A las puertas de la muerte ambiental

Coordinación de ONG Y Cooperativas de Guatemala
CONGCOOP
Norayda Ponce Sosa
Helmer Velásquez

El modelo extractivista implementado históricamente en Guatemala ha degradado al medio ambiente y empobrecido a la población rural. La industria de la caña de azúcar, por ejemplo, ha contribuido a la deforestación y a la injusticia social, favoreciendo el desplazamiento de poblaciones enteras cuyos derechos son dejados de lado frente a los intereses económicos. Los gobiernos de turno han eludido la responsabilidad de generar una institucionalidad respetuosa del ambiente y de las necesidades de de la población. La sociedad civil debe exigir mayor participación en los procesos de toma de decisiones, a la vez que instar al Gobierno a descartar los modelos extractivistas en favor de un desarrollo sustentable.

Desde comienzos del siglo XVI, cuando fue conquistada por España, la economía de Guatemala ha estado basada en agricultura y la explotación intensiva de la tierra a través tanto de latifundios basados en monocultivos para la exportación como desde minifundios fincados en la producción de infrasubsistencia y subsistencia. En la última década el país ha visto la llegada de una nueva amenaza a su biodiversidad a través del otorgamiento de licencias de exploración minera en prácticamente todo el territorio.  La explotación de vetas de oro y hierro está llevando a los campos sustancias químicas que, como el cianuro utilizado en la industria del oro, provocan daños irreversibles para las fuentes hídricas. Además, el uso extensivo del agua por estas industrias pone en peligro el acceso a este recurso de las comunidades locales.

Estas industrias, cuyo poder contrasta con una institucionalidad pública precaria que no logra ejercer control sobre sus actividades, se han constituido en una amenaza para la sustentabilidad a futuro del país. Los modelos de desarrollo implementados, además de carecer por completo de planeamiento a largo plazo y poner en grave peligro al medio ambiente, han sumido a aproximadamente la mitad de la población en la pobreza, situación que se ve agravada en el medio rural, donde el 72% de la gente es pobre y el 40% se encuentra en extrema pobreza, y en las comunidades indígenas, que registra un 55% de personas en situación de pobreza[1]. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, responsables de regular y administrar el medio ambiente, los recursos naturales y la agricultura, carecen de capacidad financiera y cuentan con escaso peso político en las decisiones de Estado. De hecho, país prácticamente carece de capacidad de planificación y control en los sectores agropecuario y ambiental, en los que descansa buena parte de la sustentabilidad económica, social y ambiental del país. Un informe gubernamental afirma que el país se encuentra, “ante una situación socio ambiental degradada, cuyos indicadores principales se manifiestan en la creciente desestructuración social resultado de la marginación de las grandes mayorías nacionales, lo cual pone de manifiesto la relación directa entre ambiente y pobreza. La población rural es ahora más pobre que antes, cuando tenía acceso a los frutos de la naturaleza.”[2]

Insustentabilidad y medio ambiente

La industria cañera, que depreda los bosques arrasándolos para dedicar los campos al cultivo de la caña de azúcar, es un ejemplo de la insustentabilidad del modelo implementado actualmente. Basada en el poder el poder económico y político que ejercen sus propietarios, esta industria ha logrado incluso desviar el curso de los ríos para garantizar la irrigación de sus cultivos. Entre las consecuencias medioambientales de esa intromisión se encuentra la mayor incidencia de inundaciones en invierno y de sequías en verano, así como también la liberación de gases de efecto invernadero: “cerca de un 90-95% de la caña cultivada en más de 200,000 ha, es quemado como parte del proceso industrial. A una razón de 50 kilos de dióxido de carbono por hectárea quemada, esto genera alrededor de 9 mil toneladas de dicho gas anualmente”[3].
La agricultura y las industrias extractivistas han explotado los bosques descuidando la implementación de procesos de reforestación serios y sostenidos, para emplear la madera no sólo para la construcción sino también como fuente de energía. Esto ha llevado a la virtual desaparición de los bosques naturales: el ritmo de deforestación anual ronda las 82,000 hectáreas, lo que significaría que para 2040, de continuar esta tendencia, habrían desaparecido todos los bosques[4].

Alta vulnerabilidad
El país es amenazado por fenómenos meteorológicos y tectónicos extremos, pues está ubicado en la ruta de los huracanes del Océano Atlántico y de la actividad sísmica del Océano Pacífico. Además, la aridificación, sequía y desertificación amenazan los potenciales de sobrevivencia de quienes habitan en el corredor seco que atraviesa la parte central del país. Ambos procesos están intensificándose por causa del cambio climático[5].

En 2010, la tormenta tropical Agatha y la erupción del Volcán Pacaya dejaron pérdidas materiales de alrededor de USD 950.000.000, además de centenares de muertes. La vulnerabilidad de las poblaciones rurales se hizo evidente; la falta de planeamiento y visión a largo plazo del Gobierno, así como también la explotación no regulada del medio ambiente, crean un círculo vicioso en el que cada desastre deja al país con serios problemas que el siguiente desastre sólo agrava más.

Desarrollo sustentable y desarrollo rural

El campesinado –víctima de la represión del Gobierno a lo largo de los 36 años de conflicto armado y sus secuelas– se ha visto afectado negativamente por las medidas de ajuste estructural y la apertura comercial implementadas en los últimos años.

El 30 de abril de 2008, después de un largo proceso de consulta, la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), conformada por organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas, sindicalistas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, firmó  con el Gobierno el Acuerdo Marco para el proceso de Diálogo Nacional por el Desarrollo Rural Integral y la Resolución de la Conflictividad Agraria, Laboral y Ambiental. En noviembre del mismo año, las mismas organizaciones sociales –junto a representantes del Gobierno y con la presencia de los asesores políticos de la Presidencia de la República–, entregaron al Presidente de la República la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral consensuada en el proceso de diálogo, la cual define como sujetos de la ley a “la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales, artesanos, pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios rurales”[6].  Esta propuesta de Ley, a tres años de su elaboración, se encuentra engavetada actualmente en el Congreso de la República, demostrando falta de voluntad política por encontrar soluciones consensuadas a la problemática agraria en Guatemala.

Mientras tanto las comunidades siguen resistiendo a la instalación de mega proyectos en sus territorios, de lo cual hacen caso omiso el Estado y el sector privado. Frustradas, poblaciones enteras abandonan sus tierras ancestrales en busca de nuevos sistemas de sustento. Por ejemplo, en abril de 2011, ochocientas familias que ocupaban tierras disputadas por un ingenio azucarero fueron desalojadas de manera violenta por agentes privados al servicio de los propietarios y apoyados por la fuerza pública, provocando la muerte del dirigente campesino Antonio Beb Ac y el desplazamiento de hombres, mujeres, niñas y niños, a quienes además quemaron – con total impunidad - sus cultivos.

Minería y resistencia

El modelo de desarrollo promovido por el Gobierno y el Banco Mundial en el país no responde a las necesidades de la población. Las inversiones realizadas sólo sirven para consolidar el modelo implementado, desdeñando su condición de explotador, opresivo, discriminador y promotor de inequidad.

El Banco Mundial valoró como un aporte al “desarrollo nacional” de Guatemala el crédito que su Corporación Financiera Internacional (CFI) le concedió a la empresa canadiense Glamis Gold Corporation para abrir en el departamento de San Marcos la Mina Marlin, proyecto que afecta a los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Ni esta institución financiera ni el Gobierno analizaron la posibilidad de utilizar las ganancias por el oro que se extraerá para solventar un plan de desarrollo regional sustentable, cultural y ambientalmente apropiado. Ni sopesaron los costos y beneficios sociales, ambientales y económicos del proyecto para determinar hasta dónde y hasta cuándo explotar la mina.

Un movimiento social contra la explotación minera a gran escala ha acusado al gobierno de imponer el proyecto como un hecho consumado, ya que no consultó a la población de la zona como establece el derecho internacional. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ordena al Estado “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.[7]

Pese a que el Gobierno ratificó el Convenio, a la vez carece de mecanismos para implementarlo. La Ley de Minería elude además normas nacionales relativas a las administraciones locales, como el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

A futuro

Para revertir los procesos de degradación del medio ambiente y de la calidad de vida de la población, es urgente que el Gobierno adopte un modelo de desarrollo sustentable. Es imperativo imponer un sistema que resguarde el uso y acceso democrático a la tierra en armonía con la naturaleza.

El país debe preservar su gran riqueza en términos de biodiversidad. Necesita planes de recuperación de la tierra que protejan y sostengan las áreas destinadas a la producción de alimentos. Debe involucrar a la sociedad en su conjunto, y especialmente a las poblaciones afectadas, en un amplio proceso de planificación nacional. Las comunidades locales deben tomar las decisiones clave sobre cómo puede ser cambiado el medio ambiente en sus territorios, y que medios han de ser empleados en esa tarea. Decisiones de esta importancia deben estar basadas en los valores, la cosmovisión y las aspiraciones de desarrollo de las poblaciones locales. Los planes de desarrollo deben ser construidos en conexión con los ecosistemas del país y los intereses de las personas que viven en ellos.

La sustentabilidad debe ser basada en un modelo de desarrollo rural orientado hacia la tierra en sí misma y al reparto equitativo de su riqueza. Los modelos vigentes están centrados en las empresas privadas y el pillaje al que someten a la tierra. Si el desarrollo rural ha de salir adelante, debe estar afincado en la agricultura a pequeña escala de las familias campesinas. Sólo de esta manera esas familias podrán tener acceso a créditos, asistencia técnica, educación, tecnología y la infraestructura necesaria. Los programas de investigación agro-ecológica que investigan maneras de reducir a un mínimo absoluto el uso de productos químicos que dañan el suelo deben ser establecidos y apoyados. Deben tomarse medidas que protejan los ecosistemas. La comunidad y el Estado deben orientarse seriamente hacia la protección de las semillas nativas, especialmente en cuanto a los granos.

También es imperativo retomar los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996. A través del Acuerdo Marco para la Implementación, estos acuerdos han de convertirse en compromisos de Estado para reconocer que Guatemala es un país pluricultural, plurilingüe y multiétnico. Estos acuerdos, además, resaltan que la participación ciudadana activa es clave en la toma de decisiones para la transformación estructural  del país.

La participación de la población debe extenderse al campo del desarrollo sustentable. Debe prestarse especial atención a favorecer el retorno de las comunidades que han sido desplazadas por el conflicto armado. Deben ser definidos los criterios relacionados con la producción y el manejo sustentable de los recursos, así como también la selección de tierra, el ordenamiento territorial, el uso del agua e infraestructura y saneamiento. Un acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, por su parte, fortalecerá aspectos del medio ambiente, los recursos naturales, ciencia y tecnología para la conservación del ambiente y la administración sustentable de los recursos naturales. 

Agotando dos recursos, degradando un futuro

Social Watch Bahrain
Abdulnabi Alekry

Cualquier pretensión de alcanzar desarrollo sustentable en este reino insular choca contra el inevitable y cada vez más cercano colapso de su suministro de agua. El uso irresponsable de este bien no renovable, y la creciente contaminación de los afluentes debido a la industrialización que acompaña la explotación del petróleo, otro recurso que se agota, ponen a Bahrein al borde de la catástrofe. Ante esta situación, a la que el Gobierno no le encuentra respuestas adecuadas, profundiza y agrava las inequidades y el malestar social .

El Gobierno bahreiní decidió reprimir con extrema violencia las manifestaciones que, siguiendo la estela de la Primavera Árabe, se realizaban en la Plaza de la Perla de Manama, en reclamo por cambios políticos y sociales y el fin de la monarquía. A pesar de la gravedad del problema ambiental del país, sus ciudadanos no incluían entre sus reclamos el asegurar un desarrollo sustentable mediante el adecuado manejo de sus escasos recursos naturales, en su caso una literal cuestión de vida o muerte. En la lista 2011 de países con problemas de suministro de agua realizada por la firma de análisis de riesgo británica Maplecroft[1], Bahrein ocupa el primer lugar, seguido por Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Libia. Eso significa que, a nivel mundial, es la nación con mayor riesgo de ver totalmente interrumpido su suministro de agua en el corto o mediano plazo.

Un desastre en ciernes

La escasez de agua es el principal problema del país, y el principal obstáculo para su desarrollo sustentable. Según el Índice de Pobreza Relativo al Acceso al Agua[2], un país sufre escasez de agua si su suministro per capita anual está por debajo de los 1.000 metros cúbicos. En 2007, el suministro per capita de agua en Bahrein fue de 470,3 metros cúbicos[3]. En los 665 kilómetros cuadrados del reino (una superficie menor a la del aeropuerto Rey Fahd, en la vecina Arabia Saudita) viven algo más de 1.200.000 personas, la mitad de los cuales son extranjeros residentes.

La casi totalidad del agua dulce consumida en el país proviene tradicionalmente de tres acuíferos no renovables ubicados bajo la principal isla del archipiélago (Bahrein se compone de 32 islas), principalmente el de Dammam. Desde la década de 1970 el Gobierno intenta frenar, pero nunca detener, el vaciamiento de estas reservas mediante la construcción de plantas desalinizadoras de agua marina, o diversas campañas para reutilizar aguas servidas no contaminadas en el hogar. En el Día Mundial del Agua 2010 Rehan Ahmed, experto en medio ambiente de la Comisión Pública Para la Protección de Recursos Marinos, Medio Ambiente y Fauna, admitió que, a pesar de lo endeble del suministro, el ciudadano promedio de Bahrein consume alrededor de 400 litros de agua al día, comparados con los 256 de promedio mundial, o los 60 de Japón. El crecimiento de la tasa de consumo de agua es del 8 al 10% anual, pero los niveles de las reservas de agua subterránea están cayendo[4].
Sólo para irrigar las cosechas, se estima que en 1998 se consumieron 204 millones de metros cúbicos del acuífero Dammam, cuando estudios ambientales estiman que los niveles de extracción segura no deberían exceder los 100 millones anuales, ya que las lluvias promedio en el país no superan los 80 milímetros anuales[5], por mucho insuficientes para reponer lo consumido.

Desde la década de 1970 una de las principales apuestas del Gobierno para frenar el vaciamiento de los acuíferos de la zona fue la construcción de plantas desalinizadoras de agua marina. El plan comenzó en 1974, y para el año 2000 el país contaba con cuatro plantas que producían en total 73 millones de galones de agua potable por día[6]. Sumado al agua extraída de los acuíferos de la isla, y a la reciclada para irrigación, la producción total actual por día es de 142 millones de galones, y el consumo diario, 140 millones de galones. Esto implica que el país no tiene reservas de agua potable. Los proyectos corrientes del Gobierno implican aumentar la producción de agua mediante nuevas plantas desalinizadoras, y alcanzar los 242 millones de galones diarios para 2030. La meta es alcanzar reservas de agua de 420 millones de galones, lo que le permitiría al país tres días de suministro en caso de emergencia[7]. Se ha sugerido el uso de energía eólica para hacer funcionar las nuevas plantas desalinizadoras[8].

Los soluciones parciales que ha ensayado el Gobierno para revertir la escasez de agua no han dado los frutos deseados, o han degenerado en nuevas problemáticas. En 1977 se inició un ambicioso proyecto para reciclar las aguas servidas y volverlas utilizables. Durante décadas este programa funcionó avisando a la población que el agua así obtenida no era apta para el consumo humano, y se utilizaba sólo para riego de parques y jardines. En 2006 Samir Abdullah Khalfan, director de Salud Pública, advirtió que no era conveniente llevar niños o personas en precario estado de salud a los parques así irrigados[9], bajo riesgo de contraer hepatitis A. Los debates que siguieron a estas declaraciónes llevaron al cierre temporal de la planta de tratamiento, que fue reabierta poco después sin que se haya investigado el tema[10].
El espíritu irresponsable con el que se consumen las reservas no renovables de agua en Bahrein es similar al que impera en el mundo desarrollado respecto al uso indiscriminado de las reservas de petróleo.

Comida y petróleo

Un 92% de la superficie del archipiélago es desierto, y apenas un 2,82% es tierra cultivable. Esto hace que la principal fuente de alimentos del país sea la abundante pesca del golfo Pérsico, pero la contaminación proveniente de la industria petrolera está degradando la biomasa marina de la zona. La dependencia cada vez mayor de la importación de alimentos, en una economía basada en recursos no renovables, es otra señal de alarma sobre la imposibilidad de un desarrollo sustentable del país.

El petróleo se encuentra en un gran yacimiento justo bajo el centro de la isla, casi hasta su extremo sur. Bahrein exporta 22.400 barriles de crudo al día, lo que constituye el 60% del PIB. En 2009 se calculaba una reserva de 124 millones de barriles[11].

