados Unidos y poco después en Europa Occidental, muchos de los inversores y especuladores retiraron sus fondos, en muchos casos para cubrir pérdidas en su lugar de origen. En consecuencia, no solo se desplomaron los mercados brasileños de valores sino que también la moneda de la nación – el real – sufrió un rápido y brusco proceso de devaluación.

Los resultados no fueron tan catastróficos como lo habían sido en crisis anteriores, en gran medida porque los trastornos no condujeron a la fuga de capitales de residentes. De hecho, los especuladores financieros locales no tenían motivos para sacar sus capitales del país, ya que el Gobierno aún pagaba las tasas de interés más altas del mundo. Por otra parte, no existía un lugar seguro al que pudieran acudir. Además, Brasil conserva una cantidad relativamente grande de reservas internacionales. Es así que, si bien a los inversores extranjeros por lo general no les quedaba otro recurso que retirarse, los inversores brasileños prefirieron permanecer. En consecuencia, los problemas con la balanza de pagos no fueron tan serios ni paralizantes como lo habían sido poco tiempo atrás.

Sin embargo, las perturbaciones en los mercados internos de valores y la devaluación brusca del real fueron suficientes para inducir a los bancos locales a restringir los créditos otorgados a empresas y consumidores, a pesar de algunos tímidos intentos del Banco Central de proporcionarles liquidez adicional. Las restricciones crediticias causaron dificultades en forma inmediata en sectores como el de los bienes de consumo duraderos, sobre todo los automóviles, cuya demanda depende en gran medida de la disponibilidad de crédito. En la industria automotriz se adoptaron estrategias tales como la de las licencias colectivas para reducir la producción en forma temporaria, pero no se pudo evitar transmitir la caída de la demanda a otras industrias. Las amenazas gemelas de la capacidad no utilizada y el desempleo terminaron por quebrar el ánimo de los consumidores y las empresas. Al verse enfrentadas a la capacidad no utilizada, las empresas suspendieron sus planes de inversión, lo que agravó el impacto de la caída inicial de la demanda. Finalmente, solo el Gobierno continuó aumentando las erogaciones en el último trimestre de 2008.

A diferencia del año anterior, 2009 arrancó con expectativas mucho más reducidas. Las encuestas de opinión demuestran que el temor al desempleo ha vuelto a encabezar la lista de preocupaciones de la población, desplazando a la violencia urbana y la seguridad pública. En particular, lo que constituye otro serio motivo de preocupación es que se ve con claridad que, a pesar del discurso enérgico que ha adoptado el Presidente desde comienzos de 2008, las políticas contracíclicas han sido mucho menos vigorosas y eficaces de lo que tendrían que haber sido. Es bien sabido que cuando el Presidente Lula asumió el cargo tomó medidas para tranquilizar a los mercados financieros, conservando la independencia de facto del Banco Central, dirigido mayoritariamente por funcionarios de instituciones financieras privadas. No sorprende que la política monetaria haya sido pésimamente gestionada durante la crisis por autoridades monetarias tan a la derecha de cualquier otro Banco Central del mundo, que incluso incomoda a los bancos privados por su incapacidad de ofrecer aportes para la recuperación económica.

Mayor motivo de asombro, seguramente, sea la vacilante política de gastos del Gobierno. Los llamamientos del Presidente a tomar medidas enérgicas parecen haber caído en oídos sordos entre sus propios ministros. El Gobierno ha persistido con el PAC, que fue elaborado para épocas normales y que es obviamente insuficiente en la lucha contra una recesión que tal vez sea más larga y profunda de lo que parecía inicialmente. Sin embargo, incluso el PAC ha sido implementado de manera incierta y tímida. Los obstáculos burocráticos hacen demorar la implementación de los planes y, en consecuencia, el gasto público es menor y más lento de lo que debiera. El comportamiento indeciso de las autoridades que lideran el equipo económico del Gobierno denota una preocupante falta de comprensión del daño que puede llegar a causar una crisis como la actual en un país en desarrollo como Brasil.

No obstante, al seguir decayendo la economía brasileña en el primer trimestre de 2009, se han implementado políticas más enérgicas, aunque distan mucho de constituir las necesarias para paliar los impulsos de contracción que llegan del exterior. Los bancos públicos han aumentado la oferta de crédito a tasas de interés menores. La transferencia de ingresos hacia los pobres a través del programa de subvenciones familiares ha preservado el nivel de consumo entre los grupos de ingresos más bajos. La mejora general de las expectativas, luego de lo que pareció ser una reacción exagerada en el último trimestre de 2008, ha conducido en la actualidad a cierta recuperación, si bien aún es vacilante y tímida. Bien mirado, todo parece señalar en la misma dirección: una recuperación leve que en sí misma, dado el contexto internacional, es de todas maneras un alivio.

En un momento como el actual uno de los mayores riesgos al que se puede exponer un país es confundir la incapacidad para actuar con la prudencia financiera y fiscal. Temerosos de aumentar el gasto, los gobiernos pueden resignarse a observar cómo decae la demanda privada y cómo, en consecuencia, caen también la producción y el empleo. En tal situación, los ingresos fiscales se reducen mientras que aumentan los gastos de la seguridad social. Los déficits fiscales entonces aumentan, justamente debido a que los gobiernos no tuvieron la suficiente audacia para actuar en contra de la contracción de la economía. Es paradójico que al intentar parecer prudentes, los países se coloquen en una situación fiscal aún peor de lo que sería si los gobiernos hubieran actuado con decisión en apoyo de la demanda, aumentando así las rentas públicas. Dicho sea de paso, es precisamente lo que intenta lograr el presidente Obama en Estados Unidos. Es también lo que ha defendido en forma repetida desde 2007 Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)2.

Recomponer la economía mundial

La crisis financiera internacional actual representa la alteración más seria que haya enfrentado la economía mundial desde la Gran Depresión de los años 1930. Incluso su duración es señal de lo peligrosa que es: la crisis cursa el tercer año y aún no se vislumbra una salida; no hay señales de recuperación. Es muy probable que en el corto plazo la situación empeore, con el consiguiente aumento del desempleo y de las alteraciones sociales que el fenómeno causa en todas partes. Brasil todavía está a tiempo de reducir tales riesgos si el gobierno enfrenta el desafío.

La amenaza a la seguridad alimentaria
Francisco Menezes4

El programa Hambre Cero de Brasil y el fortalecimiento de varias políticas públicas han convertido al país en líder mundial reconocido en la lucha contra el hambre. No obstante, las crisis tanto alimentaria como financiera han tenido impactos significativos en la seguridad alimentaria del país.

En la segunda mitad de 2007 los precios de los alimentos comenzaron a aumentar, revirtiendo la tendencia a la baja de los años anteriores y poniendo en peligro los logros conseguidos. Los grupos sociales más vulnerables son los que reciben los golpes más duros al aumentar los precios de los alimentos, ya que éstos constituyen la parte más importante de sus presupuestos. Preocupado ante tal situación, el Gobierno aumentó en 8% los beneficios distribuidos a través de la Bolsa Família (un programa de ingreso mínimo garantizado). También incorporó un número mayor de familias al programa y tomó medidas para estimular la producción de alimentos por medio de incentivos y garantías para los productores rurales.

En la segunda mitad de 2008 los precios de los alimentos se nivelaron o incluso decayeron, siguiendo la tendencia de los bienes de consumo en los mercados mundiales. No obstante, han surgido nuevas amenazas para la seguridad alimentaria como resultado de la reducción de ingresos entre la población más pobre, el aumento del desempleo y la probable disminución del salario real. El presupuesto para la seguridad alimentaria es por cierto un indicador pertinente de la dirección que se persigue, en lo que se refiere a los fondos que se liberen para este año, como también en cuanto al proyecto de presupuesto para 2010.

Sin embargo, se debe señalar que una crisis como la actual siempre transforma, en menor o mayor grado, la forma en que funcionan la economía y la sociedad. Así, si bien es importante detener el deterioro económico en el corto plazo, también es importante, y tal vez aún más esencial, prepararse para el futuro. La Gran Depresión dio lugar a la expansión del estado de bienestar social y a la generalización de la intervención pública en la economía, ambos ferozmente combatidos por la revolución neoliberal de fines del siglo XX.

Ahora una nueva oportunidad para recomponer el camino de la economía mundial se presenta. Todo parece indicar que las llamadas “inversiones verdes” serán el próximo horizonte para la inversión y la innovación, promoviendo estrategias de crecimiento ambientalmente sostenibles que aumenten la eficiencia de la generación y utilización de la energía. Es importante también reparar el daño causado por el predominio de las ideologías neoliberales que han fomentado la desregulación financiera desde la década de 1980 y que han llevado al mundo al borde del desastre. Dado el fracaso generalizado de estas ideas, es necesario implementar nuevas estrategias de regulación y supervisión. Sin embargo, las nuevas normas deben enfocarse en cómo hacer que los sistemas financieros trabajen en pro de la promoción del desarrollo y la distribución de los ingresos y de la riqueza, no en beneficio de los especuladores financieros.

Las normas se definen ahora en foros tales como el Comité de Basilea y el Foro de Estabilidad Financiera. La crisis ha forzado a los países más ricos, que tradicionalmente han monopolizado estas decisiones, a abrir las puertas a las economías emergentes y ha convertido al G20 en el centro de atención, por lo menos por el momento. Es posible sostener que es mejor contar con un G20 que con un G7, pero en realidad ninguno de los G es capaz de proporcionar una solución verdadera. Estas instituciones deben convertirse en representativas, lo que no se logra incorporando unos pocos miembros más de manera que los clubes existentes conserven su naturaleza exclusiva. La crisis actual genera una oportunidad importante para lograr la verdadera democratización de las instituciones internacionales. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar3.

1 Profesor de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y consultor del Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (Ibase).

2 Si bien el Fondo mismo se ha resistido a adoptar este punto de vista, como lo demuestran las condiciones impuestas a los países de Europa Central que fueron rescatados por el FMI.

3 De hecho, ése es precisamente el objetivo del proyecto “Liberalización financiera y gobernanza mundial: el papel de los entes internacionales”, coordinado por Fernando J.C. Carvalho y Jan Kregel, elaborado por Ibase y patrocinado por la Fundación Ford. Ver “Crisis financiera y déficit democrático”. Disponible en: <www.ibase.br/modules.php?name=Conteudo&pid=1686>.

4 Especialista en seguridad alimentaria y codirector de Ibase.

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BULGARIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Bulgaria, el país más pobre en la UE, ha venido disfrutando de algunos de los beneficios económicos de su integración a la UE. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del Gobierno en cuanto a que la economía está firme, las inversiones y exportaciones caen y el PIB no tardará en contraerse. Es probable que las medidas del Gobierno para mitigar el impacto de la crisis mundial no sean suficientes. Las ONG exigen que tanto los empleadores como el Gobierno adopten medidas de emergencia para poner freno a la inflación, que acuerden salarios para aumentar el ingreso real y evalúen el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Inquietud general

Bulgarian Gender Research Foundation y Bulgarian-European Partnership Association

Bulgaria, el país más pobre en la UE, ha venido disfrutando de algunos de los beneficios económicos de su integración a la UE. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del Gobierno en cuanto a que la economía está firme, las inversiones y exportaciones caen y el PIB no tardará en contraerse. Es probable que las medidas del Gobierno para mitigar el impacto de la crisis mundial no sean suficientes. Las ONG exigen que tanto los empleadores como el Gobierno adopten medidas de emergencia para poner freno a la inflación, que acuerden salarios para aumentar el ingreso real y evalúen el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Aunque Bulgaria, el país más pobre de la UE, no haya sufrido aún el pleno impacto de la crisis económica mundial, ya están surgiendo protestas sociales en respuesta a la decisión de la Comisión Europea de cortar el financiamiento de preacceso debido a la corrupción desenfrenada del país. En enero de 2009, la ciudadanía manifestó frente al Parlamento para exigir reformas económicas, pidiendo que el Gobierno actúe o renuncie. En el mismo mes, los agricultores manifestaron en todo el país y bloquearon el único puente a Rumania, exigiendo que el Gobierno ponga un precio mínimo para la leche y detenga las importaciones de productos lácteos baratos. Los policías, que por ley tienen prohibido hacer huelga, han llevado a cabo protestas “silenciosas” desde diciembre para obtener un aumento de sueldo del 50% y mejores condiciones de trabajo.

A pesar del malestar social y de una crisis financiera mundial que ha llevado a reexaminar las políticas económicas actuales en todo el mundo, a amplios cuestionamientos del modelo neoliberal y a pedir una regulación más estricta del gobierno, el modelo neoliberal sigue de moda en Bulgaria. El Primer Ministro Sergey Stanishev reconoce que Bulgaria experimenta su primera crisis económica como país capitalista y no es inmune a las dificultades que enfrentan sus socios económicos. Sin embargo, sigue insistiendo en que los problemas del país son menos severos que los de otros miembros de la UE.

Boom y crisis

En 1997 se estableció el control monetario después de una crisis severa en el sistema bancario nacional que resultó en hiperinflación, cierres de bancos, crisis política aguda y empobrecimiento masivo. Desde entonces cada gobierno, independientemente de su orientación política, ha estado de acuerdo en conservarlo para evitar otra crisis generalizada. La estrategia del control monetario ha sido estabilizar el entorno macroeconómico impidiendo, al mismo tiempo, cualquier aumento de sueldos – aun cuando Bulgaria tiene los salarios más bajos de la UE.

Desde 2004, cuando se llegó a un acuerdo sobre el acceso a la UE, Bulgaria ha experimentado un aumento de ingresos de capital y un boom del crédito. Las expectativas de una convergencia rápida con la UE estimularon los flujos de capital, incrementados aún más por la presencia del control monetario y una política fiscal sólida. La relación crédito: PIB se disparó de 36% en 2004 a 67% en 2007. Hacia 2008, los flujos de capital constituyeron aproximadamente el 30% del PIB1.

La oleada de capital externo generó un fuerte crecimiento del PIB, pero amplió bruscamente los desequilibrios externos e internos. El PIB ha crecido más de 6% anual, una de las tasas más rápidas de Europa.2 El crecimiento se mantuvo en un fuerte 6,25% en 2008. Sin embargo, el aumento de la demanda interna dejó atrás al del PIB, ampliando el déficit de cuenta corriente desde 5% del PIB en 2003 a más de 24% en 2008. Según el Instituto de Estadística Nacional, esta brecha se acentuó por la concentración del crecimiento en la construcción, los negocios inmobiliarios y los servicios financieros.

En tanto el desempleo disminuía y el mercado de trabajo se ajustaba, el crecimiento de los salarios se disparó a 24% en junio de 2008. El sobrecalentamiento de la economía, junto con el aumento de los precios de los alimentos y el petróleo, aceleró la inflación a un pico de 14,7% en junio de 2008, y los precios de los alimentos a más de 25%. La escalada de los precios del gas natural, electricidad, calefacción central, agua, transportes carreteros y de ferrocarril, etc., harán subir el costo de vida alrededor de 17% en base anual, mientras la inflación para todo el año probablemente superará el 12%. El pronóstico de inflación para 2009 se ubica cerca del 4%3. Sin embargo, los expertos del Centro para el Desarrollo Económico advierten que el verdadero peligro por delante es la deflación, no la inflación.

La agitación financiera mundial y la aversión al riesgo de los inversores probablemente reducirán los flujos de capital hacia Europa Central y Oriental, incluyendo a Bulgaria. Es poco probable que las filiales bancarias locales sigan recibiendo grandes transferencias de capital de las casas centrales que han financiado el crecimiento del crédito. Sin esta financiación, las empresas reducirán su producción y servicios o cerrarán definitivamente, lo que aumentará el desempleo. La metalurgia y la construcción ya se han reducido. Según datos oficiales del Instituto de Estadística, en enero de 2009 la producción industrial cayó 19% respecto del mes anterior.

Al mismo tiempo, la reducción de la demanda extranjera y el declive de los precios de las materias primas podrían conducir a una disminución de las exportaciones y el turismo. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran una contracción de más del 0,5% en el PIB del G-7, que haría disminuir el crecimiento y las exportaciones de Europa Oriental.

Perspectiva económica

Es probable que el crecimiento de PIB en 2009 se reduzca a cerca del 2%, o incluso llegue al 0% (según un pronóstico reciente) 4. Con el crecimiento más lento, está proyectado que el déficit de cuenta corriente se reduzca al 15% del PIB, aunque la brusca caída de los precios de las materias primas mundiales debería atenuar la inflación. Sin embargo, hay un gran riesgo de que el crecimiento se vuelva aún más lento. Afortunadamente, las finanzas públicas del país están en buenas condiciones, con uno de los superávit fiscales más altos en Europa. Sin embargo, el drástico revés en la balanza de pagos muestra el golpe severo que sufre el país.

En los cinco meses posteriores a octubre, los influjos netos de capital sumaron sólo EUR 800 millones, comparados con los EUR 6.100 millones de los cinco meses previos y los EUR 5.600 millones en el mismo período del año anterior. Las exportaciones en los dos primeros meses de 2009 fueron 27% menos que en los dos primeros de 2008, mientras que la caída de las importaciones fue aún más brusca (32%), lo que sugiere que la demanda interna se contrajo rápidamente. Como resultado, el déficit de cuenta corriente disminuyó desde una tasa anual de 25,8% del PIB en los dos primeros meses de 2008 a 11,6% en los dos primeros meses de 20095. En efecto, los indicadores principales de la actividad económica sugieren que la economía ya puede estar contrayéndose. Recientemente, el FMI predijo que la economía búlgara se contraerá cerca de 3,5% en 2009 y 1% en 2010, un 2% menos que la proyección de abril de 20096.

En enero de 2009 la crisis internacional del gas prácticamente borró cualquier impulso positivo que todavía quedara de 2008. Cuando la disputa entre Rusia y Ucrania cortó las provisiones de gas a Europa, Bulgaria estaba entre los países menos preparados, sin verdaderas fuentes alternativas de gas. El costo en cuanto a la pérdida de producción se estima en más de EUR 250 millones (aproximadamente USD 333 millones). El Gobierno solicitó oficialmente una compensación a Rusia, pero aun si se recibe alguna, los efectos a largo plazo de la detención de la producción podrían plantear riesgos a toda la economía.

Prioridades del Gobierno en política fiscal

En este difícil entorno, es crucial mantener la confianza tanto en el control monetario como en el sistema financiero. Los dos son mutuamente dependientes: se necesita un sistema financiero fuerte y con capacidad de recuperación para sostener el control monetario; y la confianza en él sostiene al sistema financiero. El FMI cree que el control monetario permitirá que el país sobrelleve la turbulencia, ya que Bulgaria tiene reservas fiscales y monetarias adecuadas. El FMI ni siquiera consideró medidas alternativas para compensar la balanza de pagos negativa, como la devaluación monetaria o la adopción del euro.

Recomendaciones

Mantener el superávit

La política fiscal debería apuntar a mantener grandes superávit, no sólo porque han sido un pilar para el control monetario, sino también para conservar el equilibrio de la cuenta de la reserva fiscal – un colchón importante en caso de surjan problemas. Para 2008, el Gobierno apuntó a un superávit igual al 3,5% del PIB. Conservar los superávit en un tiempo donde los aumentos de ingresos son lentos requerirá enlentecer significativamente el aumento de los gastos. Sin embargo, ni los ingresos ni los gastos proyectados en el presupuesto actual reflejan el declive esperado del crecimiento del PIB.

Hacer transparente la implementación de la regla del 10% del presupuesto

El Gobierno planea contener el aumento de los gastos restringiéndolos al 90% de lo que fue presupuestado originalmente para 2009, en vez de realizar una revisión del presupuesto. El 10% restante debe ser liberado en base al desarrollo del presupuesto. Esta solución podría ser pragmática, pero está lejos de ser transparente. En efecto, los observadores extranjeros, que probablemente no están al tanto de la regla del 10%, perciben un presupuesto basado en ingresos poco realistas.

Es importante asegurar que los mecanismos para implementar la regla del 10% se entiendan con claridad. Algunos planes y programas quizás deban ser pospuestos. Los ministerios deberían establecer sus prioridades de gastos temprano y asegurarse de que se comuniquen claramente a la población. También es esencial que el presupuesto se ejecute estrictamente. La implementación de la regla del 10% sólo reduciría el aumento de los gastos del 17% planeado en el presupuesto al 11% en términos reales.

Acelerar las reformas

Las reformas fiscales y estructurales deberían acelerarse, a pesar del período de elecciones. Los problemas en cuanto al desembolso de los fondos de la UE ponen de manifiesto la necesidad de mejorar aún más los sistemas de control. El Gobierno ha introducido varios cambios a los aportes de la seguridad social y a las políticas sociales – por ejemplo, una disminución de las tasas de las contribuciones del seguro social pagadas por los empleadores y un aumento de los beneficios por maternidad. Al implementar nuevas reformas, es esencial mantener la neutralidad fiscal para asegurar la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas públicas7. Para acelerar la convergencia con los estándares de la UE, el Estado debe completar la reforma de la educación, realizar progresos en la reforma del sistema de salud y mejorar la eficacia de los sectores público y privado.

Aumentar los salarios al tiempo que aumente la productividad

El Gobierno es consciente de que la alta tasa de crecimiento de los salarios durante 2008 no puede mantenerse. Aunque todavía sean bajos comparados con los de Europa Occidental, los nuevos aumentos deben ir acompañados por mejoras de la productividad. Según el FMI el ritmo actual de crecimiento de los salarios es demasiado rápido para el crecimiento relativamente pequeño de la productividad del país. Además, como lo ha demostrado la experiencia de otros países, durante la recesión, cuanto más rápido aumenten los salarios, más probable será que también aumente el desempleo8.

La moderación en los aumentos del costo trabajo/producción es esencial, dado que los recursos deberán desplazarse hacia los sectores orientados a la exportación. En tanto el crecimiento del sector del mercado interno se reduce, el del PIB sólo puede mantenerse si las exportaciones adquieren más importancia, pero ambos sectores deben seguir siendo competitivos. Si realmente lo son es un tema de discusión. Aunque el Gobierno expresa confianza en la rentabilidad corporativa, las ONG están menos seguras debido a la falta de datos disponibles.

El sector financiero

Las políticas sólidas también ayudarán al sector financiero, que actualmente está bien capitalizado y es lucrativo. Es probable que en el futuro próximo la rentabilidad disminuya, dado que la financiación extranjera se está volviendo escasa, que la fuerte competencia para los depósitos nacionales ha aumentado el costo de los fondos, y que se espera que el crecimiento de los préstamos se enlentezca. Al mismo tiempo, la dependencia de los bancos en la financiación extranjera para nuevos préstamos los hace vulnerables a la actual perturbación de los mercados financieros internacionales. Sin embargo, los bancos están en buena posición para afrontar un enlentecimiento, y tienen un buen colchón de capital y liquidez.

Es probable que el desempleo no alcance cifras de dos dígitos. Los que tienen más probabilidades de estar desempleados son los jóvenes, por carecer de una historia laboral, los trabajadores con pocas calificaciones, los trabajadores de más edad, los discapacitados y las mujeres. Es importante destacar que la cantidad de desempleados no registrados es al menos igual a la de registrados, y puede ser incluso más alta. Los trabajadores emigrantes también están regresando, y por esa razón se terminan las remesas que enviaban a sus familias. Algunas proyecciones estiman que aproximadamente el 20% de emigrantes de corto plazo puede volver – principalmente de Grecia, España y varios otros países de la UE donde el desempleo se está disparando.

La perspectiva de la sociedad civil

Las ONG y los sindicatos no están de acuerdo en que la reducción de los gastos sociales sea aceptable en tiempos de crisis. De hecho, los gastos han sido escasos desde el establecimiento del control monetario. Cualquier otra reducción podría destrozar la paz social del país. Aunque los expertos de las ONG apoyan el aumento de la proporción de inversión destinada a la infraestructura del transporte, son muy críticos de que el Gobierno no usara los fondos estructurales de la UE asignados a Bulgaria en sus dos primeros años como miembro pleno. Hacia fines de 2008 sólo se había gastado 0,6% de los EUR 2.200 millones. La falta de capacidad financiera, la excesiva burocracia y los procedimientos escasamente transparentes han impedido que los fondos lleguen a sus destinatarios.

Las ONG insisten en que tanto los empleadores como el Gobierno deben tomar medidas de emergencia para controlar la inflación, negociar compensaciones para la disminución de los ingresos reales, garantizar los salarios, evaluar el impacto de la crisis en los grupos más vulnerables de la sociedad y proteger los derechos sociales y económicos básicos.

1 FMI, Bulgaria. Consulta sobre Artículo IV. Informe del Personal. Declaración del Personal; Nota de Información Pública sobre el Debate de la Junta Directiva; Declaración del  Director Ejecutivo para Bulgaria. Febrero de 2009, p. 25.

2 Banco Mundial. Informe Económico ordinario UE 10, febrero de 2009.

3 Confederación de Sindicatos Independientes (2009). “Calidad de vida”. Disponible en: <www.knsb-bg.org/knsb/>.

4 FMI, Bulgaria – Visita de expertos en abril de 2009; Declaración final de la Misión del FMI. Ver: <www.imf.org>.

5 Gobierno de Bulgaria. “Plan de estabilidad y progreso económico para 2009” [sólo en búlgaro]. Disponible en: <www.government.bg>.

6 FMI. World Economic Outlook, Abril de 2009.

7 Confederación de Sindicatos Independientes, op. cit.

8 Los trabajadores y empleados búlgaros siguen recibiendo la remuneración más baja de Europa, mientras el nivel de los precios se mantiene comparativamente alto, con un salario mensual promedio de EUR 255 (USD 339). Esto significa que con el 20% del sueldo promedio europeo la población debe lidiar con niveles de precios que alcanzan aproximadamente al 46% del nivel promedio de los precios europeos. Este es uno de los reclamos principales de la Confederación de Sindicatos Independientes por un salario justo y digno, mayo de 2008.

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left

BÉLGICA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Habiéndose desplomado las acciones de los bancos y principales empresas del país, el Gobierno salió al rescate de los bancos y a garantizar los depósitos. La crisis, de todos modos, sigue incrementando el desempleo, en tanto el costo del rescate bancario se hace sentir en el drástico aumento del endeudamiento público, lo que tiene severas repercusiones en la provisión de seguridad social.

Los altos costos del rescate bancario

Arnaud Zacharie
Secretario general
CNCD-11.11.11
Gaspard Denis
Encargado de investigación
CNCD- 11.11.11   

Habiéndose desplomado las acciones de los bancos y principales empresas del país, el Gobierno salió al rescate de los bancos y a garantizar los depósitos. La crisis, de todos modos, sigue incrementando el desempleo, en tanto el costo del rescate bancario se hace sentir en el drástico aumento del endeudamiento público, lo que tiene severas repercusiones en la provisión de seguridad social.

En 2008, dos de los mayores bancos de Bélgica, Fortis y Dexia, comenzaron a padecer serios problemas, exacerbados por la crisis financiera que otros bancos del mundo estaban atravesando. Las acciones de  Fortis y Dexia, así como las de la mayoría de las empresas belgas, se desplomaron. La reacción del Gobierno fue salir al rescate de los bancos y garantizar los depósitos, pero de todos modos, el costo del derrumbe financiero ha sido particularmente severo, no por  el monto de los recursos desembolsados por el Estado sino por el gigantesco aumento del nivel del endeudamiento público que el país, desde hacía unos quince años, venía intentando reducir.

Lo gastado por el Estado para recapitalizar el sector bancario alcanza casi EUR 20.000 millones. A esta cifra se le deben agregar los EUR 25.000 millones ofrecidos por el Estado bajo forma de garantías, por lo que, en total, la factura de ayudas públicas a los bancos alcanzaría cerca de EUR 45.000 millones. Además del endeudamiento, este rescate ha derivado en problemas presupuestales, crecimiento del desempleo e incertidumbres respecto a la capacidad del Estado de mantener el financiamiento de su modelo social.

El costo del rescate

Las operaciones de rescate que llevaron adelante el Gobierno Federal y las entidades federadas condujeron a la nacionalización de Fortis Banque, así como a la recapitalización de Dexia Banque, del grupo KBC y de la compañía de seguros Ethias. En un plazo de tres meses, los poderes públicos reaparecieron en el sector bancario belga, casi dos décadas después de haber desertado de ellas. Sin embargo, las condicionalidades para los planes de recapitalización de las instituciones financieras han sido, en buena medida, débiles y opacas. De este modo, las medidas de rescate se adaptaron perfectamente al viejo adagio liberal: “socializar las pérdidas, privatizar las ganancias”.       

En lo relativo al franco-belga-luxemburgués Dexia, éste recibió un incremento de capital de EUR 3.000 millones, asignados por las autoridades públicas belgas (Estado federal y Entidades federadas). La parte francesa, por su lado, proporcionó una suma equivalente (EUR 2.000 millones a través de la Caja de Depósitos y Consignaciones, y 1.000 millones a través del Estado), lo que le ha permitido aumentar su participación del 11,5% a cerca del 28% del capital del banco y, consecuentemente, alcanzar una minoría con capacidad de bloqueo en el grupo bancario. Por su parte, el banco KBC ha recibido hasta el presente tres sucesivos planes de rescate. Primero, en octubre de 2008, el Estado Federal intervino con EUR 3.500 millones. Después, en enero de 2009, la Región Flamenca desembolsó 2.000 millones. Finalmente, en mayo pasado, emitió nuevamente obligaciones de Estado por un monto de EUR 2.000 millones para financiar al grupo KBC. En total, ese último ha recibido hasta ahora cerca de EUR 7.500 millones de los contribuyentes belgas.

En lo que concierne al rescate del grupo belga-neerlandés Fortis, la participación en capital del Estado belga llegó, en octubre de 2008, al 99,93%, lo cual representa la suma total de EUR 9.400 millones. Sin embargo, desde un principio demostró su voluntad de vender el 75% del banco al grupo francés BNP Paribas. No obstante, la oposición de los accionsitas de Fortis Holding al desmantelamiento de su grupo obligó en dos oportunidades al Gobierno y al BNP a revisar su acuerdo de cesión de Fortis Banque. La tercera versión fue finalmente votada por los accionistas durante dos asambleas generales el 28 y 29 de abril de 2009 en Gand (Bélgica) y Utrecht (Países Bajos). En definitiva, a cambio de la transferencia de Fortis Banque a BNP Paribas, el Estado belga recibió el 11,6% del capital del grupo bancario francés.   

La deuda pública se dispara
    
Cuando Bélgica se postuló para adherir a la moneda única europea a inicios de los años 1990, se presentaba un problema mayor: el peso de la deuda pública. Mientras que los criterios de Maastricht exigían que la deuda de un estado miembro no sobrepase el 60% del PBI, la deuda pública belga lo sobrepasaba en un 130% en 1993 y 1994.

A raíz de eso se implementó un plan de austeridad que fue doloroso para el nivel de los gastos públicos pero que permitió ir aliviando la deuda del país, que había bajado al 84% del PBI en 2007.

Ahora, con el costo de los planes de rescate de los bancos y el impacto de la crisis financiera en las finanzas públicas, la tasa de endeudamiento ha experimentar una suba brutal, alcanzando 89,7% en 2008, en tanto la Banca Nacional de Bélgica proyecta que llegará al 103% en 2010. Esto representa una deuda de más de EUR 30.000 por habitante. El déficit público ha seguido obviamente la misma curva: del 1,2% del PBI en 2008, se espera que salte al 5,5% en 2009.  

Seguridad social y desempleo

Como consecuencia del déficit público, el financiamiento de la seguridad social se ve también perjudicado, registrando en 2009 un déficit de EUR 2.450 millones debido a la caída de las recaudaciones de las cotizaciones sociales y del IVA. El Gobierno prevé un incremento del déficit de la seguridad social de EUR 5.300 millones en 2010.

Finalmente, el desempleo sigue expandiéndose debido a la recesión económica. En junio de 2009, 443.574 personas estaban desempleadas, lo que equivale a 43.433 nuevos desempleados en el plazo de un año.

El Consejo Superior del Empleo, dependiente del Ministerio del Empleo y la Igualdad de Oportunidades publicó, en junio de 2009, el informe “Evolución reciente y perspectivas de avance del trabajo”1, consagrado al análisis de la crisis económica global y sus consecuencias sobre el empleo.

De acuerdo al documento la actividad retrocedió 1,7% en el primer trimestre de 2009, comparado con el mismo período de 2008. Luego de un crecimiento del empleo nulo, durante el cuarto trimestre de 2008, cerca de 10.000 puestos de trabajo desaparecieron en el primer trimestre de 2009. Las horas trabajadas en empleos temporales no habían dejado de caer después del segundo trimestre de 2008. Esta tendencia se acentuó en abril, al registrarse una caída de 28% en comparación con el año anterior. El Banco Nacional de Bélgica prevé la desaparición de 36.000 puestos de trabajo en 2009 y de otros 80.000 en 2010. Teniendo en cuenta el crecimiento continuo de la población activa, el número de personas que buscan empleo aumentaría en 2009 a 68.000 y a 111.000 en 2010. La tasa de desempleo, mientras tanto, pasaría de 7% en 2008 a 9,2% en 2010.

1 Ver: <www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=23984>.

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CAMBOYA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Después de dos décadas de guerras, Camboya está reconstruyendo las instituciones del Estado. El crecimiento económico ha sido alto, pero el país necesita una gran inversión en recursos humanos, especialmente en áreas como educación y salud. La crisis económica mundial está teniendo efectos devastadores, poniendo en riesgo la realización de algunos programas nacionales de desarrollo. Algunas ONG defienden los derechos de los pueblos indígenas, quienes se encuentran en riesgo debido a las concesiones de tierras del Gobierno para plantaciones e infraestructura de desarrollo. Otras ONG exigen mayor transparencia presupuestaria.

CAMBOYA

Redirigir el crecimiento económico

SILAKA
Gender and Development of Cambodia
COMFREL
NICFEC
NGO Committee on CEDAW
Te NGO Forum
CEDAC
Thida C. Khus

Después de dos décadas de guerras, Camboya está reconstruyendo las instituciones del Estado. El crecimiento económico ha sido alto, pero el país necesita una gran inversión en recursos humanos, especialmente en áreas como educación y salud. La crisis económica mundial está teniendo efectos devastadores, poniendo en riesgo la realización de algunos programas nacionales de desarrollo. Algunas ONG defienden los derechos de los pueblos indígenas, quienes se encuentran en riesgo debido a las concesiones de tierras del Gobierno  para plantaciones e infraestructura de desarrollo. Otras ONG exigen mayor transparencia presupuestaria.

Entre 1997 y 2007 Camboya tuvo un crecimiento económico promedio de 9,5% anual, con un aumento de dos dígitos en los años 2005-2007. Aunque el producto interno bruto (PIB) continuó creciendo rápidamente durante la primera mitad de 2008, en los últimos meses del año la economía recibió el impacto del colapso mundial. El mercado inmobiliario local se vino abajo, y las exportaciones de vestimenta y el turismo extranjero disminuyeron, arrastrando el crecimiento de 2008 que cayó a 5,5%. Para 2009 el Gobierno había previsto un aumento de 6% del PIB, pero las instituciones internacionales son mucho más pesimistas acerca de las perspectivas del país. El Banco Asiático de Desarrollo anticipa un crecimiento de 2,5%; el Fondo Monetario Internacional un magro 0,5%; el Banco Mundial pronostica una contracción de 1%.

La economía nacional depende mayormente del turismo, las exportaciones de vestimenta, la construcción y la agricultura, todas industrias extremadamente vulnerables  a la crisis mundial. Las industrias de servicios, especialmente el turismo, son la principal fuente de ingresos, pero se espera que la reciente caída del número de visitantes extranjeros – en enero de 2009 2% respecto al año anterior – empeore en el correr de los próximos dos o tres años1.

Camboya también depende de las remesas de los trabajadores en el exterior, principalmente en Tailandia, Malasia y Corea del Sur. A partir del primer trimestre de 2009, Tailandia y Malasia cancelaron todas las importaciones de trabajo, y Corea rebajó la cuota de trabajadores camboyanos a 1.000 para 2009, 25% menos que la tasa de 20082. El empleo también cayó drásticamente en la industria de la vestimenta. En marzo de 2009, habían desaparecido 51.000 puestos de trabajo de un total de 400.000. Más del 90% de los trabajadores despedidos son mujeres provenientes de comunidades rurales, que por lo general envían la mayor parte de sus ingresos a su casa para mantener a sus hermanos y hermanas en la escuela. Las fábricas de vestimenta están operando a sólo 40-50% de su capacidad, y más de 80 fábricas ya cerraron sus puertas definitivamente. El Gobierno otorgó incentives generosos para los fabricantes de vestimenta a fin de mantener funcionando el negocio, pero no ha brindado suficiente apoyo a los trabajadores de la industria. Imposibilitados de sobrevivir con un salario mínimo demasiado escaso para cubrir sus necesidades, muchos de ellos han comenzado a volver a sus granjas.

 

En la primera mitad de 2008 los precios de los alimentos y del petróleo se dispararon, acelerando la suba del índice de precios al consumo (IPC) de 13,7% en enero de 2008 a 25,7% en mayo. Sin embargo, los precios de los bienes básicos cayeron en la segunda mitad del año y la inflación del IPC acompañó lentamente, ubicándose en 13,5% en diciembre.

El incremento repentino de los precios mundiales del arroz proporcionó una excelente ganancia a los comerciantes que contaban con arroz superavitario, pero afectó profundamente la seguridad alimentaria del 31% de la población3 – casi 4 millones de personas que no producen suficiente arroz como para cubrir sus propias necesidades4. Las personas que viven en torno al Tonle Sap, el lago más grande del país, son especialmente vulnerables porque ya se habían endeudado para lograr llegar a fin de mes. En 2008 tuvieron que vender sus activos productivos y sacar a los niños de la escuela para ponerlos a trabajar. El Gobierno respondió con un programa alimentario de emergencia por un monto de USD 40 millones para ayudar a las poblaciones vulnerables de esas provincias.

Los precios inmobiliarios se fueron a las nubes de 2005 a 2008. El Gobierno respondió con un aumento de las tasas de seguridad bancaria, de 8% a 16% (que más tarde redujo a 12% cuando la crisis financiera mundial comenzó a hacerse sentir) e introdujo medidas monetarias para desalentar a los bancos a otorgar ampliaciones de crédito para el desarrollo de propiedades. Desde 2008 los negocios inmobiliarios en Phnom Penh se han venido a pique, y ya están 30%-40% por debajo de su pico de 2008, causando graves pérdidas a los inversores5.
 
En comparación con las instituciones financieras de otras partes de la región y de Occidente, los bancos camboyanos parecen estar funcionando bastante bien. Sus tasas de interés oscilan entre 3% y 7%, dependiendo del monto y la duración de la inversión. Sin embargo, algunos economistas expresaron su preocupación acerca de los préstamos con bajo desempeño (los que están cercanos a la cesación de pagos), que alcanzan el 3,4% en Camboya, comparados con el 5,7% en el Pacífico asiático y el 1,8% en los países desarrollados6, como también por lo inadecuado de la infraestructura para ampliar el crédito a los negocios agrícolas.

Desafíos al desarrollo humano

A pesar del progreso socioeconómico reciente, Camboya sigue siendo uno de los países más pobres de Asia. Durante la década finalizada en 2007, la tasa nacional de pobreza disminuyó levemente, de 34,8% a 30,1%, pero dados los altos y crecientes niveles de desigualdad y vulnerabilidad, es probable que las crisis alimentaria y energética de 2008 hayan atrasado los esfuerzos para aliviar la pobreza.

Debido a la debilidad de los servicios de salud pública, incluso las familias de medios modestos pueden caer en la pobreza cuando uno de sus integrantes se enferma. El Gobierno introdujo varios programas para brindar atención médica gratuita para las familias pobres, pero éstos tienden a ser inadecuados y poco confiables. Los responsables de las políticas han considerado diversas opciones de redes de seguridad para la población en general, pero ninguna de ellas se ha implementado aún.

Otros indicadores de desarrollo son angustiantes, especialmente la tasa de mortalidad materna. Según la Encuesta de Demografía y Salud de Camboya se ha mantenido estancada en un nivel alto: de 432 por 10.000 nacidos vivos en 2000 a 472 por 10.000 en 2005. Cinco mujeres por día mueren al dar a luz, el mismo número de hace nueve años. El Dr. Te Kuy Seang, Secretario de Estado del Ministerio de Salud, declara que su oficina no tiene fondos para implementar su plan de aumentar en 300 el número de parteras, que se agregarían a las actuales 3.000, y construir centros de atención para madres embarazadas en las comunidades rurales.

Las niñas aún sufren discriminación, tanto en sus familias como en el sistema de educación pública. En 2007, representaban el 47% de la matrícula de enseñanza primaria, el 46% del ciclo básico de enseñanza secundaria, el 40% de la enseñanza secundaria superior y sólo el 35% de la educación terciaria. A fin de encarar esta desigualdad, el Gobierno y las organizaciones internacionales han introducido programas para brindar comidas en la escuela, internado gratuito, becas y otros incentivos para las niñas. Sin embargo, estos programas todavía no han alcanzado a toda la población.

Con la tasa de crecimiento proyectada para 2009 la probabilidad de recaudar suficientes ingresos para financiar los programas sociales planificados parece muy limitada. Por diversas razones, que van desde desastres naturales a políticas agrícolas inadecuadas, tanto la distribución de los alimentos como el acceso a ellos se está convirtiendo en un problema para una porción importante y creciente de la población. El Gobierno está proporcionando alimentos al Programa Mundial de Alimentos, que actualmente asiste a más de un millón de camboyanos. Asimismo, está modificando el presupuesto actual para aumentar la asignación al Banco de Desarrollo Rural destinada a créditos granjeros. No obstante, hasta ahora ha brindado muy poca información sobre cuánto dinero se destinará a tal efecto y de qué forma asegurará que se beneficien los más necesitados.

Las comunidades indígenas y el trabajo de las ONG

Las concesiones de tierras del Gobierno para las plantaciones de caucho usurparon las tierras ancestrales de las comunidades indígenas de Stung Treng, Rattanakiri y Mondulkiri. A pesar de la aprobación de una ley comunal en 2001, ninguna de estas comunidades logró registrar sus tierras comunales. Esta confiscación viola su derecho a su única fuente de supervivencia e identidad. También existen planes para instalar plantas hidroeléctricas que amenazan el sustento de muchas comunidades indígenas en todo el país. No se consultó a las comunidades locales respecto de la mayoría de estos planes. Las ONG locales y las organizaciones internacionales están trabajando con estas comunidades para ayudarlos a conocer sus derechos y la legislación respecto de la propiedad de sus tierras.

Mientras algunas organizaciones de la sociedad civil están brindando información para proteger a las poblaciones vulnerables, otras monitorean la apropiación de tierras de las comunidades rurales que violan los derechos humanos. Algunas ONG monitorean el presupuesto nacional, identificando discrepancias entre las prioridades políticas y las correspondientes asignaciones, y están exigiendo más transparencia. Otras se concentran en capacitar a las organizaciones de la sociedad civil para promover la participación de los ciudadanos en la gobernanza local y nacional. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil reclama que el petróleo, el gas y la minería se administren de forma tal que aseguren la transparencia de los ingresos y la sustentabilidad para las futuras generaciones.

Camboya todavía está reconstruyendo sus instituciones económicas y políticas, que fueron destruidas por dos décadas de guerra. El país alcanzó un alto crecimiento económico pero no logró diversificar las inversiones económicas o hacer las inversiones urgentes necesarias para mejorar los servicios de educación y salud. A pesar del lento avance en la reducción de la pobreza, la falta de transparencia de las decisiones políticas y la mala administración de los asuntos del Estado siguen siendo motivos de preocupación.

1 Tith Chinda, Director General del Ministerio de Turismo, 12 de marzo de 2009.

2 Ministerio de Trabajo y Oficios, entrevista en la radio Asia Libre, 7 de abril de 2009.

3 Chan Sophal. “Impact of High Food Prices in Cambodia”. Annual Development Review 2008-09.

4 En las nueve aldeas estudiadas por el Instituto Camboyano de Recursos del Desarrollo entre 2001 y 2004, hasta 65% de los hogares no cultivaba suficiente arroz para su propio consumo.

5 Realidad Camboyana. Seng Bunna, Bunna Reality, 20 de marzo de 2009.

6  Ibid.

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Region: 
left

CANADÁ

Publication_year: 
2009
Summary: 
El presupuesto de 2009 fue la oportunidad de que el Gobierno se ocupara de los ciudadanos más vulnerables. Todo quedó en un plan de estímulo económico cortoplacista que desatiende las necesidades de los miles de ciudadanos que soportan lo peor de la crisis. Los empleos creados por las inversiones públicas son para los hombres, mientras las mujeres obtienen empleos precarios o de tiempo parcial y, con frecuencia, son las primeras en ser despedidas. A las organizaciones de la sociedad civil les preocupa que los estándares ambientales y de sostenibilidad se flexibilicen mientras Canadá se dedica a desandar el traspié económico.

Estímulo económico 2009: una oportunidad perdida

Canadian Feminist Alliance for International Action
Nancy Baroni
Nancy Peckford
North South Institute
John Foster
Canadian Centre for Policy Alternatives
Armine Yalnizyan

El presupuesto de 2009 fue la oportunidad de que el Gobierno se ocupara de los ciudadanos más vulnerables. Todo quedó en un plan de estímulo económico cortoplacista que desatiende las necesidades de los miles de ciudadanos que soportan lo peor de la crisis. Los empleos creados por las inversiones públicas son para los hombres, mientras las mujeres obtienen  empleos precarios o de tiempo parcial y, con frecuencia, son las primeras en ser despedidas. A las organizaciones de la sociedad civil les preocupa que los estándares ambientales y de sostenibilidad se flexibilicen  mientras Canadá se dedica a desandar el traspié económico.

*

Durante las elecciones generales de octubre de 2008, que coincidieron con la creciente conciencia de que Canadá podría estar ante una posible recesión, el primer ministro Stephen Harper aseguró a los electores que la economía sería inmune a las dificultades mundiales, que sus ahorros, jubilaciones y capitales estarían seguros, y que su gobierno jamás entraría en déficit. Esto lo aseguró basado en que el sistema bancario de Canadá está bien regulado y es estable, e ignoró en gran medida el hecho de que el país se vería muy afectado, ya que Estados Unidos es, por lejos, su principal socio comercial.

Lo que no dijo el Primer Ministro es que el desempleo probablemente se dispare, o que los canadienses con bajos ingresos padecerían el mayor costo del debilitamiento de la economía, especialmente por lo poco que se invirtió en programas sociales en la década anterior. También dijo muy poco acerca de las opciones que su gobierno – de resultar elegido – tomaría para compensar las peores consecuencias de una posible recesión. Aunque a muchos canadienses les preocupó que su enfoque equivaliera a “esconder la cabeza en la arena”, el Partido Conservador en el poder fue reelegido con 37,6% de los votos (sobre un total inferior al 60% del electorado habilitado, la menor asistencia en la historia).1

Cuando el Gobierno recién elegido fijó sus prioridades, los canadienses esperaban un sólido paquete de estímulos económicos para proteger los empleos, invertir en una red de seguridad social fortalecida para los ciudadanos de bajos ingresos y realizar inversiones estratégicas para minimizar el impacto de la recesión. En cambio, presentó un programa sumamente partidario e ideológico que, entre otras medidas, eliminaría el apoyo financiero a los partidos políticos y ya no apoyaría la equidad salarial en el empleo público como un derecho humano, dejándole a los sindicatos la posibilidad de negociarlo a través del proceso de negociación colectivo.

Respuesta parlamentaria

En un paso sin precedentes, los tres partidos de oposición elegidos negociaron un acuerdo para formar un gobierno de coalición. Muchas organizaciones de la sociedad civil apoyaron este paso para reemplazar al Gobierno conservador por uno más progresista que representara a la mayoría de los canadienses. Sin embargo, mientras la propuesta de un gobierno de coalición adquiría fuerza y amenazaba con tomar el poder a través de un voto de censura en el Parlamento, el Primer Ministro solicitó al Gobernador General (el jefe de Estado de Canadá) una prórroga (en esencia, un receso parlamentario extendido), que le fue otorgado. El gobierno se comprometió a convocar al Parlamento seis semanas después con un presupuesto completo que planteara un plan de estímulos económicos. Durante las seis semanas de la prórroga, el líder del partido opositor oficial renunció, se designó a uno nuevo, y la propuesta de coalición fue retirada.

El presupuesto de 2009 y la sociedad civil

Durante la prórroga del Parlamento, el Departamento de Finanzas invitó a personas individuales y organizaciones a presentar propuestas sobre qué tendría que incluir el presupuesto. En este período, el Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) presentó su Presupuesto Federal Alternativo (AFB) anual, un presupuesto participativo creado por la sociedad civil con un fuerte énfasis en la creación y el mantenimiento de empleos favorables a la ecología, la inversión en infraestructura social y física, el fortalecimiento del seguro de paro y el apoyo a los canadienses con bajos ingresos. Los participantes propusieron cinco pruebas sobre la eficacia del presupuesto federal:2

  • El incremento del seguro de paro del 55% al 60% de los ingresos asegurados y la extensión del período para recibir ese beneficio a 50 semanas, ¿ayuda a los cientos de miles de canadienses recientemente desempleados?
  • El compromiso de reducir la pobreza un 25% en los próximos cinco años, ¿apoya a quienes más lo necesitan, como los desempleados, los canadienses con bajos ingresos y las comunidades más afectadas?
  • ¿Implementa un ambicioso programa de infraestructura social, física y pública ecológica para la creación de empleos en profesiones dominadas tanto por hombres como mujeres?
  • ¿Apoya a sectores clave de valor agregado con criterios de reestructura para asegurar que se transformen en ecológicos y sostenibles?
  • ¿Pone énfasis en el gasto por encima de los recortes tributarios?

El presupuesto para 2009 reprobó en las cinco pruebas.

El apoyo a los trabajadores desempleados

En cuanto al seguro de paro, el presupuesto de 2009 anunció cambios que permiten a los reclamantes cinco semanas adicionales de beneficios en los próximos dos años. Esto no es suficiente debido al récord de pérdidas de empleos que han sido denunciados. Además, relativamente pocos canadienses están habilitados para recibir esos beneficios aunque todos los trabajadores que generan ingresos imponibles realizan pagos obligatorios al plan. Aproximadamente 44% de quienes están desempleados en la actualidad reciben el seguro de paro. En 1989 esa cifra ascendía a 83%.3

Los profundos recortes al gasto público realizados en la década de 1990 debilitaron mucho el plan de seguro de paro. Aunque antes de la recesión Canadá experimentó casi una década de crecimiento económico y superávits gubernamentales, el gasto en los programas sociales nunca se reinstauró. A lo largo del espectro político y entre los analistas existe el consenso casi universal de que es necesario enmendar el seguro de empleo para mejorar el acceso al beneficio del seguro de paro. Los partidos opositores respaldaron por unanimidad una moción en la Cámara de los Comunes para reformar el programa. Sólo los Conservadores en minoría se oponen.

La debilitada red de seguridad social de Canadá

Aunque fue presentado como el paquete de estímulos económicos del Gobierno, el Presupuesto de 2009 no se comprometió a reducir la pobreza ni otras medidas para ayudar a los canadienses más vulnerables. En noviembre de 2008, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Canadá que actuara de inmediato para modificar las tasas de asistencia social, insuficientes y empobrecidas.4 Mientras se pierden empleos y la gente no califica para recibir beneficios del seguro, cada vez más canadienses deberán recurrir a la asistencia social. Hacen falta inversiones sustanciales para mejorar las tasas y emprender la reforma del sistema de asistencia pública para que se amplíen los requisitos, se eliminen las recuperaciones de los beneficios estatales dados a los receptores y los receptores puedan obtener más ingresos. Esto permitiría a un número mayor de canadienses salir de la trampa de la pobreza en que se ha convertido el sistema vigente de asistencia pública a partir de los recortes en el gasto antes mencionados.

Presupuesto de 2009 e infraestructura

El Presupuesto de 2009 tuvo alguna inversión en proyectos de infraestructura física. Canadá tiene un déficit de infraestructura municipal estimado en USD 123 mil millones debido a años de subfinanciación, y el monto anunciado es una gota en el mar. Además, depende fuertemente de la asociación entre el Estado y el sector privado.5 En la mayoría de los casos, los municipios deben igualar los fondos federales para acceder a estos dineros de infraestructura.

El Presupuesto realizó cierta inversión en sectores clave, aunque muchos representantes del sector argumentan que no son estratégicos y no fomentan el crecimiento de una economía sostenible y ecológica. A las organizaciones de la sociedad civil les preocupa que, mientras Canadá se dedica a superar el traspié económico, las normas ambientales y de sostenibilidad se flexibilizarán. Además, los empleos se están creando en industrias dominadas por los hombres. Las mujeres siguen soportando lo peor de esta crisis económica. Están excesivamente representadas en los empleos precarios y de tiempo parcial, y con frecuencia son las primeras en ser despedidas. Debido a este patrón laboral, es más probable que no sean aptas para recibir los beneficios del seguro de paro.

AOD: noticias buenas y malas

Uno de los avances más significativos de 2008 fue la aprobación de la Ley de Rendición de Cuentas de la Ayuda Oficial al Desarrollo, que requiere que el Gobierno informe al Parlamento de qué manera la ayuda canadiense coincide con los compromisos oficiales de derechos humanos, reduce la pobreza y cumple las necesidades expresadas por los pobres. Todos los partidos apoyaron la moción. Sin embargo, ese mismo año, el gobierno anunció que retiraría a varios países africanos de la atención de prioridad (incluidos Camerún, Kenia, Malawi y Zambia) y se concentraría en su lugar en varios países del Hemisferio Occidental, incluidos Bolivia, Colombia, Haití, Honduras y Perú. Las consecuencias totales del cambio aún no son visibles, pero en terrenos como el VIH y el SIDA y la reducción de la pobreza, significa un traspaso de los países con alta incidencia a otros con baja incidencia. El gobierno asegura a los canadienses que su compromiso de incrementar la ayuda a África sigue en pie, en general.

Recortes tributarios para los ricos por encima de la inversión social

Las organizaciones de la sociedad civil piden desde hace tiempo al gobierno que realice inversiones sociales duraderas que beneficien más a los canadienses de bajos ingresos, pero el Presupuesto de 2009 continuó la tendencia de los recortes impositivos y los créditos dirigidos a los canadienses de altos ingresos y las empresas. Casi 40% de las mujeres y 24% de los hombres en Canadá generaron tan pocos ingresos en 2007 que no pagaron impuesto a la renta,6 y por lo tanto no pueden acceder a ninguno de los créditos o exenciones tributarias propuestas dirigidas a estimular la economía. Algunos de los recortes impositivos son permanentes. Por el contrario, todas las medidas de gasto son temporarias, con una fecha de vencimiento no mayor a los dos años tras la adopción del presupuesto.

La situación de Canadá al ingresar a la recesión era insostenible por los fuertes recortes tributarios. La crisis económica fue la oportunidad de usar los estímulos gubernamentales para mejorar el rumbo de varias cosas, como la desigualdad, el cambio climático y la infraestructura pública (incluida la infraestructura blanda como la atención sanitaria e infantil). El Gobierno decidió enfrentar las circunstancias minimizando constantemente la gravedad y potencial duración de la recesión y tratando el plan de estímulos como algo para lograr el retorno de la economía “a la normalidad”. Esto revela miras cortas y no alcanza para satisfacer las necesidades de miles de canadienses que soportan lo peor de la crisis económica.  

 

1 CBC. “Voter Turnout Drops to Record Low”. 15 de octubre de 2008. Disponible en: <www.cbc.ca/news/canadavotes/story/2008/10/15/voter-turnout.html>.

2 Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) “Five Tests for Canada’s Next Federal Budget”. Comunicado de prensa, 23 de enero de 2009. Disponible en: <www.policyalternatives.ca/news/2009/01/pressrelease2080/>.

3 Battle, K., Mendelson M. y Torjman S.. Towards a New Architecture for Canada’s Adult Benefits. Ottawa:Caledon Institute of Social Policy (2006).

4 Canadian Feminist Alliance for International Action (FAFIA). “UN Asks Canada to Report Back on Poverty and Murdered Aboriginal Women”. Comunicado de prensa, 24 de noviembre de 2008. Disponible en: <www.fafia-afai.org/files/CEDAW_PR_EN.pdf>.

5 “Federal Budget 2009 and Municipal Infrastructure”. Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE). 29 de enero de 2009. Disponible en: <cupe.ca/budget/2009-budget-municipal-infrastructure>.

6 Dirección de Aduanas e Ingresos de Canadá. “Tax Statistics”. 2007

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CHILE

Publication_year: 
2009
Summary: 
En tanto avanzan la recesión y el desempleo, se vacían los fondos de pensiones, decrecen las remuneraciones y el gobierno presiona sobre las remuneraciones a fin de descontraer la economía, los gremios y la sociedad civil plantean otras soluciones. Mientras los trabajadores ratifican su defensa de salarios, derechos, fondos y trabajo decente para todos y cada uno de los trabajadores, las ONG manifiestan la necesidad de comenzar a construir, juntos, una economía que ponga a las personas y al planeta primero.

Impacto social de la crisis y respuestas ciudadanas

Hugo Fazio y Martín Pascual
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA)

En tanto avanzan la recesión y el desempleo, se vacían los fondos de pensiones, decrecen las remuneraciones y el gobierno presiona sobre las remuneraciones a fin de descontraer la economía, los gremios y la sociedad civil plantean otras soluciones. Mientras los trabajadores ratifican su defensa de salarios, derechos, fondos y trabajo decente para todos y cada uno de los trabajadores, las ONG manifiestan la necesidad de comenzar a construir, juntos, una economía que ponga a las personas y al planeta primero.

Chile está siendo duramente golpeado, en 2009, por la crisis económica internacional, iniciada a mediados de 2007 a partir del derrumbe de la “burbuja” inmobiliaria estadounidense que derivó en una crisis financiera, que rápidamente fue global. Al tratarse la chilena de una economía extraordinariamente abierta, en la cual los fenómenos externos se expresan con extraordinaria crudeza, la crisis económica global repercute de formas diversas en el país. La caída de la generalidad de los productos básicos en los mercados internacionales, experimentada a partir de 2008, ha influido poderosamente, dado que la estructura económica y exportadora del país es fuertemente dependiente de la colocación en mercados foráneos de unos pocos recursos primarios y de bajo valor agregado.

La libra de cobre llegó a su precio nominal más elevado a comienzos de julio de 2008 al superar los USD 4 la libra. Ya al finalizar ese año promedió USD 1,40, para tener en los primeros meses de 2009 un ligero repunte. El descenso en el precio del cobre repercute entre otras variables sobre la paridad cambiaria, los términos de intercambio, la balanza de pagos y la actividad económica, lo cual, a su turno, tiene consecuencias sociales negativas.

En el cuarto trimestre de 2008 la economía chilena entró clara y abiertamente en recesión, cuando cayeron violentamente sus niveles de actividad en consonancia con tendencias similares en el ámbito global, lo que mostró claramente la alta correlación entre la realidad nacional y el curso general de la crisis. En el período octubre-diciembre el producto desestacionalizado y en cifras anualizadas cayó por segundo trimestre consecutivo, en comparación con los tres meses precedentes. En el tercer trimestre su disminución fue, según los datos de las Cuentas Nacionales, de 0,1%. En el cuarto trimestre se estima, efectuando el mismo cálculo, que la contracción fue de 5%.

La producción industrial se contrajo en doce meses durante el cuarto trimestre un 3,6%, la mayor caída desde 1999. En diciembre, la disminución anualizada fue todavía mayor: 4,3%. En el cuarto trimestre las ventas totales descendieron, con relación a los mismos meses de 2007, en 4%, mientras que las efectuadas en el mercado interno lo hacían en 4,7%1.

Consumo e inflación

En el cuarto trimestre se experimentó una sensible reducción en el consumo que fue acentuándose, llegando en diciembre a 9% en doce meses. La caída se produjo, fundamentalmente, entre la población de menores ingresos.

Por contrapartida, la caída en la cotización de los productos básicos incidió en que uno de los grandes problemas sociales de 2008, las altas tasas de inflación, en especial para los sectores de la población de menores ingresos, se morigerasen. En octubre de 2008, la tasa de inflación anualizada alcanzó 9,9%. Este porcentaje fue superior para los dos quintiles de la población de menores ingresos debido a un incremento en el precio de los alimentos superior al promedio, lo cual contrajo sus condiciones de vida. Al registrarse también contracción de la demanda interna, las presiones inflacionarias se vieron debilitadas y, en parte por este motivo, desde noviembre el Índice de Precios al Consumo (IPC) inició un curso descendente, que proseguirá en el curso del año.

Otra poderosa razón que explica el descenso inflacionario es la reducción internacional en el precio del petróleo, en porcentaje, el mayor componente de las importaciones del país. En cambio, debido a la política gubernamental de estimular las inversiones sectoriales con cargo a los consumidores, las tarifas eléctricas siguen teniendo un costo elevado. Otro tanto sucede en el sector de agua potable y empresas sanitarias.

Desempleo

Uno de los mayores costos sociales de la recesión es el incremento de las tasas de desempleo. Según estadísticas del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, en el Gran Santiago (la capital y su área metropolitana), en el trimestre diciembre-febrero el desempleo se aproximó nuevamente a los dos dígitos, al subir dos puntos porcentuales – de 7,7% a 9,7% de la fuerza de trabajo –, a pesar de que la estacionalidad del empleo en el verano es más favorable. A ello se debe agregar la reciente cifra oficial de desempleo nacional para el mismo trimestre: 8,5% – 0,5 puntos porcentuales superior al trimestre previo2.

Fondos de pensiones

Otro efecto social muy marcado de la crisis lo ha constituido la caída en los fondos de pensiones, cuyos recursos están colocados en activos financieros en Chile y en el exterior. El deterioro experimentado por los mercados financieros durante la crisis significó una reducción considerable en los ahorros con fines previsionales de la población, la que alcanzó a fines de 2008 una pérdida de USD 27.000 millones, más de un 26% del fondo total.

Un estudio del Banco Asiático de Desarrollo, analizando lo acontecido durante 2008, ubica a Chile como el país latinoamericano en el que se produjo la mayor pérdida de riqueza de los hogares, para lo cual tuvo alta incidencia lo sucedido con los fondos de pensiones. A pesar de las numerosas protestas de los afectados, ni las administradoras privadas de fondos de pensiones ni el gobierno han hecho nada para compensarlos.

Remuneraciones

Las políticas oficiales para enfrentar el curso contractivo de la economía, equivocadamente, han presionado – desgraciadamente con éxito – para reducir las remuneraciones reales. En una situación de elevada inflación anualizada como se vivió hasta octubre, y cuando resultaba evidente que debía experimentar una clara reducción por la fuerte caída de los productos básicos en los mercados internacionales y la notoria desaceleración de la economía interna, introducir el concepto de reajustar por la inflación oficial futura – como se ha hecho reiteradamente durante los gobiernos de la Concertación,  desde 1990 –  y no por la pérdida efectiva experimentada por las remuneraciones, atenta contra los ingresos de los trabajadores.

Los intentos oficiales de aplicar esta política chocaron a fines de 2008 con un gigantesco movimiento reivindicativo de los trabajadores del sector público. Con todo, el incremento real obtenido en las remuneraciones de los funcionarios del Estado, con relación a la situación que tenían un año antes, fue ligeramente superior al 1%.

La evolución del índice general de remuneraciones por hora y de costo de la mano de obra, que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas, evidencia claramente las consecuencias. El primero fue negativo desde junio de 2008, luego de no haber experimentado modificaciones durante mayo, pero menos que el segundo, que mira la evolución de las remuneraciones desde la perspectiva del empresario.

A la disminución reflejada en los cuadros de remuneraciones se debe agregar la disminución en los créditos que afectan a la población en general, pero particularmente a los menos favorecidos y a las PYMEs.

Las propuestas ciudadanas

La Central Unitaria de Trabajadores de Chile, en este periodo de crisis, ha concentrado sus propuestas por “Un Chile Justo” en 5 reivindicaciones principales:

a) impedir un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores con la excusa de la crisis,
b) defensa del empleo,
c) defensa de los salarios,
d) defensa de los fondos previsionales afectados por la crisis y la petición de compensaciones e intervención estatal en el sistema previsional y
e) la defensa del trabajo decente en todos sus contenidos.

En un ámbito social más amplio y trascendiendo las fronteras nacionales, ACCION, la Asociación Chilena de ONGs que agrupa a más de 70 organizaciones de desarrollo ha enviado una carta a los líderes mundiales que se reunirán en el G-20, planteando 4 grandes propuestas ante la crisis mundial en desarrollo:

a. Garantizar la gobernabilidad democrática de la economía regulando las actividades financieras, creando nuevos instrumentos fiscales, estableciendo desincentivos y restricciones a la especulación, prohibiendo los productos financieros “de casino” y garantizando que los recursos del ahorro privado o público se canalicen efectivamente hacia la actividad productiva. Insistiendo en la reforma de la gobernanza del Banco Mundial y del FMI para garantizar que estén debidamente democratizados. Haciendo que todas las instituciones financieras, los productos financieros y las multinacionales actúen con transparencia y rindan cuentas públicamente. Esto debe incluir la eliminación del secreto bancario y de los paraísos fiscales y la introducción de controles públicos en todos los países por medio de normas internacionales de contabilidad.

b. Crear trabajo decente y servicios públicos para todos garantizando una inversión masiva en un green new deal a fin de construir una economía verde basada en el trabajo decente y una remuneración justa, invirtiendo y fortaleciendo la prestación pública de servicios esenciales y trabajando en pro de asegurar el financiamiento al desarrollo a todos los países que lo necesitan, sin condiciones perjudiciales adjuntas.

c. Poner fin a la pobreza mundial y a la desigualdad entregando el 0,7% de la renta nacional en cooperación al desarrollo para el año 2013, haciendo más eficaces estos recursos y presionando para la cancelación de todas las deudas ilegítimas e impagables de los países en desarrollo.

d. Construir una Economía Verde presionando por un acuerdo en la cumbre sobre cambio climático de Copenhague para acordar reducciones sustanciales y verificables de gases de efecto invernadero y comprometiéndose a nuevas y sustanciales transferencias de recursos del Norte al Sur para apoyar la adaptación y el desarrollo sostenible en los países pobres. Es urgente implementar políticas que se alejen de las medidas de liberalización y de desregulación que marcaron los años 1990s. Llamamos a los gobiernos del G20 y de otros países a aprovechar esta oportunidad y comenzar a construir una economía que ponga a las personas y al planeta primero, en pos de una sociedad justa y con menos inequidades.

1 Banco Central de Chile.

2 Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

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CHIPRE

Publication_year: 
2009
Summary: 
: La crisis económica mundial perjudicará el turismo y los negocios inmobiliarios, dos de las industrias más importantes del país, y aumentará los niveles de desempleo de los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente los inmigrantes y las mujeres. El Gobierno debería permitir los aportes de la sociedad civil, en particular de las ONG que tienen contactos estrechos con todos los sectores de la sociedad. Esto requeriría una reforma del marco legal que reglamenta las ONG, actualmente en vías de concretarse.

Es hora de revaluar las políticas

CARDET
Charalambos Vrasidas
Sotiris Themistokleous
Michalinos Zembylas

La crisis económica mundial perjudicará el turismo y los negocios inmobiliarios, dos de las industrias más importantes del país, y aumentará los niveles de desempleo de los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente los inmigrantes y las mujeres. El Gobierno debería permitir los aportes de la sociedad civil, en particular de las ONG que tienen contactos estrechos con todos los sectores de la sociedad. Esto requeriría una reforma del marco legal que reglamenta las ONG, actualmente en vías de concretarse.

*

El colapso de los mercados en todo el mundo ha golpeado duramente a las economías emergentes. Los gobiernos enfrentan la compleja tarea de asegurar el acceso equitativo a las necesidades básicas, sin descuidar la protección de los derechos humanos de todas las personas que viven dentro de las fronteras del país. La crisis económica recién está empezando a notarse en Chipre; se espera que sus efectos se tornen más severos para fines de 2009. Los sectores más marginalizados de la sociedad serán los más afectados por el declive económico.

Chipre siempre ha tenido una economía mixta en donde el Estado desempeña un papel importante, especialmente en la provisión de servicios básicos como electricidad, agua potable, telecomunicaciones, atención de la salud, educación y transporte. En los últimos años el crecimiento ha sido fuerte y el Ministro de Hacienda anunció que el presupuesto estatal 2009 tendrá un superávit que será invertido en servicios públicos1. Sin embargo, es cada vez más claro que las fuentes principales de ingresos del Estado – el impuesto al valor agregado y otros impuestos indirectos – disminuyen cuando la economía vacila, lo que limitará la capacidad del Gobierno de financiar inversiones públicas y programas para ayudar a mitigar el impacto de la crisis2. Una baja productividad crónica en el sector público también afectará la capacidad del Gobierno para responder rápida y eficazmente a la crisis económica que se intensifica a pasos agigantados3.

El impacto de la crisis

Inevitablemente, Chipre tendrá que lidiar con el tema del desempleo que, según los pronósticos, aumentará de 3,9% en 2008 a 4,5% en 2009. Se espera que la tasa de crecimiento siga siendo positiva en 2009, alrededor de 2,1%4. Este desempeño es, sin embargo, mucho mejor que el de la Unión Europea en su conjunto, en donde se espera que la tasa de desempleo alcance 8% y que el crecimiento económico sea negativo en la mayor parte de los países5.

El turismo y los negocios inmobiliarios, dos de las industrias más importantes, ya están sintiendo los efectos de la crisis mundial. Las predicciones para el turismo, que contribuye con el 20% al PIB del país, van de pesimistas a gravísimas6. El sector inmobiliario y de la construcción también está siendo afectado duramente. Ambos sectores emplean a un gran número de inmigrantes y mujeres7. Como resultado, estos grupos vulnerables sufrirán más que la población en general.

Tradicionalmente, a las mujeres se las margina de la vida socioeconómica del país, y están ausentes en los organismos decisorios, una situación que seguramente no mejorará durante la crisis económica8. Como sector de servicios que utiliza trabajadores zafrales, el turismo emplea principalmente a mujeres, muchas de las cuales probablemente perderán sus empleos9. Incluso antes del declive económico, solo estaba empleado el 62,4% de la mano de obra femenina, contra el 80% de la masculina. Además, la brecha salarial del 20% entre los trabajadores hombres y mujeres es una de las más grandes de Europa10.

Durante la década pasada, la población inmigrante aumentó 15% anualmente. Para 2007, los extranjeros constituían el 25% de la mano de obra del país11. Además del aumento gradual de las disparidades económicas, este hecho ha contribuido a la desconfianza creciente de los chipriotas hacia los inmigrantes. Los empleadores tienden a contratar a inmigrantes indocumentados para reducir sus gastos, y los trabajadores migratorios soportan las peores condiciones de trabajo. Para desalentar las solicitudes de asilo, el Gobierno ha adoptado diversas políticas, como la de restringir el empleo de los inmigrantes y los solicitantes de asilo a determinados sectores como el trabajo doméstico, de granja o agrícola. Aunque las escuelas han hecho algunos progresos en la integración de los niños inmigrantes, las oportunidades de los inmigrantes adultos para aprender griego son limitadas.

En muchas ocasiones, los medios de comunicación han usado a los inmigrantes como chivos expiatorios, haciéndolos responsables de los problemas económicos y sociales12. Los estereotipos atraen a los lectores y espectadores; en Chipre los medios a menudo presentan informes parcializados sobre incidentes que involucran a inmigrantes, y rara vez dan cabida a sus opiniones. A pesar de su contribución a la economía nacional, los trabajadores inmigrantes siguen excluidos de los beneficios públicos. Sus derechos laborales y sociales son limitados, y no tienen derechos políticos en absoluto. Durante los últimos cinco años, se ha informado de 700 casos de racismo y xenofobia13. Aunque en años recientes el Gobierno haya intentado hacer cumplir varias directivas europeas sobre inmigración, hasta ahora estas policías no han sido totalmente eficaces14.

Respuestas a la crisis

El Gobierno ha anunciado varias medidas diseñadas para dar un impulso a la economía. En un movimiento económico Keynesiano clásico , intenta acelerar varios proyectos de desarrollo de nuevas construcciones, carreteras e infraestructura. También ha dispuesto un gasto de EUR 470 millones (aproximadamente USD 622 millones) para apoyar la industria turística. Se espera que estas medidas mantengan la tasa de desempleo baja y aseguren un crecimiento del PIB positivo. Una buena proporción de estos gastos contracíclicos se destina a la asistencia de los chipriotas vulnerables y marginados. Dichos gastos incluyen aumentos de las pensiones, ayuda financiera para estudiantes universitarios y apoyo financiero para vivienda a parejas de ingresos bajos. Además, se ha adoptado una nueva ley que aumenta las cargas sociales tanto de empleadores como de trabajadores en un 1,3% durante los próximos cinco años.

El Gobierno, los sindicatos y la federación de empresarios también han acordado recientemente un programa para combatir la contratación de trabajadores ilegales, que incluye un una línea telefónica de acceso directo para denunciar a inmigrantes ilegales y empleadores que les ofrecen trabajo. Sin embargo, esto abre la puerta a mayores discriminaciones y explotación del trabajo “barato”, porque los empleadores procurarán maximizar sus ganancias adhiriendo al acuerdo selectivamente para satisfacer sus intereses.

Los críticos sostienen que las medidas propuestas hasta ahora son inadecuadas y no serán suficientes para impulsar la economía, y tampoco protegerán los derechos de todas las personas que viven y trabajan dentro de las fronteras del país. Por ejemplo, la medida dirigida a brindar apoyo financiero a los estudiantes universitarios excluye a los extranjeros e inmigrantes. Los estudiantes extranjeros tienen permiso para trabajar sólo 20 horas por semana, y sólo en áreas como la agricultura, limpieza, construcción y restaurantes.

El papel de la sociedad civil

Dada la naturaleza multifacética de la crisis actual, los Gobiernos deberían revaluar todas las políticas y prácticas para garantizar que ayudan a proteger los derechos humanos y civiles de todos los residentes del país. Una medida inmediata para conseguir esto debería ser invitar a todos los actores de la sociedad civil a participar en un debate público sobre la crisis económica y las respuestas apropiadas para combatirla. Debido a que su trabajo especializado con los grupos de base mantiene a las ONG en estrecho contacto con las necesidades sociales, son más flexibles que el Gobierno y pueden ser más eficaces para llegar a los grupos marginalizados. Su experiencia podría utilizarse indirectamente por las instituciones estatales para lograr objetivos estratégicos. Además, las ONG podrían recomendar prácticas innovadoras y creativas para promover la educación, el empoderamiento, la igualdad de género y los derechos humanos y laborales de los que ahora están desempoderados.

Empoderar a la sociedad civil es crucial para amortiguar el impacto de la crisis económica. Uno de los desafíos principales que enfrentan las ONG en Chipre es lograr que la sociedad les preste atención. A pesar del progreso sustancial de los últimos años, las ONG que apoyan a los grupos marginados todavía deben superar la desconfianza y el prejuicio. La ausencia de un marco de cooperación coherente y transparente entre los actores de la sociedad civil y los organismos públicos reduce la eficacia de las políticas nacionales considerablemente.

Los estudios especializados del marco legal y regulatorio actual que afecta a las ONG han concluido que éste debe reformarse y modernizarse para cumplir con las exigencias europeas de mejores prácticas y para ser consecuente con las leyes internacionales. En 2008 la Oficina de Planificación, a través de CyprusAid, inició este proceso invitando a las ONG a participar y expresar sus opiniones. El organismo ha urgido al Gobierno a crear un marco legal y político coherente para la cooperación, sosteniendo que dicho marco permitiría el empoderamiento de la sociedad civil y haría posible la implementación eficaz de políticas públicas nacionales.

Especialmente en este tiempo de crisis económica, el Gobierno debe comprometer la participación de todos los grupos interesados en el desarrollo y la implementación de medidas paliativas. La ausencia de un marco legal hace difícil que las ONG tomen medidas que garanticen los derechos de toda la población. Las ONG y el Gobierno deben establecer mejores canales de comunicación e intercambio de información para que las primeras puedan convertirse en vehículos para implementar políticas nacionales en todos los rincones de la isla. Además, cuando la crisis provoca un aumento de la xenofobia en los países europeos, es esencial que el Gobierno y las ONG se pongan de acuerdo en llevar adelante una campaña de información y educación sobre las causas del desempleo y los efectos de la crisis a fin de ayudar a reducir el sesgo discriminatorio contra los inmigrantes.

1 KIPE (2008). “The Most Stable Bank System in Europe”. Cyprus News Agency (KIPE), 13 de octubre de 2008. Consultado el 25 de febrero de 2009 en<www.singmalive.com>.

2 Antoniadou, C. (2009). “Falling Psychology in the Cyprus Market”. Simerini. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

3 Hadjiloe, T. (2008). “Financial Crisis and Development”. Simerini. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

4 Ministerio de Hacienda (2009). Cyprus Economy, Overview and Potentials. Ministerio de Hacienda. Presentado por Charilaos Stavrakis en conferencia de prensa. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.mof.gov.cy>.

5 ECEFA (2009). Interim Forecast January 2009. European Commission on Economic and Financial Affairs. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <ec.europa.eu/economy_finance/>.

6 Polemitou, M. (2009). “Fears for Massive Redundancies in Hotels by April”. Simerini. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

7 Pallala Charidi, N. (2009). “Red Card on Unemployment”. Simerini. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

8 EWL (2008). “Women and the Economic Crisis - An opportunity to assert another vision of the world?”, European Women’s Lobby, Consultado el 25 de abril de 2009 en <www.womenlobby.org>.

9 Nicolaou-Pavlidi, E (2009). “Wage Gap between Genders”. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.sigmalive.com>.

10 Lokar, S. (2009).“Women’s Lobby of Cyprus 50-50 campaign for EU elections”. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.europeanforum.net>.

11 Michail, M, Hadjigiannis, K, Stafanidis, M, Christoforidis, L, Kliridis, S and Mixalakopoullou, M. (2008). “The Effects of Immigration on Unemployment, Part-Time Jobs and Participation in Workforce”. Essays of Economic Policies, 08-08. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.erc.ucy.ac.cy>.

12 ENAR (2008). “Communication consultation on Opportunities, Access and Solidarity Towards a New Social Vision for 21st Century Europe”. European Network Against Racism. Consultado el 25 de febrero de 2009 en <www.enar-eu.org>.

13 Tsiartas, A. (2009). “Human Rights Issues in Cyprus”. Presentación en la conferencia Living Together (Viviendo Juntos). Nicosia, Chipre, 6 de marzo de 2009.

14 Demetriou, O. (2009). Living Together. Migrant Cities Research: Nicosia South. Nicosia: British Council.

15 El economista británico John Maynard Keynes abogaba por las políticas intervencionistas (por ejemplo, alentar el consumo mediante el aumento de la inversión pública) como forma de mitigar los efectos de las recesiones económicas.

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COSTA RICA

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2009
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La sociedad costarricense ha venido asistiendo al enfrentamiento entre dos formas antagónicas de imaginar y proyectar el país. Mientras unos sectores abogan por el modelo de mercado, otros reclaman el del Estado solidario que atienda, entre otras cosas, los derechos sociales, económicos y culturales de la gente. La crisis, y las posibles formas de salida, conforman el nuevo campo en el que estas dos visiones chocan. Mientras el Gobierno propone un paquete de medidas que parece tímido y tardío, la sociedad civil apuesta a la inclusión social y productiva.

