Bajo ocupación no hay desarrollo sustentable

Red de ONG palestinas

La ocupación israelí deteriora el medio ambiente palestino y minimiza las posibilidades de implementar un desarrollo sustentable. Tasas alarmantes de desempleo, instituciones débiles e ineficientes y alta dependencia de los ingresos aduaneros y de las contribuciones financieras de los países donantes ponen en evidencia la insustentabilidad de la economía palestina. Además, las condiciones desastrosas de las instalaciones de suministro de agua, principalmente a raíz de leyes impuestas durante la ocupación israelí de 1967, representan un riesgo alarmante para el bienestar de los palestinos. 

Palestina representa un caso muy inusual en materia de desarrollo sustentable. Para poder tratar este tema debemos considerar una serie de problemas, el más importante de los cuales es la falta de soberanía y de control de los recursos, la ausencia de legislación o planes políticos para ningún tipo de desarrollo y la creciente importancia del financiamiento de los países donantes para las economías tanto de Cisjordania como de la Franja de Gaza.

La falta de legislación y políticas, especialmente en relación con la sustentabilidad, está vinculada con la ocupación israelí que tiene potestades en última instancia sobre la jurisdicción y la extensión geográfica de las posibles legislaciones y es, además, la causa de la inestabilidad política.

La realidad de la ocupación impone, por lo tanto, la necesidad de tener en cuenta que muchos indicadores de desarrollo son inadecuados cuando se aplican a la situación palestina. Esto no significa que se deba excluir a Palestina de las estadísticas de desarrollo, sino que algunos indicadores ampliamente utilizados no son necesariamente válidos con respecto a este país y, por consiguiente, se deberán considerar otras formas de medir el desarrollo.

Desempleo

El informe de 2011 del Banco Mundial acerca de la situación actual de pobreza en Cisjordania y la Franja de Gaza describe la situación palestina como sin parangón. Señala que las tasas de desempleo en el país son las más altas del mundo debido principalmente a la falta de oportunidades, y concluye que la situación está estrechamente vinculadas con la ocupación israelí.

Según este informe, el 19 % de la población estaba desempleada en 2011, a pesar de que según los datos oficiales trabajaban 780.000 personas en el territorio palestino en el primer trimestre de 2011, 130.000 más que el año anterior. Esto significa una disminución de la tasa de desempleo de aproximadamente el 21,7 %.

Las y los jóvenes han sido particularmente afectados por esta situación, dado que la tasa de desempleo para ese sector de la población era, en 2009, 10 % mayor que la tasa de desempleo general.[1] 

Problemas sociales y medioambientales

La situación de los servicios de salud es desalentadora. Hay 25 hospitales públicos en el territorio, y la cantidad de habitantes por cama alcanza a 1349. Las malas condiciones de las instalaciones de atención médica obligan a trasladar una cantidad importante de pacientes a los países vecinos para su tratamiento. Se generó así un gasto adicional de casi 1.484.200.000 shekels israelíes (403.702.400 USD) en 2010, a consecuencia de la falta de una planificación sensata y una gestión adecuada. De hecho, si los recursos existentes se administraran correctamente, el ministerio podría construir instalaciones de asistencia médica  equipadas con tecnología de vanguardia que harían innecesarios estos traslados.

El bloqueo de la Franja de Gaza del 2007 al 2011 tuvo consecuencias nefastas en materia de suministro de agua y saneamiento, en particular por los graves daños a la infraestructura. La mayoría de los equipos de bombeo de agua y de saneamiento quedaron fuera de servicio por falta de electricidad y combustible, con la consiguiente escasez de agua y desborde del saneamiento en las áreas urbanas.[2] El bloqueo impidió el suministro de repuestos, por lo que no se repararon las instalaciones.