El elevado ingreso que el país recibe por la explotación de yacimientos petrolíferos incide notoriamente en el bienestar general de la población, aunque bolsones de pobreza e inequidad subsisten en la sociedad. Casi el 90% de la población adulta está alfabetizada, y la esperanza de vida al nacer es de 76 años. En 2002 se garantizó a la mujer el derecho a voto y a presentarse como candidata a puestos electorales, aunque ese año no se presentó ninguna candidata femenina. Al día de hoy, la presencia de mujeres en política sigue siendo mínima. En 2008 el número de desocupados no superaba el 4% de la población, pero de esa cifra un 85% son mujeres[12]. En 2007 Bahrein se convirtió en el primer país árabe en instituir el beneficio por desempleo.

Efectos del creciente turismo

Desde la inauguración del puente Rey Fahad en 1986, que comunica la isla principal del país con Arabia Saudita, el turismo se ha convertido en una importante fuente de divisas para Bahrein, cubriendo alrededor del 10% del PIB[13]. La legislación islámica relativamente más leve que la de sus países vecinos, la actividad nocturna más agitada y una vida cultural más liberal convierten a la capital del país, Manama, en el centro de entretenimiento de la región. El impacto cultural de esta invasión de visitantes en busca de diversión llevó a que en 2009 se legislara para endurecer las leyes que regulan el consumo de alcohol y otras actividades recreativas. Según el parlamentario Adel Maawdah, uno de los promotores de la ley: “Lamento decirlo, pero Bahrein se ha convertido en el burdel del Golfo, y nuestra gente está muy disgustada por eso. No sólo nos oponemos al consumo de alcohol, sino también a lo que arrastra consigo: prostitución, corrupción, drogas y tráfico de personas”[14].
El auge turístico del país explica extravagancias tales como los excesos arquitectónicos de la capital, el circuito de F1 donde se corre el Gran Premio de Bahrain o, casi increíble, la abundancia de parques acuáticos en un país donde la sed parece estar a la vuelta de la esquina.

Conclusión

Bahrein entrará en crisis en el futro cercano, cuando sus reservas de agua y petróleo se agoten. En palabras del vicepresidente de asuntos académicos de la universidad del Golfo Pérsico, Waleed Al Zubari, “La mayor parte de nuestra agua está siendo usada sin saber qué pasará cuando se agote. Debemos contrapesar nuestros beneficios inmediatos debidos al uso de esta agua con el impacto a largo término”[15].
Sin embargo, cuando estallaron las manifestaciones en febrero de 2011 siguiendo la estela de la “Primavera Árabe”, los reclamos de los manifestantes no se orientaban al reclamo de mejores regulaciones de cuidado medioambiental, o de una mayor preocupación gubernamental por el futuro de la nación, sino que exigían mayores libertades sociales y políticas, y en particular el fin de la discriminación de la minoría sunita gobernante sobre la mayoría chiíta (ver recuadro).

Aumentan las desigualdades sociales

ATTAC Hungría
Matyas Benyik[1]

En los últimos 20 años el país ha presenciado cambios significativos en las áreas de educación, empleo y desigualdad social. La pobreza y la exclusión social han provocado las mayores tensiones, pero las tendencias demográficas, los problemas en la salud y la seguridad alimentaria también han generado desafíos. La pobreza infantil es grave; las familias con varios hijos y, sobre todo, los padres solteros tienden a vivir en situación de pobreza. Entre los roma, quienes están particularmente expuestos a la discriminación, ha aumentado el riesgo de pobreza, como ha sucedido entre los desempleados, los trabajadores no calificados y aquellos que habitan en zonas rurales.

En 2008, mientras que el 17% de la  población  de la Unión Europea (UE) estaba en riesgo de pobreza[2], el índice de pobreza oficial en Hungría fue solo del 12,4%. Entre ciertos grupos, sin embargo, esta cifra ha sido mucho mayor. Por ejemplo, entre 2005 y 2009 el índice de pobreza para la franja etaria de menores de 18 años fue del 20%. Uno de cada cinco niños, una de cada tres familias con más de tres hijos y cerca de uno de cada dos desempleados viven en este momento en la pobreza, lo mismo que uno de cada dos roma[3]. Además, las personas pobres en Hungría son mucho más pobres que las de otros Estados miembro de la UE. La mayoría de los expertos nacionales están de acuerdo en que alrededor del 14% de la población del país vive por debajo del nivel de subsistencia[4].

Medida a través de los niveles de vida, de los niveles de ingreso, de la salud, de la educación y del acceso a los servicios públicos, las desigualdades sociales han aumentado considerablemente. Y, lo que resulta aún más crítico, la concentración territorial de la pobreza y la segregación también ha aumentado. Aproximadamente el 12% de la población vive por debajo de la línea de pobreza[5]. Y entre los romaníes - tal vez tanto como el 10% de la población de Hungría -, los estándares de vida, las condiciones de vivienda, el estado de salud, el empleo y la educación se encuentran muy por debajo del promedio nacional[6]. Sus tasas de desempleo son de tres a cinco veces más altas, mientras que el número de personas mantenidas por un asalariado es tres veces mayor que en la población no romaní[7].

Pero inclusive descontando la situación particular de los romaníes, la principal característica del mercado laboral húngaro es la baja tasa de empleo y de participación de la mano de obra. Por ejemplo, el bajo nivel de empleo en el grupo de edad de 15 a 64 años (55,4% en 2009) se ve acompañado por un aumento del desempleo (10,1% en 2009) con un notablemente alto - aunque en disminución - índice de personas económicamente inactivas (38,5% en 2009)[8]. El índice más alto de inactividad se ubica entre personas jóvenes y ancianas. El envejecimiento de la población, junto con las tasas de descenso de la fecundidad, han conducido a una alarmante caída de la población económicamente activa, cambiando la forma del mercado laboral del país.

Además, la estructura de la pobreza no se ha modificado: las familias con varios hijos y padres solteros tienden a vivir en la pobreza y la pobreza infantil continúa siendo muy grave. Los grupos sociales económicamente activos más pobres están caracterizados por ser más grandes que las familias típicas, verse desfavorecidos en términos de lugar de residencia, experimentar problemas familiares, dificultades en la convivencia y problemas de salud y étnicos[9].

Economía y medio ambiente

En la primera mitad de la década de 1990, el Producto Interno Bruto del país disminuyó casi un 20%. La participación en el PIB de la agricultura, la industria y la construcción disminuyeron mientras que en el sector de servicios se incrementó de manera dinámica. El declive en el sector productivo y la expansión de servicios contribuyeron a una menor utilización de recursos naturales y a reducir la contaminación del aire y el agua. En áreas donde la minería y la metalurgia han reducido su tamaño o han cerrado, como en el noreste, ha disminuido la contaminación medioambiental como consecuencia del menor consumo de energía. En áreas agrícolas, ha disminuido drásticamente el uso excesivo de químicos peligrosos. Al mismo tiempo, la eficiencia energética ha sido mejorada, y los sistemas de gestión medioambiental y de productos amigables para con el medio ambiente se han extendido progresivamente.[10]

De esta ambigua manera, el objetivo de separar el crecimiento económico del incremento de las cargas medio ambientales aparentemente se ha cumplido. Este resultado, no obstante, no se debió a una política medio ambiental o económica. Por el contrario, surgió como un subproducto de procesos espontáneos que siguieron el cambio sistémico desencadenado por el colapso de la Unión Soviética.

Durante las últimas décadas, las estructuras de producción y los patrones de consumo en Hungría han cambiado mucho. Como se ha señalado, las tendencias favorables han aparecido en la carga  medio ambiental de la producción, pero las desigualdades entre los grupos sociales han aumentado rápidamente y, en general, se han amplificado diversos impactos dañinos al medio ambiente y al estilo de vida.

La estructura de consumo en Hungría se ha vuelto cada vez más similar a la de los países de Europa occidental. No obstante, el creciente consumo doméstico oculta contradicciones. Una constante expansión del consumo doméstico per cápita ha sido cada vez más financiada por préstamos bancarios estipulados principalmente en francos suizos, lo que conduce a un creciente endeudamiento. Mientras que los grupos familiares han contribuido a reducir el consumo de energía y agua, también han contribuido a aumentar el tráfico de vehículos motorizados y a incrementar los índices de producción de residuos. Mientras tanto, la producción y consumo de productos y servicios que satisfagan los requisitos de sustentabilidad, que comenzó a mediados de la década de 1990, ha revelado un pequeño progreso hasta la fecha.

El consumo de energía en declive

En los últimos 20 años, los cambios estructurales en la economía junto con un aumento de los precios de la energía han dado lugar a que el consumo de energía cayera más de un veinte por ciento[11]. La economía ha revelado una disminución global en la demanda de energía con un consumo de energía por unidad de PIB en significativo declive[12]. La proporción de consumo de los sectores productivos en particular ha disminuido pero ha habido un aumento concomitante en la proporción de los consumidores domésticos y púiblicos[13].

En comparación con 1989, la producción nacional de fuentes de energía ha disminuido un 35% con un modesto aumento de las importaciones de energía. Las importaciones de energía históricamente han representado el 50% del consumo de energía. Para 2009, el consumo de energías importadas, no obstante, había aumentado al 62%, si bien las importaciones de electricidad habían declinado sensiblemente[14]. La proporción de producción nacional de gas natural reveló un incremento significativo mientras que el carbón experimentó una fuerte disminución[15].
Los últimos 20 años también han presenciado el mayor uso de energía solar y eólica, junto con el mayor uso de energías renovables tradicionales, como por ejemplo la leña y la energía geotérmica. El uso de fuentes de energía renovables, tanto en la extracción como en el uso, ha aumentado, si bien representó solamente el 3,6% del consumo de energía en 2003 y el 5,2% en 2005[16].

A pesar de estas tendencias positivas, la privatización depredadora en algunos sectores ha aumentado el riesgo de una catástrofe medioambiental. Tal calamidad tuvo lugar en octubre de 2010, cuando la ruptura de la pared de un depósito de desperdicios de lodo de propiedad privada dio lugar a que tres asentamientos en el Condado Veszprém fueran inundados por alrededor de un millón de metros cúbicos de lodo tóxico rojo, enterrando 500 casas, matando a nueve personas e hiriendo a 150[17]. Las consecuencias sanitarias de la catástrofe fueron graves y aún no se han hecho públicas.

El desafío de la seguridad alimentaria

Hungría recién completó su Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable (ENDS) en 2007[18]. Al integrar la totalidad de los sectores nacionales, la ENDS es un plan coherente con estrategias y programas del sector. A pesar de su coherencia, sin embargo, la implementación de los objetivos sociales de sustentabilidad plantea serias preocupaciones acerca de la planificación de la agricultura y de la seguridad alimentaria.

Desde 1990, la agricultura húngara ha experimentado enormes cambios como resultado de alteraciones fundamentales en la estructura de la propiedad y la producción, las condiciones de la producción ganadera y la estructura del consumo de alimentos y el comercio exterior. En consecuencia, una parte sustancial de tierra cultivada (unas 300.000 hectáreas) ha  sido retirada de la producción[19]. Las procesadoras multinacionales de alimentos y los minoristas e dominan n este momento el mercado húngaro mientras que, a pequeña escala, los agricultores familiares tradicionales se encuentran luchando con la propiedad fragmentada de la tierra, la falta de capital y los pocos conocimientos de marketing. Los precios reducidos de los procesadores de alimentos y las grandes cadenas de supermercados han provocado movilizaciones de agricultores en todo el país y han planteado serias preocupaciones acerca de la procedencia y seguridad de los alimentos.

La mala salud de los húngaros

Según los estándares internacionales, la salud de los húngaros es en extremo mala, como resultado de factores históricos, sociales, económicos y culturales, incluyendo los hábitos de la gente y su forma de vida en general. El alcoholismo está generalizado, y el número de usuarios de drogas está creciendo rápidamente. La esperanza de vida al nacer es baja, si bien ha aumentado tanto entre los hombres como entre las mujeres. En 1990, fue de 65,1 años para los hombres y 73,1 para las mujeres. En 2008, fue de 69,8 años entre los hombres y 77,8 años entre las mujeres.

La población húngara ha tenido la tercera mayor tasa de mortalidad en la UE, con un promedio del 13,1 por mil entre 2005 y 2009. Hungría ocupa el segundo lugar, después de los Estados Bálticos, con la tasa más alta de mortalidad a causa de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos cerebrales, de los tumores malignos y  las enfermedades del sistema digestivo. La tasa de mortalidad a causa del cáncer de pulmón representa casi el doble de la media de la UE.

RECUADRO: Los roma, aún en el fondo de la bolsa

Los roma son un subgrupo del pueblo romaní, conocidos también como "gitanos". Modernos estudios genéticos han puesto de manifiesto que el origen de los romaníes se remonta al subcontinente indio, posiblemente hasta el actual territorio de Rayastán y que más tarde emigraron a la región de Panyab. Un estudio de 2004 concluyó que la totalidad de los romaníes comparten ascendencia de un grupo de pueblos que vivieron aproximadamente hace 40 generaciones atrás[20]. En el siglo XIV fueron reportados pueblos romaní habitando en Creta, que fueron denominados atsiganoi (“intocable” en griego). En los dos siglos siguientes habían llegado a Alemania, a Suecia y a la Península Ibérica.

Entre los diversos subgrupos de los pueblos roma en Europa se encuentran los romaníes, concentrados en el centro y este de Europa y en el centro de Italia; los kalé ibéricos, los kalé fineses, los romanichal en el Reino Unido, los sinti germánicos y los manush franceses.

Durante la II Guerra Mundial, los nazis y el grupo fascista croata Ustaše se embarcaron en un sistemático intento de eliminar a los romaníes, en un proceso genocida denominado Porajmos en lengua roma. Los pueblos romaní fueron definidos como "enemigos del Estado basados en la raza" por las leyes de Nuremberg[21]. El número total de víctimas ha sido estimado entre 220.000 y 1.500.000[22]. Algunas personas murieron de inmediato y otras fueron condenadas a trabajos forzados y al encarcelamiento en campos de concentración; en Hungría fueron asesinados 28.000 roma[23].

De acuerdo con el censo de 2001, 190.000 personas se llaman a sí mismas romaníes en Hungría, si bien algunas estimaciones proporcionan un número mucho mayor, cerca del 10% de la población total[24]. El húngaro romaní enfrenta múltiples desafíos en comparación al resto de la población, incluyendo pobreza, discriminación, falta de acceso al sistema educativo y tasas más altas de desempleo. En la actualidad, de un total de 22 miembros del Parlamento Europeo, solamente uno es roma. Sin embargo, existen una serie de organizaciones romaníes en Hungría, inlcuyendo la Coalición Social Romaní y la Independent Interest Association of Roma.

Avances y retrocesos en la defensa de la Pachamama

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
Wálter Arteaga

Pese al compromiso expresado por el actual Gobierno en favor de una política coherente sobre cambio climático, el modelo implementado en Bolivia está basado en el extractivismo y consagra la producción petrolera y minera como la base de la economía nacional y el eje de las estrategias para superar la pobreza. El espaldarazo del Gobierno al sistema de créditos de carbono y la iniciativa REDD ha generado, además, importantes dudas acerca del rumbo tomado por la administración Morales.

El territorio de Bolivia alberga una extraordinaria diversidad de especies de plantas y animales, así como también de culturas, con 36 pueblos indígenas. En el ámbito mundial, el país ocupa el sexto lugar en extensión de bosques tropicales y es el décimo quinto en cobertura boscosa[1]. Alrededor del 80% de sus tierras forestales se encuentra en la región de los llanos o “tierras bajas”, que comprende las subregiones Amazónica, Platense y del Gran Chaco y coincide con los territorios titulados a favor de los pueblos indígenas.  

Las políticas públicas del presidente Evo Morales reconocen que los bosques son ecosistemas estratégicos; asimismo, el país se ha convertido, desde fines de la década pasada, y de la mano de Morales, en uno de los países líderes en demandar un urgente desarrollo integral en armonía con la naturaleza, con la Pachamama (diosa madre de los pueblos indígenas andinos, equivalente al conjunto de la Tierra y la naturaleza) como sujeto de derechos.

Una apuesta incierta

Si bien el Gobierno de Evo Morales ha expresado su compromiso a favor de una política sobre cambio climático coherente con su postura ambientalista, el sesgo extractivista del modelo de desarrollo que ha implementado hace dudar sobre su “real” adhesión a los principios del desarrollo sustentable. En otras palabras, su apuesta gubernamental es altamente incierta, dada la notoria discrepancia entre el discurso en pro de la madre naturaleza y la filosofía del “vivir bien” con su postura extractivista, que ha convertido a la producción petrolera y minera en la base de la economía nacional, en el sustento de las finanzas públicas[2] y en el eje vital para intentar superar la aguda pobreza que afecta al 60% de la población[3].

De hecho, los datos oficiales procesados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) permiten establecer que en los últimos cinco años se ha verificado un incremento en la dependencia de la economía de las exportaciones de materias primas. Las ventas externas de productos primarios provenientes de las ramas de hidrocarburos y minería han pasado a ser dominantes, concentrando aproximadamente el 69% del total, frente a una participación más equilibrada vigente en el quinquenio anterior, donde estos sectores representaban el 47%[4].