Una crisis, dos visiones de país

Programa de Participación Ciudadana
CEP-Alforja1
Mario Céspedes y Carmen Chacón

La sociedad costarricense ha venido asistiendo al enfrentamiento entre dos formas antagónicas de imaginar y proyectar el país. Mientras unos sectores abogan por el modelo de mercado, otros reclaman el del Estado solidario que atienda, entre otras cosas, los derechos sociales, económicos y culturales de la gente. La crisis, y las posibles  formas de salida, conforman el nuevo campo en el que estas dos visiones chocan. Mientras el Gobierno propone un paquete de medidas que parece tímido y tardío, la sociedad civil apuesta a la inclusión social y productiva.

En Costa Rica los impactos de la crisis mundial comenzaron a ser visibles desde el segundo semestre de 2008. Algunos datos relevantes de estos impactos se encuentran en el decrecimiento (interanual) del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) expresado en un -1.0% en octubre de 2008, un -2.5% en noviembre, un -3.7% en diciembre y un -4.5% en enero de 2009. “Un análisis por sectores, con base al mismo IMAE, indicaría que los sectores de agricultura, industria manufacturera, comercio y hoteles ya estarían en recesión dado que el valor del IMAE al mes de diciembre de 2008 sería menor al logrado en diciembre de 2007”2.

En julio de 2008 la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportó 1.376.667 trabajadores(as) asegurados; seis meses después reportó 1.385.350, lo que representa un aumento de solo 0,1% de promedio mensual. En total hubo 8.683 nuevos trabajadores. Esto significa que la reducción en el crecimiento productivo ya habría impactado la generación de fuentes de empleo durante el segundo semestre de 20083.

Siendo el empleo una de las principales preocupaciones de la población, veamos dos ejemplos concretos relacionados con las personas migrantes y las mujeres. El reporte de la CCSS precisa que existían casi 90.000 trabajadores asegurados en la construcción, pero que en enero de 2009 fueron apenas 74.000 empleados4, es decir una pérdida de 16.000 empleos en 6 meses.

Según un estudio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su componente migratorio, concluye que hace dos años el 65% de unos 150.000 trabajadores de la construcción eran nicaragüenses5. Cabe destacar que las cifras reportadas a la CCSS se encuentran muy por debajo de los números reales, pues la mayoría de población migrante contratada en la construcción no cotiza en la CSSS, lo que les deja en una situación de extrema vulnerabilidad.

Crisis y género

En cuanto a los impactos en las mujeres, aumenta el desempleo y crece la brecha salarial entre sexos. Un informe de OIT dado a conocer el 8 de mayo de 2009 asegura que casi medio millón de personas – la mayor parte de ellas mujeres – perderán sus empleos en América Central durante 2009, con lo cual la tasa de desempleo femenino subirá 3,5 puntos porcentuales, hasta alcanzar 14%.

El salario promedio por hora de las mujeres respecto al de los hombres ha venido cayendo, desde 99,1% en 1999 a 83,9% en 2007. La brecha salarial es mayor en las actividades agropecuarias y la pesca – donde dedican 13 horas más al trabajo no remunerado –, luego siguen las profesionales y las trabajadoras no calificadas, con una diferencia de 10 horas. Es decir que, a pesar de que el tiempo efectivo de las mujeres en el trabajo remunerado es similar al de los hombres y a su creciente participación en el mercado de trabajo, la dimensión no remunerada del trabajo que es socialmente necesario para reproducir y cuidar tanto a la fuerza de trabajo como a las personas mayores y enfermas sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres, de modo que invierten una jornada de trabajo adicional y una hora más en atender esta demanda social6.

La respuesta del Gobierno

En enero de 2009, el Presidente Oscar Arias presentó el llamado “Plan Escudo” en respuesta – que parece tardía e insuficiente – a la crisis. El proyecto, que apunta a apoyar a las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero, consiste en la implementación de nuevas medidas – como la Ley de Protección al Empleo en Momentos de Crisis – y en la continuación de otras ya vigentes – entre ellas, el aumento de 15% en las pensiones del régimen no contributivo de la CCSS, el programa de alimentación para los niños y niñas más vulnerables durante los fines de semana, el Programa “Avancemos”7, el subsidio de vivienda y el perdón de deudas atrasadas a 2.100 familias de escasos recursos.
 
Algunas de las propuestas refuerzan las estrategias focalizadas de atención de la pobreza, que consolidan el asistencialismo y que corren el riesgo de convertirse en ofrecimientos clientelares para el período electoral. Particularmente graves son las omisiones del Plan en cuanto a la atención de las necesidades de las  mujeres. En efecto,  no se menciona ninguna medida que elimine la discriminación por sexo en el mercado laboral y la explotación de las mujeres en el ámbito del trabajo reproductivo y de cuidados, así como la calidad de sus empleos8.

Una mención especial merece el proyecto de Ley de Protección al Empleo en Momentos de Crisis, que compromete a las empresas a bajar el número de horas de trabajo sin reducir su valor ni realizar despidos.

Otras medidas anunciadas se relacionan con el impulso de micro, pequeñas y medianas empresas, la capitalización de los bancos del Estado y las inversiones en infraestructura pública, particularmente en educación y red vial nacional, para lo cual se gestionan préstamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros internacionales.

De acuerdo al Dr. Luis Paulino Vargas9, el endeudamiento externo para enfrentar la crisis según el Plan, ascenderá a USD 1.400 millones solo en gastos de obra pública. “Esto implica, de un solo golpe, un aumento de alrededor del 25% en el monto de la deuda externa (…). Como mínimo ello exige planificación meticulosa en el uso de tales recursos”10. Otro problema es el contraste entre la urgencia por dichos recursos y el complejo y lento proceso de negociación de préstamos, aprobación parlamentaria y concesión de la obra pública respectiva.

Los sectores sociales, políticos y empresariales – quizás disconformes con la forma en que el Gobierno planteó la iniciativa – dicen que, hasta el momento, los resultados del Plan Escudo están por debajo de las expectativas. El presidente Arias no generó procesos de diálogo nacional que permitieran construir consensos sociales amplios. Además, la iniciativa fue lanzada precisamente en año pre-electoral, lo que complejiza la ejecución de las medidas, distorsiona el debate parlamentario y profundiza la desconfianza de la ciudadanía sobre las “buenas intenciones” del presidente y su partido de gobierno.

La propuesta de las organizaciones sociales

Tres meses después de la presentación del “Plan Escudo”, diversas organizaciones sociales presentaron a la opinión pública nacional una propuesta llamada “Diez medidas para enfrentar la Crisis con Inclusión Social y Productiva”11.

Esta propuesta se inscribe en un contexto en el que las organizaciones sociales han logrado fortalecer sus capacidades de resistencia frente al modelo neoliberal como, por ejemplo, en la resistencia contra el Tratado de Libre Comercio con EEUU, mayor capacidad de incidencia en el debate nacional sobre la orientación del país, y una mayor capacidad de propuesta. Sus puntos son:

  1. Recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero. Redireccionamiento del sistema financiero hacia el sector productivo nacional a partir de la flexibilización de indicadores financieros y el establecimiento de requisitos de desempeño social y productivo.
  2. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario. Reactivación de la agricultura y garantía de provisión de alimentos básicos mediante la estabilidad de precios, el fomento productivo y la comercialización a la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos.
  3. PROTRABAJO / Sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente. Frente a las propuestas que proponen la disminución de costos de producción, sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral y disminución de jornada así como de salarios), proponemos un sistema de “premios y castigos” que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente, con cumplimiento de estándares fundamentales, que minimice los despidos por causas económicas, desincentive la competencia desleal mediante la informalidad, e incentive la inversión social, laboral y ambiental.
  4. Corresponsabilidad social y trabajo decente mediante infraestructura social de cuidados. Frente a una propuesta de gobierno exclusivamente compensatoria en materia de inversión social, proponemos la generación de empleo y superación de barreras para el acceso de las mujeres al mercado laboral, mediante la ampliación y la creación de una infraestructura social de cuidados que aumente el ingreso de los hogares y evite la deserción escolar.
  5. Hacia un nuevo papel del Banco Central: redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos. Debe avanzarse hacia una política monetaria transparente y sujeta a rendición de cuentas, que contemple de forma balanceada los objetivos de estabilidad de precios y el logro del pleno empleo, y dentro de la cual se retorne al sistema de minidevaluaciones.
  6. Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas. Es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas, que garantice la reestructuración de sus deudas, la recuperación de su autoestima, la capacitación en torno al consumo responsable y la gestión presupuestaria familiar. Además se deben fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10%. Estos criterios deberían aplicarse por un período de al menos dos años, para luego flexibilizarse en alguna medida.
  7. “Hecho en casa”. Promoción del consumo responsable y nacional, y promoción de mercados locales justos. Dado que entorno a cada bien y servicio nacional giran cientos de miles de empleos, se requiere dirigir nuestro consumo hacia la producción de bienes y servicios nacionales. Así mismo, es imprescindible el desarrollo de los mercados locales, sistemas de economía social y comercio justo y estrategias sociales de comercialización, entendidas y declaradas como actividades de interés público, que permita articular la oferta de la producción nacional, sobre todo de los pequeños productores por medio de cadenas cortas de comercialización.
  8. Estabilidad en el empleo público. En esta coyuntura resulta fundamental asegurar el empleo público y privado. En el caso del empleo público, el Gobierno central y el descentralizado deben brindar seguridad mediante un masivo proceso de nombramientos en propiedad, tanto mediante los concursos respectivos, como de nombramientos sin oposición en los términos establecidos por la ley. De igual forma debemos congelar por un período prudencial los procesos de despido por razones económicos o bien por procesos de reestructuración institucional.
  9. Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos. En el sector público es fundamental abordar los deprimidos salarios del personal no profesional. Además, tanto para el sector público como para el sector privado, es necesario mantener el poder adquisitivo — de la población trabajadora en general y de la que tiene menores salarios en particular.
  10. Propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad. En las comunidades costeras, la sostenibilidad de las familias depende de evitar su desalojo con el fin de construir megaproyectos que actualmente están paralizados debido a la crisis. Con megaproyectos en marcha o paralizados, el impacto social es enorme. Por eso se debe promover un régimen de propiedad comunitaria que permita la permanencia de las familias que viven en la fila costera, así como el fomento de formas sostenibles de producción, incluido el turismo sostenible y el mejoramiento de su capacidad de consumo responsable.

A la espera del diálogo nacional

La sociedad costarricense está dividida en dos visiones de país que se han venido enfrentando – por ejemplo, en la resistencia y movilizaciones contra el “Combo” del ICE12 (2000), en el proceso electoral 2006 y en la lucha contra el TLC a través del referéndum de 2007. Por un lado hay sectores que impulsan el modelo de libre mercado. Por otro, están los que impulsan el modelo de Estado solidario pero que, además, quieren avances en la ampliación de los derechos sociales, económicos y culturales y en la profundización de la democracia.

En cuanto a las tímidas respuestas del Gobierno, las organizaciones sociales advierten que “…de no asumir estos retos a partir del diálogo social y con un verdadero golpe de timón, la persistencia en las soluciones tradicionales (asistencialismo y recorte de gasto público, así como disminución de derechos) se traducirán sin duda alguna en una mayor desigualdad y pobreza, y en el ya señalado riesgo de convertir pobreza coyuntural por pérdida de ingresos en pobreza estructural, así como en la profundización de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas y las personas adultas mayores”13.

Queda aún por verse cuál es la capacidad de las organizaciones sociales de superar con sus propuestas las interpretaciones economicistas de la crisis, centrando el énfasis en la vida misma de las personas, en cómo se sitúan y son reconocidas en la producción, el trabajo, la recreación o la administración del hogar, entre otros. De no incluir este abordaje, la pretendida visión alternativa resultaría coincidente con los paradigmas económicos dominantes que excluyen una diversidad de actividades tradicionalmente consideradas propias del “ámbito privado” en el cual, recurrentemente, se invisibiliza a las mujeres en tanto sujeto del desarrollo y la reproducción de la vida, multiplicando su exclusión, subordinación y la utilización de su trabajo productivo y reproductivo para el funcionamiento del propio sistema.

1 Este artículo es el resultado del Ciclo de Conversatorios: Crisis Global e impactos en Costa Rica, organizado por el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja y la Red de Control Ciudadano en marzo de 2009.

2 Helio Fallas. Crisis Económica Mundial y la economía política en CR,  23 de enero de 2009.

3 Periódico La Nación, 5 de marzo de 2009.

4 Idem.

5 Periódico El Centroamericano, 9 de marzo de 2009.

6 Idem.

7 Programa de Gobierno de Transferencias Económicas Condicionadas  a que las familias mantengan a hijos e hijas en el ciclo educativo.  

8 Msc. María Flores-Estrada. Coordinadora Técnica de la Agenda Económica de las Mujeres. “El Plan Escudo: por qué es insuficiente para las mujeres”, 2009.

9 Vargas, Luis. “El Plan Escudo”. Extracto del Artículo presentado en el ciclo Crisis global e impactos en CR organizado por el CEP-Alforja y la Red de Social Watch en marzo de 2009.

10 Idem.

11 “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”. Varios autores, 2009.

12Intento de aprobar un conjunto de leyes que pretendían la privatización de las telecomunicaciones en CR, monopolizadas con sentido de proyección social por el Instituto Costarricense de Electricidad.

13 “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” Varios autores, 2009.

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EGIPTO

Publication_year: 
2009
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La crisis en el precio de los alimentos de 2008 reveló que, debido a décadas de desatención a la agricultura, el país carece de soberanía alimentaria. Ahora, la economía egipcia comienza a sentir los impactos de la crisis global. La caída de las remesas y el regreso de emigrados amenazan a un mercado laboral mal preparado para absorberlos. El Gobierno promueve algunas medidas para alentar la inversión y reactivar la economía. Aunque muy tardías, queda por verse si estas medidas alcanzan a generar el estímulo necesario antes de que el desempleo y la falta de seguridad alimentaria lleven a un malestar social generalizado.

Una economía vulnerable

The Egyptian Association for Community Participation Enhancement (EACPE)1.
Afaf Marei

La crisis en el precio de los alimentos de 2008 reveló que, debido a décadas de desatención a la agricultura, el país carece de soberanía alimentaria. Ahora, la economía egipcia comienza a sentir los impactos de la crisis global. La caída de las remesas y el regreso de emigrados amenazan a un mercado laboral mal preparado para absorberlos. El Gobierno promueve algunas medidas para alentar la inversión y reactivar la economía. Aunque muy tardías, queda por verse si estas medidas alcanzan a generar el estímulo necesario antes de que el desempleo y la falta de seguridad alimentaria lleven a un malestar social generalizado.

Aunque la economía egipcia había venido creciendo rápidamente en el último quinquenio, el hecho de que el país importe dos terceras partes de sus alimentos lo volvió vulnerable a la suba internacional de 2008, lo que llevó a que buena parte de la población tuviera dificultades para alimentar a sus familias y creciera la tensión social. Por otra parte, la crisis global de alimentos reveló la importancia de la “autosuficiencia alimentaria” para países en desarrollo como Egipto, la mayoría de los cuales ha desatendido la inversión en la agricultura debido a los bajos precios de los alimentos durante los últimos 25 años.
Luego, con la caída continua de los niveles de fertilidad de los suelos, el cambio climático y la escasez de agua, las cosechas disminuyeron año tras año, a la vez que crecía la importación de productos agrícolas para responder al crecimiento de la población y la demanda, todo lo cual contribuyó a la pérdida total de soberanía alimentaria.

La desaceleración del crecimiento

Desde la asunción como primer ministro de Ahmed Nazif en 2004,  y su política de apertura al mercado, las inversiones extranjeras y los ingresos récord por turismo y actividades del Canal de Suez habían permitido al país el más rápido crecimiento en décadas. Sin embargo, desde el último trimestre del año fiscal 2007/2008, ese crecimiento había empezado a desacelerarse. El alza en el precio de los alimentos llevó el índice de inflación a más del 20%, lo que impactó en el consumo. De acuerdo al ministro de desarrollo económico, Osman Mohamed Osman, el crecimiento se desaceleró 5,8% en el primer trimestre del año fiscal 2008/2009.

La actual crisis económica global ha hecho predecir al Gobierno que, para 2009, las exportaciones descenderán, así como la inversión extranjera, los ingresos provenientes del Canal de Suez y del turismo. Lo mismo sucederá con los índices de crecimiento. Como el 70% del ingreso de divisas al país proviene del sector de servicios, y la crisis ha golpeado fuertemente en los países que más aportan turistas, la economía egipcia experimentará, durante el presente años fiscal, el más lento crecimiento en 5 años.

El ministro de Industria y Comercio, Rachid Mohamed Rachid, disertando durante un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio celebrada en El Cairo, en octubre de 2008, dijo que eran necesarias medidas adicionales si el país deseaba mantener el mismo nivel de crecimiento. Rachid puntualizó que, “si continuamos haciendo lo que hemos estado haciendo para alcanzar el 7% de crecimiento, está muy claro para nosotros que no lograremos ese 7% en 2008 ni en 2009”, y que tan importante como apoyar a los sectores más vulnerables era asegurar la viabilidad del sector financiero para continuar creciendo. Además, de acuerdo al ministro, el hecho de que la banca estuviera saludable y contara con suficiente liquidez era una buena noticia, y que esta liquidez debía volcarse a los sectores exportadores, la inversión y el consumo2.

El impacto en la agricultura

La falta de inversiones en agricultura redundará en una inevitable reducción de los niveles de empleo y, como consecuencia, en el aumento de los de pobreza y migración –especialmente en el Alto Egipto. Son necesarios el desarrollo integrado del sector agrícola, la asistencia a los agricultores y la adopción de políticas agrícolas alternativas, que permitan proveer seguridad alimentaria y dignificar la vida de los egipcios a través de un sistema que atienda sus derechos sociales, económicos y políticos.

Desempleo

Adham Nadim, director ejecutivo del Centro para la Modernización de la Industria, anunció la pérdida del 45% de los puestos de trabajo actuales, porque eran puestos no profesionales. El 35% de los 2 millones de trabajadores de la industria no cuentan con ninguna protección laboral, lo que requiere, según Nadim, medidas inmediatas que corrijan la situación.

En marzo de 2009, el ministro Osman declaró que el plan de desarrollo social 2009/2010 tendría inconvenientes debido a la crisis global y su impacto en la economía egipcia. De acuerdo al ministro, la desaceleración del crecimiento acarrearía un aumento del desempleo, con la pérdida de alrededor de 150.000 puestos de trabajo.

Según un relevamiento del Centro de Servicios Sindicales y para los Trabajadores, en abril de 2009 habían sido despedidos 6.100 trabajadores en varios sectores – entre ellos, 3.100 en el textil y 270 en el de turismo, que emplean predominantemente mujeres. Una compañía turística de Hurghada despidió 200 de sus 890 trabajadores. En otras ciudades turísticas, se han reducido los beneficios de los  trabajadores un 25%.

Además, perdieron sus empleos unos 1.400 trabajadores en la construcción, 700 en la alimentación y 550 en la minería. Cuando la industria Assiut Cement, perteneciente a la francesa Siemens, decidió parar la producción para realizar tareas de “mantenimiento”, apenas 680 de 4.400 empleados tenía contratos, mientras el resto realizaba trabajos diarios o temporales. Asimismo, la Orascom Construction despidió a 400 empleados temporales en marzo de 2009 y la constructora CEAC despidió a 150 trabajadores en enero3. En el sector bancario, mientras tanto, se anunciaron medidas de reducción de personal para los meses siguientes.

Inversión y ahorro

De acuerdo al ministro Osman, la reducción en la tasa de crecimiento junto al aumento de los montos de inversión pública – en  programas de desarrollo humano, infraestructura, educación y salud, entre otros – producirá un déficit entre la inversión y el ahorro interno que podría alcanzar los EGP 85.000 millones (algo más de USD 13.000 millones). En cuanto a las remesas, se espera que lleguen a EGP 40.000 millones (unos USD 7.200 millones) en el periodo 2009/2010, unos USD 180 millones menos que el año anterior. Lo mismo pasará con la incidencia de la inversión privada en la inversión total – se espera que llegue al 57%, contra el 67% del período anterior4.

La pérdida de puestos de trabajo entre los egipcios que viven en el extranjero producirá, de acuerdo a las estimaciones de algunos economistas, el retorno de unos 250.000 emigrantes, en un total estimado de 6 millones, que impactarán aun más sobre el mercado laboral. Por un lado, el Gobierno no está en condiciones de absorber la mano de obra que regresa; las empresas privadas, por otro, exigen cada vez más una mayor preparación y experiencia al momento de contratar nuevos empleados. Así, la situación solo puede desembocar en mayor desempleo.

Las respuestas del Gobierno

En respuesta a la crisis, el Gobierno ha implementado una serie de medidas y planificado acciones tendientes a fortalecer aquellos sectores desde los cuales es posible revitalizar la economía egipcia. Algunas de estas medidas son5:

1 – El aumento del gasto en inversión pública y en apoyo a la actividad económica. Esto incluye la implementación de proyectos urgentes, de intensa utilización de mano de obra para generar un aumento del consumo y revitalizar el ciclo económico.

2 – La reducción de los aranceles sobre los bienes intermedios y de capital, que ayude a las empresas a competir en el exterior y a fomentar la inversión.

3 - La exoneración de los impuestos a la importación de bienes de capital durante un año, con el fin de impulsar la inversión.

4 - La implementación de inversiones de unos EGP 15.000 millones (USD 2.700 millones) en proyectos con participación pública y privada.

5 - El diseño de planes destinados a atraer inversiones extranjeras, particularmente de la región árabe, que no deben ser menores a los USD 10.000 millones anuales.

6 - La facilitación de las oportunidades de inversión en proyectos factibles, tales como, entre otros, petróleo, irrigación, aviación civil, zonas francas, turismo, desarrollo urbano, vivienda, agricultura, comercio y tecnologías de la información.

7 - El mejoramiento de la tramitación burocrática a través de la activación de oficinas de promoción de inversiones a nivel de gobiernos locales.

8 - La resolución de problemas y facilitación de las inversiones, especialmente en aquellos sectores de trabajo intenso, como agricultura, industria y servicios.

9 - El logro de la estabilidad en los precios de la energía para la industria.

10 – La asistencia a los sectores productivos y exportadores.

11 – La provisión de tierras necesarias para proyectos de infraestructura y actividades productivas.

12 – La coordinación entre el Gobierno y el Banco Central tendientes a promover la facilitación de créditos para financiar proyectos pequeños y medianos y la explotación de grandes excedentes de liquidez en la financiación de proyectos productivos.

Además se anunciaron varias reformas bancarias, pendientes desde mucho tiempo atrás. Por ahora, de todos modos, falta ver qué impacto tendrán estas medidas en términos de la renovación del crecimiento. Mientras tanto, se hace cada vez más urgente tomar medidas para mitigar el impacto de la crisis económica sobre la población, particularmente en aquellas personas que han perdido su empleo y ya no pueden costear alimentos básicos. Sin estas medidas, es factible que el malestar social se profundice y sea cuestión de tiempo, nada más, antes de que la gente salga a las calles.

1 Utilizando como referencia los informes del Land Center for Human Rights (LCHR) y el Center for Trade Unions & Workers Services (CTUWS).

2 Rachid Mohamed Rachid. “The Financial Crisis: Repercussions on Egypt”. Disponible en: <www.amcham.org.eg/operation/events/events08/FinancialCrisis/FinancialCrisis.asp>.

3 CTUWS. “Impacts of the Global Financial Crisis on Egyptian Workers”. 2009. Disponible en: <www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Impacts_of_the_Global_Financial_Crisis_Report_3.pdf>.

4 CTUWS. op. cit.

5 Alasrag, Hussein. Impact of the global financial crisis on the Egyptian economy.

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EL SALVADOR

Publication_year: 
2009
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Dos décadas de aplicación de las recetas económicas neoliberales dejaron al país en situación muy vulnerable para enfrentar las consecuencias de la crisis económica global. El deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales, la exclusión social y laboral, la disminución del monto de las remesas y la suba de los precios de los productos básicos son algunos de los efectos devastadores que ha tenido la actual crisis. Si bien la fuerte dependencia de los Estados Unidos ha sido parte del problema; los cambios políticos en ambos países podrían hacer que esa misma dependencia propicie una salida.

La crisis y cambios esperanzadores

Social Watch El Salvador
Mario Paniagua
Armando Pérez
Scarlett Cortez1

Dos décadas de aplicación de las recetas económicas neoliberales dejaron al país en situación muy vulnerable para enfrentar las consecuencias de la crisis económica global. El deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales, la exclusión social y laboral, la disminución del monto de las remesas y la suba de los precios de los productos básicos son algunos de los efectos devastadores que ha tenido la actual crisis. Si bien la fuerte dependencia de los Estados Unidos ha sido parte del problema; los cambios políticos en ambos países podrían hacer que esa misma dependencia propicie una salida.

El Salvador está cerrando dos décadas de gobiernos neoliberales que han llevado al país al deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales. Esta situación se complica aún más debido a que no se han previsto medidas que contrarresten los efectos de la recesión en Estados Unidos ni de la crisis ambiental, ni la del precio de los combustibles y de los alimentos.

Deterioro de los servicios públicos y de las condiciones de empleo

El deterioro en la calidad y cobertura de los servicios públicos – asociados a la erosión de la funciones del Estado y la reducción relativa de las asignaciones presupuestarias para las empresas públicas que los proveen – y de la imposición de una lógica mercantil a la provisión de los servicios públicos. Los derechos económicos y sociales, vivienda, salud, educación y el agua, son objeto de una presión cada vez mayor y, si la crisis económica adquiere carácter prolongado, provocará más tensión social, debilitando el Estado, lo que aumentaría el riesgo de inestabilidad y violencia. Entre las poblaciones más vulnerables preocupa el incremento del número de niños trabajadores, el aumento de las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, la tasa al incremento de personas con VIH, el aumento de la inseguridad ciudadana y la incorporación de niños y adolescentes a las “maras” o pandillas urbanas2.

A la exclusión social se suma la laboral, que se promueve a través de la flexibilización del mercado de trabajo como un “incentivo empresarial” para la reducción de los costes laborales y que conlleva al deterioro de las condiciones de empleo, la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, a la generación de un tipo de empleo de baja productividad y un empleo productivo que se realiza bajo condiciones precarias3. A la privación del acceso a los servicios públicos y de los medios de vida para las personas desempleadas se agrega la falta de acceso a puestos de trabajo productivos y de buena calidad, que resulten ser lo suficientemente atractivos para retener a la población ocupada4. Para el último quinquenio se estima que la población desempleada es inferior al 7% de la PEA. Según informa el PNUD solo un 20% de la población en edad económicamente activa tiene un trabajo permanente, bien remunerado y con todas las prestaciones sociales.5

Una economía dependiente de los Estados Unidos

Aunque diversos organismos financieros mundiales argumentaban que la economía de El Salvador era la más sólida de Centroamérica, los efectos de la crisis no se hicieron esperar. De acuerdo con los registros del BCR de El Salvador, el 51% de las exportaciones salvadoreñas en 2007 tuvieron como destino el mercado estadounidense.
En octubre del 2008, los bancos aumentaron las tasas de interés y a restringir el acceso al crédito y comenzó la incertidumbre. Las exportaciones, el turismo y las remesas familiares comenzaron a caer6.

Más de 300.000 familias son receptoras de dinero del exterior, un 26,7% de la población que sufraga gastos de alimentación, vestuario y servicios básicos. El Banco Central de Reserva (BCR) reportó que, entre 1998 y 2008, las remesas se triplicaron hasta llegar a casi USD 3.788 millones, la mayoría procedente de Estados Unidos. Los flujos de los envíos de remesas crecieron, en 2008, 2,5% respecto de 2007, declive  notorio al compararlas con 2004, en que aumentaron 17% respecto al año anterior. Se vislumbra que las remesas disminuirán en 2009 y 2010 en torno a 3% del total recibido hasta ahora. Uno de los sectores más afectados por la desaceleración estadounidense ha sido el de la construcción, en el cual labora una fracción importante de la población salvadoreña residente en Estados Unidos7. Esto tendrá un impacto significativo en el envío de remesas.

Crisis de alimentos y combustibles

Los esquemas privatizadores implementados por el Gobierno, que desestimaron la producción agrícola que garantizaba la seguridad alimentaria, se concentraron en la importación de granos básicos. El libre comercio, que generó inflación y falta de capacidad adquisitiva en la población por la ausencia de regulación del Estado respecto al mercado, debilita aún más al país para hacer frente a la crisis mundial.

Estimaciones hechas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que, por cada aumento de 15% en el precio de los alimentos, la pobreza en los países de la región aumenta un 2.8%. En tal sentido, considerando que en El Salvador el aumento de precios ha sido mayor, el aumento de la pobreza seguramente sea también mayor.

 

El impacto del alza en los precios del petróleo se verifica en el incremento de precios en los productos de la canasta básica, lo que genera un rápido deterioro del poder adquisitivo de amplios segmentos poblacionales y su consiguiente empobrecimiento. Desde el 2007 los precios de los alimentos se han mantenido en continuo aumento. El promedio inflacionario de los últimos cuatro años fue de 4,9%; la inflación de abril de 2008 llegó a 6,8%. En este período, la inflación acumulada fue de 19,5%. El salario mínimo se encuentra entre SVC 85,58 (USD 10) y SVC 183 (USD 21) mensuales. En febrero de 2008 la canasta básica de alimentos era de SVC 163 (USD 19), la Canasta Básica Ampliada (CBA) que incluye todas las necesidades de una familia promedio (alimentación, salud, educación, vivienda, vestuario) era de SVC 703 (USD 82)8.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 2006 los alimentos representan cerca del 30% del presupuesto de los hogares de menores ingresos. A junio de 2008, el costo de la CBA urbana registró un aumento de aproximadamente 22% con respecto a junio de 2007, mientras que la CBA rural ha experimentado en meses recientes aumentos cercanos a 25% con respecto al período equivalente del año anterior; la situación descrita estaría llevando a un rápido aumento de las tasas nacionales de pobreza y de extrema pobreza9.

Es importante señalar que, aunque el impacto del aumento en los precios de los alimentos, el combustible y otros productos básicos es mayor y más dramático en los hogares de menores ingresos, también está afectando fuertemente a los hogares de ingresos medios, debido a que los alimentos, la electricidad y el transporte, que son los tres rubros más afectados por los cambios en el entorno internacional, constituyen alrededor del 50% de la composición del gasto mensual promedio de las familias salvadoreñas10.

Dada esta situación, son necesarias políticas sociales y económicas que estimulen la producción nacional, en particular la agropecuaria. La seguridad alimentaria debe ser el eje central de la acción gubernamental. Para esto se precisa regulación de precios, inversión productiva, aumento de salarios, generación de empleos y la intervención del Estado en el control de las imperfecciones del mercado.  

Desigualdades agravadas por la crisis

La crisis climática (aumento de la temperatura, cambios en los patrones de las lluvias y la mayor frecuencia e intensidad de las sequías, inundaciones, deslizamientos, derrumbes y vientos huracanados) ha exacerbado las desigualdades ecónomicas, de género y étnicas, entre otras. Ha profundizado, además, las fragilidades ya existentes asociadas a los grupos poblacionales más vulnerables, tales como mujeres, niños, ancianos, pueblos originarios y familias pobres rurales y urbano-marginales.

El sistema económico implementado en el país multiplica los efectos de la vulnerabilidad ambiental en las poblaciones pobres; de ahí que fenómenos como la deforestación y degradación de los bosques, contaminación de los ríos y mantos acuíferos, entre otros, posibilitaran que la agricultura campesina fuera abandonada y enfrentada a un entorno económico adverso, lo que llevó a la población pobre rural y urbano-marginal a un déficit habitacional y de servicios básicos que la ubican en situación de riesgo permanente.

Año tras año, las familias rurales pierden sus cosechas y parcelas agrícolas, lo que disminuye su acceso a la tierra y al agua para consumo humano. Como consecuencia, decrecen sus ingresos económicos y abandonan sus lugares de origen, emigrando a las ciudades principales o al extranjero. Las enfermedades infecciosas y transmitidas por vectores van en aumento.

De esta situación medioambiental se evalúa que la meta 10 de los ODM: “Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico” será casi imposible de cumplir, como la mayoría de los demás ODM.

Sin embargo, la falta de información clara y objetiva sobre los indicadores en los ODM relativos a agua potable y saneamiento dificultan una medición concreta de avances y retrocesos en esta área. Las cifras oficiales muestran estadísticas distintas en relación a datos de cobertura, calidad y disponibilidad de agua potable y saneamiento que las que presentan las instituciones ambientalistas, además de no reconocer que el simple hecho de contar con un surtidor público no significa tener acceso a agua en condiciones de calidad.

Por un lado, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)11 informa que para el 2007 la cobertura total de los hogares con servicio de agua por cañería privada fue de 74%, mientras que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)12 informa que fue de un 54,2%. La EHPM indica que la cobertura por medio de pilas o surtidores públicos fue de 4,2% y ANDA informa que fue de 6,2%. Estas cifras resultan alarmantes, sobre todo cuando hay sectores de la población de ingreso medio alto que no enfrentan el desabastecimiento de agua potable que los sectores populares resienten.

El informe de progreso sobre ODM elaborado por el PNUD en 2007 presenta avances en dicho objetivo, que desde las organizaciones ambientalistas y de protección al consumidor son cuestionables, si se toma en consideración que el Gobierno ha utilizado como indicador de avance de acceso sostenible a una fuente mejorada de agua los suministros de: conexión domiciliaria, surtidor público, agua de pozo, manantiales y reservorios de agua lluvia. Sin embargo, no se especifica y no existe información confiable que asegure que estos recursos estén realmente protegidos y respondan a normas de calidad para que el agua sea apta para el consumo humano.

A modo de conclusión

El cambio en los liderazgos políticos en Estados Unidos y El Salvador permite visualizar un camino de esperanza para superar los efectos de la crisis dados los cercanos vínculos comerciales entre ambos países, pero es imperativo que se atiendan, de manera irrestricta, la autonomía, el respeto y la búsqueda de nuevas relaciones de equidad y solidaridad.

En el nuevo escenario político que vivirá el país a partir del 2009, Social Watch El Salvador asume una postura vigilante del cumplimiento de los DESC y los ODM, no sólo por el cambio de gobierno, sino porque hay una deuda pendiente de los anteriores gobiernos al respecto, que ya ha sido vista como falta de voluntad  para cumplirlos13.

 

1 Integrantes de las organizaciones que conforman Social Watch El Salvador (APSAL, CIDEP, CODEFAM, FUMA, MEC). Agradecen el apoyo de Yvette Aguilar, Ana Ella Gómez, Carolina Constanza, Jeannette Alvarado, Ana María Galdámez y Karen Martínez.

2 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y Save the Children, organizadores del foro “El impacto de la crisis en las niñas y los niños del Perú y América Latina”, alertan sobre el incremento del trabajo infantil en Latinoamérica.

3 Weller, Jürgen. “Procesos de exclusión e inclusión laboral: la expansión del empleo del sector terciario”. Serie Macroeconomía del Desarrollo, 6. CEPAL: Santiago de Chile. 2001

4 “El empleo en uno de los pueblos más trabajadores del mundo”. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador PNUD 2007-2008.

5 Ibid.

6 “Economías centroamericanas reciben impacto de la crisis financiera”. El Periódico. México, 24 de enero de 2009.

7 PNUD (2005-2006). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador.

8 Goitia, Alfonso. Crisis alimentaria y crisis del modelo neoliberal en El Salvador, p.15. 2008

9 PNUD. “Contrarrestando el impacto de la crisis internacional sobre la economía de los Hogares Salvadoreños”. Informe final de la Comisión Multidisciplinaria. 2008.

10 Goitia, Alfonso, Op. cit.

11 Ministerio de Economía. Dirección General de Estadísticas y Censos. Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2007.

12 ANDA. Informe de cobertura a nivel nacional de agua potable y saneamiento 2003-2007.

13 “Derechos Económicos y Sociales: no hay voluntad política”. Informe Social Watch 2008. El Salvador.

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ERITREA

Publication_year: 
2009
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Sin constitución o parlamento que funcionen o un sistema judicial independiente, sin prensa libre ni transparencia burocrática, Eritrea, el país más militarizado del mundo, carece de los mecanismos necesarios para abordar la crisis global. La reducción de la economía mundial ha disminuido las remesas al país, mientras los precios de los alimentos y el combustible se han disparado. Eritrea necesita una transición inmediata a un sistema democrático de gobernanza que tenga el apoyo de la comunidad internacional. La ayuda humanitaria monitoreada por ONG independientes internacionales parece ser el plan de emergencia más eficaz para salvar las vidas de la población indefensa.

Una prisión al aire libre de cara a la crisis global

Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR)
Daniel R Mekonnen

Sin constitución o parlamento que funcionen o un sistema judicial  independiente, sin prensa libre ni transparencia burocrática, Eritrea, el país más militarizado del mundo, carece de los mecanismos necesarios para abordar la crisis global. La reducción de la economía mundial ha disminuido las remesas al país, mientras los precios de los alimentos y el combustible se han disparado. Eritrea necesita una transición inmediata a un sistema democrático de gobernanza que tenga el apoyo de la comunidad internacional. La ayuda humanitaria monitoreada por ONG independientes internacionales parece ser el plan de emergencia más eficaz para salvar las vidas de la población indefensa.

Mucho antes de que se agudizara la crisis financiera global a fines de 2008, Eritrea ya estaba inmersa en un profundo caos económico, social y político propio. El país tiene uno de los peores historiales del mundo sobre protección de los derechos humanos, según lo afirman diversos organismos de vigilancia de los derechos humanos regionales e internacionales, incluyendo la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. La crisis de los derechos humanos se agravó después del choque fronterizo con Etiopía, entre 1998-2000. Desde entonces, el Gobierno ha usado las secuelas del conflicto como pretexto para suprimir los derechos y libertades fundamentales.

Una prisión al aire libre

Eritrea es un país independiente desde 1991, pero aún no ha brindado a sus ciudadanos verdadera libertad. De hecho, apenas se puede distinguir alguno de los rasgos convencionales de un gobierno libre y democrático1. Prácticamente todos los países del mundo tienen un pacto o documento nacional obligatorio, o constitución. La mayoría también tiene parlamentos en funciones y llevan a cabo elecciones regulares y periódicas, independientemente de si son libres o imparciales en términos reales. Además permiten la existencia de medios de comunicación privados, aun cuando, a veces, los controles se vuelven tan restrictivos que anulan la libertad de prensa. En Eritrea, el Gobierno adoptó una Constitución en 1997, pero nunca la ha puesto en práctica. El parlamento nominal dejó de funcionar en febrero de 2002. Los medios privados (radio, televisión, prensa escrita y electrónica) desaparecieron entre 1997 y 2001; sólo quedan los medios oficiales, que siempre son más fieles a la élite dirigente que a la verdad. Peor aún, desde su independencia, el país nunca ha disfrutado de elecciones libres e imparciales.

Hoy, cuando se ven largas colas para el pan en las calles de Asmara, la vida se ha hecho muy difícil para los eritreos. Tal como las antiguas autoridades de ocupación del Derg (un comité coordinador de las fuerzas armadas, policía y ejército de tierra) en los años 1970 y 1980, el Gobierno parece haberle declarado la guerra a su propio pueblo. Un dicho muy común entre los eritreos es que la única diferencia entre el régimen del Derg y el actual del Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ) es que los funcionarios del Derg solían hablar en amárico (el idioma oficial etíope) mientras los del FPDJ hablan en tigré, un dialecto vernáculo con estatus oficial de facto.

Las personas que no adhieren a la ideología del Estado o tienen creencias religiosas no aprobadas oficialmente por el Gobierno sufren persecución sistemática y son castigadas con severidad por el aparato de seguridad y militar. Como resultado, las violaciones a los derechos humanos son endémicas; la violación es la norma y la protección la excepción. Algunas estimaciones conservadoras sugieren que más de 20 mil personas están detenidas sin el debido proceso o cualquier contacto con el exterior en más de 300 cárceles formales e informales distribuidas por todo el país. Al frente de la mayor parte de estos sitios hay generales del ejército, que no son responsables ante la policía o los tribunales ordinarios. En resumen, el país ha sido transformado en una prisión al aire libre donde los derechos y libertades fundamentales están totalmente amordazados por las dominantes y abusivas prácticas, que se tornan pesadillescas y kafkianas.

Indicadores sociales y de desarrollo

Los indicadores de desarrollo son contradictorios. Los informes de algunas fuentes indican “progreso” en ciertas áreas, como la mortalidad infantil y morbilidad materna. Sin embargo, debido a la atmósfera política extremadamente represiva y a la imposibilidad de obtener datos confiables, es difícil tomar esos informes al pie de la letra. En verdad, las políticas económicas erróneas del autoritario FPDJ han vaciado totalmente la economía nacional y local mucho antes de que se desatara la crisis financiera global, a fines de 2008.

Eritrea califica pésimamente en muchos informes de fuentes independientes. Por ejemplo, el Índice Global del Hambre coloca al país antepenúltimo, en el puesto 116 entre los 118 países clasificados por el informe2. El país recibe muy mala calificación en el Índice de Capacidades Básicas, en el que denota serias dificultades en cada dimensión del desarrollo social3. En libertad de prensa, Eritrea fue clasificada como la peor del mundo, desplazando de ese lugar a Corea del Norte, según Reporteros Sin Fronteras4. A pesar de una reducida población de cuatro millones de habitantes, el alarmante historial del país en cuanto a violaciones a los derechos humanos ha hecho que sea clasificado como la cuarta fuente más grande de refugiados del mundo. Las 19.400 nuevas solicitudes durante 2005-2006 lo dejan apenas por encima de estados destruidos y caóticos como Somalia, Iraq y Zimbabwe5.

El país más militarizado

La militarización excesiva es otro grave problema. Los estudiantes de enseñanza secundaria son obligados a matricularse en campos militares para recibir “educación formal”. Entre ellos,  el tristemente célebre Campo de Entrenamiento Militar Sawa, donde los estudiantes son disciplinados conforme al estricto reglamento militar. El abusivo Programa de Servicio Militar Nacional (PSMN), que comienza a los dieciocho años y no se termina nunca, continúa esa etapa preparatoria de adoctrinamiento. Los numerosos y detestables abusos a los derechos humanos perpetrados bajo el PSMN incluyen violaciones y otros tipos de violencia sexual contra las reclutas. En los últimos años, todas las principales instituciones académicas han estado bajo el control efectivo de comandantes militares. En 2003, el país se consideraba como el estado más militarizado del mundo; además tenía el tercer mayor porcentaje del Producto Nacional Bruto destinado a gastos militares6, después de Corea del Norte y Angola. A mediados de 2000, las fuerzas armadas contaban con 300 mil personas en sus filas, más que en cualquier otro período de su historia. Desde entonces se cree que la cantidad de efectivos ha aumentado exponencialmente. Las reclutas constituyen el 45,27% del total del ejército nacional, y su vulnerabilidad es proporcional a su cantidad.

La crisis dominante en el país se ha visto exacerbada por la recesión de la economía global, que ha provocado la detención de las remesas provenientes del extranjero. Los costos de los alimentos y el combustible se han disparado. Se dice que los precios del combustible en las estaciones de servicio estrictamente controladas por el Gobierno son los más altos del mundo. De hecho, es prácticamente imposible conseguir combustible. Los alimentos sólo se pueden comprar legalmente en tiendas del Gobierno y los agricultores tienen que vender su grano a estas tiendas a un precio prefijado. La venta de granos en los mercados locales está penada, como el propio presidente ha declarado en una rueda de prensa en enero de 2009.

Respuesta gubernamental

El Gobierno rechaza categóricamente los informes sobre problemas económicos o represión política, y los tilda de “propaganda enemiga”. De hecho, el presidente ha comentado que los informes sobre penurias económicas en todo el país son tan solo expresión de las frustraciones “de personas sobrealimentadas y caprichosas” que no saben administrar sus recursos. En realidad, la gente se muere literalmente de hambre – por una hambruna causada por el FPDJ.
Eritrea no posee herramientas legislativas, administrativas e institucionales que le permitan responder adecuadamente a la actual crisis global, desde el momento que no cuenta con una constitución o un parlamento que funcionen, un sistema judicial independiente, una prensa libre, transparencia burocrática ni un presupuesto nacional publicado oficialmente. Además, los mecanismos tradicionales para enfrentar problemas como el de la emigración son, prácticamente, inexistentes. Bajo la sofocante ley marcial los puntos de entrada y salida están cerrados a cal y canto. Después de consumir los escasos recursos de los que pueda disponer, la población hambrienta – en especial las mujeres, las personas mayores y los niños – no pueden desplazarse a ninguna parte y deben resignarse a morir en sus pueblos. El Gobierno aún no ha adoptado ningún programa para proteger a la población más vulnerable.

ONG manejadas por el Gobierno

Una agenda de desarrollo sólida con base en los derechos da preferencia estratégica al empoderamiento y la responsabilidad de las comunidades locales. Este enfoque otorga a las personas el poder y la capacidad de convertirse en los actores principales de sus propias vidas. Un modo de conseguir esto es a través de la participación de organizaciones de la sociedad civil y ONG locales independientes que representen los intereses de sus comunidades. Tristemente, la atmósfera represiva hace imposible el trabajo de la sociedad civil independiente. El país tiene sólo tres organizaciones locales activas comprometidas con la agenda de desarrollo nacional para el supuesto beneficio de la población en general: el Sindicato Nacional de Mujeres Eritreas, el Sindicato Nacional de Juventud y Estudiantes Eritreos y la Confederación Nacional de Trabajadores Eritreos. Hay otras “organizaciones de la sociedad civil” más temerosas, que existen sólo de nombre.

Pero, como es bien sabido, esas tres organizaciones activas no son genuinas ni suficientemente independientes para representar los intereses de su membresía. Funcionan como las ligas (ramas) femenina, juvenil y de los trabajadores del partido gobernante, que selecciona a sus líderes y exige su lealtad. En otras palabras, son ejemplos típicos de ONG manejadas por el Gobierno, diseñadas para ocultar la dependencia del país de la ayuda externa y para aparentar una participación de la sociedad civil que no existe7. Las únicas organizaciones de la sociedad civil independientes, como el Movimiento Eritreo para la Democracia y los Derechos Humanos, trabajan en el exilio y son tachadas por el Gobierno de “títeres del enemigo”; si son atrapados dentro del país, sus miembros son encarcelados y torturados.

Cooperación internacional

La cooperación internacional es crucial para resolver las múltiples crisis globales, que azotan desproporcionadamente a las personas en los países en desarrollo. Durante muchos años, el déficit de alimentos de Eritrea ha sido cubierto por la ayuda alimentaria donada por la comunidad internacional (aunque el Gobierno no lo reconozca). Las organizaciones de ayuda y ONG internacionales han desempeñado un papel fundamental en este aspecto. Sin embargo, muchas de ellas fueron expulsadas a consecuencia de la ilusoria política de “autosuficiencia” del Gobierno. Aunque no rechaza la ayuda alimentaria, el Gobierno complica los trámites para que pueda entrar al país. Prefiere la ayuda internacional en efectivo.

La Unión Europea sigue siendo uno de los abastecedores internacionales principales de alimentos y de ayuda par el desarrollo de Eritrea. Recientemente ha aprobado una partida de ayuda para el desarrollo de EUR 122 millones (aproximadamente USD 161 millones) del 10° Fondo de Desarrollo Europeo, pero tiene preocupaciones legítimas en cuanto al desprecio del Gobierno eritreo para con las exigencias legales que conlleva cualquier plan de ayuda al desarrollo responsable. Esas exigencias incluyen el compromiso con los principios de buena gobernanza, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos y el estado de derecho, ninguna de las cuales existe en Eritrea. El país no tiene ni voluntad política, ni medios de asegurar una política de desarrollo genuina y carece de un proceso de toma de decisiones transparente para formular y poner en práctica políticas estatales que permitan superar la crisis global actual.

Es necesario que el país transite inmediatamente hacia un sistema democrático de gobernanza respaldado por la comunidad internacional. Mientras tanto, la ayuda humanitaria monitoreada por ONG internacionales independientes parece la forma más eficaz de salvar las vidas de la población indefensa, asfixiada por la severa represión política y el colapso económico.

1 Ver Mekonnen, D.R. (2009). Transitional Justice: Framing a Model for Eritrea. VDM Publishing: Saarbrucken, Alemania.

2 Welt Hunger Ilfe (2007). The Challenge of Hunger 2007. Disponible en: <www.welthungerhilfe.de/fileadmin/media/pdf/Pressemitteilungen/DWHH_GHI_english.pdf>. Consultado el 4 de enero de 2008.

3 Informe Social Watch 2008.

4 Reporters Without Borders (2007). Annual Worldwide Press Freedom Index. Disponible en: <www.rsf.org/article.php3?id_article=24025>. Consultado el 16 de octubre de 2007.

5 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2007). Global Trends: Refugees, Asylum Seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons. Ginebra. Disponible en: <www.unhcr.dk/Pdf/statistics/global_trends_2006.pdf>.

6 Awate Team (2003). Defending Indefensible, Indulging Incompetence. Disponible en: <www.unhcr.dk/pdf/statistics/global_trends_2006.pdf>.

7 Por más información, ver: Mekonnen D. “The abolition of Female Circuncision in Eritrea: Inadequacies of New Legislation”. African Human Rights Law Journal, 2007.

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ESLOVAQUIA

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2009
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Eslovaquia reformó con éxito su economía para entrar en la Unión Europea (UE). Sin embargo, el crecimiento está disminuyendo, y la industria automotriz – el orgullo nacional – ya está reduciendo la producción. Para abordar la crisis el Gobierno ha tomado varias medidas, muchas de ellas orientadas a incrementar el empleo y regular el mercado. Persiste la discriminación contra los romaníes y las mujeres, como el autoritarismo del Gobierno. La ayuda oficial al desarrollo (AOD) se ha institucionalizado legalmente y está creciendo; sin embargo, todavía está por debajo de los estándares de la UE.

Revisando los planes

Slovak Political Institute
Faculty of Economics, Technical University of Košice
Daniel Klimovský

Eslovaquia reformó con éxito su economía para entrar en la Unión Europea (UE). Sin embargo, el crecimiento está disminuyendo, y la industria automotriz – el orgullo nacional – ya está reduciendo la producción. Para abordar la crisis el Gobierno ha tomado varias medidas, muchas de ellas orientadas a incrementar el empleo y regular el mercado. Persiste la discriminación contra los romaníes y las mujeres, como el autoritarismo del Gobierno. La ayuda oficial al desarrollo (AOD) se ha institucionalizado legalmente y está creciendo; sin embargo, todavía está por debajo de los estándares de la UE.

Eslovaquia puso en práctica varias reformas sociales y económicas penosas antes y después de ingresar a la Unión Europea (UE) como miembro pleno en 2004. Gracias a ellas, el país consiguió un crecimiento económico por encima de 7% en 2008, el más alto de la UE. Además, Eslovaquia cumplió con las exigencias de la Unión Económica y Monetaria europea y sustituyó la Corona eslovaca por el Euro el 1 de enero de 2009. La Comisión Europea declaró en el noviembre de 2008 que Eslovaquia (junto con la República Checa y Polonia) no presentaba ningún panorama dramático en cuanto a la crisis mundial. Por el contrario, proyectaba un crecimiento económico de 2,7% en 2009 y 3,1% en 2010 y se esperaba que la economía permaneciera entre las de mejor desempeño de la UE para 2009 y muy probablemente para 2010.

Sin embargo, en 2009 comenzó a surgir un escenario más preocupante1. El Banco Nacional de Eslovaquia predijo en abril que la economía disminuiría 2,4% durante el año, luego crecería 2% en 2010 y 3,2% en 2011. A principios de mayo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo realizó una predicción más pesimista estimando que la economía eslovaca disminuiría 3,5% en 2009, y luego crecería 0,8% en 2010. Mientras tanto, los datos del Gobierno muestran que el desempleo aumentó bruscamente en diciembre de 2008 a casi 8,4% (en noviembre era de 7,8%). Después de estimar, en enero de 2009, que más de 15.000 empleos estaban en riesgo, el Ministerio de Economía revaluó esta cifra en abril y pronosticó pérdidas de empleo por encima de los 30.000.

Eslovaquia está considerada como la “Detroit de Europa”. Las fábricas de Kia, Peugeot y Volkswagen, junto con su red de proveedores, constituyen una industria de más de EUR 20 mil millones anuales, que brinda más de 75.000 empleos. Sin embargo, las empresas dependen de la demanda europea, ya que el mercado automovilístico eslovaco es demasiado pequeño y conservador, y a principios de 2009 redujeron la producción.

Medidas para afrontar la crisis

En enero de 2009 el Gobierno lanzó un plan de EUR 332 millones (USD 431 millones) a fin de apoyar el empleo e incrementar la demanda doméstica para luchar contra la crisis. Se estableció un Comité de Crisis – conformado por representantes del Gobierno, el Banco Central, bancos comerciales, sindicatos, empresarios, municipalidades y la oposición parlamentaria2 – para analizar los impactos de la crisis y proponer medidas para afrontarla. Al mes siguiente, el Ministerio de Economía anunció cerca de 62 medidas para eliminar o al menos aliviar algunos impactos, entre ellos, la utilización de fondos de la UE, la elaboración de proyectos de de asociación público-privados para la construcción de carreteras y el aumento del gasto estatal para diversos proyectos de investigación y desarrollo.

El Gobierno también ha comenzado a ser más proactivo en la regulación de precios, la aprobación de instrumentos de apoyo selectivos para el turismo y la publicación de exigencias y/o recomendaciones para bancos y empresas. Además, en marzo de 2009 realizó una recompra por USD 240 millones del 49% de las acciones de Transpetrol vendidas a Yukos Internacional por USD 74 millones en 2002. Potencialmente, esto significará un fuerte apoyo a la determinación de la política energética del país.

Hasta ahora, las ONG eslovacas no han abordado el tema de la crisis económica mundial. Deben hacerlo por varios motivos: los donantes cortarán las contribuciones para actividades filantrópicas; la falta de recursos significa que las ONG deberán revaluar sus prioridades y actividades; la crisis creará más demanda de ayuda o cooperación de las ONG; y habrá intervenciones políticas o estatales más invasivas y frecuentes con relación a las ONG y sus actividades. Por ejemplo, el Gobierno podría requerir el apoyo de las ONG para aquellas actividades que considere más relevantes; en tanto sólo algunas ONG son realmente políticamente independientes, el Gobierno estaría en una posición única para financiar a partidarios y castigar a opositores mediante la distribución de subvenciones y préstamos oficiales.

La “tiranía de la mayoría” continúa

A pesar de los logros a nivel europeo, el escenario político interno sigue siendo muy tenso. El Partido Popular (HZDS-LS), la coalición gobernante formada por tres partidos: el Smer-Democracia Social (Smer-DS), el Partido Nacional eslovaco (SNS) y el Movimiento para una Eslovaquia Democrática, continuó con su “tiranía de la mayoría” durante 2008 y principios de 2009. La completa indiferencia hacia la oposición política fue un acontecimiento diario. Por ejemplo, los representantes del Smer-DS así como el Gobierno – incluso el Primer Ministro – enfatizaron repetidamente que la oposición no debería aspirar a discutir propuestas del gobierno o tener oportunidad de participar en cualquier proceso de toma de decisiones.

El Gobierno también encontró un nuevo enemigo: los medios de comunicación. El Primer Ministro ha calificado a los periodistas de idiotas, prostitutas y hienas tontas y los ha acusado de ser ex agentes de la Seguridad Nacional de la República Socialista Checoslovaca (algunos de sus propios partidarios también lo son). La llamada “Carta Húngara” fue jugada en la campaña para la elección presidencial de marzo de 2009, cuando el candidato ganador y actual presidente y sus mayores partidarios (el Smer y el SNS) publicaron una declaración acusando a su opositor principal de recibir apoyo de los miembros de la minoría húngara. Esto dividió a la sociedad eslovaca y ofendió a los ciudadanos húngaros.

El populismo y la política nacionalista surgieron inmediatamente después de que la coalición gobernante tomara posesión del cargo en 20063. A principios de 2008 el Primer Ministro comenzó a crear una mitología de la historia eslovaca, acuñando el término “viejos eslovacos” 4 al tiempo que defendía la figura histórica del bandido de caminos Juraj Jánošík, apodándolo “el primer socialista”5.

Otro problema severo es la corrupción y clientelism. La coalición dirigente repetidamente aboga por su derecho de favorecer a sus propios miembros de partido u otros partidarios. Sin embargo, varios ministros así como los funcionarios mayores tuvieron que renunciar o fueron retirados debido a la presión internacional (p.ej, de la Comisión europea), los medios nacionales y la oposición política.6

Discriminación

El Centro del Derecho a la Vivienda contra los Desalojos con sede en Ginebra otorgó el Premio de Violador del Derecho a la Vivienda 2007 a Eslovaquia (junto con Birmania y China) y criticó su discriminación persistente contra los romaníes, a quienes con frecuencia segrega y/o desaloja de sus casas a la fuerza. Más de 120,000 roma residen en barrios bajos y carecen del acceso a servicios básicos como el echar agua y electricidad. El Gobierno ha hecho poco para mejorar esta situación, y las condiciones de vida de los roma están todavía muy por debajo del promedio europeo. Uno de los casos más notorios de abuso ocurrió en el marzo de 2009 cuando la policía obligó a seis jóvenes romaníes a desnudarse, golpearse y besarse unos a otros. El incidente fue grabado en vídeo y los oficiales y sus superiores directos fueron despedidos. Sin embargo, la directora de la fundación Charter 77, Zuzana Szatmáry, protestó, haciendo notar que la severidad de las sanciones debían se acordes a la ofensa – lo que claramente no sucedía en este caso.

El Comité contra la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, durante su sesión 41, en Nueva York, en 2008, señaló varios puntos preocupantes incluidos los últimos informes nacionales de Eslovaquia e instó al Gobierno a que tomara medidas para ocuparse de ellos.

Asistencia al desarrollo

Los años 2004-2007 fueron considerados un período de transición, durante el que la agencia eslovaca para la Cooperación Internacional al Desarrollo (Ayuda eslovaca) aprobó 229 proyectos, por casi EUR 14 millones (USD 18 millones). La institucionalización de la Ayuda eslovaca fue legalmente completada el 1 de febrero de 2008, cuando el Acto sobre Ayuda al Desarrollo Oficial entró en vigor.

En el abril de 2008, se aprobó el Programa Nacional sobre Ayuda Oficial al Desarrollo en 2008. Los recursos financieros fueron destinados principalmente a Afganistán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kazajstán, Kenia, Serbia y Ucrania. Hubo también una suma global para varios otros países (Albania, Kirguistán, Macedonia, Mongolia, Mozambique, Sudán, Tayikistán y Uzbekistán). Sin embargo, aunque la AOD eslovaca en 2008 fuera más alta que en 2007, estaba todavía por debajo de los estándares de Unión Europea7.

1 Pokorný, J. Global crisis – a traumatizing factor or an opportunity for Slovakia?. Disponible en: <www.stavebne-forum.sk/sk/article/12474/global-crisis-a-traumatizing-factor-or-an-opportunity-for-slovakia/>.

2 La oposición parlamentaria solo pudo nombrar un experto sin filiación política alguna.

3 Sáposová, Z. y Šutaj, Š.. “Národnostné menšiny” [Minorías nacionales]. En M. Bútora, M. Kollár y G. Mesežnikov (eds.), Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. [Eslovaquia 2008. Un informe global sobre el estado de la sociedad]. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, pp. 175-210. Mesežnikov, G.. “Vnútropolitický vývoj a systém politických strán” [Desarrollo político interno y sistema de partidos]. En M. Bútora, M. Kollár y G. Mesežnikov (eds.), Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. [Eslovaquia 2008. Un informe global sobre el estado de la sociedad]. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, pp. 17-125.

4 Aunque existe cierta controversia respecto de la ubicación de la Gran Moravia (el estado eslavo que existió entre los siglos IX y X), la historiografía dominante la ubica en ambos márgenes del río Morava, en los territorios actuales de Eslovaquia y la República Checa, queriendo decir que sus habitantes deberían ser considerados como los antepasados de los moravos y eslovacos modernos. Sin embargo, la expresión “viejos eslovacos” parece tener más relación con “viejos húngaros” o “viejos magiares”.

5 Mesežnikov, G. “National populism in Slovakia: actors, issues, strategies”. En O. Gyárfášová y G. Mesežnikov, National populism in Slovakia. Bratislava: Instituto de Asuntos Públicos, 2008. pp. 7-34.

6 En una oportunidad, el ministro de Economía, en una entrevista realizada en marzo de 2007, defendió de manera oficial el uso de sobornos para ganar contratos armamentistas, a fin de que el Estado pudiese competir con empresas privadas. Ver Sičáková-Beblavá, E. “Slovakia”. En D Zinnbauer y R Dobson (eds), Global Corruption Report 2008. New York: Cambridge University Press, p. 268.

7 D. Klimovski. “Eslovaquia: Más ayuda al desarrollo, la misma discriminación”. Informe Social Watch 2008.

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ESLOVENIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Los efectos de la crisis mundial comienzan a sentirse en este país orientado a las exportaciones. Se traducen en aumentos de los precios de los alimentos y la energía, desempleo y pobreza, y requieren una respuesta sistémica. Esto genera la oportunidad de enfocarse en los derechos humanos y problemas ambientales, como también en los temas de activismo de la sociedad civil, que han venido cobrando impulso a nivel nacional. Por lo tanto, la ciudadanía debe exigir más del Gobierno que un mero impulso al mercado.

Desafíos para una sociedad civil emergente

HUMANITAS Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti
[Sociedad para los Derechos Humanos y Acciones de Apoyo]
Manca Poglajen
Rene Suša

Los efectos de la crisis mundial comienzan a sentirse en este país orientado a las exportaciones. Se traducen en aumentos de los precios de los alimentos y la energía, desempleo y pobreza, y requieren una respuesta sistémica. Esto genera la oportunidad de enfocarse en los derechos humanos y problemas ambientales, como también en los temas de activismo de la sociedad civil, que han venido cobrando impulso a nivel nacional. Por lo tanto, la ciudadanía debe exigir más del Gobierno que un mero impulso al mercado.

En la segunda mitad de 2008 llegaron a Eslovenia las primeras advertencias de una posible crisis financiera y económica junto con las noticias del colapso de importantes instituciones financieras, especialmente en los Estados Unidos. Los efectos en la economía eslovena orientada a las exportaciones se hicieron visibles a comienzos de 2009, primero entre los trabajadores del sector industrial, pero muy pronto se extendieron a todos los sectores debido a la reducción del poder adquisitivo y las dificultades para acceder al crédito que se tradujo en una menor demanda de comercios y servicios.

De hecho, los precios mundiales de los alimentos, la degradación del medioambiente y el cambio climático, así como las discusiones políticas sobre el acceso a la energía, ya estaban dejando su marca en el país antes de que la crisis se desatara. La tasa de inflación promedio de 2008, siguiendo la tendencia iniciada en 2007, fue de 5,7%. Los alimentos y las bebidas aumentaron 3,8%, mientras que el gas, la energía y el petróleo lo hicieron en más de 20%1. Aunque las subas de precios afectaron a toda la población, la de mínimos ingresos fue la más perjudicada.

Desempleo

La tendencia de desempleo muestra el efecto más prejudicial y duradero de la crisis. El desempleo aumentó en todas las regiones, especialmente entre las personas que tenían contratos de corto plazo. Los datos de febrero de 2009 muestran tendencias muy negativas: 77.182 personas estaban registradas en la Oficina de Empleo, 4,4% más que en enero de 2008 y 15,2% más que en febrero de 2008. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que el número real de desempleados es sustancialmente mayor, ya que en los últimos años miles de personas fueron borradas de las estadísticas debido a “incumplimiento de obligaciones” (generalmente, no reportarse o negarse a trabajar por debajo de su nivel de calificación)2.

Las cifras de nuevos buscadores de empleo registrados son aún más reveladoras. En los primeros dos meses de 2009 había 21.052, un aumento de 83% comparado con el mismo período de 20083. Casi la mitad eran trabajadores cuyos contratos de corto plazo no habían sido renovados. También hubo un sorprendente aumento de desempleados permanentes – casi 150% comparado con el mismo período de 2008 – como también de las personas que perdieron sus trabajos debido a las bancarrotas, cifra que se duplicó con creces (219%)4. En promedio, las personas registradas en la Oficina de Empleo han estado sin trabajo por casi 22 meses.

Una débil respuesta

Los intentos de combatir el desempleo no han sido suficientes. El Gobierno aprobó, en enero de 2009, una ley sobre subvenciones parciales para el empleo a tiempo completo. La suma total de las subvenciones es de EUR 200 millones (USD 261 millones). Los empleadores pueden solicitarlas a razón de EUR 60 a 120 (entre USD 78 y 157) por trabajador por mes, dependiendo de si se reduce el horario de trabajo a 36 o 32 horas por semana. Sin embargo, tanto los expertos como los empleadores y los sindicatos consideran que esta medida es insuficiente.

Por ejemplo, las subvenciones son demasiado escasas como para ayudar a las empresas que enfrentan problemas de liquidez graves o no tienen capacidad para mantener los niveles previos de producción debido a la cancelación de órdenes. También están limitadas a un máximo de seis meses, aunque las estimaciones sugieren que la necesidad se prolongará mucho más allá de ese plazo. Más aún, no están previstos subsidios para los trabajadores por cuenta propia, que representan más del 10% de la fuerza de trabajo, o para los que ya están trabajando a medio horario, como las personas con discapacidades. Otro inconveniente es que la ley no establece criterios de elegibilidad basados en registros de negocios, por lo que las empresas no afectadas por la crisis también pueden estar recibiendo subsidios.

Los sindicatos advierten sobre posibles abusos por parte de los patrones, tales como proponer agregados a los acuerdos laborales que rebajen los salarios de los empleados en forma voluntaria, lo que significa que aún son elegibles para recibir subsidios pero al mismo tiempo reducen el pago a los trabajadores amparándose en la disminución del horario de trabajo5. Otros abusos incluyen la reducción del horario laboral sin disminuir la carga de trabajo – los trabajadores se ven amenazados y deben trabajar horas extra sin remuneración o con mayor intensidad y con descansos más cortos.

La Oficina de Empleo publicó dos nuevas licitaciones de prestación de subsidios para empleos de tiempo parcial o completo en 2009 y 2010. Ambas están co-financiadas por los Fondos Estructurales Europeos. Se otorga puntaje extra a los solicitantes que quieran contratar mujeres o personas con discapacidades, y pueden solicitarse montos mayores por los que contratan personas que se han registrado como desempleadas por más de 24 meses. Por medio de estas licitaciones se estima que 3.850 personas podrían emplearse a tiempo completo y otras 400 a tiempo parcial. También está disponible un monto adicional para co-financiar con los empleadores programas de entrenamiento profesional para los empleados a fin de aumentar la productividad y la calificación de los trabajadores.

Aunque los subsidios muestran la preocupación del Gobierno por evitar despidos masivos, es también evidente que todas esas medidas tienen alcance muy corto, tanto en lo que refiere a los fondos como a los plazos. No demuestran una planificación a largo plazo ni tampoco abordan problemas estructurales sino que, simplemente, son medidas para contrarrestar la situación actual. El empleo permanente no es requisito en ninguna de estas medidas. Esto está muy de acuerdo con la “mayor flexibilidad” del Mercado de trabajo exigida por los empresarios, esto es, cada vez más personas trabajando con contratos de corto plazo. Esto también vale para los solicitantes de subsidios estatales, que pueden despedir a sus empleados una vez que se termina el subsidio.

Titulares cambiantes

Con el declive de la economía, también hubo un cambio sustancial en la atención de los medios de comunicación. Aunque los temas relacionados con los trabajadores inmigrantes (especialmente en la construcción) y la explotación de la que eran objeto (sin contratos, condiciones de trabajo inapropiadas, bajos salarios, racismo, etc.) aparecían en los titulares de las noticias a fines de 2008, su situación actual y los problemas que enfrentan ahora debido a la baja demanda de sus servicios fueron barridas debajo de la alfombra. Los titulares de estos días se concentran en las dificultades financieras que enfrentan las grandes empresas.

Asimismo, los medios están acostumbrados a hacer más aceptables las medidas draconianas. Por ejemplo, aparecieron grandes titulares con el anuncio del director general de la Cámara de Industria y Comercio acerca de la pérdida de 30.000 a 50.000 puestos de trabajo en 2009: esto no favorece a los trabajadores; simplemente legitima nuevos despidos. El principal diario de negocios, Finanzas, dio un estimativo similar de 46.000  trabajadores despedidos. Sin embargo, las cifras de la Oficina de Empleo son mucho más bajas: habrá aproximadamente 10.000 nuevos buscadores de empleo para fines de 2009.

Cambios sociales y en los niveles de pobreza

El Defensor de los Derechos Humanos encara la pobreza como un problema que necesita solución urgente, por ser un fenómeno multidimensional que afecta profundamente la dignidad humana. Aunque en su Constitución Eslovenia se declara como un “estado social”, cada vez más eslovenos se ven sumidos en la pobreza. Según datos oficiales, 11,5% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, de EUR 500 (cerca de USD 653)6. Dichas estadísticas no toman en cuenta el hecho de que los pobres a menudo experimentan violaciones de sus derechos humanos en las áreas de atención social, salud y educación.

La pobreza va en aumento entre las personas mayores que sobreviven con magras pensiones y entre los jóvenes: cada vez más jóvenes viven en ambientes con mínimas posibilidades de desarrollo, pocos incentivos, baja autoestima, dificultades para integrarse en la sociedad y oportunidades casi nulas de encontrar empleo. Más aún, a los adultos jóvenes cada vez les resulta más difícil comenzar sus propias familias porque no pueden entrar al mercado inmobiliario. Se está generando toda una sub-clase de personas que se sienten decepcionadas, engañadas, inútiles y resentidas con la sociedad. Se necesitan nuevos enfoques sistémicos: la ayuda financiera no es suficiente; es necesario reafirmar valores como la solidaridad y la comunidad.

Derechos humanos y temas globales

Últimamente los derechos humanos han ganado un lugar protagónico en el país. El nuevo Gobierno de coalición, elegido en 2008, ha declarado que el respeto a los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho, la protección social y una sociedad abierta son valores esenciales. También se ha comprometido a cambiar a la luz de los nuevos desafíos planteados por los acontecimientos mundiales.

Esto se debe en parte al impulso que obtuvieron en 2008 las ONG y organizaciones relacionadas7 (junto con la atención a temas tales como el cambio climático, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la relevancia de la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de las instituciones públicas) cuando Eslovenia ocupó la presidencia de la UE. Es necesario aumentar la toma de conciencia sobre estos temas, tanto en la población como en los funcionarios públicos, como también crear vínculos y foros donde sea posible presentar iniciativas al Gobierno, a fin de generar un efecto duradero.

Discriminación, incumplimientos de las decisiones de la Corte Constitucional, procedimientos judiciales lentos, derechos de los niños, seguridad social y los sistemas de pensiones y de salud son algunos de los motivos más comunes de denuncias presentadas ante los organismos de derechos humanos de Eslovenia. Según el Defensor de los Derechos Humanos los valores que deberían guiar a la sociedad, especialmente en tiempos de crisis, son la dignidad humana, el respeto mutuo, la confianza, la honestidad y la voluntad de socorrer a los más vulnerables8.

Una interrogante abierta

Sin embargo, persiste la interrogante de si la sociedad eslovena, que en el pasado ignoró los temas de derechos humanos y ambientales, exigirá que su gobierno adopte un enfoque basado en derechos y garantice efectivamente su protección, o si los acuciantes problemas económicos serán prioritarios. Un ejemplo es el caso de los llamados “borrados”, es decir, los eslovenos no étnicos a quienes se les negó estatuto legal después de la independencia en 1991. Este asunto ya debería estar resuelto, pero los gobiernos sucesivos no han respetado el dictamen de la Corte Constitucional. Los partidos políticos de derecha se oponen por temor a tener que otorgar grandes sumas como compensación a las víctimas.

En cuanto al medioambiente, se proyecta instalar estaciones de energía eólica en áreas protegidas, terminales marítimas de gas, y una nueva planta de energía a carbón. Si las respuestas a las diversas crisis actuales se enfocan en revivir la economía y el consumismo, los temas de las políticas ambientales cediendo el paso a los planes para conservar empleos e impulsar al mercado.   

 

1 Oficina de Estadística de la República de Eslovenia. “Consumer price indices, Slovenia, December 2008”. 30 de diciembre de 2008. Disponible en: <www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?id=2098>.

2 Ver “Eslovenia: en el flanco borrado de los Alpes”, en Informe Social Watch 2008. Disponible en: <www.socialwatch.org/en/informesNacionales/619.html>.

3 Oficina de Empleo de Eslovenia. “Februarja registriranih 77.182 oseb”. 28 de marzo de 2009. Disponible en: <www.ess.gov.si/SLO/DEJAVNOST/StatisticniPodatki/2009/0209.htm>.

4 Oficina de Empleo de Eslovenia (2009). “Zavod sklenil pogodbo o subvencioniranju z 41 podjetji”. 30 de marzo de 2009. Ver: <www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/NovinarskoSredisce/NovinarskeKonference/2009/04-03-09.htm>.

5 KS90 (2009). “Subvencioniranje delovnega časa, vloga in ukrepi sindikata”. 25 de marzo de 2009. Ver: <www.sindikat-ks90.si/index.php?p=novice&id=183>.

6 Oficina de Estadística de la República de Eslovenia. “Kazalci dohodka in revščine” 27 de marzo de 2008. Ver: <www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2032>.

7 Aunque no hay una definición legal de ONG, en 2008 estas organizaciones y los temas en los que trabajan ganaron terreno gracias a la presidencia de Eslovenia de la UE.

8 Defensor de los Derechos Humanos. Thirteenth Regular Annual Report of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia for the year 2007. Versión abreviada, 2008. Disponible en: < www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/word_in_PDF/LP-2007/LP07_ANG_-_za_....

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ESPAÑA

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2009
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Las deficiencias de la economía española, que ha demorado demasiado su ajuste, han quedado de relieve. Ante el desempleo disparado y el descenso en el crédito, el Gobierno se erige en aval y garante pero no aborda los problemas fundamentales, como la fragilidad y precariedad del empleo, el acceso a la vivienda y la extensión de numerosos derechos sociales básicos. Algo similar sucede con la ayuda internacional: en tanto España solidifica su papel de país solidario, asuntos esenciales, como el calentamiento global o los subsidios agrícolas no son abordados como se debiera.

No se atiende lo esencial

Plataforma 2015 y más
Pablo José Martínez Osés
IntermonOxfam1
Deborah Itriago

Las deficiencias de la economía española, que ha demorado demasiado su ajuste, han quedado de relieve. Ante el desempleo disparado y el descenso en el crédito, el Gobierno se erige en aval y garante pero no aborda los problemas fundamentales, como la fragilidad y precariedad del empleo, el acceso a la vivienda y la extensión de numerosos derechos sociales básicos. Algo similar sucede con la ayuda internacional: en tanto España solidifica su papel de país solidario, asuntos esenciales, como el calentamiento global o los subsidios agrícolas no son abordados como se debiera.

*

La crisis en España tiene características propias que indican que las causas no residen únicamente en los “fallos” del sistema financiero internacional o en malas prácticas.  Coincidiendo con el derrumbe de las grandes compañías financieras estadounidenses, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se encontraba en Nueva York, asistiendo a la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2008, y afirmaba su confianza en la robustez del sistema financiero español. A pesar de ello su gobierno se apresuró a conceder un aval con el erario público a sus riesgos por importe de EUR 30.000 millones, lo que supone más de 650 euros por persona, mientras que el país dedica a la  Ayuda para el Desarrollo 30 euros por persona. En el actual contexto de crisis, lo que prima es la intención de capear el temporal, antes que observar en la crisis alguna oportunidad. 

La destrucción del empleo

Las cifras actuales de caída y destrucción del empleo son escalofriantes. En el período de un año, desde enero de 2008 a enero de 2009, el desempleo aumentó en más de un millón de personas, alcanzando a más de tres millones y medio de personas (niveles de 1996). Esto supone el 14% de la población activa y casi el doble de la media europea. En 2008 desaparecieron más de 840.000 puestos de trabajo y la tendencia no parece remitir.

El Gobierno ha buscado paliar el descenso del poder adquisitivo mediante rebajas fiscales para los trabajadores y facilitación de trámites para la creación de nuevas actividades económicas. También ha promovido rebajas en los intereses de mora por impagos o aplazamientos para evitar la asfixia económica definitiva de las empresas. Estas medidas pretenden, como mucho, proporcionar a los trabajadores mecanismos para resistir durante un tiempo, en espera de que la actividad económica y la confianza en los mercados se recuperen. Es preciso consignar, por otra parte, que hasta el presente el Gobierno ha sabido resistir los envites oportunistas de las patronales que han demandado, como es su costumbre, mayor precarización laboral mediante la flexibilización y abaratamiento de los despidos como condición para recuperar la senda de la creación de empleo.

El descenso del crédito

A pesar de que el tipo de interés de referencia para la Unión Europea (Euribor) ya ha descendido hasta sus mínimos históricos, las entidades financieras no parecen dispuestas a asumir nuevos riesgos y la disposición del crédito se mantiene escasa. Es evidente que el aval de EUR 30.000 millones aprobado por el Gobierno y otras medidas de reaseguramiento de operaciones con garantía pública no han logrado, hasta ahora, que el sector financiero proporcione crédito y, con ello, el circulante imprescindible para reavivar la actividad económica.  Por otra parte, en diciembre de 2008, según datos del Banco de España la cartera de créditos a las familias descendió por primera vez en los últimos ocho años, dato que contrasta con el crecimiento que presenta la cartera de créditos aprobados a las administraciones públicas. Esta aparente paradoja se explica por la predilección por las garantías públicas que tienen las entidades financieras a la hora de seleccionar los riesgos y por las enormes dificultades de financiación que presentan las administraciones locales (municipalidades).

En este sentido, el Gobierno ha priorizado servir de garante público para mantener la confianza en el equilibrio y estabilidad del sistema financiero, del que dependen gran cantidad de depósitos y ahorros de la ciudadanía. Pero el problema exige mayor decisión puesto que, mientras que las entidades financieras siguen presentando resultados trimestrales con ganancias espectaculares, la devaluación imparable de los activos financieros e hipotecarios ha hecho que, hasta ahora, la ciudadanía no pueda participar de la estabilidad perseguida. Voces procedentes de numerosos movimientos sociales, así como de sectores académicos y políticos, empiezan a plantear la necesidad de recrear entidades financieras de carácter público que permitan, en estos tiempos de crisis, priorizar las funciones de servicio público antes que el mantenimiento de los márgenes de negocio.

Tardanza en el ajuste

Contrasta la forma veloz con la que el Gobierno ha respondido a las necesidades del sector bancario y financiero con la tardía y limitada atención brindada a los problemas de la economía real, que es el ámbito donde se está dando el abrupto y tardío proceso de ajuste – y era urgentemente necesario antes del estallido de la crisis.