La agricultura consume el 70% del agua de Palestina, seguida por el uso doméstico (27%) y los usos industriales. Según el informe del Banco Mundial de 2009, el suministro de agua residencial en Cisjordania se estimaba en unos 50 litros diarios por persona.[3] En 2009, el 60% de la población de la Franja de Gaza no tenía acceso al suministro de agua corriente.[4] En Cisjordania solo 13.000 m3 (de un total de 85.000 m3) de aguas residuales fueron tratados en 2009, mientras que en el mismo año se trataron 65.000 m3 (de un total de 110.000 m3) en la Franja de Gaza.[5]

Ese mismo año Amnistía Internacional informó que en las comunidades rurales unos 200.000 palestinos carecían por completo de acceso al agua corriente y que el ejército israelí les impedía recoger agua de lluvia, mientras que los colonos israelíes tenían piscinas e instalaciones de riego para sus granjas. De hecho, los 450.000 contabilizados en este informe consumen la misma cantidad de agua que toda la población de Palestina. Para poder hacer frente a la escasez de agua y a la falta de infraestructura, muchos palestinos se ven obligados a comprar agua de dudosa calidad y muy alto precio a los camiones cisternas.[6]

En 1993 el Banco Mundial publicó un informe titulado "Developing the Occupied Territories: An investment in Peace” (Desarrollo de los territorios ocupados: una inversión en paz) que describía la inadecuación de la provisión de servicios públicos en los territorios ocupados, debido a la virtual inexistencia de instalaciones de suministro de agua y de eliminación de residuos sólidos y de aguas residuales. La mala gestión de los residuos contribuyó a la degradación ambiental, cuyo origen se remonta a la administración israelí entre 1967 y 1993. A pesar de las inversiones de muchos donantes internacionales se ha avanzado muy poco en la reconstrucción de estas internacionales, principalmente debido a las carencias y ambigüedades del acuerdo de Oslo, y en particular debido a su interpretación por parte de las autoridades israelíes. La escalada de violencia ha empeorado la situación.[7]

Cuando Israel ocupó Cisjordania en 1967 declaró propiedad del estado de Israel todos los recursos hídricos; desde entonces varias órdenes militares han minimizado el desarrollo del suministro de agua en Palestina por medio de la fijación de cuotas de bombeo, la prohibición de rehabilitar pozos y la perforar pozos nuevos sin permiso, y la confiscación o incluso la destrucción de todas las estaciones palestinas de bombeo sobre el río Jordán. Al mismo tiempo, Israel aumentó su explotación de los recursos de agua de Cisjordania con la perforación de 38 pozos. A consecuencia de esto, en 1993 los palestinos solo podían acceder al 20% del agua del acuífero del subsuelo de Cisjordania. El acuerdo de Oslo no mejoró en nada la situación de Palestina. En realidad, se acordó que "las proporciones de utilización existentes" se debían mantener, por lo que se refrendó la explotación del 80% del acuífero por parte de Israel.[8]

Aún no está claro cuál será el efecto del cambio climático en los territorios palestinos, pero algunos expertos predicen un aumento de los promedios de temperatura y una disminución de las precipitaciones, que supondrían un mayor peligro para el ya precario suministro de agua tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania.[9]

Según un informe publicado por el Instituto del Medio Oriente, varias ONG palestinas e israelíes creen que "un proceso integral de paz ayudaría a resolver las violaciones israelíes del medio ambiente palestino. El proceso de paz actual no es percibido como ayuda para el medio ambiente".[10] Está claro que el medio ambiente no puede esperar hasta que las conversaciones de paz sean más serias.

Problemas de legislación

La legislación palestina es extremamente compleja y contradictoria. Algunas leyes, por ejemplo, datan del tiempo del Imperio Otomano y del Mandato Británico, y también del dominio egipcio y jordano a través de la ocupación de Israel, incluyendo órdenes que no formaban parte de la legislación pero que siguen en vigor. Las leyes adoptadas después del establecimiento de la Autoridad Nacional en 1994 constituyen solo el 12% de la legislación vigente.

La situación judicial y legislativa está claramente vinculada a la inestabilidad política del país. La separación entre Cisjordania y la Franja de Gaza, por ejemplo, detuvo la discusión de más de 50 leyes propuestas.