Del mismo modo, el análisis del CEDLA sostiene que el crecimiento del producto nacional ha estado jalonado en la última década por la irrupción renovada de las industrias extractivas de hidrocarburos y minerales. En el período 2001-2005, el crecimiento del PIB se explica en gran parte por el aumento de la producción de hidrocarburos, especialmente de gas natural. En cambio, en los cuatro años siguientes, 2006-2009, ese lugar fue ocupado por la actividad minera, que alcanzó una tasa promedio anual para el período de poco más de 20%[5].

Los planes oficiales de instalar mega-represas hidroeléctricas en la Amazonía boliviana para exportar electricidad a Brasil, junto a la adscripción a los proyectos carreteros transoceánicos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la presión para monetizar la riqueza forestal a través de la explotación maderera son otros factores que ponen en riesgo el equilibrio ambiental y ecológico y los “derechos adquiridos” por la madre naturaleza.

Por ello, la expansión de las actividades extractivas, con su secuela de daño ambiental e impacto socioeconómico en los territorios y comunidades indígenas y campesinas, ilustran la magnitud del reto gubernamental y los peligros siempre latentes de convertir el discurso ambiental-indianista en simple demagogia o, por el contrario, de llevar a la inviabilidad sus propias políticas económicas desarrollistas.

El mercado de carbono

Uno de los desafíos de la administración Morales es el desarrollo de una ingeniería institucional que, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado y el ejercicio de las autonomías indígenas en el Estado Plurinacional, le permita acceder a los mecanismos de compensación económica establecidos para los países que preserven y hagan sostenibles sus bosques. Esto es especialmente importante a la hora de considerar el rol estratégico de los bosques en la disminución de los índices de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que ha sido dado en llamar el “secuestro del carbono”[6].

El protocolo de Kioto estableció el mecanismo de descontaminación conocido como “créditos (o bonos) de carbono”, como medida para reducir o contrarrestar las emisiones de gases de invernadero que inciden directamente en el calentamiento global. Cada crédito equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir o es absorbida gracias a mecanismos de forestación o reforestación, y es objeto de comercio dado su valor monetario asignado[7].

En esta política, la clave del diseño y alcance de las iniciativas radica en definir cuáles serán los mecanismos de distribución de estas compensaciones económicas por el secuestro de carbono. Quiénes pagan las compensaciones, quiénes obtienen la titularidad de los “créditos de carbono” y quiénes son los beneficiarios directos que reciben los recursos económicos de compensación son los ejes que definen si estas iniciativas se inclinarán más por la visión indianista o por el mercado capitalista.

Según la visión Gubernamental, el Estado plurinacional y los pueblos indígenas y comunidades campesinas deberían ser los receptores directos de estas compensaciones económicas. Esto no implica, por supuesto, que se libere a los países industrializados de su obligación de bajar sus emisiones de carbono, aunque lamentablemente muchas empresas en la actualidad optan por la compra de créditos de carbono en lugar de reducir efectivamente sus emisiones.      

Para viabilizar esta propuesta el país deberá dotarse de una nueva política nacional de bosques que enfrente las causas de la deforestación y degradación y contemple una estrategia específica para estos mecanismos de compensación, conocidos como REDD (reducción de emisiones de carbono por deforestación y degradación de bosques). En la construcción de una política pública específica para REDD, Bolivia debería superar, además, barreras institucionales, legales y políticas, incluyendo las vinculadas al desarrollo de capacidades de las organizaciones nacionales gubernamentales, de las entidades territoriales y de la sociedad civil.

En este esquema gubernamental, la clave estriba en fortalecer en capacidades y financieramente el Programa Nacional de Cambios Climáticos: con este programa fortalecido es viable la puesta en marcha de un sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos. Por otro lado, la actualización de los niveles de referencia de las emisiones de carbono permitirá elaborar un plan  de acción para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques.

El análisis de la visión gubernamental muestra que otros de los desafíos pendientes en esta estrategia son:

• Involucrar e incorporar a las comunidades y pueblos indígenas en estas iniciativas.
• Dar apertura y participación de otros actores.
• Recuperar los conocimientos y experiencias en las iniciativas REDD ya desarrolladas en el país.
• Impulsar el saneamiento de tierras y el catastro rural.
• Diseñar los mecanismos para que los recursos obtenidos sean gestionados y administrados como inversión pública que mejore las condiciones de vida de las comunidades indígenas en las áreas donde se concreten esas iniciativas.

Con todo, el diseño de esta estrategia permitiría establecer cuán cerca o cuán lejos está el gobierno boliviano de llevar a la práctica sus postulados de una convivencia armónica con la naturaleza y las posibilidades reales del “buen vivir”[8].

Perspectivas e interrogantes

El examen detallado de las iniciativas REDD arroja una serie de coincidencias y divergencias con respecto a una perspectiva ideológica y a un modelo de desarrollo que se nutra de las prácticas y los saberes indígenas apostando por la sustentabilidad. Algunas de las coincidencias serian:
•      Las iniciativas REDD fomentan el manejo sustentable de los bosques.       
•      Son una oportunidad para que las comunidades indígenas consoliden sus derechos a  la tenencia de sus territorios.

Y las divergencias:
•      Las iniciativas REDD no afectarían las causas directas de la degradación forestal y la deforestación.
•      Generarían conflictos centrados en la titularidad de los créditos de carbono.

Las iniciativas REDD adquieren, además, una dimensión especial al considerarlas desde el diseño de políticas públicas referidas al acceso y uso de los recursos forestales. De hecho, estas iniciativas son una manera de analizar la intencionalidad política del Gobierno respecto al ejercicio del derecho sobre las tierras y recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, es relevante interrogarse cuánto aportan las iniciativas REDD al desarrollo de las economías comunitarias indígenas en tres temas fundamentales:

• La recuperación del dominio ancestral del territorio mediante autonomía y autogobierno
• La redistribución de recursos y de los medios de producción en los territorios indígenas
• La administración y aprovechamiento de los recursos naturales.

En contra de implementar REDD se han esgrimido varios argumentos. Por ejemplo, que esta iniciativa se trata de un mecanismo destinado a incentivar la tala de bosques nativos y el establecimiento de plantaciones de monocultivos e incluso el uso de árboles transgénicos. Así, REDD no solamente estaría favoreciendo la privatización de la atmósfera[9], sino que estaría además sometiendo a los bosques del Sur a nuevas formas de apropiación en manos de los contaminadores, de los especuladores del mercado de carbono o de los mercaderes de servicios ambientales[10].

La preocupación radica más que nada en la posibilidad de que los países en desarrollo sean obligados a aplicar este mecanismo, y que de esa manera los países desarrollados no asuman un compromiso serio de reducción de las emisiones.

Bajo ocupación no hay desarrollo sustentable

Red de ONG palestinas

La ocupación israelí deteriora el medio ambiente palestino y minimiza las posibilidades de implementar un desarrollo sustentable. Tasas alarmantes de desempleo, instituciones débiles e ineficientes y alta dependencia de los ingresos aduaneros y de las contribuciones financieras de los países donantes ponen en evidencia la insustentabilidad de la economía palestina. Además, las condiciones desastrosas de las instalaciones de suministro de agua, principalmente a raíz de leyes impuestas durante la ocupación israelí de 1967, representan un riesgo alarmante para el bienestar de los palestinos. 

Palestina representa un caso muy inusual en materia de desarrollo sustentable. Para poder tratar este tema debemos considerar una serie de problemas, el más importante de los cuales es la falta de soberanía y de control de los recursos, la ausencia de legislación o planes políticos para ningún tipo de desarrollo y la creciente importancia del financiamiento de los países donantes para las economías tanto de Cisjordania como de la Franja de Gaza.

La falta de legislación y políticas, especialmente en relación con la sustentabilidad, está vinculada con la ocupación israelí que tiene potestades en última instancia sobre la jurisdicción y la extensión geográfica de las posibles legislaciones y es, además, la causa de la inestabilidad política.

La realidad de la ocupación impone, por lo tanto, la necesidad de tener en cuenta que muchos indicadores de desarrollo son inadecuados cuando se aplican a la situación palestina. Esto no significa que se deba excluir a Palestina de las estadísticas de desarrollo, sino que algunos indicadores ampliamente utilizados no son necesariamente válidos con respecto a este país y, por consiguiente, se deberán considerar otras formas de medir el desarrollo.

Desempleo

El informe de 2011 del Banco Mundial acerca de la situación actual de pobreza en Cisjordania y la Franja de Gaza describe la situación palestina como sin parangón. Señala que las tasas de desempleo en el país son las más altas del mundo debido principalmente a la falta de oportunidades, y concluye que la situación está estrechamente vinculadas con la ocupación israelí.

Según este informe, el 19 % de la población estaba desempleada en 2011, a pesar de que según los datos oficiales trabajaban 780.000 personas en el territorio palestino en el primer trimestre de 2011, 130.000 más que el año anterior. Esto significa una disminución de la tasa de desempleo de aproximadamente el 21,7 %.

Las y los jóvenes han sido particularmente afectados por esta situación, dado que la tasa de desempleo para ese sector de la población era, en 2009, 10 % mayor que la tasa de desempleo general.[1] 

Problemas sociales y medioambientales

La situación de los servicios de salud es desalentadora. Hay 25 hospitales públicos en el territorio, y la cantidad de habitantes por cama alcanza a 1349. Las malas condiciones de las instalaciones de atención médica obligan a trasladar una cantidad importante de pacientes a los países vecinos para su tratamiento. Se generó así un gasto adicional de casi 1.484.200.000 shekels israelíes (403.702.400 USD) en 2010, a consecuencia de la falta de una planificación sensata y una gestión adecuada. De hecho, si los recursos existentes se administraran correctamente, el ministerio podría construir instalaciones de asistencia médica  equipadas con tecnología de vanguardia que harían innecesarios estos traslados.

El bloqueo de la Franja de Gaza del 2007 al 2011 tuvo consecuencias nefastas en materia de suministro de agua y saneamiento, en particular por los graves daños a la infraestructura. La mayoría de los equipos de bombeo de agua y de saneamiento quedaron fuera de servicio por falta de electricidad y combustible, con la consiguiente escasez de agua y desborde del saneamiento en las áreas urbanas.[2] El bloqueo impidió el suministro de repuestos, por lo que no se repararon las instalaciones.

La agricultura consume el 70% del agua de Palestina, seguida por el uso doméstico (27%) y los usos industriales. Según el informe del Banco Mundial de 2009, el suministro de agua residencial en Cisjordania se estimaba en unos 50 litros diarios por persona.[3] En 2009, el 60% de la población de la Franja de Gaza no tenía acceso al suministro de agua corriente.[4] En Cisjordania solo 13.000 m3 (de un total de 85.000 m3) de aguas residuales fueron tratados en 2009, mientras que en el mismo año se trataron 65.000 m3 (de un total de 110.000 m3) en la Franja de Gaza.[5]

Ese mismo año Amnistía Internacional informó que en las comunidades rurales unos 200.000 palestinos carecían por completo de acceso al agua corriente y que el ejército israelí les impedía recoger agua de lluvia, mientras que los colonos israelíes tenían piscinas e instalaciones de riego para sus granjas. De hecho, los 450.000 contabilizados en este informe consumen la misma cantidad de agua que toda la población de Palestina. Para poder hacer frente a la escasez de agua y a la falta de infraestructura, muchos palestinos se ven obligados a comprar agua de dudosa calidad y muy alto precio a los camiones cisternas.[6]

En 1993 el Banco Mundial publicó un informe titulado "Developing the Occupied Territories: An investment in Peace” (Desarrollo de los territorios ocupados: una inversión en paz) que describía la inadecuación de la provisión de servicios públicos en los territorios ocupados, debido a la virtual inexistencia de instalaciones de suministro de agua y de eliminación de residuos sólidos y de aguas residuales. La mala gestión de los residuos contribuyó a la degradación ambiental, cuyo origen se remonta a la administración israelí entre 1967 y 1993. A pesar de las inversiones de muchos donantes internacionales se ha avanzado muy poco en la reconstrucción de estas internacionales, principalmente debido a las carencias y ambigüedades del acuerdo de Oslo, y en particular debido a su interpretación por parte de las autoridades israelíes. La escalada de violencia ha empeorado la situación.[7]

Cuando Israel ocupó Cisjordania en 1967 declaró propiedad del estado de Israel todos los recursos hídricos; desde entonces varias órdenes militares han minimizado el desarrollo del suministro de agua en Palestina por medio de la fijación de cuotas de bombeo, la prohibición de rehabilitar pozos y la perforar pozos nuevos sin permiso, y la confiscación o incluso la destrucción de todas las estaciones palestinas de bombeo sobre el río Jordán. Al mismo tiempo, Israel aumentó su explotación de los recursos de agua de Cisjordania con la perforación de 38 pozos. A consecuencia de esto, en 1993 los palestinos solo podían acceder al 20% del agua del acuífero del subsuelo de Cisjordania. El acuerdo de Oslo no mejoró en nada la situación de Palestina. En realidad, se acordó que "las proporciones de utilización existentes" se debían mantener, por lo que se refrendó la explotación del 80% del acuífero por parte de Israel.[8]

Aún no está claro cuál será el efecto del cambio climático en los territorios palestinos, pero algunos expertos predicen un aumento de los promedios de temperatura y una disminución de las precipitaciones, que supondrían un mayor peligro para el ya precario suministro de agua tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania.[9]

Según un informe publicado por el Instituto del Medio Oriente, varias ONG palestinas e israelíes creen que "un proceso integral de paz ayudaría a resolver las violaciones israelíes del medio ambiente palestino. El proceso de paz actual no es percibido como ayuda para el medio ambiente".[10] Está claro que el medio ambiente no puede esperar hasta que las conversaciones de paz sean más serias.

Problemas de legislación

La legislación palestina es extremamente compleja y contradictoria. Algunas leyes, por ejemplo, datan del tiempo del Imperio Otomano y del Mandato Británico, y también del dominio egipcio y jordano a través de la ocupación de Israel, incluyendo órdenes que no formaban parte de la legislación pero que siguen en vigor. Las leyes adoptadas después del establecimiento de la Autoridad Nacional en 1994 constituyen solo el 12% de la legislación vigente.

La situación judicial y legislativa está claramente vinculada a la inestabilidad política del país. La separación entre Cisjordania y la Franja de Gaza, por ejemplo, detuvo la discusión de más de 50 leyes propuestas.

Además, las leyes actualizadas no derogaron las anteriores, algunas de las cuales son contrarias a la jurisdicción geográfica de la ley de arbitraje aprobada por la Cámara de Comercio e Industria de Jerusalén. Existe una imperiosa necesidad de legislación actualizada en relación con el sector privado, por ejemplo, para controlar, promover y reforzar el entorno comercial, y también en materia de atención de salud.

Se puede argumentar que la ocupación sigue siendo un factor decisivo de la obstrucción de una legislación eficaz y del debilitamiento de su capacidad para proporcionar un marco para el desarrollo.

De hecho, tanto el sistema legislativo como el judicial se resienten por la ocupación continua, pero también por las diferencias entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Este es uno de los principales obstáculos en relación con el desarrollo sustentable, porque no se dispone de políticas medioambientales a causa de la falta de diálogo. Otro factor que deteriora la sustentabilidad es que la debilidad institucional no permite medir ni mejorar la efectividad de los esfuerzos de financiamiento de los países donantes.

Donaciones, políticas y sustentabilidad

Las diferencias de criterio en materia de asignación y administración de los fondos de los donantes son una fuente constante de conflictos. Por eso, es frecuente que los proyectos designados no logren obtener los fondos de los países y empresas donantes. Estos conflictos están generalmente aumentados por la politización de los servicios provistos.

Se debe tener en cuenta que los donantes buscan aliviar esta situación promoviendo la responsabilidad y fortaleciendo la transparencia institucional de Palestina, pero los resultados están amenazados por la creciente politización de la sociedad palestina. En realidad, muchas donaciones tienen consecuencias negativas porque aumentan la dependencia de este tipo de financiamiento, en espacial en lo que se refiere a donaciones con fines políticos, como los fondos suministrados para las actividades destinadas a la normalización de las relaciones con Israel. Este tipo de dependencia también actúa en detrimento de los valores sociales profundos como el voluntariado, la dignidad y el altruismo. Todo lo cual ha servido para profundizar el descontento social.

Los donantes también han tratado de mejorar la capacidad de las diferentes instituciones de la comunidad palestina, lo cual se ha hecho evidente en la situación de las instituciones de la sociedad civil y también en el gobierno. La tecnología mejorada que obtuvieron las instituciones, por ejemplo computadoras y tecnología de comunicaciones, no estuvo relacionada con un cambio de los hábitos de trabajo de los empleados ni de los gerentes de estas instituciones, especialmente a la luz de un entorno politizado. La tardía adopción de los criterios de méritos en el empleo aún no ha podido mejorar la eficiencia de los servicios públicos. 