Los tres principales problemas, largamente mencionados en diversos análisis durante el anterior ciclo expansivo eran: las dimensiones espectaculares de la “burbuja inmobiliaria” y la importancia relativa del sector de la construcción en el PIB y en el crecimiento del empleo, el excesivo endeudamiento de particulares y empresarios y las bajas tasas de competitividad y ahorro nacionales. En el período anterior apenas se tomaron medidas para abordar algunos de los procesos de ajuste, tal vez por no querer asumir los costos sociales y políticos inherentes. La crisis financiera internacional ha acelerado y sincronizado estos procesos pendientes, afectando de forma muy severa la viabilidad de negocios con altas tasas de necesidad de endeudamiento a corto plazo y también al empleo.

Como respuesta, el Gobierno combina una doble orientación. Por un lado mantiene las resistencias a las presiones de sectores políticos conservadores y de la patronal a promover rebajas fiscales a las grandes rentas, la disminución de los impuestos de sociedades y las medidas de flexibilización de los despidos. Por otro, aprueba medidas con cierto carácter social, puesto que se destinan fundamentalmente a desempleados, personas con bajas rentas y colectivo de alto riesgo. Esta reacción dual, orientada a no deteriorar el sistema de garantías sociales (de forma que sea éste el que amortigüe los golpes de la crisis) está lejos, sin embargo, de revertir las tendencias y ofrecer resultados en la recuperación del crédito, del empleo o del índice de precios.

La apuesta del Gobierno, por lo que se aprecia, es contener presiones y consecuencias hasta que los mercados financieros internacionales recuperen la confianza y motoricen un nuevo ciclo expansivo. Sin embargo, la cuestión no se reduce a saber cuándo sucederá la recuperación ni hasta dónde podrá engordar el déficit de las cuentas públicas que soportan las medidas emprendidas (con las primeras medidas ya se agotó el superávit acumulado en años anteriores y se recibieron las primeras advertencias de la Unión Europea). Se trata, además, de cómo abordar los problemas fundamentales de la economía española, relacionados principalmente con la fragilidad y precariedad del empleo, las dificultades de acceso a la vivienda y la extensión de numerosos derechos sociales básicos para gran parte de la población.

España en el exterior

El 2009 es el año de las transformaciones profundas en materia de desarrollo económico, y entre éstas, de la forma en que se coopera en la lucha contra la pobreza. Durante 2007 y 2008, España vino mostrando su vocación de país solidario no solo en la gestión de la crisis global que afecta sobre todo a los países en desarrollo sino de manera general en los compromisos establecidos en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sin embargo también se registra, junto a iniciativas de gran valor, una timidez excesiva para abordar las cuestiones más fundamentales. Algunos aspectos a destacar son:

AOD: Entre el año 2004 y 2007, la AOD española ha aumentado más de 20% (cifras en valores corrientes). A pesar de que la situación económica ha provocado que el presupuesto de la cooperación internacional para el año 2009 se sitúe en el mismo nivel que en el año 2008 (EUR 5.500 millones), España se mantiene entre los países donantes más solidarios. En diciembre del año 2007 se firmó el Pacto de Estado contra la Pobreza, por el que todos los partidos políticos españoles se comprometieron a cumplir el compromiso internacional de canalizar 0,7% del PNB en concepto de AOD a partir del año 2012.

Acción humanitaria: Durante 2008 culminaron una serie de procesos que ayudarán a consolidar a España como actor global en la acción humanitaria. El país cuenta ahora con una estrategia coherente con los parámetros y normas aceptados internacionalmente y se ha reforzado institucionalmente para incrementar su capacidad de gestión ante crisis humanitarias2. Al respecto, España deberá evitar el condicionamiento mediático en la selección de las crisis humanitarias en las que participa.

Crisis de los alimentos: En la cumbre de la FAO de junio de 2008 España anunció su compromiso de contribuir con EUR 500 millones para dar respuesta a esta crisis. Así, en enero de 2009 España organizó, junto con la Secretaría General de la ONU, la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria (RANSA) en Madrid, con el objeto de contribuir al proceso de coordinación de las diferentes instituciones implicadas en el tema (FAO, Programa Mundial de Alimentos, Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, BM, FMI), e impulsar la iniciativa del Partenariado Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GPAFS, por sus siglas en inglés). En la Reunión, el Presidente Rodríguez Zapatero comprometió otros EUR 1.000 millones para este objetivo, a desembolsar en cinco años. Estos EUR 1.500 millones no significan nuevos recursos sino más bien un compromiso de asignación de parte del presupuesto previsto de AOD. Llama la atención, de todos modos que, como parte de esta iniciativa, no se cuestione el impacto negativo de las políticas agrícolas de la Unión Europea sobre la seguridad alimentaria mundial, lo cual pone en serio riesgo sus posibilidades de éxito.

En el marco del G20 y en línea con lo anterior, como parte del paquete de medidas que propone para gestionar la crisis financiera, España se ha pronunciado para que los Bancos Multilaterales de Desarrollo aumenten sus flujos netos hacia los países de bajos ingresos y de renta media durante los periodos de bajo crecimiento.

 

La solidaridad no es suficiente

Si bien todas estas iniciativas dan muestra de solidaridad, contrastan sin embargo con la posición de España en materias cruciales para los países en desarrollo como el comercio, la agricultura, las migraciones internacionales o el cambio climático:

Comercio: En cuanto a la respuesta internacional a la actual crisis financiera, uno de los mayores riesgos es que los países opten por el proteccionismo comercial como estrategia unilateral de salida. A diferencia de otros países de la UE, España siempre se ha alineado con aquellas posturas menos proclives a flexibilizar posiciones e incorporar el desarrollo como elemento troncal de las negociaciones comerciales. En la reunión del G20 celebrada a finales de 2008 se realizó un llamamiento para que los Estados se abstuvieran, al menos por el periodo de un año, de incrementar sus aranceles aplicados. Nada se dijo acerca de la posibilidad de usar subsidios y planes estatales de salvamento. De este modo, se pusieron en cuestión las únicas herramientas de protección al alcance de la mayoría de los países en desarrollo y se permitieron aquellas inalcanzables para éstos (que pueden, además, resultar devastadoras para sus agriculturas).

Agricultura: De la misma forma, es preocupante la incoherencia entre las iniciativas globales que España apoya y aquella que la Secretaría de Estado de Medio Rural pretende liderar para impulsar una plataforma europea dirigida a bloquear las necesarias reformas de la Política Agrícola Común (PAC). Esta iniciativa ha sido presentada con la intención de convertirla en el estandarte de la presidencia española de la UE, ignorando que los impactos distorsionadores de las políticas agrarias de los países ricos están entre las causas de erosión de la agricultura de los países pobres y de la crisis de precios de los alimentos.

Inmigración: La crisis económica internacional ha supuesto un duro golpe para el trabajo de millones de migrantes que se ven directamente amenazados por el desempleo (en los sectores de construcción y de hostelería, los más afectados por la crisis en España, intensivos en la contratación de trabajadores de origen extranjero) y también para las remesas que esos trabajadores envían a sus familias, que constituyen un salario transnacional, y que han comenzado a caer3. Ante esta realidad, la reacción del Gobierno español ha sido decepcionante: se han planteado medidas como un “plan de retorno incentivado” que no ha tenido suficiente acogida entre la población extranjera porque las muy cerradas políticas migratorias hacen que los inmigrantes, una vez superadas las numerosas barreras para residir en España, no renuncien fácilmente a este derecho4. Además, se han recortado drásticamente las plazas disponibles para la migración regular y se han intensificado los controles para detectar, detener y deportar a trabajadores en situación irregular. Muestra de ello también es la aprobación en diciembre de 2008 de la nueva Ley de Asilo y Refugio que, después de la directiva europea aprobada en la misma línea en julio de 2008, según afirma la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, “reforzará el preocupante avance de políticas insolidarias e, incluso, xenófobas, en Europa, más preocupada por los intereses de los Estados que por el derecho de asilo”5.

Cambio climático: A finales de 2009 se debe alcanzar un acuerdo global sobre el clima que suceda al actual Protocolo de Kyoto. Para ello se deben lograr consensos en cuanto a los principales temas en discusión: el reparto de los esfuerzos de reducción de emisiones y el financiamiento de la adaptación en los países en desarrollo. España contribuye con los fondos internacionales ya existentes, si bien, como sucede con el conjunto de la comunidad internacional, muy lejos de las necesidades, que Oxfam cifra en USD 50.000 millones anuales6. Además, España se resiste a asumir nuevos compromisos de financiación para la mitigación y adaptación en los países en desarrollo. En el marco de la Unión Europea, se utiliza la crisis financiera como excusa para diluir los ya reducidos planes de financiamiento. Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre mecanismos innovadores para recaudar los fondos necesarios, como la subasta de los derechos de emisión, ni sobre los compromisos que están dispuestos a adquirirse en el marco de un acuerdo global.

1 La contribución de IntermonOxfam a este informe ha sido realizada por su equipo de investigación, bajo coordinación de Deborah Itriago, y se circunscribe al punto segundo del mismo: “España en el exterior”.

2 Durante el año 2008 se hizo operativa dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) una Oficina de Acción Humanitaria.

3 Para el caso de Ecuador o México la caída se estima en torno al 20% en el año 2008.

4 El plan consiste en otorgar a los inmigrantes la posibilidad del cobro anticipado de todo su seguro de desempleo acumulado en su país de origen, en caso de que decidan regresar, y apoyar las posibles iniciativas empresariales que pudiesen emprender.
Para febrero de 2009, tan solo  unos 2.000 inmigrantes (cuando hay cerca de 200.000 extranjeros no comunitarios en situación de desempleo) se habían acogido al plan.

5 Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

6 Oxfam (2008). “Credibility Crunch, Poverty and Climate Change: An Agenda for Rich-Country Leaders”. Junio. Disponible en: <www.oxfam.org.uk/resources/policy/debt_aid/downloads/bp113_credibility_crucnh.pdf>.

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ESTADOS UNIDOS

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2009
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La crisis de desempleo subraya la realidad de un sistema que no reconoce ni garantiza los derechos sociales y económicos esenciales. A partir de diciembre de 2007, el número de desempleados aumentó a 13,1 millones – 5,6 millones más que al principio de la recesión. Los movimientos de derechos humanos, trabajo ecológico, comercio justo, asistencia médica y vivienda presentan propuestas y exigen cambios reales y estructurales. Estados Unidos no puede dejar pasar esta oportunidad para alcanzar un cambio verdadero.

¿Oportunidad en la crisis? Capeando la tormenta perfecta

Global-Local Links Project
Tanya Dawkins
Institute for Agriculture and Trade Policy
Alexandra Spieldoch
Center of Concern
Aldo Caliari
Action Aid USA
Karen Hansen-Kun
Hunger Notes
Lane Vanderslice

La crisis de desempleo subraya la realidad de un sistema que no reconoce ni garantiza los derechos sociales y económicos esenciales. A partir de diciembre de 2007, el número de desempleados aumentó a 13,1 millones – 5,6 millones más que al principio de la recesión. Los movimientos de derechos humanos, trabajo ecológico, comercio justo, asistencia médica y vivienda presentan propuestas y exigen cambios reales y estructurales. Estados Unidos no puede dejar pasar esta oportunidad para alcanzar un cambio verdadero.

La crisis económica mundial le puso un nuevo nombre a la diversidad de crisis interconectadas – vivienda, alimentos, clima, desigualdad y rendición de cuentas – que han estado gestándose en Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras la ciudadanía comienza a tomar conciencia de la naturaleza profunda, sistémica y global de la crisis, el mundo espera de Estados Unidos una acción rápida y definitiva para contener las crisis que el país contribuyó a crear.

Una confianza ciega en el mercado “libre” como el mejor árbitro para dirimir los asuntos sociales, ambientales y económicos ha creado una “tormenta perfecta”1 de instituciones financieras que se desmoronan, una infraestructura democrática débil y una red de protección absolutamente inadecuada para lidiar con la diversidad de sufrimiento y desplazamiento humanos. El resultado de planes financieros poco regulados e inescrupulosos se sigue ampliando y causando pérdidas de la vivienda, desestabilización de comunidades y vulnerabilidad económica. Millones de estadounidenses desplazados por la crisis de la vivienda y el empleo se agregan a sus contrapartes invisibles por largos años dentro y fuera del país, que han vivido en el ojo de esta tormenta por décadas. Esto brinda una oportunidad inusual de establecer el curso de una nueva era de liderazgo y alianzas para un verdadero cambio, desarrollo, sustentabilidad y derechos humanos, dentro del país y en todo el mundo.

SE BUSCA: el derecho a un lugar al cual llamar hogar

Cuando explotó la burbuja de la vivienda en Estados Unidos, hubo una reacción en cadena en la bolsa de valores – el depósito más grande de la riqueza de los estadounidenses. La caída del valor de los bienes inmuebles borró o redujo considerablemente el capital de un gran número de propietarios de viviendas particulares o de bienes inmuebles institucionales. Por ejemplo, una familia que compró una casa en 2006 por USD 189.000 vio caer su valor en 26% hasta USD 139.000 en 2008. La disminución de los precios de la vivienda ha significado que muchos de aquellos suficientemente afortunados, propietarios de una vivienda, han perdido todo o la mayor parte de su capital, o están atrapados en hipotecas que actualmente exceden por lejos el valor de los inmuebles. El capital de los bancos y otras instituciones que tienen en su posesión hipotecas y otros valores relacionados también se redujo enormemente o desapareció. Este panorama es el resultado de una generación de política gubernamental que socavó severamente la infraestructura reguladora y supervisora de la economía y los mercados financieros.

Esta dinámica agravó la crisis nacional existente de los sin techo y la vivienda asequible. La falta de vivienda crece, en gran parte debido al aumento de las ejecuciones hipotecarias, empeorada por la pérdida del trabajo, las subas de precios de los alimentos y otros gastos que socavan la capacidad de la población para pagar su vivienda. Una encuesta llevada a cabo en octubre de 2008 en 12 estados reveló que la cantidad de familias con niños que se quedan sin hogar está creciendo2. De junio de 2007 a junio de 2008 el número de solicitudes de refugio se duplicó3. En marzo de 2009, se informó que una de cada nueve personas con hipoteca estaba atrasada en los pagos o en alguna etapa de la ejecución hipotecaria para fines de 2008, cuando la creciente pérdida de trabajos exacerbó la crisis de la vivienda4. Durante 2008 se embargaron más de 2,3 millones de viviendas, esto es, 81% más que en 2007 y 225% más que en 20065.

SE BUSCA: el derecho a un trabajo decente

Desde diciembre de 2007, el número estimado de personas desempleadas aumentó a 13,1 millones – 5,6 millones más que al principio de la recesión6. Además, estas cifras subestiman el problema real porque la tasa de desempleo oficial sólo incluye a los que han buscado activamente empleo durante las últimas cuatro semanas. Esta definición excluye a los trabajadores desalentados7 y no refleja a los que están subempleados y sin posibilidades de generar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Las minorías han sido afectadas desproporcionadamente por el declive de las oportunidades laborales. Desde marzo de 2009, el desempleo entre las poblaciones negra, hispana y blanca aumentó en 4,4%, 5,2% y 3,5%, respectivamente, reflejando tendencias de desigualdad existentes desde hace mucho tiempo, en particular en las áreas de educación, empleo y acceso a la justicia. Al 30 de junio de 2009, este aumento se vio reflejado en índices nacionales de desempleo que se ubicaron en 14,7%, 12,2% y 7,8%8.

La crisis de desempleo subraya la realidad de un sistema que no reconoce ni garantiza los derechos sociales y económicos esenciales. Dado que el acceso a educación, alimentos, asistencia médica y vivienda generalmente está en función del acceso de las personas a un trabajo, estar desempleado tiene repercusiones tremendas en la capacidad de la persona o la familia de acceder a las necesidades básicas. Estados Unidos tiene los segundos subsidios de desempleo más bajos entre los países de la OCDE; casi dos tercios de esos países ofrecen el doble o más de beneficios de desempleo – además de la asistencia social – que Estados Unidos9.

SE BUSCA: el derecho a la seguridad alimentaria

Los estadounidenses también recibieron los impactos de la crisis alimentaria. Los bancos de alimentos, por ejemplo, han tenido grandes dificultades para cumplir con la demanda porque la gente dona menos y hay menos reservas de alimentos disponibles10. En el Centro y Sur del país la crisis alimentaria se agrava por las inundaciones y los huracanes, que causan una disminución de la producción que se envía a los mercados agrícolas y para la distribución local de alimentos11.

Las estadísticas del Departamento de Agricultura indican que al menos 36 millones de personas, incluyendo más de 4 millones de niños, viven en hogares con inseguridad alimentaria12. Foodlinks America informa que, “más estadounidenses de ingresos bajos recibieron apoyo alimentario del Programa de Ayuda de Nutrición Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) en enero de 2009 que en cualquier otro tiempo de la historia del programa. Más de 32,2 millones de personas dependieron del programa ese mes, borrando el récord de un mes de 31,8 millones. El aumento del número de casos fue impulsado por los 11 estados que tenían porcentajes de aumentos superiores a 20% entre enero de 2008 y enero de 2009: Utah, Florida, Nevada, Arizona, Wisconsin, Georgia, Vermont, Maryland, Texas y Massachusetts”13.

En esta crisis alimentaria, las agroindustrias estadounidenses se han beneficiado del asfixiante control que ejercen algunas grandes corporaciones sobre la producción y la distribución, justo cuando los agricultores más pequeños luchan con los crecientes costos de los insumos y las menores ganancias14.

Reincorporarse al mundo: los detalles importan

A nivel internacional, la Administración Obama ha manifestado prontamente su liderazgo a partir de la elección presidencial. A principios de abril de 2009, el Departamento de Estado anunció que buscaría una banca en el Consejo de Derechos Humanos, diciendo que “los derechos humanos son un elemento esencial de la política exterior mundial estadounidense”. La Administración también otorgó nivel de ministro de gabinete al embajador estadounidense ante las Naciones Unidas recientemente designado.

El presidente Obama también participó del proceso del G-20, prometiendo nuevos fondos para abordar el colapso económico. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su profundo escepticismo con los USD 100 mil millones de nuevos fondos para el FMI porque cuestionan si ese organismo está equipado para implementar verdaderos paquetes de estímulo económico en vez de sus programas de austeridad tradicionales y perjudiciales.

La Administración también prometió duplicar la ayuda estadounidense a más de USD 1.000 millones en 2009 para apoyar el desarrollo agrícola a largo plazo, y amplió su oferta a USD 3.500 millones en ayuda para la seguridad alimentaria por un período de tres años. Si bien este dinero es muy necesario, cómo habrá de ser gastado es un tema de gran preocupación, y existen grandes diferencias de opinión. Por ejemplo, el Congreso y la Administración siguen promoviendo soluciones tecnológicas, incluyendo inversiones en biotecnología y Organismos Genéticamente Modificados. Los activistas de la alimentación estadounidenses presionan para que se adopten enfoques que prioricen sistemas alimentarios locales y prácticas agrícolas que no perjudiquen el clima.

En cuanto a éste, la Administración se ha involucrado en el proceso hacia las conversaciones de diciembre para un nuevo tratado mundial sobre el clima, pero sus posiciones aún no son claras. Por ejemplo, aún tiene que ratificar el Protocolo de Kioto y definir sus compromisos globales de reducción de emisiones, en un momento en que son necesarias acciones urgentes.

Buenas ideas y medidas en la dirección correcta

La Administración del presidente Barack Obama ha procurado responder a la crisis con financiación adicional e iniciativas políticas enfocadas a la estabilización de los mercados financieros, la creación de trabajo a nivel interno (incluyendo trabajos ecológicos), mayores beneficios para los desempleados recientes e iniciativas dirigidas a los propietarios de viviendas que recientemente han perdido sus hogares o están en riesgo de perderlos.

Las autoridades electas están bajo creciente presión para responder a una población cada vez más conciente de que los mercados también deben servir a objetivos sociales, económicos y ambientales más amplios. Las respuestas políticas propuestas tales como la reducción obligatoria de las tasas de interés, la reestructura de la ley de bancarrota y las medidas para contener la excesiva especulación financiera nacional e internacional, así como otras propuestas, también están atravesando el proceso legislativo.

La Administración instauró nuevas restricciones diseñadas para terminar con el vaivén entre las empresas y el gobierno que tan profundamente contribuyera a políticas mal dirigidas en sectores clave como la vivienda, las finanzas, el comercio, la salud y la agricultura. Mostró su apoyo a la producción orgánica, a medidas competitivas más fuertes para regular la actividad corporativa y a una mayor supervisión de la seguridad alimentaria. También prometió aumentar la financiación para apoyar la energía renovable y estándares de combustible limpio. La Ley Granjera de 2008 incluyó también USD 100 millones adicionales para apoyar los sistemas alimentarios locales, aumentar el acceso a alimentos saludables y apoyo a agricultores orgánicos, novatos o pertenecientes a minorías. Aunque estas medidas son insuficientes para satisfacer las demandas, son pasos importantes y alentadores.

Mirando hacia delante

La intervención del Gobierno es un elemento crítico para asegurar la recuperación económica y una nueva dirección del desarrollo económico nacional. El eslabón perdido sigue siendo asegurar la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas. Por ejemplo, iniciativas como <www.recovery.gov> ponen de manifiesto el uso sin precedentes e innovador de la tecnología hecho por la Administración para mantener informada a la población. La información, sin embargo, no sustituye el tipo de compromiso y responsabilidad que debe ser el núcleo de un verdadero cambio y recuperación nacional.

Los movimientos nacionales a favor de los derechos humanos, trabajos ecológicos, comercio justo, asistencia médica y vivienda están presentando propuestas innovadoras y aumentando sus demandas de un cambio verdadero y estructural. Por ejemplo, está tomando fuerza el movimiento que pugna por la rendición de cuentas de Estados Unidos respecto de los estándares internacionales de derechos humanos, organizándose y educando sobre la naturaleza interconectada de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales15. Una Encuesta de Opinión Pública Mundial de 2008 mostró que la vasta mayoría de los estadounidenses está a favor de prácticamente todos los derechos y principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo igualdad, derechos de la mujer, justicia racial, los derechos a la alimentación, educación y asistencia médica y creen con firmeza que su gobierno tiene la responsabilidad de asegurarlos16. Traducir el cambio de actitudes en una voluntad pública sostenida y nuevas políticas sigue siendo un desafío fundamental. Son necesarias acciones y soluciones valientes. Estados Unidos no puede permitirse desperdiciar esta oportunidad.

2 “Homeless numbers alarming”, USA Today, 22 de octubre de 2008.

3 Ibid.

4 Scholtes, S. “US home loan arrears affect one in nine”. 6 de marzo de 2009. Disponible en: <www.ft.com/cms/s/0/61598348-09e0-11de-add8-0000779fd2ac.html>.

5 McNulty, S. “Foreclosure fears spread to middle class”. Financial Times, 29 de enero de 2009.

6 Shierholz, H. y Edwards, K. “Jobs report offers no sign of light at end of tunnel”. 3 de abril de 2009. Disponible en: <www.epi.org/publications/entry/jobspicture20090403/>.

7 Los trabajadores desalentados son aquellos que, aún teniendo voluntad y capacidad de trabajar, no buscan trabajo porque creen que no hay ningún empleo disponible que sea apropiado para ellos. Ver: <stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=645>.

8 Austin, Algernon. “Unequal unemployment: Racial disparities in unemployment vary widely by state.” Economic Policy Institute, 21 de julio de 2009. Disponible en: <www.epi.org/publications/entry/ib257>.

9 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Society at a Glance, 2006. OECD Social Indicators. “Out of work benefits”, p. 62.

10 Quizon, D. “Donations down, demand up at food distributors”. The State Press, 16 de septiembre de 2008. Disponible en: <www.statepress.com/node/935>.

11 Holt Gimenez, E. “The World Food Crisis: What’s Behind It and What We Can Do About It”. Policy Brief. Food First, 16 de octubre de 2008.

12 Nord, M., Andrews, M. y Carlson, S. “Household Food Security in the United States, 2007”. Economic Research Report, ERR-66, noviembre de 2008.

13 Foodlinks America Newsletter, 10 de abril de 2009. ‘SNAP’ es el nuevo nombre del programa de Vales de Comida, que ayuda a las familias y personas de bajos ingresos a comprar alimentos asequibles y saludables.

14 US Working Group on the Food Crisis (2008). “Backgrounder on the Global Food Crisis”.

15 Aunque sea signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Estados Unidos todavía no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

16 “60th Anniversary: New poll shows vast support for Universal Declaration of Human Rights principles”. The Opportunity Agenda. Disponible en: <opportunityagenda.org/60th_anniversary_poll_day_great_degree_consensus_among_americans_principles_enunciated_universal_dec>.

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FILIPINAS

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2009
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En Filipinas, la globalización económica causó la expansión del trabajo informal, la contracción de las industrias locales y una gran dependencia de las exportaciones y remesas del exterior, mientras la pobreza seguía aumentando debido a la distribución injusta de las ganancias. Hoy, la crisis mundial hace que estén disminuyendo las remesas, al tiempo que cierran las fábricas. Como de costumbre, son los pobres y los marginados quienes pagan el precio más elevado. Se necesita con urgencia un paquete de estímulo sustentable, basado en derechos y a favor de los pobres.

De mal en peor

Marivic Raquiza
Social Watch Filipinas

En Filipinas, la globalización económica causó la expansión del trabajo informal, la contracción de las industrias locales y una gran dependencia de las exportaciones y remesas del exterior, mientras la pobreza seguía aumentando debido a la distribución injusta de las ganancias. Hoy, la crisis mundial hace que estén disminuyendo las remesas, al tiempo que cierran las fábricas. Como de costumbre, son los pobres y los marginados quienes pagan el precio más elevado. Se necesita con urgencia un paquete de estímulo sustentable, basado en derechos y a favor de los pobres.

Contrariamente a las evaluaciones del Gobierno y las agencias de valoración crediticia de que Filipinas podría resistir la crisis mundial, su economía orientada hacia el exterior dejó al país muy vulnerable a los choques externos. La globalización de la producción, que causó la rápida expansión del trabajo informal, la contracción de las industrias locales debido a la competencia mundial con importaciones baratas muy subvencionadas y la gran dependencia de las exportaciones y los mercados de trabajo externos tienen consecuencias extremas para el sustento de la mayoría de los ciudadanos1.

De hecho, incluso antes de que golpeara la crisis mundial, la mayoría de los filipinos ya estaban en dificultades debido al deterioro de las condiciones económicas. Según la Encuesta de Gastos e Ingresos Familiares, los ingresos de los hogares disminuyeron desde 2003 hasta 2006; además, un gran número de filipinos estaba atrapado en empleos de baja productividad, con salarios por debajo del umbral de pobreza y niveles de hambre sin precedentes2, según el registro de las Estaciones de Clima Social3. El Gobierno admitió finalmente que la pobreza aumentó en 2006 durante un tiempo de crecimiento económico, lo que evidenció lo inequitativo de la distribución de la riqueza. A partir del 10 de junio de 2009, el Gobierno bajó las metas de crecimiento del PIB para 2009 a un rango de entre 0,8% y 1,8%4, lo que obligó al Secretario del Directorio de Coordinación de Estadística Nacional a declarar que la economía filipina “está al borde de la recesión” 5.

Remesas y exportaciones

Las consecuencias de la crisis serán muy amplias. Las remesas, por ejemplo, constituyeron el 13% del PIB en 2007. Los filipinos que trabajan en el extranjero son una décima parte de la población total (alrededor de 8 millones), posiblemente “la principal fuente de ingresos netos de divisas extranjeras a la economía filipina”6. Ahora, sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Empleo informa que hasta 575 mil filipinos en el exterior podrían perder sus trabajos, en particular en Corea del Sur, Taiwán, Macao, Singapur y Hong Kong, como también los que trabajan en los cruceros. El Banco Central de Filipinas pronostica que las remesas disminuirán entre 6% y 10%.

Las ganancias de las exportaciones cayeron bruscamente 40,4% en 2008, en comparación con el año anterior, entre ellas, la electrónica disminuyó 47,6%7. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo están nerviosos ante el número creciente de fábricas que cierran, no sólo en el sector de la electrónica sino también entre los fabricantes de vestimenta y otras compañías en zonas industriales. Casi 110.000 trabajadores fueron afectados por la crisis solamente entre octubre de 2008 y marzo de 2009. Esta cifra incluye a 50.380 trabajadores desplazados y 59.149 trabajadores con acuerdos “flexibles” (como reducción del horario de trabajo o licencia forzosa)8.

Desempleo, seguridad social y alimentos

Los filipinos no pueden permitirse el creciente desempleo y subempleo. Mientras la de tasa de desempleo está entre el 8% y  el 10%, el subempleo ya había subido a 22% incluso antes de la crisis mundial9. En efecto, el mero empleo no garantiza una vida digna: una mayoría (51%) de la mano de obra filipina, conformada por 12,1 millones de agricultores y pescadores y aproximadamente 10 millones de peones y obreros no calificados, gana salarios de pobreza, igual que los trabajadores del incipiente sector informal.

Una gran mayoría de trabajadores en las zonas de procesamiento de exportaciones son mujeres. Debido a la crisis, la cantidad de despidos o acuerdos de trabajo flexible en estas zonas afectará sobre todo a las mujeres, que son las principales responsables de la gestión y el cuidado familiar. La crisis que se hace cada vez más profunda aumentará la carga sobre las mujeres para sobrellevar sus múltiples responsabilidades. Sin embargo, en general, los trabajadores hombres comprenden la mayoría de los desempleados (64,1%) en comparación con las trabajadoras (35,9%), ya que las industrias con predominancia de mano de obra masculina como la construcción y el transporte fueron las más afectadas por la crisis10.

El seguro social filipino cubre aproximadamente al 84,5% de los trabajadores empleados. Sin embargo, los trabajadores pobres apenas se benefician de los servicios de seguridad social, y la cobertura de los que trabajan en el sector informal es limitada11. No hay seguro de desempleo y el Gobierno ha evitado implementar redes de protección para lidiar con el desempleo a causa de que serían demasiado caras. Además, el alcance de los programas de ayuda social para los que viven debajo del umbral de la pobreza es limitado, como lo es también el nivel de beneficios. La seguridad social privada tampoco está a salvo del colapso mundial: la industria de pre-necesidad12 filipina ya ha solicitado la ayuda del Gobierno para lidiar con la reducción del valor de sus fondos fiduciarios. Lamentablemente, la mala administración, la avaricia y la captura reguladora también han estropeado el funcionamiento de algunas compañías de pre-necesidad y, según se informa, algunas están al borde del colapso, lo que pone en peligro las ganancias de miles de afiliados al plan.

Los niveles de precios de los alimentos y el combustible mejoraron un poco en comparación con 2008. Sin embargo, como muchos filipinos reciben escasos ingresos, la compra de bienes y servicios para cubrir las necesidades elementales sigue siendo un intimidante desafío. A consecuencia del colapso mundial hubo aumentos en el precio del arroz, un alimento básico en los hogares filipinos, que se traduce en una mayor inseguridad alimentaria. En efecto, el Banco Asiático de Desarrollo ha calculado que, por cada aumento de 10% en los precios de los alimentos, 2,72 millones de filipinos caerán en la pobreza13. Aunque Filipinas sea un país de ingresos medios, existen disparidades regionales: mientras la capital disfruta de niveles de crecimiento altos, la desnutrición infantil en algunas regiones es igual e incluso superior a la de África Subsahariana. Esto muestra el alto nivel de desigualdad en el país; su coeficiente Gini de 0.45 es el tercero más alto de Asia, detrás de Nepal y la República Popular de China.

Servicios sociales básicos, el ambiente y AOD

La prestación de servicios sociales básicos sufrirá indudablemente debido al colapso financiero mundial14. El Objetivo de Desarrollo de Milenio (ODM) sobre educación primaria universal es ya el más amenazado a nivel nacional15. Muchos educadores están alarmados de que los estudiantes dependientes de las remesas de parientes y benefactores no asistirán a la escuela el próximo año académico debido a la caída de los ingresos del exterior16. Ya desde antes de la crisis mundial, Filipinas era el país de peor desempeño en la región en cuanto a las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna, debido en gran parte a la baja inversión pública17. En general, los fondos destinados a los ODM relacionados con la salud provienen de la AOD, aunque habría que investigar si la ayuda va hacia los más necesitados – las comunidades más pobres – según los activistas de la Iniciativa para un Presupuesto Alternativo (IPA)18.

El Gobierno también ha dependido de la AOD para implementar, en los últimos tres años, legislación ambiental como la Ley sobre Agua Potable y sobre de Aire Limpio19. Su prioridad de gastos está en la minería y la producción forestal (más que en la protección), a pesar de cuestiones no resueltas relacionadas con grandes desastres mineros y deforestación generalizada. Esto significa que si la AOD disminuye considerablemente a consecuencia de la crisis mundial, su impacto negativo se sentirá sobre todo en sectores como la salud y el medio ambiente.

Respuesta del Gobierno ante la crisis

El Gobierno se ha unido a la opinión mundial de “impulsar/mejorar la economía” en la forma ya familiar del paquete de estímulo económico y presentó un Plan de Adaptación Económica (PAE) de PHP 330.000 millones (USD 6.869 millones) para lidiar con la crisis. Sin embargo, un estudio preparado por la IPA mostró que de los PHP 1,4 billones (USD 29.141 millones) del presupuesto nacional aprobado recientemente por ambas Cámaras del Congreso, sólo PHP 10.070 millones (unos USD 210 millones) de nuevos fondos irán a un Fondo de Estímulo Económico (FEE) establecido para abordar el impacto negativo de la crisis mundial. Dentro de FEE se incluyen temas como, entre otros, la ayuda para préstamos a estudiantes universitarios, capacitación técnica y profesional para la juventud, préstamos y subsidios a pequeñas y medianas empresas, reconversión laboral para trabajadores despedidos y retornados al país y construcción de edificios escolares. Mientras muchos de éstos son loables, uno no puede menos que preguntarse por qué la mayor parte de los fondos se destinan a la educación terciaria y nada para la primera infancia, educación primaria y secundaria. Segundo, el énfasis en la reconversión de los trabajadores despedidos está bien, pero debe haber mayor énfasis en la creación de trabajo que vaya más allá de la construcción de edificios escolares. En otras palabras, no hay ningún plan integral para mitigar los efectos de la crisis. Es aun más alarmante que el presidente haya vetado la propuesta de usar y liberar PHP 10.000 millones (USD 208 millones) que ahora están sujetos a “implementación condicional” en base a pautas que serán establecidas, en última instancia, por el Poder Ejecutivo. De esta forma, el uso del FEE está ahora directamente bajo el control del presidente.

Existe una partida adicional de PHP 300 mil millones (USD 6.244 millones) para el FEE, muy manejada por funcionarios gubernamentales, que se recaudará entre las corporaciones del Gobierno y el sector privado. Al tiempo de redactar este informe, la propuesta sigue siendo vaga. Muchos analistas son escépticos ya que la mayor parte de los fondos de las corporaciones del Gobierno también provienen de los cofres públicos. Además, no hay muchos que pongan sus esperanzas en el “espíritu caritativo” del sector comercial, sobre todo en un contexto de declive económico. Incluso en tiempos de prosperidad, los ingresos del Gobierno estaban alarmantemente por debajo de los objetivos debido a la evasión fiscal masiva de las grandes compañías y las personas ricas.

Los activistas de la IPA están consternados por el hecho de que en un tiempo de creciente inseguridad laboral y hambre, los funcionarios públicos hicieron proselitismo político con el presupuesto nacional 2009 por miles de millones de pesos20. El pago de los intereses de la deudas se sitúa en PHP 302.650 millones21 (USD 6.300 millones), que constituye el 21% del presupuesto nacional 2009. Sin embargo, el Gobierno deberá recaudar una cantidad aún mayor de PHP 378.870 millones (USD 7.886 millones) para pagar el componente principal de la deuda que, engañosamente, no está reflejada en la sección de gastos del presupuesto nacional22.

Finalmente, hay gran preocupación de que la mayor parte de los fondos públicos, incluyendo los del paquete de estímulo económico, terminará en cambio como “estímulo político”, yendo a los cofres electorales de los candidatos de la administración que se preparan para las elecciones nacionales que tendrán lugar en 2010. Existe una muy difundida creencia de que la administración Arroyo utiliza regularmente fondos públicos para mantenerse en el poder y que su agenda de “gobernanza” primordial ha estado asegurando su propia supervivencia política frente al creciente malestar social y político.

Mirando hacia delante

Definitivamente se impone crear un paquete de estímulo pero, a diferencia del propuesto por el Gobierno, debería estar basado en una estrategia nacional clara que esté sujeta a derecho, a favor de los pobres, y sustentable, dirigida a fortalecer la demanda nacional, sobre todo a la luz del clima económico actual que es hostil a las exportaciones. Debería priorizar la seguridad alimentaria, la creación de empleos fortaleciendo las empresas locales para beneficiar a las mujeres y hombres trabajadores, así como la inversión en proyectos de infraestructura ecológicos y a favor de los pobres (por ejemplo, la construcción de una red de sistemas de riego, la electrificación de pueblos apartados y el desarrollo de energía limpia), así como la extensión de la seguridad social y económica para los pobres y los desempleados.

A corto plazo, es necesario el alivio inmediato para amortiguar los peores efectos de la crisis mundial en la población filipina. Esto significa garantizar que el FEE vaya a donde debe ir: alimentos, ingresos y alivio de emergencia, así como a los servicios sociales básicos. Además, la eliminación del Impuesto sobre el Valor Agregado Reformado regresivo sobre el petróleo, la implementación de un aumento de salarios generalizado de PHP 125 (USD 2,6) y un aumento de PHP 3.000 (USD 62,44) mensual en los salarios del Gobierno brindarán cierto alivio económico. Finalmente, debe considerarse seriamente la renegociación de la deuda pública de modo que el grueso de los ingresos del país se destine a cubrir las necesidades elementales y urgentes de las personas en vez de al servicio de la deuda.

1 Gonzales, E. “Social Protection in the Philippines”. En Social Watch Philippines (2007). Missing Targets, An Alternative MDG Midterm Report. Quezon City: Social Watch Philippines.

2 Malaluan, N. “Dire State of the Nation: The Crisis of Income and Employment in the Philippines”. Opinion Section, BusinessWorld, 21 de agosto de 2006. Disponible en: <www.aer.ph/index.php?option=com_content&task=view&id=437&Itemid=63>.

3 <www.sws.org.ph/>

4 <www.gmanews.tv/story/164624/Philippines-cuts-growth-goals-as-IMF-follows-suit>

5 <archive.inquirer.net/view.php?db=1&story_id=207724>

6 Pascual, C. “Remittances for Development Financing”. En Finance or Penance for the Poor. Quezon City: Social Watch Philippines (en prensa).

7 Oficina Nacional de Estadística. “Merchandise Export Performance”. Diciembre de 2008 (preliminar).

8 Fabros, M. L. “Health Insecurity: A GMA Legacy”. En Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

9 Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

10 Alave, K. L “Unemployment Rate Worsens, Hits 7.7% in January”. Philippine Daily Inquirer Online, 18 de marzo de 2009. Disponible en: <www.business.inquirer.net/money/topstories/view/20090318-194715/Unemployment-rate-worsens-hits-77-in-Jan>.

11 Social Watch Philippines (2007), op. cit.

12 Las empresas de pre-necesidad ofrecen planes para cubrir los futuros costos de educación, jubilación, etc. En tanto las cuotas de los asegurados se colocan en fondos fiduciarios que invierten en instrumentos financieros con acciones y bonos, están sujetas a los caprichos del mercado.

13 Angara, E. J. “A Gathering Storm”. Opinion, Business Mirror. 24 de noviembre de 2008.

14 Este informe no incluye una discusión de los efectos e impactos del programa de transferencia condicional de efectivo sobre la prestación de los servicios sociales, especialmente la educación y la salud, debido a que fue una experiencia piloto desarrollada sólo en algunas municipalidades en 2008. Vale la pena observarlo durante 2009.

15 Raya, R. R.. “The Missed Education of the Filipino People”. En Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

16 GMA TV News. “Educators Brace for Impact of Global Financial Crisis”. 4 de diciembre de 2008. Disponible en: <www.gmanews.tv/story/137541/Educators-brace-for-impact-of-global-financial-crisis>.

17 Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

18 IPA es una amplia red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea y cabildea a favor de un aumento del gasto social y ambiental en el presupuesto nacional. Está liderado por Social Watch Filipinas.

19 Ronquillo, J. D. y Morala, R. O. “Environmental Insecurity: The Cost of Misgovernance”. En Social Watch Philippines, 2007, op. cit.

20 Ley General de Apropiaciones 2009.

21 Esto refleja lo que se incluyó en la Ley de Presupuesto 2009 y el Mensaje de Veto Presidencial, que restablece un recorte del presupuesto de PHP 50 mil millones (USD 1.060 millones).

22 Tanchuling, M. Entrevista con el Secretario-General, Coalición Freedom from Debt, Filipinas, 3 de marzo de 2009.

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FRANCIA

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2009
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La crisis ha golpeado directamente a la población de Francia, del mismo modo que a la de los demás países desarrollados – donde comenzó. Los efectos más evidentes son el crecimiento del desempleo, la exclusión social y hasta los problemas de alimentación que sufren sectores de la sociedad que, no hace mucho, estaban en una situación cómoda. Además, debido a la crisis y a la incapacidad del país para crear nuevos recursos para la Ayuda para el Desarrollo, la misma se verá severamente afectada. Difícilmente Francia cumpla sus compromisos en la materia.

Desempleo, marginación y ayuda ineficaz

Coordination SUD
Katia Hergott
Secours Catholique
Yves Casalis

La crisis ha golpeado directamente a la población de Francia, del mismo modo que a la de los demás países desarrollados – donde comenzó. Los efectos más evidentes son el crecimiento del desempleo, la exclusión social y hasta los problemas de alimentación que sufren sectores de la sociedad que, no hace mucho, estaban en una situación cómoda. Además, debido a la crisis y a la incapacidad del país para crear nuevos recursos para la Ayuda para el Desarrollo, la misma se verá severamente afectada. Difícilmente Francia cumpla sus compromisos en la materia.

El presente informe analiza las consecuencias de la crisis económica tanto sobre la vida de los franceses, que se verifica en desempleo, marginación e incluso en problemas de nutrición, como su repercusión en la Ayuda Oficial para el Desarrollo, que golpea a los países beneficiarios de la misma.

Desempleo y exclusión: el rostro de la crisis

Tambaleante la estructura socioeconómica desde el último trimestre de 2008, se han multiplicado los planes sociales en las empresas. En diciembre el banco Natixis anunció la supresión de 450 puestos, además de los 850 que ya habían desaparecido en mayo. PSA Peugeot Citroën estableció “retiros voluntarios” relativos a 3.550 asalariados en Francia, en noviembre de 2008. En octubre, el grupo informático Hewlett-Packard anunció la supresión de 580 puestos de trabajo, mientras que en diciembre el fabricante de equipos para automóviles Valeo informó de la desaparición de otros 1.600.

Durante el primer semestre de 2009, Sanofi-Aventis, el primer grupo farmacéutico francés, también anunció un plan inicial de “retiros voluntarios” para aproximadamente 1.300 asalariados, y la intención de cerrar cuatro sitios de investigación en Francia. El grupo especialista en telecomunicaciónes Alcatel-Lucent decidió, en febrero de 2009, la supresión de 200 cargos de la plantilla y de 400 subcontratistas. De acuerdo al Observatorio Francés de las Coyunturas Económicas (OFCE) “la economía francesa podría perder aproximadamente 800.000 empleos en 2009 y 2010”.

Según Ayuda Católica/Cáritas Francia, en total “se asignaron EUR 492.000 de ayuda suplementaria durante los ocho primeros meses de 2008. En Saboya (al sureste), jornaleros sin trabajo llegan a nuestros refugios. En el Eure (al Oeste), en un área rural, las saturadas agencias de interinidad tienen que rechazar inscripciones. En la Costa de Oro (sureste de París), el petróleo caro y los productos alimentarios se hicieron sentir severamente a principios de  año. En este rubro, las personas que necesitan ayuda vienen cada vez más a menudo a vernos, solo para intentar llegar a  fin de mes… En el Val-de-Marne, en la región parisiense, el número de paquetes alimentarios distribuidos ha aumentado mucho”. 

Mientras tanto, un estudio de enero de 2009 del Centro de Investigación para el Estudio Sobre las Condiciones de Vida (CREDOC) dejó en evidencia el impacto que tuvo la crisis económica en los alimentos: un 66% de los hogares que vivían bajo el umbral de pobreza (EUR 880 al mes para una sola persona) tuvieron que reducir su consumo de carne y pescado, de frutas y hortalizas, o incluso hasta se saltearon almuerzos o cenas.

El amor propio en el bolsillo

Se han multiplicado quienes solicitan alimentos y los desocupados, las personas endeudadas y/o privadas de acceso a los cuidados. El barómetro del sobreendeudamiento, medido por el Banco de Francia en 2009, cuenta 20.225 expedientes depositados en febrero y 21.247 en marzo, lo que representa un 16% más que durante el mismo período en 2008. Para un 85% de ellos se trata de créditos renovables. Estos préstamos sin vencimiento resultan muy costosos e incontrolables para los prestatarios. 

En su ámbito la asociación Médicos del Mundo establece un diagnóstico idéntico: “Se ve reaparecer en nuestros centros a trabajadores pobres, a menudo no declarados,  beneficiarios de las ayudas sociales, personas que no tienen los medios para pagarse un seguro de salud. La mayoría retrasó el acceso a la atención debido a problemas económicos”. Es el efecto báscula. “Para que gente incluida socialmente, pero que no llega a fin de mes, pueda acudir a nosotros, debe guardarse el amor propio en el bolsillo”, comenta  la responsable de una asociación caritativa. “Muchos nos lo confían”.

La respuesta
               
Existe una urgencia ante la perennización, o incluso el agravamiento de la fractura social. Es necesario actuar lo más cerca posible de los excluidos, estableciendo prioridades políticas claras en su favor. ¿Van las iniciativas gubernamentales en este sentido? Para ayudar a 434.300 jóvenes menores de 25 años desempleados, las autoridades lanzaron un “plan de emergencia”: se crearon cerca de 100.000 contratos en alternancia suplementarios en el sector privado (de aprendizaje, de profesionalización) y  primas excepcionales – se paga a las empresas entre EUR 1.000 y EUR 2.000 por cada contrato de ayuda creado.  La medida principal, la Renta de Solidaridad Activa (RSA),  entró en vigor en junio de 2009. Los trabajadores pobres (unos 800.000)  ganan un salario complementario – y un nivel de renta aceptable – al reanudar una actividad.

Pero, aunque la RSA funciona para aquellas personas más próximas al mercado laboral y con un mínimo de calificación, los resultados no son los mismos entre los más afectados por años de exclusión del sistema.

Crisis y AOD

Pese a que Francia reitera su compromiso de aumentar la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en cada cumbre internacional – recientemente en oportunidad del último G8 –, la credibilidad de tales promesas podría cuestionarse. En 2008, la AOD francesa progresó muy ligeramente después de haber bajado considerablemente en 2007. Según la ley de programación 2009-2012 de finanzas públicas, Francia no cumplirá con sus compromisos europeos en 20101: con una AOD cercana al 0.41% del Ingreso Nacional Bruto (INB) en 2010, Francia estaría lejos del 0.51% al que se comprometió en el seno de la Unión Europea.

Para que Francia logre cumplir con el compromiso de dedicar el 0,7% del INB a la AOD en 2015 sería necesario un incremento anual de EUR 1.500 millones. Teniendo en cuenta las restricciones financieras que enfrenta el país – agravadas por la crisis global – es poco probable que esto se pueda concretar sin una fuerte voluntad política. Al carecer la política de cooperación francesa de estrategia global, es dependiente de las prioridades de los gobiernos de turno. Además, una parte importante de la ayuda francesa no crea recursos frescos para el financiamiento del desarrollo.
 
Un aumento engañoso

A escala mundial, Francia es uno de los países que más contribuyen a la AOD. En 2008, con EUR 7.600 millones, fue el cuarto país del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE2, de acuerdo al monto neto de AOD, y el 13º según el porcentaje del INB dedicado a la ayuda (0.39%). Aun con la fuerte caída de 2007 (-16%), la ayuda oficial francesa ha crecido notablemente desde 2002.

Sin embargo, una parte importante de este aumento se explica por una inflación estadística de las cifras – en lugar de por la escasa o nula creación de recursos frescos para el financiamiento del desarrollo – sobre todo por la implementación de planes multilaterales de cancelación de deuda. A pesar de una caída de más del 50% registrada en 2007, las reducciones de deuda representan, en promedio para el período 2001-2007, el 27% de la AOD de Francia.

Ahora bien, estas cancelaciones han sido, en su gran mayoría, un mero saneamiento contable de créditos impagables, por lo que tuvieron un impacto muy limitado en los países beneficiarios. Estos países, muy pobres, habían entrado en una espiral de sobreendeudamiento y eran incapaces de pagar gran parte de su deuda. Por otro lado, una parte importante de la deuda cancelada fue generada por una activa política de apoyo a las exportaciones francesas a través de la garantía pública a las exportaciones gestionada por la Compagnie Française pour le Comerce Extérieur (Compañía Francesa para el Comercio Exterior – COFACE). Esta lógica de promoción de las exportaciones es claramente distinta a la de promoción del desarrollo. Nada justifica su contabilización como parte de la AOD.

Para evaluar la AOD “real” de Francia, Coordination SUD se apoya en las recomendaciones de Daniel Cohen3. Considerando que la gran mayoría de las reducciones de deuda constituye una liquidación contable de créditos impagables, recomienda en efecto que solamente el 10% de estas cancelaciones esté contabilizado en la AOD, mientras el 90% restante debería figurar como pérdida por reducción de deuda.

Más allá de la cancelación de deuda, desde hace unos años la AOD está marcada por el fuerte crecimiento de ciertos agregados estadísticos ex post, que no corresponden a nuevos recursos para el desarrollo – tales como la “recepción de refugiados” (EUR 275 millones en 2007) o los gastos para estudiantes extranjeros en Francia (EUR 879 millones). Igualmente, se incluyen algunos gastos (EUR 345 millones) destinados a dos territorios de ultramar: Mayotte – el primer beneficiario de la ayuda francesa fuera de la cancelación de deuda – y Wallis y Futura, así como créditos para la influencia cultural y la difusión del idioma francés en el exterior.

Cuando se eliminan de las estadísticas los principales montos de la AOD “artificial”, el nivel de contribución de Francia al financiamiento del desarrollo se ve considerablemente reducido. En 2007, mientras la AOD alcanzó, de acuerdo al Gobierno, los EUR 7.200 millones (0.38% del INB), la “real” llegó solamente a EUR 4.700 millones (0.25% del INB).

Una AOD al servicio de los intereses comerciales y estratégicos franceses

Aun en el seno de la AOD considerada como “real”, un cierto volumen de gastos corresponde en realidad a objetivos que no están ligados a la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Especialmente, en el marco de su política de asistencia, Francia otorga cada vez más préstamos a países emergentes, en una lógica diplomática de influencia y de difusión cultural del país4.

Con el fin de desarrollar sus actividades, en un contexto en el cual los recursos presupuestales son limitados, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), operador base de la política nacional de cooperación para el desarrollo, ha orientado sus actividades hacia el fomento de préstamos, especialmente a privados, a un costo menor para el Estado. Así, el volumen de préstamos que podría ser contabilizado en la AOD aumentaría 98% entre 2008 y 2009, pasando de EUR 469 millones a EUR 927 millones.

Con el fin de reducir el costo de estos préstamos para el Estado, que participa con una bonificación apuntando a bajar la tasa de interés del recurso financiero propuesto por la AFD a los países en desarrollo, esta última busca maximizar el efecto palanca5. Así, aumenta los préstamos, con tasas de interés lo más cercanas posible a las del mercado, a los países emergentes y de ingresos intermedios y destinados, especialmente, al sector privado.

El CAD subraya que “el objetivo de lucha contra la pobreza perseguido en los países más pobres de la Zona de Solidaridad Prioritaria se ve entonces limitado por los recursos en forma de donaciones, mientras que el objetivo de preservación de bienes públicos mundiales perseguidos en los países emergentes y de ingresos intermedios puede recurrir a la herramienta préstamo, para la cual las autorizaciones de compromisos son muy superiores”6. Sin embargo, como lo recuerda el CAD, la asignación geográfica y sectorial de la ayuda debe ser determinada en base a una visión estratégica y no en base a conveniencias de instrumentos. La expansión de préstamos a países emergentes y de ingresos intermedios descansa en una lógica de cooperación económica. En este sentido, no tienen ninguna razón para ser contabilizados en la AOD francesa.      

Por otro lado, la instauración del Ministerio de Inmigración, Identidad Nacional, Integración y Desarrollo Solidario (MIIDS) consagra el entrelazamiento creciente entre cooperación para el desarrollo de países del Sur y control de flujos migratorios – una tendencia que, tanto a escala francesa como europea, comienza a hacerse sentir. Eso se traduce, en particular, en la participación del MIIDS en las diferentes instancias de decisión sobre política de cooperación para el desarrollo y la negociación de acuerdos de gestión “concertada” de flujos migratorios, incluyendo un programa de asistencia para el desarrollo poco transparente del MIIDS, sin ninguna concertación con el ministerio de asuntos exteriores7.      

Mientras que los países más pobres son también los más afectados por las crisis alimentaria, climática, financiera y económica, una parte importante de la ayuda francesa no responde hoy en día al objetivo primordial de lucha contra la pobreza y las desigualdades. Además, aunque Francia supo encontrar sumas considerables para enfrentar las consecuencias nacionales de la crisis económica y financiera, ya confirmó que no cumplirá con su compromiso europeo en 2010. Si bien los medios presupuestales dedicados a la AOD no han disminuido en 2009, su nivel no le permite a Francia enfrentar los desafíos impuestos por las diferentes crisis mundiales en los países pobres.

 

1 Los países miembro de la Unión Europea se han comprometido a dedicar colectivamente el 0,56% del INB europeo a la AOD, lo que se traduce en un objetivo de 0,51% para Francia y otros 14 antiguos miembros.

2 El CAD reúne veintitrés de los principales donantes de fondos bilaterales “tradicionales”, los donantes emergentes como China o India no son miembros del CAD. Tampoco lo son los nuevos estados miembros de la Unión Europea, para los cuales, a menudo, la cooperación para el desarrollo es una política reciente.

3 Cohen, Daniel. Centro de Desarrollo de la OCDE, Technical paper nº166, The HIPC initiative: true and false promises, octubre de 2000. 

4 Coordination SUD. Analyses, PLF 2009 et budget pluriannuel 2009-2011, 3 de noviembre de 2008.

5 El monto de préstamo generado por un euro de subsidio del Estado.

6 CAD/OCDE, op. cit. p.48.

7 Ver sobre este tema la parte dedicada a Francia en el informe Social Watch Europa dedicado a las migraciones.

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Region: 
left

GHANA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La crisis global ya ha afectado seriamente la economía de Ghana. El daño inicial ha incluido la reducción de exportaciones y remesas del exterior y una devaluación galopante. La crisis amenaza con perjudicar los esfuerzos para reducir la pobreza, que habían registrado éxitos. Los intentos del gobierno por mitigar el impacto de la crisis parecen insuficientes. El mayor desafío es mejorar la distribución de la renta, ya que la pobreza es más profunda en las zonas rurales. Se vuelven urgentes políticas de fortalecimiento de la agricultura, un sector que venía aportando casi el 40% del PIB.

La inequidad: el mayor desafío

La crisis global ya ha afectado seriamente la economía de Ghana. El daño inicial ha incluido la reducción de exportaciones y remesas del exterior y una devaluación galopante.  La crisis amenaza con perjudicar los esfuerzos para reducir la pobreza, que habían registrado éxitos.  Los intentos del gobierno por mitigar el impacto de la crisis parecen insuficientes.  El mayor desafío es mejorar la distribución de la renta, ya que la pobreza es más profunda en las zonas rurales.  Se vuelven urgentes políticas de fortalecimiento de la agricultura, un sector que venía aportando casi el 40% del PIB.

Coalición Social Watch de Ghana

Los rigurosos vientos de la crisis financiera global ya han comenzado a castigar a Ghana. El cedi, la moneda nacional, perdió el 23% de su valor ante el dólar en 2008, y el 19% ante el euro.  Los flujos de capital privado se están agotando y proyectos importantes de inversión se están dejando en suspenso debido a problemas de flujo de efectivo y dudas sobre su verdadera rentabilidad. Se reducen cada vez más las donaciones, tanto para el gobierno como para las organizaciones de la sociedad civil. Los sectores vulnerables de la sociedad, en particular las mujeres y niños rurales y urbanos cuya supervivencia depende de organizaciones de caridad, filántropos o programas de seguridad de ONG, están en serio riesgo.  De acuerdo con la Encuesta de Estándar de Vida de Ghana, el porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza cayó significativamente, del 51,7% en 1991/92 al 28,5% en 2005/5, incluyendo un descenso del 17% zonas urbanas y 24% en comunidades rurales.1  Si bien el progreso fue más lento en las tres regiones del norte del país, esta tendencia generó gran optimismo respecto de que Ghana pudiera alcanzar su primer objetivo ODM de reducción de pobreza en pocos años.

Ese optimismo se está viendo eclipsado por la sombra expansiva de la crisis global. Se había pronosticado que el Producto Interno Bruto (PIB) creciera un 7% en 2008, pero la tasa fue del 6,2%. La meta más baja de 5,9% para 2009 refleja la creencia de que un descenso en el crecimiento económico global probablemente empuje a la baja el precio mundial de mercado del cacao, una de las exportaciones principales del país.

Agravando el daño de la baja anticipada en la cantidad y precio de las exportaciones de Ghana, los economistas están proyectando un 20% de caída en las remesas de ghanianos que trabajan en el exterior para 2009.2  Esto constituiría un duro golpe, ya que hoy equivalen a un 30% de las exportaciones. Hablando en el Instituto Real de Asuntos Internacionales de Londres en marzo de 2009, el Presidente Atta Mills admitió que la economía de Ghana enfrenta desafíos preocupantes, y agregó que “el giro negativo en la economía traerá como resultado muy pero muy serias repercusiones para nuestra economía”.  También predijo que la reducción de las remesas del exterior sería seguida por un derrumbe en el apoyo de donantes y el comercio.

La disminución de las remesas agregaría presión sobre el cedi, que ha caído debido a la mayor demanda de moneda extranjera para cumplir con las cuentas del petróleo y precio de los alimentos, las necesidades del desarrollo en infraestructura y el pago de las deudas externas. El cedi perdió terreno ante todas las principales monedas en el segundo trimestre de 2008, a una tasa anual del 31%. En el primer trimestre de 2009, la depreciación llegó al 10%. Se espera que esto acelere la inflación, que ya está subiendo muy por encima de las proyecciones como resultado de los precios internacionales más altos para los alimentos y el petróleo crudo. En 2008, en vez de subir entre el 6% y el 8% como estaba previsto, los precios saltaron entre el 16,5% y el 18,1%. Las depreciaciones de la moneda ayudaron a acrecentar la tasa al 20,53% en marzo de 2009. El precio creciente de las importaciones de combustible podría convertir al transporte en uno de las principales causas de inflación para abril de 2009.3

El presupuesto 2009

En respuesta a la desaceleración del crecimiento y sus beneficios desiguales, es probable que el Gobierno adopte una “estrategia de desarrollo de distribución con crecimiento y estabilidad”, que se dirigiría a grupos y regiones desfavorecidos. No hay certeza de que pueda cumplir sus objetivos. Por el momento no hay señales claras sobre la dirección de su política económica.

El presupuesto 2009 tiene tres objetivos principales: es un primer esfuerzo por poner en práctica las ideas contenidas en el manifiesto del partido de gobierno, Congreso Nacional Democrático (NDC), responder a las crisis globales: financiera, de combustible y de alimentos, y abordar los desafíos socioeconómicos existentes. La fuerza motora está en los cuatro temas fundamentales que aborda el manifiesto del NDC: gobierno transparente, economía fuerte creadora de empleo, inversión en la gente y expandir la infraestructura para el crecimiento. Aun cuando el Gobierno ha delineado algunas iniciativas de políticas para intentar mitigar los efectos de la crisis mundial, éstas no parecen ser adecuadas. Más aún, debería señalarse que las medidas gubernamentales para estimular y subsidiar la producción granjera son mínimas. De acuerdo con el FMI, la agricultura contribuye con cerca del 40% del PIB, y emplea a más de la mitad de la población económicamente activa, pero es éste el sector done es mayor la incidencia de la pobreza.  Alrededor del 70% de la población rural participa en la agricultura.4 Aun así, el país importa más del 40% de su alimento, pero esto podría revertirse. Ghana tiene capacidad para liderar una “revolución verde” en África. Sólo un 16% de la tierra arable del país se usa para labranza.5 Para impulsar la agricultura y contribuir a la creación de empleo, al crecimiento económico y al bienestar general de la población, los agricultores necesitan apoyo para invertir en insumos, fertilizantes, capacitación y acceso a mercados. Sin embargo, en este momento crítico, el presupuesto 2009 destina sólo un 10% de sus fondos a la agricultura.

El desafío mayor

La reducción drástica de la pobreza exigirá una distribución más equitativa, además de mayor crecimiento. En este momento el país está experimentando una inequidad en alza, disparidades regionales crecientes y profunda pobreza. En la sabana rural, por ejemplo, un alarmante 60% de la población sigue siendo pobre, y la pobreza disminuye a un rimo menor que en cualquier otro lugar del país.  En las regiones Oriental Superior y Occidental Superior, la tasa de pobreza no disminuyó en absoluto entre 1991/92 y 2005/6, y en las regiones de Accra Mayor y Occidental Superior, de hecho creció.

El Análisis Integral de Seguridad y Vulnerabilidad Alimentaria para Ghana del Programa Mundial de Alimentación reveló que alrededor de 1,2 millones de personas – 5% de la población – padece inseguridad alimentaria. Sin embargo, el promedio nacional no muestra las diferencias entre regiones, donde, el 34% de la región Occidental Superior, el 15% de la Oriental Superior y el 10% de la región Norte sufren inseguridad alimentaria, lo que suma un total de 435.000 personas. El estudio identificó además unos 2 millones de ghanianos cuyos patrones de consumo alimentario eran apenas aceptables al momento del estudio, y que podrían deteriorarse rápidamente después de un impacto natural o de origen humano. De estos, 1,5 millones viven en zonas rurales de las regiones Occidental Superior, Oriental Superior y Norte.

El impacto de la crisis global sobre la economía de Ghana será grave a mediano plazo. La cuestión que los ciudadanos están tratando de abordar es si el país debería concentrarse en la ayuda de la comunidad internacional para lidiar con la caída de la economía, o recurrir a iniciativas fiscales y monetarias duras. Las agricultoras ghanianas necesitan apoyo urgente en forma de inversión en insumos, como fertilizantes, y además en capacitación y acceso a mercados. Esto estimularía la agricultura y al mismo tiempo contribuiría a la creación de empleo, al crecimiento económico, y al bienestar de la población.

 

1 Daily Graphic, 23 April 2009.

2 UN World Food Programme (UNWFP). (2009). Assessing the Impacts of the Global Economic and Financial Crisis on Vulnerable Households in Ghana. Available from: <74.125.47.132/search?q=cache:5WmMJOIftbcJ:ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx%3Flink%3Docha%26docId%3D1111129+WFp+Assessing+the+Impacts+of+the+Global+Economic+and+Financial+Crisis+on+Vulnerable+Households+in+Ghana&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=uy>.

3 Business & Financial Times, 14 April 2009.

4 La agricultura continúa dominando la economía con un 33.59% de incidencia en el PIB de 2008. El crecimiento del sector fue de 5,1%, impulsado por los sub-sectores cultivos y ganado, los que crecieron 5,82%.

5 Datos de la Iniciativa Economía Verde. Ghana goes biofuel, despite global food crisis”. Disponible en: <www.greeneconomyinitiative.com/news/176/ARTICLE/1205/2008-12-06.html>.

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Region: 
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GUATEMALA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La crisis alimentaria recurrente que vive el país, con 121 de los 333 municipios que lo componen sumidos en la hambruna, hacen imprescindible la intervención estructural en el campo. Terminar con el desplazamiento de las comunidades campesinas, permitiéndoles ser dueños de sus tierras, permitirá hacer más equitativa la tenencia y volver a la autosuficiencia alimentaria. Para ello, es urgente revertir el actual modelo feudal de producción agrícola e impostergable aplicar la prometida Reforma Agraria Integral.

País rico, pueblo pobre

Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala
CONGCOOP
Zully Morales
Helmer Velásquez

La crisis alimentaria recurrente que vive el país, con 121 de los 333 municipios que lo componen sumidos en la hambruna, hacen imprescindible la intervención estructural en el campo. Terminar con el desplazamiento de las comunidades campesinas, permitiéndoles ser dueños de sus tierras, permitirá hacer más equitativa la tenencia y volver a la autosuficiencia alimentaria. Para ello, es urgente revertir el actual modelo feudal de producción agrícola e impostergable aplicar la prometida Reforma Agraria Integral.

En Guatemala, menos del 2% de los productores posee casi el 57% de las tierras productivas. De los 18.937 km2 aptos para el cultivo del maíz, 7.235 km2 – en propiedades privadas de gran extensión – se encuentran sub-utilizados, cubiertos de arbustos, matorrales, pastos cultivados y pastos naturales o yerbazales. Este hecho, sumado a las políticas de ajuste estructural y la apertura comercial de los años 1980, ha provocado que Guatemala pase, de ser un país alimentariamente autosuficiente, a importar el 70% de sus alimentos.

Desigualdad estructural en el agro

La crisis alimentaria mundial se evidenció con más intensidad en Guatemala en el último semestre de 2007, lo que ha motivado una profunda reflexión acerca de los escasos avances en la lucha contra el hambre y la pobreza. Las acciones estatales diseñadas para cumplir con el ODM 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), venía consolidando una tendencia levemente positiva. Sin embargo se considera que debido a la actual crisis alimentaria, el cumplimiento de este objetivo se ve seriamente amenazado.

El Programa Mundial de Alimentos Guatemala estima que la pobreza y la pobreza extrema abarcan a más de la mitad de la población, aproximadamente seis de trece millones de habitantes han caído bajo la línea de pobreza (56,4% en pobreza y 19,7 % en pobreza extrema), el índice subió entre 2008 y 2009, en 5,4 y 4,5 puntos respectivamente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estimó el incremento, entre el 2007 y 2008, en 700.000 nuevos pobres. Un millón trescientos mil hogares pobres se ubican en el campo, 51% de ellos carece de tierra o posee menos de una hectárea.

El salario mínimo para el trabajador en el campo y la ciudad equivale a USD 6,50 por día. Sin embargo, según estimación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, en el campo esto no se cumple y el campesino recibe, en realidad, entre USD 3 y USD 5 al día por un jornal de trabajo de 8 a 10 horas, dependiendo el lugar y el tipo de cultivo. La pobreza se concentra especialmente en la población indígena y campesina. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006 evidencia que se consolida la tendencia de que la pobreza general (quienes viven con menos de USD 2 al día) es inclusive el doble para la población indígena que para lo no indígena1. En cuanto a la pobreza extrema (quienes viven con menos de USD 1 al día), la situación es mucho más grave, pues es tres veces mayor que para la población no indígena. Durante el primer semestre de 2008, los precios de las mercancías que integran la Canasta Básica Alimentaria han experimentado un fuerte incremento que ha motivado que las personas de más bajos recursos restrinjan sus niveles de consumo. Esta situación ha alcanzado e impactado a la capa media.

Desarticulación del aparato productivo

Hasta los años 1970 el aparato público agropecuario, que brindaba servicios de extensión, crédito, dotación de tierra, investigación y transferencia tecnológica al campesino y al pequeño productor, promovía programas y proyectos de fomento al cultivo de los granos básicos, la protección boscosa y la producción pecuaria. Esto, combinado con la no importación de alimentos, mantuvo al país como agente productor de sus propios alimentos. El ajuste estructural determinó el cierre final a los servicios de extensión para principios del siglo XXI, desmantelando el aparato público agrícola, que pasó de tener 18.000 trabajadores a 1.200.

Como una acción paralela se dio en concesión a la “iniciativa privada” la administración de los silos nacionales (almacenamiento de granos básicos), dejando al país sin reservas alimentarias para el caso de catástrofes o tiempos de carencia. Como el Estado dejó además de intervenir en el comercio de granos y se abrieron las fronteras a los granos producidos en el norte del continente a precios subsidiados, el aparato productivo nacional ha sucumbido. Una de las consecuencias mas funestas es que 49% de los niños y niñas padecen desnutrición crónica y 24% de la población en general está desnutrida, lo que genera un atraso en prácticamente todos los indicadores vinculados al desarrollo fisiológico del individuo

La importancia del maíz

En el altiplano guatemalteco, (región en donde coincide hasta un 90% de población indígena e incluye las zonas más pobres del país), el 100% de la población consume maíz en su dieta diaria2, con un promedio de 310 gramos per cápita, 110 kilogramos anuales para un consumo nacional de casi 3 millones de toneladas, lo cual nos provoca un déficit de alrededor de 1,5 millones de toneladas que suplimos con compras en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos de América, por más de USD 73 millones para el 2002.

La dependencia internacional de los granos provocó que, entre enero 2006 y enero 2009, los precios se incrementaran 62 % para el maíz amarillo, 70% para el arroz y 39% para la harina de trigo. Sin embargo, pese a que bajaron los precios internacionales en 2007 y 2008, en Guatemala al día de hoy, con excepción del precio del arroz, que volvió a niveles del año 2006, se mantienen los mismos precios que se ajustaran al precio internacional en su pico más alto.

Nuevas amenazas para la población rural

Desde la reforma a la ley de minería de l996, realizada a instancias del Banco Mundial, esta industria ha ido en aumento. Así, 17 departamentos del país son objeto de exploración y/o explotación minera. La Industria turística amenaza la propiedad campesina e indígena en el norte y sur del país. La urbanización y construcción de polos comerciales desplazan tierra rural, expulsando a sus pobladores y debilitando la capacidad productiva, especialmente de alimentos. La ganadería extensiva desgasta la tierra productiva y deforesta enormes extensiones, expulsando a campesinos e indígenas, sea con argumentos “legales” sea por presión armada. Incluso sucede en las llamadas áreas protegidas (para la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y recursos naturales), en connivencia con la burocracia del sector.

Se promueve ahora la instalación y ensanchamiento de mega monocultivos agrícolas orientados a la exportación, tales como la caña de azúcar, la palma africana y el piñón, que implícitamente expulsan a la población campesina del campo. La superficie sembrada con caña ocupaba un 6% del total en 1995 y 11% en 2007. El crecimiento anual promedio del área para siembra de caña entre 1990 y 2005 fue del 3,6%, mientras que, sólo entre 2005 y 2007, se incrementó un 17.7%.  La Gremial de Aceites estimó para 2012, 150 mil hectáreas sembradas, con una inversión de USD 32,5 millones para compra de tierras que implícitamente expulsan a la población campesina del campo, la que fácilmente ahora pueden ser rebasadas.

Estas nuevas extensiones para la exportación devastan amplias zonas de cultivo alimentario y expulsan diariamente a cientos de familias campesinas, ya que además no generan empleo masivo. El rompimiento de los patrones culturales de la población expulsada provoca no solamente pobreza económica, sino social, cultural y espiritual, sino también desesperanza y violencia.

El narcotráfico es una nueva amenaza, algunas veces aparejada a la ganadería extensiva, que cuenta con la protección de fuerzas del Estado para expulsar campesinos y operar en sus tierras. Las familias campesinas están indefensas frente a las presiones de compra del narcotráfico y del latifundio motocultivador.

Respuestas del Estado

Dentro de las políticas y acciones que plantea el Gobierno en el marco de su Programa de Emergencia y Recuperación Económica, destacan una política fiscal contracíclica, una de protección social y otras políticas sectoriales prioritarias (desarrollo rural, programas de agricultura competitiva ampliada, desarrollo Agrícola y Asistencia alimentaria y sostenibilidad de los Recursos Naturales y fortalecimiento del arrendamiento arrendamiento de tierras).

Se insiste en mantener, a cualquier precio, la estabilidad macroeconómica. Esto implica reservas internacionales altas, bajos salarios, atracción de industrias vía eliminación de impuestos, entre otras medidas. El paradigma fundamental, para el Estado y los sectores oligárquicos, es ensanchar la banda de tratados de libre comercio. Dos de ellos son considerados los más importantes: El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que lleva ya tres años de vigencia y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (en negociación). Ninguno de los dos esquemas propone líneas de beneficio al pequeño productor.

Por otro lado el Gobierno ha implementado programas de transferencias monetarias y bolsas solidarias, que generan un cambio cualitativo en la formación de capital humano – que tendría mayor impacto si, además, se establecieran políticas de desarrollo rural, fiscal y se mejorara la institucionalidad del Estado. Estas medidas, así como el desarrollo de modelos internacionales adaptados a la realidad nacional están en boga en varios países de la región.

Uno de los mecanismos gubernamentales para paliar la crisis fue la ampliación de contingentes de importación con arancel cero para productos como el maíz amarillo, harina de trigo y arroz corriente. Sin embargo, la estructura oligopólica de la importación de alimentos al país provocó que solo uno de los grupos importadores, el Grupo Buena, obtuviera el 82% de las cuotas de importación. Esto, que no condujo a bajar los precios, se redujo en la práctica en un subsidio a esta empresa que no traslada al consumidor los aranceles no pagados.

Por otra parte, el déficit fiscal se cubre prioritariamente con deuda externa e interna; no existen posibilidades de una reforma fiscal. El 20% de los impuestos son directos y el 80% indirectos. No se cumple con la promesa del Gobierno de iniciar un proceso de reforma fiscal que revierta el modelo. La proyectada reforma, en el marco de esta crisis, se ha reducido a las que benefician el ciclo económico macro y los programas asistenciales para la población en extrema pobreza.   

Para el agro, hay programas asistenciales de arrendamiento de tierra; no así para el acceso en propiedad y el crédito campesino. El nuevo Gobierno ha incrementado los desalojos forzados a campesinos (50 al 31 de marzo 2009), lo cual ha generado inestabilidad y descontento en las organizaciones indígenas y campesinas que esperaban la aprobación e implementación de una prometida Política Agraria de Desarrollo Rural. El liderazgo comunitario está siendo cooptado por el Gobierno y las transnacionales extractivas, que generan su propio movimiento social paralelo, de corte clientelista, financiando a discutibles representantes de las bases sociales. Esto ha provocado una sustitución del liderazgo tradicional por el financiado y enfrentamientos entre las organizaciones campesinas de base. A ello se suma la criminalización y persecución de los dirigentes campesinos que luchan por acceder a tierra para producir sus alimentos.

Alternativas sociales

De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, “la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana”. Es decir que todos los guatemaltecos tienen derecho a acceder a la propiedad. A esos efectos, “la propiedad en casos concretos podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas”. La desnutrición, la pobreza y pobreza extrema, el desempleo y ahora la profundización de la crisis alimentaria recurrente tienen su origen en la incapacidad de la población de proveerse los medios de sustento, al carecer de activos para tal fin, especialmente la tierra. Es este un claro caso de utilidad y necesidad pública comprobada; es decir, se trata de una propuesta enmarcada en el ordenamiento jurídico nacional.

La agricultura es una estrategia de salida para el desarrollo y es necesario romper con el modelo feudal de producción. La equitativa distribución de la tierra es una estrategia idónea para fomentar el empleo rural e incrementar la productividad en el campo que apareje el crecimiento de la economía y la capacidad de previsión y provisión alimentaria. La reforma agraria es impostergable. Se trata de un instrumento de paz social y gobernabilidad que pondrá fin a los conflictos propiciados por la usurpación de la tierra indígena y campesina y evitará la depredación boscosa, al tiempo que hará emerger amplios sectores con capacidad productiva y de inversión. A partir de ella, las generaciones contarán con más y mejores capacidades para su auto desarrollo y se incrementará la capacidad de consumo, lo cual dinamizará la cadena productiva3.                                                             

1 La ENCOVI 2006 define la Pobreza Extrema como el nivel en que se encuentran las personas que no alcanzan a cubrir el costo mínimo de alimentos.

2 De acuerdo al Popol Wuj – libro sagrado de los Mayas – “De mazorcas amarillas y de mazorcas blancas se hizo su cuerpo, con masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre, únicamente masa de maíz se utilizó en la carne de nuestros padres”.

3 Con datos y análisis de la Coordinación de ONG y Cooperativas, a través de sus dos Institutos de Análisis, Instituto de Estudios para la Democracia en formación y el Instituto de Estudios Agrarios y Desarrollo Rural. Guatemala, 2009.

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HONDURAS

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2009
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Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. La crisis financiera internacional ya auguraba que la vida de los hondureños sería aún más difícil, pero el Golpe de Estado, apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad – en particular los defensores de la cultura patriarcal – ha recrudecido los problemas. Las organizaciones sociales, y en particular los movimientos feministas, organizan la resistencia contra el régimen de facto.

TRAS LA CRISIS, DICTADURA

Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)
Suyapa Martínez
Ana Ferrera
Mauricio Aguilar

Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. La crisis financiera internacional ya auguraba que la vida de los hondureños sería aún más difícil, pero el Golpe de Estado, apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad – en particular los defensores de la cultura patriarcal – ha recrudecido los problemas. Las organizaciones sociales, y en particular los movimientos feministas, organizan la resistencia contra el régimen de facto.

El siguiente trabajo está compuesto por dos secciones. La primera, relativa a los impactos de la crisis mundial sobre la economía y sociedad hondureñas, fue redactada previo al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La segunda sobre la respuesta de los movimientos sociales, y en particular los feministas, frente al golpe de Estado.
 
Honduras es el tercer país más pobre de América Latina, después de Haití y Nicaragua. Si bien la pobreza pasó de 63,7% en 2005 a 59,2% en 2008, y la pobreza extrema de 46% a 36,2% en el mismo período1, esa disminución no representa un gran avance. En valores absolutos 73.831 hogares dejaron de ser clasificados como hogares en pobreza extrema, pero se observa que existen 121.390 nuevos hogares en pobreza relativa2. Lo que existió fue, en rigor, un pasaje de hogares en extrema pobreza a pobreza relativa.

Según lo establecido en las Estrategias de Reducción de Pobreza (ERP), desarrolladas para cumplir con  los Objetivos del Milenio, para el año 2015 la pobreza relativa debería situarse en 42% y la extrema en 19%3. Es claro que la meta no se alcanzará porque, a las situaciones existentes en el país, se añaden las que derivan de la actual crisis mundial. Entre finales de 2008 y comienzos de 2009 fueron reportados por la Secretaria del Trabajo más de 10.745 despidos. Se estima, además, que la inflación superó el 11% en 2008.

Las remesas familiares provenientes de Estados Unidos y España han comenzado a desacelerarse y han venido disminuyendo su participación en el Producto Interno Bruto, al representar un 21% en 2007, 20% en 2008 y se espera un 18% en 20094.