Además, las leyes actualizadas no derogaron las anteriores, algunas de las cuales son contrarias a la jurisdicción geográfica de la ley de arbitraje aprobada por la Cámara de Comercio e Industria de Jerusalén. Existe una imperiosa necesidad de legislación actualizada en relación con el sector privado, por ejemplo, para controlar, promover y reforzar el entorno comercial, y también en materia de atención de salud.

Se puede argumentar que la ocupación sigue siendo un factor decisivo de la obstrucción de una legislación eficaz y del debilitamiento de su capacidad para proporcionar un marco para el desarrollo.

De hecho, tanto el sistema legislativo como el judicial se resienten por la ocupación continua, pero también por las diferencias entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Este es uno de los principales obstáculos en relación con el desarrollo sustentable, porque no se dispone de políticas medioambientales a causa de la falta de diálogo. Otro factor que deteriora la sustentabilidad es que la debilidad institucional no permite medir ni mejorar la efectividad de los esfuerzos de financiamiento de los países donantes.

Donaciones, políticas y sustentabilidad

Las diferencias de criterio en materia de asignación y administración de los fondos de los donantes son una fuente constante de conflictos. Por eso, es frecuente que los proyectos designados no logren obtener los fondos de los países y empresas donantes. Estos conflictos están generalmente aumentados por la politización de los servicios provistos.

Se debe tener en cuenta que los donantes buscan aliviar esta situación promoviendo la responsabilidad y fortaleciendo la transparencia institucional de Palestina, pero los resultados están amenazados por la creciente politización de la sociedad palestina. En realidad, muchas donaciones tienen consecuencias negativas porque aumentan la dependencia de este tipo de financiamiento, en espacial en lo que se refiere a donaciones con fines políticos, como los fondos suministrados para las actividades destinadas a la normalización de las relaciones con Israel. Este tipo de dependencia también actúa en detrimento de los valores sociales profundos como el voluntariado, la dignidad y el altruismo. Todo lo cual ha servido para profundizar el descontento social.

Los donantes también han tratado de mejorar la capacidad de las diferentes instituciones de la comunidad palestina, lo cual se ha hecho evidente en la situación de las instituciones de la sociedad civil y también en el gobierno. La tecnología mejorada que obtuvieron las instituciones, por ejemplo computadoras y tecnología de comunicaciones, no estuvo relacionada con un cambio de los hábitos de trabajo de los empleados ni de los gerentes de estas instituciones, especialmente a la luz de un entorno politizado. La tardía adopción de los criterios de méritos en el empleo aún no ha podido mejorar la eficiencia de los servicios públicos. 

Conclusiones y recomendaciones

Resulta claro que no será posible el desarrollo sustentable de Palestina bajo la ocupación israelí. Sin embargo, a mediano plazo será necesario prestar atención a los siguientes puntos para mitigar las penurias de la población palestina y reducir la tensión política:

• Incrementar el apoyo a la implementación de leyes electorales, así como a la adopción de representación proporcional para aumentar la participación.
• Promover el respecto de los donantes por las opciones de la sociedad palestina y el abandono de sus políticas de refuerzo del status quo por medio de la asistencia al desarrollo de las agendas políticas.
• Armonizar y alinear las políticas de los donantes con las prioridades nacionales y mejorar su contribución a la armonía social.
• Revisar las leyes existentes e implementarlas de manera que contribuyan a un desarrollo más global y sustentable.
•  Mejorar la responsabilidad de las instituciones y del gobierno no solo frente a los donantes sino frente al público.
• Procurar una clara distribución de los roles y una coordinación completa entre los actores del desarrollo.

Con respecto a la sociedad civil, además, se deben tomar varias medidas, que incluyen:

• Reconocer a las ONG como voz legítima de las instituciones de la sociedad civil y no seguir exigiendo que permanezcan apartadas de los roles políticos.
• Identificar prioridades sobre la base de la evaluación de las necesidades y las capacidades.
• Apoyas las iniciativas diseñadas para fortalecer la sociedad civil palestina y conferirle poderes a las ONG.
• Coordinar las estrategias de los donantes para apoyar, fortalecer y desarrollar la sociedad civil.