Conclusiones y recomendaciones

Resulta claro que no será posible el desarrollo sustentable de Palestina bajo la ocupación israelí. Sin embargo, a mediano plazo será necesario prestar atención a los siguientes puntos para mitigar las penurias de la población palestina y reducir la tensión política:

• Incrementar el apoyo a la implementación de leyes electorales, así como a la adopción de representación proporcional para aumentar la participación.
• Promover el respecto de los donantes por las opciones de la sociedad palestina y el abandono de sus políticas de refuerzo del status quo por medio de la asistencia al desarrollo de las agendas políticas.
• Armonizar y alinear las políticas de los donantes con las prioridades nacionales y mejorar su contribución a la armonía social.
• Revisar las leyes existentes e implementarlas de manera que contribuyan a un desarrollo más global y sustentable.
•  Mejorar la responsabilidad de las instituciones y del gobierno no solo frente a los donantes sino frente al público.
• Procurar una clara distribución de los roles y una coordinación completa entre los actores del desarrollo.

Con respecto a la sociedad civil, además, se deben tomar varias medidas, que incluyen:

• Reconocer a las ONG como voz legítima de las instituciones de la sociedad civil y no seguir exigiendo que permanezcan apartadas de los roles políticos.
• Identificar prioridades sobre la base de la evaluación de las necesidades y las capacidades.
• Apoyas las iniciativas diseñadas para fortalecer la sociedad civil palestina y conferirle poderes a las ONG.
• Coordinar las estrategias de los donantes para apoyar, fortalecer y desarrollar la sociedad civil.

Bomba de tiempo social y ecológica

Cultural Association for Educational and Social Self-Promotion (ACAPES); National Associations for the Disabled of Senegal (ANHMS); Democratic Union of Teachers (UDEN); Youth and Environment Action (AJE); Enda Graf Sahel; Pan-African Youth Organizations (OJP), a member of the African Youth Coalition against Hunger; Syndicate of Professors of Senegal (SYPROS); Collective of Pikine Ouest Associated Groups (COGAPO); Association for the Economic, Social and Environmental Development of the North  (ADESEN); AGIR/SEN; ECO/PN; MARSA-FOOT; AJAPPO; CLJ/PO; ASC; CITE; SOTIBA; AES; PENCOO; JECK PENC.

El país, severamente afectado por la crisis económica mundial, enfrenta importantes desafíos, entre ellos la falta de transparencia en las instituciones gubernamentales y la ausencia de planeamiento a largo plazo. Esto aumenta la vulnerabilidad ante los desastres naturales, para los que el Gobierno no ha aportado planes de protección o prevención eficaces. En otro orden, la deforestación, principalmente debida a consumo energético, es una bomba ecológica de efecto retardado. En el último año diferentes sectores de la sociedad se han manifestado contra la falta de adecuada gobernanza.  

El país implementó en 2003 el Documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DSRP, por sus iniciales en francés), que constituyó el marco de referencia en materia de política económica y social para el crecimiento y reducción de la pobreza y la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Los efectos de la crisis mundial llegaron a su máximo en 2010, cuando la economía y las finanzas públicas se vieron tremendamente afectadas por  la problemática situación energética, alimenticia y financiera, volviéndose especialmente visible su vulnerabilidad. Para 2011, el crecimiento del PBI se estimó en 4,2% ; sin embargo, para superar la emergencia económica y alcanzar los objetivos definidos en pos de la erradicación de la pobreza, es de vital importancia que el nivel de crecimiento alcance el 10%, y además de sostenido sea asimilable a los principios del desarrollo sustentable.
La situación económica, de hecho, ha empeorado. Por ejemplo, los cortes en la generación de energía eléctrica causados por la falta de los fondos necesarios para administrar y mantener las plantas generadoras, han tenido una repercusión negativa en el crecimiento económico, estimada para 2010 en aproximadamente un -1,4% . El desempleo, la inequidad social y la vulnerabilidad han aumentado.

Un confuso marco de gobernanza

Los ODM constituyen una nueva referencia a la hora de medir el nivel de desarrollo de un país, y a su vez para establecer parámetros de evaluación de los avances hacia el desarrollo sustentable.
Desde este punto de vista, en Senegal figuran resultados aún insuficientes en cuanto a las políticas y estrategias de desarrollo, particularmente en cuanto a los servicios sociales esenciales y la equidad de género. Ello constituye una invitación al Gobierno y a todos los actores a doblar esfuerzos y a hacer confluir sus acciones entorno a objetivos concretos, compartidos y focalizados.
Si se analiza el Índice de Desarrollo Humano (índice de desigualdades de género e índice de pobreza), al igual que el Índice de Capacidades Básicas (ICB) , se vuelve evidente que el país no ha sentado aún las bases para el desarrollo sustentable. En 2010, de hecho, ocupó el lugar nº144 dentro de 169 países. De hecho, el camino hacia la adopción de un modelo de desarrollo sustentable en Senegal está plagado de desafíos, que hasta ahora el Gobierno, con su voluntarismo ineficaz, no ha sabido enfrentar.

Aunque desde 2006 las fuentes oficiales de datos referentes al proceso de reducción de la pobreza monetaria señalan que se constatan progresos, la evolución de la pobreza no monetaria (el acceso a los servicios sociales básicos, a una alimentación adecuada, a fuentes de agua libres de contaminación, a una vivienda decente y a un marco de vida sano) es muy lenta como para cumplir los ODM de aquí a 2015.

A nivel institucional, la multitud de agencias que existen junto a una superposición de ministerios torna confuso el marco de gobernanza de los programas destinados a mejorar la situación. La estructura presente del sector público no es la más adecuada a la hora de garantizar la posibilidad de un desarrollo eficaz. La buena gobernanza, la transparencia y la lucha contra la corrupción, ausentes de la configuración presente del Estado, son indispensables a fin de garantizar resultados decisivos.

La pobreza sigue alcanzando a franjas importantes de la población de las ciudades y del medio rural, afectando especialmente a las mujeres cabeza de familia, cuyo número aumenta. Los gastos públicos volcados a las redes de seguridad y de seguro social se estiman, en el último período, en el entorno del 1.16% del PBI, por debajo incluso del promedio africano del 1.44% (Ministerio de la Familia, de las Agrupaciones femeninas y de Protección a la Infancia).
La falta de coordinación de las intervenciones, las acciones repetidas y la ineficacia de los programas, hacen que los resultados en este campo sean ampliamente insuficientes.
La no implementación de la Ley de Orientación Social (relativa a la promoción y a la protección de los derechos de las personas discapacitadas), que fue aprobada por la ciudadanía en 2010, no ha permitido hasta la fecha implementar el necesario marco institucional para la atención y la integración socioeconómica de las personas discapacitadas.

Descontento social

El clima social se vio permanentemente alterado por grandes movimientos reivindicatorios de mejores condiciones de vida, de trabajo y de seguridad, con manifestaciones callejeras contra el costo de vida elevado, la inacción del gobierno ante las inundaciones y los cortes de energía eléctrica. Este clima social tenso vivido durante todo el año acarreó movimientos de reivindicación caracterizados por una serie de huelgas en los sectores de la educación, de la salud y de la justicia.
Originados en las afueras de Dakar y secundados por guías religiosos (Imanes y sacerdotes), estos movimientos se extendieron a todo el país; sin embargo, el Gobierno desoyó su ferviente protesta, que se diseminó a través de un amplio movimiento social que denunciaba  el elevado costo de vida, los cortes de energía eléctrica y la degradación de los valores republicanos y de las condiciones de vida en general de las poblaciones.   
Los movimientos se diversificaron, desde las marchas de repudio encabezadas por Imanes y sacerdotes en 2009 hasta las protestas del movimiento de jóvenes « Y’ en a marre » (Estamos hartos), liderado por músicos de Hip Hop. Se sumaron también asociaciones de trabajadores y otros grupos sociales, que promovieron huelgas de hambre y protestas frente a las rejas del palacio presidencial.

El déficit medioambiental

Existen problemas estructurales de saneamiento y de ordenamiento territorial, que van de la mano del crecimiento insustentable de las ciudades y de las fallas en el sistema de saneamiento, a pesar de los fondos volcados al sector de la limpieza (lo que hace decir a algunos que “hay oro en los desechos”). Esto debe sumarse a diversos problemas de higiene pública, a la deforestación y a la erosión costera, que amenaza a comunidades enteras. De hecho, el recrudecimiento de las inundaciones, agravado por la falta de planeamiento y de medidas paliativas, se ha convertido en un azote para todas las regiones del país, con 521.968 personas afectadas y pérdidas de vidas humanas en localidades como Kolda (sur) y Kaffrine (Este). Sólo en la región de Saint Louis, al norte, hubo 5.661 familias asoladas, así como también 4.354 letrinas destruidas, lo cual impacta negativamente en la salud de las poblaciones. La producción agrícola se vio afectada debido a que miles de hectáreas de tierra de cultivo sembradas quedaron sumergidas.

Este panorama desolador está enmarcado en el déficit crónico de infraestructuras en el interior del país, razón por la cual la sociedad civil aboga por una inversión en las infraestructuras carreteras en el medio rural, así como por medidas para impulsar la economía rural en las regiones periféricas y acelerar el proceso de integración con los países limítrofes.

Un balance desalentador

Se han producido ciertos avances en relación a objetivos tales como la readaptación de los recursos naturales y de las tierras, el desarrollo, la recuperación de la biodiversidad, la gestión de los recursos transfronterizos y la lucha contra la contaminación. En este sentido, el país está en buen camino, al menos en cuanto a revertir la tendencia a la degradación ambiental, y dispone de una estrategia nacional de adaptación a los cambios climáticos.

Sin embargo, en área de la salud, se constatan graves problemas.

Las inversiones en este sector, por ejemplo, están distribuidas de un modo notoriamente desigual, que favorece al medio urbano en detrimento de las zonas rurales, específicamente en cuanto a la apertura y mantenimiento de centros de salud y maternidades. Los hospitales regionales y nacionales y las estructuras de salud especializadas reciben más medios financieros que los servicios de salud básicos, más cercanos a las poblaciones pobres. El discurso oficial del Gobierno, sin embargo, manifiesta que los centros de cuidados básicos son su prioridad, lo cual, lamentablemente, no se verifica en la realidad.

Además, la cobertura del sector en cuanto a personal médico es relativamente baja, sobre todo en el medio rural. Esto trae aparejada una accesibilidad desigual de las poblaciones a los cuidados, siendo los más pobres y los habitantes rurales los más desfavorecidos. De hecho, más de la mitad del personal calificado ejerce en dos regiones, Dakar y Thiès, que nuclean el 52% de los médicos, el 69% de los parteros y el 31% de los enfermeros.

Es importante destacar, a la vez, que la lucha contra el VIH SIDA ha tenido resultados satisfactorios. Ciertas regiones y grupos de poblaciones (trabajadoras sexuales, transportistas carreteros), sin embargo, siguen alcanzando tasas superiores al 7%.
A pesar de que los esfuerzos son notorios, la proporción de partos asistidos por un personal calificado es bajo (66,9% en 2009) y las tasas de mortalidad materna e infantil son aún elevadas en relación al objetivo de 2015.

La educación, por otro lado, es uno de los sectores que más se beneficia de una asignación de recursos más generosa. Sin embargo, el país todavía presenta un cierto atraso en los resultados con respecto al promedio africano, en gran medida debido a tasas brutas de escolarización aún bajas (3 a 4 % en el nivel preescolar en ciertas regiones con un promedio nacional del 9.8%), a un alto índice de deserción en la enseñanza media, al bajo número de docentes disponibles para disciplinas científicas, y a la marginalización de la enseñanza técnica y de la formación profesional.

Casi un Estado fallido

Centro de información y  de capacitación en los derechos humanos
Arafat Alroufaid

Poco puede avanzar el país hacia un desarrollo sustentable mientras se mantenga su situación actual, al borde de la guerra civil, la hambruna o la catástrofe social. Sus problemas endémicos, relacionados tanto con el empobrecimiento de la población, la corrupción política,  el endeble sistema agropecuario y de producción de alimentos, la dependencia de la producción de petróleo y los escasos recursos hídricos, se han visto agudizados por el estado general de inseguridad provocado por las protestas populares y la amenaza de anomia. De no encontrarse un equilibrio entre los reclamos ciudadanos y las necesidades estructurales, el país va rumbo a convertirse en un Estado fallido

Los agitados meses de manifestaciones del Levantamiento Popular de la Juventud contra el presidente Ali Abdullah Saleh, iniciadas en enero de 2011, sacudieron los cimientos de un posible desarrollo sustentable en Yemen. En agosto de 2011 el consejo de seguridad de la ONU disparó la alarma al expresar su “profunda preocupación” por la degradación de las condiciones humanitarias y económicas, y el hecho de que es posible una catástrofe económica y humanitaria. En octubre UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtieron que Yemen puede enfrentar una catástrofe similar a la de Somalia, es decir, convertirse en un estado irremediablemente fragmentado y fallido[1].

La economía está paralizada, la pobreza crece y el desempleo aumentó al doble, los servicios se degradan mientras que los precios de los productos básicos se triplicaron desde el principio de año, y alrededor del 60% de los habitantes del país, que se acercan a los 24 millones, viven bajo la línea de pobreza, con un ingreso diario por persona de menos de un dólar. La tasa de inflación supera el 35%. Si la situación sigue así se asistirá a un desplome de la economía y a una inevitable hambruna, sobre todo en los medios rurales.

Las protestas populares quieren terminar con más de tres décadas en el poder del presidente Saleh, que a pesar de la continua explotación de los yacimientos petrolíferos con que cuenta el país, sumergió a gran parte de la población en la miseria, hasta convertirla en la nación más pobre del Mundo Árabe. La mala administración y la corrupción generalizada son las causas evidentes de la decadencia. El país ocupa el lugar 146 (sobre un total de 178) en el Índice de Percepción de Corrupción 2010 de Transparencia Internacional[2].

Más gente, más pobreza

El problema demográfico en Yemen es uno de los obstáculos más notorios para la adopción de un modelo de desarrollo sustentable. Si la tasa de crecimiento demográfico se mantiene en el nivel de 3.2% anual las dificultades y los problemas económicos y sociales se agudizarán, ya que aumenta en la discordancia entre este y la tasa de desarrollo. Se prevé que la población de Yemen alcanzará los 43 millones en el 2025. La pobreza en Yemen crece en paralelo con el agravamiento de la crisis económica. Ha aumentado la mendicidad callejera, y cientos de miles de familias se enfrentan a la incapacidad de asegurarse las necesidades básicas de alimentación. 

El Proyecto de la Estrategia Nacional de la Seguridad Alimentícia,  elaborado por el gobierno en cooperación con el Instituto Internacional de Investigación de Política de Alimentación (IFPRI)[3], ha demostrado que el 32% de los habitantes de Yemen carecen de protección alimentaría. Eso significa que prácticamente un tercio de los yemenitas, 7.5 millones, sufre hambre y no consigue alimentos suficientes. El 57% de los niños sufre de malnutrición.

La tasa de pobreza según los censos oficiales ha subido a  42.8% en el 2010, desde un 33.8% del 2009. La pobreza crece particularmente en zonas rurales, donde según datos del gobierno ha alcanzado al 47.6% de la población en 2010, en comparación con el 38.5% del 2009, En el medio urbano la tasa alcanzó 29.9% en comparación con 19.7% del 2009.

Yemen está clasificado entre los países  de menor crecimiento. Está en el lugar 133 entre los 169 países cubiertos por el Informe de Desarrollo Humano 2010 del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas[4]. El 15.7% de los yemenitas vive con menos de un dólar por día, y el 45.2% con menos de dos dólares por día.

El país produce menos del 20% de los alimentos que consume la población, e importa alrededor del 75%, entre ellos 2.1 millones de toneladas de granos por año. La mayoría de las tierras y el agua del país  se usa para el cultivo del khat (catha edulis), una droga estimulante muy popular en el África  Oriental y el sur de la península arábiga.

La producción petrolera, que alcanzó alrededor de 300.000 barriles por día en el 2010, aseguraba el 60% de los ingresos del Estado. Esa producción ha bajado a causa de la revolución del Levantamiento Popular de la Juventud. La tasa de crecimiento económico, que había alcanzado 4.5% en al año 2010, bajó a 3% en la primera parte del 2011 y luego a 1.5% a partir de junio.  La actividad en los sectores de construcción y comerció cayó de 80 a 90%, mientras que el turismo se paralizó casi totalmente. El beneficio previsto en el sector privado, evaluado en 17 mil millones de dólares desde el principio de año, no se ha concretado.

La actividad turística interna y externa ha bajado un 95%. El transporte, muchos de los proyectos de desarrollo e inversión, el sector empresarial y las ventas en distintos  sectores económicos sufren una parálisis importante, mientras que los sectores de la construcción, el sector inmobiliario y el sector de importaciones se han detenido completamente.