El plan Zelaya

El gobierno de Manuel Zelaya Rosales ha continuado con sus políticas asistencialistas de corte populista – según el Banco Mundial, programas de cobertura limitada, la mayoría carentes de sistemas de control y evaluación – a la vez que se ha mantenido la confrontación entre los tres poderes del Estado. Tal es el caso de acciones  tomadas por el poder ejecutivo para el ahorro de combustible, que han sido recusados por anticonstitucionales, recursos aceptados por la Corte Suprema de Justicia. Esto ha llevado a una polarización entre el poder ejecutivo y los poderes legislativo y judicial que se advierte también en la firma de la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), promovida por Venezuela, sin contar con el apoyo del Congreso. Esto ha llevado  a la agudización de los principales problemas del país, tales como la crisis energética y la inseguridad ciudadana.

Desde la aprobación de la ERP en 1999, luego del huracán Mitch, cada gobierno ha realizado sus propias reformulaciones del documento. El presidente Zelaya, por su parte, ha debilitado el marco institucional de la iniciativa, dándole un sesgo favorable a la Red Solidaria que en un inicio se llamó “Manuel Zelaya Rosales”. Además, creó de manera inconsulta el Ministerio de Desarrollo Social y de la Red Solidaria, lo que bajó automáticamente el perfil del Consejo Consultivo de la ERP, en el que están representadas las organizaciones de la sociedad civil y de gobierno.

Algunas expectativas, más retrocesos

Con una fuerte oposición de las empresas privadas, el Gobierno subió el salario mínimo a 5.500 lempiras, la moneda nacional (USD 297), sin incluir a las empresas maquileras y las empleadas domésticas, quienes quedaron exentas del mismo. A su vez, en el mes de agosto de 2008 se firmó el ALBA, que ha despertado gran expectativa en la población hondureña, sobre todo en los sectores más vulnerables. El convenio incluye asistencia médica, educativa, donación de maquinarias y equipamientos y la iniciativa Petrocaribe, que permitirá compras de petróleo con financiamiento a largo plazo y con intereses muy bajos5. El ahorro generado por esta transacción da apertura a un fondo de fideicomiso que será utilizada para financiar proyectos de desarrollo social.

En la presente administración el presupuesto de la secretaría de seguridad pasó de USD 140,6 millones a USD 156,6 millones. Sin embargo, creció el narcotráfico y también la corrupción. Así, en el mes de marzo de 2008 las organizaciones sociales de derechos humanos, movimiento de mujeres y feminista, iglesias y movimiento popular se sumaron a la huelga de hambre iniciada por un grupo de fiscales que denunciaron la corrupción al interior del Ministerio Público. El hecho desencadenó una serie de denuncias contra otras instituciones del Estado. Como casos destacados pueden citarse los nombramientos del Fiscal General del Estado, Magistrados de Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Por otra parte, el retraso en el envío del presupuesto general de 2007, enviado al Congreso Nacional en abril de 2008, y el de 2008 – que aún no había sido presentado a abril de 2009 – permite maniobras en los fondos públicos y retrasa la implementación de los proyectos anti-crisis.

Impacto de la crisis y medidas paliativas

La recesión que resulta de la crisis global agudiza los problemas ya existentes. El mayor impacto se puede observar en:

Crisis energética

El incremento – en más del 100% – de los precios internacionales del crudo y los derivados del petróleo durante el año 2008 disparó los precios del trasporte de mercancías y de la producción de bienes y alimentos. Esto provocó, a su vez, un aumento drástico de la canasta básica y disminuyó el poder adquisitivo de la población hondureña. También aumentaron los costos de producción de energía eléctrica – en la actualidad más de 70% de la energía que se consume en el país es generada mediante plantas que operan con búnker (fuel oil). Las tarifas de la energía eléctrica se dispararon en un 30%, impactando especialmente en los sectores más pobres, la clase media, los pequeños comerciantes y los pequeños productores. El Gobierno trató de contener estos impactos otorgando unos USD 6 millones en subsidios que beneficiaron únicamente al 3,3% del quintil más pobre6 – unas 100 mil familias7. A pesar de la posterior caída de los precios del crudo en el mercado mundial, en Honduras las tarifas de energía eléctrica se mantuvieron tan elevadas como en el peor momento de la crisis energética.

A inicios del año 2009 el Presidente del Congreso Nacional presentó un proyecto de decreto que apuntaba a una drástica rebaja en las tarifas de energía eléctrica. La medida, que no preveía ningún control, agudizaría la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y beneficiaría sustancialmente a las plantas privadas. En respuesta, las organizaciones sociales y populares realizaron una serie de marchas y manifestaciones públicas para exigir al Gobierno la nacionalización de todas las plantas de generación de energía.
Crisis financiera
La economía hondureña es sumamente dependiente del mercado estadounidense. Más del 85% de los productos que se producen se exportan a Estados Unidos. Uno de los sectores donde la crisis golpeó directamente es el de las zonas francas o maquilas. Como consecuencia de esto, la Asociación Nacional de Maquiladores anunció, en noviembre de 2008, la pérdida de 25 mil puestos de trabajo –85% de ellos correspondientes a mujeres – debido al cierre de fábricas.
Como parte del plan anti-crisis el Gobierno ha anunciado que, en el corto plazo, se generará a lo largo y ancho del territorio un número importante de empleos; uno de los principales recursos será el programa de Caminos por Mano de Obra, para la ejecución de proyectos de caminos vecinales8 . Esto no parece fácil de concretar dado que 2009 es el último año de gobierno de Zelaya y cada nuevo gobierno ha venido desconociendo lo planificado por el anterior9.
En el sector bancario, los sectores productivos de bienes de exportación no están solicitando financiamientos a la banca comercial. Esto estancó el flujo de dinero y produjo iliquidez en el sistema. Otro de los problemas es el acaparamiento de capitales por parte de los socios de los bancos, que no desean arriesgar su capital y prefieren que sea el gobierno quien haga las inversiones. Esta práctica se vio reflejada claramente cuando los grandes inversionistas de los capitales bancarios decidieron sacar del país, en un período aproximado de un mes, un promedio de USD 200 millones10. La situación motivó una seria denuncia ante la Comisón Nacional de Banca y Seguros, cuyo presidente fue despedido. Para generar liquidez, el Gobierno redujo el encaje bancario e incrementó el financiamiento a los sectores productivos a una tasa no mayor al 10%.
Crisis alimentaria
En Honduras la subida de precio en el trigo significó un aumento directo de 40% de la harina de trigo, lo que generó, a su vez, un aumento en el precio del pan. Productos de consumo diario para la población, como el arroz y la harina de maíz, sufrieron un incremento durante el último semestre de 2008 de un 110%. La escasez de alimentos no sólo se debe a la falta de producción de los agricultores, sino que también está vinculada a la crisis energética mundial. A raíz de ella, el maíz cosechado para consumo humano fue desviado, exportándolo para producir etanol. La inevitable subida de precio del producto movió al alza el costo de todos los productos procesados en base a harina de maíz. Por otra parte se observó una crisis de producción de granos básicos como secuela directa de la subida de los precios de los insumos agrícolas, que se elevaron 80%.
Para disminuir el impacto de la crisis, el Gobierno ha implementado algunas medidas de asistencia social tales como el Bono Materno Infantil que llega al 61,4% del quintil más pobre, el Bono Educativo 41,6% del quintil más pobre, la Mochila Escolar y la Merienda Escolar, que llega el 29,8% del quintil más pobre.

“Ni golpes de Estado ni golpes a las Mujeres”.

El 28 de junio de 2009 el ejército hondureño perpetró un golpe de Estado contra el presidente constitucionalmente electo, Manuel Zelaya Rosales, enviándolo al exilio y nombrando como su sucesor o “presidente provisional” a Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras. Este golpe se realiza en alianza con los partidos políticos tradicionales, el sector empresarial, la Corte Suprema de Justicia, la Iglesia Católica y la mayor parte de los medios masivos de comunicación, entre otros.

El golpe de Estado ha sido, también, un golpe contra las organizaciones sociales hondureñas. La represión del Gobierno de facto ha provocado muertes, cientos de heridos y desplazados, y la violación de derechos fundamentales de la población.

Tradicionalmente, las hondureñas padecen grandes desventajas. A pesar de que presentan mayor nivel educativo que los hombres y representan el 52,6% del total de la población en edad de trabajar, únicamente 34,3% de ellas forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA). La pobreza de los hogares con jefatura femenina (64,1%) es proporcionalmente mayor que en los  hogares con jefatura masculina (58,8%)11, brecha que se profundiza en la pobreza extrema, donde el 38.8% son mujeres y 34,9% varones.
 
Entre fines de 2008 y principios de 2009 se habían presentado al Congreso Nacional decretos que violentaban el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; tal era el caso del decreto número 54-2009 que penaliza la venta, uso y promoción de las píldoras de anticoncepción de emergencia. Y en enero de 2009 se presentó una reforma del código penal para que se reconociera el derecho a la vida desde la fecundación, aunque todavía se encontraba en discusión cuando las fuerzas reaccionarias se hicieron con el poder.  

Ya la crisis internacional había  generado un escenario propicio para el aumento de la delincuencia, la violencia sexual contra mujeres y niñas – que reporta más de 540 casos anuales12 – y los feminicidios – más de 1.000 en los últimos seis años13.  A esto se sumaba el avance de los fundamentalismos religiosos, llegando al Poder Legislativo llegaron diputadas vinculadas al Opus Dei y a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica que hacían retroceder los derechos de las mujeres, y que fomentaron el golpe de Estado.

La represión desatada por el Gobierno de facto ha provocado muertes, cientos de heridos y desplazados, así como la violación de derechos fundamentales de la población. Se limita el derecho a la libre circulación, a la libre expresión, entre otros, sobre todo de la población aglutinada en la resistencia popular. En este contexto de violencia y pérdida casi total de la institucionalidad, la violencia contra las mujeres recrudeció, catalizada por la cultura patriarcal que considera como de su propiedad el cuerpo femenino. Mujeres de la resistencia popular y también otras que, sin participar, se han encontrado en escenarios de resistencia, han vivido en carne propia la represión de los cuerpos policiales y del ejército. Desde el primer momento en que se supo del golpe de Estado, las integrantes del movimiento de mujeres y feministas se han movilizado en contra de esta acción, sumándose a la resistencia junto a los sectores populares de todo el país.

En este marco surgió Feministas en Resistencia, instancia en la cual se aglutinan organizaciones de mujeres, feministas organizadas e independientes, entre otras. Las Feministas en Resistencia trabajan en pro de defender y visibilizar los derechos y luchas de las mujeres. Con mensajes como “Ni golpes de Estado ni golpes a las Mujeres” han logrado vincular dos grandes problemas del país aportando, así, a una visión más integral de la problemática que hoy se vive.

Las Feministas en Resistencia de Honduras han realizado y planificado diferentes acciones junto a las mujeres movilizadas de Costa Rica, Guatemala y otras organizaciones de  Centroamérica y otros países. Esta iniciativa cuenta con la participación de las distintas organizaciones que componen la coalición nacional de Social Watch en Honduras, incluyendo el Centro de Estudios de la Mujer y el Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras. 

1 Base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

2 Díaz burdett, M. Honduras: ¿Cómo afrontar la crisis financiera internacional?

3 Banco Mundial (2007). Informe sobre el gasto público.

4 Plan del Gobierno de Honduras Para Enfrentar los Efectos de la Crisis Económica y Financiera Internacional. Marzo de 2009.

5 Informe de la Comisión Administradora del Petróleo del mes de noviembre de 2008.

6Banco Mundial (2007).

7 Foro Crisis Energética y Desarrollo en Honduras, UNAH, septiembre de 2008.

8  Plan del Gobierno de Honduras Para Enfrentar los Efectos de la Crisis Económica y Financiera Internacional.

9 Entrevista con el Diputado del Congreso Nacional Marvin Ponce.

10 Entrevista con el Economista Martín Barahona.

11 INE (2007). Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples.

12 Dirección General de Medicina Forense.

13 Base de datos del Centro de Estudios de la Mujer y el informe del Observatorio de la Violencia UNAH, enero de 2009.

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HUNGRÍA

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2009
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La crisis mundial empujó a Hungría al peor declive económico que haya experimentado en casi dos décadas. La misma fue parcialmente responsable de la renuncia del primer ministro Ferenc Gyucsany este año. La economía dependiente de las exportaciones padeció de la desaceleración de sus principales socios comerciales. El sistema social está paralizado por la corrupción, la moneda nacional se desplomó y las finanzas públicas soportan la pesada carga de las obligaciones jubilatorias. El nuevo Primer Ministro planea recortar las jubilaciones, las bonificaciones del sector público y las asignaciones por maternidad, hipotecar la energía y los subsidios al transporte, y elevar la edad de jubilación.

Revisión de la estructura de gobierno

ATTAC HUNGRÍA
Matyas Benyik

La crisis mundial empujó a Hungría al peor declive económico que haya experimentado en casi dos décadas. La misma fue parcialmente responsable de la renuncia del primer ministro Ferenc Gyucsany este año. La economía dependiente de las exportaciones padeció de la desaceleración de sus principales socios comerciales. El sistema social está paralizado por la corrupción, la moneda nacional se desplomó y las finanzas públicas soportan la pesada carga de las obligaciones jubilatorias. El nuevo Primer Ministro planea recortar las jubilaciones, las bonificaciones del sector público y las asignaciones por maternidad, hipotecar la energía y los subsidios al transporte, y elevar la edad de jubilación.

*

Hasta hace algunos años, Hungría tenía uno de los mayores déficits presupuestarios en la Unión Europea, superior a 9% del PIB. Las medidas de austeridad incorporadas en 2006 lo redujeron a uno de los más bajos de la UE (inferior a 3% del PIB). Sin embargo, años de mala gestión dejaron la economía al borde del descalabro y, a partir de setiembre de 2008, la situación se agravó progresivamente. Los efectos de la crisis financiera mundial sobre la economía real se agravaron especialmente en el último trimestre de ese año, cuando el colapso de la demanda interna y externa arrastraron consigo la producción, el consumo, la inversión y el empleo. Al mismo tiempo, los ataques especulativos contra el florín, la moneda húngara, lo rebajaron 19% contra el dólar de Estados Unidos y 13% contra el euro, lo que llevó la inflación por las nubes. Para evitar el colapso total, el Gobierno consiguió un rescate financiero de USD 25.100 millones de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI)1.

Desempeño económico

Tras el escaso crecimiento de 1,1% en 2007, la economía húngara se despertó en el primer semestre de 2008, y posteriormente fue arrastrada por la caída de sus principales socios económicos. El crecimiento del PIB ascendió a aproximadamente 2% en la primera mitad de 2008 y a 0,8% en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre, cayó 2,3%. Es el peor desempeño desde la década de 1990, cuando la transición hacia la economía de mercado generó una considerable turbulencia económica.

En febrero de 2009, la producción industrial bruta descendió 28,9% desde el año anterior (25,4% cuando se cuentan los días reales de trabajo). El volumen de producción fue 26,1% inferior en los primeros dos meses de 2009 que en el mismo período de 2008. El volumen de producción industrial en febrero se desplomó 4,1% desde el mes anterior, ajustado a los días de trabajo.

La crisis mundial recortó el crecimiento de las exportaciones industriales, que habían venido creciendo incesantemente. En enero de 2009, el volumen de exportaciones e importaciones cayó 28% y 27% respectivamente, en comparación con enero de 2008. Las ventas de las exportaciones industriales se desplomaron 30,4% en los primeros dos meses de 2009; en febrero descendieron 31,1% frente a febrero de 2008. Desde diciembre de 2008 hasta febrero de 2009, el desempleo saltó de 1,1% a 9,1%, lo cual dejó a 378 mil personas sin empleo.

La crisis política y económica

El ex Premier Gyurcsany nunca se recuperó de los disturbios desatados en el otoño boreal de 2006 luego de que confesara que su administración había mentido repetidamente acerca del estado de la economía para ganar las elecciones del país. Aunque se mantuvo en el poder y bajó el déficit desde más de 9% del PIB en 2006 a 3,3% en 2008, a través de subas impositivas y recortes al gasto, no conquistó el apoyo del público para realizar reformas económicas más extensas. Cuando la crisis económica golpeó, el Gobierno reforzó aun más su programa de austeridad, consolidando su posición como el primer ministro más impopular en la época de democracia electoral y economía de mercado del país. Asimismo, los círculos financieros no estaban conformes con las dudas que mostró el gabinete para tomar medidas decisivas en respuesta a la crisis económica. Asediado por todos los flancos, Gyurcsany anunció su renuncia en la convención de su gobernante Partido Socialista  (MSZP) en marzo de 2009.

El déficit presupuestario de Hungría complica la reforma tributaria. Mientras muchos países inyectan fondos de estímulo en sus economías, Hungría se concentra en reducir los costos. Aunque disputen entre sí, bajo presión del FMI tanto la izquierda burguesa como los partidos de derecha defienden las políticas económicas neoliberales: la reducción de los impuestos sobre el capital y la restricción del déficit presupuestario mediante drásticos recortes del gasto social.

A pesar del paquete de rescate del FMI, el florín tocó un fondo histórico en marzo de 2009. Según las últimas cifras de Eurostat, el PIB de Hungría descendió 1% trimestre tras trimestre2. El Gobierno pronostica que bajará 3,5% este año, pero otros prevén una caída del 5 al 6%. Como síntesis de la crisis, Hungría permanece paralizada por la corrupción, la fuerte deuda y un mercado negro que podría representar un quinto del PIB. Políticamente, no lo asume. Los intelectuales nacionalistas utilizan el lenguaje de la década de 1930 para poner el grito en el cielo contra los capitales extranjeros y las influencias “cosmopolitas”. Viktor Orban, líder del derechista Fidesz, se lamenta de que más de 80% del sistema financiero esté “en manos de extranjeros”. Su partido ostenta el mayor respaldo en la actualidad.

La caída del florín es particularmente devastadora para los hogares: cerca de 60% de todos los préstamos se contrajeron en monedas extranjeras, principalmente en francos suizos. La constante presión sobre el florín realza el peligro de crecientes incumplimientos de pago sobre estos préstamos e hipotecas personales. El aumento de los incumplimientos de pago podría intensificar la presión sobre el sistema bancario y la crisis crediticia.

Cualesquiera sean sus errores, Hungría también es víctima del sistema capitalista mundial. La desaceleración en Alemania y otros mercados receptores de exportaciones húngaras es mucho más profunda y probablemente durará mucho más de lo previsto en un principio3. Los bancos europeos enfrentan su propia crisis subprime, ya que poseen la mayor parte de la deuda de Europa Central y Oriental. En toda Europa Oriental y Central se culpa a los bancos austríacos por la debacle financiera.

Repercusiones de la crisis

Tras la caída de la Unión Soviética, las antiguas repúblicas socialistas se afanaron en desmantelar sus sistemas estatales. Hungría abrazó con entusiasmo el capitalismo y defendió la privatización de sus bienes. Aún así, los sucesivos gobiernos procuraron retener la red de seguridad social. Los gobiernos del MSZP han sido especialmente protectores de los jubilados, temerosos de que cualquier recorte causaría sufrimientos a los húngaros de mayor edad, que componen un sector clave del electorado socialista. El número de beneficiarios creció a principios de los años 1990 cuando las empresas recientemente privatizadas se deshacían de los obreros que habían pertenecido a las planillas del Estado. Recibir una jubilación se convirtió en una alternativa atractiva frente al desempleo, ya que las jubilaciones de los trabajadores con mayores ingresos les otorgan un porcentaje más elevado de sus salarios que en muchos países. La jubilación promedio asciende a unos USD 350 por mes, sin impuestos. Esto es mucho en un país donde el salario promedio luego de los impuestos asciende a poco más de USD 500 por mes. Los hombres alcanzan la edad jubilatoria a los 62 años, pero pueden jubilarse antes si tienen 40 años de actividad, y hay pocos incentivos financieros para continuar trabajando. El húngaro promedio se jubila a los 58 años, y sólo 1% de los húngaros entre 60 y 64 años trabaja en la actualidad. La OCDE calcula que las erogaciones por concepto de jubilaciones de Hungría estarán entre las de mayor crecimiento en Europa en las próximas décadas. El país ya tiene 3 millones de jubilados, de una población total aproximada de 10 millones de habitantes.

Tanto las empresas como los empleados aportan al plan estatal de jubilaciones, pero sus aportaciones no cubren todos los beneficios que se pagan. El Gobierno salda la diferencia con el presupuesto central. Durante años, Hungría sostuvo déficits fiscales para pagar sus planes sociales; sólo la cuenta anual de las jubilaciones supera el 10% del PIB. Para financiar esas erogaciones, el Gobierno vendió bonos. En octubre de 2008, los inversores dejaron de comprar los bonos públicos. Aunque el FMI proporcionó un rescate de emergencia para que Hungría pudiera pagar sus cuentas, muchos inversores internacionales se retiraron, lo cual causó el desplome de la moneda húngara y ensombreció sus perspectivas económicas.
 
Los detractores señalan que el país no puede permitirse el lujo de un sistema jubilatorio que incentive a los asalariados a jubilarse mientras son jóvenes o a abandonar el mercado de trabajo cuando tengan dolencias relativamente menores. El FMI, con el respaldo de los reformistas húngaros, presiona especialmente para que se recorte el aguinaldo, la bonificación de un pago mensual que se otorga a todos los jubilados y que fuera adoptado en 2003 por el antecesor de Gyurcsany.

Tras su reelección en 2006, Gyurcsany propuso la reforma del sistema jubilatorio, que incluyó la eliminación del aguinaldo, pero quería que los jubilados recibieran el mismo monto que antes, extendido a lo largo de 12 meses. También propuso elevar gradualmente la edad de jubilación a 65 años para 2020 para las mujeres y a 68-69 años para 2050 para los hombres. Gordon Bajnai, el nuevo Primer Ministro, probablemente se vea obligado a proponer recortes más profundos que resultarán devastadores para los húngaros de edad más avanzada. Los jubilados ya están acusando a los políticos de desmantelar las promesas de la generación anterior, dejándolos a la deriva.

En 2003, el gasto en protección social representó 21,4% del PIB en 2003, menos del promedio del 28% de la UE. Los servicios derivados del apoyo a la familia representaron 2,7% del PIB, y sólo equivalieron a 25% del promedio per cápita de la UE. El sistema social está diversificado e incluye a la asistencia social, la asignación familiar, los beneficios dados a las personas que viven con discapacidades o lesiones sanitarias, el sistema jubilatorio y los servicios sociales.

En 2006 se estandarizó el sistema, se hizo más eficiente y se mejoró su objetivo. El valor real de los beneficios condicionados al nivel de ingresos descendió hasta 2004, pero los sistemas de erogación para la asistencia social común y las asignaciones por edad avanzada se modificaron en 2005-06. Desde entonces, los beneficios para los grupos más pobres han sido más generosos. El sistema básico y especializado de asistencia social e infantil establecido en las últimas dos décadas es complejo. Los planes para los servicios individuales dejan brechas importantes en la capacidad y acceso, principalmente en las comunidades más pequeñas.

La tasa de pobreza infantil es aproximadamente 1,5 veces superior al promedio de la UE. Casi 20% de los niños húngaros viven en hogares con ingresos per cápita inferiores a 60% de la media. La pobreza infantil suele ser el resultado del desempleo de los padres y desventajas geográficas. Además, los mecanismos de selección del sistema de enseñanza y capacitación intensifican el impacto de la procedencia familiar en el rendimiento de los niños, en lugar de contrarrestarlo. Cuando los padres tienen un bajo nivel educativo y una posición mediocre en el mercado laboral y viven aislados, suelen trasmitir esas desventajas a sus hijos.

El programa de austeridad de Bajnai

El primer ministro Bajnai asumió el cargo en medio del peor declive económico del país en casi dos décadas. Para rescatar el presupuesto, mantenerse dentro de los ordenamientos del FMI y recuperar la confianza de los inversores, planea recortar las jubilaciones, las bonificaciones del sector público, las asignaciones por maternidad, los subsidios a las hipotecas y los subsidios a la energía y el transporte público.

La característica más sobresaliente del programa inicial de Bajnai – su llamado “Manifiesto político” – es su insistencia en que la urgencia de la situación exige “acción inmediata y decidida”. Advierte que en julio presentará “medidas inevitables, dolorosas”. Su principal objetivo es salvar la mayor cantidad de empleos posible, con el fin de evitar el malestar social y la división ulterior de la sociedad húngara en pudientes y necesitados. También quiere lograr una relativa estabilidad del florín, reducir el déficit e incorporarse a la eurozona lo antes posible. Para alcanzar estos objetivos señala que “se debe revisar la totalidad de la estructura gubernamental para gastar menos en la administración”. Eso incluye congelar los salarios de los empleados públicos durante dos años y eliminar los aguinaldos a los empleados públicos, a partir de 2010. También recortaría las aportaciones nacionales a los gobiernos locales.

Otros puntos de su programa son:

Elevar la edad de jubilación. Actualmente es de 62 años, pero el promedio real está en el entorno de los 58. Bajnai comenzaría las reformas en 2010, incluyendo la eliminación del  aguinaldo.

Reducción de los beneficios por enfermedad. Ahora, si un médico certifica que una persona no puede trabajar por enfermedad, ésta recibe 70% de su sueldo durante seis meses. La mitad lo paga su empresa.

Congelamiento de las asignaciones infantiles. Durante años, han ido en aumento. Bajnai planea reducir el apoyo infantil a los 3 años y los beneficios por cuidado de los hijos a dos.

Recorte de los subsidios. Bajnai pretende cesar temporariamente la asistencia financiera a las parejas jóvenes con hijos que compran su primera vivienda y disminuir los subsidios al consumo de gas, asi como de calefacción. Luego de 2010 terminarían todos los subsidios. Además, planea recortar las partidas para el transporte público, especialmente para los trenes y la radio y televisión públicas. Los pagos del Estado a los agricultores también se restringirán significativamente.

Mientras reduce el gasto del Gobierno, Bajnai quiere darle “primeros auxilios a las pequeñas y medianas empresas húngaras que proporcionan dos tercios de los empleos del país”, limitando la carga tributaria de las empresas y los empleados. Y por último, proyecta un paquete de estímulos financiado por subsidios de la UE para ayudar al país a mitigar la crisis y finalmente superarla.

 

1 Ministerio de Finanzas. 29 de octubre de 2009

2 Ver: <epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15052009-BP/EN/2-15052009-BP-EN.PDF>.

3 Después de Alemania, los mayores consumidores de productos húngaros son Austria, Italia, Francia, Reino Unido, Rumania, Polonia y Estados Unidos.

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INDIA

Publication_year: 
2009
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Aunque existen indicadores que demuestran que la situación de la India no es una de las peores, muchos sectores se han debilitado debido al deterioro de la economía mundial y otros no han mantenido su crecimiento. Por ejemplo, se ha frenado el crecimiento en préstamos personales, al consumo y a la producción. La inflación, el aumento del desempleo y el deterioro de las inversiones institucionales extranjeras constituyen impactos adicionales. El Gobierno debe encontrar un equilibrio entre las reformas económicas para estimular el crecimiento y el alivio a los 250 millones de indios que viven en la pobreza extrema.

Altos en el camino y oportunidades perdidas

Himanshu Jha
Social Watch India

Aunque existen indicadores que demuestran que la situación de la India no es una de las peores, muchos sectores se han debilitado debido al deterioro de la economía mundial y otros no han mantenido su crecimiento. Por ejemplo, se ha frenado el crecimiento en préstamos personales, al consumo y a la producción. La inflación, el aumento del desempleo y el deterioro de las inversiones institucionales extranjeras constituyen impactos adicionales. El Gobierno debe encontrar un equilibrio entre las reformas económicas para estimular el crecimiento y el alivio a los 250 millones de indios que viven en la pobreza extrema.

En contraposición a la hipótesis de la “desconexión” que decía que las economías emergentes permanecerían relativamente indemnes durante la crisis financiera mundial debido a sus considerables reservas de moneda extranjera, a los balances sólidos de las empresas y a los sectores bancarios relativamente fuertes, muchas ya están acusando los impactos1. Entre estas economías se encuentra la de India, que ha experimentado un deterioro importante en su crecimiento – pasando de un sólido 9,3% en 2007, al 7,3% en 2008. Para 2009 el FMI pronostica un crecimiento del 4,5%2.  

El desplome de la bolsa de valores en 2008 constituyó una señal de que la crisis se profundizaba aun más y los mercados no han logrado recuperarse todavía. Aunque es difícil predecir cómo terminará la situación, es obvio que los pronósticos iniciales del Gobierno en cuanto a que el país saldría indemne demostraron poca visión de futuro. Es importante explorar los impactos sobre las poblaciones pobres y marginadas de India, así como la eficacia de las respuestas gubernamentales hasta el momento.

Impactos de la crisis económica

Es posible observar el impacto en el menor crecimiento industrial, la inflación, el crecimiento del déficit de cuenta corriente, el desplome de la bolsa de valores y la depreciación del valor de la moneda nacional, la rupia. La crisis financiera también se ha visto acompañada de un aumento de los precios de algunos alimentos. Según el Índice de Precios al Por Mayor (IPM), el arroz costaba 12,8% más en marzo de 2009 que en marzo de 2008, contra un descenso mundial de 1%; mientras que el trigo aumentó 5,2% contra un descenso mundial de 47,5%. La inflación pasó del 7,7% en marzo de 2008 a un punto máximo del 12,9% en agosto de 2008 (debe señalarse que el IPM descendió bruscamente a 0,3% en ese mes de marzo). La inflación anual de los precios de materias primas clave deja en claro la seriedad del problema. La inflación de los precios de consumo alcanzó entre el 9,6% y el 10,8% en enero/febrero de 2009, en comparación con las cifras de 7,3%-8,8% en junio de 2008 y de 5,2%-6,4% en febrero de 20083.

El impacto más inmediato de la crisis se produjo en la inversión institucional extranjera (IIE). Entre abril de 2008 y marzo de 2009 se registró una fuga de USD 15.000 millones del mercado de valores, en comparación con una entrada de USD 20.300 millones durante el mismo periodo de 2007-2008. En otras inversiones de carteras de acciones tales como los American Depository Receipts (certificados negociables emitidos por un banco de Estados Unidos) /Global Depository Receipts (transacciones fuera de Estados Unidos) se registró la misma tendencia4.

El retiro de IIE, que ascendió a USD 66.500 millones a comienzos 2008, desencadenó el desplome de la bolsa de valores y en consecuencia el sensex, el índice de las empresas más importantes del país, “cayó de un punto máximo de cierre de 20.873 el 8 de enero de 2008 a menos de 10.000 al 17 de octubre de 2008” 5. Las fugas de IIE también dieron lugar a una devaluación brusca de la rupia, que cayó de 39,99 por dólar estadounidense en marzo de 2008 a 52,09 por dólar en marzo de 2009. La rupia también se debilitó frente a otras monedas; entre ellas el euro (6,5%), el yen (22,8%) y el yuan (23,6%)6. Aunque estas devaluaciones podrían parecer beneficiosas para las exportaciones de India, el deterioro de las economías de Estados Unidos, la Unión Europea y el Oriente Medio – que constituyen las tres cuartas partes del comercio en bienes y servicios de India – dio lugar a la falta de demanda. De un crecimiento del 24,5% entre abril de 2007 y noviembre de 2008, las exportaciones han decaído al 17,6% en los mismos meses de 2008 y 20097.

Es probable que el enlentecimiento de la exportación de servicios también se intensifique “a medida que la recesión se agrava y que se reestructuran las firmas financieras – tradicionalmente las mayores usuarias de servicios de subcontratación”8. Por otra parte, para quienes han contraído compromisos de pago en moneda extranjera, la depreciación de la rupia no es una buena noticia, ni ayuda a los esfuerzos del Gobierno por frenar la inflación9.

El crecimiento más lento de la producción industrial es evidente por el hecho de que la tasa anual de expansión, que fue del 8,8% entre abril de 2007 y febrero de 2008, se redujo en forma abrupta al 2,8% en el período 2008-200910. El Índice de Producción Industrial (IPI) registró un crecimiento promedio del 5,6% entre abril y julio de 2008, descendió a un 1,7% en agosto y se recuperó alcanzando una cifra comparativamente sólida del 6% en septiembre. Sin embargo, el IPI registró un crecimiento negativo nuevamente entre diciembre de 2008 y febrero de 2009. El ritmo de crecimiento del sector manufacturero decayó del 9,3% durante el período 2007-2008 (abril a febrero) a una cifra pronosticada del 2,8% en el mismo período de 2008-2009. El medular sector de infraestructura creció a un ritmo del 3% en el período 2008-2009 (abril a febrero), contra el 5,8% durante el mismo periodo de 2007-200811.

Además, los bancos están recortando los créditos que otorgan. Entre febrero de 2008 y febrero de 2009, la tasa de crecimiento decayó en forma considerable del 12% al 7,5% en vivienda, del 13,2% al 8,5% en préstamos personales y del 5,9% a -14,5% en artículos de consumo duraderos12.

Intervenciones para frenar la caída

Luego de la cumbre del G-20 de noviembre de 2008 el primer ministro designó a un grupo, bajo su propia presidencia, para diseñar un plan detallado para la intervención estatal adecuada y oportuna. Los demás integrantes del grupo fueron el ministro de finanzas, el ministro de industria y comercio, el vicepresidente de la Comisión de Planificación y el director del Banco de la Reserva de la India (RBI). Las medidas se agruparon en “paquetes de estímulo” que se anunciaron, el primero en diciembre de 2008 y el segundo en enero de 200913. Entre las medidas anunciadas se encontraban desembolsos de INR 200.000 millones (USD 4.150 millones) para solventar planes esenciales para la infraestructura rural y la seguridad social, una disminución global del 4% en el impuesto al valor agregado central (CENVAT en inglés), medidas específicas para las tarifas aduaneras en sectores como el del acero y el cemento, y exenciones impositivas e incrementos de las tasas de devolución de impuestos para las exportaciones.

También se adoptaron algunas medidas adicionales, como ser la subvención de las tasas de interés y de los créditos pre y post embarque para las exportaciones que emplean mucha mano de obra; facilidades para la refinanciación de INR 40.000 millones (USD 831 millones) para el Banco Nacional de la Vivienda para el sector de la vivienda y de INR 70.000 millones (USD 1.500 millones) para el Banco de Desarrollo de la Pequeña Industria de India para micro, pequeñas y medianas empresas, y la autorización para que la India Infrastructure Finance Company Limited (una compañía financiera para la infraestructura) pudiera recaudar INR 100.000 millones (USD 2.100 millones) por medio de bonos libres de impuestos14. El RBI también adoptó algunas medidas monetarias tales como la reducción de la tasa repo (la tasa a la que el RBI presta rupias a los bancos de la India) del 9% en agosto de 2008 al 5% en enero de 2009, la reducción de la repo revertida y la reducción de la relación de reservas de efectivo del 9% en agosto de 2008 al 5% desde enero de 2009 en adelante15.

Sin embargo, existen ciertos problemas básicos relacionados con la naturaleza, la dirección y los efectos anticipados de estos paquetes. Uno de ellos es que los montos adjudicados son totalmente insuficientes si se tiene en cuenta que el monto total del estímulo de INR 311.000 millones (USD 6.500 millones) constituye apenas el 0,8% del PIB. Es más, existe ambigüedad acerca de los sectores en los que se deberá desembolsar el monto adicional de INR 200.000 millones (USD 4.200 millones). Ya se ha producido un retraso de casi ocho meses en los desembolsos realizados. Agregar fondos adicionales ante la existencia de tal retraso hace que difícilmente puedan ser oportunos los desembolsos16.

Las adjudicaciones presupuestarias centrales para el desarrollo descendieron del 7,5% en el período 2002-2003 al 6,0% en el de 2007-2008 según las normas de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Gestión del Presupuesto. La adjudicación presupuestaria para el desarrollo para 2008-2009 es de alrededor del 6,8% del PIB; deberá aumentar por lo menos hasta alcanzar el 7,5% si ha de producir un impacto general, lo que significa que “los desembolsos adicionales deben llegar a alrededor de INR 400.000 millones (USD 8.300 millones) en lugar de INR 200.000 millones (USD 4.100 millones)”17.

La disminución del CENVAT en 4% significa que solo se aplicará a productos con tasas arancelarias de más del 4%, lo que implica el fomento de la demanda del consumo de bienes duraderos y de lujo, principalmente. Se ha señalado además que ello “provocará un impacto en el apoyo a la actividad económica solo si los productores responden recortando los precios y si tales recortes generan respuestas en cuanto a la demanda”18. No parece funcionar así. Por ejemplo en la industria de la aviación el descenso de los precios de combustible no se tradujo en la reducción de los precios al consumidor que se esperaba.

Se ha exigido con insistencia que se implemente un programa de inversión pública masivo para la infraestructura social y económica que genere empleos y aumente la demanda interna.
                                                                                                 
La pérdida de empleos y el desafío para la seguridad social

La pérdida de empleos en muchos de los sectores clave representa un serio desafío para una política de seguridad social que era ya poco ambiciosa. Una encuesta entre una muestra de industrias relacionadas con la exportación que llevó a cabo el Departamento de Comercio revela que se perdieron unos 109.513 empleos durante el período agosto de 2008 a enero de 2009. El Ministerio de Trabajo llevó a cabo una encuesta similar entre sectores importantes como el de la industria automotriz, la manufacturera, la de minería, la textil, la metalúrgica, y la de piedras preciosas y joyería, que juntas contribuyeron a más del 60% del PIB en 2007-2008. La encuesta reveló que alrededor de medio millón de trabajadores perdieron el empleo entre octubre y diciembre de 2008.

Esta situación constituye un serio desafío para la seguridad social ya que de la plantilla total de trabajadores de 457,5 millones, existen 422,6 millones que se encuentran categorizados como no organizados o desprotegidos. De ellos, 393,5 millones se encuentran en el sector informal y apenas 29,2 millones en el formal. Alrededor del 38% de la plantilla de trabajadores desprotegidos son mujeres19.

Conclusiones

Los indios han demostrado su confianza al votar para un segundo período a la Alianza Unida para el Progreso. Sin embargo, el desafío para el Gobierno actual consiste en la búsqueda de un equilibrio sensato entre llevar adelante el programa de reforma económica en curso y brindar alivio social y económico a los 250 millones de ciudadanos que, según las estadísticas del Banco Mundial, aún viven en la pobreza extrema20. La crisis actual plantea una nueva serie de problemas para un país que ya sufría de desigualdades enormes y niveles alarmantes de hambre y desnutrición21.

1 Subbarao, D. “India: la gestión del impacto de la crisis financiera mundial”. Discurso en la sesión anual de la Confederación de la Industria de la India, 26 de marzo de 2009.

2 Outlook India (revista semanal de noticias). IMF Lowers India’s Growth Estimate to 4.5% for 2009 [El FMI reduce la estimación del crecimiento de la India al 4,5% para 2009], 22 de abril de 2009. Disponible en: <news.outlookindia.com/item.aspx?658780>.

3 RBI. Macroeconomic and Monetary Development in 2008-09 [Desarrollo macroeconómico y monetario en 2008-09]. Banco de la Reserva de la India. Disponible en: <rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/MMDAPRFull2004.pdf>.

4 Ibid.

5 Chandrashekhar C. P. y Ghosh, J., India and the Global Financial Crisis [India y la crisis financiera mundial]. Macroscan, 2008. Disponible en: <www.macroscan.org/the/trade/oct08/trd15102008Crisis.htm>.

6 Ibid.

7 Desarrollo macroeconómico y monetario en 2008-09.

8 Subbarao, D., op.cit.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 “India: la gestión del impacto de la crisis financiera mundial”.

12 Ibid.

13 Ver Gobierno de la India. “Medidas gubernamentales adicionales para estimular la economía.” Comunicado de prensa, 2 de enero de 2009; y “Exenciones adicionales anunciadas para el Impuesto Central de Aduanas y Servicios.” Comunicado de prensa, 24 de febrero de 2009.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Fundación para la Investigación EPW. Stimulus Packages Facing Institutional Constraints [Paquetes de estímulo se enfrentan a restricciones institucionales]. Economic and Political Weekly 44(04), 24 de enero de 2009.

17 Ibid.

18 Ghosh, J. Weak Stimulus [Débil estímulo]. Frontline, 22 de enero de 2009.

19 Gobierno de India. Unorganized Manufacturing Sector in India: Input, Output and Value Added [Sector manufacturero desorganizado de la India: insumos, producción y valor agregado] Informe de la encuesta nacional por muestras 526. Ministerio de Estadística e Implementación de Programas, 2009.

20 Chen, S. y Ravallion, M. “El mundo en desarrollo es más pobre de lo que pensábamos pero no menos exitoso en la lucha contra la pobreza”. Documento de Trabajo de Investigación de Políticas 4703. Washington, D.C.: Banco Mundial.

21 Según el IFPRI (Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias) (2008), la India alberga la población más grande del mundo con inseguridad alimentaria, con más de 200 millones de personas con hambre. El informe demuestra que el fuerte crecimiento económico no se ha traducido en niveles menores de hambre.

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IRAQ

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2009
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La Constitución iraquí de 2005 intentó incluir medidas que impulsaran el empoderamiento de la mujer; sin embargo, es necesario que exista también una cultura de igualdad de oportunidades. Durante el actual período de transición la mujer no sólo ha perdido la mayor parte de los beneficios provistos por el Estado sino que sufre en forma desproporcionada la contracción del poder estatal, la inseguridad causada por la inestabilidad política, el colapso de las actividades económicas por motivo de la guerra y el deterioro de las estructuras sociales. El aumento de la violencia contra la mujer requiere la intervención urgente de todos los actores sociales.

El empoderamiento de la mujer: un proceso mal entendido

Amal Shlash1
 
La Constitución iraquí de 2005 intentó incluir medidas que impulsaran el empoderamiento de la mujer; sin embargo, es necesario que exista también una cultura de igualdad de oportunidades. Durante el actual período de transición la mujer no sólo ha perdido la mayor parte de los beneficios provistos por el Estado sino que sufre en forma desproporcionada la contracción del poder estatal, la inseguridad causada por la inestabilidad política, el colapso de las actividades económicas por motivo de la guerra y el deterioro de las estructuras sociales. El aumento de la violencia contra la mujer requiere la intervención urgente de todos los actores sociales.

Experiencias recogidas en muchos países han demostrado que la transición al gobierno democrático puede ayudar a eliminar los obstáculos institucionales y culturales al empoderamiento de la mujer.  Para que ello suceda, sin embargo, son las mujeres mismas las que deben abogar por la igualdad de derechos. Es más, si bien las democracias emergentes tienen la oportunidad de reformar las sociedades, al establecer las libertades básicas, el gobierno democrático, la libertad de mercados y los derechos humanos, la inseguridad asociada al conflicto puede socavar tan importantes resultados. Cuando la transición tiene lugar en medio de un conflicto, la necesidad de establecer un sistema democrático estable se convierte en la prioridad principal y puede eclipsar el imperativo de la igualdad. Si ello sucede, es posible que durante la transición, en lugar de disminuir, aumente la prevalencia de la desigualdad de género.

El papel del Estado y la transición

Desde que se estableció el Iraq moderno, el Estado ha creado oportunidades para el empoderamiento institucional de la mujer mediante el acceso más amplio a la educación, los servicios de la salud y la capacitación para el trabajo. Creció el nivel profesional de la mujer, sobre todo en los campos más aceptados socialmente de la educación y los servicios de la salud. Por ejemplo, en el período 1997-2004, el 68% de los docentes eran mujeres y la tasa global de participación de la mujer entre el personal médico era de entre 30% y 60%. Antes de 2003, las mujeres representaban el 46% de los empleados del sector público y eran las principales proveedoras de servicios y de beneficios sociales en la salud y la educación, sobre todo en áreas en beneficio de la mujer. No obstante, el Estado no se ha mostrado en realidad consciente de que el empoderamiento no se logra únicamente por medio de la promulgación de leyes sino que se produce sólo cuando la sociedad aplica esas leyes – lo que a su vez exige que se produzcan cambios culturales. El empoderamiento de la mujer requiere que exista una cultura de igualdad de acceso y de oportunidades.

Las etapas de transición a menudo implican una revisión del papel que desempeñan las instituciones y los mecanismos estatales para que se ajusten mejor a la realidad y realcen la igualdad entre los ciudadanos. Sin embargo las reformas en Iraq se han visto acompañadas por el desmantelamiento del Estado, que por lo tanto ya no fue capaz de cumplir con sus responsabilidades ni de brindar los servicios clave para la economía de transición. Ni el sector privado ni la sociedad civil han sido capaces de asumir ese papel y brindar tales servicios, en tanto la mujer ha perdido la mayor parte de sus beneficios sociales; entre ellos, el de las guarderías apoyadas por el Estado.

Indicadores de desarrollo, empleo y bienes

La imposición de sanciones y la creciente crisis política y económica, con la inseguridad y el conflicto que han generado desde 1990, han empeorado la situación comparativa de las mujeres con respecto a los hombres en los últimos decenios. En lo que se refiere a diversos indicadores clave de desarrollo humano, están peor que antes. En 2007, aunque la expectativa de vida de la mujer (62) era mucho más elevada que la del hombre (55), el 30% de las mayores de 15 años eran analfabetas, contra el 14% de los hombres. Las cifras combinadas de inscripciones escolares (escuela primaria, intermedia y secundaria) eran del 55% para las mujeres y del 68% para los varones. Las tasas de desempleo también eran más elevadas entre las mujeres: el 23% en comparación con el 16%. Los ingresos percibidos por las mujeres ascienden a solamente el 11% de los ingresos que perciben los hombres. El trabajo agrícola constituye el 60% de las horas laborales semanales totales para la mujer y solo el 22% para el hombre, lo que ayuda a explicar los bajos ingresos, ya que se sabe que el trabajo agrícola de la mujer por lo general no es remunerado y exhibe baja productividad. En 2007 el Índice de Desarrollo Humano de Iraq fue de 0,627 mientras que el Índice de Desarrollo de Género fue de 0,584.

En general, la tasa de participación de la mujer en la actividad económica es considerablemente más baja que la del hombre (21% contra 79% en 2004). La transición hacia una economía de mercado abierta tal vez brinde más oportunidades, así como mayores desafíos para la mujer iraquí. La apertura del mercado tal vez ofrezca nuevas oportunidades en el sector privado, pero también aumentará la competencia por los empleos y exigirá destrezas que el sistema educativo brinda en forma desigual. Además, habrá menos empleos para la mujer en el sector público. El artículo 23 de la Constitución de 2005 garantiza “el derecho a la propiedad iraquí” sin discriminación de género. Aunque no existen datos que midan la posesión de bienes tales como la tierra, las propiedades y las empresas, es posible asegurar que, en general, las mujeres poseen menos bienes financieros que los hombres. Por ejemplo, la enorme mayoría de las unidades de tierra y de viviendas se encuentra inscripta a nombre de varones y son ellos quienes dominan claramente en cuanto a la propiedad y gestión del sector privado. Además, las mujeres que son jefas de hogares – esto es el 11% de los hogares – son dueñas de menor cantidad de bienes que otras mujeres.

La condición personal de la mujer

La nueva Constitución de 2005 intentó incluir diversas medidas positivas para la mujer. Por ejemplo, la mujer puede ahora transmitir la nacionalidad a sus hijos (artículo 18). Sin embargo, también contiene varios artículos, cláusulas y consecuencias que se pueden considerar discriminatorios. Como ser, el artículo 41 establece que “los iraquíes son libres de obrar de acuerdo con su condición personal según su religión, creencias, doctrinas u opciones,” lo que permite diversas interpretaciones de la sharia islámica y da lugar a impedimentos para la igualdad jurídica, sobre todo en asuntos relacionados con el Código Civil como el matrimonio y el divorcio. La variedad de interpretaciones puede dar lugar a diferentes prácticas en las diferentes provincias, en las poblaciones rurales y urbanas o entre los adherentes a diferentes religiones. Se considera que estas previsiones constituyen un retroceso si se comparan con las previsiones de la Ley Nº 188/1959, que reglamentaba todos los asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio, la herencia, y la tutoría y custodia de los hijos para todos los iraquíes, fuera cual fuera su secta2.  De hecho, el artículo 41 de la Constitución contradice la garantía fundamental contenida en el artículo 14 de la ley, que establece que “los iraquíes son iguales ante la ley sin discriminación de género o raza”. Tal contradicción compromete la unidad de la legislación aplicable en forma universal.

A la hora de brindarle protección a la mujer y prohibir la violencia en su contra, tanto las estipulaciones constitucionales como las jurídicas pueden resultar insuficientes. La Constitución, por ejemplo, no se refiere en forma específica a la mujer cuando aborda el tema de la violencia en el capítulo sobre derechos. El artículo 4 no considera la violencia matrimonial como un delito específico. El artículo 44 establece que “los iraquíes son libres de movilizarse, viajar y residir dentro o fuera de Iraq”, pero en la práctica la ley no permite que una mujer de menos de 40 años obtenga un pasaporte sin autorización de un tutor. Otro ejemplo es que la mujer tiene derecho a la igualdad de salarios, pero la ley no proporciona previsiones vinculantes que garanticen la igualdad en cuanto a los ascensos laborales. Así, aun cuando la Constitución prevé la no discriminación de jure en contra de la mujer, existen factores jurídicos, sociales y culturales que a menudo constituyen impedimentos de facto a su accionar. El clima jurídico y legislativo en la región del Kurdistán parece ser más positivo. Por ejemplo, se aplica ahí la Ley Nº 188 de la Condición Personal, redactada en 1959, pero considerada progresista para la época, y la Comisión de Asuntos de la Mujer ha logrado introducir algunas enmiendas. En 2007 se impusieron condiciones adicionales para los casos de poligamia, se prohibió la circuncisión femenina y se cambiaron las normas relacionadas con el divorcio para que favorecieran más a la mujer.

En 1986 Iraq ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con salvedades con respecto a los artículos 2, 9 y 29. Tales salvedades, de hecho, invalidan las previsiones de la Convención sobre la igualdad de mujeres y hombres. Desde el comienzo de la transición en 2003, las organizaciones de mujeres han intentado sin éxito que se retiren las salvedades. Por otra parte, la Constitución no incluye ningún artículo que reconozca que la ratificación de las convenciones internacionales sea vinculante para el Estado. De todos modos, el nuevo régimen ha rechazado los compromisos ratificados por su antecesor en cuanto a las convenciones internacionales, sobre todo la CEDAW, con la justificación de que se contraponen a la sharia3.

Inclusión en la toma de decisiones

En 2003 se introdujo un sistema de cuotas para la mujer en la vida política y la nueva Constitución también prevé medidas a favor de las minorías, otorgando en el artículo 49 una cuota para la mujer de no menos del 25% de los escaños del Parlamento. La Ley Electoral Nº 6 de 2005 estipula que las listas de candidatos para las elecciones deben también atenerse a esta cuota. En las elecciones de 2005, las mujeres obtuvieron 87 de los 275 escaños de la Asamblea Nacional (el 31%). En las elecciones concejales locales, mediante listas electorales cerradas, obtuvieron el 28% de los puestos.

Además, la adhesión al sistema de cuotas aumentó en forma considerable la cantidad de electas a los concejos gubernamentales. Desde 2003 la cantidad de mujeres que ocupa cargos administrativos en los que se toman decisiones aumentó del 12,7% al 22,4%. Si bien en la judicatura representaron sólo el 2% en 2006, en el ejecutivo corrieron con mejor suerte. En 2006 había cuatro ministras de Estado y 342 funcionarias de alto nivel; entre ellas, 8 subsecretarias, 22 consejeras e inspectoras generales, 86 directoras generales y 215 subdirectoras generales. Sin embargo debe señalarse que las barreras que deben superar las mujeres para alcanzar y conservar tales oportunidades son mayores y más numerosas.

Un legado de restricciones culturales

Para la mujer, el patrimonio cultural – que surge de la tradición más que por motivos religiosos – es uno de los puntos de referencia básicos en la formación del concepto de conductas aceptables. La imagen estereotípica de la mujer ha persistido durante siglos debido a que, a lo largo de su historia, el Estado ha contribuido a perpetuarla para evitar entrar en conflicto con la sociedad y sus líderes religiosos y culturales. Esta imagen se encuentra tan arraigada que, como lo demuestran diversos estudios, la percepción que algunas mujeres tienen de su propio sexo no se aparta demasiado de la que sostienen los hombres.  

La aceptación de la mujer de esta falsa imagen le brinda al Estado la justificación para demorar la promulgación de legislación que mejoraría la situación en la que se encuentra. La sociedad también justifica el aislamiento de la mujer como una manera de garantizar su protección. De esta manera, la familia continúa siendo el reducto más resistente de intolerancia cultural contra la mujer, en la que se acepta la violencia masculina como derecho disciplinario o preventivo. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Derechos Humanos de la región del Kurdistán señala que 239 mujeres fueron empujadas a incinerarse a sí mismas durante los primeros ocho meses de 2006. Tal situación no difiere mucho en otras áreas y los asesinatos relacionados con el honor son comunes en el centro y el sur de Iraq. Es probable que las denuncias acerca de tales prácticas sean menos que la cantidad real de incidentes debido a la poco desarrollada capacidad de control de las organizaciones de la mujer, así como a los prejuicios de los medios.

Conclusiones

El empoderamiento de las iraquíes debe constituir una meta global y no sólo un objetivo secundario, ya que la mujer tiene un papel igualitario a desempeñar en el desarrollo general económico, político y social. Sin embargo hay pruebas que demuestran que las iraquíes sufren en forma desproporcionada los efectos de la contracción del poder estatal, la inseguridad que resulta de la inestabilidad política, el derrumbe de las actividades económicas y el deterioro de las estructuras sociales, todo ello como consecuencia de los conflictos en curso. El aumento de la violencia contra la mujer constituye, en este momento, la consecuencia más peligrosa de la transición y requiere la intervención urgente de todos los actores de la sociedad. La mujer se ha refugiado dentro de su comunidad, secta o tribu en busca de protección, revirtiendo así los logros de casi un siglo de modernización que había emprendido el mismo Estado.

La falta de seguridad ha obstaculizado el progreso del desarrollo humano y ha dañado los mecanismos para el empoderamiento genuino. Así y todo, aún existe una oportunidad para mejorar la situación. Algunas de las responsabilidades específicas del Estado son:

* Enmendar las leyes (y la Constitución) para eliminar las previsiones, omisiones y contradicciones que perpetúan la discriminación.
* Garantizar la libertad de pensamiento para fomentar el debate y el diálogo públicos; es necesario implementar campañas de sensibilización pública que produzcan cambios profundos en los estereotipos de la mujer que difunden los medios.
* Crear un nuevo ambiente laboral que se aparte de la división actual del trabajo basada en los papeles limitados de la mujer y en restringirla, como trabajadora, a los sectores de baja productividad.
* Enfrentar la cultura de la dominación y de la marginación y difundir una cultura de paz y tolerancia para eliminar la violencia contra la mujer en todas sus formas y poner fin a su perpetuación como parte de la cultura aceptada.
* Brindar nuevas oportunidades por medio de la reforma del sistema de préstamos en los bancos públicos, eliminando el requisito de poseer bienes inmuebles como garantía subsidiaria y promoviendo los servicios bancarios que benefician a la mujer.
* Reformar los sistemas educativos y los programas de estudio para cambiar la percepción de la sociedad con respecto a la violencia contra la mujer e inculcar un sentido de responsabilidad común para poner fin a ella.
* Ampliar el acceso a los proyectos de microcrédito y trabajo ubicado en el hogar para las mujeres con poca educación y capacitación, las mujeres rurales, las ancianas y las viudas con familias a su cargo.

Al adoptar una actitud firme en relación con la cultura de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la igualdad de género, el Gobierno podría poner fin de una vez por todas a la cultura centenaria de la discriminación contra la mujer en el país.

1 Autora principal de Iraq: National Report on the Status of Human Development 2008 [Iraq: informe nacional 2008 sobre la situación del desarrollo humano]. Este artículo se basa en hechos y análisis de aquel informe, disponible en: <www.iauiraq.org/reports/NRSHD-English.pdf>.

2 Esta ley – que incluía el derecho a conservar la vivienda matrimonial luego del divorcio durante un período de tres años, igual edad mínima para el matrimonio para la mujer y el hombre, la equiparación de la dote de la mujer en el divorcio al precio del oro en el momento del divorcio y la exigencia de que el marido deba probar su capacidad financiera para mantener una segunda mujer antes de contraer un matrimonio polígamo – fue sujeta a diversas enmiendas a lo largo de los años, en detrimento de la situación de las mujeres.

3 El mismo rechazo se aplica a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la mujer, la paz y la seguridad.

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Region: 
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ITALIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La intervención del Gobierno en apoyo de las instituciones financieras expuestas a las fluctuaciones de los mercados internacionales confirma que los bancos italianos se han visto en dificultades desde que comenzó la crisis financiera mundial. Hasta el momento, la peor consecuencia de la crisis ha sido la contracción del mercado de créditos. En un país en el que el 90% de las empresas es de tamaño mediano o pequeño, la respuesta del Gobierno ha sido cuantitativa y cualitativamente insuficiente. Es necesario implementar políticas diferentes que distribuyan los recursos en forma adecuada para luchar contra la pobreza y proteger al trabajador.

Respuesta débil e inadecuada

Coalición Italiana de Social Watch
Jason Nardi, Tommaso Rondinella (Lunaria), Elisa Bacciotti (Ucodep), Andrea Baranes (CRBM), Sergio Giovagnoli (ARCI), Giulio Sensi (Mani Tese), Sabina Siniscalchi (FCRE)

La intervención del Gobierno en apoyo de las instituciones financieras expuestas a las fluctuaciones de los mercados internacionales confirma que los bancos italianos se han visto en dificultades desde que comenzó la crisis financiera mundial. Hasta el momento, la peor consecuencia de la crisis ha sido la contracción del mercado de créditos. En un país en el que el 90% de las empresas es de tamaño mediano o pequeño, la respuesta del Gobierno ha sido cuantitativa y cualitativamente insuficiente. Es necesario implementar políticas diferentes que distribuyan los recursos en forma adecuada para luchar contra la pobreza y proteger al trabajador.

Aunque el Gobierno italiano ha intentado infundir confianza aduciendo que el país no solo no sufrirá las consecuencias de la crisis sino que emergerá de ella con mayor fortaleza, existen pruebas incuestionables que indican lo contrario. Si bien el Gobierno aún no ha debido salir al auxilio de los bancos, ello no significa que las restricciones crediticias no hayan perjudicado a familias y empresas. Las cifras de Istat, el Instituto Nacional de Estadística, demuestran que durante 2008 el desempleo alcanzó el 7,1% – un aumento con respecto al 6,4% del año anterior – y que entre enero y febrero de 2009, 370.561 trabajadores perdieron el empleo; un aumento del 46% en comparación con el mismo período de 2008.

En cuanto al sector industrial, el informe 2008 de la Confederación Italiana Sindical de Trabajadores (CISL en italiano) subraya que hay 900.000 empleos en peligro1, mientras los estudios de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) proyectan una tasa de desempleo del 9% para fines de 2009 y de hasta el 10,1% para 20102. Otro indicador del impacto de la crisis es que, por primera vez en Italia, los inmigrantes enfrentan dificultades a la hora de obtener trabajo, sobre todo en el noreste. Según la CGIA (asociación de artesanos y pequeños industriales), en la región del Véneto el 24% de los desempleados en enero de 2009 eran inmigrantes provenientes de fuera de la Unión Europea3.

Las grietas en el sistema financiero

Hace meses que políticos y agentes financieros, para tranquilizar a ahorristas y mercados, repiten que los bancos italianos y el sistema financiero son sólidos y no corren peligro de quebrar ni fracasar. Sin embargo, una mirada más a fondo revela una situación más compleja. En 2008 la bolsa de valores italiana perdió el 49% de su valor y mantuvo la tendencia a descender en 20094. Las instituciones crediticias que representan casi el 30% de la capitalización de la bolsa de valores italiana han sido las que han acusado el golpe más fuerte.

Aunque el sistema financiero italiano no se había involucrado tanto en actividades especulativas como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, los bancos italianos perseguían políticas enérgicas de expansión, sobre todo mediante la compra de instituciones financieras en Europa Oriental. Las dificultades que experimentan en la actualidad se han visto confirmadas por la intervención del Gobierno en apoyo de los principales grupos bancarios que están más expuestos a los mercados internacionales. Durante los últimos años se ha producido un traspaso continuo del sistema de pensiones hacia un sistema administrado por fondos de pensión privados. Debido a la crisis financiera, el 5,9% de los ahorros administrados por los fondos de pensiones fue cancelado en 2008. Los fondos de inversión, que por lo general presentan riesgos mayores, registraron pérdidas del 8,6%5. En la mayoría de los casos, los ahorros de los trabajadores sencillamente desaparecieron.

La reducción del crédito

Hasta el momento, la peor consecuencia de la crisis financiera ha sido la caída del crédito: varios bancos han reducido el acceso al crédito en forma significativa, sobre todo para pequeñas empresas, que constituyen el sector más importante del sistema italiano de producción. La situación se ve agravada por el hecho de que muchos bancos han estado transfiriendo sus negocios en forma progresiva, de reunir ahorros para la financiación de actividades productivas, hacia operaciones financieras: solo la mitad de sus ingresos proviene ahora de la actividad crediticia, mientras que la otra mitad se compone de comisiones y negocios financieros.

Los grupos más afectados por estas restricciones son los inmigrantes, los trabajadores precarios, los jóvenes y otros sectores de la sociedad que ya antes de la crisis no eran considerados parte del mercado bancario. También las familias se ven afectadas, lo que ha producido un aumento brusco de préstamos no bancarios a altas tasas de interés, sobre todo en el sur, en donde las familias sobreendeudadas aumentaron 69,4% en el último año, en tanto el recurso a tales préstamos lo hizo en 48,2%6.

Las medidas gubernamentales para revitalizar el sistema de préstamos no parecen haber surtido efecto. Los bancos las están utilizando para mejorar sus ganancias y activos sin ampliar los canales de préstamo. En forma similar, la reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo se ha traducido en un aumento de las ganancias para los bancos italianos, en lugar de mejorar el acceso al crédito para sus clientes.

La transferencia de ingresos entre el trabajo y las ganancias ha sido harto evidente. Esta tendencia, común a gran parte de las economías occidentales, ha significado una transferencia de 8 puntos del PBI (EUR 120.000 millones)7 en Italia desde los trabajadores hacia las ganancias de las empresas, derivando en una progresiva “financialización” de la economía.

Respuestas gubernamentales

Tras breve debate parlamentario, el 28 de enero de 2009 se legisló un “decreto anticrisis”. Las medidas adoptadas son del todo deficientes, por dos motivos. En primer lugar los recursos adjudicados son insuficientes, sobre todo cuando se comparan con los de otros países europeos (EUR 5.000 millones en Italia contra EUR 60.000 millones en Alemania, EUR 38.000 millones en España, EUR 26.000 millones en Francia y EUR 22.000 millones en el Reino Unido). En segundo lugar, no fortalecerán el sistema de producción. La evasión de impuestos  presenta dimensiones inquietantes en Italia: alrededor del 18% del PBI, lo que significa que se pierde más de 100.000 millones en ingresos cada año8.

Familias: Las medidas más importantes son retribuciones únicas y cheques para familias de bajos ingresos. Todo aumento al ingreso familiar es bienvenido para la familia que lo recibe, pero la suma de EUR 40 al mes (el valor de la llamada “tarjeta social”) no alcanza a cubrir sus gastos ni la protege de problemas actuales ni futuros.

Trabajo: El Gobierno propone ayudas crediticias y fondos de indemnización por despido para las empresas de mayor tamaño. Sin embargo, como el 90% de las firmas italianas son medianas o pequeñas, la mayor parte de las empresas y de los trabajadores no accederá a este beneficio. Es más, el sector que se beneficia en mayor grado es la industria automotriz. El Gobierno debería haber relacionado las transferencias con inversiones en sustentabilidad ambiental e innovación. Además, existen otros sectores, como el de la vestimenta, que requieren ayuda en forma urgente para mantener competitividad.

Bienestar social: No se ha establecido una política para la transferencia de fondos para el bienestar social; el Gobierno está repartiendo dinero sin la implementación de redes de seguridad, políticas laborales activas, inclusión social, promoción, capacitación profesional, etc. Pronto habrá decenas de trabajadores desempleados carentes de estructuras capaces de garantizarles los servicios básicos necesarios para una vida decente. Al mismo tiempo, y para no tener que enfrentar problemas presupuestarios, el Gobierno ha reducido los fondos específicos para las políticas sociales, la autonomía, el transporte público local y la inclusión de inmigrantes.

Economía: Los llamados bonos Tremonti, por el Ministro de Economía y Finanzas, son esencialmente préstamos públicos que pueden utilizar los bancos para fortalecer sus estados financieros. Su objetivo es efectuar un relanzamiento del sistema crediticio, sobre todo para empresas medianas y pequeñas. Los efectos están por verse.

Otras medidas: Los planes gubernamentales para el futuro incluyen el recorte de recursos para la investigación y el desarrollo y las inversiones en energía nuclear. Las medidas que se supone estimularán la demanda se componen de inversiones en el transporte de alta velocidad y el colosal puente sobre el estrecho de Mesina, así como la flexibilización de la legislación ambiental y los permisos para la industria privada de la construcción. Los temas como la energía renovable, o la reducción de emisiones, o los cientos de pequeños proyectos de infraestructura que el país necesita con urgencia no han recibido atención ninguna.

Además de las medidas anticrisis, el Gobierno propone una consulta muy reducida acerca del modelo de bienestar social. El programa incluye propuestas preocupantes, como ser mayor flexibilidad laboral, la adopción de modelos “workfare” (programas de trabajo a cambio de asistencia social), la visión de la inmigración como un problema y no como un recurso, y la falta de reconocimiento para el sector sin fines de lucro como actor esencial del sistema de bienestar social italiano, refiriéndose solo a los voluntarios y pasando por alto el papel de las miles de los emprendimientos sociales existentes.

Propuestas de la Coalición Italiana de Social Watch

A fin de ofrecer una respuesta diferente a la crisis y relanzar la economía del país desde la perspectiva de los más afectados, la Coalición Italiana Social Watch propone una serie de medidas:

Familia y bienestar social: Las palabras clave deberían ser “luchar contra la pobreza y redistribuir los recursos”. Una verdadera política de bienestar social por medio de los beneficios de los servicios públicos para quienes realmente necesitan ayuda, en lugar de transferencias directas de dinero, constituye la herramienta principal para asegurar la redistribución de recursos en la sociedad. El Gobierno, en sus niveles centrales y locales, debe mejorar los servicios básicos, la salud, la asistencia, las guarderías, las escuelas públicas, la inclusión de los inmigrantes y las políticas de vivienda, ya que tales medidas representan la verdadera lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad, así como una política económica contracíclica para trabajar en contra de los impactos de la crisis.

Trabajo: El imperativo moral de todo gobierno es prevenir que las principales consecuencias de la crisis recaigan sobre los trabajadores. Entre las medidas prioritarias se encuentra la defensa de los trabajadores más desprotegidos desde el punto de vista contractual, por medio de la activación de un plan colchón de seguridad social para los trabajadores precarios, así como incentivos para las compañías que decidan retener a sus empleados.

Para dar forma a una economía diferente se necesita apoyo en forma urgente para hacer posible que los sectores de investigación públicos y privados puedan emprender procesos innovadores. Es más, es esencial implementar un plan a gran escala sobre energía renovable para reducir la dependencia de los hidrocarburos, combatir el cambio climático y apoyar los sectores económicos sustentables que miran hacia el futuro.

En respuesta a la crisis, cada vez más propietarios de cuentas bancarias en Italia están incursionando en el mundo de las finanzas éticas. Al cliente que apoya las finanzas éticas le importa cómo se utiliza su dinero, pero también que su banco no quiebre. Es así que muchos bancos en la actualidad están redoblando sus esfuerzos por mejorar su reputación. Volver al mandato original del sistema bancario de sostener la economía real debe constituir un punto de referencia constante en la búsqueda salidas a la crisis.

Desmantelamiento de la AOD

Las directivas 2009–2011 del Ministerio de Relaciones Exteriores para la cooperación para el desarrollo establecen prioridades claras9. África subsahariana recibirá el 50% de la financiación bilateral y se identificarán países prioritarios en todas las regiones. En el centro de la cooperación internacional estarán, en este orden, la agricultura, el agua y el medio ambiente, la salud mundial, la educación y la gobernanza. Los asuntos de género y los derechos de los niños y de las personas con discapacidades se establecen en forma transversal.

Tales temas constituyen el núcleo del programa para el desarrollo de Italia para la reunión del G8 de 2009, de la que es anfitrión10. A despecho de estas ambiciosas afirmaciones, la cooperación para el desarrollo italiana se encuentra en el punto más bajo de su historia. Si la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) se detuvo en el 0,20% del PBI en 200811, según el presupuesto para 2009 los recursos descenderán en un 56%; de EUR 733 millones en 2008 a EUR 322 millones en 2009, y más aún durante los próximos dos años, hasta alcanzar EUR 215 millones en 201112. Tanto las ONG como los analistas consideran que los recursos comprometidos para la AOD para 2009 podrían caer a un nivel tan bajo como el 0,09% del PBI, de no añadirse nuevos recursos13, lo que se aleja mucho, no solo del objetivo general del 0,7%, sino también del compromiso europeo del 0,51% que Italia debería alcanzar para 2010. En camino hacia el G8, Italia también ha intentado poner sobre el tapete un nuevo concepto para la rendición de cuentas de la ayuda, que busca registrar las contribuciones efectuadas por “el sistema italiano en general” (el Estado, las autoridades locales, los actores sin fines de lucro, las fundaciones y las empresas privadas), minimizando así la importancia de la AOD, a fin de esconder la deficiente trayectoria del país en el cumplimiento de sus promesas.
 
Las ONG sufrirán en forma especial las consecuencias de esta tendencia, ya que sus recursos se verán reducidos a la mitad. Además, se han reducido los fondos para las organizaciones internacionales en un 68%, lo que pone en peligro el cumplimiento de la mayor parte de los compromisos italianos con las Naciones Unidas. Corre peligro sobre todo el financiamiento para el Fondo Mundial para combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que el Gobierno promovió en la reunión del G8 de Génova en 2001.

Es más, la escasa ayuda prestada por Italia dista mucho de ser eficiente y sigue estando fuertemente vinculada a la compra de bienes y servicios italianos, como se puso de manifiesto en la reciente evaluación de Ayuda OCDE-CAD por parte de grupos paritarios. Las políticas exteriores italianas requieren una revisión seria. El Gobierno debe comprender el papel fundamental que desempeña la cooperación para el desarrollo en la construcción del buen nombre de un país.

1 Véase: <www.cisl.it/sito.nsf/Documenti/130BF9D1BE670162C125751300380E3D/$File/Industria2008.pdf>.

2 Véase: <www.ires.it/>.

3 CGIA. A disposición en: <www.gazzettino.it/articolo.php?id=49282&sez=REGIONI>.

4 Véase: <www.borsaitaliana.it/chi-siamo/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2008/081230fineanno.htm>.

5 Felice Roberto Pizzuti, sobre datos de COVIP. A disposición en: <www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Se-la-bolla-scoppia-sulle-pensioni>.

6 Associazione Contribuenti Italiani.Sportello Antiusura. Véase: <www.contribuenti.it>.

7 Datos de AMECO, elaborados en Travaglino (2009).

8  Pisani, S. y Polito, C. (ed.). Analisi dell'evasione fondata sui dati IRAP Anni 1998-2002. Agenzia delle Entrate. 2006.

9  Ministerio de Relaciones Exteriores (2008). La cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2009-2011.

10  Véase: <www.g8italia2009.it>.

11 OCDE-CAD. “Ayuda para el desarrollo en su nivel más alto en 2008”, París, 30 de marzo de 2009.

12  La cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2009-2011.

13  Véase: Viciani, I. y de Fraia, L. (ed.). Aiuto pubblico allo sviluppo italiano nel 2009. Previsione dopo la finanziaria. ActionAid. 2009 <www.actionaid.it>.

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KENIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
El capitalismo neoliberal ha perdido la razón de existir. La presente es una crisis estructural de la democracia liberal, pero en Kenia el Gobierno no quiere ver la realidad y hace como el avestruz, que entierra su cabeza en la arena. La élite gobernante sostiene que la crisis es circunstancial y que la economía nacional está suficientemente a salvo por la debilidad de sus lazos con el capital internacional. La sociedad civil keniata sigue advirtiendo que, al contrario de las predicciones del Gobierno, el país está a punto de sumirse en las aguas turbulentas del neoliberalismo.

KENIA

La ortodoxia neoliberal y el juego del avestruz

Social Development Network
Prof. Edward Oyugi
Philip Thigo
SEATINI KENYA
Oduor Ongwen
Kenya Debt Relief Network
Wahu Kaara
BEACON
Rebecca Tanui
Daraja-Civic Initiatives Forum
Don Bonyo
Futa Magendo Chapters
Ayoma Matunga
Mazira Foundation
Eddy Orinda
Haki Elimu
Opiata Odindo
Kenya Land Alliance
Odenda Lumumba
Migori Clan
William Janak
KETAM
James Kamau
Kenya-Cuba Friendship Association
Mwandawiro Mganga
Bunge la Mwananchi
George Nyongesa
ChildFund Africa Region
Andiwo Obondoh
Undugu Society of Kenya
Alloys Opiyo

El capitalismo neoliberal ha perdido la razón de existir. La presente es una crisis estructural de la democracia liberal, pero en Kenia el Gobierno no quiere ver la realidad y hace como el avestruz, que entierra su cabeza en la arena. La élite gobernante sostiene que la crisis es circunstancial y que la economía nacional está suficientemente a salvo por la debilidad de sus lazos con el capital internacional. La sociedad civil keniata sigue advirtiendo que, al contrario de las predicciones del Gobierno, el país está a punto de sumirse en las aguas turbulentas del neoliberalismo.

Treinta años de capitalismo de libre mercado, sin trabas, y basado en el modelo neoliberal ya no pueden ocultar las fallas sistémicas de un sistema cuyo tiempo pasó.

La comoditización y privatización de los activos públicos, hasta ahora considerados esenciales para la prosperidad, llevó a la transferencia de activos de la esfera pública y popular a los dominios privados de las clases privilegiadas. La consiguiente financialización rapaz y especulativa de las transacciones comerciales condujo al aumento pronunciado transacciones financieras diarias en los mercados internacionales, las que pasaron de USD 2.300 millones en 1983 a USD 130.000 millones en 2001. No es de extrañar, entonces, que la desregulación consiguiente permitiera que los sistemas financieros asumieran un papel protagónico en la actividad redistributiva a través de especulación, depredación, fraude descarado y robo. Los planes de estímulo pueden ser pasos técnicos en la dirección correcta, en particular si tienen la virtud de funcionar de abajo hacia arriba y no en el sentido contrario mediante un sistema bancario inerte. Sin embargo, siguen siendo esencialmente acomodos técnicos diseñados para estimular la demanda y conseguir que los consumidores vuelvan a comprar en vez de empoderarlos para cuestionar la tan mentada eficacia del capitalismo neoliberal.

Kenia está más que familiarizada con las promociones de valores, las pirámides financieras (esquema Ponzi), la destrucción de activos estructurados por la inflación que tuvo mucho que ver con el vaciamiento de activos por privatización fraudulenta, la esclavitud de los deudores, las estafas corporativas y el despojamiento descarado de activos, como lo demuestra el caso del vaciamiento desenfrenado al Fondo Nacional de Seguridad Social (FNSS). Esto finalmente condujo a colapsos paraestatales y a la aniquilación de los valores por la manipulación del crédito y las manipulaciones inescrupulosas de personas allegadas al mercado de capital, como Suntra Investments, Nyaga Brokers Ltd., Francis Thuo Ltd. y otros.

El FNSS se creó en 1966 como un fondo previsional obligatorio para todos los trabajadores del país. Aunque tanto los trabajadores como los empleadores contribuyen sólo con KES 400 (USD 5,4) por mes, a fuerza de su tamaño enorme, el Fondo tiene un portafolio acumulado de más de KES 80 mil millones (USD 1.079 millones) o aproximadamente el 8,2% del PIB del país. El Gobierno sigue haciendo uso del Fondo para sus socios cercanos, olvidando que es un plan contractual de ahorro e inversión de apoyo a la jubilación. Originalmente el FNSS fue un departamento dentro del Ministerio de Trabajo, pero en 1987 se convirtió en un ente paraestatal autónomo. Desde entonces los jubilados no han experimentado otra cosa que la melancolía.

Durante la campaña de las primeras elecciones multipartidarias de 1991-1992, el FNSS se usó como la fuente principal de fondos para sobornos destinados a aceitar la maquinaria de campaña del entonces partido gobernante Kenya African National Union (KANU). El dinero de los jubilados se extrajo del Fondo a fin de financiar dudosos negocios inmobiliarios que crearon millonarios de la noche a la mañana entre los jóvenes entonces conocidos como “Juventud para KANU ´92”. El FNSS siguió siendo ordeñado por individuos con conexiones políticas y sólo llegó a los titulares 10 años más tarde, cuando en un acuerdo preelectoral de 2002 perdió KES 256 millones (USD 3,45 millones) por una estafa con el Euro Bank para financiar la campaña presidencial.

Para no perder la costumbre, el FNSS recobró su célebre perfil en una nueva elección. Un lote comercial adyacente al Laico (antes Grand) Regency Hotel, igualmente con su cuota de escándalos, fue vendido a un postor menor. Se supo que el FNSS rechazó una oferta de KES 1.400 millones (USD 18,88 millones) por el lote y aceptó otra de KES 1.300 millones (USD 17,53 millones) después de que el postor menor hubiera ofrecido una coima a los fideicomisarios por un monto de KES 650 millones (USD 8,77 millones). La dirección del Fondo lo negó, pero en julio de 2008 el Ministro del Trabajo disolvió el Directorio y despidió al Fideicomisario Gerente a fin de preparar el terreno para investigar éste y otros escándalos. En septiembre de 2008 se reveló que el FNSS estaba en peligro de perder KES 1.000 millones (USD 13,49 millones) en Discount Security – una firma de corretaje de valores que sufrió un colapso y estuvo asociada con un ex Fideicomisario Gerente del FNSS. La falacia de que el Estado neoliberal debe eludir al mercado por razones de eficacia estratégica se puso al descubierto por el hecho de que, en vez de maximizar su eficacia fuera del mercado, se le adjudicó el papel de agente principal de las políticas redistributivas, invirtiendo el flujo de recursos de la clase alta a la baja que sólo pueden estar asociados con la era del liberalismo enraizado; subsidiando eficazmente a los ricos de la sociedad a través de prácticas confiscatorias deflacionarias1.

Guante de seda para los criminales

En ninguna parte más crudamente esto se manifiesta que en el fraude público de la Oferta Pública Inicial (OPI) de las acciones de Safaricom. A pesar del desacuerdo de las organizaciones de vigilancia de la sociedad civil y del Movimiento Democrático Naranja – el principal socio de la coalición en la administración Kibaki – el Gobierno de Kenia decidió deshacerse del 25% de sus acciones en Safaricom, una compañía de telefonía móvil, para recaudar los KES 50 mil millones (USD 674 millones) necesarios para cubrir su déficit presupuestario.

Surgen aquí dos preocupaciones. Primero, ¿cómo es posible que una compañía anónima y extranjera, conocida como Mobitelea, posea el 10% y luego el 5% de una empresa pública de Kenia y, más desconcertante aun, cómo es que esta compañía extranjera nunca pagó ni un centavo para tener acciones en Safaricom? Segundo, cuando el Gobierno ofreció desprenderse del 25% de sus acciones en Safaricom, se le hizo creer al público que esas acciones harían a esa empresa de propiedad pública. Sin embargo, cuando Safaricom se puso finalmente a la venta, la ciudadanía no tuvo el derecho de tener primera opción a dar una respuesta negativa. Tuvieron que competir con el resto de África Oriental mientras que un enorme 35% del 25% de las acciones del Gobierno en oferta se había reservado para algunos inversionistas extranjeros anónimos. Se cree que estos inversionistas son oligarcas locales con intereses sustanciales en compañías offshore. Como si la estafa no fuera suficiente, la OPI (la primera oferta al público de acciones de la compañía en la bolsa) se sobrevendió groseramente. Al final, los corredores de bolsa de Safaricom tuvieron que reembolsar la enorme cantidad de KES 236 mil millones (USD 3.183 millones), de los cuales KES 119 mil millones (USD 1.605 millones) correspondían a la población local. Cerca de un año después, la mayoría de los candidatos (de la cual una enorme mayoría es gente común que consiguió préstamos bancarios) aún no recibió sus reembolsos mientras las acciones de Safaricom cayeron en más del 50% en la semana del 9 de marzo de 2009.

En el pasado reciente, la Bolsa de Nairobi fue testigo de un repentino aumento de corredores deshonestos. En menos de dos años, cuatro de esas firmas debieron cerrar luego de descubrirse actividades fraudulentas y robo descarado de los fondos de inversión de los clientes. La primera en salir a luz fue la Francis Thuo Stock Brokers, que recibió una suspensión de la Bolsa en 2007. Debe destacarse que el dueño, Francis Thuo, fue presidente de la Bolsa por mucho tiempo. Al mismo tiempo en que se suspendía a esta empresa, se presentaron varias quejas contra otra firma – Nyaga Stock Brokers – ante la Autoridad del Mercado de Capital (AMC), el organismo regulador. Pero nada se hizo. Finalmente, en marzo de 2008 la prensa local publicó que el capital operativo de Nyaga no sólo era negativo sino que también la empresa había estado usando las ganancias obtenidas de comerciar ilegalmente con las acciones de los clientes para apuntalar su capital operativo. La Bolsa fingió sorpresa y rápidamente creó un paquete de rescate de KES 100 millones (USD 1,4 millones) para proteger a los clientes afectados. Luego el tema se barrió debajo de alfombra. Hasta ahora nadie en Nyaga o en Francis Thuo ha enfrentado acusaciones criminales.

En rápida sucesión, Discount Securities y Suntra Investments han seguido el mismo camino. El tratamiento de guante de seda acordado a estas empresas delincuentes no sólo avala la naturaleza desenfrenada de las malas prácticas de la Bolsa, sino, más importante aun, el abuso del tan mentado mercado libre y eficiente. Una sección de la sociedad civil exige sin descanso que un mercado que maneja fondos públicos de esta magnitud necesita un regulador fuerte, eficiente e independiente. La AMC no califica: está obsesionada con el mantenimiento del status quo, dejando a los agentes de bolsa deshonestos mantener el control con sus perpetuos juegos y manipulaciones de poder.

En los últimos 20 años, no menos de 20 bancos comerciales privados se declararon en bancarrota con las fortunas de los depositantes – principalmente las de jubilados y ahorristas de sector informal – estimadas en KES 70.000 millones (USD 944 millones). Entre los bancos privados e instituciones financieras que sufrieron un colapso con los fondos de los depositantes se encuentran: Rural Urban Finance Company, Jimba Credit Finance (de propiedad de la Bolsa de Nairobi, Jimna Mbaru), Trade Bank, Trust Bank, Continental Bank (de propiedad de personas allegadas al presidente Kibaki) y Euro Bank. En Kenia, estos delincuentes siguen siendo designados a altos cargos públicos. El 16 de diciembre de 2008 – en el medio de la creciente crisis financiera mundial – el Gabinete acordó privatizar más instituciones financieras, incluyendo el National Bank of Kenya y el Consolidated Bank.

El juego del avestruz

Mientras surgen cada vez más dudas sobre la eficacia inmutable de las fuerzas del mercado en las principales economías capitalistas, las economías del Sur – sus clientes – todavía se niegan a ver la realidad y mantienen una fe ingenua en la naturaleza cíclica de las crisis capitalistas. Cuando los principios económicos que alimentan las economías de libre mercado comenzaron a derrumbarse, la élite política keniata, como el legendario avestruz de desierto, enterró su cabeza en la arena, esperando que pasara la crisis. Frente a este silencio, las organizaciones de la sociedad civil advierten que el barco económico de Kenia hace agua y las medidas de rescate son urgentes.

Las oportunidades de movilizar el desacuerdo crecen, y deben tomarse antes de que el país experimente un resurgimiento neoconservador. Mientras tanto, es importante rechazar la ilusión de que las economías del Sur estarán protegidas del colapso, por no estar totalmente integradas a la economía capitalista global y que pueden incluso beneficiarse gracias a la escalada de la demanda interna. Confunden el  descenso cíclico (aunque severo) de las fortunas históricas del capitalismo con su crisis fundamental. La élite gobernante keniata sigue sin percatarse del desastre inminente: inseguridad alimentaria masiva, desastre ambiental en ciernes (en el Bosque Mau, el Monte Kenia, el Lago Victoria, etc.), desempleo/subempleo, escalada de delitos, disparidad entre ricos y pobres, disminución del turismo y del volumen de remesas del exterior.

En vez de tener cuidado, la reciente Conferencia Nacional “La Kenia Que Queremos”, así como el actual instrumento político para convertir a Kenia en una economía de ingresos medios para 2030 (“Visión 2030”), siguen adhiriendo al ya totalmente desacreditado Consenso de Washington. Incluso cuando las economías occidentales inyectan nuevos fondos de rescate masivo en sus instituciones financieras, y en algunos casos nacionalizan de nuevo sus bancos, el Parlamento keniata está legislando la privatización de los pocos activos sociales estratégicos restantes a fin de proporcionar una única inyección de ingresos al gobierno2.

Es poco probable que los paquetes de estímulo y rescate preferidos por los gobiernos occidentales marquen una diferencia significativa, más allá de armonizar las respuestas a la crisis del Gobierno y las empresas. Como medidas provisorias, esos paquetes sólo pueden retrasar lo inevitable. Sin democratizar la propiedad de los medios de producción y sin reforzar los mecanismos internos de la economía nacional, la iniciativa de rediseño global de Klaus Schwab, lanzada en Davos en febrero de 2009, hará poco para resolver la crisis. Ante tal situación, incluso los tratados comerciales actualmente en discusión, como los Acuerdo de Asociación Económica (AAE) deben ser renegociados.

A menudo, un momento épico en la historia de la práctica social es catalizado por catástrofes como la que estamos experimentando, en particular las que permiten cambios fundamentales de actitudes y conductas sociales. Los signos de las dificultades del capitalismo se venían notando desde hace mucho tiempo, con avances graduales. Ahora son obvios. El sistema capitalista mundial ya no merece ninguna reconversión. Demanda una reconstrucción por nuevos actores favorecidos por la historia. Ésta es la crisis de la democracia liberal, que ha fracasado en su intento de brindar justicia económica y equidad.

1 Ver: Wade, R. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press, 1992.

2 Organizaciones que serán privatizadas: Compañía de Generación de Electricidad de Kenia (KENGEN); Kenya Pipeline Company; Compañía Azucarera Chemelil; Compañía Azucarera Sony; Compañía Azucarera Nzoia; Compañía Azucarera Miwani; Compañía Azucarera Muhoroni; Autoridad para el Desarrollo del Turismo de Kenia y algunos hoteles; Banco Nacional de Kenia; Consolidated Bank; Banco de Desarrollo de Kenia; Kenya Wine Agencies Ltd; East African Portland Cement Company; Comisión de la Carne de Kenia; New Kenya Cooperative Creameries; Autoridad Portuaria de Kenia, por vía de una terminal de contenedores en Eldoret, la tercerización de los servicios de estiba y la construcción de nuevos amarres.

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LÍBANO

Publication_year: 
2009
Summary: 
La crisis económica y financiera mundial es un creciente foco de atención en los discursos oficiales porque el Gobierno ha llegado a la conclusión de que, a menos que se aborde con responsabilidad y seriedad, los impactos serán severos. Aunque aún no se sienten los efectos directos de la crisis en el país, la naturaleza de la economía la vuelve muy vulnerable. Sin embargo, aunque sea necesario un diálogo nacional, el Gobierno no ha realizado consultas con las ONG u otros organismos interesados.

No hay diálogo sobre la crisis

Arab NGO Network for Development (ANND)
Ziad Abdel-Samad, Director Ejecutivo

La crisis económica y financiera mundial es un creciente foco de atención en los discursos oficiales porque el Gobierno ha llegado a la conclusión de que, a menos que se aborde con responsabilidad y seriedad, los impactos serán severos. Aunque aún no se sienten los efectos directos de la crisis en el país, la naturaleza de la economía la vuelve muy vulnerable. Sin embargo, aunque sea necesario un diálogo nacional, el Gobierno no ha realizado consultas con las ONG u otros organismos interesados.

Indicadores positivos marcaron el fin de 2008 en Líbano a pesar de la crisis financiera mundial. De hecho, según el Banco Central del Líbano y la Corporación Financiera Internacional, el país experimentó un crecimiento de 8%, impulsado principalmente por los sectores inmobiliario, de la construcción, turístico y servicios financieros (banca). El factor que más aportó continuó siendo el de las remesas de los trabajadores. Éstas, con un monto aproximado de USD 8 mil millones, fueron equivalentes a más del 10% de los depósitos totales en los bancos comerciales y de inversión del país. Además, la relación de la deuda frente al PIB cayó desde 180% a 162%1.

Las razones por las cuales hasta ahora el Líbano ha sentido apenas los efectos de la crisis, son el pequeño tamaño de su economía, sector financiero y operaciones; las modestas tasas de crecimiento que se registraron en años anteriores; la buena situación del sector bancario, que cuenta con una solvencia de USD 95 mil millones – 322% del PIB– y está regulado firmemente por el Banco Central; y la ayuda externa, que contribuye a superar los retos económicos y financieros del país.

Sin embargo, la economía presenta desequilibrios estructurales múltiples que la vuelven vulnerable a las repercusiones de la crisis, incluyendo un déficit presupuestario de 30%, un déficit de dos tercios de la balanza de pagos, la relación deuda/PIB de 162% ya mencionada, y una tasa de inflación por encima de 10%. Para el año próximo, se espera que las remesas disminuyan y, al mismo tiempo, la migración inversa se traducirá en una mayor demanda de empleos. La crisis mundial ya ha comenzado a afectar a los países del Golfo, en particular a Emiratos Árabes Unidos.

Dado este contexto, las predicciones más optimistas (del Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Hacienda) no esperan un crecimiento de más de 5% para 2009. También esperan que la relación deuda/PIB aumente debido al déficit presupuestario y la necesidad de obtener nuevos préstamos para cubrir gastos. El Ministerio de Hacienda estima un aumento de la deuda pública de USD 4 mil millones.

Además, la profundización de la crisis global causará un declive de las inversiones y de la inversión directa extranjera (IED) entre los países árabes, así como una reducción de los montos de la ayuda prometida en la conferencia de donantes de París de enero de 2007 (conocida como París III)2. Aunque el sector bancario sea el motor principal de la economía libanesa, puede perder su capacidad de recuperación debido a la crisis de confianza en los mercados financieros y sus relaciones con los bancos internacionales y regionales3.

Escenario económico y social

El informe del PNUD “Pobreza creciente y distribución de ingresos en Líbano” indica que el 28,5% de la ciudadanía vive por debajo del umbral superior de la pobreza y el 8,1% bajo el umbral inferior4, lo cual revela un gran desequilibrio en la distribución geográfica de la pobreza, que está concentrada en las áreas rurales y en la periferia de las principales ciudades. Esto se confirma aun más por un coeficiente GINI libanés de 0,375. Las causas fundamentales son las políticas económicas adoptadas por los sucesivos gobiernos – la más destacable de las cuales es la búsqueda del crecimiento mediante la atracción de IED y la creación de un paraíso fiscal. Mientras tanto, se pasaron por alto las políticas orientadas a redistribuir justamente los dividendos del crecimiento a través de una estructura fiscal equilibrada y la prestación de servicios básicos.

Las autoridades libanesas, incluyendo al Primer Ministro, promueven el sistema de mercado sin mencionar el papel que le corresponde al Gobierno de monitorear los mecanismos del mercado y alentar las inversiones en sectores productivos o generadores de empleo5. Los inversionistas se concentraron en la construcción, los bienes inmuebles y las finanzas mientras que descuidaban la industria y la agricultura.

Debería mencionarse que el fallecido ministro de Industria, Pierre El Gemayel6, hizo llegar una propuesta al Gabinete en 2006 llamada “Industria para la Juventud 2010”. Este plan de 10 años tenía el objetivo de impulsar y fortalecer el sector, enfatizando su papel clave en la promoción del crecimiento económico y la creación de empleos7; destacaba la necesidad de un compromiso nacional hacia el desarrollo de la industria y denunciaba la falta de coherencia de las políticas nacionales. El Gobierno, sin embargo, no puso en práctica el plan. Como resultado, la economía se orientó, cada vez más, hacia los servicios financieros y bancarios y hacia una economía de rentas, mientras las inversiones en los sectores productivos brillaban por su ausencia.

El plan del Gobierno

Varios meses después de que comenzara la crisis financiera – y con muchas advertencias sobre sus impactos nacionales, regionales y mundiales – el Gobierno finalmente comprendió la magnitud del problema y presentó un plan preventivo de dos años a fin de amortiguar sus efectos en la economía nacional. El plan gira en torno a tres puntos principales: (1) inyectar liquidez en los mercados a través de un aumento de salarios públicos y privados y comenzar proyectos de construcción e infraestructura por medio del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción (CDR)8 y otras agencias gubernamentales; (2) activar los proyectos necesarios para obtener los fondos prometidos en la conferencia París III; y (3) alentar las inversiones y estimular al sector privado por medio de rebajas de impuestos y tarifas, así como por el establecimiento de tres zonas francas en diferentes regiones del país.

Sin embargo, este conjunto de medidas no logra componer un plan nacional integral como el que requiere un reto de esta magnitud. Los proyectos del Gobierno de inyectar liquidez en la economía ascienden al 10% del PIB, en consonancia con las medidas adoptadas por los países industrializados para afrontar la crisis9, pero el déficit presupuestario acumulado limita su capacidad de gastar. En consecuencia, tendrá que recurrir al préstamo, lo que aumentará la deuda pública y el servicio de la deuda.

Además, aunque los planes del Gobierno incluyen un aumento de salarios y la renuncia a las cargas por seguridad social como incentivo para nuevos inversionistas, estas medidas no demuestran su voluntad de desempeñar un papel en la estimulación de la economía. El aumento simplemente elimina un congelamiento de salarios que duró más de una década. El plan también confía en una caída de los precios del petróleo, que conllevaría una reducción de costos en la producción de electricidad y el transporte público. Además, la renuncia a las cargas de seguridad social va en desmedro de los derechos de los trabajadores a la protección social, especialmente porque el déficit presupuestario del Fondo Nacional de Seguridad Social amenaza su capacidad de cumplir con las necesidades de los beneficiarios. La inyección de liquidez, el aumento de la deuda pública y la disminución de las remesas producirán una mayor presión en la economía y en las finanzas públicas10

Además, aunque el Gobierno confía en la agenda de París III como base de su plan de trabajo, en principio ésta se formuló como una serie de medidas para reducir, por una parte, la deuda mediante la contención de gastos y el aumento de ingresos y, por otra, el servicio de la deuda a través de la privatización de los sectores de telecomunicaciones y energía. A fin de aumentar los ingresos, el plan procura incrementar el IVA y los impuestos a otros productos de consumo. En el plano de los servicios básicos, París III fue la primera de las conferencias de los “Amigos de Líbano” para abordar los aspectos sociales; sin embargo, las soluciones propuestas se reducen a unos pocos programas basados en redes de protección social y no en una estrategia nacional para el desarrollo social. Vale la pena destacar que París III mencionó de hecho la necesidad de reformas administrativas en la administración pública y ministerios.

Tanto el Primer Ministro como el ministro de Hacienda han reconocido los impactos negativos que se esperan de la crisis mundial y la necesidad de proteger la economía nacional11. Sin embargo, como respuesta, repiten su compromiso de llevar a cabo la agenda de París III sin encarar revisión alguna o reconsiderar las medidas que ella promovió. Aunque en teoría la agenda estaba diseñada para asumir los desafíos financieros y económicos de Líbano, en la práctica acelera los procedimientos necesarios para que el país se afilie a la Organización Mundial del Comercio (OMC), especialmente cuando ésta está llegando a las etapas finales de la ronda bilateral y multilateral de negociaciones sobre servicios y productos agrícolas y no agrícolas.

El Gobierno deberá revaluar la agenda de París III, incluyendo el alcance de las medidas desregulatorias que emprende y las exigencias relativas a la OMC. Debería revisar y ampliar las consideraciones sociales de su plan y los mecanismos para apoyar la economía, invirtiendo en los sectores productivos y abordando el nivel de monopolización del mercado nacional que dificulta el surgimiento de nuevos empresarios y pequeñas y medianas empresas12

El papel de la sociedad civil

El Foro de Alto Nivel III sobre la Eficacia de la Ayuda, llevado a cabo en Accra en 2008, destacó el principio de “apropiación democrática”. Esto debería reflejarse en procesos de consulta nacionales que incluyan a representantes de la sociedad civil en la formulación de estrategias nacionales y en la definición de prioridades para encarar los desafíos económicos y financieros y las necesidades sociales del país.

A su vez, la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar en Doha en noviembre de 2008 resaltó la necesidad de los aportes de la sociedad civil en la formulación y adopción de políticas nacionales para el desarrollo económico y social. Subrayó, además, el importante vínculo entre democracia, desarrollo social y participación activa de la sociedad civil. También concluyó que los países en desarrollo serían especialmente vulnerables a la crisis mundial si no revalúan sus políticas actuales, establecen objetivos y desarrollan una acción colectiva y responsable para alcanzarlos.

Las organizaciones de sociedad civil (OSC) desempeñan un papel importante en la formulación de estrategias de desarrollo sensatas que responden a las prioridades y los derechos de las comunidades locales. Su trabajo de activismo brinda valor agregado al proceso de adopción de políticas económicas, financieras y sociales adecuadas y al monitoreo de su impacto. Las OSC actúan en favor de leyes que protejan los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Su lucha constante por monitorear, por ejemplo, la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención sobre los Derechos del Niño, ha sabido de éxitos. Además, y entre muchos otros ejemplos exitosos, las OSC han hecho importantes aportes a la reforma de leyes electorales parlamentarias y municipales y en la formulación de muchas leyes anticorrupción.

En Líbano, los mecanismos de consulta para la formulación de políticas entre el Gobierno y OSC no son eficaces. Sin embargo, las OSC son buenos socios  para la prestación de servicios sociales, ya sea en forma particular, brindando servicios a través de centros diseminados por todo el país, o en asociación con instituciones del sector público. Por el contrario, en cuanto a las actividades de cabildeo para lograr reformas económicas y financieras, las OSC no son muy activas, principalmente debido a su inexperiencia en este campo. Ya que esto se está convirtiendo en un proceso muy importante, las OSC deben involucrarse más y desarrollar estrategias y objetivos claros para una labor de activismo exitosa.

En un momento en que lograr los desafíos requiere de la convergencia de esfuerzos para establecer alianzas nacionales y regionales, algunas OSC han intentado comenzar un diálogo sobre la crisis, sus causas y consecuencias y las formas de abordarla. No obstante, el Gobierno persiste en ignorar estos esfuerzos y en tomar decisiones sin realizar consultas efectivas con los diferentes actores de la sociedad.

1 Ministerio de Hacienda. Debt And Debt Markets, 7, Cuarto trimestre, 2008.

2 París III es la tercera de las “Conferencias de Amigos del Líbano para la Inversión y el Financiamiento”, que se llevaron a cabo en París en febrero de 2001, noviembre de 2002 y enero de 2007. La última se celebró algunos meses después de la guerra de Israel contra el Líbano en 2006; su programa se articuló en torno a tres objetivos principales: (1) dar respuesta a los resultados de la guerra israelí en cuanto a rehabilitación y reconstrucción, (2) responder a la crisis económica y financiera que estaba enfrentando el Líbano, (3) adoptar el Plan de Acción Social presentado por el Gobierno libanés. ANND analizó el documento de París III en el informe nacional incluido en Social Watch 2007.

3 Hamdan, K. (2008). “Primary Reading in the Implications of the Financial and Economic Crisis”. Al-Safir, N° 11146, 10 de noviembre.

4 Laithy, H., Abu-Ismail, K. y Hamdan, K. (2008). Poverty Growth and Income Distribution in Lebanon. IPC Country Study N° 13. Brasilia: International Poverty Centre (IPC) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

5 Más recientemente, en su discurso de apertura ante el 17° Foro Económico Árabe celebrado en Beirut del 2 al 3 de abril de 2009, el Primer Ministro Fouad Siniora subrayó la ausencia de alternativas a la economía de mercado.

6 Gemayel fue asesinado en Beirut, en noviembre de 2006.

7 Ver: <www.industry.gov.lb>.

8 El CDR es una estructura autónoma responsable por la planificación e implementación de grandes proyectos de infraestructura en todo el país. Funciona bajo supervisión directa del Primer Ministro.

9 Iskandar, M. “Mr. Prime Minister, Your Plan 2009–2010 is Not Convincing”. Al-Nahar, N° 23612, 15 de febrero de 2009.

10 El Ministerio de Hacienda estima que el costo de esta política significará un aumento de la deuda pública de USD 4.000 millones.

11 El primer ministro actual fue ministro de Hacienda en 1992-1998 y 2000-2004. El ministro de Hacienda actual trabajó en el FMI antes de convertirse en el asesor principal del Primer Ministro en 2005; asumió su cargo en junio de 2008.

12 Hamdan, K. “Primary Reading in the Implications of the Financial and Economic Crisis”. Al-Safir, N° 11146, 10 de noviembre de 2008.

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MARRUECOS

Publication_year: 
2009
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La fuerte dependencia de Marruecos respecto a la economía mundial lo ha vuelto vulnerable a la crisis. La caída en la demanda de las exportaciones marroquíes, la fuerte disminución en el monto de las remesas y un severo proceso inflacionario son algunos de los efectos más notorios de la crisis. El escaso éxito de las políticas “anticrisis” impulsadas por el Gobierno agrava la situación e incrementa la inestabilidad social. Desde los gremios y la sociedad civil, surgen nuevas propuestas para crear las condiciones para un modelo económico y social más justo.

MARRUECOS

Impactos directos, respuestas débiles

Espace Associatif1

La fuerte dependencia de Marruecos respecto a la economía mundial lo ha vuelto vulnerable a la crisis. La caída en la demanda de las exportaciones marroquíes, la fuerte disminución en el monto de las remesas y un severo proceso inflacionario son algunos de los efectos más notorios de la crisis. El escaso éxito de las políticas “anticrisis” impulsadas por el Gobierno agrava la situación e incrementa la inestabilidad social. Desde los gremios y la sociedad civil, surgen nuevas propuestas para crear las condiciones para un modelo económico y social más justo.

Si bien el impacto de la crisis sistémica es evidente a nivel económico, esto no debe ocultar el costo social y humano, que podría llegar a ser elevado, si bien resulta difícil de evaluar por al menos dos razones: la primera es que los efectos negativos de la crisis mundial sobre la economía marroquí apenas están en sus comienzos y corren el riesgo de intensificarse en el futuro próximo, con consecuencias sociales cada vez más importantes. La segunda reside en el que, de momento, no hay datos oficiales fiables, desagregados y disponibles sobre los impactos sociales.

La cara social de la crisis

El impacto social va a hacerse sentir a través de varios canales de transmisión de carácter macroeconómico. De acuerdo a las previsiones de crecimiento económico para el año 2009, las actividades no agrícolas van a registrar una neta disminución (3,9% en 2009 contra un 5% en 2008 según el Alto Comisariato de Planificación (ACP), a raíz de la recesión mundial que bajará la demanda mundial de productos marroquíes en un 1,2% en 2009, después de haber crecido un 2% en 2008. Las exportaciones bajaron un 31,8% en enero-febrero de 2009, en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el costo de las importaciones retrocedió un 15,7% como consecuencia de la baja de los precios de las materias primas durante los últimos meses. Los ingresos turísticos y las inversiones extranjeras retrocedieron respectivamente un 25,5% y un 71,9% entre enero-febrero de 2008 y el mismo período de 2009.

El impacto en el empleo ya se hace sentir. Por ejemplo, desde hace algunos meses se asiste en la industria textil y de confección al despido de millares de obreros – en particular mujeres –, así como a importantes reducciones en el horario de trabajo. Del mismo modo, varias empresas comienzan a considerar reducciones salariales, de promoción de su personal y de las primas por capacitación, así como el recorte de los presupuestos de formación. Otros abandonan los proyectos de contratación y/o privilegian los contratos de empleos de duración limitada.

Otra importante vía de transmisión de la crisis a los hogares pobres es la de las remesas enviadas por marroquíes residentes en el extranjero (MRE), que en 2008 representaban más del 8% del PIB de Marruecos. Según algunos estudios, estas transferencias contribuyeron a hacer retroceder el porcentaje de pobreza en 4,2 puntos porcentuales, reduciéndolo, de 23% a finales de los años 1990, a 19% en la actualidad. Ahora bien, los envíos del MRE cayeron alrededor de un 15%, pasando de MAD 8.200 millones (unos USD 1.020 millones) en enero-febrero de 2008, a un poco más de MAD 7.000 millones (USD 870 millones) para el mismo período del año 2009. Debería entonces esperarse una reducción importante de las fuentes de ingresos y del poder adquisitivo de las familias de los emigrantes marroquíes, que pertenecen, en su mayoría, a las capas más pobres de la población. El impacto negativo de la reducción de las transferencias de MRE corre el riesgo de hacerse sentir también en el sector inmobiliario que emplea a millares de marroquíes en numerosas regiones del país, en particular en la parte Oriental2.

Por otra parte, la crisis debería traducirse en un aumento del desempleo entre algunos MRE, que corren el riesgo por lo tanto de caer en la pobreza. En España, por ejemplo, dónde la primera comunidad extranjera, fuera de las de los países de la UE, es la marroquí, la tasa de desempleo es de más de 21% entre MRE contra un 14% entre los españoles. Debe esperarse, además, un aumento de la violencia y los actos racistas y xenófobos contra extranjeros de origen magrebí en varios países de Europa.

El tercer vector de debilitamiento de los estratos sociales vulnerables de la población es la inflación, cuya tasa ha aumentado severamente durante los dos últimos años, pasando de un nivel promedio inferior al 2% durante el período 1996-2007 al 3,9% en 2008. De todos modos, esta tasa oculta la amplitud del alza de los productos de primera necesidad durante los dos últimos años (ver cuadro). El impacto de estas alzas será más perjudicial para los estratos sociales desfavorecidos, entre quienes los productos alimenticios básicos (tales como, entre otros, cereales, azúcar y aceite de mesa) representan más del 50% del presupuesto familiar3.

Por consiguiente, la pérdida de poder adquisitivo habrá de traducirse en una reducción de la calidad y cantidad de los alimentos consumidos y/o en el sacrificio de otros tipos de gasto (en educación, salud y transporte, por ejemplo). Los niños, las embarazadas y las madres de lactantes corren especial riesgo de verse afectados. Por otra parte, se corre el riesgo de que persista el problema crónico de desnutrición debido a la falta de micronutrientes – como vitaminas y sustancias minerales – que padece cerca de un tercio de la población, especialmente los niños menores de 3 años y las mujeres.

Crisis energética y medioambiental

La crisis energética incrementó las dificultades en la vida diaria de las capas desfavorecidas, e incluso de las medias, en particular por el aumento de las tarifas de agua, electricidad y saneamiento, así como por el alza en el precio de los transportes públicos: éstos representan cerca de un 15% del Salario Mínimo Interprofesional Garantizado.

La crisis medioambiental, causada por la presión demográfica y un modelo de desarrollo orientado hacia el crecimiento y la urbanización, amenaza agotar los recursos así como degradar los medios de vida y condiciones higiénicas. Un buen ejemplo de estos peligros fueron las recientes inundaciones, diluvios y caídas de nieve que últimamente han afectado varias regiones del país, matando a más de cuarenta personas y exponiendo a millares a la indigencia total y a la pobreza.

En conclusión, el impacto de la crisis multilateral del capitalismo neoliberal pone en riesgo la realización de los derechos económicos y sociales, en particular, el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud y al acceso al agua, así como el derecho a la movilidad. Por otra parte, nuevas franjas de la población corren riesgo de caer en estado de pobreza. Es decir que la realización en Marruecos de los Objetivos del Milenio puede verse fuertemente comprometida en caso de que la crisis actual persista y empeore.

Las medidas del Gobierno en respuesta a la crisis

Para hacer frente a la crisis, el Gobierno ha tomado medidas para ayudar a algunos sectores especialmente expuestos, como el textil y el de la vestimenta, el cuero y los equipamientos de automóviles. Este plan anticrisis se desarrolla en tres dimensiones:

  • En la social, el Estado asume el 100% de las cotizaciones patronales a la Caja Nacional de Seguridad Social, contra el compromiso de las empresas exportadoras beneficiarias de comprometerse a mantener su personal;
  • en la financiera, se instaura un mecanismo de garantía, por la Caja Central de Garantía en favor de las empresas exportadoras, del acceso al crédito de explotación y aplazamiento de los vencimientos de 2009 para los créditos de inversión, y
  • en la comercial, el Estado asume el 80% de los gastos de las misiones comerciales o de diversificación de mercados.

A nivel social, y para limitar el impacto negativo del alza mundial de los precios de los productos básicos en la población, el Gobierno tomó las siguientes medidas: aumentó la dotación de la Caja de Compensación destinada a los productos subvencionados, suspendió provisoriamente los impuestos sobre las importaciones de trigo, y aumentó levemente el salario horario mínimo.

De la dimensión social del plan anticrisis se favorecieron los exportadores de sector textil y de la vestimenta, sin que eso evitara reducciones salariales de los trabajadores o de su carga horaria. Por el contrario, las medidas financieras y comerciales tuvieron muy escaso efecto a causa de la reticencia de los bancos y del bajo dinamismo de las empresas exportadoras. Los despidos y restricciones de las condiciones de trabajo afectan por otra parte a varios sectores que apenas están cubiertos en dicho plan (entre otros, el turismo, la agricultura orientada a la exportación y la construcción). Las supuestas medidas de carácter social apenas impidieron el alza de los precios de los productos de primera necesidad, la mayoría de ellos liberalizados, mientras que el aumento del salario mínimo apenas compensó el alza del costo de vida. De ahí una neta pérdida del poder adquisitivo para millares de trabajadores y trabajadoras. Se podría concluir que el Gobierno continúa estando más motivado a proteger el capital que a defender os derechos económicos y sociales de los estratos sociales desfavorecidos.

Reacciones desde la sociedad civil

En estas condiciones, no llama la atención que se asista a un recrudecimiento de las luchas sindicales y sociales. Estas últimas son conducidas por los sindicatos, por algunas asociaciones de la sociedad civil, y por coaliciones de ambos grupos, a los cuales se suman miembros de partidos políticos de izquierda, etc. La renovada combatividad de los sindicatos se explica por el deterioro de los derechos económicos y sociales y por el fracaso del diálogo social a raíz de la negativa del Gobierno de satisfacer los reclamos sindicales de revalorización de los salarios y subsidios familiares, de las promociones en la función pública, del cumplimiento de las libertades sindicales y del derecho a la huelga y al desarrollo a la protección social.

Hasta ahora, se han tomado diversas acciones colectivas, en particular, huelgas sectoriales (educación, salud, colectividades locales, etc.) así como una huelga general. Entre otros movimientos sociales especialmente dinámicos, conviene citar las distintas luchas impulsadas por las “Coordinadoras contra la carestía de vida”, así como por las “Asociaciones Nacionales de profesionales desempleados”. Se desplegaron varias estrategias de acción colectiva: sentadas, marchas populares espontáneas, días de movilización nacional contra la pobreza, etc. Las reivindicaciones se refieren al cese del alza de los precios, el mantenimiento de la Caja de Compensación, la aplicación de la escala móvil de los salarios, a la puesta a nivel de los servicios públicos y al cese de las privatizaciones de los controles de distribución de agua y electricidad, al derecho a trabajar en la función pública. El Gobierno ha reprimido algunas manifestaciones con mano dura, tal como ocurrió en las de las ciudades de Sefrou y Sidi Ifni. Sin embargo un cierto ahogo comienza a marcar la acción de estos movimientos, así como disensiones internas, escasas acciones de proximidad frente a las poblaciones vulnerables y ausencia de perspectivas políticas.

Esto no significa que no estén surgiendo propuestas alternativas para hacer frente a la crisis y promover los derechos económicos y sociales de las clases sociales desfavorecidas. A partir del principio de que son los Estados quienes garantizan los derechos económicos y sociales, los movimientos sociales proponen la creación de una caja de seguro contra el desempleo, la defensa y democratización del servicio público, la lucha contra los monopolios y las rentas de situación, la instauración de una renta mínima garantizada, la creación de células de control del impacto social de la crisis destinadas a abastecer a la sociedad civil de datos e información con el fin de sensibilizar a la opinión pública y de movilizar a las poblaciones vulnerables. A largo plazo, se trata de rehabilitar el papel central del Estado democrático en la promoción de los derechos económicos y sociales, a través de la creación de una relación de fuerzas ciudadana en favor de un nuevo modelo económico y social basado en la justicia social, la prioridad de la satisfacción de las necesidades básicas, la soberanía alimentaria, la economía social, la protección del medio ambiente y la diversidad cultural.

1 Participantes en este informe: Asociaciones, sindicatos, investigadores y representantes de los movimientos sociales y de Espace Associatif. La  dirección  de  la redacción fue llevada adelante por Said Saadi (universitario y actor asociacionista).

2 Bourchachen, J. “Apports des transferts des résidents à l’étranger à la réduction de la pauvreté: cas du Maroc”, SessionI-Pa 5c, Montreux, Septiembre de 2000.

3 HCP. Journée africaine de la statistique on “Défis de la hausse des prix des denrées alimentaires”. Rabat, 2009.

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MOLDOVA

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2009
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Moldova está viviendo tiempos turbulentos. Antes de las elecciones de abril, el gobernante Partido Comunista minimizó los efectos de la crisis financiera, aunque los expertos habían declarado que los países para los cuales las remesas constituyen un tercio del PIB, como Moldova, serían los más vulnerables. Una vez concluidas las elecciones, sin embargo, el Gobierno comenzó a referirse a la crisis como una “catástrofe”. Aun así, las medidas que promueve en respuesta no dan en el clavo.

Hay crisis, después de todo

Partnership for Development Center
Diana Mocanu

Moldova está viviendo tiempos turbulentos. Antes de las elecciones de abril, el gobernante Partido Comunista minimizó los efectos de la crisis financiera, aunque los expertos habían declarado que los países para los cuales las remesas constituyen un tercio del PIB, como Moldova, serían los más vulnerables. Una vez concluidas las elecciones, sin embargo, el Gobierno comenzó a referirse a la crisis como una “catástrofe”. Aun así, las medidas que promueve en respuesta no dan en el clavo.

Actualmente, Moldova está viviendo tiempos políticos tempestuosos. En abril de 2009, cuando el gobernante Partido Comunista de la República de Moldova (PCRM) ganó las elecciones parlamentarias, miles de manifestantes tomaron las calles alegando fraude, se enfrentaron con la policía y saquearon el Parlamento. El Gobierno afirmó que la disputa de los resultados electorales era un intento de golpe encubierto, organizado con la participación de Rumania. Más tarde, después de las elecciones presidenciales de junio, el presidente y líder del PCRM, Vladimir Voronin, públicamente “terminó la asociación política” con la oposición.

Una nueva realidad política

El hecho de que la crisis política se superpusiera con la crisis económica y financiera aumentó la brecha entre el Gobierno y la oposición, en tanto ambos negaron cualquier responsabilidad y se culparon mutuamente. Nuevas elecciones parlamentarias del 29 de julio dieron como resultado un parlamento en el cual ningún partido tiene mayoría, mucho menos los 61 escaños necesarios para elegir a un nuevo presidente. Los cuatro principales grupos opositores combinados obtuvieron 53 escaños. Esto no alcanza para elegir a un nuevo presidente de su preferencia, aunque los líderes anunciaron su voluntad de forjar una alianza para desplazar a los comunistas.

El acuerdo de Transnistria también vuelve a estar sobre el tapete. Esto se debe a la estrategia preelectoral del presidente Voronin, quien firmó la Declaración de Barvikha, considerada por la oposición como una capitulación frente a los intereses rusos1. Como resultado de la declaración, la presencia militar rusa podría terminar por ser legalizada, el país podría volverse una confederación o Moldova podría perder Transnistria. La oposición teme que quede poco de soberanía, independencia e integridad territorial en Moldova y siente que tiene el derecho de discrepar con el precio que el líder del PCRM pagó por el apoyo de Rusia – con el objetivo de eliminar de la carrera electoral a otros contendientes que intentaban atraer al electorado de habla rusa.

Al mismo tiempo, la posición internacional de Moldova se ha deteriorado y su solicitud de afiliación a la Unión Europea peligra. Se apeló muy fuertemente a la retórica para definir a las elecciones de abril como una “prueba” para la democracia moldava, así como para garantizar el progreso hacia la integración en la UE (más de la mitad del comercio de Moldova es con la UE, grandes cantidades de moldavos trabajan en la UE y más del 70% de la población está de acuerdo con la integración europea). Sin embargo, el resultado preliminar de la “prueba” ha sido el abuso de los recursos administrativos, el acoso constante de la oposición – que conduce a protestas y revueltas – y la violación flagrante de los derechos humanos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

La sociedad moldava está profundamente dividida y radicalizada, no solo debido a la forma en que se llevó a cabo la campaña electoral, sino más bien al comportamiento de las fuerzas de seguridad en el período postelectoral. Sólo será posible recobrar la estabilidad política si hay una investigación exhaustiva de los acontecimientos de abril.

Crisis y oportunidades

Aunque antes de las elecciones de abril de 2009 el Gobierno negó vehementemente que la crisis afectaría al país e intentó mantener artificialmente la situación económica, el Banco Mundial no fue tan optimista e incluyó a Moldova entre los países en desarrollo con nivel más alto de vulnerabilidad2. Después de las elecciones, sin embargo, el presidente Voronin declaró, en una reunión con empresarios, miembros del Gobierno interino, parlamentarios y políticos, que “la crisis es un fuego, una catástrofe”. Los funcionarios gubernamentales explicaron que se minimizó la importancia de la crisis, antes de las elecciones, con la intención de “no crear pánico”.

De hecho, a pesar de que en 2008 el crecimiento económico fue impresionante (7,2%), la segunda ronda de efectos de la crisis financiera mundial golpeó al país severamente. Las consecuencias iniciales ya eran visibles en el último trimestre de 2008 y recibieron confirmación por los indicadores estadísticos del primer trimestre de 20093. Según la primera ministro Zinaida Greceanii, los efectos se deben sobre todo al declive de las exportaciones e importaciones, la reducción de la producción y a la disminución de las remesas. En esta situación, sólo una política pensada para asegurar y conservar la estabilidad económica permitirá que Moldova pueda hacer frente a la crisis.

La primera ministro Greceanii subrayó que las inversiones en infraestructura deben venir tanto de recursos presupuestarios como del exterior. A tal efecto, citó un proyecto de inversión checo que se implementará en el norte del país, que aporta EUR 600 millones para la construcción de una central eléctrica. Según la primera ministro, la reforma de liberalización económica (legalización del capital, amnistía fiscal, el impuesto por los ingresos reinvertidos, así como las estrictas políticas bancarias que se han promovido últimamente) ayudará también a asegurar la estabilidad macroeconómica de Moldova y a disminuir el efecto de la crisis.

El ministro de Hacienda ha dicho que el sistema financiero moldavo es muy sólido y que durante el año pasado la capitalización de los bancos aumentó 26,8%, los activos en 22,3% y los portafolios de créditos en 19,4%. Por consiguiente, la liquidez actual del sistema bancario es de aproximadamente 30%, considerablemente más que las exigencias de la limitación de riesgos (de al menos 20%).4

Sin embargo, la Asociación para la Democracia Participativa anunció que, debido a la crisis económica, muchos bancos nacionales han dejado de conceder créditos individuales para consumo personal e hipotecas e inclusive a compañías, ya que éstas, particularmente en el sector de la construcción, no pueden devolver los préstamos. Por otra parte, debido a la posible depreciación de la moneda nacional, el leu, frente a las principales divisas de referencia, los ciudadanos no se han atropellado para solicitar créditos.

La mayor parte de la liquidez de los bancos se debe a las remesas de los moldavos que trabajan en el exterior. Podría ser que, al disminuir las transferencias, los bancos tengan menos dinero en sus portafolios. Los datos del Banco Nacional de Moldova muestran que, en abril de 2009, las reservas monetarias constituyeron USD 1.086 millones, habiendo disminuido en casi USD 586 millones (35%) comparadas con diciembre de 2008. Esta reducción se debió a intervenciones en el mercado monetario bajo la forma de ventas y a pagos hechos a cuenta de la deuda externa del país, entre otros pagos externos, así como la reducción del tipo de cambio de divisas componentes de las reservas monetarias con relación al dólar estadounidense. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, predice que si las remesas y las exportaciones siguen disminuyendo, las reservas monetarias del país podrían caer USD 1.300 millones, lo que en la práctica significa que el país se quedaría sin reservas monetarias.

Por otra parte, según la Academia de Ciencias de Moldova (ACM), la crisis mundial podría tener efectos positivos para el país5. Aunque las remesas y las importaciones se reduzcan, esto “estimulará la verdadera economía a fin de llenar el vacío de productos en el mercado interno”. También se considera que la depreciación del leu tiene algunos efectos positivos, como por ejemplo el aumento de las exportaciones. La necesidad de ser competitivos, afirma el informe de la ACM, podría conducir a una mejora en la calidad de los bienes para equipararse con los estándares europeos6.

Un país dependiente de las remesas

En la opinión de los economistas del Banco Mundial, los países para los cuales las remesas de dinero constituyen un tercio del PIB son los más vulnerables a la crisis económica. Entre estos países están Moldova y Tayikistán – en los cuales las remesas de dinero constituyen 35% y 45% del PIB, respectivamente – y también Armenia y Kirguistán. En 2008, los emigrantes moldavos enviaron USD 1.660 millones sólo por canales oficiales – sobre todo desde Italia y Rusia. Una investigación reciente de la Organización Internacional para las Migraciones confirmó que más de 35% de la población moldava vive en hogares que reciben remesas7.

Una encuesta realizada en Moldova por CBS-AXA reveló que el 20% de los beneficiarios de remesas en 2008 no recibe ahora dinero del extranjero y el 45% informó que recibe menos o mucho menos que el año anterior8. Sin embargo, al contrario de muchas suposiciones y preocupaciones, no hay pruebas de una vuelta masiva de migrantes debido a la crisis económica, aunque el número de los que volvieron temporalmente en 2008 se duplicó (de 4,9% a 9,1%) y el 8% de ellos declaró que volvían para quedarse. Especialmente interesante es que la razón principal mencionada para el regreso fue la familia, mientras que la pérdida del trabajo y la falta de oportunidades económicas interesantes eran sólo motivaciones secundarias.

La respuesta del Gobierno

La prioridad del Gobierno es el pago de los salarios, pensiones, becas y subsidios sociales9. Para asegurar la estabilidad económica de Moldova y atraer nuevas inversiones extranjeras se lanzarán e implementarán nuevos programas pensados para apoyar la creación de nuevas empresas y proyectos de infraestructura. Entre las medidas incluidas en el plan contra la crisis (o anti-catástrofe) anunciado por el presidente Voronin se encuentran: mantener la  “cuota cero” de impuesto a la renta corporativa durante los próximos cuatro años, con el objetivo de sostener a los agentes económicos en el contexto de la crisis mundial; introducir una tasa fija para los ingresos de las personas físicas (por ejemplo, 15%) y aumentar el monto de los ingresos no imponibles; reducir la contribución al presupuesto social en 5%; aumentar el IVA de 20% a 22% para garantizar el Fondo Social y reducir los gastos presupuestarios a un mínimo de 20%.

El plan contra la crisis abarca aproximadamente 40 modificaciones a documentos legislativos. El Parlamento examinará el plan después de que se apruebe la nueva composición del Gobierno. Según el viceprimer ministro interino, ninguna de estas medidas dará ingresos adicionales al presupuesto; en cambio, indicarán a los empleadores que hagan públicos los salarios reales.

Defectos del plan del Gobierno

Ión Sturza, quien fuera primer ministro en 1999, ha declarado que las reformas fiscales no son relevantes para la economía moldava y da la impresión de que los nuevos privilegios se ofrecen a cambio de apoyo. En su opinión, las propuestas confirman el hecho de que las reformas anteriores no fueron eficientes ni produjeron los resultados esperados.

Por otra parte, los economistas dicen que la reducción de 5% de la contribución social llega demasiado tarde porque amenaza con la descapitalización de los fondos sociales y pone en riesgo la capacidad del Gobierno de pagar las pensiones. Además, el aumento del IVA de 20% a 22% dificultará el consumo futuro y reducirá las exportaciones. Ya que la economía nacional está basada en el consumo, habría sido mejor bajar el IVA. Si estas medidas son todo el “paquete contra la crisis”, entonces el Gobierno sólo está procurando acumular nuevos medios financieros en el presupuesto.

1 El 18 de marzo, el presidente Vladímir Voronin, el presidente ruso Dmitry Medvedev y el “presidente” instalado por Rusia en Transnistria, Igor Smirnov, firmaron una declaración conjunta redactada en ruso que declara: “tomando nota del papel estabilizador de la operación de paz existente, las partes consideran que sería recomendable transformarla en una operación de mantenimiento de la paz bajo el patrocinio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para [alcanzar] el resultado de un acuerdo sobre Transnistria”.

2 Organización Mundial del Comercio (2009). “The World Bank has Included Moldova among the Developing Countries with the Highest Level of Vulnerability to the World Crisis”, 10 de abril. Disponible en: <moldovainomc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103:world-bank-has-included-moldova-among-the-developing-countries-with-the-highest-level-of-vulnerability-to-the-world-crisis&catid=1:latest-news&Itemid=50>.

3 Ver: <www.expert-grup.org/?go=biblioteca&n=110>.

4 El primer –y hasta ahora el único- banco en anunciar bancarrota fue el Investprivatbank, en junio de 2009.

5 Frunza, V (2009). “All Bad is for Good: World Crisis Might Have Positive Effects for the Republic of Moldova”. 28 de abril. Disponible en: <moldovainomc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111:all-bad-is-for-good-world-crisis-might-have-positive-effects-for-the-republic-of-moldova&catid=1:latest-news&Itemid=50>.

6 Ibid.

7 Ver: <www.iom.md/materials/studies_reports/2009_05_11_moldova_country_profile.pdf>.

8 Ver: <www.azi.md/en/story/3271>.

9 Ver: <www.businessexpert.md/index.php?r=5&s=1642>.

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Region: 
left

MOZAMBIQUE

Publication_year: 
2009
Summary: 
Las exportaciones y, probablemente, también la industria turística del país se verán reducidas a consecuencia de la crisis mundial. La seguridad alimentaria y el desarrollo rural peligran por falta de inversiones directas y por el incentivo a los cultivos que sirven de materia prima a los biocombustibles. El gobierno del Frelimo no mantiene un diálogo constante y participativo con los ciudadanos, lo que vuelve casi imposible que, a corto o mediano plazo, se alcancen progresos en lo relativo a desarrollo humano. El fortalecimiento de la democracia y una administración pública más transparente y justa siguen figurando entre los principales desafíos.

Sin diálogo no hay desarrollo humano

Custódio Duma1
Social Watch Mozambique

Las exportaciones y, probablemente, también la industria turística del país se verán reducidas a consecuencia de la crisis mundial. La seguridad alimentaria y el desarrollo rural peligran por falta de inversiones directas y por el incentivo a los cultivos que sirven de materia prima a los biocombustibles. El gobierno del Frelimo no mantiene un diálogo constante y participativo con los ciudadanos, lo que vuelve casi imposible que, a corto o mediano plazo, se alcancen progresos en lo relativo a desarrollo humano. El fortalecimiento de la democracia y una administración pública más transparente y justa siguen figurando entre los principales desafíos.

El Gobierno de Mozambique afirma que la crisis financiera global no afectará la economía nacional. Atento a esto adoptó una política de seguimiento del sector económico y de supervisión directa a los bancos comerciales, además de prestar especial atención a las áreas que puedan resistir a la crisis, como los proyectos de producción de energía y de gas. El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo y Planificación, anuncia además que el país precisa USD 120 millones para financiar la balanza de pagos en 2009, lo que serviría para garantizar la estabilidad de los indicadores macroeconómicos.

Sin embargo, el Banco Internacional de Mozambique, Millennium Bim, ha publicado un informe en el cual prevé que la economía nacional decrecerá en razón de que tanto el grupo de países que contribuyen a financiar el Presupuesto General del Estado, conocido como G-19, así como los que realizan inversiones directas externas tendrán un crecimiento económico negativo. Concretamente, se espera que la caída en el precio del aluminio, el tabaco, el azúcar, el té, la castaña de cajú y las gambas afecte el volumen de las exportaciones, lo que debilitará ciertas actividades que promovían el crecimiento económico y disminuirá los niveles de promoción del turismo internacional.

Creciente desigualdad

Según datos oficiales, entre 2000 y 2007 el país registró un promedio de crecimiento anual del PIB siempre superior al 8,5%, que mostró un estancamiento en 2008, llegando ese año a 6,2%, y se prevé un crecimiento cercano al 4% para el año 2009. Sin embargo, la evolución del país en lo que refiere a nivel de desarrollo humano y al proceso de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos está aún plagada de contradicciones. Hay una evolución positiva del PIB (medido en términos porcentuales), mientras que el costo de vida aumenta progresivamente y los ingresos reales de los ciudadanos, como consecuencia, se ven reducidos y las desigualdades sociales son cada vez más visibles. El informe del PNUD coloca a Mozambique en la posición 172, en una lista de 177 países ordenados según su nivel de desarrollo humano.2

En cuanto a los Objetivos Milenio, Naciones Unidas reconoce avances en lo relativo a tres de ellos, pobreza, mortalidad infantil y salud materna. Sin embargo, pese a que los índices de pobreza se han reducido casi un 4% entre 2000 y 2007, más de la mitad de la población sigue siendo pobre. Hay, por otra parte, disparidades entre las regiones norte, centro y sur del país. En el sur, donde se encuentra la capital, Maputo, la pobreza comienza a agudizarse al alejarse de esta gran ciudad en dirección al norte, y lo mismo sucede al salir de las ciudades hacia el campo. El censo de población de 2007 muestra que cerca del 70% de la población mozambiqueña aún reside en el campo y más del 50% son pobladores de las zonas centro y norte del país3. En las principales ciudades del país, numerosas familias y grupos de jóvenes habitan a cielo abierto, en los espacios públicos y calles, o en casas en ruinas y basurales. La tasa de desempleo afecta entre el 30% y el 35% de la población económicamente activa. Una organización juvenil afirma que el número de trabajadoras sexuales, de edades que oscilan entre los 14 y 25 años, se ha incrementado en los últimos cinco años.

El drástico incremento en el costo de vida desencadenó una revuelta popular, protagonizada principalmente por mujeres y niños en edad escolar, en Maputo, en febrero de 2008. Luego se extendió a la provincia de Gaza y al pueblo de Manica y paralizó por dos días a los principales servicios públicos. El Estado logró evitar que el conflicto tuviera consecuencias graves al reducir el precio de los combustibles y pasar a subsidiar a las empresas de transporte.

No hay transparencia

Mozambique se prepara para sus cuartas elecciones multipartidarias y el Gobierno, electo en 2004, busca la reelección de Armando Guebuza. En 2004, Guebuza recurrió al combate a la pobreza como caballo de batalla, aunándolo con la crítica a la permisividad y el desinterés, considerados la causa de muchos otros males, tales como la corrupción, la falta de transparencia en la administración pública y el mal funcionamiento de los servicios públicos. En sus discursos, afirmó que las causas de la pobreza se encuentran en la mentalidad de la población, que no es emprendedora y no realiza esfuerzos. Incluso culpó al colonialismo, que habría inculcado un complejo de inferioridad en el pueblo, el cual por lo tanto halla dificultades para la autoliberación en la actualidad, ya que la clave para la misma se encuentra en la elevación de la autoestima.

El discurso que enfatiza la autoestima y el espíritu de emprendimiento se expande y es repetido por toda la clase dirigente. En tanto, los servicios públicos, tales como el transporte seguro y de calidad, la educación, la atención a tiempo de la salud y la seguridad pública, entre otros, siguen siendo escasos e inaccesibles para la mayor parte de la población.

El enriquecimiento desenfrenado de individuos cercanos al poder, o al partido en el poder, no deja de preocupar a los ciudadanos y al cuerpo diplomático acreditado en el país. Una minoría privilegiada ostenta un grado de riqueza importante, ante los ojos de una mayoría gravemente empobrecida y excluida. Por ejemplo, organizaciones de combate a la corrupción, como el Centro de Integridad Pública, enfatizan la importancia de que el país cuente con una ley que regule las situaciones de conflicto de intereses, dado que el empresariado nacional coincide en su mayoría con la elite política. Un caso a destacar es el del propio presidente de la República, que posee acciones en decenas de empresas que operan en el país4.

Agro y hambre

Más de la mitad de la población sobrevive gracias a la agricultura de subsistencia. Sin embargo, se han realizado escasas inversiones en esta área. La agricultura recibe por año entre el 3% y 4% del Presupuesto General del Estado, una cifra tres o cuatro veces menor que el dinero destinado a los servicios de seguridad. En este sentido, el país incentivó la producción de jatrofa, una planta venenosa que es materia prima para la producción de biocombustibles, lo que tuvo como consecuencia que varios sectores de la población dejaran de lado la producción agrícola para dedicarse a este cultivo. Un ejemplo concreto es la población de Mogincual, que padeció hambruna en 2008, a causa de la baja productividad agrícola y la prioridad que se otorgó a la producción de jatrofa, cuyo mercado aún no se ha desarrollado en el país5. La elección de tierras altamente fértiles para la producción de jatrofa, básicamente en las provincias de Gaza, Manica, Solafa, Tete y Nampula, puede implicar una reducción de la producción familiar en los próximos años, lo que tendrá como consecuencia la agudización del hambre. Además, otros tipos de cultivos como la caña de azúcar, están siendo elegidos por las empresas especializadas.

Desafíos en educación y salud

En lo que refiere a la educación, el informe 2007 de UNICEF establece que hay más de un millón de niños fuera del sistema educativo y que un maestro en Mozambique atiende en promedio a 74 niños6. Para mejorar la educación, el cobro de todo tipo de matrícula debe ser abolido, al tiempo que deben ser incrementadas las inversiones en infraestructura y materiales escolares, el número de profesores y el acceso a la educación entre los jóvenes debe ser ampliado. Según enfatiza el informe de UNICEF, los significativos progresos en cuanto a la expansión de la enseñanza en el país no se han visto acompañados por mayores inversiones en el sector. Es sabido que cerca de la mitad de los maestros de educación primaria no cuentan con una formación profesional formal.

Los servicios nacionales de salud llegan solamente al 30% de la población. Más del 65% de los niños padecen de falta de vitamina A7. En 2008 el G-19 inyectó cerca de 308 millones de euros al presupuesto general, incluso luego de haber advertido de la necesidad de que el país reforzara su capacidad de garantizar la seguridad social, el acceso a la justicia y el combate a enfermedades como la malaria (todavía la enfermedad más mortífera en el país), el cólera y el VIH/SIDA. Los programas de prevención y combate a las enfermedades son sumamente endebles y se encuentran concentrados en las principales zonas urbanas, en perjuicio de las rurales.8 Otro problema es la falta de recursos humanos calificados para proveer adiestramiento en el sector y la necesidad de mayores recursos técnicos y financieros.

La situación del VIH/SIDA es muy seria. Se estima que contagia a 500 personas por día9 , y actualmente afecta a 16,2% de la población. Naciones Unidas afirma que su tasa de incidencia es 1,7 veces más alta entre mujeres que entre hombres10. Ciertas estimaciones indican que el VIH/SIDA reducirá el crecimiento económico per cápita del país entre 0,1 y 0,3% cada año. Se espera, además, que la expectativa de vida caiga, de 37,1 años en 2006, a 35,9 años en 201011.

Otros desafíos

Los países del G-19 le han pedido al Gobierno que fortalezca su capacidad de garantizar la seguridad social y mejore el acceso a la justicia. También han expresado preocupación por el exceso de burocracia y por la falta de ímpetu en el combate contra la pobreza en general, el escaso progreso en el combate a la corrupción, siendo que ésta ha sido identificada como la causa de tantos otros males que frenan el desarrollo del país.

Para atacar la desigualdad en la distribución de ingresos, el Gobierno creó un fondo conocido como “Siete millones de meticales” (alrededor de USD 264.000), para estimular los distritos rurales adiestrando a la gente en asociaciones de iniciativas de generación de ingresos.  Sin embargo, la iniciativa del fondo local ha sido muy criticada por haber sido lanzada sin criterios claros sobre lo que se pretendía con ella y sobre cómo habría de ser administrada. De hecho, la gestión está a cargo de las administraciones de distrito, que no tienen entre sus competencias atributos bancarios, ni aquellos propios de las instituciones de micro finanzas. Además, es en los distritos donde en general reside y trabaja la mano de obra menos calificada del país. Los informes publicados hasta ahora indican que, además de que se han creado asociaciones fantasmas para recibir el dinero, más de la mitad de los deudores dejaron de ser localizables y no hay garantías de la devolución de los préstamos. Algunos críticos afirman que el fondo fue creado para garantizar una mayor visibilidad y presencia en los distritos y las zonas rurales del país al Frelimo, en el poder desde 1975.

El programa, que comenzó en el año 2007, sigue sin dar resultados en la práctica, en la medida en que los fondos son administrados de forma subjetiva, existiendo un aprovechamiento político de la iniciativa, que beneficia en su mayoría a asociaciones de personas afiliadas al gobernante partido Frelimo.

Por su parte, el Gobierno aprobó la Política Salarial de Mediano Plazo, con intenciones de atraer y retener a los cuadros calificados, con un particular énfasis en los distritos. De todas formas, la realidad muestra que los técnicos con mejor formación prefieren empleos fuera de la función pública, donde pueden obtener mejores salarios y condiciones de trabajo.

A partir de noviembre de 2008, el país fue reorganizado en 43 municipios, de 33 que existían previamente. La iniciativa de continuar descentralizando los fondos sectoriales, así como las competencias en cuanto a la gestión de los mismos, se mantiene vigente. Los distritos son considerados polos de desarrollo, y de haber comenzado el proceso de descentralización de fondos, se constata que, sin embargo, una gran parte del presupuesto todavía es administrado a nivel central y/o provincial. Estos recursos deben ser descentralizados, como lo ha sido la administración. Para que esto tenga lugar, la gente debe ser adiestrada, así como las infraestructuras, tales como el sistema de suministro de energía eléctrica, la telefonía, y las instituciones bancarias, entre otras, deben ser desarrolladas.

De esta forma, persiste el desafío de desconcentrar los recursos en la misma medida que las competencias, lo que pasa principalmente por crear capacidades en materia de recursos humanos,

Conclusiones

Aunque el país haya conseguido sostener una política que ha sido elogiada en el plano exterior, en lo interior no consigue mantener un diálogo constante, inclusivo y participativo con los ciudadanos, lo que vuelve casi imposible que, a corto o mediano plazo, el desarrollo humano pueda mejorar. Las debilidades del sistema judicial, así como la discriminación en función de la pertenencia partidaria, comportan grandes obstáculos para el desarrollo. Así, se mantiene el desafío de fortalecer la democracia y generar una administración pública más transparente y justa.

 

1 Equipo Técnico: Salvador Nkamate – Liga de los Derechos Humanos,
Karina Cabral – Grupo Mozambiqueño de la Deuda, Jorge Cuinhane – AWEPA
Naldo Chivite – MONASO.  

2 UNDP. “Human Development Indices: A Statistical Update 2008.” New York: United Nations Development Programme. Available from: <hdr.undp.org/en/statistics/data/hdi2008/>.

3Ver: <www.ine.gov.mz>.

4 Ver: <bvc.cgu.gov.br/bitstream/123456789/1644/1/Corrup%C3%A7%C3%A3o+mo%C3%A7ambique.pdf>.

5 Ver: <macua.blogs.com/moambique_para_todos/2009/02/atraso-na-assist%C3%AAncia-alimentar-trag%C3%A9dia-espreita-mogincual.html>.

6 Ver: <www.unicef.org/mozambique/media_2877.html>.

7 Ver Rafael Machava, “A situaçao da pobreza en Moçambique: diferenciaçoes regionais e principais desafios”, en < www.cecemca.rc.unesp.br/ojs/index.php/estgeo/article/view/542 >

8 Ibid.

9 Instituto Nacional de Estadística. “Contendo dados do HIV/SIDA.”. CD-Rom. 2004.

10 Ver: <www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/mozambique.asp>.

11  Ver: <www.unicef.org/mozambique/overview.html>.

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Malasia

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2009
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Malasia, cuyo crecimiento económico depende en gran medida de sus exportaciones y que importa la mayor parte de sus alimentos, deberá prepararse para años de dificultades económicas. Existe una fuerte caída en la producción industrial, el desempleo está por las nubes y los analistas advierten que la recesión venidera podría ser peor que la de 1997. El Gobierno recibió críticas por actuar demasiado tarde y por dedicarse a rescatar a las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil realizan protestas y foros públicos para concientizar al público acerca de las repercusiones negativas de estas crisis, especialmente con respecto a los sectores vulnerables de la sociedad.

Un panorama sombrío

Chee Yoke Heong
Red del Tercer Mundo

Malasia, cuyo crecimiento económico depende en gran medida de sus exportaciones y que importa la mayor parte de sus alimentos, deberá prepararse para años de dificultades económicas. Existe una fuerte caída en la producción industrial, el desempleo está por las nubes y los analistas advierten que la recesión venidera podría ser peor que la de 1997. El Gobierno recibió críticas por actuar demasiado tarde y por dedicarse a rescatar a las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil realizan protestas y foros públicos para concientizar al público acerca de las repercusiones negativas de estas crisis, especialmente con respecto a los sectores vulnerables de la sociedad.

Como muchos países, Malasia no se vio librada de las consecuencias de las crisis de índole financiera, económica, energética y alimentaria que arreciaron en la mayor parte del mundo durante 2008 y que continúan haciéndolo en la actualidad. Estos hechos, sumados a los drásticos cambios en el paisaje político malayo tras los inesperados resultados de las elecciones nacionales de marzo de 2008, dominaron la atención de todos los malayos mientras lidiaban con sus efectos. Con un nuevo Primer Ministro en el cargo y el país ingresando en un período de incertidumbres económicas, muchos malayos sopesan cuidadosamente el futuro.

En el camino de la desaceleración económica

Durante gran parte del año, Malasia vivió en denegación respecto a que el país pudiera salir perjudicado por la turbulencia financiera y económica que sacudía a gran parte del mundo, aún cuando país tras país, incluyendo al vecino Singapur, declaraban que la recesión había golpeado sus puertas. Las autoridades malayas sostenían que los cimientos del país eran fuertes y que, por lo tanto, no había necesidad de tomar medidas. Esto pudo haber sido verdad en las primeras etapas de la crisis financiera, que comenzó en Estados Unidos y Europa en 2007 y se agravó durante el primer semestre de 2008, entonces con escasas consecuencias para Malasia. Pero cuando la crisis financiera comenzó a afectar la economía real de la producción e ingresos de los países occidentales en la segunda mitad de 2008, las repercusiones se trasmitieron en forma creciente a Malasia hacia fines de ese año. Esta situación hizo que muchos consideraran que el paquete de estímulo económico de USD 2.000 millones que el Gobierno anunció en noviembre, y que en gran medida no se ha gastado aún, fuera una respuesta insuficiente y tardía. (De los USD 1.800 millones que se canalizaron, sólo se implementaron proyectos por valor de USD 400 millones).

Las estadísticas oficiales indican que las condiciones recesionarias que afectaron a los países occidentales golpearon seriamente a países como Malasia en los últimos meses de 2008. El descenso en indicadores claves tuvo una magnitud sorprendente, demostrando que la economía malaya comenzó a estancarse, y luego a declinar, en los últimos tres o cuatro meses de 2008 y los primeros meses de 2009. La economía se contrajo 6,2% frente al año anterior en el primer trimestre, más rápido de lo previsto, lo que llevó al Gobierno a recortar severamente sus proyecciones a una contracción del entorno del 4% a 5% para este año.

No hay dudas de que la causa de la desaceleración ha sido la crisis mundial, ya que Malasia es una de las economías más abiertas de Asia en cuanto al comercio, con las exportaciones representando más del 90% del PIB en 2007, en comparación con el 14% de India, el 16% de Japón, el 36% de China y alrededor del 60% de Tailandia y Taiwán. Solo Singapur (con 186%) y Hong Kong (166%) superan la relación entre exportaciones y PIB de Malasia.

El precio a pagar por la contracción económica de sus principales socios comerciales se puede apreciar en la drástica caída de la demanda externa. Si bien las exportaciones de Malasia están bien diversificadas, con numerosas materias primas y productos industrializados, el problema es que casi todos los artículos de exportación se ven simultáneamente afectados. Las exportaciones brutas descendieron un 18% en el último trimestre de 2008 respecto al trimestre anterior. La reducción más inquietante se produjo en las exportaciones industriales, especialmente de productos electrónicos, maquinaria y aparatos eléctricos, que representan el grueso de las exportaciones industriales o alrededor del 35% a 40% del total de las exportaciones. Las materias primas, que experimentaron bonanza a comienzos de año antes de que reventara la burbuja de los precios, tampoco se libraron, ya que las exportaciones de petróleo, aceite de palma y caucho cayeron en el mismo período. De este modo, los motores de crecimiento de las exportaciones están detenidos o en marcha atrás. Otra señal problemática es la constante y fuerte caída de la producción industrial desde julio de 2008; los últimos datos disponibles revelan que en enero de 2009 la producción descendió 20% en comparación con un año antes.

Desempleo

La desaceleración del comercio internacional augura un panorama laboral cada vez más difícil. Se prevé que la tasa de desempleo de Malasia alcance 4,5% en 2009, comparada con 3,8% en 2008. Ese año se perdieron aproximadamente 33.000 empleos, en su mayoría durante los últimos meses del año, a medida que la crisis internacional se agravaba con la entrada en recesión de los mercados claves de Asia. De los casi 26.000 empleos que se perdieron desde octubre de 2008, 85% pertenecían al sector industrial, y las industrias electrónica y eléctrica se vieron particularmente perjudicadas. Las exportaciones de este sector cayeron 34% en enero de 2009 respecto al último año. La proyección más severa pertenece a la Federación de Empresarios de Malasia, que proyecta un pico de 200.000 empleos perdidos, superando por lejos los 85.000 empleos que se perdieron durante la crisis financiera de 1997 y 1998.

Esta tendencia negativa no escapa a la interpretación de analistas como el banco suizo de inversiones Credit Suisse, que manifestó que los riesgos de retracción de Malasia son “los más altos de Asia, luego de Hong Kong y Singapur, especialmente debido a la fuerte caída de los precios de las materias primas”. Estos hechos llevaron a algunos a sugerir que es imperioso para el país reevaluar sus políticas industriales y orientadas a las exportaciones, sino la totalidad de su configuración económica. Existe una fuerte sensación de que el país debe reducir seriamente su dependencia de las exportaciones y preparar al mercado interno para el crecimiento.

Reconociendo la gravedad de la crisis, el Gobierno anunció en marzo de 2009 un segundo y mayor paquete de estímulo a distribuirse en los próximos dos años, en un esfuerzo por detener la desaceleración e impedir que el país entrara en una recesión grave que, de no ser abordada, tendrá serias repercusiones sobre la estabilidad social y política. El plan de USD 17.000 millones asignará dinero para inyección fiscal, fondos de garantía y demás instrumentos de ayuda para la industria, inversiones en activos e incentivos fiscales. Los cuatro objetivos principales del paquete son la protección y la creación de empleos, la reducción de la carga de la crisis para la población, la asistencia al sector privado y la capacitación para el futuro.

Con el aumento de la pérdida de empleos y la expectativa de más despidos, el Gobierno comenzó a revisar su política con respecto a los trabajadores extranjeros que han sido una fuente imprescindible para muchos sectores. Preocupado por el alto índice de recortes, anunció que las empresas que deseen reducir su mano de obra deberán despedir primero a los trabajadores extranjeros antes que a los malayos.
Se calcula que Malasia — uno de los mayores importadores de mano de obra en Asia — tiene dos millones de trabajadores extranjeros (predominantemente de la vecina Indonesia – 66% – seguida por Nepal e India), que son el sostén principal de las plantaciones y el sector manufacturero. Pero ahora que el desempleo va en aumento el Gobierno prohibió la contratación de trabajadores extranjeros en los sectores de productos y servicios. Los permisos de trabajo habrían sido restringidos en más del 70% este año. El Gobierno también aprobó una propuesta para duplicar el gravamen sobre los trabajadores extranjeros que se impone a las empresas para desalentar su contratación.
No obstante, activistas temen que las empresas traspasen el aumento de estos costos a sus trabajadores extranjeros, perjudicándolos adicionalmente ya que de por sí se encuentran agobiados por las cuantiosas tarifas de los agentes laborales. En su lugar, se propuso la imposición de salarios mínimos para reducir la contratación de trabajadores extranjeros ya que las empresas tienden a recurrir a éstos debido a que son más baratos de contratar que los malayos. Como consecuencia, sus salarios suelen estar por debajo de la línea de pobreza.

El paquete de estímulo y su incierto resultado

El mini-presupuesto del Gobierno se compromete a tomar varias medidas de mediano y largo plazo, pero algunos observadores indicaron que existe una falta de iniciativas para abordar la necesidad inmediata y urgente de detener la caída de la economía, estimular la demanda e incrementar los negocios, factores considerados críticos en todo “presupuesto de estímulo” originado en una crisis. En cambio, recibió críticas por concentrarse en lo que al parecer es el rescate de compañías, dado que casi la mitad del dinero se destinará a la asistencia del sector privado y sólo el 17% a la ayuda de la población, que en su mayoría padece el alto costo de vida. También existe la preocupación de que durante la crisis económica se han soslayado las necesidades específicas de las mujeres, con la excepción de las madres solteras, ya que sólo 1,4% se destinó a los menos afortunados.
El éxito del paquete de estímulo dependerá de la ejecución, instrumentación y transparencia en el desembolso de sus fondos. Esto determinará si el efecto de goteo y multiplicador del paquete abarca a una porción grande de la población y no beneficie sólo a las empresas e individuos bien relacionados, como solía suceder antes.

En respuesta a los pedidos de transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno anunció que inaugurará un sitio web especial para supervisar el gasto de los fondos de los dos paquetes de estímulo económico. El sitio web brindará información al público sobre las partidas asignadas y el monto gastado, los programas y proyectos que se implementaron y su avance. Este tipo de iniciativas es relativamente nuevo y es un reflejo de la necesidad de dar respuesta a la creciente presión por una mayor rendición de cuentas pública en un gobierno que suele ser caracterizado por la corrupción y el clientelismo político. Pero como ocurre con todas las políticas públicas, su implementación sigue sin concretarse.

Un escenario incierto

A pesar del sombrío panorama, los economistas a menudo señalan las sólidas bases económicas de Malasia y su experiencia tras la crisis financiera asiática de 1997, que creen le permitirá superar la crisis en curso. Pero la naturaleza de la crisis internacional actual sigue en pleno desarrollo y nadie sabe realmente cuál será la profundidad y la duración de la misma. Mientras el sector bancario, de momento, se muestra resiliente, eventualmente se verá afectado a medida que las empresas presenten dificultades para amortizar sus préstamos. Y aunque los préstamos incobrables puedan ser manejados por ahora, esto puede no ser así en el futuro ya que algunos analistas advierten que la recesión venidera podría ser peor que la resultante de la crisis asiática de 1997.

Existe temor por los problemas sociales que pueda causar el desempleo, incluyendo un índice de delincuencia más alto de la mano del deterioro de los valores de la pobreza y una mayor desigualdad del ingreso a medida que muchos trabajadores de bajos y medianos ingresos pierdan sus empleos en las industrias manufactureras. Con la experiencia de la recesión que tuvo lugar de mediados a fines de los años 1980 aún en mente, se presentó una propuesta para un plan de seguridad social integral. Cada vez se hacen oír más voces pidiendo un fondo nacional contra despidos que proteja a los trabajadores ante la posible pérdida de empleos. El gobierno declaró que lo está considerando.

Crisis e inseguridad alimentaria 

Mientras los altos precios de las materias primas beneficiaron a algunos, los altos precios de los alimentos fueron un flagelo para la mayoría de los malayos que ya luchaban contra el elevado costo de los alimentos y otras necesidades básicas provocados por el fuerte incremento en 2008 del precio del petróleo. La inflación bajó en los últimos meses cuando reventó la burbuja de los productos agrícolas y el precio del petróleo descendió de su pico, pero los precios de los alimentos siguen siendo altos y el índice de precios al consumo muestra un fuerte aumento del 9,2% en febrero de 2009 en los alimentos. Se produjeron incrementos significativos en el arroz, el pan y otros cereales cuyos índices se dispararon en un enorme 18%. El precio del petróleo, si bien se redujo varias veces en los últimos meses de 2008 acorde con la caída de los precios internacionales del petróleo, siguió siendo superior a los niveles anteriores a la crisis.
Gran parte del incremento en los precios de los alimentos también se debe a que Malasia es un fuerte importador en ese rubro y por lo tanto es vulnerable a la subida de precios y a la especulación. El rápido desarrollo de las últimas décadas desplazó el objetivo de la planificación económica hacia la industrialización y la agricultura industrial a costa de la producción de alimentos, ya que resultó más barato comprárselos a otros países. Además del arroz, Malasia también importa vegetales, frutas, carne y otros granos.

En la actualidad, Malasia es aproximadamente 60% autosuficiente en cuanto al arroz y el Gobierno prevé inyectar unos USD 2.000 millones para aumentar su producción y alcanzar una vez más el nivel de autosuficiencia del 90%. La Política de Seguridad Alimentaria fue presentada en abril de 2008, y se han pagado subsidios e incentivos para reforzar la producción arrocera en todo el país. Simultáneamente, la campaña Bumi Hijau (Tierra verde), iniciativa similar a una de la década de 1970, busca alentar en los malayos el cultivo de vegetales y otros comestibles verdes, además de la crianza de pollos y peces para consumo propio.

A pesar de estas iniciativas, es necesaria una planificación a largo plazo más eficaz para lograr la recuperación económica. El Gobierno debe considerar seriamente los distintos aspectos del problema, incluyendo el uso más eficiente de la tierra, la mano de obra y la tecnología, que pueda obstaculizar el alcance de los objetivos proyectados.

La respuesta de la sociedad civil

Distintas organizaciones y ONG de la sociedad civil realizaron una serie de protestas y actividades, incluso foros públicos, para concientizar al público sobre las consecuencias negativas de estas crisis, especialmente en los grupos más vulnerables.

La Red de los Pueblos Oprimidos (JERIT; el acrónimo en malayo significa “grito”), una coalición de grupos de la sociedad civil, ha estado especialmente activa. El grupo celebró una protesta contra la suba del precio del petróleo en enero de 2008 y terminó el año con la campaña ciclista “El pueblo: la fuerza del cambio”, para expresar su preocupación por los derechos y los padecimientos de la clase trabajadora ante la desaceleración de la economía.

La campaña consistió en grupos de ciclistas que partieron desde tres sitios centrales de las costas norte, sur y este de Malasia peninsular, y pedalearon simultáneamente hacia el Parlamento en Kuala Lumpur, la capital, para presentar ante el gobierno y el partido opositor un memorándum con sus inquietudes y reclamos.

Sus principales reclamos son la adopción del salario mínimo, vivienda digna, control de precios para los productos básicos, y el fin de la privatización de los servicios básicos. También vincularon estas demandas a derechos civiles y políticos más amplios, incluyendo la reinstauración de la elección de gobiernos locales y la revocación de la Ley de Seguridad Interna, que permite la detención indefinida sin juicio.

Por el camino, entregaron folletos al público y presentaron el memorándum ante el jefe de ministros de los diversos estados (Malasia tiene un sistema federal de gobierno). A pesar de los muchos obstáculos interpuestos por la policía, incluyendo arrestos, lograron llegar a destino. Y durante esas dos semanas de diciembre de 2008, la campaña recibió mucha publicidad y respaldo público a lo largo de su recorrido.

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MÉXICO

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2009
Summary: 
El país presentaba el peor de los escenarios posibles para afrontar la crisis que se gestó por años. La crisis sistémica ha agravado ya problemas preexistentes, como la creciente pobreza, la desactivación del sector agropecuario, la insuficiente generación de empleos o el decrecimiento del PIB. En tanto los ajustes menores que anuncia el Gobierno profundizan el modelo económico neoliberal y crece la disconformidad ciudadana, también aumentan las propuestas desde la sociedad civil. Se hace imperativo generar alternativas y estrategias capaces de hacer frente a la múltiple crisis, para minimizar sus impactos y para replantear el modelo.

El agravamiento de la crisis y los desafíos para los derechos sociales

Laura Becerra Pozos1
Areli Sandoval Terán2
Adhiere: Espacio DESC3

El país presentaba el peor de los escenarios posibles para afrontar la crisis que se gestó por años. La crisis sistémica ha agravado ya problemas preexistentes, como la creciente pobreza, la desactivación del sector agropecuario, la insuficiente generación de empleos o el decrecimiento del PIB. En tanto los ajustes menores que anuncia el Gobierno profundizan el modelo económico neoliberal y crece la disconformidad ciudadana, también aumentan las propuestas desde la sociedad civil. Se hace imperativo generar alternativas y estrategias capaces de hacer frente a la múltiple crisis, para minimizar sus impactos y para replantear el modelo.

Diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana coincidimos con la visión de que la crisis global actual es sistémica y se expresa, no sólo en el ámbito financiero, sino en el alimentario, el laboral, el ambiental, el energético, entre otros; y es consecuencia del modelo económico capitalista neoliberal basado en la desregulación financiera y la apertura comercial y su agotamiento, cuyos impactos afectan a toda la humanidad pero son más severos para los países del Sur4.

Como lo explica el investigador mexicano Arturo Guillén5, la crisis ha tenido una trayectoria compleja que en su última etapa se desencadena por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y la consiguiente recesión económica, la cual tendió a “globalizarse rápidamente” con decrecimientos del PIB incluso en economías importantes de Europa y Asia. La crisis también se ha extendido a América Latina, con un desarrollo diferenciado entre países, regiones y sectores, pero coincidimos en que no viene exclusivamente de fuera, sino que tiene entre sus causas algunas de carácter endógeno6.