Se agota el agua

El mejoramiento del sector agrícola enfrenta numerosos obstáculos que engloban la escasez de tierras fértiles, que representan 3% de la superficie total, el agotamiento de las fuentes de agua, el poco crédito y la poca inversión en infraestructura de producción y de mercadeo. La agricultura apenas alcanza 1,25% del total de inversión. El subsidio financiero estatal a la agricultura está centrado en raciones de ganado, fertilizantes y gas oil para hacer funcionar los tractores y las bombas para riego. El Informe de Desempeño del Gobierno revela que el modesto crecimiento del sector agrícola de 3% es a consecuencia del agotamiento de los recursos hídricos, de la demora en la ejecución de los objetivos del plan para achicar la superficie de sembrado de khat y dejarla en 10%  del total (actualmente ocupa el 25% de la superficie sembrada y 30% de uso de agua), además de la superficie limitada de tierras agrícolas.

Un nuevo documento oficial revela que el sector del agua necesita alrededor de 4.430 millones de dólares en los próximos 10 años, según las necesidades evaluadas por la Estrategia Nacional de Agua.  Para satisfacer esas necesidades el gobierno busca captar recursos de donantes como los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Eso exige entre otras cosas mejorar las capacidades administrativas de las ayudas, el cuidado de las buenas prácticas confiables y la gestión de agua.

Según el Cuarto Plan de Desarrollo Económico y Social para la Reducción de la Pobreza 2011-215, citado en el Proyecto de documento del programa para el Yemen (2012-2015) de la ONU (setiembre 2011)[5], el sector hídrico enfrenta dificultades severas que se originan en la falta de financiamiento del sector, que necesita enormes recursos para concretar sus objetivos. Los principales problemas son la escasez de agua dulce y el peligro del crecimiento de la tasa de polución y la ocurrencia de inundaciones, el aumento del periodo de sequía acompañado por el aumento de la extensión geográfica afectada, además de la competitividad en los distintos usos del agua y el acceso limitado al agua potable y los servicios de saneamiento, la insuficiencia de la organización administrativa y institucional, que sufre de la fragmentación en una gran medida con la superposición de las responsabilidades. También contribuyen a agravar esta situación la insuficiencia en la coordinación y la cooperación entre las distintas partes interesadas en el sector de la administración del agua[6].

Se indica en el mismo informe que la tasa de cobertura del agua potable y saneamiento alcanzó al final del 2010 alrededor del 60% y 30% respectivamente de los habitantes de la ciudad. La cantidad de agua producida en las ciudades principales y secundarías en el año 2010 se estima en 148 millones metros cúbicos, con un crecimiento evaluado en 21 millones de metros cúbicos con respecto al año 2005. La cantidad de agua consumida fue evaluada en 104 millones de metros cúbicos con un aumento evaluado en 20 millones  de metros cúbicos. La diferencia entre la producción y el consumo representa una perdida que alcanza el 30% de lo producido[7].

En las zonas rurales, la tasa de cobertura por los servicios de agua y saneamiento alcanzó 50% y 25% respectivamente, de la totalidad de los habitantes al final del año 2010.

Se estima que la totalidad de los recursos hídricos renovados anualmente se eleva a 2.5 mil millones de metros cúbicos, de los cuales 1.500 millones de aguas profundas y 1.000  millones de metros cúbicos de aguas superficiales. Se evalúa que la cantidad de agua usada es de alrededor de 3.400 millones de metros cúbicos, lo que significa que hay una brecha de alrededor de 900 millones de metros cúbicos entre lo que se ofrece y los que se usa efectivamente. Se considera que el exceso de bombeo de las aguas profundas es uno de los factores de agotamiento, aunque con niveles distintos entres las cuencas acuíferas y que algunas están sometidas a un exceso de bombeo evaluado en alrededor de 250  a 400%. Hay unos 45 mil pozos particulares en el país y alrededor de 200 plataformas de perforación.

Con el crecimiento económico no basta

El crecimiento económico registrado en los últimos años no ha contribuido a ampliar las capacidades y libertades que permitan a los panameños llevar una vida digna, ni tampoco  a la adopción de políticas eficaces para reducir la pobreza. No se ha traducido, además, en políticas más efectivas para la conservación y protección ambiental. Las desacertadas decisiones políticas adoptadas a partir de 2009 han afectado la gobernabilidad y la tranquilidad ciudadana. Para alcanzar un modelo de desarrollo sustentable, el Gobierno debe diseñar e implementar mejores políticas y mejorar la inversión social para lidiar con la alarmante inequidad que afecta a los panameños.

La economía del país ha crecido en los últimos años, y en 2010 alcanzó un pico de 7% de crecimiento anual[1], impulsado por las inversiones en obras públicas y la ampliación del Canal y otros servicios. Esto fue señalado por ejemplo por informes del Banco Mundial, el FMI y la ONU, que han coincidido en establecer que Panamá tiene el ingreso per cápita más alto de América Central. Con un PIB de USD 24.711.000 millones y uno per cápita de 6.570 en el 2009,  el país es además, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el mayor exportador e importador a nivel regional.[2]

Esta tendencia  de crecimiento, sin embargo, contrasta con un panorama social de pobreza, distribución desigual del ingreso y de desigualdad de género. Aún existen enormes retos para erradicar las desigualdades sociales, y las brechas en la distribución del ingreso son extremadamente grandes,  especialmente cuando se presentan en forma diferenciadas por el tipo de región, condición étnica  o de género. El índice GINI para el país, por ejemplo, es de aproximadamente 55, según datos de 2005[3], lo que señala una desigualdad importante.

El crecimiento de la economía de Panamá está basado en modelos de desarrollo no sustentable que fijan su atención en indicadores económicos y desdeñan los problemas sociales y medioambientales más acuciantes. Esto plantea un complejo desafío para la sociedad civil panameña,  sobre todo por el estilo de gobierno que ha impuesto el Presidente  Ricardo Martinelli, con un marcado sesgo autocrático y de extrema derecha.  

Todo parece indicar, además, que cada cinco años se tiene que reinventar el país; es decir, se hace un “borrón y cuenta nueva” en las políticas públicas. Por ejemplo, entre 2004 y 2005 la entonces Administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en coordinación un equipo de especialistas interinstitucional, diseñó siete políticas públicas ambientales en temas prioritarios,  como recursos hídricos, cambio climático, producción más limpia, supervisión, control y fiscalización, desechos sólidos, información ambiental y descentralización de la gestión ambiental. Estas políticas fueron promulgadas en 2007, pero nunca llegaron a ser aplicadas debido al cambio de cambio de gobierno en julio de 2009.

Actualmente el país carece de una política ambiental. Las nuevas autoridades de la ANAM han ignorado por completo los avances realizados en esta materia, y el Presidente Ricardo Martinelli, contrario a lo esperado, año y medio después de asumir el poder y con el apoyo de su Gabinete y mayoría en la Asamblea Nacional, decidió imponer varias reformas a la Ley General de Ambiente, eliminando el requisito a las empresa de hacer estudios de impacto ambiental[4]. Las reformas, además, permitían a los allegados al gobierno realizar  cualquier tipo de inversiones en obras y  explotaciones  mineras sin tener realizar las consultas públicas. La Administración de la ANAN guardó silencio y  mantuvo una posición pasiva y desapercibida en todo el proceso. Esto fue severamente criticado por los grupos ambientalistas, que la calificaron de “débil” y carente de una “voz alta y clara” para orientar la política ambiental del país[5].    

Tal situación, aunada a la protesta de los grupos sindicalistas por las reformas al Código Laboral que atentaban contra el derecho a huelga – y de otras organizaciones sociales  por reformas similares que constituían violación a los derechos humanos – creó en el país un clima de agitación. El rechazo generalizado de la población  y  la reacción en cadena de la sociedad civil, pero sobretodo de las organizaciones ambientalistas, mantuvo al país convulsionado por tres meses debido a las constantes protestas públicas desde los más diversos sectores.  Finalmente, las reformas fueron derogadas en octubre del 2010, con lo cual “se restituyó el derecho a huelga de los trabajadores, la cuota sindical, se impidió la impunidad que se pretendía otorgar a los policías, y los ambientalistas lograron hacer valer los estudios de impacto ambiental”[6].

Deterioro de los recursos naturales

Otro desafío importante para el desarrollo sustentable en Panamá es el creciente deterioro de los corredores biológicos del país y de gran parte de los recursos naturales, debido a la explotación indiscriminada de la cobertura boscosa, la ganadería extensiva  y a la contaminación ambiental por efecto de la extracción minera “a cielo abierto” por compañías transnacionales. Todo esto, aunado a los efectos del cambio climático, podría tener repercusiones lamentables en deterioro de la salud y el bienestar de los individuos y el ambiente.

Panamá registra severos problemas de erosión y deterioro de suelos, con proceso de degradación paulatino y creciente en casi todas las cuencas, suelos y aguas, que lleva a la desertificación y a la pérdida de la capacidad productiva. De hecho, gran parte de las tierras cubiertas por bosques han sido ya deforestadas, debido fundamentalmente a actividades agropecuarias. El grado de urbanización ha mostrado también un incremento considerable y desordenado, debido a los flujos migratorios desde las áreas rurales hacia los centros urbanos[7]. 

Según cifras del Sistema de Información Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el proceso de deforestación es alarmante, ya que la cobertura boscosa alcanzaba un 70% en 1970 y se ha visto reducida a aproximadamente el 35% en 2011. El último Informe exhaustivo sobre este  particular se elaboró en el año 2000, y señala que en 1992 existía una cobertura boscosa de 49%, mientras que para el año 2000 esa superficie se había reducido a 45%.[8]

Contaminación del agua

Las organizaciones ambientalistas también han denunciado la contaminación de importantes fuentes de agua dulce localizadas muy cerca de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, a raíz del establecimiento de dos compañías mineras de oro y cobre en el área de Petaquilla y Molejones, a 100 km de la capital.  Por iniciativa de las propias organizaciones ambientalistas se ha monitoreado la situación y  se realizaron análisis de las fuentes de agua y sedimentos cercanas al área de las minas. Los estudios mostraron altos niveles de sólidos suspendidos y una elevada turbiedad en el agua que poco a poco van alterando el ambiente de manera severa[9]. En reiteradas ocasiones se ha alertado a las autoridades ante la posibilidad de que aumente en los ríos el contenido de sustancias potencialmente peligrosas para el ambiente y la salud humana. No obstante, más que prestar atención a esta situación, la política gubernamental ha sido la de incentivar actividades contaminantes y no sustentables  – como por ejemplo la minería – como estrategia de desarrollo económico. De hecho, el Gobierno ha estado promoviendo una serie de reformas al Código Minero que facilitan la entrada al país de diversas empresas mineras transnacionales[10].   

Acceso al agua potable

Un informe sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), preparado por las Naciones Unidas en Panamá, indica que existen en el país grandes sectores de la población que carecen de acceso a fuentes de agua potable. Las mayores limitaciones se concentran en las áreas rurales, indígenas y algunas áreas urbano-marginadas localizadas en las periferias de la ciudad, con un componente mayoritario de población afrodescendiente y mestiza. Una situación similar se presenta en el acceso a servicios de saneamiento mejorados, que se distribuye de manera desigual en detrimento del área rural e indígena[11].

En el informe mencionado se señala además que la gente que vive asentamientos precarios está muy lejos de poder satisfacer sus necesidades básicas. En la mayoría de los casos se trata de familias acosadas por la pobreza y el desempleo, que no encuentran otras alternativas para la solución de su problema habitacional. Asimismo, se reconoce que existe una estrecha relación entre el analfabetismo y la pobreza que luego se traduce en otras desigualdades, tales como limitaciones en el acceso a la salud, la vivienda, la equidad de género, la participación política, la protección del medio ambiente [12].

Según la Encuesta de Niveles de Vida (ENV) realizada en Panamá en el 2003, aproximadamente 4 de cada 10 personas estaba viviendo en condición de pobreza, es decir con menos de 100 dólares mensuales, lo que representaba un 36.8%. Además, el 16.6% de la población vivía en situación de pobreza extrema. En el 2008 un estudio similar registró una leve mejoría: la pobreza se redujo a 32.7% y la pobreza extrema a 14.4%[13].  

En cuanto a las áreas urbanas, la pobreza total y la extrema alcanzaron a un 20.0% y 4.4% de la población, respectivamente. En cuanto al área rural no indígena, poco más de la mitad de su población sigue viviendo en condición de pobreza (54.0%), y una de cada cinco personas de este grupo (22.0%) se encuentra en situación de pobreza extrema. Para el área rural indígena el panorama resultó aun más crítico, ya que casi la totalidad de la población en esas áreas vive en estado de pobreza (98.4%)  y pobreza extrema (90%)[14]. 

Inequidad de género y pobreza

La desigualdad social y de género representa uno de los desafíos más importantes que debe enfrentar el país para superar la pobreza y la exclusión social. Actualmente, la pobreza genera mayor vulnerabilidad y exclusión entre las mujeres más pobres y sus familias, así como menores oportunidades, en comparación con los hombres pobres, para superar la situación. Los niveles de pobreza se vuelven más preocupantes si se consideran las características y el impacto diferenciado que ésta tiene en hombres y mujeres según su franja etaria o su condición étnica. 

Las inequidades de género se expresan sobre todo en el mercado laboral.  Según cifras oficiales del 2009, el ingreso de las mujeres con respecto a lo hombres era  equivalente al 57%. Aunque representan prácticamente la mitad de la población, todavía un gran número (51,7%) de mujeres en edad productiva se mantiene fuera de la actividad económica formal, lo que sin duda constituye un factor importante en la situación de pobreza.  Siguen siendo el grupo más vulnerable en el mercado laboral y la mayor parte de su actividad no recibe remuneración alguna. Según la encuesta de hogares de 2009, la composición de la población económicamente activa masculina alcanzaba un 80.9%  mientras que la femenina representaba sólo un 48,3%. Para el 2009, la tasa de desempleo entre mujeres adultas alcanzó un 9,27 comparada con 5,25 entre los hombres[15].

En cuanto a la educación, los registros revelan un mejor resultado para las mujeres, con un promedio de 2 puntos porcentuales  superior a los hombres en cuanto al acceso a la enseñanza.  Las nuevas generaciones de niñas están teniendo un mayor acceso a la educación que el que tuvieron sus madres y abuelas; sin embargo, existen todavía áreas indígenas donde el indicador de escolaridad de las mujeres  es  inferior  al de los hombres.[16]  

Conclusión

El enfoque de desarrollo económico de Panamá ignora la sustentabilidad y ha conducido a la degradación de sus recursos ambientales, a la vez que tuvo un impacto mínimo sobre la mejora de la vida de la mayoría de sus habitantes. Deforestación, desertificación, contaminación del agua, acceso limitado al agua potable e instalaciones sanitarias inadecuadas son problemas que atentan contra el medio ambiente y la salud de los panameños. Los migrantes desde comunidades rurales a las ciudades y los pueblos, los habitantes del campo y la población indígena son grupos especialmente afectados, que sufren de severa y en ocasiones extrema pobreza. Las mujeres, particularmente, han sido golpeadas con dureza por modelos económicos abocados antes que nada a beneficiar a la elite acomodada y sus socios e inversores internacionales.

Continúa la espiral descendente

Društvo Humanitas
Rene Suša

El fracaso del actual modelo socioeconómico del país es evidente. Los problemas sociales más acuciantes son el desempleo creciente, la reforma del sistema de pensiones y la nueva legislación sobre el trabajo flexible de medio tiempo, que sustituye al sistema anterior de trabajo. La bancarrota de muchas compañías y pequeñas empresas, la corrupción generalizada, la violación de los derechos de los trabajadores y la explotación de los trabajadores inmigrantes, junto con una nueva y controvertida central térmica a carbón han llegado a los titulares. El país también ha enfrentado importantes sanciones de la UE por su deficientes políticas medioambientales.

La falta de políticas económicas, medioambientales y sociales coherentes conduce al país hacia una espiral descendente en la que la explotación del medio ambiente y de las personas continúa afectando gravemente el bienestar de la población.   Es así que el país construirá una nueva central térmica a carbón a pesar de que ya está pagando sanciones de EUR 80 millones (unos USD 113 millones) por el incumplimiento de los estándares de Kioto. La crisis económica puso de manifiesto muchas contradicciones e incertezas subyacentes en la sociedad eslovena, cuyo debate público gira en torno a los problemas de empleo, solidaridad intergeneracional, distribución de la riqueza y medio ambiente.

El sistema de jubilaciones está basado en el concepto de solidaridad intergeneracional, ya que la población activa actual aporta los impuestos con los que se pagan las pensiones de las personas jubiladas. Sin embargo, con un desempleo creciente y una cantidad de personas jubiladas que aumenta debido al envejecimiento de la población, este modelo se desmorona. Nuevas leyes, como la que se expone a continuación sobre trabajo flexible de medio tiempo, seguirá disminuyendo las contribuciones para el fondo de pensiones porque los empleadores estarán motivados a emplear trabajadores "flexibles" por los que tienen que pagar contribuciones menores.