 

La crisis en México7 

Sin menospreciar los efectos de la crisis global sobre nuestro país, es necesario decir que muchos de los problemas ya estaban presentes en el funcionamiento previo de la economía mexicana, como el incremento de la pobreza en números absolutos8, la desactivación del sector agropecuario, la insuficiente generación de empleos (no obstante el saldo levemente favorable entre exportaciones e importaciones anterior a la crisis) y el decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros. Indudablemente la crisis sistémica ha agravado los problemas.

Para dimensionar los efectos de la crisis en México, las siguientes cifras son muy ilustrativas:

  • El encarecimiento de la gasolina y el diesel a nivel mundial, que desde 2007 impactó los precios de los alimentos, se ha reflejado en México en un incremento de la inflación en alimentos por encima de la inflación general. En enero de 2009, la de alimentos fue de 11,3%, mientras que la general fue de 6,3%. El impacto ha sido más severo en la población con menos ingresos, ya que destina un porcentaje mayor a la compra de alimentos9.
  • En el tercer trimestre de 2008, el 71,3% de la población económicamente activa, es decir 31 millones de personas, vivía con un ingreso de tres salarios mínimos –152 pesos (MXN) diarios (aproximadamente USD 11,4) – o menos; la tasa de desocupación se ubicaba en 4,2%, lo que significaba 1,9 millones de personas desempleadas; mientras había 11,8 millones de personas sobreviviendo en el comercio informal10
  • Las exportaciones hacia Estados Unidos se han desplomado y cientos de miles de personas pierden sus trabajos en tanto que las empresas recortan gastos. En noviembre de 2008, las exportaciones manufactureras de México cayeron en promedio 7,3%, mientras que las dirigidas a Estados Unidos cayeron 18%11.
  • Del otro lado de la frontera aumenta el desempleo de los inmigrantes mexicanos y disminuyen las remesas; para diciembre de 2008, el porcentaje de variación anual de las remesas totales a México fue de -9,8%12. Hay que subrayar que las remesas han jugado un papel fundamental en los ingresos de los hogares mexicanos: en el primer quintil de ingreso (20% más pobre de la población) considerando hogares que reciben remesas, MXN 6 de cada MXN 10 provienen de éstas. Es previsible que estos hogares sean los que más sufran el impacto de la disminución de las remesas13.
  • En febrero de 2009, la tasa de desempleo se ubicó en 5,3%14 y la actividad industrial se desplomó un 13,2%15; ambas son las peores cifras registradas en estos rubros desde la llamada “crisis del tequila” originada en México a mediados de los 90. Es así que los analistas coinciden en que este año el país vivirá la recesión más profunda desde dicha crisis.

Los graves impactos de la crisis en el ámbito laboral serán usados como pretexto para congelar o reducir salarios y para precarizar, flexibilizar y tercerizar aún más el trabajo, reduciendo derechos, así como restringiendo el radio de acción de los sindicatos16.

En cuanto al campo mexicano, la ausencia de una justa política agraria e incluso la indiferencia han provocado desde hace años tres tipos de impacto agravados por la crisis: 1) la especulación con los alimentos en las bolsas de valores, que los pone fuera del alcance de las familias más pobres; 2) la invasión que padecen los mercados nacionales de parte de los alimentos producidos y comercializados por las trasnacionales, cuya alta productividad hace que se sacrifiquen suelos, bosques, y mantos acuíferos para poder ganar la loca carrera productiva y librecambista, además de que el dumping destruye los sistemas productivos nacionales, sobre todo los tradicionales; y 3) la inundación de semillas genéticamente modificadas que arrasa con la dotación de simientes naturales y con ecosistemas antiguos17. Frente a la crisis del campo mexicano, la campaña nacional Sin maíz no hay país18, de la cual somos adherentes, propone, entre otras medidas, transitar desde el modelo de agricultura basado en grandes unidades de producción de monocultivo, que implica un uso creciente del agua, maquinaria e insumos contaminantes, hacia una agricultura campesina sustentable, que siendo de pequeña y mediana escala no sólo tiene potencial para responder a las necesidades alimentarias de las y los mexicanos, sino que posee virtudes ecológicas adicionales.

A partir de todo este balance podemos afirmar que México presentaba el peor de los escenarios posibles ante la inminencia de una crisis que se venía gestando desde hace varios años. El Gobierno se ha sometido acríticamente al modelo económico neoliberal, y varias de las medidas que ha anunciado constituyen ajustes menores, que lo mantienen y profundizan.

El Gobierno y la sociedad civil frente a la crisis

En la pasada Cumbre de las Américas, la CEPAL confirmó que los países del continente no tienen una estrategia común de salida a la crisis, sino que han anunciado e implementado medidas de muy diversa índole19.

20

En octubre de 2008, poco después de haber minimizado los impactos que la crisis estadounidense tendría en México dada “la fortaleza de las finanzas públicas”, el gobierno federal anunció el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo(PICE), un plan anticrisis de cinco puntos, consistente en: 1) ampliar el gasto público en infraestructura para estimular el crecimiento económico; 2) cambiar las reglas en el ejercicio de ese gasto en infraestructura por parte del sector público para poder agilizarlo; 3) iniciar la construcción de una nueva refinería; 4) lanzar un programa extraordinario de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en México; y 5) hacer más competitivo el aparato productivo nacional mediante un nuevo programa de desregulación y desgravación arancelaria.

En aquel momento el Ejecutivo Federal destacó que llevábamos varios años disminuyendo el monto de la deuda externa, que registrábamos la inflación más baja de América Latina, y que nuestras reservas ascendían a más 90 mil millones de dólares, lo cual nos permitía resistir presiones en la balanza de pagos21. Pasados seis meses, en la Cumbre del G-20 a principios de abril de 2009, el gobierno recibió respaldo al solicitar al FMI un préstamo de USD 47 mil millones. Asimismo, en la Cumbre se anunció que se destinarían a las economías emergentes –entre ellas México – USD 850 mil millones adicionales para financiar, entre otras cuestiones, gasto contra-cíclico, recapitalización de bancos e infraestructura 22.

Aun sin haber utilizado los USD 57 mil millones de las líneas de crédito del FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, la administración del presidente Felipe Calderón incrementó la deuda pública en MXN 968.477 millones (unos USD 72.744 millones) sólo en los dos primeros años de su gestión (2007-2008), monto que equivale a 12 veces el endeudamiento contratado durante los dos primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo (bienio 1995-1996), cuando el país enfrentó la crisis económica más severa de los últimos 60 años23. Resulta sumamente preocupante que estas medidas, además de incrementar la deuda pública mexicana, reafirman el apego al modelo económico neoliberal y sus instituciones, cuyas limitaciones y contradicciones han sido señaladas en muy diversos foros. Sorprende también cuando varios países de América Latina están probando medidas o procesos diferentes a los que obliga el modelo neoliberal.

Ante el panorama de la crisis la inconformidad ciudadana ha ido creciendo, pero también las propuestas, como la del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, plasmada en la carta del 16 de abril de 2009 dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que proponemos “iniciar un diálogo del más alto nivel, en donde se aborden los temas de la agenda para la urgente renegociación del TLCAN y la salvaguarda de los derechos laborales, sociales y humanos de los ciudadanos de nuestra región”, que pasaría por construir un Fondo de Compensación Asimétrica para Norteamérica, negociar un acuerdo binacional sobre el tema migratorio y firmar un acuerdo para impulsar el Tratado para el Desarrollo Económico y Social de Norteamérica.

Otros piensan que los momentos de crisis ofrecen un terreno fértil para nuevas concepciones teóricas. En todo caso, es urgente generar nuevas ideas, alternativas y estrategias capaces de hacer frente a “las crisis”, ya sea para minimizar sus impactos, o para replantear el modelo.

La vigilancia del gasto público

En el corto y mediano plazo, un tema importante en la agenda de las organizaciones civiles que trabajamos en materia de desarrollo social y derechos humanos, será la vigilancia del gasto público a partir de la obligación del Estado de destinar el máximo de recursos disponibles para el logro progresivo de los DESC, y la premisa de que “aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo”24. Cabe mencionar que el gobierno mexicano respondió a la crisis de 1995 con recortes al gasto que afectaron seriamente a los sectores de educación, salud y electricidad, impactando gravemente la realización de los DESC. Si bien hasta ahora el gobierno federal ha asegurado que mantendrá sus niveles de gasto, es muy necesario que el ejercicio presupuestal enfatice “su sentido social de manera eficaz y sostenida, reduciendo gastos de operación, reorientando prioridades y reduciendo el gasto administrativo en algunas dependencias”25.

Desde la perspectiva de derechos, también será fundamental dar seguimiento a la inversión en infraestructura que se impulse como parte del PICE, sobre todo para asegurar de que, en caso de inversión en megaproyectos de infraestructura (como presas), se informe y consulte debidamente a las comunidades que podrían verse afectadas y se realicen adecuadamente los estudios de impacto social y ambiental para valorar su viabilidad y su capacidad de promover verdadero desarrollo.

En el largo plazo, la oportunidad que se presenta no es sólo para resistir, sino para delinear y empujar un modelo económico y social más justo, como salida a la crisis y en prevención de éstas26. En cualquier caso, consideramos que el respeto al marco internacional de derechos humanos es el referente clave para que “otro país” y “otro mundo sea posible”.

 

1 Directora Ejecutiva de DECA Equipo Pueblo, A.C., organización punto focal de Social Watch en México desde 1996, <laurabecerra@equipopueblo.org.mx>.

2 Coordinadora del Programa Diplomacia Ciudadana, DESCA y Social Watch México <arelisandoval@equipopueblo.org.mx>.

3 Grupo de referencia para Social Watch en México.

4 “Para un nuevo modelo económico y social ¡Pongamos la finanza en su sitio!”. Llamado resultante de una serie de seminarios del Foro Social Mundial de Belem 2009.

5 Arturo Guillén, Profesor Investigador Titular del Departamento de Economía de la UAM. La Crisis Global y la Recesión Generalizada. Versión preliminar. Marzo de 2009, UIztapalapa, México.

6 Declaración del Coloquio Internacional “La Crisis Global y América Latina” en la UAM-U Iztapalapa de México, enero de 2009.

7 Las valoraciones sobre la realidad nacional se basan en documentos integrados por el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas; la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC); así como los resultados de la sesión de “Análisis y Estrategia sobre la Crisis” del Espacio DESC (23 de abril de 2009), articulaciones de las que Equipo Pueblo es integrante.

8 Alberto Serdán Rosales. “México: Pobreza y presupuesto social en el contexto de la crisis financiera 2008-2009”, exposición en sesión de Espacio DESC del 23 de abril de 2009. Más información en: <alserdan.blogspot.com>.

9 Alberto Serdán Rosales, con datos del Banco de México (2009) y de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH 2006).

10 Cifras de INEGI con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al tercer trimestre de 2008, publicadas en: El Financiero, periódico nacional, 18 de noviembre de 2008.

11 Alberto Serdán Rosales, con datos del Banco de México, 2009.

12 Ibid.

13 Alberto Serdán Rosales. “México: Pobreza y presupuesto social en el contexto de la crisis financiera 2008-2009”, exposición en sesión de Espacio DESC del 23 de abril de 2009.

14 ENOE, marzo 2009 en: <www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.asp>.

15 Ver: <www.cnnexpansion.com/economia/2009/04/17/la-produccion-industrial-cae-132>.

16 Héctor de la Cueva(2009). Otra Integración es posible y otra salida a la crisis también: Escenarios de las Américas en el 2009 y los retos del Movimiento Sindical. México.

17 “La guerra que Obama ignora”, Víctor Quintana, Diputado Federal por el estado de Chihuahua, México. La Jornada, 17 de abril de 2009

18 Más información en: <www.sinmaiznohaypais.org/>.

19 “La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional: una presentación sintética de las medidas de política anunciadas hasta el 31 de marzo de 2009”. Quinta Cumbre de las Américas, Puerto España, 17 a 19 de abril de 2009. Disponible en: <www.eclac.org>.

20 Ibídem.

21 “Anuncia Calderón plan anticrisis de 5 puntos”. El Universal, 8 de octubre de 2008. Disponible en: <www.eluniversal.com.mx/notas/545274.html>.

22 La Jornada, 3 de abril de 2009, p. 3.

23 Susana González e Israel Rodríguez. “Calderón elevó la deuda pública casi en un billón de pesos en 2 años”. La Jornada, 13 de abril de 2009.

24 Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 3 sobre la índole de las obligaciones de los Estados Parte, párrafo 12.

25 Alberto Serdán Rosales. “México: Pobreza y presupuesto social en el contexto de la crisis financiera 2008-2009”, exposición en sesión de Espacio DESC del 23 de abril de 2009.

26 Héctor de la Cueva (2009), Op. cit.

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NEPAL

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2009
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Los expertos afirman que Nepal experimentará las repercusiones de la crisis financiera mundial en varios frentes. Otras crisis, relacionadas con el medio ambiente, la alimentación, la energía, las finanzas y la política han embestido a la sociedad desde hace buen tiempo. Es imperioso observar esta realidad desde la perspectiva de género, y analizar cuál es la función de la sociedad civil en la promoción de iniciativas y planes que ayuden a aliviar la situación de las poblaciones vulnerables, las más afectadas por la contracción económica.

Crisis, desafíos y perspectivas

Rural Reconstruction Nepal
Neeraj N. Joshi y Sarba R. Khadka

Los expertos afirman que Nepal experimentará las repercusiones de la crisis financiera mundial en varios frentes. Otras crisis, relacionadas con el medio ambiente, la alimentación, la energía, las finanzas y la política han embestido a la sociedad desde hace buen tiempo. Es imperioso observar esta realidad desde la perspectiva de género, y analizar cuál es la función de la sociedad civil en la promoción de iniciativas y planes que ayuden a aliviar la situación de las poblaciones vulnerables, las más afectadas por la contracción económica.

Nepal, que figura en el lugar 145 entre 179 países clasificados en el Índice de Desarrollo Humano de 2008, padece numerosas crisis relacionadas entre sí (alimentaria, energética, climática y política), al igual que constantes disturbios civiles, aunque en la actualidad sean esporádicos.1 Hasta la fecha no se han registrado consecuencias significativas de la crisis financiera mundial;  sin embargo, los expertos advierten que el país probablemente se vea afectado de diversas maneras.

Por ejemplo, las remesas, que en la actualidad representan 19% del PIB, han sido la salvación de la economía durante prácticamente la última década.2 Las remesas son el motivo principal de que la balanza de pagos continúe con superávit, a pesar del enorme déficit comercial. Además, éstas ayudaron a reducir la pobreza de 42% en 1995/96 a 31% en 2003/04. Más de 1,2 millones de personas trabajan en el exterior.3 La desaceleración de la construcción y de los sectores de servicios en Medio Oriente (que constituye una gran fuente de remesas), y en países como Corea del Sur, Malasia y Japón, reducirá la demanda de la mano de obra nepalesa en el exterior. Dado que más de 34% de los hogares reciben remesas, lo que representa un incremento superior a 80% desde1994/95, su disminución puede perjudicar el avance de la reducción de la pobreza y, en principio, reducir la demanda doméstica, ya que los hogares dudarán antes de gastar dinero debido a la contracción de sus ingresos. El superávit de la balanza de pagos habrá de caer.

La desaceleración mundial y la recesión de las economías desarrolladas también afectarán a las exportaciones, la inversión extranjera y la ayuda oficial al desarrollo, así como a los servicios, que contribuyeron con 50,9% del PIB en 2007. En cuanto al comercio, alrededor de 80% de las prendas de vestir nepalíes se exportan a Estados Unidos. Alemania es el mayor mercado para sus alfombras. La demorada recuperación financiera de esos países probablemente tenga un impacto negativo en la venta de las exportaciones del país.4 La Confederación de Industrias Nepalesas calculó recientemente que el sector manufacturero tendría una pérdida de USD 256,16 millones.5 La caída en picada de la demanda en la industria textil y de la vestimenta, de por sí deprimida, en combinación con el descenso constante de los precios internacionales de materias primas claves, podrían hacer que la pérdida total sea mucho más elevada.

La crisis también tendrá un impacto considerable en el sector turístico. Europa representa 25,7%  y Estados Unidos 5,9% del total de turistas que ingresan al país. A medida que la crisis financiera se agrave en los países de Occidente, los potenciales turistas probablemente aplacen o cancelen sus viajes. La Asociación de Hoteles de Nepal espera, al trabajar junto con el Gobierno y lanzar paquetes promocionales, atraer aproximadamente un millón de turistas en 2010; sin embargo, si continúa la desaceleración económica mundial, este sueño parece inalcanzable.6

Las reservas de divisas del Banco Central también sentirán la presión a la baja. La institución intentará domar la tasa de inflación, actualmente superior a 13%, elevando las tasas de interés. Incluso el sistema bancario podría tener problemas si el pujante mercado inmobiliario se contrae.7 Entre tanto, el sector de la ayuda al desarrollo tampoco estará librado de la crisis. Las ONG de Nepal reciben fondos de donantes empresariales, gobiernos y grandes fundaciones de Occidente. La reducción de esos fondos obligará a esas organizaciones a recortar sus iniciativas en materia de desarrollo. Esto tendrá un impacto negativo en la lucha contra la pobreza y otros problemas de desarrollo.8

Crisis ambiental

El calentamiento planetario como producto del cambio climático, del cual Nepal es un contribuyente mínimo, también amenaza con derretir las nieves y los glaciares del Himalaya, lo que convertiría al medio ambiente glacial en no apto para humanos. Un reciente análisis del Departamento de Hidrología y Meteorología muestra que el país se enfrenta a un aumento anual promedio de temperatura de 0,06oC. El constante recalentamiento afectó la ecología del Himalaya, incluidos los patrones de nevadas y de derretimiento de los hielos, principalmente en función del retroceso de los glaciares y el considerable aumento del tamaño y volumen de los lagos glaciares, algo que los hace más propensos a las crecidas repentinas de los lagos glaciares (GLOF, por las siglas de su denominación en inglés, Glacial Lake Outburst Flooding). Existen al menos 20 lagos bajo riesgo en la región montañosa, y cada vez preocupa más que un terremoto o excesivas precipitaciones provoquen GLOF, lo que arrastraría consigo asentamientos y destruiría obras de infraestructura como plantas hidroeléctricas, carreteras y puentes a lo largo de las cuencas fluviales.9 Más inquietante aun es que el derretimiento de los glaciares del Himalaya podría tener un impacto enorme sobre los recursos hídricos y los sistemas ecológicos fluviales en toda Asia Meridional.10

Asimismo, los patrones de lluvias habrían cambiado drásticamente en los últimos años. Ya no resulta fácil pronosticar la llegada de las lluvias monzónicas ni cuánto habrán de durar, y el rendimiento de los cultivos va en retroceso. En 2006, los agricultores debieron replantar sus arrozales, ya que las lluvias cesaron repentinamente. Y la segunda siembra fue mala, ya que fuertes lluvias cayeron durante la cosecha, lo que dañó los cultivos. Las inundaciones monzónicas de 2008, que también son atribuibles al calentamiento mundial, ya que las inundaciones fueron provocadas por el derretimiento de la nieve de las cumbres montañosas, desplazaron a más de 180 mil personas.

Crisis energética

Luego de Brasil, Nepal es el segundo país más rico del mundo en función de sus recursos de agua dulce. Tiene un potencial de producción de 82 mil megavatios de hidroelectricidad, y la producción de la mitad de ese volumen es técnicamente viable. No obstante, hasta la fecha solo se explota aproximadamente 1% del potencial hidroeléctrico de Nepal, y en 2008 y 2009 el país experimentó la peor crisis de electricidad en años. Se ha generado un desequilibrio crónico entre el consumo de energía y la dotación de recursos energéticos. Cada año, la demanda de electricidad se incrementa 10%, mientras la producción permanece constante. El desfasaje entre la oferta y la demanda obligó al gobierno a declarar una crisis nacional de energía en diciembre de 2008.

Entonces, la Autoridad de la Electricidad de Nepal impuso cortes de energía diarios de 12 horas. Con la proximidad de la temporada seca a principios de 2009, los cortes de electricidad aumentaron hasta 16 horas por día. En consecuencia, la productividad del sector industrial decayó al menos 50%. La escasez de energía provocó el cierre de varias pequeñas y medianas empresas (PyMes). Estas PyMes no solo producen bienes finales y brindan trabajo, sino que también proporcionan bienes intermedios a las empresas más grandes. La falta de energía también perjudicó seriamente a otras empresas, ya que provocó el cierre de varias procesadoras de yute, emisoras de radio FM, cibercafés, fábricas de papel, hoteles y centros turísticos. La gente utiliza cada vez más combustible diesel, cuya oferta es errática, ya que es importado.11 Los bosques de las zonas rurales también sufrieron la presión debido a la falta de fuentes alternativas de energía.

Crisis alimentaria

Nepal se encuentra en la lista de 16 países en peligro de hambruna, que padecen los problemas más graves de inseguridad alimentaria en el mundo.12 Los años de conflicto han alejado la inversión en la agricultura. Cerca de 69% de la población depende de la agricultura. En gran medida son agricultores de subsistencia que poseen pequeñas parcelas de tierra. La “revolución verde” no alcanzó resultados sustanciales en el campesinado y la caída de la productividad acabó con la autosuficiencia alimentaria que caracterizó al país en otros tiempos.

El Programa Mundial de Alimentos proporciona ayuda alimentaria a 2,7 millones de personas actualmente. La situación se agravó mucho en 2008, no solo debido a la subida de los precios sino también a que India decidió suspender las exportaciones de arroz, de las cuales depende Nepal. Los conflictos armados y los frecuentes desastres naturales se han sumado al problema. Unicef señala que la desnutrición es la causa de 60% de la mortandad infantil,13 y el Programa Mundial de Alimentos calcula que 41% de la población está subalimentada.14  

La dependencia generalizada de la agricultura de subsistencia es la causa subyacente de muchos problemas de degradación ambiental, en particular del agotamiento de los recursos forestales, lo que a su vez genera pérdida de biodiversidad y desertificación. Las estrategias de supervivencia, los conocimientos de la población pobre y las opciones de medios de vida sostenibles deben estar vinculados.

Crisis política y social

El Gobierno de coalición se enfrenta a varios desafíos. Su tarea es establecer una paz duradera, institucionalizar la democracia mediante la redacción de una Constitución para la República Federal Democrática de Nepal, e instalar un sistema federal de gobierno que sea aceptable para la mayoría, aunque no para todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, las demoras en este sentido dieron pie a numerosos problemas. Varios grupos armados surgieron en distintas zonas del país y más están emergiendo. Sus secuestros, extorsiones, muertes, saqueos, robos, huelgas y conflictos diarios desestabilizaron aun más al país y son una gran amenaza para la reciente democracia.

Repercusiones de género de las crisis y la función de la sociedad civil
 
Las repercusiones de las diversas crisis afectarán tanto a los medios de vida de las mujeres como a los de los hombres. Los cambios climáticos han hecho que las fuentes tradicionales de alimentos sean menos previsibles y más escasas. El sustento de las mujeres depende más de los recursos naturales amenazados por el cambio climático, que puede provocar la pérdida de cosechas, a menudo su única fuente de alimentos e ingresos. Cuando la tierra se inunda, calles y casas sufren daños. Las mujeres son las que cuidan mayormente de las personas que migran desde las zonas inundadas. El agravamiento de la escasez del agua afecta a las mujeres en particular, ya que son ellas, tradicionalmente, las responsables de la recolección del agua en sus comunidades.

Grandes sectores de la población siguen expuestos a los conflictos civiles, lo cual limita el acceso a los alimentos y a los servicios sociales y económicos. Eso significa un mayor sufrimiento, especialmente para las mujeres, cuyos derechos sobre la propiedad no se garantizan y que carecen de la igualdad en el acceso a los recursos y el trabajo.

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el plano nacional e internacional pueden desempeñar una función destacada al ayudar a difundir el mensaje de las consecuencias de las crisis sobre el género, a través del activismo, el lobby y las campañas. En particular, pueden abogar por la integración de la perspectiva de género en los planes de desarrollo públicos, y en la negociación de estrategias de adaptación y mitigación con el fin de reducir la vulnerabilidad de las mujeres y los hombres nepaleses.

 

1 El fin de la rebelión dirigida por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) en noviembre de 2006, seguido de la instauración de un nuevo gobierno en mayo de 2008, no ha logrado aún el cese total de la violencia.

2 Sapkota, C. “Impact of Global Financial Crisis on the Nepali Economy.” República, 2 de diciembre de 2008. Disponible en: <www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=99>.

3 Parajuili, K. “Nepal Fears Global Financial Crisis, Looks to China.” Disponible en: <www.asianews.it/index.php?l=en&art=13574&size=A>.

4 Pyakuryal, B. (2008). “A Matter of Life and Debt.” Disponible en: <www.kantipuronline.com/columns.php?&nid=165540>.

5 “Impact of Global Financial Crisis on the Nepali Economy.”

6 Singh, M. “Global Financial Crisis: Its Impact.” The Rising Nepal. 2008

7 Adhikari, S. (2009). “Global Economic Crisis and Nepal.” The Rising Nepal.2009

8 Sapkota, C. “Constraints to Industrial Sector Growth in Nepal.” Disponible en: <www.sapkotac.blogspot.com/2009/01/constraints-to-industrial-sector-growth.html>.

9 ICIMOD. “The Melting Himalayas: Regional Challenges and Local Impacts of Climate Change on Mountain Ecosystems and Livelihoods.” Escrito técnico. Katmandú: Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD). 2007.

10 Ibíd.

11 Hassan, M. “Nepal Heading Towards a Dark Future: Needs More Electricity.” Disponible en: <www.southasiabiz.com/2008/02/nepal_heading_towards_a_dark_f.html>.

12 Shamsuddoha, M. et al. “Revamping Policies for Attaining Food Security in the LDCs.” Ginebra: INSouth Centre. Disponible en: <www.insouth.org/>.

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NICARAGUA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La caída de exportaciones y remesas, que ya se empieza a sentir, seguramente redunde en un aumento del desempleo y el empobrecimiento de los nicaragüenses. En el corto plazo, para limitar los impactos de la crisis el Gobierno deberá aumentar el gasto en el sector público, estimulando así la actividad económica y el empleo. De todos modos, estas medidas no atacan el problema central y se hace imprescindible un cambio de rumbo, replantear el actual modelo de crecimiento, recuperar la agricultura de su actual rezago y efectuar un gran esfuerzo para revalorizar el capital humano.

Se necesita un cambio de rumbo

Dr. Adolfo Acevedo,
Comisión Económica de la Coordinadora Civil.
Coordinadora Civil

La caída de exportaciones y remesas, que ya se empieza a sentir, seguramente redunde en un aumento del desempleo y el empobrecimiento de los nicaragüenses. En el corto plazo, para limitar los impactos de la crisis el Gobierno deberá aumentar el gasto en el sector público, estimulando así la actividad económica y el empleo. De todos modos, estas medidas no atacan el problema central y se hace imprescindible un cambio de rumbo, replantear el actual modelo de crecimiento, recuperar la agricultura de su actual rezago y efectuar un gran esfuerzo para revalorizar el capital humano.

La actual crisis económica internacional no es solo la más severa y profunda desde la
Segunda Guerra Mundial sino también la más sincronizada, ya que, si bien se originó en los países desarrollados, está afectando simultáneamente la economía de cada región del mundo. Por primera vez en más de 60 años, en 2009 la economía mundial verá un crecimiento negativo. Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia un crecimiento negativo (-1,3%), la OCDE señala que el comercio mundial experimentará una contracción del 13,2%. Se espera que esta crisis genere la pérdida de 50 millones de empleos1 y la caída en la pobreza de 200 millones de personas. Por otra parte, el Banco Mundial anunció que, como resultado de su impacto, más de 400.000 niños podrían morir por causas evitables2.

Respecto a Nicaragua, la crisis probablemente afecte en el corto plazo el crecimiento de dos rubros fundamentales para la economía del país, como son las exportaciones y las remesas familiares, y derive en un aumento del desempleo (solo en las Zonas Francas, y desde enero de 2008 hasta marzo de 2009, la pérdida neta de empleos ya se situaba en casi 20.000).

Presumiblemente, el impacto de la crisis económica internacional se vea reflejado en una notoria pérdida de impulso de la demanda agregada, lo que determinará una fuerte disminución del ritmo de crecimiento de la producción y el empleo, con el riesgo inherente de una posible entrada en recesión. Las diferentes proyecciones que se han realizado sobre la economía muestran que, en mayor o menor medida, los principales componentes de la demanda agregada se desacelerarán de manera ostensible en 2009.           

La reducción de la exportación de bienes y servicios, del flujo de las remesas familiares, del crédito interno y externo, así como los problemas de liquidez y una mayor incertidumbre, probablemente se traduzcan en fuertes presiones recesivas que afectarán, con distinta intensidad, a muchos sectores de la economía. La reducción en el ritmo de crecimiento de la demanda agregada posiblemente se refleje en una tasa de crecimiento del PIB que, en el mejor de los casos, podría alcanzar un 0,5%, con alta probabilidad de caer a un negativo -1%.

Caída de exportaciones y remesas
  
La producción de bienes y servicios para la exportación ha venido representando el motor fundamental del crecimiento de la economía nicaragüense, al tiempo que la de bienes y servicios para el mercado interno casi no ha crecido en la última década y media. Al mismo tiempo, Nicaragua muestra una elevada dependencia del golpeado mercado de Estados Unidos para la colocación de sus exportaciones – que hasta 2008 representaban el 26,7% del PIB. Por esta razón, hasta marzo de 2009 las exportaciones registraron una retracción de casi 19%3.

Las remesas familiares, por su parte, que llegaron a sumar USD 807 millones – casi el 13% del PIB – en 2008, ya en mayo de 2009 habían caído 4%4. Cuatro de cada 10 familias nicaragüenses son receptoras de remesas, el 60% de las mismas proveniente de Estados Unidos. Las remesas representan un colchón social fundamental para la economía nicaragüense, ya que se estima que, en su ausencia, la tasa de pobreza crecería 4 puntos porcentuales.

Desempleo y pobreza

La CEPAL estimó un aumento de la tasa de desempleo desde 7,5% en 2008 a entre 7,8% a 8,1% en 2009, además de un incremento del mercado informal. El aumento significará que hasta 1,8 millones de personas se sumen a los 1,6 millones de nicaragüenses ya desempleados5.

Esto factiblemente reflejaría a su turno en un empeoramiento en la cantidad y la calidad del empleo. La pérdida de empleo formal se verá asociada a la pérdida de los beneficios de la protección del seguro social, tanto del receptor principal como de los beneficiarios dependientes.  

Es difícil que quienes pierden su empleo en el sector formal encuentren otro en el mismo sector, ya que  éste se ésta reduciendo fuertemente. Dado que los pobres no pueden darse el lujo de permanecer desocupados, el resultado más probable será la extensión del empleo y el sub-empleo en el sector informal. Este sector, al que recurren en búsqueda de ocupación los desempleados y la mayor parte de los jóvenes que se integran a la población activa, se verá sobre-saturado, con un deterioro del ingreso por persona. Seguramente aumentarán los niveles de pobreza e indigencia ya excesivamente altos, al tiempo que se profundizará la descomposición del tejido social.

En un país con una distribución del ingreso tan desigual (0,56 de coeficiente Gini) la población situada en los peldaños más bajos se beneficia menos en las fases de crecimiento de la economía pero tiende a ser la más afectada por cualquier shock adverso. Los más pobres carecen de ahorros y activos a los que puedan recurrir para amortiguar el impacto y hacer frente a las épocas duras, de manera que los efectos de las crisis sobre ellos pueden ser suficientes para hacerlos descender rápidamente por debajo de la línea de la pobreza extrema o la indigencia.

Lo más probable es que, ante el aumento del desempleo, se creen formas de generación de ingresos a escala pequeña y familiar dentro del sector informal, como estrategia de supervivencia de los hogares, y aumente la búsqueda de empleo por cuenta propia. Tales estrategias podrían tener efectos significativos en el crecimiento del trabajo no remunerado de miembros de la familia, con el peso recayendo en las mujeres y los niños. Al mismo tiempo, la saturación de este tipo de empleos tendería a reducir aún más el ingreso per cápita de los hogares que dependen de ellos, en condiciones en que los niveles de pobreza asociados a este tipo de empleos ya son muy elevados.

Por otra parte, el alza en el precio de los alimentos verificada durante 2007-2008 tuvo un severo impacto sobre los más pobres, reduciendo fuertemente su acceso a los alimentos y agravando su situación. A diciembre de 2007 el índice de precios de los alimentos había aumento 24,9% con respecto a diciembre de 2006, mientras que a diciembre de 2008 había aumentado otro 22,5%.

Esta contracción en el acceso a los alimentos no solo habría ocurrido con los pobres urbanos, un 93,8% de los cuales, según la FAO, constituyen compradores netos de alimentos, sino también con los pobres rurales, cuyo 73% también serían compradores netos de alimentos. El deterioro de la situación económica de los hogares podría agravar aún más las dificultades de acceso a los alimentos y empeorar la situación de hambre en un país en que el 22% de la población padece subnutrición.

Las mujeres se ven más afectadas

Las mujeres constituyen un grupo de la población especialmente vulnerable ante los efectos de la crisis. Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el 71% de las que viven en zonas rurales en edad de trabajar, y el 58% en zonas urbanas, no se incorporan al mercado de trabajo y, por tanto, no tienen fuentes de ingreso propias. La baja de ingresos familiares puede derivar en sobrecargas de trabajo de las mujeres dentro del hogar, para producir los bienes que ya no se podrán adquirir en el mercado.

Por otra parte, el 86,5% de las  nicaragüenses trabaja en los sectores de servicios (35,8%), comercio (32,3%) e industria manufacturera (18,4%), que podrían ser los más afectados por el desempleo o por la precarización del empleo a raíz de la crisis. De hecho, las mujeres han sido las más afectadas por la pérdida de empleos en las zonas francas.

Medidas para contener los efectos de la crisis

Limitar los efectos de la crisis económica internacional significaría principalmente atenuar la desaceleración de la demanda agregada o el gasto total que se orienta hacia la adquisición de bienes y servicios domésticos. El instrumento al que recurren con más frecuencia los gobiernos para enfrentar presiones recesivas es la implementación de una política monetaria y crediticia expansiva, para reanimar el gasto en el consumo y la inversión y atenuar los problemas de liquidez, lo cual significa que el Banco Central podría: 1) reducir el encaje legal (monto legal de reservas), 2) readquirir letras bancarias que ha colocado a través de operaciones de mercado abierto, o 3) reducir la tasa de descuento que aplica a las líneas de crédito que otorga al sistema financiero.

En todo caso, será indispensable disponer de líneas de crédito para apoyar a bancos que eventualmente pudiesen experimentar problemas de liquidez – debido, por ejemplo, al retiro de sus fuentes de financiamiento externo – o para que los bancos apoyen a empresas con problemas de liquidez. En un caso extremo, incluso, para recapitalizar bancos que pudiesen llegar a tener problemas de solvencia. Esto no tiene nada que ver con un trato privilegiado al sector financiero, sino con el hecho de que la inestabilidad del mismo puede tener repercusiones extremadamente severas sobre la economía real (la actual crisis mundial comenzó por una “simple crisis” en el sector financiero).

Hasta ahora, la medida más importante que promovió el Gobierno fue la obtención de una línea de crédito contingente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que sería utilizada en la eventualidad de que algunos bancos llegaran a experimentar dificultades financieras.

Sin embargo, es difícil que los bancos expandan agresivamente sus operaciones de crédito frente a las perspectivas tan magras e inciertas de los diferentes sectores de la economía. De hecho, el crédito bancario tiende a ser pro-cíclico, esto es, a restringirse cuando las circunstancias económicas se deterioran, lo que las deteriora aun más.

Para contrarrestar la contracción en la demanda agregada originada por la disminución del consumo privado y la inversión, la opción lógica es la expansión del gasto público. Éste representa, al igual que el gasto privado, una parte de la demanda agregada, capaz de estimular la actividad económica y el empleo. Por el contrario, si en vez de expandir el gasto público éste se contrae, se profundizará más la recesión; es decir que la reducción del gasto público será pro-cíclica.

La opción más efectiva para contrarrestar una desaceleración tan fuerte de la demanda agregada sería impulsar un paquete de inversiones públicas que compensen la caída en el crecimiento de los demás componentes de esa demanda. Éste es el esquema que se está privilegiando en todo el mundo.

Un agresivo programa de inversión pública en infraestructura básica, de rápida maduración – reparación y mantenimiento de caminos y mejoría de la red vial, expansión y mejoría de la red de distribución de agua potable y saneamiento, expansión de la red de distribución de energía, mantenimiento, reparación y construcción de nuevas aulas, viviendas, etc. –, así como un programa para mejorar la productividad de las pequeñas y medianas unidades económicas, urbanas y rurales, tendría varias ventajas. No solo contribuiría a contrarrestar o al menos atenuar el impacto de la crisis, sino que también se traduciría en la creación de activos y capacidades que contribuirían al desarrollo futuro del país. Tales inversiones constituyen prerrequisitos y elementos fundamentales del proceso de desarrollo.

Resultará esencial, además, proteger por todos los medios posibles el gasto fundamental de inversión en capital humano, especialmente el gasto en educación, atención en salud y acceso a los medicamentos esenciales y nutrición, y extender el gasto en protección social, que debe funcionar como un amortiguador contra los peores efectos de la pobreza en condiciones de fluctuaciones indeseadas de la economía.

Medidas a largo plazo

Sin embargo, no basta con enfrentar el impacto de la crisis a corto plazo. Es imprescindible comenzar a cambiar el rumbo del país, superar, de manera decidida, el enorme rezago y abandono de la agricultura6 y las zonas rurales, replantearse el actual estilo de crecimiento y realizar un esfuerzo extraordinario de inversión en capital humano e infraestructura básica. Nuestra propuesta es hacer un esfuerzo nacional de primer orden para alcanzar, en un nuevo plazo perentorio, una serie de metas fundamentales:
 
· Erradicar el analfabetismo adulto, vale decir, que para la fecha propuesta deberá estar
alfabetizado el 100% de la población mayor de 15 años.
· Universalizar la educación pre-primaria, elevando al 100% la tasa neta de matrícula entre los niños de 3 a 5 años.
· Alcanzar una tasa de matrícula primaria neta del 100%.
· Lograr que al menos el 80% de los niños y niñas que se matriculen en el primer grado de la educación primaria, logren culminar el ciclo completo de la enseñanza primaria.
· Alcanzar una tasa neta de matrícula secundaria del 75%.
· Elevar de manera significativa la calidad y pertinencia de la educación en todos los niveles.
· Lograr que, en el plazo que se establezca, se alcance una escolaridad promedio nacional de 9 años.

1 Ver: OIT. Tendencias mundiales del empleo, 2009. Diponible en: <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_103599.pdf>.

2 Ver: <www.gara.net/paperezkoa/20090322/128371/es/El-BM-compara-profundidad-crisis-actual-Gran-Depresion>.

3 Ver: <impreso.elnuevodiario.com.ni/2008/10/14/economia/87227>.

4 Ver: <www.remesasydesarrollo.org/estadisticas/remesas-familiares-hacia-nicaragua-siguen-cayendo-por-recesion-economica>.

5 Ver: <mpreso.elnuevodiario.com.ni/2008/12/19/economia/91815>.

6 La agricultura representa el 21% del valor agregado bruto producido por los diversos sectores de la economía nicaragüense,  y emplea alrededor del 30% de la fuerza de trabajo ocupada en el país, representando el sector que individualmente genera más empleo.

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NIGERIA

Publication_year: 
2009
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La mayoría de los nigerianos ha vivido por mucho tiempo en una situación de colapso económico. La corrupción es generalizada, hay falta de electricidad en todo el país, la educación y la salud se encuentran en condición deplorable y la lucha armada por el control de los recursos petroleros sigue siendo intensa. La crisis económica mundial profundizó aún más la pobreza. Los expertos subrayan que el país debería tomar medidas para reducir su dependencia del crudo y resolver la escasa implementación de los presupuestos anuales.

Apremio sin fin

Social Watch Nigeria
Luke Chukwu
Judith Ogunniran
Ray Onyegu1

La mayoría de los nigerianos ha vivido por mucho tiempo en una situación de colapso económico. La corrupción es generalizada, hay falta de electricidad en todo el país, la educación y la salud se encuentran en condición deplorable y la lucha armada por el control de los recursos petroleros sigue siendo intensa. La crisis económica mundial profundizó aún más la pobreza. Los expertos subrayan que el país debería tomar medidas para reducir su dependencia del crudo y resolver la escasa implementación de los presupuestos anuales.

Más del 90% de los nigerianos ha estado lidiando con la crisis económica por muchos años, pero su precaria situación ha empeorado desde que el actual Gobierno asumiera el poder. Con el total colapso de la infraestructura pública – como caminos y electricidad – y la corrupción generalizada, la vida se ha vuelto un interminable relato de necesidades, desamparo y miedo. Nigeria está a punto de ser considerado como un estado fallido.

Corrupción

Cada día los medios electrónicos y la prensa escrita denuncian casos de funcionarios del Gobierno que saquean fondos públicos y transfieren el dinero al extranjero. Según el ex presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz, durante aproximadamente cuatro décadas más de USD 300 mil millones fueron robados y escondidos en bancos extranjeros2. Se ha sugerido que si Estados Unidos, con sus billonarios presupuestos nacionales, puede enviar a su Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en busca de los USD 14 mil millones que los evasores fiscales tienen en Suiza, no hay ninguna razón por la cual Nigeria deba ignorar las advertencias del economista y Premio Nóbel Joseph Stiglitz y de funcionarios de la ONU para ir en procura de los miles de millones de nairas nigerianos almacenados bancos extranjeros3. Sin embargo, en vez de hacerlo, se discute pedir más dinero prestado y volver a caer en la trampa de la deuda para luchar contra la crisis económica.

Electricidad

Nigeria debe generar un mínimo de 10.000 megavatios por día para asegurar la normal distribución de electricidad. Sin embargo, cuando el actual Gobierno asumió en 2007, solo se generaban 3.000 megavatios diarios. Dos años después, la producción cayó a menos de 1.500 megavatios. La oscuridad reina en todo el país. Debido a la falta de suministro energético regular e ininterrumpido, los negocios se han venido a pique. El sector industrial está prácticamente extinguido. El desempleo es generalizado. Según un informe en primera página del periódico The Guardian, el Gobierno está solicitando otro préstamo de USD 600 millones del Banco Mundial para mejorar la situación del suministro de energía4. Los problemas que esto plantea son muchos. Por ejemplo, no hay ninguna garantía de que el préstamo no habrá de terminar en las cuentas del extranjero de los funcionarios del gobierno. Y en tanto el proyecto de electricidad es a largo plazo, las necesidades de las personas son inmediatas.

Educación y salud

Los docentes universitarios han realizado varias huelgas este año para llamar la atención sobre el estado deplorable del sector educativo. Entre otras cuestiones, protestan por la falta de instalaciones, el colapso total de infraestructura como electricidad y vivienda, y la arbitrariedad del Gobierno respecto a sus peticiones de mejoras. La situación en los niveles primario y secundario no difiera de la de nivel terciario. Los altos funcionarios del gobierno, así como los políticos, envían a sus hijos a escuelas y universidades en el exterior. Finalizada su educación, muchos de los que estudian en el extranjero se niegan a regresar a la podredumbre del país.

Los hospitales y las instalaciones de salud se han convertido en casas mortuorias; son sitios donde los enfermos van a morir. Los funcionarios gubernamentales y los políticos viajan al exterior para tratar sus problemas de salud. Desde hace varios años viene dándose un éxodo masivo de doctores y otros profesionales de la salud a Europa y América, donde pueden trabajar en mejor condiciones. Los hospitales y otras instalaciones de salud pública carecen de medicamentos; y donde están disponibles, son falsificaciones. Las instalaciones de salud eficientes son privadas y no son asequibles para la mayoría pobre.

Conflicto armado en el Delta del Níger

El conflicto armado entre las fuerzas del Gobierno y los separatistas militantes en la región del Delta del Níger por el control del petróleo que genera el 95% de la riqueza petrolera de Nigeria no da ninguna señal de detenerse. Los militantes secuestran a trabajadores extranjeros y explotan tuberías y otras instalaciones que pertenecen a las compañías petroleras. Varias compañías, entre ellas la BP-Shell, están cerrando sus operaciones en la región. Se teme que, al ritmo actual de disminución de la producción petrolífera, el Gobierno no podrá cumplir sus objetivos de ingresos. El resultado será más pobreza y muerte.

Escasa implementación de los presupuestos anuales

Durante una mesa redonda sobre la perspectiva comercial y económica para el año fiscal 2009 y la revisión del presupuesto 2009, organizada por la Oficina de Información Comercial en Lagos en enero de 2009, los expertos pintaron un cuadro económico sombrío para los nigerianos. Los panelistas fueron el Director General de Asociados Económicos, Dr. Ayo Teriba; el Director de Investigaciones del Comité Nacional de Inteligencia Económica, Sr. Weneso Orogun; y el renombrado economista y decano de la Facultad Académica de la Escuela de Comercio de Lagos, Dr. Doyin Salami. Además de la crisis económica mundial, los panelistas incluyeron la escasa implementación de los presupuestos anuales como factor contribuyente al lento crecimiento de la economía en las últimas décadas. Según los expertos, la cuestión no tiene tanto que ver con el aumento de las dificultades económicas y la deficiente calidad de vida del nigeriano medio, sino cuánto tiempo habrá de durar esta situación.

Orogun tachó de escandaloso el hecho de que la utilización de proyectos de capital hacia el tercer trimestre de 2008 fuera de apenas 33%. Se preguntó por qué, teniendo en cuenta la situación deplorable del sector de transporte, sobre todo las carreteras, el Ministerio de Transporte sólo había utilizado el 42,3% de su asignación en 2008, reembolsando aproximadamente USD 420 millones al  Tesoro. En efecto, en septiembre de 2008, sólo 10 ministerios habían utilizado más del 50% de sus asignaciones de capital. Orogun atribuyó la situación a la escasa capacidad técnica para poner implementar el presupuesto, al monitoreo ineficiente del presupuesto y a la corrupción.

Teriba, que fue el orador invitado, dijo que el colapso mundial significaría no solo una caída de la demanda global de bienes y servicios sino también un brusco descenso de los precios de las materias primas globales, como se manifiesta, por ejemplo, en la drástica reducción del precio del crudo. También dijo que habría escasez de crédito y un aumento de las tasas de interés con los consiguientes efectos multiplicadores. En términos específicos, presentó un panorama en el cual los bancos locales encontrarían muy difícil otorgar préstamos y, si lo hicieran, la tasa de interés sería muy alta. Esto se agregaría a los altos costos actuales de hacer negocios en el país, y empeoraría la situación grave del sector industrial y, en general, de prácticamente todos los operadores comerciales. Además, el experto dijo que las industrias y otras empresas también experimentarían menor demanda de sus bienes y servicios debido a la reducción del poder adquisitivo de la población. Esta situación se traducirá sin duda en pérdida de riqueza, recortes de empleos y otros problemas socioeconómicos.

Teriba enfatizó que los problemas económicos que se avecinan no se solucionarán tan pronto como debieran porque parece no haber ninguna capacidad para manejar la situación, aunque cree que el Gobierno todavía podría aliviar los efectos de la crisis mundial realizando mayores esfuerzos por restaurar la confianza en la economía. Sugirió que la decisión de basar el presupuesto 2009 en USD 45 por barril de crudo proyecta un pesimismo que envía señales erróneas a los actores involucrados. En su opinión, ya que el Gobierno basó el presupuesto 2008 en USD 59 por barril, mientras el precio del crudo era de USD 100, podría basar el presupuesto 2009 en un precio mucho más alto y usar las ganancias de 2008 para compensar la diferencia.

Salami manifestó que a los nigerianos les esperan tiempos difíciles debido a las medidas que tomará el Gobierno respecto a la crisis mundial. Censuró la dependencia del país del petróleo crudo, y destacó que se espera que la demanda mundial disminuya, de 85,84 millones de barriles diarios (mbd) en 2008, a 85,66 mbd en 2009, al mismo tiempo en que los países petroleros no pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se preparan para aumentar la producción de 50,57 mbd en 2008 a 51,15 en 2009. Esto implica que, al caer los ingresos del petróleo, el Gobierno probablemente incremente sus esfuerzos de recaudación fiscal, reduciendo de esa forma los ingresos disponibles y los ahorros de los ciudadanos. Salami enfatizó que se aproximan años flacos para los que dependen únicamente del comercio, y sugirió que una solución sería identificar los activos subvalorados de la economía y convencer a la gente para que invierta en ellos.

A la vista de esta situación, sólo podemos augurar un futuro sombrío. La crisis económica mundial sólo se suma a las ya deplorables condiciones de vida de los pobres de Nigeria. Es éste un muy mal escenario que sólo puede empeorar.

1 Luke Chukwu es Director de la Junta Directiva de Social Watch, Nigeria/ Profesor en Contabilidad de la Universidad de Imo State, Nigeria; Judith Ogunniran es Vice-directora de la Junta Directiva de Social Watch, Nigeria/ Directora Ejecutiva de Women and Youth in Africa; Ray Onyegu es Coordinador Nacional de Social Watch, Nigeria/ Director Ejecutivo de Socio Economic Rights Initiative.

2 Ojiabor, O. “Corruption Has Ruined Nigeria – APRM report.” Economic and Financial Crimes Commission, 2008. Disponible en.

3 Onuorah, M. y Okwe, M. “World Bank Gives Nigeria $600m for Power.” The Guardian, jueves 18 de junio de 2009. Disponible en.  

4 Stolpe, O. Gerente Principal de Projecto de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Delitos, en una conferencia de prensa sobre “Non-Conviction Based Forfeiture of Proceeds and Instrumentalities of Unlawful Activity Bill”. Abuja, 20 de mayo de 2009.

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Nuevo contexto, viejas políticas

Publication_year: 
2009
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Los niveles de inflación, pobreza e indigencia son muy superiores a los mostrados por las estadísticas oficiales. Las medidas para combatir la crisis deberían corregir la concentración y desigualdad, partiendo de una agenda de transformación que incluya políticas sociales de corte universal para superar la dinámica excluyente de las últimas décadas y construir ciudadanía basada en los derechos civiles y políticos y sociales. Por otra parte, para avanzar en la sustentabilidad de las políticas sociales, es preciso que, a diferencia de lo que sucede últimamente, se disponga de información pública confiable.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)1

Los niveles de inflación, pobreza e indigencia son muy superiores a los mostrados por las estadísticas oficiales. Las medidas para combatir la crisis deberían corregir la concentración y desigualdad, partiendo de una agenda de transformación que incluya políticas sociales de corte universal para superar la dinámica excluyente de las últimas décadas y construir ciudadanía basada en los derechos civiles y políticos  y sociales. Por otra parte, para avanzar en la sustentabilidad de las políticas sociales, es preciso que, a diferencia de lo que sucede últimamente, se disponga de información pública confiable.

Sin duda, la crisis financiera global repercutirá en breve en el país. En este marco, ¿cuáles son las respuestas alternativas que se están planteando para hacer frente a un inminente aumento de la pobreza? ¿Cuáles son las propuestas en materia de políticas sociales frente a este nuevo escenario? ¿Continúan vigentes las políticas post crisis del año 2001 que han sido sostenidas en un contexto de crecimiento económico? Por otra parte, en materia de políticas centrales a la hora de pensar temas como exclusión, pobreza e indigencia, como las de transferencia de ingresos, ¿qué perspectivas hay de abandonar las respuestas de corte focalizado e incursionar en políticas de corte universal?

Como es sabido, la década de los 1990s significó para América Latina, y particularmente para Argentina, un proceso de transformación en términos económicos, políticos y sociales. En primer lugar Argentina fue el país de la región que implementó de manera más extrema las políticas dictadas por los organismos internacionales de asistencia crediticia, al tiempo que transformó en pocos años el funcionamiento de la economía, del marco regulatorio, la privatización de servicios públicos, la cobertura en materia de seguridad social, las responsabilidades estatales en numerosas áreas y servicios y la propia concepción de una política social ajena a un enfoque de derechos humanos.

En forma paralela, y contraria a los designios de los mentores de dichas políticas, el desempleo, la pobreza, la indigencia y la inequidad fueron creciendo aceleradamente, para desembocar a fines del 2001 en una severa crisis institucional y económica que llevó a la caída del gobierno, al abandono, tras diez años de implementación, del régimen de convertibilidad de la moneda y a un abrupto incremento de los niveles de pobreza e indigencia en el país que llegaron, respectivamente, al 57,2% y al 27,5% de la población en octubre de 20022.

Si bien a partir del año 2003 se hicieron evidentes los signos de recuperación económica, en el primer semestre del año 2008, la población por debajo de la línea de la pobreza alcanzaba todavía el 17,8%3 en tanto por debajo de la línea de la indigencia llegaba al 5,1%. Si bien la producción y difusión de información oficial es hoy día deficiente, informes privados e independientes estiman que esta situación superó el 30% – unas 12 millones de personas – en 20084. Respecto a la indigencia, mediciones extraoficiales la ubican en más de un 10%, – o sea, 4 millones de argentinos.

Ahora bien, más allá de los datos en sí mismos, esto resulta alarmante en un contexto de crecimiento económico que se anuncia se tornará recesivo. Así, más allá de cuánto demore la crisis internacional en llegar, la situación reviste singular gravedad. En este marco se dan situaciones límite, que en algunos casos son de vulnerabilidad social, para las cuales el mayor riesgo lo representa la inflación que, según estimaciones privadas, es 4 veces superior a la oficial. Por lo tanto, un aumento de la canasta básica superior a los ingresos reduciría la ya corta distancia de estos hogares respecto de la línea de pobreza.

Desempleo

En cuanto al mercado laboral, entre el 2003 y el 2007 el desempleo descendió en más de un tercio. En el cuarto trimestre de 2008 la tasa de desempleo se encontraba en 7,3%5. Pocas personas cobran el seguro de desempleo, desalentadas – entre otras razones – porque el beneficio apenas representa el 20% del actual sueldo promedio. Aunque no hay datos oficiales actualizados, se estima que sobre 1.200.000 de desocupados que informa el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) están cobrando el subsidio solamente 125.000 despedidos. Y por su parte, también se contrajo de manera significativa la subocupación a un 9,1%. En todos los casos que se habla de aumentos en la ocupación, no significa que los mismos refieran a la inserción a través de empleos registrados formales. Por otra parte, las inequidades de género en el mercado de trabajo continúan sin variaciones y no se han implementado acciones positivas tendientes a revertir las situaciones discriminatorias. En efecto, persiste un alto nivel de informalidad.

Si bien el empleo no registrado cayó – de 47% en el primer trimestre 2003 a 37,8% en el último trimestre 2008 –, el porcentaje de trabajadores informales sigue siendo extremadamente alto. El efecto concreto es que las regulaciones laborales y las políticas públicas que impulsan el salario indirecto (como el aumento en las asignaciones familiares, las regulaciones sobre obras sociales, el esquema jubilatorio, etc.) excluyen a cuatro de cada diez asalariados.

El acceso a la información

A todo esto se suman los serios problemas de producción y acceso a la información pública del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)6 que ha deparado, entre otras graves consecuencias, la ausencia de estadísticas confiables en temas tan sensibles como empleo, pobreza e inflación.

Sin ir más lejos, han proliferado las mediciones alternativas que revelan, entre otras cosas, que los niveles de inflación, pobreza e indigencia son muy superiores a aquellos sostenidos por las estadísticas oficiales. Este panorama dificulta el análisis de la realidad social y la tarea de diseñar políticas acordes.

¿Cuáles son las respuestas?

En líneas generales podría afirmarse que las políticas sociales argentinas se consolidan, ya desde la salida de la crisis de 2002, a través de dos grandes líneas: por un lado, las dirigidas a los trabajadores asalariados formales y, por otro, las destinadas a los sectores no integrados al mercado laboral formal, concretamente mediante programas sociales de transferencias de ingresos.

La primera línea, la política de recomposición salarial y de adopción de medidas destinadas a trabajadores asalariados formales incluyó también la revisión del régimen previsional y de asignaciones familiares, conjuntamente con estímulos para el registro del empleo, entre otras medidas adoptadas. En este marco pareciera haber una creciente confianza en el mercado como eje integrador y espacio de canalización de las necesidades individuales y sociales, a lo cual se integra un dispositivo de políticas para el “mientras tanto”.

La segunda línea ha consistido en programas de transferencias de ingresos para sectores con diverso tipo de “vulnerabilidad”. Dentro de este grupo de políticas cabe destacar el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), que es el emergente del escenario de crisis económica y alto nivel de conflictividad social que signó los últimos años de la convertibilidad en la Argentina. Constituye, básicamente, un programa centrado en el pago de una ayuda monetaria (unos USD 40 por titular) con el fin retórico de “garantizar el Derecho Familiar de Inclusión Social” a partir de asegurar la concurrencia escolar de los hijos/as y el control de salud, incorporar a los receptores a la educación formal y/o actividades de capacitación laboral que coadyuven a su futura reinserción laboral e incorporar a los receptores a proyectos productivos o servicios comunitarios, bajo la modalidad de “contraprestación” 7.

Sin duda, uno de sus principales logros ha sido su alcance cuantitativo en el breve lapso. Entre los principales destinatarios de las políticas de transferencias de ingresos se encuentra el PJJHD, que comenzó en junio de 2003 y alcanzó a 1.992.497 personas y en noviembre del 2007 contaba con 795.274 receptores8. Luego, como se verá más adelante, se registró una merma a raíz de la opción del traspaso a otros programas sociales como el Programa Familias por la Inclusión Social (PF), otros consiguieron empleo u otros casos en los que sus hijos superaron los 19 años.

Luego, ya en contextos de crecimiento económico, para los receptores del PJJHD considerados “empleables” o en vías de serlo en marzo de 2006 se anunció la creación del Seguro de Capacitación y Empleo sin que su implementación haya avanzado sustancialmente (para marzo del 2007 solamente habían ingresado 32.000 receptores a este programa).

Para los “inempleables” (en particular mujeres con cargas reproductivas) se creó el PF en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Según los datos oficiales, para agosto de 2007 el programa contaba con 504.784 familias destinatarias que reciben una prestación variable según la cantidad de hijos/as o menores de 19 años a cargo o discapacitados de cualquier edad. El monto básico es ARS 155 (USD 42) y la cifra puede llegar a ARS 305 (USD 82) con 6 menores a cargo (ya que luego pueden pasar a recibir la pensión para madres de siete o más hijos) que reciben ARS 390 (USD 105).

En líneas generales estos programas no respetan adecuadamente estándares en materia de derechos humanos. Puntualmente, presentan ciertas debilidades en términos de “contenido mínimo” de estándares aceptables de los derechos sociales y en particular sobre los principios de igualdad, no discriminación, universalidad y acceso a la justicia. Por lo tanto, más allá del discurso en términos de “derechos”, su diseño e implementación continúan pensándose bajo la lógica de beneficios.

Sin embargo, no obstante su magnitud, la disminución del porcentaje de pobreza e indigencia entre los años 2002 y 2007 difícilmente pueda ser atribuida a los programas implementados, cuyo aporte se puede evaluar más como un “alivio” que como una estrategia de “superación” de la pobreza. Pero sobre todo, la sombra que proyecta la crisis internacional hace que aspectos de persistencia e inamovilidad resulten alarmantes. Si bien el número de receptores del PJJHD ha disminuido por diversas razones desde la crisis del 2001-2002, aún el alcance resulta significativo para un país que ha experimentado crecimiento económico. Cabe también recordar que el acceso a ambos programas se encuentra cerrado, por lo que la única vía de ingreso es la judicial y para muchos sectores la universalidad de la cobertura, en el marco de los criterios seleccionados, es solo una ilusión.

Políticas sociales universales, una necesidad urgente

El incremento del empleo y los ingresos se está produciendo básicamente en el mercado formal. El Estado generó y sostuvo las condiciones macroeconómicas que permitieron el proceso de reactivación económica y lo acompañó con algunas políticas y acciones destinadas a mejorar los ingresos de los sectores formales (asignaciones familiares, salario mínimo, etc.) con lo cual reforzó esta tendencia. En líneas generales, las luces en este proceso han estado puestas principalmente en los trabajadores asalariados formales, quienes han mejorado sus condiciones en relación con las políticas aplicadas durante los años 1990.

La persistencia de un elevado nivel de empleo no registrado y de un alto nivel de pobreza e indigencia disminuye el impacto de medidas orientadas al trabajador asalariado formal y aumenta las disparidades entre los dos sectores.

Sin ir más lejos, aquellos trabajadores que se encuentran dentro del mercado de trabajo reciben una asignación familiar (AAFF) por hijo/a pero no así aquellos sectores pertenecientes a la economía informal, cuentapropistas, desempleados no receptores del seguro de desempleo (por ejemplo quienes reciben planes sociales), trabajadoras del servicio doméstico, migrantes, personas privadas de libertad o institucionalizadas por encontrarse afectadas en su salud mental. Si bien cabe aclarar que el objetivo de las asignaciones no fue cubrir directamente a los niños/as sino el crecimiento y expansión familiar del trabajador asalariado formal, no hay razón por la cual un/a niño/a cuyo padre o madre se encuentran por fuera del mercado formal de trabajo, como cuentapropistas o como receptor de un programa social, no pueda ser alcanzado por la política pública.
 
El censo de población de 2001 mostró que el 70% de los niños estaba excluidos. Esta discriminación, por otra parte, se traslada a los programas sociales de transferencias de ingresos como el PF: ahí el hijo de una madre receptora recibe ARS 45 (USD 12), en tanto aquel cuyos padres tienen un trabajo formal puede llegar a percibir hasta ARS 100 (USD 27) por AAFF.

El nuevo escenario

Es posible que la crisis internacional reabra un espacio para redescubrir la pobreza y abrir una ventana de oportunidad para la discusión de la universalidad. Sin embargo, como signo alentador, se han presentado numerosos proyectos legislativos que han sido sólo discutidos a nivel de comisión. Aun así, la provincia de Buenos Aires, la más significativa del país en términos de influencia política y población, está implementando gradualmente una política de beneficio universal. Si bien las políticas universales propuestas no habrán de solucionar la problemática de pobreza y exclusión, al menos pueden poner en marcha un dispositivo de política social acorde con el contexto socio-económico y los cambios en el mercado de trabajo. Se impone, entonces, tomar en cuenta las transformaciones acaecidas y omitir la continuación de políticas acordes a otros contextos, como el de pleno empleo.

La conclusión es obvia: en el marco de la recuperación de la actividad económica, las condiciones de funcionamiento de la economía local (elevada concentración y extrema desigualdad) no se han modificado en lo sustancial. Una agenda de transformación debería incluir, entre otras cosas, políticas sociales de corte universal, lo que en rigor implica reinstalar la discusión sobre universalidad y asumir que la política social sigue siendo cardinal para la construcción de ciudadanía basada en el respeto y la profundización de derechos individuales y sociales. Al mismo tiempo, las políticas de corte universal configuran una vía para superar efectivamente la dinámica excluyente de las últimas décadas. Para esto, es fundamental contar con información pública confiable, de calidad y en cantidad suficiente que permita avanzar en la sustentabilidad de las políticas sociales.

1 Elaborado por Pilar Arcidiácono  y Laura Royo, directora e integrante del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2 Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), Porcentaje de hogares y personas bajo las líneas de pobreza e indigencia en los aglomerados urbanos EPH y regiones estadísticas, desde mayo 2001 en adelante. Disponible en: <ww.indec.gov.ar/>.

3 INDEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

4 “Estiman que la pobreza es casi el doble de la admitida por el Gobierno”. La Nación, 3 de Febrero de 2008.

5 “Seguro de desempleo: lo piden pocos y está desactualizado”. Clarín, 9 de Marzo de 2009. Disponible en:
 <www.clarin.com/diario/2009/03/09/elpais/p-01873175.htm>.

6 Ahora bien, los problemas relacionados con la información no sólo se concentran en el INDEC. Es importante recordar aquí el problema que enfrentó el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), cuya página web se vio suspendida por un tiempo prolongado y cuyo actual relanzamiento no cuenta con la información completa. Así también falta de información para analizar las políticas sociales debido a la falta de publicidad y actualización en las páginas web oficiales.

7 Decreto 565/02.

8 Según información del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a diciembre de 2008 el total de los receptores de programas de empleo alcanzaba a 970.000 beneficiarios. De todos modos, al consagrar una prestación indiferenciada por cada jefe/a de hogar desocupado/a, el PJJHD no realizó distinción alguna según la composición del grupo familiar. De esta manera, cuanto mayor la cantidad de integrantes del hogar, menor la incidencia de la prestación en términos del logro de los objetivos planteados. Por otra parte no existen mecanismos administrativos y/o judiciales de reclamo previstos en la normativa del plan. Pese a numerosas acciones de amparo por parte de personas que reúnen los requisitos establecidos en la reglamentación, que reclamaron su incorporación al PJJHD y cuestionaron el cierre de la inscripción, más allá de las sentencias favorables, el proceso de judicialización no tuvo mayor impacto ni en la revisión de la política pública, ni en el campo del diálogo e interacción entre los diferentes actores. Al respecto, ver Arcidiacono, Pilar y Royo, Laura: “Lejos de un enfoque de derechos”, en Informe Social-Watch 2008.

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Region: 
left

PALESTINA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Desde 1948, cuando los convirtieron en una población de refugiados dentro de su propio país y los estados árabes vecinos, las condiciones de vida de los palestinos han sido nefastas. Más aún, desde la ocupación militar de Israel en 1967, la colonización y la discriminación racial se han vuelto prácticas comunes del poder de ocupación. Tanto el muro de separación, que comenzó a construirse en 2002, como el encierro impuesto a los territorios palestinos y el último brutal ataque israelí a Gaza en diciembre de 2008 aumentaron la segregación, el desempleo y la recesión económica.

Pobres y encarcelados

Allam Jarrar
Palestinian NGO Network
 
Desde 1948, cuando los convirtieron en una población de refugiados dentro de su propio país y los estados árabes vecinos, las condiciones de vida de los palestinos han sido nefastas. Más aún, desde la ocupación militar de Israel en 1967, la colonización y la discriminación racial se han vuelto prácticas comunes del poder de ocupación. Tanto el muro de separación, que comenzó a construirse en 2002, como el encierro impuesto a los territorios palestinos y el último brutal ataque israelí a Gaza en diciembre de 2008 aumentaron la segregación, el desempleo y la recesión económica.

Por más de 60 años el pueblo palestino ha sido privado de su derecho básico a la autodeterminación y se le ha impedido establecer su propio estado independiente dentro del cual el desarrollo social pudiera ser una realidad sin mayores impedimentos políticos del exterior. Desde 1948, el año de la Nakba (catástrofe), cuando más de la mitad de los palestinos fueron expulsados de sus propias tierras, todo el proceso de su desarrollo ha sido moldeado por fuerzas externas. El año 1967 fue testigo de una nueva complicación cuando las fuerzas militares israelíes ocuparon el resto de Palestina.

Sólo ha crecido la inestabilidad

El establecimiento de la Autoridad Palestina en 1994 como resultado de los acuerdos de Oslo firmados en Washington DC, le dio la responsabilidad por el bienestar socioeconómico de la población palestina en las zonas de Cisjordania y Gaza. Sin embargo, la incapacidad de llevar a buen término el tratado de paz condujo en 2000 a la segunda Intifada (rebelión) palestina que tuvo como consecuencia un mayor deterioro de los indicadores socioeconómicos de la población.

Según el informe de 2007 del Banco Mundial al Comité de Enlace Ad-Hoc, el PBI per capita cayó de USD 1.612 en 1999 a USD 1.129 en 2006. Es más, el PBI estaba impulsado cada vez más por el Gobierno, el consumo privado de las remesas y la ayuda de los donantes; la inversión había caído a niveles extremadamente bajos, dejando “una base productiva inadecuada para una economía autosuficiente”1

Por otra parte, Cisjordania y Gaza tenían una fuerza laboral en expansión y, debido a lo imprevisible de los cruces y controles de frontera, el sector privado se estaba reduciendo. Por esta razón, el empleo en el sector público aumentó en 60%. Mientras el sector público se expandía, la capacidad productiva de la economía se vaciaba, haciéndola cada vez más dependiente de los donantes2.

Detrás del muro

Las zonas palestinas están completamente segregadas en tres grupos principales; a los palestinos se les niega el acceso a Jerusalén. En los últimos nueve años, el régimen de encierro interno impuesto por el poder de ocupación israelí en Cisjordania, así como la construcción del muro de separación, han producido una profunda recesión económica y crecimiento económico negativo. Además, Israel retiene los ingresos impositivos recaudados a nombre de la Autoridad Palestina. Esto afecta el flujo y el destino de la ayuda de los donantes al tener que redirigirla a apoyar el presupuesto. Al impedir el desarrollo en la Zona C (principalmente, las regiones oriental y sur) Israel evitó que los donantes dirigieran su ayuda a cerca de 60% de las áreas supuestamente bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. Los donantes deberían exigir explicaciones sobre esta limitación porque deja a grandes áreas en situación desesperada.

La pobreza en aumento

El número de palestinos pobres es cada vez mayor y aún más palestinos están en riesgo de caer en la pobreza. Encuestas realizadas en mayo de 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Programa de Asistencia al Pueblo Palestino muestran que 58% de los palestino viven por debajo de la línea de pobreza, y cerca de la mitad de ellos, 30%, viven en la pobreza extrema3. Además, cerca de 9,4% de los hogares de tamaño promedio que técnicamente están por encima de la línea de pobreza (con un ingreso mensual de aproximadamente USD 500–750) corre serios riesgos de caer en la pobreza si se mantienen las condiciones socioeconómicas actuales.

En cuanto a la tendencia negativa de la pobreza de ingresos, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza aumentó de 50% en marzo de 2006 a 60% en agosto de 2007, con picos tan altos como 68%, según la medición de noviembre de 2006. La pobreza en la Franja de Gaza es más pronunciada; los hogares pobres, que en marzo de 2006 representaban el 52%, aumentaron a 71% en agosto de 2007. Es más predominante y severa en las gobernaciones de Khan Younis y Gaza del Norte. En Cisjordania, la proporción de hogares pobres durante el mismo período parece haberse mantenido esencialmente estable, variando de 49% a 51%. Pero estas cifras ocultan picos de pobreza de ingresos de más del 60%4; algunas gobernaciones en la zona norte de Cisjordania, como Toubas, Salfit, Tulkarem y Qalqilya, muestran tasas de pobreza similares a las de la Franja de Gaza.

La persistencia de la pobreza extrema fuerza a muchos hogares a depender de mecanismos de  supervivencia tales como recurrir a otros recursos además de su ingreso principal. Sin embargo, casi 40% de la población ya no puede acceder siquiera a esos medios alternativos para sobrellevar las dificultades, subrayando así la severidad de la pobreza en el territorio palestino ocupado5.

El último ataque masivo

Se impuso un bloqueo total en Gaza; todos los puntos de entrada y salida fueron cerrados; se congelaron todos los proyectos financiados por donantes; Gaza se convirtió en una enorme prisión con 1,5 millón de palestinos encarcelados, donde tan sólo llegaba alguna ayuda humanitaria de emergencia. A fines de diciembre de 2008, Israel lanzó una guerra total contra Gaza que duró 22 días y dejó como saldo más de 1.400 palestinos muertos, miles de heridos y hogares destruidos, muchísimas personas sin hogar y destruyó prácticamente la infraestructura civil y de seguridad de Gaza. Al tiempo de redactar este informe, no se habían tomado medidas efectivas para “reconstruir” Gaza.
 
Más aún, los efectos del conflicto no se determinan sólo por el número de pérdidas humanas o de locales destruidos. Como los métodos de ocupación en su conjunto son violentos, sus impactos calan hondo en la sociedad palestina, con consecuencias sociales, psicológicas, culturales y económicas.

Ayuda bajo presión

Según el informe del Banco Mundial6, los flujos de ayuda que llegan a Cisjordania y Gaza “siguen siendo fragmentados y se concentran en arreglos bilaterales con los donantes en base a posiciones políticas de corto plazo, más que en una visión de largo plazo con fundamentos más amplios sobre economía y gobernanza”. La ayuda ha sido reactiva y temporaria. La agenda de la ayuda está determinada menos por las necesidades de desarrollo de Palestina que por las diferentes agendas políticas de los principales donantes que compiten entre sí. Por otra parte, la ayuda se ha enfocado principalmente en lo que ha sido descrito como políticas de construcción del Estado, en tanto se pasa por alto la necesidad de enfocarse en la construcción de la sociedad palestina.

Además, la ayuda de algunos donantes no ha sido neutral; ha exacerbado el conflicto interno al dar apoyo a un grupo en contra de otro, al retener la ayuda a diferentes facciones debido a su posición política, o al abstenerse de financiar proyectos de desarrollo en conformidad con las restricciones y presiones israelíes. La ayuda al desarrollo cayó de cerca de 28% de desembolsos totales en 2005 a levemente menos de 10% en 2007. Entre tanto, el “apoyo presupuestario” aumentó de cerca de 30% en 2005 a casi 70% de los desembolsos de 20077.

1 Banco Mundial (2007). “Two Years After London: Restarting Palestinian Economic Recovery. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee”. 24 de septiembre. Disponible en: <siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMainReportfinalSept18&cover.pdf>.

2 Ibid.

3 PNUD (2007). “Poverty in the Occupied Palestinian Territory 2007”. Development Times, N° 1, julio. Disponible en: <www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/dtpov.pdf>.

4 Ver: “The Palestinian Poverty Monitor” y las encuestas mensuales de “Pulse”. Disponibles en: <www.neareastconsulting.com>.

5 PNUD (2007), op. cit.

6 Banco Mundial (2007), op. cit.

7 Ibid.

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PARAGUAY

Publication_year: 
2009
Summary: 
Pese al severo perjuicio que se espera como resultado de la crisis financiera internacional, las perspectivas para Paraguay no son las peores. Por su bajo nivel de endeudamiento externo –debido también a serias dificultades en la implementación de préstamos por los gobiernos de la llamada transición-, un respetable nivel de reservas internacionales y su vocación de exportar bienes agrícolas, un pequeño país como Paraguay, que produce alimentos y energía limpia, con disponibilidad de agua dulce y de tierras fértiles, tiene ventajas comparativas que deben ser potenciadas.

Se gesta plan anticrisis

DECIDAMOS, Campaña por la Expresión Ciudadana
Genoveva Ocampos
 
Pese al severo perjuicio que se espera como resultado de la crisis financiera internacional, las perspectivas para Paraguay no son las peores. Por su bajo nivel de endeudamiento externo –debido también a serias dificultades en la implementación de préstamos por los gobiernos de la llamada transición-, un respetable nivel de reservas internacionales y su vocación de exportar bienes agrícolas, un pequeño país como Paraguay, que produce alimentos y energía limpia, con disponibilidad de agua dulce y de tierras fértiles, tiene ventajas comparativas que deben ser potenciadas.

En Paraguay la crisis producida por el descalabro financiero en los países del Norte fue, en un principio, percibida como lejana o ajena a la realidad nacional. Por otro lado, tras la sequía que afectó a la región – una de las más perjudiciales en mucho tiempo – se hizo difícil discernir entre los daños derivados de la crisis financiera y los causados por la falta de agua. Muy pronto, se hace evidente que la crisis internacional afectará al país y que puede condicionar, para bien o mal, los proyectos del nuevo gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio (2008-2013) e incluso dificultar importantes negociaciones como, por ejemplo, las de un precio justo por la energía de la Itaipú Binacional, cedida a Brasil.

Si bien todavía es difícil dimensionar la amplitud de sus efectos y, por lo tanto, especificar las medidas necesarias para enfrentarlos con posibilidades de éxito, se ha hecho evidente la necesidad de dejar de lado actitudes mezquinas y oportunistas, así como imposturas e improvisaciones de toda laya, herencia de los malos gobiernos anteriores.

Tendencias, expectativas y reacciones

  1. Desaceleración del crecimiento. Las primeras expectativas del nuevo gobierno, las que sustentan el Presupuesto de Gastos de la Nación 2009, eran optimistas en lo que respecta al comportamiento de la economía. Con el correr de los meses el crecimiento de 5% inicial se redujo a 2% y luego a 1,7%, anunciando un período de desaceleración. Para algunos analistas las previsiones oficiales se quedaron cortas y se especula con una recesión,  o sea un crecimiento negativo del -2%, lo que vendría acompañado de déficit fiscal –que ya no es visto como un problema.
  2. Crecimiento de la pobreza. Un informe del PNUD-UNICEF-UNFPA de comienzos de 20091 alerta que, sin medidas adecuadas, se perfila para este año un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, lo que compromete el cumplimento de los ODM. Los problemas de diseño y la pésima gestión de programas sociales, así como la falta de políticas específicas para el sector campesino de la década anterior, han contribuido a generar – según las estadísticas oficiales – un incremento de un millón de pobres. Hoy se estima que, como producto de la crisis, habría 300 mil nuevos pobres. Por efecto combinado de crecimiento del desempleo, caída de los ingresos y reducción de las remesas, la proporción de pobres se incrementaría de 35,6% en 2007 a 40,3% en 2009, mientras que los pobres extremos pasarían de 19,4% a 22,8 % (la meta intermedia de 2008 era 13%)2.
  3.  Deterioro del precario mercado de trabajo. Las primeras estimaciones indican pérdidas del orden de 80 a 100 mil empleos3, cifra similar al número de empleos que Paraguay debería generar anualmente para responder a la demanda de trabajo digno de jóvenes y campesinos.  Hoy, un 35% de la PEA (población económicamente activa) se encuentra desempleada o subempleada, 70% de los asalariados ganan por debajo del salario mínimo legal y sólo 15% tiene cobertura en salud. Estas cifras son parte del legado del Partido Colorado que previamente sostuviera al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner.
  4. Ayuda estatal para el agro. Los primeros en reclamar ayuda estatal fueron los agraciados con la modernidad y la mecanización agrícola en décadas recientes, los sojeros (o “brasiguayos”, por su procedencia). Luego de un alza excepcional que acompañó el de los precios del petróleo y las expectativas generadas por el frenesí de los biocombustibles, el sector exportador más dinámico enfrenta un brusco descenso de las tasas de ganancia debido al efecto combinado de sequía, baja productividad y caída del precio a nivel mundial.

    El efecto inmediato fue el pedido de asistencia al Estado para financiar el 50% de la cosecha ante el retiro de las empresas trasnacionales encargadas de la operación. El pedido, estimado originalmente en USD 500 millones, se redujo a la mitad cuando se pasó al cálculo del refinanciamiento y siembra del ciclo venidero. Ni el sector financiero privado ni el público parecen disponer de ese monto en lo inmediato; además, se plantea el dilema de a quién o a quienes debería socorrer el Estado, con qué objetivo y en qué orden de prelación.

  5. Encarecimiento del crédito. En el último año el costo del crédito (de por sí escaso) se duplica, situándose en 30% a noviembre del 2008, lo que compromete en lo inmediato toda dinámica de reactivación económica. Las tasas de interés para actividades agropecuarias, mientras tanto, se incrementaron un 50%, pasando de 10% a 15%4. A su vez, el costo del dinero sigue siendo elevado para préstamos en dólares y a largo plazo, como en el caso de viviendas.
  6. Disminución del comercio exterior. Se ha manifestado tanto en la importación de bienes – i.e. automóviles usados de Iquique, Chile, y electrodomésticos chinos – como en la exportación, por las dificultades de colocación de productos manufacturados debidas a la retracción del consumo – por ejemplo, forros de cuero para autos – y creciente proteccionismo en países de destino, en particular Argentina con los textiles. La sequía contribuye con este escenario deprimido; con la bajante del río Paraguay y la falta de dragado periódico, se dificulta y encarece el transporte fluvial.
  7. Congelamiento de las iniciativas para incrementar tributos. Luego de un cálculo inicial de un 25% de incremento en las recaudaciones, se considera hoy que sería todo un logro sostener la recaudación de 2008. Esto significa que será difícil elevar el nivel de la presión tributaria, que es de 11,6% (una de las más bajas del continente). Así pues varias propuestas quedaron en suspenso: un impuesto mínimo a las ganancias extraordinarias de los sojeros, que había generado un fuerte rechazo entre los productores, el rediseño del impuesto a la renta agropecuaria, un ajuste en los valores fiscales de la tierra – lo que contribuiría a una mayor recaudación de gobiernos locales –, además de una nueva demora en la entrada en vigencia del Impuesto a la Renta Personal.5

El Gobierno ante la crisis

El Gobierno ha ido montando una estrategia cautelosa y realista, en etapas, con el propósito de racionalizar y potenciar los recursos disponibles:6

1) 1ª fase, desde octubre de 2008. Medidas monetarias para dotar de liquidez al sistema bancario y medidas fiscales para racionalizar el gasto e incrementar los ingresos.

a) La reducción condicionada del encaje legal sobre depósitos tanto en guaraníes como en dólares para motivar a los bancos a captar ahorros de largo plazo y con la intención de liberar recursos para destinarlos al financiamiento y refinanciamiento de créditos productivos.
 
b) La reducción de las tasas de interés de los instrumentos de regulación monetaria para que los bancos “hagan trabajar su dinero”, es decir, para que aumenten la oferta crediticia.

c) El Banco Central intervino sosteniendo el guaraní ante un dólar que se aprecia, lo cual tiene efectos ambivalentes: penaliza a importadores pero puede constituir un alivio para exportadores, mientras que un guaraní devaluado – la otra cara del fenómeno – podría encarecer los pagos de la deuda.

2) 2ª fase, desde enero de 2009. Política fiscal expansiva.

Se prevé un aumento deficitario del gasto público o más bien un presupuesto expansivo orientado al gasto en obras públicas (empedrados, puentes) y políticas sociales para generar  empleo (viviendas) y proteger de la crisis a sectores vulnerables. Inicialmente se estimó un déficit de financiación de USD 300 millones. Se promete un control periódico de las actividades tendientes a sostener la ejecución de los incrementos presupuestarios (obras públicas, de aproximadamente USD 100 millones a USD 200 millones, y transferencias condicionadas - de 17.000 a 120.000 beneficiados).

3) 3ª fase, desde febrero de 2009. Medidas para satisfacer necesidades financieras y crediticias de los sectores productivos.

Además, se busca reforzar la cartera crediticia de la Agencia Financiera de Desarrollo – con lo que se espera generar más oportunidades de refinanciamiento a mediano y largo plazo – así como la de la banca pública en relación con la demanda de pequeños y medianos productores. El Estado gastará prioritariamente en productos nacionales. 

4) 4ª fase, en diseño. Medidas adicionales para incrementar la inversión pública y privada.

Además de los regulares, se prevé créditos de contingencia que están siendo revisados o que, ya aprobados, deben ser enviados al Parlamento o cuentan ya con media sanción. Los mismos, destinados a caminos, crédito productivo (Banco Interamericano de Desarrollo) y producción agrícola y agua (Banco Mundial) fuerzan la revisión de las modalidades de concesiones y contrataciones público-privadas, así como mejorar la capacidad de ejecución presupuestaria.

Respecto al Plan Anticrisis a ser analizado por los parlamentarios, el nuevo Gobierno ha extremado medidas para discutirlo con distintos sectores – partidos políticos, parlamentarios, exponentes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil – pero ni la pertinencia de las medidas propuestas ni su capacidad para reducir los efectos previstos son para todos evidentes. Hay quienes sostienen que se trata de medidas que tendrían que ser implementados con o sin crisis, por tratarse de préstamos ya comprometidos o con demoras en su aprobación. Para otros, los préstamos de contingencia de la banca multilateral aún deben ser sopesados en términos de beneficiarios, costos y su contribución a mejorar el gasto público.

Emergen, además, nuevos reclamos de corte corporativista, difíciles de justificar y/o satisfacer. Así, por ejemplo, al pedido de aumento salarial de los funcionarios públicos en 2008 se suma ahora el de los demás gremios, mientras que las empresas sojeras reclaman refinanciación y crédito blando en lo inmediato. Por otro lado, el recurrente reclamo por tierras, soberanía alimentaria y reactivación de la economía campesina prosigue de manera intermitente en el campo.

A todo este desconcierto de intereses, se suman las críticas que empresarios y políticos oportunistas realizan a las transferencias condicionadas en dinero para los sectores más vulnerables (de mayor cobertura y monto en relación a la administración anterior, lo que puede generar también mayor competencia y complicaciones de acceso). En realidad las transferencias en dinero no son la panacea ni serán fáciles de aplicar, puesto que es difícil discriminar entre pobres e indigentes cuando el patrón de medición es el ingreso o cuando la baja cobertura y/o la mala calidad de los servicios públicos de salud y educación afecta a todos por igual. Las transferencias condicionadas se justifican en “tiempos de excepción” y ante las dificultades de re-construir alternativas en lo inmediato. Perono serán suficientes: comportan riesgos en términos de gobernabilidad y sostenibilidad, por lo que su adecuada implementación dependerá de la capacidad del Gobierno para sortear los problemas de método y de medición, así como las presiones locales de todo tipo.

En última instancia, se requiere voluntad política y fundamentar la estrategia aún en proceso de ajustes para construir una mayoría parlamentaria que hoy no existe – en gran medida a raíz de la crisis de liderazgo, mediación y representación que afecta a los partidos políticos. El desafío para el Gobierno será entonces neutralizar a las fuerzas retrógradas, recluidas en el Partido Colorado, que ya manifestaron su voluntad de ignorar el plan, lo que significaría boicot en perspectiva.

Respuesta de la sociedad civil

Los primeros en manifestarse fueron los hasta hoy beneficiados por las políticas neoliberales y de integración de mercados: agro-exportadores, industriales, importadores, publicistas. El problema está en que, salvo excepciones, los sectores empresariales se limitan a pedir explicaciones sobre el alcance de las medidas y a esbozar reclamos, más que a proponer alternativas. Así también hay reclamos, como el de los sojeros, que rápidamente se perciben como ilegítimos, ya que no sólo pretenden cubrir pérdidas sino mantener el nivel de actividad y ganancias a través del subsidio público. Se debe tener en cuenta que las ganancias extraordinarias llegaron a su pico en el ciclo anterior, en parte gracias a la especulación en el mercado a futuro de commodities agrícolas, a raíz de la promoción de biocombustibles7. Este es un indicio de que la crisis puede llevar a impases o a reforzar esquemas de asignación de recursos que se buscan superar.

Existe una evidente irresponsabilidad y miopía por parte de la oposición conservadora o de derecha, que se opondrá al plan anticrisis con el propósito de perjudicar al nuevo Gobierno de centro-izquierda. Por su parte, los reclamos de organizaciones de trabajadores y de campesinos corren riesgo de ser instrumentados, ya sea por partidos de izquierda dentro y fuera del gobierno, como por medios de comunicación que buscan confundir a la opinión pública.

Hay quienes descalifican las propuestas anticrisis, tildándolas de medidas neoliberales y argumentando que sólo implican endeudamiento externo perjudicial e innecesario, o que beneficiarán a los ricos, a los bancos y a las finanzas internacionales. Los tiempos, sin embargo, ya no están para sesgos ideológicos que impedirán a los paraguayos asumir una coyuntura crítica, fuertemente condicionada por un legado de mala gestión pública y pendientes estructurales que pesarán cada vez más a la hora de las decisiones. 

Organizaciones de la Sociedad Civil – como la  Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y Decidamos – que conforman la Mesa de Inversión en Niñez y Adolescencia, se plantean contribuir al conocimiento de los efectos de la crisis en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad; lo hacen participando en el debate de las políticas sobre inversión en la infancia a fin de aportar propuestas concretas.

Un plan anticrisis no será lo ideal pero es necesario y será lo que se logre construir en lo inmediato desde el Estado y sumando esfuerzos; teniendo en cuenta los antecedentes de planificación en el país, de llevarse a la práctica ya sería un avance. El éxito dependerá de una cabal comprensión de los problemas heredados y los que surjan en un nuevo escenario caótico e impredecible. De todos modos, puede que la crisis sea clave para reorientar rumbos en lo económico, social y medioambiental, así como para mejorar la capacidad de gestión y de control del Estado, lo que también facilitará la participación de la Sociedad Civil en la esfera pública.

1              Programa Invertir en la Gente. Estudio sobre impacto de la crisis en los índices de Pobreza en Paraguay. PNUD/UNICEF/UNFPA.

2      Última Hora (UH), 17 de enero del 2009.

3       idem.

4       ABC, 29 de diciembre del 2008 y 20 de enero del 2009.

5       ABC, 6 de octubre de 2008 y Última Hora, 18 de octubre de 2008.

6       Última Hora, 31 de enero del 2009.

7       Grassroots Internacional, Carta al Presidente Barack Obama: Especulación de los mercados financieros en la producción de alimentos, www.grassrootsonline.org.

Region: 
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PERU

Publication_year: 
2009
Summary: 
El Plan de Estímulo Económico del Gobierno para afrontar la crisis agrega USD 3.000 millones al presupuesto de este año, que el gobierno gastará en asociación con empresarios privados, la construcción de viviendas, el financiamiento del sector exportador y en programas sociales asistencialistas. Por su parte los trabajadores han presentado un plan cuyos objetivos son: mantener adecuados niveles de crecimiento económico y generación de empleo, preservar los puestos de trabajo, atender a los sectores menos favorecidos y estimular el crecimiento y el consumo de la producción nacional.

La propuesta de los trabajadores

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Apoyo de CEDEP
Mario Huamán Rivera1

El Plan de Estímulo Económico del Gobierno para afrontar la crisis agrega USD 3.000 millones al presupuesto de este año, que el gobierno gastará en asociación con empresarios privados, la construcción de viviendas, el financiamiento del sector exportador y en programas sociales asistencialistas. Por su parte los trabajadores han presentado un plan cuyos objetivos son: mantener adecuados niveles de crecimiento económico y generación de empleo, preservar los puestos de trabajo, atender a los sectores menos favorecidos y estimular el crecimiento y el consumo de la producción nacional.

Perú no es una excepción en el contexto de la crisis mundial. El crecimiento económico que en el 2008 representara casi el 10% del PIB, en enero del 2009 cayó a menos del 4%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las exportaciones que el año anterior bordeaban los USD 32.000 millones, este año se estima estarán en USD 22.000 millones. Esto representa hasta ahora, según anunció el Presidente de la República, la pérdida de 200.000 puestos de trabajo y una caída de la capacidad adquisitiva de los salarios y el ahorro de la población. Los sectores más afectados son la minería metálica y no metálica, la manufactura fabril de recursos no primarios, la agroindustria, el comercio y los servicios. De no aplicar los correctivos necesarios, en el segundo semestre la situación será aún más grave.

El Plan de Estímulo Económico del Gobierno agrega PEN 10.000 millones (casi USD 3.400 millones) al Presupuesto 2009, que se obtendrán mediante la emisión de bonos soberanos para deuda pública. Ese dinero será gastado por el Gobierno en asociación con empresarios privados en la construcción de viviendas, el financiamiento del sector exportador y en programas sociales asistencialistas que insumirán PEN 500 millones (USD 169 millones).

Normalmente, en tiempos de bonanza se pide a los trabajadores paciencia para gozar del crecimiento, mientras que, durante las crisis se busca ajustar la calidad de vida de sus familias. Lo cierto es que, para afrontar las consecuencias perniciosas de la crisis, es imprescindible fortalecer la demanda interna, lo que implica aumentar el consumo de los trabajadores y proteger la producción nacional, además de suspender los Tratados de Libre Comercio (TLCs) que generan una innecesaria apertura del mercado peruano en tiempos en que los mercados internacionales se encuentran en contracción. 

El gráfico muestra la impresionante caída de las remuneraciones reales de la Población Económica Activa en el Perú durante el período 1970-2006 calculada en soles peruanos anuales (USD 1 = 2,95 soles en julio de 2009). Si un trabajador promedio ganaba 6.000 soles anuales en 1974, en  el año 2006 gana 1.700 menos de la tercera parte.  La pequeña recuperación obtenida desde la aplicación del modelo neoliberal en 1990 está muy por debajo de lo obtenido por los trabajadores durante la década de 1970, en la que se aplicó el modelo keynesiano con una activa intervención del Estado en la economía, organización de sindicatos, negociación colectiva y estabilidad del empleo.

Propuesta de la CGTP

Ante esta realidad, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), trabajando con un grupo de economistas, planteó al Gobierno y a la opinión pública una propuesta alternativa2 que sintetizamos en los párrafos siguientes.

1) Objetivos. Proponemos no enfrentar la crisis con la recesión sino con un nuevo tipo de crecimiento económico. No despedir trabajadores sino asegurar la generación de empleo y la preservación de los puestos de trabajo. Sostenemos que se puede estimular un nuevo tipo de crecimiento mediante el consumo de la producción nacional combinado con un adecuado equilibrio del sector externo. La inversión del Estado debe ser focalizada en los sectores productivos y regiones donde se está perdiendo masivamente empleo y se debe atender de manera preferente a los más pobres, las niñas y los niños y los adultos mayores.

2) Medidas concretas. Para hacer realidad esto se necesitan medidas concretas en los siguientes campos: medidas fiscales; medidas dirigidas a la dinamización del mercado interno; protección del empleo digno y decente; elevación de la productividad agraria y soberanía alimentaria; aliento a la pequeña empresa y protección de los sectores pobres de la población.

a) Políticas fiscales. En el aspecto fiscal proponemos aumentar el gasto público en infraestructura de corta maduración que genere empleo masivo, como una medida contracíclica dirigida a brindar ingresos a las familias pobres que consumen productos nacionales. Esto debe correr en paralelo a una política tributaria redistributiva y reactivadora, basada en impuestos directos para financiar las medidas propuestas y a un impuesto extraordinario al patrimonio de las empresas mineras y a las ganancias de capital para compensar, así, la reducción de los ingresos tributarios. Los impuestos a los combustibles, que en Perú llegan al 40% del precio de cada unidad de gasolina y petróleo, deben ser reducidos a fin de bajar los precios de los alimentos y el transporte, para aumentar la demanda y la competitividad de las pequeñas empresas.
b) Defender la producción nacional para dinamizar el mercado interno. Proponemos un plan especial de inversión de fondos públicos en las regiones, eliminando barreras burocráticas y asegurando mecanismos de transparencia del gasto público y privado. Debe suspenderse la aplicación de los TLCs, que afectan la producción nacional, y son necesarias medidas arancelarias y para-arancelarias que protejan el aparato productivo nacional y el empleo de los peruanos contra las mercaderías que vienen subsidiadas del exterior. Un programa de crédito al agro y a las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES) con intereses reducidos, así como la ampliación de los créditos hipotecarios para las personas de ingresos bajos y medios, puede reconstruir la economía de las familias. Las reservas internacionales deben ser resguardadas y se debe permitir un aumento gradual del tipo de cambio para mejorar la competitividad de las empresas y equilibrar el sector externo.
c) Proteger el trabajo digno y decente. El Estado debe promover la negociación colectiva y la libertad sindical. Compromisos tripartitos por rama permitirán mantener los niveles de empleo, en tanto un programa de reconversión laboral con recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y la cooperación internacional apoyará a los trabajadores que sean cesados por efecto de la crisis, quienes deben ser protegidos, además, por un seguro de desempleo temporal. Las empresas que auspicien la capacitación laboral y la innovación tecnológica deben disfrutar de incentivos tributarios.
d) Elevar la productividad en el agro y defender la soberanía alimentaria. El Gobierno debe impulsar una política concertada para elevar la productividad en la agricultura y la ganadería. Debe reestablecer controles de precios y sobretasas de salvaguarda, así como aranceles a los oligopolios de alimentos. Debe facilitar la obtención y refinanciación de créditos en el sector agrario y derogar los decretos legislativos que propician el despojo de las tierras de las comunidades campesinas y amazónicas.
e) Defensa de la micro y pequeña empresa. La propuesta de la CGTP plantea que el Estado compre de manera preferente a las MYPES y que el financiamiento de estas empresas sea incrementado mediante un aumento de la contribución de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), al Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria.
f) Proteger a los más pobres. La CGTP plantea impulsar programas sociales que combinen el empleo temporal con el mejoramiento de la infraestructura productiva y de los servicios básicos de salud, educación y nutrición. También es necesario un programa de transferencias en dinero para campesinos y ganaderos pobres no partícipes de los programas de empleo temporal, para evitar el remate de sus tierras y animales, pensiones con fondos del Estado a los mayores de 65 años que no perciben ingresos y la urgente puesta en marcha del seguro universal en salud que brinde atención de calidad.

La propuesta de la CGTP es favorable a la integración económica y el intercambio comercial a nivel regional y subregional. Apoya, además, la internacionalización de las empresas peruanas y la diversificación de mercados.

1 Secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

2 Ver: <www.cgtp.org.pe>.

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POLONIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
Incluso antes de que la crisis financiera comenzara a tener consecuencias, que generaron devaluación, mayor desempleo y menores ingresos, inversiones y exportaciones, Polonia ya había experimentado una creciente desigualdad en los salarios y los ingresos durante su transición a la economía de mercado. Como el Gobierno carece de transparencia en sus operaciones, no existe oportunidad para que el debate público discuta las medidas tomadas para lidiar con la crisis, como el uso de préstamos de instituciones financieras internacionales. Al mismo tiempo, la mentalidad patriarcal de la sociedad y la falta de políticas de protección social hacen de las mujeres las primeras víctimas de la crisis.

 Un panorama de desarrollo aún más sombrío

Ewa Charkiewicz
Coalición Karat/Feminist Think Tank
Katarzyna Szymielewicz
Polish Social Watch Coalition/Comisión Internacional de Juristas
Dr Mariusz Czepczyński
NEWW Polska / Universidad de Gdansk

Incluso antes de que la crisis financiera comenzara a tener consecuencias, que generaron devaluación, mayor desempleo y menores ingresos, inversiones y exportaciones, Polonia ya había experimentado una creciente desigualdad en los salarios y los ingresos durante su transición a la economía de mercado. Como el Gobierno carece de transparencia en sus operaciones, no existe oportunidad para que el debate público discuta las medidas tomadas para lidiar con la crisis, como el uso de préstamos de instituciones financieras internacionales. Al mismo tiempo, la mentalidad patriarcal de la sociedad y la falta de políticas de protección social hacen de las mujeres las primeras víctimas de la crisis.

Antes de la crisis financiera mundial, Polonia era un caso ejemplar de transición neoliberal hacia la economía de mercado. Un reciente informe de la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que Polonia ocupaba el penúltimo lugar entre 30 países en pobreza infantil y el cuarto en desigualdad del ingreso; el 10% más rico de la población obtuvo una mayor proporción del ingreso de mercado y pagó una proporción menor de la carga tributaria que en cualquier otro estado de la OCDE, con excepción de Turquía1. Las privatizaciones afectaron con más fuerza a los sectores sociales (pensiones, atención sanitaria y educación), mientras el apoyo estatal se extendió a las empresas (por ej., el viceprimer ministro anunció un plan de apoyo a las empresas que participaron en contratos a futuro de riesgo elevado) pero no a los ciudadanos.

Este sombrío panorama, sin embargo, se obscurece aun más a medida que la crisis se desarrolla. La primera consecuencia fue la drástica devaluación del zloty (la moneda nacional) en relación con el euro y el franco suizo – aproximadamente entre un 25% y un 30% en un lapso de seis meses – y el desplome de la bolsa de valores de Varsovia. Al principio esto afectó principalmente a los mercados financieros y las empresas polacas que operaron con opciones de moneda, pero ahora comenzó a afectar el debate político nacional, en particular con el descenso más reciente de los ingresos nacionales y la caída de las inversiones y las exportaciones. Asimismo, a diferencia de las proyecciones iniciales (bastante optimistas), la crisis financiera tiene un impacto significativo en el acceso a la financiación tanto para las empresas como para los consumidores polacos.

Desempleo

Recientes encuestas del mercado de trabajo indican que el desempleo subió del 9% al 12% desde la crisis, incluso en los cargos administrativos. No obstante, el número real de personas sin medio alguno de sustento es mayor, y sólo 15,5% de esos desempleados tienen derecho a recibir una asignación y atención de salud pública2. Los demás dependen de sí mismos.

Además, el promedio estadístico no refleja las dificultades vividas en los pueblos donde una fuente de trabajo importante, de la cual la mayoría de los hogares derivan su sustento, está por cerrar debido a la caída de los pedidos o a maniobras oportunistas – por ejemplo, algunas empresas se estarían excusando en la crisis financiera para despedir a los trabajadores y recortar los costos.

La crisis afecta con mayor severidad a aquellas personas sin ahorros, medios para producir sus propios alimentos ni lazos familiares rurales (a pesar de estar al borde de la extinción bajo la presión de la agricultura a gran escala, las granjas de pequeños productores aún sobreviven en Polonia). Sin embargo, las nuevas familias de clase media también están pasando dificultades, en especial las parejas jóvenes con hijos que contrajeron enormes hipotecas con tasas de interés variables, o en monedas extranjeras, para comprar sus viviendas.

Acceso a la financiación y perspectivas de crecimiento a largo plazo

Como consecuencia de la llamada “crisis crediticia” (la repentina reducción del acceso al crédito y el incremento de sus costos), las perspectivas para el crecimiento económico del país se redujeron sustancialmente: del 6,5% en 2007 y 5,5% en 2008 al pronosticado para 2009 que varía entre 2,5% y 3,7%3.

Asimismo, Polonia comenzó a verse afectada por el repentino cese del ingreso de capitales, seguido por la creciente aversión al riesgo de los inversores y el efecto de exclusión, a medida que crece la competencia entre las economías más fuertes de la UE por la financiación de deuda pública4. La situación se vio exacerbada por la crisis del cambio exterior: el debilitamiento del zloty perjudicó a las empresas que firmaron contratos con opciones de moneda y a las personas con hipotecas en moneda extranjera.

La oferta de crédito está sumamente limitada en todos los segmentos del mercado crediticio, y más de 80% de los bancos adoptaron criterios mucho más rigurosos para otorgar crédito de algún tipo. En particular, reforzaron los requisitos respecto del nivel de seguridad y, en el caso de los préstamos hipotecarios, el monto de las cuotas de los prestatarios. También, casi todos los bancos elevaron sus márgenes de crédito – del 1%-2% a mediados de 2008 al 7%-8% en el primer trimestre de 20095. El costo del dinero en el mercado interbancario aumentó sustancialmente debido a la caída sin precedentes de la confianza mutua entre las instituciones financieras. La Comisión de Supervisión Financiera de Polonia (CSF) reforzó los coeficientes de liquidez y las obligaciones de declaración6. La evaluación que hace la banca sobre las posibilidades de la economía es muy negativa, y prevén más restricciones en los préstamos a las empresas7.

Estancamiento del mercado hipotecario

La política bancaria vigente que fija en 30% el monto exigido de contribución propia descarta toda posibilidad de compra de la vivienda propia para la mayoría de la gente, a la vez que ya existe una escasez de aproximadamente dos millones de apartamentos en el mercado8. La consecuencia más probable será un drástico incremento en los alquileres, pero los precios de los apartamentos a la venta no necesariamente habrán de descender con rapidez. Asimismo, el costo de amortizar los préstamos hipotecarios en moneda extranjera (79% a 81% del total de la cartera crediticia en 20089) aumentó drásticamente debido a la súbita caída en el valor del zloty y al cambio muy poco favorable en la política bancaria respecto al cálculo de las bandas de flotación.

El público cree que los bancos manipulan el tipo de cambio a costa de los clientes. En la actualidad, la diferencia entre los valores de compra y venta puede llegar hasta el 12%10; y ni siquiera la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor puede imponer restricciones a la tasa de cambio. Por lo tanto, se están formando grupos de consumidores a través de internet con el fin de adquirir moneda extranjera en cantidades mayoristas, con la esperanza de negociar el monto del spread y en ocasiones incluso renegociar las condiciones de los acuerdos crediticios11.

La crisis crediticia y la amenaza de la bancarrota generalizada

El 15% de las empresas ya tiene problemas para conseguir créditos operativos12. Los bancos endurecieron las condiciones para conceder préstamos al 50% de las empresas, situación que seguramente empeorará en 2009. Según pronósticos preliminares, la banca tendrá 50% menos fondos para prestar en 2009 que el año anterior. Es muy probable que comiencen a enviar pedidos en masa a las empresas para que paguen o renegocien los préstamos, reclamando por mora según las condiciones del convenio crediticio13. En 2008, debido a la presión competitiva, los bancos otorgaron una cantidad gigantesca de préstamos con márgenes mínimos de interés, pero ahora esos préstamos se convirtieron en una carga. Las pequeñas y medianas empresas que carecen de garantías significativas en su capital privado se ven especialmente amenazadas.

Además de la crisis crediticia, miles de compañías cayeron en la trampa de las opciones de moneda y ahora están al borde de la bancarrota. Alentadas por los bancos, las empresas compraban opciones en grandes cantidades para proteger las ganancias de sus exportaciones. Tras la rápida devaluación del zloty no sólo perdieron todo el capital invertido sino que acumularon una enorme cantidad de deuda por los contratos con mala protección.

El déficit democrático

Otros grandes problemas son el descenso del ingreso estatal y los crecientes costos del pago de la deuda pública. Ambos van de la mano con el déficit democrático imperante: no existió un debate público sobre el nuevo préstamo de emergencia del Banco Mundial por EUR 3.750 millones y las actividades del Estado son en gran medida poco claras para los medios de comunicación, los políticos electos y el público. Cuando la Depository Trust & Clearing Corp. (que actúa como registro central del comercio de canje de créditos) publicó sus resúmenes, incluidos los mil contratos mayores, resultó que la República de Polonia y otros estados soberanos habían participado del comercio de derivados tanto como el sector privado. Desde principios del siglo XXI, la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) organizaron capacitaciones y seminarios para los funcionarios del Ministerio de Economía con el fin de persuadirlos de participar en la creación y negociación de los mercados de deuda pública. Cuando el Estado opera como una firma comercial, abandona a sus ciudadanos, especialmente a quienes no generan ingresos para el Estado o el mercado.

Consecuencias de género

En 1989 y 1990, cuando Polonia tomó la vía del libre mercado, las primeras víctimas fueron las obreras textiles, ya que las fábricas ineficientes cerraban y nada las reemplazaba. Actualmente, el remozado sector textil, donde predominan las mujeres, se está encogiendo una vez más: a medida que los pedidos de importaciones (principalmente de Alemania) descienden y los subcontratistas locales reducen sus actividades o cierran, lo que lleva a una pérdida neta estimada de 40 mil empleos14.

Atrapados en la economía gris

El descenso de los ingresos familiares debido a la crisis económica podría generar el empobrecimiento de grupos sociales enteros, en particular de las clases bajas y medias. Es muy probable que esto impacte más significativamente entre las mujeres, ya que son ellas quienes tradicionalmente cargan con la mayor responsabilidad del bienestar de la familia (esto es verdad especialmente en los grupos de menores ingresos). Algunos analistas señalan que la crisis amplifica al sector gris (informal) de la economía polaca a medida que muchos empresarios, especialmente los pequeños, intentan minimizar los costos laborales y evitar la tributación y otros costos asociados con el empleo formal. Parece muy probable que el crecimiento de la economía gris afecte a más mujeres que hombres, porque son ellas quienes suelen tener empleos con baja remuneración, especialmente en el sector de los servicios privados (por ej., en la venta minorista).

Límites a la generación de ingresos

La disminución de los medios de sustento transfiere los costos sociales de la crisis financiera a los hogares y a las mujeres en particular. Aproximadamente del 60% al 70% del trabajo no remunerado de sostén y atención de la familia es realizado por mujeres15. La clase social, el origen étnico, la edad y la ubicación geográfica son los diferenciales de este impacto de género de la crisis financiera. Por ejemplo, debido a los elevados costos de alquiler de la vivienda es limitada la movilidad que tienen en el mercado laboral los habitantes de pueblos pequeños en zonas con depresión económica. Las obligaciones institucionalmente arraigadas de proporcionar labores de atención en el hogar limita aun más la capacidad de las mujeres en edad de reproducción para buscar medios alternativos de generación de ingresos.

Organizaciones de mujeres

Numerosas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, incluidas ONG, ya han experimentado la pérdida de fondos a medida que las donaciones de empresas privadas y personas particulares se reducen significativamente. Los fondos públicos también descenderán debido a que la caída estimada del PIB para 2009 obligó a realizar recortes en numerosos programas presupuestarios. El presupuesto del Fondo de Iniciativas Cívicas, un programa gubernamental que apoya a las organizaciones sin fines de lucro, se reducirá a la mitad. Mientras prioriza los objetivos neoliberales (gestión de la diversidad, discriminación, espíritu empresarial) y le pasa a las ONG el papel de proveedoras de servicios a medida que el Estado se retira del sector social, el Fondo proporcionó importantes recursos para sostener las actividades de las ONG. Es muy probable que la financiación que las ONG reciben de las autoridades locales también decaiga.

Asimismo, la crisis económica ya tuvo una consecuencia negativa en la capacidad de las ONG de mujeres para recaudar dinero tanto de donantes privados como públicos para su participación en un proyecto financiado conjuntamente con la Comisión Europea. Esto es especialmente alarmante ya que, mientras los fondos de la UE generaron nuevas oportunidades para las ONG en Polonia, ni el Estado ni las autoridades locales han desarrollado los mecanismos necesarios para apoyar financieramente a las ONG que obtengan fondos de la UE.

Un lúgubre escenario

Es posible que una situación de agravamiento económico duradera cause conflictos sociales y políticos en los próximos años. La posible polarización económica, el creciente desempleo y el colapso de los mercados financieros y el presupuesto público podrían ser la antesala del crecimiento de actitudes y partidos radicales, conservadores y de derecha. El incremento del neoconservadurismo podría fomentar valores tradicionales, patriarcales, y limitar a las mujeres a su función tradicional: “cocina, hijos y quizás iglesia”. Además, porque se los considera mucho más importantes, los temas económicos pueden dominar el discurso público y causar la marginación de los problemas sociales y de género.

 

1 OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (2006). Growing Unequal. Income Distribution and Poverty in OED Countries. París: OCDE.

2 Oficina Nacional de Estadísticas. “Registered Unemployment, first quarter 2008.”

3 Estimaciones reportadas por el sitio web Bankier.pl. Disponibles en: <euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=1886336>.

4 Rybiński, K. Finansowanie rozwoju Polski w kryzysie. Ernest & Young, febrero de 2009.

5 Todos los datos se basan en el informe del Banco Nacional de Polonia (2009). Situation of the credit market in the first quarter of 2009, Varsovia, enero.

6 En julio de 2008, la Comisión de Supervisión Financiera Polaca impuso la obligación a los bancos de mantener y declarar sus estándares de liquidez, con lo cual se mejoró la liquidez de la banca y se ayudó a contener la “crisis de confianza”.

7 FSC (Comisión de Supervisión Financiera) (2008). Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 r. Disponible en: <www.knf.gov.pl/sektor_bankowy/Publikacje_nadzoru_bankowego/publikacje_sektora_bankowego/index.html>.

8 Encuesta en internet por Money.pl. Disponible en: <www.money.pl/banki/raporty/artykul/kredyty;hipoteczne;tylko;dla;bogatych,142,0,376462.html>.

9 Datos de la Asociación de Bancos Polacos reportados en una conferencia en diciembre de 2008. Disponible en:
<www.zbp.pl/site.php?s=MTIyNTk0MTI=>.

10 Encuesta en internet por Money.pl. Disponible en: <www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/ciezki;los;posiadaczy;kredytow;banki;uderzaja;spreadem,207,0,383183.html>.

11 Dominiak, T. “Polacy buntują się przeciwko bankom.” POLSKA The Times, 25 de febrero de 2009.

12 Encuesta realizada por la Confederación Polaca de Empresarios Privados Lewiatan. Ver: <www.pkpplewiatan.pl>.

13 Niklewicz, K, Samcik, M y Hałabuz, N. “Znikające tanie kredyty.” Gazeta Wyborcza, 24 de febrero de 2009.

14 Brzoska, P. “Lodz cienko przedzie, szwaczki znow traca prace.” Polska – Dziennik Łódzki, 29 de diciembre de 2008. Ver: <www.polskatimes.pl/dzienniklodzki/pieniadze/74052,lodz-cienko-przedzie-szwaczki-znow-traca-prace,id,t.html>.

15 Budlender, D. “The statistical evidence of care and non-care work in six countries.” Ginebra: Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD). 2008.

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PORTUGAL

Publication_year: 
2009
Summary: 
La crisis económica que Portugal enfrenta desde al menos 2001, agravada por la crisis financiera y económica internacional actual, ha tenido como consecuencia un aumento del desempleo y la pobreza. Sin embargo, la pobreza no es solo un efecto de la situación actual, sino que sigue siendo una condición estructural. Casi la mitad de la población, incluyendo a integrantes de la clase media que perdieron sus empleos y/o viviendas, sufrió pobreza entre 1995 y 2000. El cambio climático también afecta la economía y el bienestar de la ciudadanía. Se necesitan nuevos enfoques y medidas específicas para combatir la pobreza y abordar los desafíos ambientales.

Una crisis antigua y desafíos nuevos

Social Watch Portugal; Oikos
Catarina Cordas
João José Fernandes

La crisis económica que Portugal enfrenta desde al menos 2001, agravada por la crisis financiera y económica internacional actual, ha tenido como consecuencia un aumento del desempleo y la pobreza. Sin embargo, la pobreza no es solo un efecto de la situación actual, sino que sigue siendo una condición estructural. Casi la mitad de la población, incluyendo a integrantes de la clase media que perdieron sus empleos y/o viviendas, sufrió pobreza entre 1995 y 2000. El cambio climático también afecta la economía y el bienestar de la ciudadanía. Se necesitan nuevos enfoques y medidas específicas para combatir la pobreza y abordar los desafíos ambientales.

*

Según el Boletín Financiero de la Primavera de 2009 del Banco de Portugal1, la economía comenzó a desacelerarse sensiblemente a principios de 2008 y luego, a partir del segundo trimestre, entró en el período recesivo más profundo en décadas. El Boletín establece que la economía experimentará un declive del 3,5% en 2009, el peor desempeño desde 1975. Esta reducción pone en evidencia que la baja productividad ha tenido un impacto en la tasa de desempleo, que se acercó al 8% en enero de 2009 comparado con el 7,7% de enero de 2008. A fines de febrero de 2009 las casi 500.000 personas desempleadas (el 5% de la población) se habían registrado en oficinas de empleo.

Crédito, vivienda y riesgo de pobreza

La falta de acceso al crédito es otra consecuencia muy negativa de la crisis económica internacional. Aunque no hay datos oficiales al respecto, en 2008 muchas familias perdieron sus casas debido a la imposibilidad de pagar las cuotas de los préstamos. Según la Encuesta sobre Ingresos y Condiciones de Vida 2007 de la Unión Europea (UE-SILC, por su sigla en inglés), los componentes no monetarios de los ingresos como la propiedad de la vivienda contribuyen a amortiguar la incidencia e intensidad de la pobreza2. La pérdida de la vivienda – o los crecientes problemas para adquirirla de las clases media y baja – y la pérdida del trabajo aumentaron el riesgo de pobreza, definida por la UE-SILC como la proporción de habitantes adultos con ingresos anuales por debajo de EUR 4.544 (aproximadamente EUR 379 por mes) en 2006.

Según la UE-SILC, el riesgo de pobreza para el portugués desempleado era de 32% en 2006, ligeramente más que en 2005 (31%). Este aumento es previsible debido al aumento del desempleo mencionado anteriormente. En general, sin embargo, el riesgo de pobreza bajó al 18%, una reducción de aproximadamente 5% a partir de 1994, cuando era de 23%. La mejora refleja los efectos positivos de los programas europeos para combatir la pobreza a partir de 1989 y el Plan de Acción Nacional para la Inclusión 2003-20053, que tenía algunos muy positivos principios rectores:

  • Un enfoque multidimensional y multidisciplinario de la pobreza y las privaciones;
  • el énfasis en las alianzas entre actores públicos y privados;
  • la participación de todas las partes interesadas, sobre todo los pobres;
  • el empoderamiento de los pobres y
  • la aplicación de políticas y acciones tendientes a generar conciencia en cada política sectorial y evitar que la lucha contra pobreza sea reducida a un programa periférico.

 

La UE-SILC mostró que el 47% de las familias había padecido pobreza entre 1995 y 2000, permaneciendo el 72% de ellas en la pobreza durante dos o más años4. Muchas de estas familias son los nuevos pobres, hombres y mujeres que habían pertenecido recientemente a la clase media pero que se empobrecieron debido a una crisis familiar, como la pérdida de un trabajo o el aumento de las tasas de interés de los préstamos para vivienda o hipotecas. A principios de 2009, las ONG pusieron de relieve algunas historias dramáticas de personas que habían sufrido un cambio radical en sus vidas y se volvieron dependientes de la ayuda de terceros. El presidente de la Red Europea contra la Pobreza afirmó que, de los dos millones de pobres de Portugal, 17% está actualmente empleado pero su salario no cubre sus necesidades diarias5. La pobreza aumenta en las ciudades grandes y recientemente se han producido varios intentos de suicidio.

Abordaje de la pobreza

Estas conclusiones sugieren que el problema “no es lo que estamos haciendo, sino lo que todavía falta por hacer”6. Una transferencia de aproximadamente 3,5% de los ingresos de los que no son pobres sería suficiente para cubrir las necesidades de los que lo son7

La pobreza en Portugal – como en otras partes – no se solucionará simplemente con políticas sociales, aunque éstas también sean importantes. Hay una necesidad de políticas económicas que aborden la distribución desigual de los ingresos, la propiedad y el poder. Cada vez más, los economistas y las organizaciones de la sociedad civil señalan que la desigualdad de activos conduce a la ineficiencia económica y que debería haber más inversión en capital humano (capacidades, educación, salud, adiestramiento), que también promovería los derechos humanos. Solo de esta manera Portugal será capaz de vencer las debilidades que han entorpecido su productividad por largo tiempo y lo han condenado a tener una de las tasas de crecimiento económico más bajas de Europa.

Las tres recomendaciones clave para luchar contra la pobreza son:

  • La protección de la población más vulnerable a la pobreza a la hora de definir políticas sociales.
  • La integración de políticas económicas en la lucha contra la pobreza, principalmente en cuanto a oportunidades de empleo e institucionalización del crédito bancario, en especial en relación a la vivienda.
  • La utilización de criterios para garantizar que el Presupuesto General del Estado (PGE) trabaje en favor de la cohesión social. Algunas organizaciones, como Oikos, han sugerido la creación de un grupo para supervisar el PGE, en la órbita de de la Asamblea de la República. Dicho grupo debería contar con representación de la sociedad civil, de académicos y de parlamentarios, y emplear los siguientes criterios: sensibilidad de género, derechos de los niños, derechos de los adultos mayores, promoción del capital humano y consistencia territorial.

 

Impactos del cambio climático

Un completo estudio sobre el impacto del cambio climático en Portugal, el SIAM II8, sugiere que los efectos más importantes del calentamiento global son la erosión significativa de la línea costera, con un aumento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos (como sequías prolongadas e inundaciones repentinas), una reducción de las precipitaciones (de entre 30% y 40%) y un aumento de las temperaturas promedio anuales. Sin llegar a ser catastróficas, las consecuencias del cambio climático en el país implicarán pérdidas de entre el 5% y10% del PIB. Existen impactos potenciales sobre los recursos acuíferos, las zonas costeras, la industria pesquera, la agricultura, los bosques, la biodiversidad, la energía, la salud humana y sobre importantes sectores de la economía nacional como el turismo.

Considerando lo inevitable del cambio climático mundial, se hace cada vez más claro que deben fortalecerse las políticas de mitigación y de adaptación. En cuanto a la mitigación, es necesario reducir las emisiones de dióxido de carbono, mejorar la eficiencia energética, enfatizar la reutilización y el reciclaje de productos, examinar toda la política de transporte y movilidad, así como enfocarse en la producción de energía limpia y renovable. El país también debería desarrollar mecanismos para utilizar una buena parte de los recursos de los proyectos del Fondo de Carbono portugués a fin de conseguir un doble beneficio: compensación de las emisiones de carbón/eficiencia energética; y el combate a la pobreza, en particular en los países en desarrollo.

En cuanto a la adaptación es importante, entre otras cosas, invertir en la protección de la línea costera y los recursos acuíferos, en cultivos más resistentes al cambio climático, en una mayor eficiencia energética en edificios públicos y residenciales.

1 Ver: <www.bportugal.pt/publish/bolecon/primavera_09/econ_port_primavera09_p.pdf>.

2 Instituto Nacional de Estadística (INE). “Dia Internacional de Erradicacao da Pobreza.” Destaque, 15 de octubre de 2007. Disponible en: <www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=8046108&att_display=n&att_download=y>.

3 Ver: <www.pnai.pt/>.

4 Costa, A., Baptista, I., Perista P. y Carrilho, P. (2008). Um olhar sobre a pobreza – vulnerabilidades e exclusão social no Portugal contemporâneo. Lisboa: Gradiva.

5 Ver Rede Europeia Anti Pobreza en: <www.reapn.org/>.

6 Costa, A., Baptista, I., Perista P. y Carrilho, P., op. cit.

7 Ibid.

8 Santos, F. D. y Miranda, P. Alterações Climáticas em Portugal. Lisboa:Gradiva, 2006.

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REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Publication_year: 
2009
Summary: 
En lugar de disminuir, la pobreza ha aumentado sensiblemente desde 1990. Los desórdenes, saqueos y destrucciones que acompañaron la rebelión que llevó al general François Bozizé al poder destruyeron el ya deteriorado tejido económico del país. El Gobierno, ahora, presenta una estrategia para reducir la pobreza que difícilmente logre cumplir con el ODM 1 de no mediar un giro inmediato y duradero hacia la paz y seguridad, y un crecimiento que, además de excepcional, favorezca a los pobres.

Reducir la pobreza: un objetivo muy distante

Pastor Clotaire Rodonne Siribi
GAPAFOT

En lugar de disminuir, la pobreza ha aumentado sensiblemente desde 1990. Los desórdenes, saqueos y destrucciones que acompañaron la rebelión que llevó al general François Bozizé al poder destruyeron el ya deteriorado tejido económico del país. El Gobierno, ahora, presenta una estrategia para reducir la pobreza que difícilmente logre cumplir con el ODM 1 de no mediar un giro inmediato y duradero hacia la paz y seguridad, y un crecimiento que, además de excepcional, favorezca a los pobres.  

A pesar de sus múltiples recursos, la economía de la República Centroafricana ha sido siniestrada por años de despojo a los fondos públicos y por repetidas crisis político-militares. Los desórdenes, saqueos y destrucciones que acompañaron la rebelión que llevó el 15 de marzo de 2003 al general François Bozizé al poder, acabaron poniendo de rodillas a un tejido económico que ya estaba mal, tras más de veinte años de una gestión mafiosa que vació las arcas del Estado. Fueron destruidos todos los aparatos de producción.

Una gran parte de los 623.000 km2 del territorio de la república está cubierta de bosques y el suelo contiene diamantes. Sin embargo, estas dos riquezas naturales, principales fuentes de ingresos del país, sirvieron durante mucho tiempo para inflar los bolsillos de quienes detentan el poder y sus allegados. Hoy, en plena reestructuración, su producción ha bajado. Aunque la tierra es fértil – si bien sólo la quinta parte es cultivada – y el clima favorable, las producciones de algodón y café no han dejado de hundirse estos últimos años. La cosecha de algodón 2004-2005 no superó las 5.000 toneladas, contra unas 50.000 de 1998. Esto se debe no sólo a la inconsistencia de la estructura que se supone debería manejar el sector, sino además – y principalmente –  a las reglas del juego del comercio internacional, que no son favorables a los productores africanos, y por encima de todo, a las subvenciones concedidas a los productores de los países industrializados. En cuanto al café, República Centroafricana produjo durante algún tiempo más de 18.000 toneladas al año, pero su cultivo ha casi desaparecido. La agricultura está prácticamente abandonada; los campesinos, después de haber sufrido directamente las consecuencias de la rebelión, padecen inseguridad crónica y continúan apenas con cultivos de subsistencia.

La constante reducción de estas actividades reduce también ingresos fiscales y aduaneros ya escasos por la ineficacia recaudadora del Estado centroafricano, algo regularmente denunciado por el FMI (que concedió en julio de 2004 un crédito de 8,2 millones de dólares en el marco de un programa post conflicto). El presupuesto del país, por otro lado, se ve cargado por una deuda externa de más de 1.000 millones de dólares (a finales de 2002), cuyo servicio representaba un 44,7% de los recursos presupuestarios en 2003, según el Banco de los Estados de África Central (BEAC).

Incapacidad del Estado

Desde la tentativa de golpe de Estado de mayo de 2001, se suspendieron las ayudas exteriores y solamente fue gracias a las donaciones específicas de 2004, de los socios tradicionales (UE, Francia, China o la Comunidad Económica y Monetaria del África Central), que la República Centroafricana pudo sacar la cabeza fuera del agua. El Estado se muestra incapaz de pagar a sus funcionarios, las pensiones y las becas. Cuando la caída del Presidente Ange Patassé, en marzo de 2003, los funcionarios ya contaban con 36 meses de atraso en sus salarios. Después de haber simplemente borrado la pizarra, François Bozizé se comprometió a pagar los salarios en un plazo establecido, promesa que no pudo mantener mucho tiempo, ya que el Ministro de Economía se reconoció incapaz de pagar a los agentes del Estado, que recibieron en enero de 2008 sus salarios de julio de 2004. Estos atrasos pesan sobre el consumo interno, y generan inquietante tensión social, exacerbada por la inflación sobre los precios de los productos alimenticios. A pesar de esto, la economía conoció una ligera mejoría en 2004 (2,5%) después de varios años de estancamiento.
Para los Centroafricanos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están muy lejos y seguirán siendo un sueño. Según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), dos tercios de los centroafricanos, es decir 3,8 millones, viven por debajo del nivel de pobreza. La esperanza de vida es apenas de 39,5 años, un niño de cada diez (11,5%) muere antes de la edad de 5 años y menos de la mitad de los adultos (48,6%) son alfabetos. Estos resultados colocan a la República Centroafricana en el lugar número 169 de los 177 que integran la clasificación del Índice de Desarrollo Humano.

Estrategia de reducción de pobreza

Para tratar de revertir esta dramática situación, el Gobierno intenta implementar una estrategia de reducción de la pobreza con dos objetivos principales.  

  1. La creación de riqueza en base al refuerzo de las capacidades humanas e institucionales, la inserción de los  más pobres en el aparato productivo gracias a una buena gobernanza y al restablecimiento de la seguridad;
  2. La mejora y generalización de los servicios sociales básicos a través de un enfoque participativo en la aplicación, el control/evaluación de la ejecución de la Estrategia de Reducción de la Pobreza.

Esta estrategia se despliega en los siguientes cuatro pilares:

  1.  
    1. Restauración de la seguridad, consolidación de la paz y prevención de los conflictos. Esto requerirá, entre otras cosas, el refuerzo de las capacidades materiales y humanas de los FDS, y la la reforma, reestructuración, reorganización territorial y transformación participativa y coordinada del sector de la seguridad.
    2. Promoción de la buena gobernanza y del Estado de Derecho, con el refuerzo de la gobernanza política y judicial, la mejora de la gobernanza económica, la mejora de la gobernanza local y la participación y promoción del género.
    3. Reconstrucción y diversificación de la economía a partir de la estabilización macroeconómica, del desarrollo rural, de la gestión transparente y eficaz de los recursos naturales, de la promoción del turismo y la artesanía y del desarrollo de las infraestructuras de apoyo a la producción;
    4. Desarrollo del capital humano, con la promoción de la educación, en particular, la escuela primaria y secundaria, la accesibilidad a los servicios de salud, la lucha contra el VIH/SIDA, y la promoción del empleo.

 
Diagnóstico de pobreza

El presente diagnóstico de pobreza es el resultado de dos investigaciones conducidas por el Ministerio de Planificación sobre las condiciones de vida en el medio urbano y en el rural, realizadas con el apoyo técnico y financiero del PNUD en 2003, y completadas por una investigación participativa financiada por el Banco Mundial en 2006.
Esta investigación identificó 10 problemas principales: mala gobernanza, problemas relacionados a la inseguridad, debilidad de las rentas, ineficiencia de la educación y la formación, problemas de salud, corrupción, falta de empleo y ausencia de oportunidades, falta de agua potable, ausencia de una política de refuerzo de las capacidades nacionales y problemas medioambientales.

Los problemas elegidos como prioritarios son los que, cuantitativamente, fueron considerados los más importantes por su influencia decisiva e impactos negativos en las condiciones de vida de las poblaciones. Las declaraciones de los participantes, tomados en grupo o individualmente, y en todas las regiones dejan claramente en evidencia tres problemas principales: ausencia de buena gobernanza, inseguridad y falta de paz.
Las malas condiciones prevalecen a lo largo y ancho del país. En algunos barrios de la capital, Bangui, la población sólo tiene electricidad cuatro días de cada siete y, en la mayor parte de los barrios, no tiene acceso al agua potable. Debido a la muy severa reducción del nivel de los ingresos, mucos centroafricanos están invadiendo los espacios verdes no sólo en la ciudad sino también sobre las formaciones forestales periféricas. Dado que la inflación ha reducido los ingresos, la venta de leña para combustible es a menudo la única alternativa para los crecientemente precarios, mal pagos e ilícitos modos de ganarse el ingreso que han venido proliferando. Como resultado, la sabana crece al ritmo de 500 metros al año a uno y otro lado del eje Bangui Boal y ya se ha desplazado 30 kilómetros hacia el sur y suroeste.

La tasa de pobreza es de 73% en las ciudades y 69% en las zonas rurales. Esta privación es se ve acentuada por una enorme desigualdad en el ingreso y gastos domésticos. El nivel de consumo del 10% más pobre de los hogares es apenas un décimo del de los 10% de los hogares más prósperos. Es muy poco probable que el objetivo del 31% para 2015 sea alcanzado de no mediar un giro rápido y duradero hacia la paz y la seguridad en la totalidad del territorio, y un crecimiento excepcionalmente fuerte y favorable que beneficie a los pobres, en particular, en el medio rural.

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REPÚBLICA CHECA

Publication_year: 
2009
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El año pasado el presidente Vaclav Klaus proclamó que el país estaba viviendo un muy buen momento, con “fe en el presente”. Aquella euforia se está evaporando ahora que la economía comienza a mostrar signos de debilidad. La reforma de las finanzas públicas, como la rebaja de impuestos para los más ricos y el aumento del impuesto al valor agregado de los artículos básicos, han creado nuevas cargas para los pobres. Para algunos grupos marginados, como el de los romaníes, la situación se ha vuelto tan difícil que han empezado a emigrar. Un ascpecto positivo es que el país ha hecho algún progreso – aunque insuficiente — para disminuir la brecha de género.

La democracia en un callejón sin salida

Gender Studies, o.p.s.
Linda Sokačová
ADEPTTs
Saša Uhlová
Trast pro Ekonomiku a společnost
Petr Gočev
Ekumenická akademie
Tomáš Tožička

El año pasado el presidente Vaclav Klaus proclamó que el país estaba viviendo un muy buen momento, con “fe en el presente”. Aquella euforia se está evaporando ahora que la economía comienza a mostrar signos de debilidad. La reforma de las finanzas públicas, como la rebaja de impuestos para los más ricos y el aumento del impuesto al valor agregado de los artículos básicos, han creado nuevas cargas para los pobres. Para algunos grupos marginados, como el de los romaníes, la situación se ha vuelto tan difícil que han empezado a emigrar. Un ascpecto positivo es que el país ha hecho algún progreso – aunque insuficiente — para disminuir la brecha de género.

El presidente Václav Klaus comenzó el año 2008 declarando que éste es el mejor período en la historia checa, destacando que el enorme aumento de los préstamos e hipotecas era un síntoma de la “fe en el presente”. También alardeó acerca de la solidez de la moneda nacional, afirmando que era la prueba de una economía fuerte. En realidad, la corona checa (CZK) estaba sostenida artificialmente por la especulación. El Gobierno de derecha, en sintonía con el presidente, insistió en no reconocer la situación, negándose a admitir que la crisis económica mundial afectaría al país. Este optimismo comenzó a evaporarse sólo cuando las estadísticas y la realidad diaria experimentada por la mayor parte de la población hicieron imposible negar que la producción estaba cayendo a pique a una velocidad sin precedentes, en lo que es el quinto peor desempeño dentro de la Unión Europea1.

El impacto de las reformas y la crisis

En 2007, el Gobierno inició una reforma de las finanzas públicas, bajando los impuestos de los asalariados en la categoría económica más alta y aumentando el impuesto al valor agregado (IVA) de los artículos básicos. Tales medidas aumentaron la carga tributaria de los hogares de ingresos bajos y con muchos integrantes. Mientras el Ministerio de Hacienda preveía una inflación de 3,8% para 2008, el índice de precios al consumo subió 6,3%2 y, para el tercer trimestre del año, el ingreso real se había reducido en 2,7%3 comparado con 2007. Incluso antes de que el impacto de la crisis económica mundial se hiciera evidente en el país, las predicciones de que las reformas perjudicarían a la mayoría de la población se hicieron realidad.

La crisis económica mundial que recién comienza a afectar al país está haciendo descender aún más el nivel de vida. En el tercer trimestre de 2008 el número de trabajadores desempleados era más alto que en el trimestre anterior, lo que no sucedía desde 2005. Hacia fines de 2008, la tasa de desempleo oficial llegó a 4,4%. Sin embargo, esta cifra omite 178.000 personas consideradas buscadoras de empleo no activas. Si se agregara este grupo la tasa de desempleo sería 50% más alta4. Los trabajadores extranjeros, en particular los asiáticos, son generalmente los primeros en ser despedidos y los que están sufriendo más. Su protección legal es inadecuada; la mayoría depende de agencias de trabajo, lo que vuelve precaria su situación laboral, y una gran parte pidió dinero prestado para inmigrar. Además de constituir un desastre económico personal, la vuelta a casa pondría en peligro el sustento de sus familias.

Desde que los impactos de la crisis comenzaron a hacerse sentir, una de cada dos pequeñas o medianas empresas ya tuvo que despedir empleados y reducir la jornada laboral, o se apresta a hacerlo en el futuro cercano5. Los índices bursátiles han bajado más de 50% desde sus puntos máximos de 2007. Sin embargo, el Gobierno no ha abandonado sus proyectos de privatizar el sistema de pensiones6. A fines de 2008, comenzó a considerar medidas contra la crisis, en gran parte como respuesta a la creciente preocupación mundial así como a la presión de la industria nacional.

El enorme aumento de la deuda de los hogares ha puesto a la industria financiera en una posición precaria. Hasta hace poco, los préstamos personales aumentaban un tercio cada año. En su mayor parte era deuda hipotecaria, pero casi 20% eran préstamos de instituciones no bancarias, principalmente por compras a plazos. En algunos casos, estos préstamos vienen con una tasa de interés anual efectiva mayor a 200%. El Estado respalda esta usura introduciendo, por ejemplo, mecanismos para facilitar el cobro de deudas. La ley de quiebras de 2008 incluye una opción de bancarrota para particulares, pero su utilización es muy complicada.

Reforma del sistema de salud

Desde que el ministro de Salud declaró “yo quiero al capitalismo en el sistema de salud”, ha hecho todo lo posible por conseguir ese objetivo7. Se privatizaron varios hospitales regionales y se redujeron los llamados servicios no lucrativos, principalmente el tratamiento de casos difíciles o a largo plazo. La responsabilidad por estos casos se transfirió a los grandes hospitales públicos y los hospitales universitarios. En 2008, el gasto público en salud disminuyó a menos de 7% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE, y aproximadamente 20.000 empleados (8%) abandonaron el sistema de salud8. La introducción de tarifas por servicios y el intento de disminuir los impuestos de seguro social, sobre todo para los contribuyentes más ricos, son componentes clave de la estrategia impositiva regresiva del Gobierno.

Los romaníes y la exclusión social

Las reformas antisociales y el inicio de la crisis económica tienen efectos más graves en los ya de por sí excluidos, como los jubilados, las madres solteras y otros grupos vulnerables. No todos los romaníes están excluidos socialmente; sin embargo, la mayoría de los 250 mil que viven en el país han recibido los impactos directos de la decreciente economía. En 2006, último año con información disponible, 80 mil romaníes vivían en cerca de 300 localidades socialmente excluidas9. Esto es debido principalmente a la discriminación institucionalizada y la falta de interés del Gobierno en resolver los problemas de los romaníes.

En enero de 2008, la Agencia para la Inclusión Social en localidades romaníes abrió sus puertas10 con la misión de elevar el nivel de vida de los romaníes socialmente excluidos y facilitar su inclusión en la sociedad checa. Se suponía que el principal vehículo para lograrlo era brindar financiación para la compra inmediata de servicios. Sin embargo, el Gobierno ordenó que la agencia estableciera un marco para la cooperación con las partes interesadas en cada región antes de solicitar cualquier servicio. El personal se pasó todo el año con esta tarea, y luego una auditoría interna concluyó que el enfoque de la agencia violaba políticas de gabinete.

La agencia ha sido una decepción. Su mandato es débil. En vez de dinero, sólo ofrece asesoramiento. El abandono de larga data por parte del Estado y los enormes problemas económicos han convertido a algunos grupos romaníes de localidades socialmente excluidas en objetivos del odio racial. Como ejemplo extremo, en 2008 los neo-nazis y otros habitantes de Litvinov llevaron a cabo grandes manifestaciones contra los romaníes. En abril de 2009, una niña de dos años recibió quemaduras graves en un ataque con bomba molotov contra la casa de una familia romaní en Vítkov; sus padres y otros miembros de la familia también recibieron heridas.

Durante 2008, el Gobierno atribuyó el aumento de la cantidad de romaníes que solicitaban asilo en Canadá a las dificultades económicas, pero éste es sólo un factor entre los muchos que los llevan a emigrar. Los romaníes no se sienten acogidos en la República Checa y tienen temor a la creciente oleada de violencia fascista11

La situación de las mujeres

La participación de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones sigue siendo mínima. Aun así, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida para disminuir la brecha de género en los cargos políticos y decisorios. La proporción de mujeres en la cámara baja del Parlamento es de 15,5%, que en la base de datos de la Unión Interparlamentaria coloca al país en el puesto 69. A excepción del sistema judicial, donde hay 64,5% de juezas en los tribunales de distrito y 60,4% en los tribunales regionales, las mujeres ocupan menos del 25% de la mayoría de los cargos legislativos y ejecutivos. Incluso en el poder judicial, cuanto más alto el tribunal, más baja es la proporción de mujeres. 

En años recientes, el país ha realizado progresos significativos en cuanto a la violencia contra las mujeres, con la aprobación de leyes que criminalizan la violencia doméstica y el acoso. Sin embargo, estas medidas son todavía insuficientes para reducir todas las formas de violencia de género. Lamentablemente, los grupos de mujeres tienen dificultades para conseguir financiación, en parte debido a haber quedado excluidos del concurso de subvenciones 2008 promovido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que estipula que los proyectos “no pueden tener elementos políticos y no pueden promover ninguna causa política o ideológica, incluyendo la ideología feminista”. Por consiguiente, muchos de estos grupos han debido cesar sus actividades.

El sistema legal checo no tiene leyes que prohíban la discriminación. El presidente vetó la ley contra la discriminación que habría alineado al país de conformidad con la ley europea; se requiere una mayoría absoluta del Parlamento para anular el veto presidencial. Hasta que esto ocurra, la República Checa estará violando sus compromisos como miembro de la UE. Existen aún serios huecos en la protección de los derechos individuales. En particular, son notorios en el código laboral, que se había enmendado con la ley vetada por el presidente.

En el plano económico, las estadísticas muestran que muchos más hombres que mujeres entre 20 y 35 años son económicamente activos, fundamentalmente porque todavía se considera que la crianza de los niños es más que nada responsabilidad de la mujer. Esto es solo uno de los muchos estereotipos de género vinculados a la maternidad que coloca en desventaja a las mujeres en el mercado laboral – durante el proceso de contratación, en la carrera profesional y en el acceso a una mejora en su formación.

La brecha de género en los ingresos era de 19,8% en 2007, el promedio más alto de Europa. Casi dos quintos de las mujeres (39%) y un cuarto de los hombres (25%) piensan que las mujeres reciben menos paga que los hombres por realizar el mismo trabajo. Según los sondeos de opinión, las personas consideran la edad (64%) y el género (45%) como las barreras más frecuentes que impiden el éxito en el mercado laboral12.

En enero de 2008, el Gobierno adoptó una nueva política sobre asignaciones familiares, conocida como la licencia de “tres velocidades”. Los padres y madres pueden elegir ahora la cantidad de tiempo que recibirán la asignación familiar. La duración determina el beneficio mensual. Las mujeres de ingresos altos reciben una mayor cantidad y las de ingresos bajos reciben menos. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que es muy conservador en cuestiones de género, rechaza apoyar y desarrollar instituciones de atención infantil y tiene intención de eliminar los jardines de infantes, de los cuales hay sólo unos 40 en el país. El llamado paquete pro familia del Gobierno no incluye el apoyo integral a las instituciones de atención infantil.

Otro problema es la falta de apoyo a las políticas que combinan los programas de atención infantil y familiar con las actividades que promueven la integración de las mujeres inmigrantes. Estas mujeres corren con desventaja para entrar al mercado de trabajo, debido a que no tienen calificaciones y conocimientos académicos. Asimismo las oportunidades de trabajo para las madres solteras son muy escasas. Los inmigrantes de ambos sexos generalmente se ven limitados a trabajar en los lugares menos atractivos y peor pagos, pero las mujeres inmigrantes son las que más frecuentemente soportan el tratamiento desigual. Estas condiciones son en parte debidas a su etnia o nacionalidad, pero también a la discriminación de género en el proceso de contratación, así como a la inequidad de las condiciones laborales y las remuneraciones13.  

Cooperación al desarrollo

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) checa se destina en gran parte a la cooperación de transformación. Su objetivo es promover la llamada democracia de estilo occidental en los países de la antigua Unión Soviética, Cuba, Birmania e Iraq. Según el Gobierno, este enfoque se justifica mayormente por la experiencia de la República Checa sobre la transformación poscomunista. Sin embargo, el Gobierno ha desistido de alcanzar su compromiso europeo de aumentar la AOD. El crecimiento cesó en 2007 y por primera vez la ayuda disminuyó en términos reales como porcentaje del ingreso nacional bruto (INB), de 0,12% a 0,11%, a pesar de la presión de las ONG y otras organizaciones. Funcionarios ministeriales informaron al Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento que el porcentaje de contribución aumentará, principalmente debido a una disminución del INB. El programa no es transparente – el proceso de licitación de 2008 para el proyecto de transformaciones en Cuba no fue realizado a la vista del público. Los proyectos que obtuvieron financiación fueron co-financiados por instituciones neoliberales como la estadounidense Fundación Nacional para la Democracia.

ONG y medios

Las ONG checas están bajo una enorme presión financiera; gradualmente se han vuelto dependientes del Estado para su financiación, o de fundaciones extranjeras – pocas de las cuales brindan apoyo significativo a iniciativas cívicas independientes. Los solicitantes de subvenciones exitosos deben cumplir con criterios políticos y sus actividades deben realizarse de acuerdo con las políticas del donante. Para evitar la crítica y la exclusión, la mayor parte de las organizaciones evitan trabajar en activismo y se concentran en ofrecer servicios. La ayuda económica menos restrictiva viene de la Comisión Europea, en particular los fondos administrados directamente por la Comisión. La campaña cívica más grande sigue siendo “Los Checos contra la Pobreza”, que forma parte del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza y se concentra en la incidencia y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El periodismo independiente prácticamente no existe. Los medios proporcionan información selectiva e incompleta; su objetivo a menudo parece apoyar los intereses de grupos económicos y políticos particulares. En este ambiente, la democracia en la República Checa está en un callejón sin salida.

1 Ver: <www.ct24.cz/ekonomika/ceska-republika/45209-smutny-pohled-do-statistik-prumysl-v-prosinci-klesl-o-14-6-procenta/>.

2 Ver: <www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace>.

3 Ver: <www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz120108.doc>.

4 Ver: <www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam020209.doc>.

5 Ver: <ekonomika.ihned.cz/c1-34782520-temer-polovina-ceskych-firem-rozda-kvuli-krizi-vypovedi>.

6 Ver: <www.cbw.cz/cs/article/penzijni-reformamene-statuvice-sobe.aspx>.

7 Ver: <www.cuni.cz/IFORUM-5916.html>.

8 Ver: <osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/12_2008/39.html>.

9 Ver: <www.mpsv.cz/files/clanky/3043/Analyza_romskych_lokalit.pdf str.15>.

10 Ver: <www.socialni-zaclenovani.cz/>.

11 Taylor, L. (2008). “Czech minister blasted by Roma”. The Star, 19 de noviembre. Disponible en: <www.thestar.com/News/GTA/article/539490>.

12 En septiembre-octubre de 2008 se realizó una investigación cuantitativa para saber cómo perciben empleados y empleadas la igualdad de oportunidades, y si consideran que su empleador les permite armonizar su trabajo con la vida privada y familiar. Ver Gender Studies, o.p.s., disponible en: <www.genderstudies.cz>.

13 Krchova, A., Viznerova, H. y Kutalkova, P.Zeny migrantky v Ceske republice. Uvedeni do problematiky.Praga: Fes Prag. 2008.

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Region: 
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RUMANIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La caída de las exportaciones provocó quiebras, contracción de las actividades y aumento del desempleo. Las remesas, que representan el 5% de INB, cayeron 10% a principios de 2009. La privatización y la venta de bancos nacionales durante los últimos años condujeron al país y sus ciudadanos a endeudarse con los bancos occidentales. Un reciente préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional parece diseñado principalmente para beneficiar a las empresas extranjeras. Entre las víctimas de la crisis se cuenta la ayuda al desarrollo: toda la política de cooperación para el desarrollo rumana está en peligro de desaparecer.

Perspectiva funesta

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
(Fundación de la Sociedad Civil para el Desarrollo)
Valentin Burada

La caída de las exportaciones provocó quiebras, contracción de las actividades y aumento del desempleo. Las remesas, que representan el 5% de INB, cayeron 10% a principios de 2009. La privatización y la venta de bancos nacionales durante los últimos años condujeron al país y sus ciudadanos a endeudarse con los bancos occidentales. Un reciente préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional parece diseñado principalmente para beneficiar a las empresas extranjeras. Entre las víctimas de la crisis se cuenta la ayuda al desarrollo: toda la política de cooperación para el desarrollo rumana está en peligro de desaparecer.

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Como sus vecinos del antiguo bloque soviético, Rumania se encuentra atrapada en la inestabilidad de la crisis financiera y económica mundial. El país disfrutó de un boom económico en los últimos años, impulsado en parte por grandes préstamos de los bancos occidentales y el fácil acceso a los préstamos externos. Actualmente, sin embargo, hay una contracción crediticia, la moneda nacional es inestable y la situación parece extrema.

Presupuesto estatal, remesas y desempleo

Rumania depende de los mercados tambaleantes de la Unión Europea (UE). Las exportaciones disminuyeron en 25% y los flujos de capital están cambiando de dirección. Sólo en enero de 2009 hubo repatriaciones por un monto de EUR 539 millones. La disminución de las exportaciones se tradujo en un aumento del desempleo, quiebras y una contracción de las actividades de las empresas. Aproximadamente 500.000 personas (5,7%) estaban desempleadas en abril de 2009 – casi la mitad de ellas eran mujeres – comparado con el 3,9% de abril de 2008. En mayo de 2009, la Comisión Europea estimó que el desempleo se elevaría al 8%. Cada punto porcentual significa 100.000 desempleados más.

Aunque el salario mensual neto promedio era de EUR 327 en marzo de 2009, un aumento de 17,6% comparado con marzo de 2008 según el Instituto Nacional de Estadística, es menos impresionante que en los primeros meses de 2008, cuando hubo aumentos de más del 30%. Se espera que la crisis reduzca aun más los aumentos e incluso los revierta. El Gobierno ha anunciado que congelará los salarios presupuestados, lo que significa menos poder adquisitivo. En una entrevista en la televisión nacional en abril de 2009, el primer ministro Emil Bloc reconoció que existía el peligro de que el Gobierno no pudiera pagar los salarios y pensiones estatales. Además, al contraerse los mercados exportadores tradicionales para los productores de alimentos, los agricultores rumanos también se encuentran amenazados internamente por las importaciones subsidiadas de productos agrícolas y alimentarios de otros estados miembros de la UE que están buscando reorientar sus exportaciones.

Los ingresos presupuestarios comenzaron a bajar en el último trimestre de 2008, una tendencia que continúa en 2009 – con 8,7% menos en enero que en el mismo período de 2008 – y que probablemente empeorará. La disminución más grande se ubicó en los impuestos a las ganancias (-30,7%).  Los fondos recaudados por concepto del IVA, que sigue siendo la fuente principal del presupuesto, cayeron 8% y probablemente disminuyan aún más.

En respuesta, se han propuesto nuevos y más altos impuestos y aumentos de las contribuciones sociales. En marzo de 2009, el Gobierno anunció un aumento de cerca de 1% para las contribuciones a los fondos de seguro médico tanto para empleados como para patrones, en razón de que el aumento del desempleo conduciría a menos contribuciones. Antes, la contribución obligatoria era de 5,2% para empleados y 5,5% para patrones. Los representantes del sector comercial creen que esta medida aumentará aún más el desempleo ya que las empresas seguirán reduciendo costos y funcionarán con menos empleados.

En febrero de 2009, el Gobierno anunció que las empresas que contraten personas desempleadas, que sean el único sostén de la familia o mayores de 50 años, recibirán subvenciones por un período de hasta 12 meses a fin de cubrir la mitad de los salarios de sus nuevos empleados. Las subvenciones también apoyarían el empleo de romaníes y de aquellos que, debido a la carencia de educación o habilidades, no tienen buenas posibilidades en el mercado de trabajo. Para las personas desempleadas durante más de dos años, las subvenciones cubrirán el 75% del sueldo durante 24 meses. El plan, por un valor total de EUR 133 millones, está financiado en un 85% por la Comisión Europea. De éste, EUR 29 millones están asignados para el empleo en las áreas rurales. En marzo de 2009, el Gobierno también decidió ampliar el período de subsidios de desempleo por tres meses más, mientras que los patrones y los empleados serán eximidos durante tres meses de pagar las contribuciones a los seguros sociales durante la suspensión temporal de actividades.

Según datos del Banco Nacional de Rumania, los ciudadanos que trabajan en el extranjero enviaron remesas por EUR 8.700 millones en 2008 (en comparación con EUR 7.000 millones en 2007). Esto representa casi tanto como la inversión extranjera directa total (un récord de EUR 9.000 millones) y el 5% de INB. Un estudio publicado por el Banco Mundial clasifica a Rumania en el octavo puesto entre los países en desarrollo en cuanto a remesas migratorias1. Sin embargo, a principios de 2009, el nivel de remesas cayó 10% comparado con el mismo período de 2008. Italia y España, los dos países que son la fuente del 90% de las remesas totales, enfrentan problemas económicos serios y altas tasas de desempleo. Aproximadamente 800 mil rumanos trabajaban en España, principalmente en los sectores más golpeados (servicios, industria y construcción). En noviembre de 2008, las autoridades españolas anunciaron que 100 mil rumanos estaban desempleados, y se esperaba que 30 mil más perdieran sus empleos en 2009.

En noviembre de 2008, el Ministro del Trabajo y Asuntos Sociales declaró que en 2009 Rumania podría absorber hasta 500 mil trabajadores retornados del extranjero, debido a que existe una escasez de mano de obra para proyectos de infraestructura y del sector agrícola. Sin embargo, estos comentarios parecen destinados básicamente a calmar las preocupaciones de Italia y España respecto a que los trabajadores rumanos se convertirían en una carga para sus planes de subsidio del desempleo, ya demasiado exigidos. De todos modos, según un sondeo llevado a cabo por la Fundación Soros en septiembre de 2008, sólo el 14% de los rumanos que trabajan en España tenía la intención de volver a casa en 2009.
 
Bancos extranjeros, el FMI y la gente

Prácticamente todos los bancos rumanos fueron privatizados durante los últimos años y vendidos a bancos extranjeros. Hasta el inicio de la crisis financiera, los bancos extranjeros tuvieron enormes ganancias en un mercado en plena y rápida expansión. En 2008, BCR (Este Group/Austria) informó sobre un aumento de la ganancia neta del 119,8%, BRD Société Générale (Francia) registró un aumento del 46% y el Banco Raiffeisen (Austria) aumentó su ganancia en 75,6% comparado con 2007. Sólo la ganancia neta de estos tres bancos, los más grandes de Rumania, sumó más de EUR 1.000 millones.

Al inicio de la crisis financiera, el Banco Nacional de Rumania intervino en una tentativa de calmar la locura de préstamos provocada por la competencia, imponiendo una serie de restricciones orientadas a prevenir la cesación de pagos. Sin embargo, el nivel de endeudamiento aumentó bruscamente. Esto ha llevado a un escenario en el cual, como en la mayor parte de Europa Central y Oriental, las deudas rumanas se deben a bancos de Europa Occidental, sobre todo en Austria, Francia, Grecia e Italia. Sin ninguna consideración por el impacto negativo potencial de sus acciones, los bancos alentaron una tendencia de consumo basada no en la producción real de la verdadera economía local, sino en un aumento de las importaciones de Europa Occidental. Básicamente, con el dinero que se tomó prestado de Europa Occidental, estos bancos apoyaron sus propias economías nacionales y endeudaron a Rumania y sus ciudadanos.

Esta situación se agravó por el hecho que los Gobiernos de Europa Occidental hicieron presión sobre sus bancos para retirarse, vendiendo más barato las filiales en Europa Oriental. El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) espera una cesación de pagos de hasta 20% por préstamos de Europa Oriental; Rumania se encontraría entre los más afectados. Los decisores políticos en Bucarest se ven limitados en sus opciones de políticas fiscales por el hecho de que se requieren restricciones para corregir los valores negativos de la balanza de pagos. Al mismo tiempo, un debilitamiento de la moneda nacional podría, eventualmente, desencadenar una cesación de pagos que sacudiría la estabilidad financiera. A fin de contrarrestar estos peligros, el Gobierno solicitó y recibió un préstamo de EUR 19.950 millones del FMI, la Comisión Europea, el Banco Mundial y el BERD. Del total, el FMI proporcionará EUR 12.950 millones.

El Gobierno insiste en que el préstamo se vincula con el compromiso de los bancos extranjeros en Rumania de reanudar el crédito sin externalizar los recursos del país ni afectar las obligaciones del presupuesto nacional para la educación y la salud. A fines de marzo de 2008, el FMI obtuvo compromisos escritos de las sedes centrales de las principales filiales bancarias en Rumania, que seguirían apoyando estas filiales y no retirarían el capital. Sin embargo, el Gobierno tiene una mala historia en cuanto a resistir la presión extranjera. También carece de los medios para sortear las “soluciones” extranjeras a los problemas nacionales. Tanto el Gobierno como la sociedad civil, con pocas excepciones, fueron lentos para exponer lo que realmente está en juego. Las medidas de austeridad propuestas por el Gobierno, incluyendo el congelamiento de los salarios y pensiones públicos y los aumentos fiscales, han provocado el descontento y la movilización de los sindicatos.

El préstamo del FMI parece haberse contraído bajo presiones externas, principalmente para salvar los intereses de las compañías extranjeras en Rumania. No servirá para reembolsar la deuda externa del país, pero cubrirá las deudas de las filiales locales de los bancos extranjeros. De esta forma, se utilizarán los fondos públicos para reparar el daño hecho por el capital privado. En general, los Gobiernos de Europa Occidental han logrado manejar este daño. Sin embargo, los reclamos desesperados del Gobierno austríaco para que el FMI y la UE intervinieran y rescataran sus bancos en Europa Oriental, demuestran que los bancos extranjeros a veces están peligrosamente sobreexpuestos (por ejemplo, los bancos austríacos han prestado a la región el equivalente al 70% del PIB de Austria). El reembolso de un préstamo que representa el 40% del presupuesto anual de Rumania sólo será posible durante los próximos años mediante la disminución del nivel de vida de la población.

Crisis de la ayuda al desarrollo

En 2007, al ingresar a la UE, Rumania se comprometió a contribuir como país donante al alivio de la pobreza en el mundo, participando en la política de ayuda de la UE y configurando su propia política de ayuda oficial al desarrollo (AOD). Es probable que la crisis financiera actual tenga un drástico impacto en los flujos de ayuda rumanos. El presupuesto de la AOD gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) se recortó de EUR 5 millones en 2008 a EUR 1,9 millones en 2009. Mientras tanto, el préstamo multimillonario del FMI ya impuso limitaciones presupuestarias para las áreas “no esenciales”, y el reembolso del préstamo (en 2015) afectará el presupuesto de la AOD por muchos años. Aun cuando las contribuciones multilateral de AOD se mantengan en un nivel relativamente constante, es muy poco probable que se logre el objetivo del 0,17% de AOD al que el Gobierno se comprometió para 2015.

Las organizaciones de sociedad civil (OSC) han advertido que toda la política de cooperación al desarrollo rumana está en peligro de desaparecer. De forma crucial, toda la inversión anterior en capacidad institucional recién desarrollada para el MAE se verá afectada. El Gobierno encaró la mayoría de sus necesidades internas de desarrollo de capacidad a través la tercerización de tareas específicas con el PNUD Rumania. Las OSC están preocupadas porque, de esta manera, el Gobierno pierde su principal objetivo a corto plazo: reforzar la capacidad nacional.

Una señal clara de los impactos de este enfoque fue el cambio de la estructura administrativa interna del MAE a principios de 2009. Mientras que el Gobierno asignó recursos financieros importantes al PNUD Rumania para contratar expertos, a la oficina de Ayuda al Desarrollo dentro del MAE se la bajó de categoría y se redujo su personal a la mitad, con la consiguiente disminución de su capacidad para programar y gestionar la ayuda al desarrollo. Aunque en tiempos de crisis los recortes presupuestarios sean comprensibles, destruir la capacidad administrativa de las instituciones públicas no es aceptable cuando esto tiene implicaciones a largo plazo. Los representantes del PNUD deberían entender que al desviar recursos y retrasar los procesos de empoderamiento, arriesgan perjudicar a los emergentes actores locales de la cooperación al desarrollo en Rumania.

1 Según People Move, un blog sobre la emigración, remesas y desarrollo, se estima que los flujos de remesas a los países en desarrollo excedían los USD 300 mil millones en 2008. Disponible en: <peoplemove.worldbank.org/en/content/remittance-flows-to-developing-countries>.