Jóvenes y desempleados

Hubo un aumento del 15,6% en la cantidad de personas desempleadas registradas entre enero de 2010 y enero de 2011[1], que representan el 11,8% de la población activa[2]. El número real se estima entre los 160.000 y los 200.000. Cerca del 25% de los jóvenes que no están en el sistema educativo formal, están desempleados[3].

Al mismo tiempo, casi el 75% de las personas entre los 20 y los 24 años de edad estaban inscritas en los programas de estudios secundarios o terciarios en 2010[4]. Se ha vuelto común que los jóvenes se inscriban en programas de estudios de posgraduación para poder mantener su seguro de salud y cobrar los beneficios (subsidios de alimentación y vivienda) y aún así conseguir trabajo a través de la red de agencias de empleo estudiantil. La dificultad que enfrentan los jóvenes graduados para conseguir empleo queda evidenciada en el hecho de que el número de jóvenes desempleados con educación terciaria aumentó en 240% entre el 2000 y el 2010. También existe una considerable brecha de género, ya que el porcentaje de mujeres jóvenes desempleadas duplica al de hombres[5].

Trabajo de medio tiempo: un problema de tiempo completo

La ley propuesta de trabajo flexible de medio tiempo está relacionada con el tema del desempleo. Este tipo de trabajo permite que los empleadores reduzcan su costos porque no tienen que pagar contribuciones jubilatorias, licencias por enfermedad, etc. El porcentaje total de impuestos y otras contribuciones de este trabajo es del 17% del costo del trabajo[6], que es entre dos y tres veces menos que en el empleo normal. Debido a que el trabajo se realiza estrictamente por jornal, existe una flexibilidad total para contratar y despedir. Muchos de los estudiantes que obtienen trabajo a través de las agencias de empleo estudiantil pierden su trabajo apenas terminan sus estudios porque los estudiantes registrados son mucho más baratos y flexibles, por definición. El mecanismo de las agencias ejerce gran presión sobre el mercado de trabajo porque presiona los salarios a la baja y aumenta la inseguridad del empleo.

La nueva ley de trabajo flexible de medio tiempo (aprobada en octubre de 2010 y que entrará en vigencia enero de 2012) aborda el problema del trabajo estudiantil por medio de la limitación de la cantidad de horas de trabajo de medio tiempo, anteriormente ilimitadas, a 60 horas por mes y fija también un límite de EUR 6.000 (USD 8.492) al ingreso anual anteriormente ilimitado. También aumenta enormemente el grupo de gente habilitada a trabajar de esta forma al incluir a las personas jubiladas, desempleadas, aquellas que piden asilo y otras que no están activas[7]. Además, el empleador no está obligado a pagar las contribuciones completas de la seguridad social (1 hora de trabajo cuenta solo como 40 minutos de trabajo "común"). Las organizaciones estudiantiles y los sindicatos han lanzado una campaña masiva en contra de la legislación y se llevará a cabo un referéndum en la primavera de 2011.

Reforma de las jubilaciones y condiciones de trabajo

Otro referéndum previsto contempla la reforma propuesta para el sistema jubilatorio, que se basa principalmente en la prolongación del período de trabajo a un mínimo de 38 años (40 años para los hombres) y una edad de jubilación de 65 años[8]. De acuerdo a un estudio reciente de Eurofond, solo 13,5% de los trabajadores eslovenos respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si seguirían siendo capaces de hacer su trabajo a los 60, comparado con un promedio de 44,1% en los demás países de la UE. Además, 59,2% de las personas encuestadas dijeron que habían trabajado aún sintiéndose enfermos en los 12 meses precedentes, comparados con un promedio de 39,2% en la UE; casi 75% dijeron que tenían que trabajar a un ritmo muy presionado y solo unos pocos – 13,5% – expresó gran satisfacción con su trabajo, comparado con el promedio de la UE de 25%.

El problema de la explotación de los trabajadores inmigrantes en los trabajos físicos más pesados (especialmente en la construcción) salió a luz el año pasado cuando quebraron muchas empresas. Sin embargo, en muchos casos (p.ej: SCT, la mayor empresa constructora eslovena) la empresa principal sobrevivió a expensas de miles de trabajadores, que perdieron sus trabajos y nunca recibieron el pago completo de sus salarios[9]. Invisible Workers of the World (IWW, Trabajadores invisibles del mundo)[10] estima que unos 14.000 trabajadores inmigrantes han regresado a sus países de origen en los últimos tres años sin haber cobrado nunca sus salarios. Se ha informado de la existencia de horas extras forzadas no pagadas, residencia forzada en los albergues de las empresas, amenazas de deportación y otras formas de abuso.

Carbón: un recurso del siglo XIX para la sociedad del siglo XXI

Es difícil de creer que la mayor inversión de la política energética eslovena será, aparentemente, una central térmica de carbón de EUR 1,2 mil millones (USD 1,7 mil millones) en Otanj. Se estima que la central térmica propuesta, que depende del lignito para producir electricidad, generará aproximadamente 3.500 GWH por año, casi lo mismo que la antigua plata a la que sustituye. El proyecto propuesto ha sido objeto de fuertes críticas por supuestas fallas medioambientales, económicas y legislativas. Incluso sigue sin estar claro si el acuerdo firmado para su construcción es válido porque no hubo una licitación pública[11].

El precio del proyecto aumentó a más del doble desde el análisis preliminar. Los costos de la construcción, por MW instalado, también se estima que serán el doble que en proyectos comparables en Bosnia-Herzegovina y en Alemania[12]. Además hay obvias preocupaciones medioambientales, ya que se estima que la central producirá más de 100 millones de toneladas de CO2 durante su vida útil. Eslovenia ya supera en dos a cuatro veces los niveles aceptables de emisión de gases de efecto invernadero y de agotamiento de recursos naturales[13]. La meta de la UE de 2 toneladas de CO2 por persona hasta 2050 es la cantidad que la central de Otanj sola va a producir. Esto imposibilitará que Eslovenia pueda alcanzar la meta común.

Algunas leyes pero sin orden

Otro problema urgente es la quema ilegal de residuos en la fábrica de cemento de Lafarge en Trbovlje, que tiene efectos graves sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente local. La batalla legal al respecto parece haber sido ganada, pero la empresa continúa ignorando las órdenes judiciales[14]. Esto apenas sorprende en un país en el cual aún las empresas de propiedad del Estado consideran que están por encima de la ley, como queda en evidencia con los constantes abusos del sector de la construcción donde muchas empresas son (al menos parcialmente) de propiedad del Estado.

Un informe reciente de Umanotera, la Fundación Eslovena para el Desarrollo Sustentable, cita la "falta de implementación de los programas ya aceptados como el mayor problema de la política ambiental eslovena"[15].  El tráfico, la gestión de residuos y la política energética se citan como especialmente problemáticos. El país produce 435 kg de residuos por persona y solo se recicla cerca del 25%. El esquema de monitoreo nacional para la protección medioambiental es aparentemente inoperante ya que solo se marcaron 14 de los 188 indicadores[16].

Entre las muchas empresas que se declararon en quiebra y que explotaban a los trabajadores, las peores son empresas anteriormente exitosas que se involucraron en las cuestionables compras de empresas por parte de los ejecutivos, que incluyeron préstamos masivos de los bancos eslovenos parcialmente estatales, en los que la seguridad de los préstamos estaba en las propias acciones compradas por los ejecutivos. Esto implicaba el peor tipo de amiguismo, ya que la mayoría de los banqueros y empresarios estaban involucrados en las adquisiciones.

Conclusión

Eslovenia enfrenta considerables sanciones por parte de la UE por sus políticas medioambientales, pero la élite gobernante no parece querer dar respuesta a los desafíos de la protección del medio ambiente. La enorme central térmica de carbón y la inversión que implica dejan poco margen para futuras fuentes de energía eficiente y renovable. A pesar de que la eficiencia energética podría disminuir las emisiones, incluso en el corto plazo, no recibe el apoyo adecuado del Gobierno[17].

Los programas de eficiencia energética también podrían crear y mantener empleos y proporcionar beneficios económicos, sociales y medioambientales a largo plazo. Como contraste, es probable que la nueva ley de trabajo flexible baje los estándares, aumente la cantidad de personas pobres aunque con empleo, intensifique la presión sobre el trabajo "común", aumente la inseguridad laboral y ocasione la pérdida de beneficios a largo plazo de los empleados[18]. El hecho de que haya tanta gente joven desempleada junto a la  edad avanzada a la que mucha gente comienza a trabajar socavan las bases financieras del modelo de solidaridad intergeneracional sobre el que está construido el sistema estatal de jubilaciones. La reforma jubilatoria propuesta que solamente extiende la edad de retiro y la cantidad de años de trabajo necesarios para poder jubilarse, no se ocupa del problema principal.

Crecimiento: una cuestión de medios, no de fines

Canadian Feminist Alliance for International Action
Kate McInturff
North-South Institute
John Foster
Canadian Centre for Policy Alternatives
Armine Yalnizyan

El Gobierno ha puesto el crecimiento económico a corto plazo como una prioridad fundamental de sus políticas. Sin embargo, el desarrollo sustentable exige que el crecimiento a corto plazo no se dé a costa de una devastación ambiental. El medio ambiente está siendo degradado debido a la falta de políticas, y los derechos de las mujeres y las minorías son socavados; las mujeres indígenas, por ejemplo, padecen violencia en forma desproporcionada. Las organizaciones de la sociedad civil han presentado una amplia gama de alternativas a las políticas públicas, proponiendo medios viables y sustentables para llevar el bienestar a todos los habitantes del país.

Mientras Canadá sale de la recesión con pasos inseguros, el Gobierno del presidente Stephen Harper sigue aplicando políticas económicas neoliberales que incluyen la rebaja de las tasas impositivas, la disminución del déficit y las inversiones en proyectos de infraestructura física. Aun dentro de un marco neoliberal, los resultados no han sido parejos. La creación de empleos no ha seguido el ritmo del crecimiento de la población activa, ni ha habido un crecimiento significativo del empleo permanente[1] . Las rebajas y créditos del impuesto a las rentas personales han favorecido de manera desproporcionada a las personas de mayores ingresos, brindando apoyo financiero a quienes menos lo necesitan. La disminución de la tasa del impuesto a la renta de las empresas no ha aumentado las inversiones en equipo e infraestructura[2] . Al tiempo que el gasto en programas sociales se atrasa con relación a la inflación, se prevé un aumento importante del gasto en las fuerzas armadas y el sistema carcelario, a pesar de que el índice de  criminalidad está estático y que se ha programado la reducción de la participación militar de Canadá en Afganistán.

El gobierno de Harper ha puesto el crecimiento económico a corto plazo como una prioridad fundamental de sus políticas públicas. Se considera que cualquier crecimiento es bueno; sin embargo, el crecimiento sustentable exige inversiones públicas en el desarrollo del capital humano, en investigación y desarrollo de políticas; exige medidas públicas dinámicas para asegurar que el crecimiento a corto plazo no sea a costa de una devastación medioambiental a largo plazo. En Canadá las organizaciones de la sociedad civil se han unido para presentar una amplia gama de alternativas a las políticas públicas; algunos ejemplos son: el proyecto anual Presupuesto Federal Alternativo del Canadian Centre for Policy Alternatives, la formación de una amplia coalición de organizaciones llamada Voices, el llamamiento del Canadian Council for International Development para un “nuevo trato” entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil[3] ; y la colaboración entre estudiosos y organizaciones de mujeres para hacer un análisis de género de las prioridades del gasto público[4] . Aunque está demostrado que las organizaciones con un fuerte programa de cabildeo en materia de políticas públicas corren el riesgo de perder la financiación otorgada por el gobierno federal, la sociedad civil canadiense sigue produciendo políticas públicas críticas e innovadoras.

Desigualdad

A consecuencia de las rebajas impositivas, el Gobierno perderá CAD 96,6 mil millones (USD 97,9 mil millones) de ingresos entre 2008 y 2011[5] . Al aproximarse el fin del programa de gastos para estimular la economía, el Canadian Centre for Policy Alternatives prevé para 2011-2012 una disminución de USD 3,8 mil millones del gasto en programas federales, y que “por su tamaño (en dólares de los EE. UU.) este recorte ocupará el segundo lugar desde la década de 1950” [6] . Esto probablemente será una continuación de los recortes que comenzaron a mediados de la década de 1990 de los gastos federales en programas sociales. La política económica del Gobierno ha tenido fuertes efectos sobre el bienestar de las personas. Las tasas de asistencia social han permanecido prácticamente sin cambios en casi todo el país[7] . La mayoría de los ingresos por asistencia social seguirán estando muy por debajo de la línea de los bajos ingresos. Si bien el índice general de pobreza es del 9%, esta todavía recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, los pueblos indígenas y las personas con discapacidades. Por ejemplo, en Canadá una de cada tres personas indígenas o que no integran la población blanca viven en la pobreza, del mismo modo que una de cada cuatro personas con discapacidades, inmigrantes y mujeres que encabezan familias monoparentales. En todas las categorías, los índices de pobreza son más elevados para las mujeres que para los hombres.

El acceso a los servicios es sumamente desigual: es frecuente que los más afectados por la crisis económica sean los menos beneficiados por las políticas económicas nacionales. Por ejemplo, en el sector de la educación se habla del acceso a la educación primaria como uno de los logros del país, pero muchos niños de las reservas de las Naciones Originarias no tienen acceso a escuelas seguras[8] . Los niños de las Naciones Originarias están sobrerrepresentados en el sistema de bienestar infantil y es mucho más probable que sientan los efectos de la pobreza y la falta de vivienda adecuada[9] .

Erosión de los derechos de las mujeres

Los economistas han demostrado que en momentos de crisis económica suelen ser las mujeres quienes absorben el impacto [10] . En Canadá las mujeres han sido de las primeras en volver a integrar la fuerza laboral después de la recesión, pero este retorno temprano no se traduce en mayor bienestar o más estabilidad económica, ya que es probable que esas mujeres que vuelven a trabajar sean contratadas a tiempo parcial o para trabajo no remunerado[11] . Además, siguen padeciendo una de las mayores brechas salariales por razón del sexo entre los países de la OCDE[12] .

Los salarios más bajos y el trabajo temporal tienen como consecuencia que menos mujeres que hombres reúnan las condiciones para tener seguro de empleo y rebajas impositivas. Las madres que trabajan enfrentan más desafíos[13] . Sin embargo, el Gobierno canceló un plan nacional de cuidado infantil que hubiera facilitado el acceso de todos los padres que trabajan al cuidado infantil seguro y asequible. La erosión de derechos ha sido particularmente grave en el caso de las mujeres que no tienen trabajo remunerado, especialmente las que más probablemente dependan del servicio de bienestar social, como las madres solteras y las mujeres indígenas. Los ingresos por la asistencia social son tan bajos que hace poco el presidente del Consejo Nacional de Bienestar Social los llamó “vergonzosos y moralmente insostenibles en un país rico”[14] .

La violencia contra las mujeres varía considerablemente entre los diferentes grupos y regiones; las mujeres indígenas sufren actos de violencia en forma desproporcionada. En los últimos 40 años más de 500 mujeres indígenas de Canadá han desaparecido o han sido asesinadas[15] . Las mujeres que viven en comunidades apartadas del norte también sufren mayores índices de violencia que las que viven en las regiones urbanas o el sur de Canadá, y tienen menos acceso a los servicios de apoyo[16] . Con niveles tan altos de violencia de género, no puede sorprender que las mujeres apoyen decididamente las políticas contra los delitos violentos. Sin embargo, la “Ley sobre adecuación de la pena y el delito” del actual Gobierno parece estar dirigida a solucionar un problema que no existe, dado que las penas impuestas para cada tipo de delito han variado poco en el último decenio[17] . La nueva ley tendrá más efectos sobre la economía que sobre las penas que se apliquen. La Oficina de Presupuesto del Parlamento calcula que la Ley sobre adecuación de la pena y el delito duplicará el costo del sistema penitenciario en los próximos cinco años - a CAD 9,5 mil millones (USD 9,7 mil millones) - y que serán necesarios USD 1,8 mil millones más para la construcción de cárceles[18] .  

A diferencia del gasto en programas sociales, el gasto en el sector de la seguridad va a aumentar considerablemente. Los cálculos del propio Gobierno indican que los gastos militares llegarán a CAD 22 mil millones (USD  22,4 mil millones) en 2010-2011[19] . Sin embargo, las estimaciones de gastos en equipo militar y por la nueva legislación penal “de mano dura” han sido muy discutidas. Por ejemplo, las estimaciones del costo de los cazabombarderos F-35 recién adquiridos varían entre los USD 9 mil millones, según el Departamento de Defensa Nacional[20] , y los USD 29 mil millones, según el Director Parlamentario del Presupuesto[21] .

Aunque Canadá se ha comprometido a duplicar sus gastos en ayuda al desarrollo en dólares absolutos, la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) como porcentaje de la Renta Nacional Bruta (RNB) sigue siendo el 0,3%, sin cambios desde 2005[22] . La Ley de responsabilidad en materia de ayuda oficial al desarrollo (2008) requiere que la ayuda canadiense para el desarrollo “contribuya a reducir la pobreza, contemple el punto de vista de los pobres y sea consistente con las normas internacionales de derechos humanos”[23] . Muchas organizaciones de la sociedad civil consideran que la ley es un mecanismo muy prometedor para integrar los asuntos de derechos humanos a la política y los programas de desarrollo internacional. Sin embargo, un informe del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, una coalición de la sociedad civil, sugiere que el Gobierno prácticamente no ha aplicado la ha aplicado[24] .

La “igualdad entre mujeres y hombres” y la “sustentabilidad ambiental” siguen siendo temas transversales para la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional; sin embargo, se están reduciendo los recursos políticas, humanos y financieros para esos objetivos. El término “igualdad de género” ha desaparecido en buena medida de las declaraciones oficiales del Gobierno y sus documentos sobre políticas[25] . La financiación para programas destinados a la igualdad de género todavía es inferior al 2% de la AOD canadiense[26] . En la reunión de 2010 del G8, el Gobierno de Harper comprometió 1,1 mil millones de dólares canadienses (USD 1,12 mil millones) para nuevos gastos en programas de salud materno-infantil en los países pobres. Las organizaciones de la sociedad civil acogieron este compromiso con agrado, pero muchas criticaron la decisión de no financiar servicios de aborto como parte de la iniciativa, aun en los países en que estos servicios serían lícitos.

Degradación ambiental

Los antecedentes de Canadá en materia de sustentabilidad ambiental recogieron críticas de otros países en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Copenhague. Desde entonces, Canadá ha presentado su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020[27] , pero estas están de hecho aumentando. Según un informe de 2011 del Penumbra Institute, el Ártico canadiense ya ha sufrido un calentamiento de más de 1,7 °C y se prevé un aumento de 4 o 5 °C[28] . Las comunidades inuit informan que ha disminuido su acceso a las fuentes tradicionales de alimento y que hay una degradación general de su ambiente y su bienestar[29] . En las regiones septentrionales y rurales esta degradación se agrava por las industrias mineras y extractivas. Aunque la calidad del agua en todo Canadá sigue siendo buena, más de cien comunidades de las Naciones Originarias siguen viviendo sin acceso adecuado al agua potable.

La industria minera canadiense tiene una fuerte presencia internacional y también nacional. Empresas con sede en Canadá componen más del 40% de la industria extractiva del mundo. Aunque la sociedad civil canadiense desempeña un papel fundamental en el seguimiento de la industria por medio de iniciativas tales como Publish What You Pay, Canadá todavía no ha adoptado normas de protección de los consumidores ni ha aceptado cumplir los lineamientos de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva.

Una cuestión de medios

La crisis económica ha impulsado a la sociedad civil a volver a debatir sobre asuntos de política económica. Tanto los actores gubernamentales como los no gubernamentales se esfuerzan por resolver el tema de cómo lograr sus metas en un entorno de restricciones fiscales. Pero cómo estimular el crecimiento económico y asegurar la estabilidad económica es una cuestión de medios, no de fines. En última instancia, el centro de atención debe ser la sociedad que se construye con ese crecimiento.

Deforestación y desarrollo sustentable

Women for Change
Lumba Siyanga
Lucy Muyoyeta

La economía del país está creciendo desde 2000, pero la pobreza sigue siendo un problema acuciante y la expectativa de vida permanece muy baja. Aunque el Gobierno ha demostrado cierta preocupación por los desafíos ambientales, los planes aplicados carecen de coordinación y no han logrado sensibilizar al público sobre la erosión del suelo, la pérdida de biomasa, el cambio climático y la deforestación. En los últimos 20 años el país ha perdido el 6,3% de sus bosques. Los altos niveles de pobreza y la falta de fuentes de sustento alternativas exacerban la degradación ambiental por la dependencia de los pobres los recursos naturales. Ha llegado el momento de que el Gobierno adopte políticas más adecuadas y fortalezca la coordinación en el sector del medio ambiente.

De 2000 en adelante Zambia tuvo un vigoroso crecimiento económico a una tasa promedio del 5% por año[1] . Los niveles de pobreza descendieron del 68% en 2004 al 64% en 2006, pero el 53% de la población permaneció en la pobreza extrema, que es más frecuente en los hogares encabezados por mujeres. La población rural es predominantemente pobre, con una tasa general de pobreza del 78%[2] . Los niveles de pobreza extrema también son elevados en las zonas rurales (donde se encuentran las dos terceras partes de los que viven en la pobreza extrema) y en los hogares con menos educación formal. De hecho, los hogares encabezados por personas sin educación formal tienen una incidencia de pobreza del 81% y el 70% de ellos vive en la pobreza extrema[3] .

Todavía se le hace difícil al país que todos tengan acceso a la educación, especialmente a nivel superior y terciario. En 2004 solo el 11% de la población logró completar la enseñanza secundaria superior. Este problema es más agudo en el caso de mujeres y niñas: en 2006 solo el 8,6% de las mujeres había completado la enseñanza secundaria superior[4] . Además, aunque la educación terciaria es fundamental para el desarrollo económico de largo plazo, así como para fortalecer la democracia y alcanzar la cohesión social, solo el 2% de la población había terminado el bachillerato o un grado superior[5] .

A pesar de varias medidas y programas del Gobierno para mejorar la calidad de vida, la salud de la población - un factor esencial para el bienestar social y económico - enfrenta dificultades. Hay una alta prevalencia de enfermedades infecciosas, incluso una tasa de VIH del 13,5% entre los adultos, y la expectativa de vida al nacer es de 52,36 años[6] .

El desarrollo sustentable y los problemas ambientales

Desde 2006 el Gobierno ha tenido como objetivo el garantizar la sustentabilidad ambiental: revertir el daño al medio ambiente, conservar los procesos biológicos fundamentales y asegurar el uso sustentable de los recursos naturales. Sin embargo una serie de factores limitan la posibilidad de alcanzar este objetivo, entre los cuales:

• Los problemas de coordinación.
• La falta de políticas integrales sobre los asuntos ambientales.
• La poca sensibilidad pública sobre los asuntos ambientales.
• Un marco legal inadecuado y la falta de aplicación de la Ley de Bosques de 1999.
• Las asignaciones presupuestarias e inversiones insuficientes.
• La poca conservación de la diversidad biológica y la limitada participación regional.
• La inadecuada transversalización de las cuestiones del ambiente y el cambio climático en las políticas y programas de otros sectores.
• Las demoras en la aplicación de la Política Nacional sobre el Medio Ambiente para reducir los conflictos vinculados al uso de la tierra (incluso los que se dan entre humanos y animales).

También debe abordarse el problema del cambio climático. Su principal indicador local es la modificación de los patrones de temperatura y precipitaciones. La constante tendencia a la suba de las temperaturas que puede verse en las marcas medias para 1961-2000, por ejemplo, ha tenido varios efectos negativos, entre los cuales la disminución del rendimiento de los cultivos y el mayor riesgo de transmisión de malaria en altitudes más elevadas. Esto último es especialmente importante en Zambia, donde la malaria representa el 47% de la cifra anual de muertes[7] .

No es fácil evaluar el impacto de las temperaturas más altas sobre las precipitaciones, especialmente porque el país sufre periódicamente el fenómeno de El Niño, cuya complejidad escapa al alcance de los modelos climáticos actuales. Sin embargo, el Programa Nacional de Acción para la Adaptación (PNAA) informó que en el correr de los dos últimos decenios las sequías y las inundaciones se habían vuelto más frecuentes, más intensas y de mayor magnitud[8] .

En términos de biodiversidad, según las cifras del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, Zambia tiene 1.234 especies conocidas de anfibios, aves, mamíferos y reptiles. De estas, el 1,5% son endémicas y el 1,9% se encuentran en peligro. El país también alberga por lo menos 4.747 especies de plantas vasculares, de las cuales el 4,4% son endémicas[9] .

La biomasa del país (encima y debajo del suelo) se calcula en 5,6 mil millones de toneladas, con unas 434 millones toneladas más de biomasa de madera muerta, lo que da una estimación total de biomasa de 6 mil millones de toneladas. De esto, unas 2,8 mil millones de toneladas de carbono están almacenadas en los bosques. Por lo tanto los bosques contienen una cantidad importante (el 90%) de la biomasa aérea total del país.

La deforestación y sus impactos

En los últimos 40 años los bosques se han visto mermados por el aumento de la población, los imperativos económicos, la producción de carbón vegetal, la demanda de más tierras agrícolas y los incendios incontrolados. La tasa de deforestación que durante décadas se calculó era de unas 300.000 hectáreas por año llegó en 2008 a 800.000 hectáreas por año[10] . Entre 1990 y 2010 Zambia perdió aproximadamente el 6,3% de su cubierta forestal o unas 3.332.000 hectáreas [11] .

La explotación comercial de las maderas autóctonas comenzó durante la tercera década del siglo XX. El aumento de las actividades de minería y construcción también contribuye mucho a la deforestación. Para alimentar una población en crecimiento se ha generalizado la práctica de la agricultura de corta y quema. También está aumentando la explotación forestal. Los bosques de madera dura de las praderas occidentales, que estaban razonablemente bien conservados, han sufrido mucha presión en los últimos años[12] .

Los hogares y las industrias son importantes consumidores de recursos forestales. El principal producto comercial de los bosques autóctonos es el carbón vegetal para cocinar: el 27% de los hogares de Zambia lo utiliza como su principal fuente de energía, en tanto el 56% usa leña. El 16% de los hogares usa electricidad para cocinar y el 19,3% la usa como su principal fuente de iluminación. La industria del carbón vegetal emplea unas 50.000 personas en zonas rurales y urbanas[13] .

Los bosques son una importante fuente de sustento para las comunidades rurales. En particular, los hogares más pobres muestran una mayor dependencia (del 44%) de la leña que los que tienen ingresos mayores. La demanda de leña aumenta en forma exponencial mientras que en algunas zonas la escasez es notoria. Los hogares más pobres también dependen más de las plantas silvestres para usos medicinales y alimentación. Los productos del bosque también sirven como pasturas y para materiales de construcción como postes y paja para techos. La mayoría de los bosques se gestionan según los modos tradicionales, sin planes formales: el 41% se gestiona de forma tradicional; el 36% no tiene un plan de gestión conocido; y solo el 23% tiene planes de gestión formales (parques nacionales y reservas forestales).

Tanto los hombres como las mujeres desempeñan un papel decisivo en la gestión de los recursos naturales del país, pero la relación de las mujeres con el medio ambiente es fundamental para su vida cotidiana pues son las responsables de conseguir el agua para uso doméstico y el combustible para cocinar. Como recolectoras y usuarias de diversos productos del bosque, entre los cuales la paja para los techos, las mujeres tienen un papel fundamental en la gestión de los recursos forestales. Los altos niveles de pobreza y la falta de fuentes de sustento alternativas, especialmente en las zonas rurales, exacerban la degradación ambiental por la dependencia de los pobres en los recursos naturales para poder subsistir.

La destrucción de los bosques está llevando a la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y biomasa, la disminución de las provisiones de agua, la reducción de la productividad agrícola y la degradación del medio ambiente. También hay efectos negativos generalizados sobre la seguridad alimentaria, la provisión de fuentes de energía y el bienestar social. Las tierras de las comunidades indígenas y administradas según sus costumbres están cada vez más degradadas y deforestadas porque son donde hay más presión para darles usos alternativos. El uso de carbón vegetal y leña no solo daña el  medio ambiente sino que también es malo para la salud de las personas[14] .

El país no puede permitirse seguir perdiendo bosques al ritmo actual, entre otras razones por su importancia para la captación de carbono, que ayuda a mitigar el cambio climático.

Políticas y programas clave

En 1991 se creó el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales como institución principal de la gestión ambiental. Posteriormente para enfrentar los desafíos del sector se adoptó la Estrategia Nacional de Conservación, la Política Nacional sobre el Medio Ambiente (2007), el Plan Nacional de Acción para el Medio Ambiente, el Plan Nacional de Acción de Zambia para la Biodiversidad, la Política Forestal de 1998,  el Plan de Acción Forestal de Zambia y la Ley Forestal de 1999.

Para enfrentar la destrucción de la capa de ozono, el Gobierno promulgó el Documento Legal n.º 27 de 2001 y el país firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, para preparar posteriormente un plan nacional de acción en 2002.

Entre 2006 y 2010 Zambia también implementó su Quinto Plan Nacional de Desarrollo (FNDP, por sus siglas en inglés), entre cuyos objetivos principales estaba la promoción de la gestión sustentable de los bosques a través de la participación del sector privado y la sociedad civil en la gestión de los recursos forestales. En esa época se iniciaron varias actividades relacionadas con los asuntos forestales, pero en un análisis final fue difícil observar avances por falta de datos e información. El único indicador disponible - la tasa de deforestación - mostró que los objetivos del FNDP en ese tema no se lograron plenamente. De hecho, está claro que el ritmo de destrucción de los bosques se ha acelerado.

Además, resultan inadecuados los incentivos macroeconómicos para impulsar la gestión sustentable de los recursos naturales y los desincentivos para desestimular los patrones de consumo no sustentables.

Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo no puede ser sostenido en un medio ambiente que se deteriora, y no se puede proteger el medio ambiente cuando el crecimiento económico no toma en cuenta el costo de la destrucción ambiental. Los altos niveles de pobreza, al acceso limitado a derechos fundamentales como la educación y la salud, y la persistente degradación de los bosques significan que el desarrollo sustentable está en peligro en Zambia a pesar del gran crecimiento económico.

Por lo tanto, la Coalición Nacional de Social Watch en Zambia recomienda lo siguiente:

• Para garantizar una gestión sustentable de los bosques, la mitigación del cambio climático o la adaptación al mismo, Zambia debe reconocer la importancia de la tenencia y propiedad de la tierra, especialmente con respecto a las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, que representan casi los dos tercios de los bosques.
• El Gobierno debe aprobar cuanto antes la nueva redacción de la política forestal y la posterior enmienda de la Ley Forestal de 1999.
• Al revisar las políticas, leyes o programas existentes o al desarrollar los nuevos, se debe fortalecer la transversalización de género para garantizar que ni hombres ni mujeres se vean afectados negativamente y que se beneficien en forma equitativa.
• Es necesario fortalecer la coordinación del sector ambiental y transversalizar los asuntos ambientales en todos  los sectores.
• El Gobierno y otros interesados clave deben lanzar campañas masivas de educación pública sobre el medio ambiente.

Desarrollo no sustentable: causas y consecuencias

Rural Reconstruction Nepal (RRN)
Sarba Raj Khadka

La inestabilidad política, las violaciones de derechos humanos y la corrupción son algunos de los desafíos principales en el país. El Gobierno también debe ocuparse de la pérdida de biodiversidad y la mala administración de los recursos agrícolas, además de la protección de los derechos humanos y la erradicación de la corrupción política a todo nivel. La discriminación en función de clases, castas, etnias, religión y género fomentan la creación y persistencia de pobreza, hambre, destrucción o degradación del medio ambiente y conflictos. Si no se abordan estos problemas de modo eficaz, el desarrollo sustentable no pasará de ser un sueño.

Después de un conflicto armado de diez años (1996-2006) y la eliminación del sistema monárquico que había durado 240 años, en 2008 se instauró una república federal democrática en Nepal. En este momento se están realizando esfuerzos por institucionalizar la forma republicana de gobierno mediante una nueva constitución, la reestructuración del estado y la culminación del proceso de paz.

A lo largo del tiempo el Gobierno ha introducido una serie de políticas, planes y marcos legales para la conservación de la biodiversidad, la protección ambiental y el desarrollo sustentable, centrados en beneficiar y capacitar a las poblaciones locales. Los instrumentos clave son la Estrategia Nacional de Conservación de 1988, el Plan Maestro para el Sector Forestal de 1988, la Política y Plan de Acción Ambiental de 1993 y 1996, el Plan Agrícola de 1995, la Ley de Protección Ambiental de 1996, la Estrategia Nepalesa de Biodiversidad de 2002 y la Agenda de Desarrollo Sustentable de 2003[1] . Sin embargo, su implementación ha sido limitada.

Además Nepal ha ratificado varios instrumentos y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, entre los cuales la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Agenda 21 y la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y ha preparado un Programa Nacional de Acción para la Adaptación para enfrentar los problemas derivados del cambio climático. La implementación de estos acuerdos internacionales también ha sido escasa.