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Region: 
left

SENEGAL

Publication_year: 
2009
Summary: 
Siendo el país más dependiente de África Occidental en lo referido a alimentos, Senegal se ve enfrentado a varios desafíos como resultado de las múltiples crisis globales – económica, financiera, medioambiental, energética y, por supuesto, alimentaria. Todas ellas redundan en un empeoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos – sobre todo en los sectores más vulnerables – porque repercuten sobre la escasa producción, la disminución de las importaciones y el alto precio de los productos básicos. Los planes del Gobierno no dan debida respuesta a las necesidades. La sociedad civil propone un retorno a la agricultura tradicional, debidamente incentivada y apoyada por el Estado.

La agricultura es la única respuesta

Social Watch Senegal1

Siendo el país más dependiente de África Occidental en lo referido a alimentos, Senegal se ve enfrentado a varios desafíos como resultado de las múltiples crisis globales – económica, financiera, medioambiental, energética y, por supuesto, alimentaria. Todas ellas redundan en un empeoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos – sobre todo en los sectores más vulnerables – porque repercuten sobre la escasa producción, la disminución de las importaciones y el alto precio de los productos básicos. Los planes del Gobierno no dan debida respuesta a las necesidades. La sociedad civil propone un retorno a la agricultura tradicional, debidamente incentivada y apoyada por el Estado.

En Senegal, la crisis alimentaria mundial causada por el aumento de la demanda – particularmente de cereales – en un contexto de baja de los rendimientos y de encarecimiento de los costos de la producción debido al alza en el precio del petróleo, generó motines en todo el país. El alto precio del petróleo y la mayor demanda de energía conspiraron contra la agricultura de subsistencia, en cuanto a superficie cultivada, por la producción caña de azúcar y maíz para biocombustibles (gasoil y etanol). La situación se vio agravada por los problemas causados por el cambio climático y la crisis financiera. Ésta se tradujo en una reducción de los montos de ayuda para el desarrollo y restricciones a las exportaciones en algunos países – por ejemplo, India –, que afectan especialmente a las capas más desamparadas de países subdesarrollados como Senegal.

Algunas consecuencias de la crisis – que en los países desarrollados golpean sobre el poder adquisitivo, más que sobre la disponibilidad de alimentos – son, en Senegal, la desnutrición y el éxodo masivo de las poblaciones hacia los centros urbanos. Además, la pobreza y el desempleo impactan negativamente en las posibilidades de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El país, con más de un 53,9% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza, mantuvo muy bajo el nivel de acceso de las poblaciones a los servicios sociales básicos. Las capas más desfavorecidas en las zonas rurales y los suburbios de las grandes ciudades, junto con los niños, las mujeres y las personas mayores, son las más afectadas. Las medidas del Gobierno no fueron eficaces, ya que apenas facilitaron el acceso a una comida sana y en cantidad suficiente a los senegaleses que se encuentran muy cerca o por debajo del umbral de pobreza. Las medidas deberían tener como objetivo a las personas más desfavorecidas, las que tienen más necesidades ya que  en Senegal el presupuesto del Estado favorece a los ricos, a los asalariados y a los habitantes de las ciudades, teniendo, en particular,  subvenciones para la electricidad, el gas, el agua, el combustible. En los suburbios de las ciudades y en el campo hay familias que apenas pueden acceder a la comida.
                                                                                      
Algunos de los factores que más influyen en el agravamiento de la situación son:  

  1. Un sector agrícola que depende de las lluvias y que enfrenta la degradación de los suelos, la baja producción, la ausencia de políticas de desarrollo agrícola y la instauración de programas impopulares sin ninguna coherencia, tales como Vuelta a la Agricultura o Gran Ofensiva Agrícola para el Alimento y la Abundancia (GOANA), el escaso acceso a los insumos, al material agrícola y al crédito y la debilidad de las inversiones en el sector (por ejemplo, con el incumplimiento del compromiso de Maputo, según el cual el Estado concedería un 10% del presupuesto a la agricultura).                                                                                                           
  2. La dependencia alimentaria del país (Senegal es, per cápita, el país alimentariamente más dependiente de África Occidental). La producción local de arroz cubre apenas entre un 20% y un 30% de las necesidades; el trigo es 100% importado. La producción de cereales cubre menos del 50% de la demanda.
  3. La crisis medioambiental derivada del calentamiento global reduce la pesca en aguas senegalesas. La pesca es una importante fuente de recursos para el sector primario y uno de los principales suministros de proteínas para la población. De acuerdo a la Agencia Nacional de Estadística y Demografía, la escasez de algunas especies se tradujo en un aumento del 13,8% de los precios del pescado y otros productos de mar frescos.
  4. La total dependencia energética del país de las importaciones de petróleo y la producción de la SENELEC lo vuelve incapaz aún de garantizar un servicio eléctrico eficaz y económicamente accesible para los consumidores. Así, pese a sus potencialidades en energía renovable – al ser un país muy soleado –, la energía representa, a veces, el 50% del costo total de la producción.                                           
  5. Poblaciones y empresas enfrentan dificultades de acceso a la electricidad, cuyos precios han tenido varios aumentos. El sistema de facturación es muy criticado por los consumidores, hay cortes recurrentes que causan molestias en los hogares y el enlentecimiento de las actividades de producción artesanal e industrial. Todo esto condujo a la ola de levantamientos encabezados por imanes, sacerdotes y (más tarde) asociaciones de consumo y sindicatos de trabajadores.
  6. Con la crisis que conoce desde hace algún tiempo la Sociedad Africana de Refinado, el gas butano registra una escasez crónica en el mercado y se vende a precios inaccesibles para los consumidores quienes, además, deben hacer cola durante 24 o 48 horas ante los puntos de venta. 

 
Las medidas tomadas por el Gobierno:

  1. El programa GOANA tiene como objetivo la autosuficiencia alimentaria a partir de la producción de 2 millones de toneladas de maíz, 3 millones de toneladas de mandioca, 500.000 toneladas de arroz, 2 millones de toneladas de otros cereales como el mijo, el sorgo y el mijo fonio. Sin embargo este emprendimiento solitario del Gobierno que no asoció a los protagonistas de los distintos sectores agrícolas, o lo hizo muy escasamente, los retrasos en la instauración de los factores de producción (entre otros, semillas, abono y material agrícola), la intervención  de los cuadros de la administración y los comerciantes sobre las tierras y los insumos, no permitieron lograr los objetivos fijados a pesar del buen promedio de lluvias.
  2. La Organización, por parte del Gobierno, de una campaña de distribución de víveres y alimentos para el ganado, por un importe de CFA 10.000 millones (USD 22 millones), en las poblaciones rurales afectadas por la crisis.
  3. La renuncia, por parte del Estado, a derechos de aduana e impuestos de importaciones sobre algunos productos como el arroz y el gas butano subvencionados, aunque los efectos previstos hayan sido reducidos por la fuga de grandes cantidades de estos productos subvencionados vendidos en los países limítrofes por comerciantes deshonestos.
  4. La reducción de impuestos sobre los salarios de los trabajadores por CFA 6.000 millones (USD 13,2 millones) y la subvención de productos alimentarios por CFA 7.000 millones (USD 15,4 millones).

Sin embargo estas medidas son insuficientes por lo coyunturales, además de no ser duraderas, equitativas ni eficaces, ya que no alcanzaron a las capas más vulnerables. En su lugar, se imponen  inversiones sociales en infraestructura para mejorar el acceso de las poblaciones a los servicios sociales básicos (alimentación, agua, energía, educación, salud, hábitat) y reducir las desigualdades entre los sexos y entre los grupos étnicos.

El impacto en la salud
                                                                                                                          
Aunque la asistencia sanitaria primaria, la asistencia  de los riesgos vinculados al embarazo y la asistencia sanitaria de los ancianos registran avances, la crisis social y financiera golpeó al sector de la salud y generó, entre otras cosas, huelgas de personal, endeudamiento de los hospitales, cierre de algunos servicios de maternidad – en particular, en Dakar –, falta de personal calificado y puestos de salud cerrados o administrados por personal no médico. Hay un recrudecimiento de las enfermedades diarreicas y el paludismo. Han aparecido circuitos ilícitos de distribución de medicamentos (se falsifican 10% de los medicamentos en circulación en el país) a causa de la ausencia de textos legislativos adaptados a las realidades del momento y la ausencia de medios de disuasión.

El saneamiento es muy deficitario en todo el país. Las frecuentes inundaciones conllevan, a menudo, el desplazamiento y realojamiento de personas en lugares inadecuados (como escuelas y otros edificios públicos) que desarman el tejido social y cultural y agravan la situación sanitaria.

Un llamativo déficit de estaciones de purificación y una sobrecarga únicamente de la estación de Camberene, en Dakar, causan la contaminación de todas las playas y bahías de la capital que sirven de exutorios a las aguas sucias domésticas e industriales. Además posee un servicio público de recolección de basuras deteriorado.

Crisis y género

Senegal persiste en un modelo muy patriarcal que ha tenido escasos progresos en materia de relacionamiento mujeres/hombres. Sin embargo, para la aplicación de los instrumentos internacionales (cartas, convenios o declaraciones de principios firmadas y ratificadas) el Gobierno se ve obligado a colaborar con socios a los cuales se vincula por compromisos bilaterales o multilaterales. Pese a que instituciones como, entre otras, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad de Desarrollo de los Estados del África Occidental, la Organización Internacional de la Francofonía y los movimientos de la sociedad civil buscan la materialización de todos los acuerdos, la brecha entre el espíritu de los textos y la realidad nacional es grande.

La propuesta de la sociedad civil

Con la intención de encontrar una forma de acción directa sobre los factores endógenos de la actual situación, proponemos:

  1. Favorecer una gestión inclusiva en la concepción, la aplicación y el seguimiento de las políticas y programas de desarrollo económico y social, con respeto de los compromisos asumidos por cada parte.
  2. Estimular el regreso a la tierra, haciendo de la agricultura familiar el pilar del crecimiento en contraste con el agro-negocio, tal como se indica en el Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza. En cuanto a la seguridad y a la soberanía alimentarias, se pide la definición y la aplicación de una política agrícola (a mediano o largo plazo), con una amplia participación de los actores y un plan de financiación consecuente. El proceso de elaboración y aprobación de la ley de orientación Agros-sylvo Pastorale, cuya aplicación se ha demorado, podría ser una fuente de inspiración.
  3. Realizar una verdadera reforma de la propiedad de la tierra cuyo objetivo sea el restablecimiento de los derechos de los campesinos y las colectividades locales concediéndoles la propiedad plena y completa sobre la tierra que es su herramienta de trabajo fundamental. Es necesario romper el desequilibrio entre el medio urbano y el rural en lo que se refiere al derecho de propiedad reconocido por la Constitución.
  4. Modificar los modelos de consumo e inversión pública y privada.
  5. Valorizar la contribución de los senegaleses de la diáspora a través de la transformación de gran parte de las transferencias de dinero procedentes del extranjero en ahorro e inversiones.
  6. Garantizar un desarrollo geográfico equitativo y eficaz para aumentar el tamaño del mercado interno, fijar las poblaciones locales.
  7. Realizar una revolución cultural para cambiar verdaderamente la mentalidad de los campesinos de modo de lograr la aparición de agricultores modernos, lo que implica la erradicación del analfabetismo a través de la escolarización de todos los niños (varones y niñas) del medio rural en edad de escolarizarse, para darles los rudimentos necesarios para un control deliberado de su medio ambiente.
  8. Normalizar las concesiones mineras – en particular de metales preciosos – a efectos de prever, entre otras cosas, un proceso de consulta nacional y acciones previas de refuerzo de las capacidades de la administración y los protagonistas no oficiales locales (empresarios, sindicatos, ONGs y Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos) y una utilización juiciosa de las rentas que abastecen el presupuesto nacional y respetuosa del carácter no renovable del recurso.
  9. Mejorar la orientación social del marco institucional y reglamentario de la micro finanza y mejorar el resultado social de las Estructuras de Financiación Descentralizadas (SFD, por su sigla en francés).
  10. Promover la agricultura urbana y periurbana a través de la micro jardinería, que podría constituir una verdadera revolución verde en el medio urbano y periurbano y una fuente de desarrollo de actividades generadoras de rentas para las mujeres y de mejora de la alimentación y la nutrición de las familias, lo que contribuiría con la buena salud de las poblaciones vulnerables y en la lucha contra la pobreza.

 

El Grupo de Trabajo tuvo la adhesión de la Organización de Juventudes Panafricanas (OJP), miembro de la Coalición Africana de Jóvenes contra el Hambre (AYCAH).

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Region: 
left

SERBIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La indecisión del Gobierno y la falta de una estrategia y visión claras para responder a los efectos negativos de la crisis fomenta el pesimismo y descontento entre la población, que exige acciones – no sólo palabras – para combatir la corrupción y el delito y establecer el estado de derecho. La situación económica se deteriora y pone en peligro los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Los ingresos del Gobierno disminuyeron debido a la privatización en gran escala iniciada en 2003. Presionados por el FMI y el descontento público, los políticos redactan proyectos que son desechados casi de inmediato.

NOTA A INCLUIR EN EL ICB:

* El país no presenta datos en al menos uno de los indicadores del índice, ni para el período actual ni para el anterior. Para calcular su valor actual de ICB se calculó el promedio de los indicadores para los que el país tenía datos (I1+I2, I1+I3 o I2+I3, según correspondiera), dentro de su región de pertenencia. Se normalizó la variable resultante, para luego re-escalar sobre y bajo la media normalizada según las cuatro categorías generadas, ubicando al país en esta categorización e imputándole el dato del indicador ausente correspondiente al límite inferior de la misma.

Crisis mundial, malestar nacional

Association Technology and Society
Mirjana Dokmanovic, PhD
Danica Drakulic, PhD

La indecisión del Gobierno y la falta de una estrategia y visión claras para responder a los efectos negativos de la crisis fomenta el pesimismo y descontento entre la población, que exige acciones – no sólo palabras – para combatir la corrupción y el delito y establecer el estado de derecho. La situación económica se deteriora y pone en peligro los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Los ingresos del Gobierno disminuyeron debido a la privatización en gran escala iniciada en 2003. Presionados por el FMI y el descontento público, los políticos redactan proyectos que son desechados casi de inmediato.

*

Serbia padece un declive en su producción industrial, en las importaciones, exportaciones, y en el comercio interno y externo, así como un pronunciado descenso de la bolsa de Belgrado. Además, existe un elevado déficit comercial. La ausencia de flujos de inversión extranjera y crédito podría causar problemas serios en la balanza de pagos y un aumento del déficit comercial, junto con el aumento del desempleo y la disminución de las ganancias.

La economía en declive

El crecimiento proyectado del PIB de 3,5% por el presupuesto 2009 resultó ser demasiado optimista. La caída del PIB, estimada en -4,8%1, es evidente. Para mayo de 2009, la producción industrial había caído 18% en comparación con el promedio de 2008. Los factores limitantes del desarrollo sustentable son el elevado desempleo y los problemas sociales. Según datos de la Agencia Nacional de Empleo, el número de desempleados hacia fines de junio de 2009 era 763.062 (25,85%, de los cuales el 52,94% eran mujeres), y el 70% de la gente empleada trabajaba medio tiempo2. Las estimaciones del número de trabajadores que perdieron sus empleos entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 varían de 31.0003 a 133.0004, en muchos casos debido a la caída de la producción y la cancelación de órdenes de compra. En promedio, unos 2.500 empleados son despedidos cada mes5. Más de 2.000 pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas en 2008; el contexto económico no favorece el establecimiento de nuevos negocios mientras que la bancarrota amenaza a 60.000 firmas. La deuda interna, que totalizaba más de USD 3.000 millones en febrero, pone en peligro las actividades económicas y el empleo.

La deuda externa está en constante aumento y excedió los USD 30.700 millones en junio de 2009 (64% del PIB)6, 16% más alta que en 2007. Mientras el déficit de comercio exterior fue de USD 9.500 millones en 2008, el valor de la moneda nacional, el dinar, cayó 25% en el último trimestre del año pasado. La falta de inversión extranjera directa (IED), y de dinero de bancos extranjeros, limita los recursos para defenderlo. Se necesita una afluencia de divisas estimada de USD 5.900 millones para mantener la estabilidad del dinar. Sin embargo, dado que el país ganó sólo USD 3.300 millones por la privatización en gran escala iniciada en 2003 (hoy ya completada) y que no se espera un aumento de la inversión extranjera, no se podrá disponer de esa cantidad de dinero.

De hecho, los resultados de la privatización fueron desastrosos. La mayor parte del capital adquirido por la venta de las propiedades estatales se consumió, en vez de invertirse, y no se reestructuró el sector de exportaciones. La mayor parte de la inversión fue destinada a los bancos, al comercio y los bienes inmuebles. Se relegó la producción industrial a un segundo plano y se descuidó el desarrollo tecnológico, por lo que la competitividad de la economía disminuyó drásticamente. No hay cifras oficiales válidas que den cuenta de los ingresos totales del Estado provenientes del proceso de privatización a partir del año 20007. La compra de ramas industriales enteras (por ejemplo, la industria lechera) realizada por inversionistas extranjeros ha contribuido a la creación de monopolios y al aumento de los precios. La venta del 51% de la industria petrolera de Serbia a la compañía rusa Gasprom por USD 528 millones también ha generado descontento entre la población y los expertos, ya que ésta era una de las fuentes de ingresos más grandes del país. Antes de la privatización, las compañías estatales contribuían un 44,5% del PIB, en comparación con el 17% de 2008. El número de trabajadores se redujo de 400.000 a 135.000, y sigue decreciendo. Hasta US Steel, compradora de la mayor compañía siderúrgica serbia, Smederevo, ha anunciado despidos.

La crisis económica y una privatización desfavorable han conducido a un aumento de la pobreza. Durante el primer trimestre de 2009, el número de personas bajo la línea de pobreza aumentó en 60.000, y la tendencia se mantiene8. Quienes se encuentran en mayor riesgo son los desempleados, los niños, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los romaníes, los refugiados, las mujeres, los hogares de personas mayores rurales y las familias numerosas.

Respuesta del Gobierno

Al principio, el Gobierno vaciló ante la crisis, tuvo reacciones lentas y no advirtió a la población sobre el peligro. En una evaluación del impacto de la crisis de diciembre de 2008, sugirió que algunos sectores – sin especificar cuáles – sufrirían fuertemente los impactos, mientras que otros no se verían afectados9. Sin embargo, presentó un “Marco de Medidas” relacionadas con el Estado (en el sentido más amplio), la economía (sectores industriales y financieros) y la población en general10

En febrero de 2009, el Gobierno adoptó un paquete de estímulo con el fin de aumentar la liquidez mediante la aprobación de préstamos a bancos (para que los bancos pudieran, a su vez, ofrecer préstamos a los comerciantes en condiciones favorables), y el suministro de fondos para la promoción de las exportaciones a las empresas (que entonces se comprometían a no reducir el número de empleados). Se establecieron condiciones favorables para las cuentas de crédito de los ciudadanos a fin de estimular el poder adquisitivo y la producción. Según el Ministerio de Economía y Desarrollo Regional, hasta el 4 de agosto se había otorgado un total de USD 874 millones en préstamos para aumentar la liquidez11 y USD 25 millones en préstamos a los consumidores12. Se presentaron casi 1.000 solicitudes de préstamos para instalar pequeñas y medianas empresas. El Sindicato Patronal exigió reglas estrictas para la aprobación de estos préstamos y así evitar la corrupción, ya que antes hubo casos de préstamos concedidos a magnates y fondos que desaparecieron13.

También se implementaron medidas afirmativas para estimular el empleo de grupos vulnerables, como los trabajadores de entre 45 y 50 años, las personas con discapacidades, los romaníes y quienes hubieran permanecido desempleados por más de dos años. El empleo de estas categorías será subvencionado desde USD 1.100 hasta USD 2.200.

Para fines de marzo de 2009, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)  terminaron en un acuerdo stand-by por USD 3.960 millones a implementarse a partir de abril de 2011. Se señaló que, sin la ayuda del FMI, Serbia no sería capaz de cubrir su déficit presupuestario o de pagar pensiones y salarios. El Gobierno también firmó un acuerdo de préstamo con el Banco Mundial por USD 46 millones para el desarrollo de los sectores privado y financiero14.  La Comisión Europea aporta USD 142 millones para alivianar las consecuencias económicas y sociales de la crisis.

El Gobierno anunció que pediría permiso al FMI para aumentar el déficit presupuestal de 2009, del acordado 3% al 4,5% del PIB. Según la prensa, el Gobierno está dispuesto a aceptar como condicionalidad la reducción significativa en el número de funcionarios del sector público – principalmente en educación y salud – como garantía de un estado menos costoso15.

En estado de indecisión

Hasta mediados de 2009 no se había implementado ninguna política consistente ni exhaustiva para contrarrestar las dificultades sociales y económicas de la población, a pesar del gran número de medidas anunciadas y luego revocadas. En marzo el Gobierno también anunció la introducción de un sueldo provisorio “de solidaridad” y un impuesto a las pensiones de 6% para los que ganan por encima de USD 170, declarando que este impuesto sería usado para establecer un fondo para asistir a los más pobres y ayudar a equiparar el peso de la crisis. Sin embargo, la medida, que resultó de la presión del FMI para disminuir el déficit estatal, generó descontento entre los trabajadores y jubilados, mientras que los sindicatos anunciaron protestas. Éstos sostienen que el impuesto de “solidaridad” afectará a los más pobres16, provocará una reducción de salarios, más desempleo y un aumento del sector informal, mientras que los ricos no serán afectados. De la noche a la mañana, el Gobierno revocó todo el plan de ahorros. Se encontraba aprisionado entre el miedo a las protestas sociales y la presión del FMI, y las siguientes semanas estuvieron marcadas por opiniones discordantes de los políticos, que anunciaban nuevos paquetes de medidas de ahorro por la tarde para revocarlas a la mañana siguiente17.

En cierta ocasión, el Ministerio de Economía recomendó que el Ministerio de Justicia urgiera a los tribunales a prolongar los juicios relacionados con disputas laborales en los que los trabajadores reclamaban el no pago de salarios por parte de las empresas recién privatizadas y otros beneficios del proceso de privatización. El Ministerio declaró que el pago de salarios pondría en peligro la producción de esas empresas18, sin preocuparse por la violación de la independencia de la magistratura en que estaba incurriendo19. Esta polémica recomendación fue posteriormente revocada.

El plan de ahorros revisado se adoptó el 16 de abril, junto con una revisión del presupuesto estatal 200920. El Gobierno anunció el establecimiento de un fondo especial del presupuesto que estará constituido por el impuesto a los salarios más altos y a reducir los salarios del sector público.

El Consejo Económico y Social no apoyó el nuevo plan de ahorros porque incluye el despido de trabajadores y reducción de salarios21. El Consejo estimó que las medidas no estimularían la economía y tan sólo ahorrarían recursos del presupuesto, y señaló que, en vez de imponer impuestos a los trabajadores, el dinero debería recolectarse de aquellos que se enriquecieron durante el proceso de privatización.

El pesimismo y el descontento de la población fueron también provocados por la aparente incapacidad de los políticos de pasar a la acción con respecto al combate a la corrupción y al delito, y establecer el estado de derecho que realmente contribuiría al mejoramiento de la situación financiera del país y sus ciudadanos. Se estima que más de USD 500 millones se pierden cada año debido a la falta de control sobre las compras públicas22. En 2008, al tolerar el no pago de impuestos por parte de las grandes sociedades anónimas, el Estado perdió USD 1.300 millones adicionales.

¿Quién tiene que apretarse realmente el cinturón?

Al implementar la recién adoptada Ley de Confiscación de la Propiedad Obtenida Dolosamente, el Estado podría recaudar USD 2.640 millones en un año, suma que iguala la que Serbia está solicitando al FMI23. En la Feria Internacional del Automóvil de Belgrado, todos los modelos más caros se vendieron el mismo día de la inauguración por un total de más de USD 2,6 millones24

El nivel de subsidios para una familia de cuatro integrantes sin ingresos en diciembre de 2008 era de USD 134. El costo de vida mínimo para una familia de cuatro integrantes fue estimado en USD 1.100. Una de las prioridades del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales será abrir comedores populares para los pobres; actualmente hay 58 comedores para 21.000 beneficiarios, pero se necesitan muchos más25. En marzo, el Ministerio de Comercio y Finanzas abrió el primer “Mercado SOS” en Belgrado y anunció la creación de mercados similares en todo el país. Se supone que estos mercados venden productos alimentarios a precios inferiores, y con ellos se intenta mejorar la situación de los grupos vulnerables. Recientemente comenzaron a distribuirse tarjetas SOS26

En lugar de proteger a los trabajadores de la violación de sus derechos, los sindicatos se han inclinado hacia el otro lado. A comienzos de 2009, la Unión de Sindicatos Independientes y la Sección Unificada del Sindicato “Independencia” acordaron con el Sindicato Patronal y el Gobierno en posponer la implementación del Contrato Colectivo General y retrasar algunas obligaciones financieras de los empleadores hacia los trabajadores, como el pago de los beneficios del trabajador27. Esto estimuló la práctica generalizada de los empleadores en el sector privado de no pagar salarios ni otros beneficios. Como consecuencia, uno de cada diez trabajadores en Serbia (180.000 en total) no cobra un salario28. La inspección del trabajo recibe miles de denuncias, pero argumenta que carece de los mecanismos para obligar a los empleadores a pagar salarios.

A mediados de agosto de 2009, 30.000 trabajadores de 29 compañías habían entrado en huelga por salarios impagos, seguro de salud o pensión y violaciones de contratos colectivos o privatizados29. Las huelgas se vuelven cada vez más frecuentes, y las voces de los trabajadores suenan más y más decididas. Por ejemplo, obreros de la fábrica Partizan en Kragujevac realizaron una huelga de hambre para forzar al dueño a pagar los salarios atrasados. Y los de la fábrica First May en Lapovo se acostaron sobre las vías del tren bloqueando el transporte ferroviario internacional. Trabajadores de Zastava Electro en Racha y de la Tienda Belgrado protestaron durante meses contra la mala privatización hasta llegar a la sede del Gobierno en Belgrado. Y durante una huelga de hambre de una semana, los trabajadores de la Compañía Textil Rashka, en Novi Pazar, llamaron la atención pública y lograron el pago de sus salarios después de que uno de ellos se cortara su propio dedo y se lo tragara.

 

1 EMportal, Economist Media Group Web site. 15 de agosto de 2009.  Accedido el 17 de agosto de 2009. Disponible en: <www.emportal.rs>.

2 Agencia Nacional de Empleo (ANE). Gobierno de la República de Serbia. Datos sobre desempleo de junio de 2009. Accedido el 16 de agosto de 2009. Disponible en: <www.nsz.gov.rs>.

3 Ibid.

4   B92. “Citizens’ Standard of Living is Worsening”, 16 de agosto de 2009. Disponible en: <www.b92.net>

5 Gobierno de la República de Serbia. Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. Disponible en: <www.minzs.gov.rs>

6 Banco Nacional de Serbia. Estadísticas monetarias y de divisas. Accedido el 15 de agosto de 2009. Disponible en: <www.nbs.rs/export/internet/english/80/index.html>.

7 Aleksic, J. y Stamenkovic, B. “Nobody Knows Where the Money from Privatisation Goes”. Blic,24 de marzo de 2009. Disponible en: <www.blic.rs/economy.php?id=4119>.

8 Gobierno de la República de Serbia. Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. Disponible en: <www.minzs.gov.rs>

9 Gobierno de la República de Serbia. The Economic Crisis and its Impact on the Serbian Economy. Oficina del Primer Ministro. Disponible en: <www.media.srbija.sr.gov.yu/medeng/documents/economic_crisis280109.pdf>.

10 Ibid.

11 Hasta agosto de 2009, el 90% de las empresas serbias habían solicitado estos préstamos.

12 Ministerio de Economía y Desarrollo Regional. Gobierno de la República de Serbia. Plan de Ahorro del Gobierno 2009. Disponible en: <www.merr.gov.rs>.

13 Solesa, D. “Without Corruption with Loans”. Economic Review, 30 de enero de 2009.

14 Gobierno de la República de Serbia. “World Bank to Provide 34.9m Euro Loan”. Disponible en: <www.serbia.gov.rs/vesti/vest.php?id=54564>.

15 EMportal, Economist Media Group Web site. 15 de agosto de 2009.  Accedido el 17 de agosto de 2009. Disponible en: <www.emportal.rs>.

16 En enero de 2009, la pensión promedio era de USD 305 por mes y el salario promedio USD 440. Los salarios más altos eran los de los gerentes de las empresas públicas (USD 3.100).

17 Por ejemplo, reducir el número de ministros, aumentar los impuestos a las propiedades, introducir un impuesto a las facturas de los teléfonos móviles, la compra de automóviles nuevos y automóviles de lujo, prohibir el ingreso de nuevos empleados en el sector público, limitar los viajes de negocios al exterior y reducir las horas de trabajo.

18 Blic. “It is not Possible to Step Out from Crisis by Violation of Laws”. 24 de marzo de 2009. Disponible en: <www.blic.rs>.

19 El Directorio de la Suprema Corte decidió que esta recomendación viola la Constitución y la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

20 Gobierno de la República de Serbia. “2009 Budget Revision Adopted”. Disponible en: <www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=55061>.

21 FoNet. “Social Economic Council Does Not Support the Government’s Measures”. Blic, 15 de abril de 2009. Disponible en: <www.blic.rs/ekonomija.php?id=88413>.

22 Vucetic, S. “Unbreakable Partnership of Politics and Tycoons”. Blic, 17 de abril de 2009. Disponible en: <www.blic.rs>.

23 Cvijic, V. Z. “In the Serbian Cash Register 2 billion Euro from the Mafia Property”. Blic, 25 de marzo de 2009. Disponible en: <www.blic.rs>.

24 Press Online. “No Crises: Two Million Euros for One Day!” 28 de marzo de 2009. Disponible en: <www. pressonline.com.rs>.

25 Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. Gobierno de la República de Serbia. Consultado en: <www.minrzs.gov.rs>.

26 B92 Net. SOS Cards Are Starting to Be Issued. Consultado el 30 de marzo de 2009 de: <www.b92.net/biz/tv_emisije.php?nav_id=352330>.

27 Solesa, D. “Crisis ‘Tied’ Social Partners?” Economic Review, 30 de enero de 2009.

28 B92 Net. “180,000 Workers do not Receive Salaries”. 15 de agosto de 2009. Accedido el 16 de agosto de 2009. Disponible en: <www.b92.net>

29 EMportal, Economist Media Group Web site. 15 de agosto de 2009.  Accedido el 17 de agosto de 2009. Disponible en: <www.emportal.rs>.

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Region: 
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SOMALIA

Publication_year: 
2009
Summary: 
La situación calamitosa de este país destrozado por la guerra se está agravando debido a la crisis sistémica mundial. Con los medios de producción, las finanzas y la prestación de servicios básicos en manos de unos pocos, el costo de vida se ha disparado. La devaluación monetaria ha venido acompañada de hiperinflación y un aumento en el precio de los alimentos; la energía es inasequible y limita la prestación de servicios como la educación, la salud y el saneamiento. Además, la degradación ambiental reduce la disponibilidad de agua, el pastoreo y la biodiversidad y, en consecuencia, afecta negativamente el sustento de las personas.

Sin defensas contra la crisis mundial

Ali Mahamoud Osoble
Organización de Actividades para el Desarrollo de la Comunidad Somalí
(anfitrión del Secretariado de la Coalición SW Somalia)

La situación calamitosa de este país destrozado por la guerra se está agravando debido a la crisis sistémica mundial. Con los medios de producción, las finanzas y la prestación de servicios básicos en manos de unos pocos, el costo de vida se ha disparado. La devaluación monetaria ha venido acompañada de hiperinflación y un aumento en el precio de los alimentos; la energía es inasequible y limita la prestación de servicios como la educación, la salud y el saneamiento. Además, la degradación ambiental reduce la disponibilidad de agua, el pastoreo y la biodiversidad y, en consecuencia, afecta negativamente el sustento de las personas.

*

Somalia es el único país de África, si no del mundo, en donde las autoridades centrales son incapaces de brindar incluso los servicios públicos básicos, ya sea en el área de la salud, la educación, el saneamiento o la seguridad. Durante dos décadas la nación sufrió una guerra de clanes conducida por los “señores de la guerra” de Mogadiscio, cuyas milicias se dedicaron a matar principalmente a civiles inocentes y desarmados. En 2006 fueron derrotados por la Unión de Tribunales Islámicos, conformada por islamistas que habían usado una red de tribunales de los clanes como plataforma política. Sin embargo, se sucedieron nuevos enfrentamientos entre los islamistas y otras fuerzas apoyadas por Etiopía antes de que ese país retirara sus tropas en enero de 2009 y el jeque islamista moderado Sharif Sheikh Ahmed asumiera como nuevo presidente. A pesar de la presencia de una misión de paz de la Unión Africana, se siguen produciendo conflictos causados por las luchas de poder entre grupos políticos y religiosos y enfrentamientos entre los clanes por los recursos1.

La guerra civil arruinó al país y afectó a su población económica, social, cultural y políticamente. En ausencia de un gobierno central eficaz, el sector comercial ahora brinda muchos servicios a un costo alto. En Somalia, la crisis mundial también está afectando la seguridad alimentaria, la energía, el agua y el clima, profundizando la inseguridad y la inestabilidad. Como en el resto del Cuerno de África, la escasez de alimentos ha empeorado por el aumento de los precios de las materias primas, los conflictos y la piratería (al restringir el movimiento de las personas y los bienes) y ha puesto en peligro las operaciones de ayuda. El aumento de los costos del combustible, la disminución de la producción agrícola y los impactos climáticos son también causa de la suba de precios de los alimentos.

Crisis alimentaria

La ganadería ha sido tradicionalmente el sector más importante de generación de ingresos en Somalia, mientras que la agricultura produce cultivos comerciales o de consumo básico que incluyen sorgo, maíz, porotos, sésamo y diversas frutas como bananas y sandías. Sin embargo, muchos agricultores han perdido activos productivos, como ganado y equipos de riego debido a la invasión de las milicias o porque fueron expulsados de sus granjas. Además, la producción agrícola ha estado disminuyendo a consecuencia de las sequías y las bajas precipitaciones en la mayor parte del país.

Al mismo tiempo, han aumentado los costos del transporte marítimo para bienes importados debido a las acciones hostiles de piratas somalíes que se dedican a secuestrar barcos. Los precios de los productos básicos, incluyendo los alimentos, subieron entre 200% y 400% en muchos mercados urbanos en los seis primeros meses de 20082. Los efectos de la baja en la producción de cereales, junto con la inseguridad general, han deteriorado el nivel de vida de la mayoría de la población. Debido a la crisis humanitaria, en 2008, más de 3,2 millones de somalíes (es decir, más del 40% de la población) se volvieron totalmente dependientes de la ayuda alimentaria y los servicios de emergencia brindados por las agencias internacionales. Estas agencias, sin embargo, enfrentan dificultades extremas al tratar de ingresar los alimentos al país; la tarea se ve obstaculizada por la violencia que desplazó internamente a un millón de somalíes en sólo 18 meses (de abril de 2007 a septiembre de 2008).

Hasta 70% de la población rural del sur del país está en riesgo debido a la escasez de alimentos. Aproximadamente 36% de los niños sufre insuficiencia ponderal y uno de cada seis sufre de desnutrición grave. Actualmente se estima que el número de niños desnutridos a escala nacional es 200.000, de los cuales 60.000 están severamente desnutridos y podrían morir si no se dispone del tratamiento adecuado. En 2008, UNICEF comenzó a suministrar alimentación suplementaria a 44.000 niños de menos de cinco años a lo largo del corredor de 30 kilómetros entre Mogadiscio y Afgoye y en las zonas central y sur del país3.

Inflación vertiginosa

Al no haber banco central, todo el dinero que circula en el mercado fue impreso antes de que el gobierno colapsara o está siendo producido por comerciantes vinculados a las autoridades locales o a ex jefes militares; así, la inflación se ha vuelto fuera de control. En 1991 el tipo de cambio por un dólar americano era de 2.000 chelines; en 2009 es de 35.000 chelines. Comerciantes deshonestos han llevado la inflación a su nivel más alto durante 18 años caóticos, rechazando aceptar las distintas denominaciones del chelín somalí y sólo tomando dólares americanos. Los manifestantes en Mogadiscio denunciaron a los comerciantes diciendo: “tenemos nuestro propio dinero; si lo rechazan entonces no tenemos ningún modo de vivir”4.

Crisis del agua
 
Las zonas norte y central de Somalia padecen grave escasez de agua. Incluso capitales provinciales importantes como Hargeisa, Dusamareb y Garowe enfrentan esta situación. El sur del país es generalmente más verde porque los ríos Shabelle y Juba lo recorren desde las tierras altas etíopes. Sin embargo, esta zona también se torna semiárida cuando las sequías afectan estos cauces de agua. Según Sidow Ibrahim Addou, de la Red de Sistemas de Advertencia Temprana sobre Hambrunas, financiada por USAID, la escasez de agua en la región Gedo significa la desaparición de prácticamente toda la pradera5.

En la región noreste, donde la mayoría de la población depende de la cría de animales y donde no hay ningún río, los cambios ambientales – sobre todo La Niña, que baja las temperaturas superficiales del océano, lo que causa menores precipitaciones – han producido enormes pérdidas de ganado. En 2007, por ejemplo, las personas abandonaron zonas como el pueblo Hamure, 280 kilómetros al este de Bosasso, debido a la escasez de agua. Allí se han secado los pozos y nadie mantiene las perforaciones, una situación que empeorada por la carencia de un gobierno central que funcione y la debilidad de las autoridades regionales. En tanto la tierra se vuelve cada vez más seca y las precipitaciones disminuyen por debajo del promedio de 250 milímetros por año, la evaporación potencial escala por encima de los 2.000 milímetros anuales.

En Somalilandia, que comprende los territorios del noroeste, la crisis del agua es aún peor. Pueblos enteros están siendo abandonados al reducirse, en vez de reponerse, las fuentes de agua debido al cambio climático adverso.

Crisis de la salud

El movimiento de las poblaciones desde las áreas afectadas por la sequía a los campos para personas desplazadas internamente (PDI) aumenta el riesgo de epidemias como el cólera, diarrea y otras enfermedades trasmitidas por el agua y el contagio de polio6. La carencia de una infraestructura de salud básica en funcionamiento para responder adecuadamente a estas emergencias empeora la grave situación de los afectados, sobre todo las mujeres, los niños y las personas ancianas.

Se estima que la tasa de mortalidad infantil es de 156 por cada 1.000 nacidos vivos, un aumento de los registros previos de la ONU de 132 por cada 1.000. La tasa de mortalidad materna también ha aumentado de 1.400 por cada 100.000 nacidos vivos (según registros previos de UNICEF) a 1.600 por cada 100.000. El SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades siguen cobrando un gran número de víctimas.

Refugiados y desplazados

Más de 60.000 somalíes cruzaron la frontera con Kenia, sólo en enero de 2009, y se estima que los campos Dhadhab en el noreste de Kenia albergan a 230.000 refugiados. Aproximadamente 850.000 huyeron de la violencia en Mogadiscio en 2007-2008, mientras que 400.000 PDI, que antes se encontraban en los campos para PDI de Mogadiscio, escaparon a las afueras de la ciudad buscando seguridad. Otras 50.000 personas fueron desplazadas a consecuencia de la disputa fronteriza de 2008 entre Somalilandia y Puntlandia; esas personas permanecen en campos en Etiopía, Somalilandia y Puntlandia.

Lamentablemente, la ayuda brindada por ONG internacionales y locales se ve dificultada por la inseguridad aparentemente interminable, sobre todo en las regiones sur y central. Dos miembros del personal del Programa Mundial de Alimentos Somalia fueron deliberadamente agredidos y asesinados en enero de 2009, mientras que en 2008 murieron 34 trabajadores de los programas de ayuda; otros trabajadores fueron secuestrados y permanecen en cautiverio. Continúa habiendo cortes de rutas en lugares estratégicos para secuestrar provisiones y piratería contra buques que transportan ayuda humanitaria.

Crisis del combustible

Somalia es un importador de combustible neto. Por lo tanto, cualquier fluctuación en los precios del petróleo afecta directamente al país. El precio del combustible casi se triplicó en el lapso de dos semanas a fines de 2007 y principios de 2008 de USD 0,40 por litro a USD 1,10. En algunos casos, el costo del transporte se ha cuadruplicado, dejando a muchas personas aisladas. Otros bienes como los productos alimenticios importados y los medicamentos y servicios como educación y salud también se han visto afectados. En un país donde la electricidad se produce mayormente por generadores diesel, los aumentos de los precios del petróleo han afectado a las compañías generadoras. El costo extra se transfirió a los sectores que más necesitan la electricidad, y la población soporta la carga de la crisis.

La falta de un gobierno que funcione centralmente o de relaciones bilaterales con países productores de energía ha impedido que la población somalí compre petróleo más barato proveniente de países de Medio Oriente o energía eléctrica de países en el Cuerno de África como Uganda y Etiopía que tienen mayor potencial de producción hidroeléctrica.

Crisis ambiental

La deforestación es una de las causas principales de las bajas precipitaciones y la sequía que, a su vez, producen hambrunas. Se talan los árboles, se ralean los bosques y las ramas y los troncos se queman para la producción de carbón de leña, que en su mayor parte se exporta a los países del Golfo, siendo Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos los compradores principales7. Se estima que los barcos llevan al extranjero el equivalente en carbón de leña de un promedio de 10.000 árboles. Este comercio del “oro negro” de Somalia provoca un desastre ambiental. En tanto los comerciantes demandan cada vez más carbón, la pérdida de árboles conduce a la escasez de agua, bajas precipitaciones y muy alta evaporación.

Lamentablemente, después de las sequías a menudo vienen inundaciones devastadoras de los ríos que fluyen de las tierras altas etíopes. Esto se ha vuelto un ciclo recurrente.

Recomendaciones

Los grupos de la sociedad civil, desde organizaciones comunitarias a foros nacionales, demandan que se aborden las causas de los desastres. Es necesario que los ministerios y autoridades del Gobierno tomen cartas en el asunto para combatir la deforestación. Las acciones en contra de los abusos ambientales limitarán sus efectos adversos sobre las precipitaciones, la capacidad de los suelos para conservar el agua, el clima local, el hábitat para especies animales y la biodiversidad en general.

1 Food Security Analysis Unit – Somalia (2009). “2008/09 Post-Deyr Analysis”. Technical Series Report, 17. Disponible en: <www.fsausomali.org/fileadmin/uploads/1481.pdf>.

2 Ibid.

3 UNICEF. “UNICEF feeds 44,000 children in Somalia.” Centro de Prensa, Nairobi, Kenia, 14 de mayo de 2008. Disponible en: <www.unicef.org/infobycountry/media_43930.html>.

4Abdinur, M.H. “Somalis rally against rising food prices, inflation.” Agencia France Presse (AFP), 6 de mayo de 2008.

5 Integrated Regional Information Networks (2006). “Somalia: Severe food and water crisis in Gedo”. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 5 de abril. Disponible en:  <www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=58667>.

6 Organización Mundial de la Salud. “Drought Worsens Health Crisis in Somalia.” Nairobi: WHO, 31 March 2006. Disponible en: <www.emro.who.int/somalia/pdf/PressRelease_31March06.pdf>.

7 Mohamed, A.E. (2001). “Somalia’s Degrading Environment: Causes and Effects of Deforestation and Hazardous Waste Dumping in Somalia”. Ensayo preparado para un curso de doctorado sobre Análisis y Gerenciamiento de Sistemas Ambientales. KTH, Suecia. Disponible en: <www.mbali.info/doc331.htm>.

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Sin protección ante el colapso

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2009
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Al principio parecía que la economía de Malta estaba protegida de la crisis económica mundial, pero las consecuencias comienzan a hacerse sentir. El turismo va en descenso y los alimentos y los servicios públicos son más caros. Las encuestas de opinión muestran que los malteses no tienen confianza en el futuro inmediato y que esperan un deterioro en la calidad de vida para 2009. La cantidad de personas que busca asilo crece día a día y su situación tiende a agravarse.

Sin protección ante el colapso

Joseph M. Sammut
Kopin Malta

Al principio parecía que la economía de Malta estaba protegida de la crisis económica mundial, pero las consecuencias comienzan a hacerse sentir. El turismo va en descenso y los alimentos y los servicios públicos son más caros. Las encuestas de opinión muestran que los malteses no tienen confianza en el futuro inmediato y que esperan un deterioro en la calidad de vida para 2009. La cantidad de personas que busca asilo crece día a día y su situación tiende a agravarse.

A fines de 2008, la mayoría de los países desarrollados se encontraba en recesión y la economía mundial en una abrupta caída. Durante los dos primeros trimestres del año la economía maltesa pareció estar, en gran medida, protegida de las consecuencias de la crisis financiera. La demanda interna continuó impulsando el crecimiento, principalmente bajo la forma de un aumento del consumo y una fuerte acumulación de existencias1. La situación del mercado de trabajo, donde el sector privado continuó fomentando la creación de empleo, se mantuvo favorable. Hubo un leve incremento del empleo (1,3%), mientras la tasa de desempleo se mantuvo estable en un relativamente bajo 6%. Sin embargo, las exportaciones netas contribuyeron negativamente con el crecimiento en el tercer y cuarto trimestre.

La suba de los precios internacionales de alimentos y combustibles generó precios más altos para el consumidor e inflación. La tasa de inflación de Malta constituyó 4,7% – la mayor de la eurozona en 20082. Asimismo, los recientes acontecimientos internacionales presentan riesgos cada vez mayores para el crecimiento. El mercado de las exportaciones de Malta fue el más afectado en toda la UE en 2008: cayó 14%, en comparación con la suba promedio de 6,2%. El informe de Primavera de la Comisión Europea de Asuntos Económicos y Financieros prevé un crecimiento del PIB del 0,7%, una inflación de 1,9%,  un desempleo de 7,4%, un saldo negativo de 2,6% en la proporción de déficit presupuestario del PIB y una caída de -7,0% en el saldo de cuenta corriente3.

Los bancos malteses continúan con liquidez suficiente y bien capitalizados para cubrir los riesgos crediticios, operacionales y del mercado. Están bien regulados para proteger a sus clientes, aunque uno de los más importantes sufrió un descenso del 60% en sus ganancias anuales correspondientes a 2008, debido a la quiebra de un banco internacional. El Gobierno garantizó los depósitos bancarios de hasta EUR 100.000 (USD 132.000).

La inflación presionó la economía familiar, en particular a la franja de menores ingresos. Los depósitos de los residentes en los bancos malteses se incrementaron, pero descendió su tasa de crecimiento anual, mientras el crédito a los residentes siguió en expansión. Las tasas de interés bancarias cayeron 102 puntos básicos entre septiembre y noviembre a medida que los bancos trasladaron a los clientes parte de la reducción en las tasas oficiales de interés. Entre tanto, bajaron los rendimientos de los títulos del Estado, y los precios de las acciones siguieron en descenso4.

Alimentos y energía

Malta importa la mayor parte de sus alimentos. Los informes de Eurostat de 2008 muestran que el país experimentó una suba de 9,7% en los precios de alimentos entre abril de 2007 y abril de 2008. Esta cifra representa dos veces la tasa de inflación anual y afectó de gran manera el ingreso disponible de los consumidores. Un puñado de importadores domina el mercado y traba la competencia: el informe de Eurostat reconoce que Malta padece falta de competencia, mientras la suba de los precios probablemente se asocie también al cambio hacia el euro. La Oficina de Competencia Justa de Malta debería analizar e investigar esta situación.

El drástico incremento del precio mundial de mercado del petróleo (USD 147 el barril) en 2008 se reflejó en los precios más altos de los combustibles, la electricidad y en especial el agua, ya que Malta genera una cantidad sustancial de la misma mediante plantas de ósmosis inversa. En octubre de ese año, los costos de los servicios públicos casi se duplicaron para los consumidores. Resultaron especialmente perjudicados los hogares pequeños que no están cubiertos por el plan de reducción ecológica – que incentiva, con rebajas en las tarifas, el ahorro voluntario de energía.

Representantes de 11 sindicatos le plantearon al Gobierno el problema de las nuevas tarifas de los servicios públicos. El 10 de diciembre de 2008 dirigieron una carta al Primer Ministro sobre las discrepancias en la forma en que fueron calculadas5. Afirmaban que el Gobierno manipuló las cifras e infló el número de familias que se beneficiarían con las reducciones ecológicas. En enero de 2009, los sindicatos pidieron a los consumidores que no pagaran las cuentas de los servicios públicos antes de que finalizara el margen de 45 días de prórroga permitido por la Water Services Corporation6. Posteriormente, la organización patronal se sumó a las críticas contra la estructura de tarifas, afirmando que discriminaba a las pequeñas y medianas empresas. La Cámara de Pequeñas Empresas ordenó a sus socios no pagar determinado porcentaje de sus cuentas de servicios públicos7.

El ministro responsable de los servicios públicos prometió en septiembre que las tarifas descenderían cuando el precio internacional del petróleo cayera por debajo de los USD 85 el barril. No obstante, aunque los precios del petróleo bajaron a la mitad de esa cifra (USD 37 el barril)8, a los consumidores se les siguió cobrando los mismos precios elevados. En este sentido, cabe mencionar que el Gobierno está preparando la privatización de Enemalta, la empresa nacional de energía, y debe colocar a la empresa – que presenta pérdidas - en un estado de solidez financiera. El tema de las tarifas de los servicios públicos exige un estudio socioeconómico apropiado, basado no sólo en cifras internacionales o promedio sino también en las encuestas presupuestarias de distintos tipos de hogares, empresas y organizaciones. Este tipo de estudios también debe ofrecer recomendaciones viables sobre los posibles escenarios de energía sustentable en Malta.

Trabajo  

La crisis internacional comenzó a sentirse a comienzos de 2009, cuando muchas empresas manufactureras adoptaron la semana laboral de cuatro días y otras anunciaron despidos para reducir su fuerza de trabajo y sus pérdidas financieras. Los despidos podrían ascender a cientos o incluso miles durante 2009. El turismo desempeña un papel importante en la economía y el empleo en Malta. En la actualidad, el turismo procedente de Gran Bretaña es menor, y representa 33% del mercado9. Esto perjudicará mucho a los trabajadores de este sector.

Los astilleros eran el baluarte de la mano de obra maltesa, con una fuerza de 5.000 a 6.000 trabajadores hasta la reciente década de 1990. En 2008 se puso en marcha la privatización y a los empleados se les ofrecieron planes de jubilación anticipada y renuncia voluntaria. Del total de 1.626 empleados, sólo 59 obreros no se acogieron a alguno de los planes y permanecieron en la planilla de la empresa, mientras 679 que habían solicitado jubilación anticipada siguieron trabajando para concluir los contratos pendientes antes de que la empresa cerrara. Catorce empresas interesadas participaron en la licitación del astillero, pero un diario local reveló que ninguna de las ofertas cumplió con las expectativas del Gobierno. No haber alcanzado un acuerdo aceptable es un fuerte golpe para el Gobierno. En una declaración al Time of Malta, en 2008, la Comisaria de Competencia de la UE, Neelie Kroes, criticó la estrategia de privatización y señaló que la intención del Gobierno de cancelar EUR 100 millones (USD 132 millones) de pérdidas antes de la privatización del astillero no era aceptable bajo la ley de la UE.

Ayuda al desarrollo

La Política Exterior de Desarrollo publicada en octubre de 2007 identificó cinco países prioritarios para la ayuda maltesa al desarrollo, cuatro de ellos de África central y oriental: Somalia, Sudán, Eritrea y Etiopía10. Las ONG maltesas creen que esta es una opción política, ya que la mayoría de los inmigrantes pertenecen a esos países11.

La falta de transparencia y de evaluaciones oportunas e independientes de la ayuda oficial maltesa compromete la participación de las ONG en temas de cooperación con el desarrollo. El Gobierno ha prometido a las ONG un análisis claro de las cifras en sus informes sobre la asistencia oficial al desarrollo (AOD), pero eso no se cumplió. El Gobierno también indicó que se destinarían más fondos de desarrollo a la asistencia técnica y que las tecnologías informáticas y de la comunicación (TIC) serían una prioridad. A las ONG les preocupa que la asistencia técnica no responda generalmente a las necesidades reales de los países en desarrollo y que adolezca de escasa transparencia, mientras las TIC no suelen corresponderse con el principio de apropiación nacional.

Aunque en 2007 Malta mantuvo la relación más alta entre AOD e INB (0,15%) dentro de la UE, a las ONG les preocupa que un porcentaje sustancial de la AOD declarada se gastara en el alojamiento de las personas que buscan asilo durante su primer año en el país. En la práctica, eso significa que la ayuda al desarrollo se gasta en los centros de detención. A las ONG también les preocupa que la ayuda sea inflada mediante la inclusión de presuntos costos estudiantiles.

Migración y solicitantes de asilo

La situación de los inmigrantes y las personas que solicitan asilo no ha mejorado y, en ciertos sentidos, se agravó debido al número récord de personas que llegaron por mar en 2008 y en los primeros dos meses de 2009. Un Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria visitó Malta en enero de este año. Aunque el Grupo de Trabajo destacó muchos puntos positivos, señaló que la detención de los buscadores de asilo no se correspondía con la legislación internacional sobre derechos humanos y calificó de “desastrosa” la situación en los campamentos de Safi y Lyster”12. Para el Grupo de Trabajo, las condiciones en los campamentos afectan la salud física y mental de los detenidos a tal punto que son incapaces de comprender sus derechos o realizar el proceso legal que conduciría, para mejor o peor, a un cambio en su situación.

La tramitación de las solicitudes de asilo lleva una cantidad desmesurada de tiempo: luego de pasar seis meses en Malta, algunos inmigrantes siguen esperando que se les otorgue una entrevista. El llamado sistema de ‘vía rápida’ no es mucho mejor. Aunque pensado para las personas más vulnerables – por ejemplo, embarazadas y personas con discapacidades – lleva hasta tres meses lograr su liberación de los centros de detención. Un inmigrante de Eritrea presentó un caso constitucional contra el Director de la Oficina de Inmigración y el Ministro de Justicia e Interior en mayo de 2007. Aseguró que se habían violado sus derechos humanos debido a la extensión de los trámites de asilo y a las inhumanas condiciones de detención. El veredicto está pendiente13. La próxima audiencia está prevista para julio de 200914.

El Gobierno afirma que debe lograr el equilibrio entre las consideraciones de seguridad y las humanitarias, y que se realizan incesantes esfuerzos para mejorar las condiciones pero que el sistema actual está saturado: en 2008 debió lidiar con 2.775 nuevos ingresos, en comparación con 1.702 el año anterior. Finalmente, aunque se valoran los comentarios del Grupo de Naciones Unidas relativos a que la inmigración ilegal es un problema que el mundo debe compartir como un todo, cabe señalar que estos llamados ya se realizaron anteriormente, con pocos resultados. 15 

La crisis financiera y la opinión pública

El Eurobarómetro16 del otoño boreal de 2008 indica que crece cada vez más el pesimismo de los malteses sobre la economía; la confianza en el sistema político decae y las esperanzas de una mejora en la calidad de vida también se reducen17. Una decisiva mayoría (57%) evaluó negativamente a la economía y sólo 39% la percibió en buen estado, a la vez que 45% espera un deterioro ulterior en 2009 – un sólido incremento de 25% en cuanto a pesimismo económico que el registrado un año anterior.
El 32% declaró que el empleo se agravaría y sólo 23% pensó que la situación mejoraría, mientras un 27% no esperaba cambios en la situación en los próximos 12 meses. Un 65% de los encuestados dijeron haber tenido dificultades para pagar sus cuentas al final del mes, mientras sólo 28% declaró que no había tenido ese problema. El 56% cree que Malta es más estable económicamente gracias a la adopción del euro, con lo cual discrepó el 33%. La confianza de los malteses en el euro supera a la de otros integrantes de la eurozona, donde 48% de los encuestados consideran que el euro ayudó a estabilizar sus economías, frente a la discrepancia del 42%.

En el plano político, 51% de los malteses expresó su insatisfacción con los partidos políticos, y sólo 34% expresó confianza. Eso se reflejó en las elecciones legislativas de marzo de 2008, cuando la participación electoral fue levemente inferior a la habitual. Por otra parte, 59% de los malteses declararon su confianza en la Comisión Europea, frente a la falta de confianza de 13%. El Parlamento Europeo es la institución que más confianza genera entre los malteses – 64% dijo que confía en ella, mientras 14% dijo no confiar. Una proporción más baja, 57%, tiende a confiar en el Parlamento maltés, aunque es un incremento de 15 puntos frente al último año; 50% confió en el gobierno como institución – un incremento de 5 puntos porcentuales – y 37% no lo hizo.

Es difícil cuantificar los problemas de la desigualdad y la pobreza en Malta, ya que no es fácil acceder a las estadísticas. El número creciente de inmigrantes que se instalan en distintas zonas creó un fenómeno de “guetización”. Estos guetos son trampas de pobreza y caldos de cultivo para tensiones sociales futuras. Cuando se toman en cuenta las consecuencias de la crisis económica, la suba de los precios de alimentos y servicios públicos, la semana de cuatro días, los despidos, y los jubilados que sobreviven con una pensión máxima fijada hace 30 años, se puede pronosticar con seguridad que en 2009 habrá más personas en la categoría de los “necesitados”.

 

1 Banco Central de Malta. Quarterly Review 2008, 41:4. Disponible en: <www.centralbankmalta.org/updates/downloads/pdfs/qr_2008_4.pdf>.

2 Eurostat (2009). “Euro Area External Trade Deficit 32.1 bn Euros”, Comunicado de prensa 21/2009. 17 de febrero. Disponible en: <epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-17022009-AP/EN/6-17022009-AP-EN.PDF>.

3 Comisión Europea de Asuntos Económicos y Financieros (2009). “Spring Forecasts 2009–2010.” 4 de mayo. Disponible en: <ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15178_en.htm>.

4 Banco Central de Malta. Quarterly Review 2008.

5 Sindicato de Parteras y Enfermeras de Malta (MUMN), Sindicato de Profesores de Malta (MUT), Sindicato General de Trabajadores (GWU), Sindicato de Tripulantes de Cabina, Sindicato Haddiema Bank Centrali, Unión de Técnicos y Administrativos de la Autoridad de Planificación y Medio Ambiente de Malta, Sindicato Professjonisti Awtorità ghall-Ambjent u Ppjanar, Asociación de Personal Académico de la Universidad de Malta (Umasa), Asociación de Pilotos de Aerolíneas, Sindicato Periti u Inginiera Servizz Pubbliku y Asociación de Ingenieros de Aerolíneas.

6 Ver: <www.di-ve.com/Default.aspx?ID=72&Action=1&NewsID=57111&newscategory=31>.

7 Sansone, K. (2009). “GRTU Has No Faith in Resources Authority”. Times of Malta, 29 de enero. Disponible en: <www.timesofmalta.com/articles/view/20090129/local/grtu-has-no-faith-in-resources-authority>.

8 Departamento de Información. Comunicado de prensa, No. 0164, 3 de marzo de 2009. Disponible en: <www.doi.gov.mt/>.

9 Oficina Nacional de Estadísticas. “Departing Tourists: December 2008”. News release 015/2009. 27 de enero de 2009. Disponible en: <www.nso.gov.mt/statdoc/document_file.aspx?id=2413>.

10 Vea: <www.doi.gov.mt/en/press_releases/2007/10/pr1620.asp>.

11 Concord (2008). No Time to Waste: European Governments Behind Schedule on Aid Quantity and Quality. Bruselas: Concord. Disponible en: <www.concordeurope.org/Files/media/extranetdocumentsENG/NavigationSecondaire/WorkingGroups/Aidwatch/Aidwatch2008/Light-Full-report.pdf>.

12 Naciones Unidas. “Annex to Press Release: UN Working Group on Arbitrary Detention Concludes Visit to Malta”. 26 de enero de 2009. Disponible en: <www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/125F21AAD7DCBD1AC125754A0057F318?opendocument>.

13 Ver: <docs.justice.gov.mt/SENTENZI2000_PDF/MALTA/CIVILI PRIM AWLA (SEDE KOSTITUZZJONALI)/20>.

14 Ver: <www2.justice.gov.mt/kawzi/ccm_sitt.asp?FrmCM=213021&lng=>.

15 Ver: <www.doi.gov.mt/EN/press_releases/2009/01/pr0102.asp>.

16 Ver: <ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>.

17 Ver: <ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>.

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Region: 
left

TAILANDIA

Publication_year: 
2009
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El Gobierno tuvo una rápida respuesta a la crisis bajo la forma habitual de los paquetes de estímulo. No obstante, se torna obligatoria una visión más sostenible: una que incorpore a la solución las consideraciones ambientales y de seguridad alimentaria que enfrentan actualmente el país y el mundo. Si el cambio ha de suceder, procederá de un movimiento social revitalizado, con el sólido respaldo de intelectuales y empresarios.

Una respuesta miope (otra vez)

Nantiya Tangwisutijit
Social Agenda Working Group

El Gobierno tuvo una rápida respuesta a la crisis bajo la forma habitual de los paquetes de estímulo. No obstante, se torna obligatoria una visión más sostenible: una que incorpore a la solución las consideraciones ambientales y de seguridad alimentaria que enfrentan actualmente el país y el mundo. Si el cambio ha de suceder, procederá de un movimiento social revitalizado, con el sólido respaldo de intelectuales y empresarios.

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Al principio, el pueblo de Tailandia observó cómo se desarrollaba la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos con poca conciencia de su significado o efectos. La primera pista surgió en noviembre de 2008 cuando las exportaciones, que en la última década tuvieron un crecimiento anual de dos dígitos, cayeron repentinamente 20% en comparación con noviembre de 2007. A continuación, cuando las empresas reaccionaron rápidamente para minimizar los costos, los trabajadores coparon las calles en protesta por los recortes de los salarios y los beneficios sociales. Entonces se hizo oficial: la crisis había llegado.

Tailandia no es ajena a la conmoción económica, ya que fue el epicentro de la crisis financiera asiática hace 12 años, pero la recesión actual parece más profunda. A diferencia de 1997, la crisis actual arrasó con gran cantidad de la riqueza en todo el mundo. Así, el sector exportador de Tailandia se encuentra en caída libre, con un descenso anualizado a un ritmo superior al 30%1.

Como las exportaciones representan 70% del PIB, Tailandia se encuentra entre las economías más expuestas de Asia emergente. Las exportaciones tailandesas se derrumbaron en Estados Unidos, Europa, Japón y ANSEA en su totalidad. Además, las exportaciones a China – el único país que podría proporcionar la energía para sacar a Tailandia y Asia emergente del pantano económico – también han caído.

La velocidad de la decadencia económica también se vio exacerbada por el fracaso recurrente de los gobiernos – hubo cuatro primeros ministros tan sólo en 2008. Esta parálisis política retrasó la finalización de los presupuestos gubernamentales y la instrumentación de proyectos atrasados de obras públicas. El crecimiento económico en 2008 apenas llegó a 2,6%, frente a 4,9% en 2007. El pronóstico para 2009 es una contracción mayor, reducida a -3,9%2.

Trabajo y desempleo

Más de 250 mil trabajadores perdieron sus empleos entre octubre de 2008 y febrero de 2009. El desempleo creció 140% entre enero de 2008 y enero de 2009. La Federación de Industrias Tailandesas calcula que, para fines de este año, el desempleo afectará a entre 1,5 y 2 millones de personas, de 5% a 8% de la mano de obra registrada3. Sin embargo, el desempleo real será mucho peor, ya que los cálculos oficiales omiten al sector informal, que representa 60% de todos los empleos. Eso incluye a los trabajadores cuyos patrones evaden el sistema de seguro de paro, y a quienes siguen desempleados después de agotar sus seis meses de beneficios por desempleo.

Según las cifras oficiales, en la crisis anterior el desempleo sólo alcanzó 5,6% en 19984. Organizaciones defensoras de los trabajadores, como la Fundación Arom Pong-pangan, prevén que pronto el desempleo superará por lejos esa cifra.

Los trabajadores de hoy tienen menos poder de negociación debido a cambios en los trámites de empleo y cese de funciones, señalaron Bundit Thanachaisretavuth y Vassana Lamdee de la Fundación Arom Pong-pangan. Muchas empresas tercerizan la administración del personal con intermediarios “invisibles” para evitar toda responsabilidad legal directa sobre las prácticas de empleo. Asimismo, los despidos masivos del pasado, que podrían asegurar un fuerte apoyo del público para prácticas laborales más estrictas, ya no suceden. A los trabajadores se los despide de a poco y se los traslada a sus pueblos rurales natales para evitar que causen problemas.

Mientras intentan enfrentar la crisis a través de su función de vigilancia, los medios de comunicación y los grupos de la sociedad civil también sufren la crisis. Las ONG son doblemente golpeadas ya que sus donantes extranjeros recortan sus presupuestos y sus monedas debilitadas se convierten en menos baht tailandeses.

Agricultura

Durante la crisis de la década de 1990 numerosos trabajadores desempleados fueron al sector agrícola; ahora, sin embargo, las arroceras rurales tienen menos para ofrecer. Aunque la baja de los precios del petróleo recortó los costos de los insumos agrícolas más que los precios, la reducida demanda de las exportaciones, especialmente de importantes materias primas como el caucho y la mandioca, eliminaron las oportunidades de absorción de los trabajadores desplazados. Peor aún, como consecuencia del creciente ingreso de productos agrícolas baratos desde China, tras la aplicación del tratado de libre comercio de 2003, los granjeros tailandeses perdieron competitividad. Además, en la última década, debido al crecimiento de las deudas familiares y al incremento de la migración laboral desde las granjas a las fábricas, hay menos pequeños productores agrícolas que sean propietarios de tierras.

Los más pobres entre los pobres

 

Estas tendencias ejercen incluso mayor presión sobre los 23 millones de trabajadores en el sector informal, la mayoría de ellos mujeres. A medida que la economía empeora se espera que las mujeres, además de menores ingresos, soporten cargas mayores, indicó Usa Lerdsrisuntad, directora de programas en Women Foundation. En casos de divorcio o separación, de tendencia creciente en Tailandia, la responsabilidad por la crianza de los hijos continúa recayendo mayormente sobre las mujeres. La Oficina Nacional de Estadísticas señala que 30% de los hijos de familias con un solo padre están al cuidado exclusivo de sus madres. Se teme que muchas mujeres se aferren a relaciones abusivas para minimizar las dificultades económicas en sus familias. También es probable que la falta de apoyo estatal para la crianza de los niños, combinada con una economía debilitada, empuje más mujeres a la industria sexual y/o a empleos en el exterior obtenidos a través de organizaciones de tráfico humano.

Como son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, los niños son las víctimas extremas de toda crisis, sea económica, social o política, aseguró Chettha Munkong de Children Foundation. La deserción escolar va en aumento ya que los alumnos van a trabajar. Para aquellos que pueden permanecer en la escuela, los defensores de los derechos de los niños también temen que la crisis ya haya afectado la calidad de su enseñanza. Cada vez más maestros pasan menos tiempo en el aula y más buscando ingresos suplementarios.

La rápida expansión económica de la década pasada, combinada con mayores restricciones a su capacidad para sostenerse a través de recursos naturales, arrojó a un número creciente de minorías étnicas a la mano de obra informal. Las comunidades de gitanos del mar, por ejemplo, han ingresado gradualmente a los servicios de hotelería y turismo, pero ahora que el turismo descendió 20%, los empleos están desapareciendo. Sin educación formal y con una competencia mucho mayor, las consecuencias para ésta y para otras comunidades marginadas pueden ser las más duraderas.

 

Respuesta del Gobierno

En enero de 2009, el Gobierno lanzó un paquete económico de USD 4.500 millones que incluyó exenciones impositivas, amplió la enseñanza gratuita, subsidios para el transporte y los servicios públicos y dinero en efectivo para los asalariados con bajos ingresos. Dos paquetes similares están previstos para antes de fin de año. Pese a esta rápida respuesta, tanto el rumbo de la política como su instrumentación generaron mucha inquietud en la sociedad.

Una de las medidas más polémicas fue la entrega por única vez de THB 2.000 (USD 57) en efectivo a empleados públicos y privados con ingresos menores a THB 14.000 (USD 397) por mes. Incluso quienes estaban habilitados a recibir los fondos criticaron de populismo descarado la política, sin considerarla un estímulo significativo. Por ejemplo, la extensa mayoría de los trabajadores en esta categoría pertenece al sector informal y, por lo tanto, no están habilitados a recibirla, lo cual plantea el problema de la discriminación de género, ya que las mujeres comprenden la gran mayoría de los trabajadores informales.

Activistas sociales como Bundit, de la Fundación Arom Pong-pangan, también critican la estructura verticalista y la falta de transparencia de la administración del fondo que ofrece terreno fértil a la corrupción. Por ejemplo, los THB 7.000 millones (casi USD 199 millones) designados para recapacitar a 240 mil trabajadores sólo se habilitarán a los organismos estatales con una limitada rendición de cuentas, no a las organizaciones de las administraciones locales ni a las asociaciones profesionales comunitarias que trabajan más directamente con los desempleados.

Para complementar su plan de estímulos, el Gobierno también trabaja en una importante reestructura regulatoria de los mercados financieros. Sin embargo, a diferencia de muchos países que establecieron mayores garantías para proteger a los consumidores y sus economías, Tailandia avanza hacia la fuerte desregulación y liberalización para incrementar el papel del mercado de capitales en el desarrollo de la economía. Se teme que esta iniciativa, dirigida por muchas de las mismas personas que participaron de la crisis financiera de 1997 buscando exclusivamente ganancias a corto plazo, allanará el camino a una nueva crisis apenas el país se recupere.

Los grupos de la sociedad civil señalan que la mayor falla de la política gubernamental de estímulos es su falta de estrategia coherente. No existe visión de la forma en que Tailandia podría utilizar los recursos del estímulo para abordar algunas de las causas que radican en la desigualdad y las persistentes dificultades sociales y económicas que padece la mayoría de la población. Surichai Wankaeo, director del Social Research Institute, en la Universidad de Chulalongkorn, señala que el paquete no proporciona un timón a la política económica, que por demasiado tiempo ha seguido los caprichos de la demanda multinacional, lo cual dejó vulnerable al país ante la volatilidad de los mercados internacionales. En muchos sentidos, se asemeja a programas similares aplicados en la década de 1930: proyectos de trabajo subsidiado y programas de ayuda asistencial que al final no hacen más que ofrecer asistencia temporaria y no contribuyen a cimentar una economía ni una sociedad más fuertes.

Para construir una economía más resistente, el país debe implementar estrategias que fortalezcan el consumo interno de los productos nacionales. Sus defensores mencionan el éxito, en los últimos años, de la industria turística, que se comercializó hacia el turista nacional para compensar la reducción de la demanda del turista extranjero. No obstante, un punto de partida mucho mejor sería el de apoyar la seguridad alimentaria. Con un sector agrícola tan fuerte y aún más descentralizado, las políticas, los incentivos y las disposiciones destinadas a la producción de alimentos orgánicos tendrían efectos de largo alcance para la economía nacional y la salud pública. La Organización Mundial del Comercio considera que, si se regulariza el uso de productos químicos y se prohíben los productos que los contienen, Tailandia adquiriría inmediatamente una ventaja competitiva sobre las importaciones. Muchos agricultores tailandeses ya utilizan métodos orgánicos simplemente como medio para reducir el costo de los insumos, con escaso acceso a redes de distribución donde sus productos podrían recibir precios superiores.

El tema de la reforma agraria también es clave para ayudar a los productores de las zonas rurales. En la actualidad, 90% de la tierra de Tailandia le pertenece a 10% de la población. Como mínimo se debe instaurar una estructura tributaria altamente progresiva para la propiedad de la tierra, y asistencia para la compra a quienes compran por primera vez, especialmente en el sector agrícola. Estos programas podrían vincularse a las políticas de agricultura orgánica para que puedan alentar a los nuevos propietarios de tierras a adoptar estos cultivos de alto valor.

Otro ámbito donde el país debe mirar hacia adentro es el de la energía. Casi 90% del petróleo de Tailandia es importado, lo cual absorbe hasta 10% del PIB del país. Esto representa mucho dinero y empleos que podrían integrar un programa de combustibles alternativos, si se dieran los pasos para apoyarlo. De manera similar, se deben otorgar incentivos para la generación de tecnologías autóctonas de energía alternativa y de ahorro de energía para cesar la marcha del país hacia la compra de plantas de energía nuclear y la construcción de plantas de energía a carbón.

El Gobierno debe trabajar para fomentar recursos de energía nacionales más limpios como parte integral de un plan que aborde los desafíos del cambio climático. Destacados científicos y economistas tailandeses han probado que la catástrofe se acerca rápidamente y que el momento para hacer algo y prepararse es ahora. Los organismos estatales deben adquirir la experiencia y tecnologías para comprender mejor los cambios que vivirá el país y las estrategias de adaptación necesarias para que la economía y la sociedad puedan transitar un futuro con clima cambiante.

El sector agrícola es fundamental para esta preparación. La sequía ya es un problema más frecuente y, con los cambios sustanciales proyectados en los patrones de lluvias, los agricultores deben tener alternativas para cultivos, patrones de cosecha y técnicas agrícolas. El fomento de la investigación nacional, el ensayo y la aplicación de estos nuevos enfoques debe ser una prioridad para asegurar la viabilidad del sector.

Los esfuerzos dirigidos a fortalecer la economía no deben ser el único objetivo de la respuesta del país a la crisis actual. Igualmente importante es la evolución del estado de bienestar. Luego del éxito de la atención sanitaria universal durante la década pasada, los grupos de la sociedad civil en Tailandia sienten que es hora de explorar beneficios jubilatorios que abarquen a la mayoría de la población, trabajen en el sector de empleo formal o no.

Oportunidad

Si la crisis económica actual encierra algo de bueno es que brinda la oportunidad de observar detenidamente a los factores que la crearon, y a las estrategias a desplegar para evitar su reiteración. Las exenciones fiscales, la capacitación laboral y la desregulación de los mercados financieros puede brindar estímulos valiosos, pero sólo si el objetivo trasciende a la recuperación de corto plazo. El cambio deberá provenir de un movimiento social revitalizado, con el apoyo de intelectuales y empresarios. Tailandia no es ajena a este tipo de movilizaciones, que generaron la Constitución del Pueblo – un hito en la reforma política democrática y la primera en el país redactada por una asamblea electa – en 1997. La interrogante, sin embargo, es si ese movimiento puede darse con la rapidez necesaria para tener algún impacto en la respuesta del Gobierno a la crisis actual.

 

1 Dirección de Desarrollo Nacional, Económico y Social. Disponible en: <www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/economic/eco_state/4_51/Press_Eng4-2551.pdf>.

2 Ibid.

3 Centro de Investigación Kasikorn. Ver: <www.kasikornresearch.com/portal/site/KResearch/rsh_d/?id=19586&cid=3>.

4 Ministerio de Trabajo. Ver: <www.mol.go.th/info_Mar0409_2.html>.

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TANZANÍA

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2009
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Aunque el sistema financiero aún no se ha visto seriamente afectado por la crisis económica mundial, la reducción de las exportaciones, de las remesas y de la ayuda hará peligrar los avances de Tanzanía en erradicación de la pobreza. Se deben ampliar los servicios básicos tales como el suministro de agua limpia, el saneamiento y la salud, así como el crédito y la instrucción para los agricultores. Por todo ello, es imperativo que no se interrumpa la ayuda del exterior.

Peligra la reducción de la pobreza

SAHRiNGON (T) Chapter
Armando SwenyaMartina
M. Kabisama
Kambibi Kamgisha

Aunque el sistema financiero aún no se ha visto seriamente afectado por la crisis económica mundial, la reducción de las exportaciones, de las remesas y de la ayuda hará peligrar los avances de Tanzanía en erradicación de la pobreza. Se deben ampliar los servicios básicos tales como el suministro de agua limpia, el saneamiento y la salud, así como el crédito y la instrucción para los agricultores. Por todo ello, es imperativo que no se interrumpa la ayuda del exterior.

La economía de Tanzanía depende principalmente de la agricultura, que asciende a alrededor del 42% del PIB1 El crecimiento económico anual promedio desde 2000 ha sido de 5,8%2, un aumento en comparación con el 3% de fines de los noventa. Aunque el país ha experimentado reformas macroeconómicas y estructurales de consideración – tales como la privatización de empresas públicas, la liberalización del mercado e inversiones en sectores económicos clave como la minería, la agricultura, el turismo y las telecomunicaciones – tiene mucho camino por recorrer en lo que respecta a la disminución de la pobreza. Más de un tercio de la población aún subsiste con menos de USD 1 al día3.

El crecimiento económico no se ha traducido aún en forma adecuada en un aumento de los ingresos per cápita. Las adjudicaciones presupuestarias para los programas de desarrollo, entre los que se cuentan servicios sociales como la salud, la educación y la infraestructura, son mínimas en comparación con los gastos recurrentes como los salarios de los funcionarios públicos y la administración de las oficinas gubernamentales. Además, Tanzanía depende en gran medida de la ayuda del exterior, que en 2007 constituyó aproximadamente el 42% del presupuesto nacional.

Los impactos de la crisis mundial

A pesar de que Tanzanía ha sufrido los impactos de la crisis económica mundial, hasta el momento las instituciones financieras no han sido afectadas4. Son varias las razones que lo explican: el país tiene un bajo nivel de integración a los mercados financieros internacionales; los activos extranjeros cubren solo el 11% de los activos bancarios comerciales totales y la legislación nacional regula, supervisa y otorga licencias a los bancos – es decir, no operan como sucursales de las casas matrices de los bancos en el extranjero, sino como subsidiarias independientes. Además, el país contaba con una limitada cantidad de deuda extranjera y no poseía valores de bancos internacionales afectados por la crisis. El mercado interbancario en efectivo sigue gozando de liquidez y estabilidad, en tanto los préstamos al sector privado aumentaron 47% en 20085.

Sin embargo, la economía tanzana se enfrenta a un serio desafío, ya que los ingresos por exportaciones clave han disminuido debido a la reducción de la demanda y de los precios. Por ejemplo, en enero de 2009 se apilaron en las algodoneras 138.011 fardos de algodón (una cuarta parte de la producción total de la zafra 2008/09) debido a la falta de demanda. Se esperaba que en junio de 2008 los agricultores algodoneros percibieran TZS 300 (USD 0,23) por kilo, pero los precios del mercado mundial se desplomaron y llegaron a un piso de TZS 200 (USD 0,16) por kilo. Es posible que el turismo y la minería también acusen el impacto. El turismo contribuye el 17,2% del PIB, lo que lo coloca en segundo lugar después de la agricultura. Tanzanía recibió 719.031 turistas durante el año fiscal 2006/07 y el dinero percibido fue de alrededor de USD 1.000 millones. Muchos turistas ya han cancelado sus reservas y se estima que las ganancias pueden descender hasta un 20%. La minería puede verse afectada debido a la reducción de las inversiones extranjeras directas. 

La disminución de la pobreza

Desde el año 2000 el país ha estado implementando estrategias para la reducción de la pobreza, con el apoyo de sus socios para el desarrollo, por medio de un Sistema Nacional para el Monitoreo de la Pobreza abarcador y sólido. La Estrategia Nacional para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (NSGRP en inglés) se orienta a la dismin