Desafíos al desarrollo sustentable

Hay varios obstáculos para lograr el desarrollo sustentable en Nepal. El más grave es la falta de estabilidad política, especialmente debido a los cambios del sistema político en la década de 1990 y luego en 2008 y la actual situación de transición política. Tanto la redacción de una nueva constitución como la culminación del proceso de paz avanzan muy lentamente, y el proceso de transformación socioeconómica sustentable sigue detenido. En el pasado casi todos los cambios políticos y los esfuerzos de desarrollo socioeconómico eran dominados por grupos de élite que favorecían sus propios intereses en lugar de ayudar a los más necesitados. La discriminación en función de clases, castas, etnias, religión y género ha generado pobreza, hambre, destrucción o degradación del medio ambiente y conflictos. Si no se abordan las violaciones de derechos humanos y la exclusión socioeconómica de manera eficaz y como parte de un plan sujeto a plazos y realista, el desarrollo sustentable no será posible.

El proceso de globalización y la adhesión a un modelo de desarrollo económico neoliberal han representado un escollo permanente para un desarrollo centrado en las personas, respetuoso del medio ambiente y económicamente viable. Las condiciones comerciales injustas —entre las cuales la imposición de barreras arancelarias y de otro tipo y medidas sanitarias y fitosanitarias sin considerar los acuerdos comerciales preferenciales— también son contraproducentes para el desarrollo sustentable en países como Nepal. De esta manera, el país se dirige lentamente hacia los enfoques del desarrollo orientados al lucro e impulsados por el mercado, que incluyen el controvertido modelo de asociación entre el sector público y el privado.

El desarrollo sustentable y los problemas ambientales

Aunque la contribución de Nepal a las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero es mínima (1.977 kg per cápita en comparación con el promedio mundial de 3,9 toneladas per cápita)[2] , es uno de los países que más sufre los efectos desastrosos del calentamiento global y el cambio climático.

Las precipitaciones irregulares, inadecuadas o excesivas debido al cambio climático han tenido efectos negativos sobre los medios de vida de las personas. Los sistemas fluviales que nacen en la cadena nevada del Himalaya proporcionan agua para beber, para higiene e irrigación en todo el subcontinente de Sudasia. La nieve se está derritiendo más rápido y se prevé que eso causará escasez de agua en toda la región. También está el peligro inminente de desbordamiento de lagos glaciares. Otro riesgo del cambio climático es la desertificación gradual de las zonas agrícolas. Las políticas y programas para responder a los impactos del cambio climático ofrecen cobertura muy limitada y su aplicación es poco eficaz. Se ocupan más bien de los síntomas que de las causas fundamentales.

Nepal es uno de los países del mundo que menos energía consume, por lo que su contribución a la degradación ambiental por el consumo energético también es mínima. En 2007 su nivel de consumo de energía era de 7,16 toneladas equivalentes de petróleo por año, y se basaba fundamentalmente en fuentes tradicionales de energía como la madera (72%), los desechos agrícolas (5%) y el estiércol (7%)[3] . El 16% restante se cubría con fuentes comerciales (carbón, 2,4%; petróleo, 9,9% y electricidad, 2,7%) y la energía renovable era menos del 1%[4] . Las personas pobres y vulnerables que viven principalmente en las zonas urbanas tienen acceso limitado o nulo a la energía alternativa pues las tecnologías necesarias para ello requieren mucho capital.

La disminución de la biodiversidad y la creciente destrucción y degradación genética también son amenazas al desarrollo sustentable. Conscientes de la importancia de proteger el ambiente, las Naciones Unidas convocaron en 1992 la Segunda Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que también adoptó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Según el artículo 1º, los objetivos de la CDB son: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. La CDB entró en vigencia en Nepal el 21 de febrero de 1994.

Como estado parte del convenio, el país ha preparado políticas y  planes de conservación de la biodiversidad, entre los cuales la Estrategia Nepalesa de Biodiversidad en 2002. El objetivo de esta estrategia es la elaboración de un marco estratégico para los programas de conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los procesos y sistemas ecológicos y la participación equitativa en los beneficios generados. El país alberga 118 ecosistemas, 75 tipos de vegetación y 35 tipos de bosques con importante presencia de especies y diversidad genética[5] . Sin embargo, existen amenazas a la biodiversidad a nivel de ecosistemas, de especies y de recursos genéticos[6] .

La pérdida de ecosistemas se debe a la conversión del ambiente natural (bosques, praderas y humedales) para otros usos humanos. Por ejemplo, se informa que el hábitat forestal está decreciendo a una tasa anual del 1,7%; si la tendencia continúa es muy probable que el ecosistema forestal se degrade en forma acelerada[7] . Los recursos genéticos están mermando por la destrucción de hábitats naturales, el pastoreo excesivo, la fragmentación de la tierra, la comercialización de la agricultura, el aumento de las variedades de alto rendimiento y el uso indiscriminado de pesticidas[8] . La contaminación, el fuego, la introducción de especies exóticas y el comercio y la caza ilegales —además de la alta incidencia de pobreza en las poblaciones que siguen creciendo— también son causas importantes del agotamiento de la diversidad biológica. Otros problemas como la erosión del suelo y los deslizamientos de tierras, que son más pronunciados en las zonas ecológicas de colinas medianas y alta montaña durante los monzones del verano, se deben a la falta de sensibilización de la población y el uso inadecuado de la tierra por los agricultores.

Agricultura y mala administración

El uso inescrupuloso y poco sistemático de la tecnología de la revolución verde[9] es otro problema en un país cuya economía se basa en la agricultura: más del 65% de la población económicamente activa de Nepal trabaja en agricultura en tierra, aunque las parcelas son pequeñas. Si bien el uso de la tecnología de la revolución verde mejoró la situación de inseguridad alimentaria y pobreza en algunas zonas del país, aunque sea de forma temporal, ha destruido los sistemas indígenas tradicionales. Buena parte de la investigación se centró en los resultados a corto plazo y no en las soluciones sustentables y estables que eran la base de los conocimientos y destrezas autóctonos. Además la agricultura hoy en día se basa casi enteramente en insumos importados que deben ser reemplazados con frecuencia. Los mecanismos regulatorios son tan ineficaces que las empresas multinacionales que comercian los insumos, por ejemplo las semillas, tienen acceso directo a los campesinos de Nepal.

Los nepaleses son muy dependientes de los recursos naturales para sus medios de vida, y los niveles extremos de pobreza han llevado a las personas a utilizar recursos marginales de modos no sustentables. Por ejemplo, es posible que no tengan otra opción que cultivar en laderas inestables o invadir con sus plantíos en zonas que estaban destinadas a otros usos, y tienen niveles de inversión muy bajos como para poder aumentar la producción.

Corrupción y falta de educación adecuada

Una cultura de la impunidad y la corrupción en aumento son otros desafíos para el desarrollo sustentable en Nepal. Según el informe 2010 de Transparencia Internacional, el país está en el 148º lugar con una puntuación de 2,2 en el Índice de Percepción de la Corrupción[10] . Es evidente que las autoridades se interesan más por su fortuna personal que por la calidad y sustentabilidad de las obras para el desarrollo.

El compromiso político cada vez menor con la implicancia nacional y los sistemas locales es aún otro desafío. Se canaliza la ayuda para el desarrollo sin considerar en absoluto las necesidades y los intereses concretos de las personas y, por ende, los mecanismos que serían más adecuados. La falta de educación y concienciación adecuadas también ponen en riesgo el desarrollo sustentable, mientras que el sistema educativo fomenta el consumismo y un estilo de vida insustentable, que prioriza los mercados y las ganancias.

Conclusión y recomendaciones

Las graves violaciones a los derechos humanos, la exclusión socioeconómica, la ausencia de justicia social y la falta de una administración eficaz de los recursos naturales están entre los obstáculos principales al desarrollo sustentable en Nepal. Por tanto se recomiendan las siguientes medidas para remediar esta situación y hacer que la sustentabilidad sea una realidad y no un sueño:

• Fomentar la democracia, la paz y la justicia;
• Proteger, respetar y cumplir los derechos humanos de las personas;
• Enfrentar las causas subyacentes de la pobreza y los conflictos;
• Promover una participación significativa de la población en todos los aspectos de la gobernanza estatal;
• Detener la corrupción política a todos los niveles;
• Fomentar una cultura de hacer frente a las necesidades y no de la avaricia;
• Aplicar medidas eficaces para enfrentar los efectos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;
• Asegurar una inversión adecuada en investigación, desarrollo y divulgación para impulsar un desarrollo sustentable que se base en las necesidades y las prioridades del país;
• Lograr la participación de los pobladores locales en la planificación, implementación y seguimiento de la gestión de los recursos naturales; y
• Invertir en el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía.

Desastre ambiental y esfuerzos mínimos

Conferencia Nacional por el Desarrollo Social (CONADES)
Héctor Béjar

El modelo implementado hasta ahora, surcado por crisis diversas, ha depredado el ecosistema, empobrecido a la población y contaminado severamente el medio ambiente. El acercamiento sectorial y desordenado a la gestión ambiental y al control de la contaminación es débil y limitado. Son necesarias medidas estructurales y prácticas y estándares en sectores rurales y urbanos pobres. Es necesario fortalecer la capacidad institucional de los actores clave, apoyar los servicios ambientales y refinar los mecanismos de coordinación entre las agencias de donantes. El Gobierno debe servir a los intereses del pueblo y no a los de las corporaciones trasnacionales; sólo si esto sucede podrá el país sortear los desafíos medioambientales que le depara el futuro.

Las oligarquías dominantes a lo largo de la historia peruana han puesto en práctica modelos extractivistas que saquearon y depredaron la notable diversidad ecológica y de recursos naturales del país. Un ejemplo de esto lo brinda la crisis del guano, que puso fin a la primera era de prosperidad económica a través de un proceso de sobreexplotación que ocasionó, durante la administración del presidente Manuel Pardo y Lavalle (entre 1872 y 1876), una importante crisis a raíz del agotamiento del recurso, con la subsiguiente ruina económica y empobrecimiento de la población. La ruina de la industria del guano condujo al ascenso de la extracción de salitre, en la región del sur. Esto precipitó la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Perú y Bolivia hicieron causa común contra Chile, que era visto como un rival en la producción y exportación de salitre. Los aliados perdieron el conflicto y Perú debió ceder al vecino del sur las provincias de Arica, Tarapacá y Antofagasta. En el siglo XX los mismos esquemas de explotación fueron empleados para la producción de cobre, caucho, plomo y zinc[1].

La sobreexplotación de estos recursos desencadena un invariable momento de auge y bienestar económico a corto plazo que es irrevocablemente seguido por el colapso, lo cual deja en manifiesto la sustentabilidad nula de estas prácticas extractivas. La situación es agravada además por el hecho de que lo que demanda y sostiene los modelos aplicados por el Gobierno no es el interés por el bienestar de los peruanos y peruanas sino los poderes globales que especulan con los precios internacionales, compran a los políticos y silencian cualquier protesta.

Extractivismo hoy

Hoy día están enfrentados, como en el siglo XVI, los conquistadores hambrientos de oro, cobre, maderas y hoja de coca, con los indígenas. Pero los conquistadores no vienen con caballos, perros y arcabuces sino con dinero y grandes máquinas perforadoras y excavadoras para cortar montañas y devorar lagunas. Aliado de las corporaciones, Alan García, el actual Presidente peruano, ha ordenado al ejército y la policía “disparar primero y pensar después” si alguien protesta[2].

Más de 274 millones de toneladas métricas  de peces fueron recogidas durante 1950-2001[3], casi provocando la desaparición de la anchoveta, un pez de la familia engraulidae (que incluye también a las anchoas y los boquerones). En su momento de auge (hacia la década de 1970), el país llegó a convertirse en el primer pesquero del mundo, multiplicándose las fábricas de harina y aceite de anchoveta, que deterioraron severamente el medio ambiente con sus desechos. La pesca indiscriminada terminó por mermar las poblaciones hasta el borde de la extinción; en las décadas siguientes, el cese de la actividad pesquera e industrial permitió que nuevos cardúmenes de anchovetas comenzaran a aparecer en el océano. Actualmente la producción de harina de anchoveta está incrementándose, por lo que no sólo se espera una nueva caída en la población de estos peces sino que también la contaminación producto de las fábricas está alcanzando niveles preocupantes, especialmente en las provincias de Paraca, Paita, Chimbote y Parachique[4].

En el presente, virtualmente toda la pesca se dedica a la producción de harina y aceite. Sin embargo, dado que este pez es rico en vitaminas A y D, además de en yodo y Omega 3, podría contribuir a solucionar problemas alimenticios en la población, entre ellos la desnutrición infantil. La pesca representa apenas un 8% de las necesidades alimenticias del país, pero esto indudablemente es potenciado por el empleo del recurso para otros fines, lo cual indica una vez más que el modelo de desarrollo que viene implementándose no tiene en cuenta las necesidades de la población y el medio ambiente, volviéndose por lo tanto insustentable a largo plazo [5].

Al mismo tiempo, grandes ríos de la selva son dragados en busca de oro, montañas de basura reposan sobre los Andes y peligrosos depósitos de plomo contaminan el principal puerto del país. Las reservas marinas desaparecen por la instalación de puertos mineros y de gas. Los ríos son envenenados por los desagües urbanos más el arsénico y mercurio usados para precipitar el oro y el kerosene, además del ácido sulfúrico con los que se precipita la pasta de coca para fabricar cocaína.

Desafíos medioambientales

La Amazonia, con 68 millones de hectáreas de bosques naturales que cubren 35 por ciento del territorio peruano, es la octava cobertura forestal más grande del mundo y la segunda en América Latina. Además, 300.000 hectáreas de bosques naturales subsisten aún en las sierras andinas. Sin embargo, tras décadas de consumo de carbón de palo para hogares y restaurantes, y de agricultura de roce y quema realizada por los campesinos, la cobertura forestal de manglares y de bosques secos y sub húmedos está agotada. La tasa de deforestación es de 150.000 hectáreas por año[6].

El país está ubicado en una de las áreas con mayor actividad sísmica del planeta y se ve afectado por las condiciones atmosféricas y oceánicas causadas por el fenómeno El Niño. Esta corriente marina cálida procedente de las zonas ecuatoriales provoca evaporación y desencadena lluvias prolongadas e inundaciones. La ignorancia del peligro y ausencia de planeamiento en el asentamiento territorial ocasionan que la gente se ubique en los cauces y las orillas de los ríos, al pie de los nevados o en pendientes de montañas. Como consecuencia, la incidencia de inundaciones, terremotos, granizadas, nevadas y sequías es casi el doble que en toda América Latina, mientras la tasa de fatalidades es la más alta en el continente. Según un reporte del Banco Mundial, más de dos millones de personas fueron afectadas por desastres durante 2000-2004[7].

La respuesta del Gobierno

Desde 1940 han sido creadas y reformadas varias entidades con el propósito de dirigir los problemas de salud ambiental. Actualmente la Dirección General de Saneamiento Ambiental (DIGESA) es la única institución gubernamental con mandato regulador de los problemas de salud ambiental. Se ha creado un Ministerio del Medio Ambiente y se obliga a estudios de impacto ambiental para aprobar las actividades económicas.

En los últimos años han sido aprobadas leyes que obligan a realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA), a la vez que refuerzan el marco legal del sector forestal. El Sistema Nacional para las Áreas Naturales Protegidas (SINAP), por ejemplo, comprende 61 áreas naturales y cubre 17,66 millones de hectáreas que representan 13,74% del área total del país. El Fondo para las Áreas Naturales protegidas por el Estado (PROFONANPE), establecido en 1992, ha estado elevando sus fondos y usándolos para recaudar recursos adicionales, estimándose en USD 90,6 millones los fondos canalizados anualmente a  esfuerzos conservacionistas (Ministerio del Ambiente). Sin embargo, no se tiene un mecanismo sistemático de identificación de prioridades.

El marco institucional peruano asigna las principales responsabilidades reguladoras del control de la contaminación y manejo ambiental a las unidades creadas en el sector Energía y Minas que desarrolla normas basadas en el uso de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Gestión Ambiental y Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMAs), Límites Máximos Permisibles (LMPs) y normas ambientales especiales en los subsectores de electricidad y de hidrocarburos. También se ha  establecido unidades ambientales en los Ministerios de Producción, de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Pero todo esto es poco o nada comparado con el desafío de un deterioro imparable y los enormes poderes globales que destruyen al país. A pesar de estos esfuerzos, el acercamiento sectorial y desordenado del Perú a la gestión ambiental y al control de la contaminación es débil y su capacidad institucional es limitada. Se carece de una coordinación general y de claridad en la aprobación de procesos ambientales.

Lo que vendrá

Desde 1980 los nevados del Perú han perdido la quinta parte de sus casquetes de hielo. Dentro de cincuenta años no habrá agua suficiente para beber ni para regar los campos, ni se podrá mantener el actual sistema hidroeléctrico que provee de energía a las ciudades e industrias[8]. Al elevarse la temperatura del mar, el fitoplancton y la anchoveta, comienzo y soporte de la cadena alimenticia, se hundirán en las profundidades buscando frío o migrarán hacia otras zonas del planeta, lo cual podrá causar la extinción de numerosas especies. Asimismo, al cambiar la altitud donde se producen las lluvias ya no lloverá en las cumbres sino en las laderas causando inundaciones, represamientos y deslizamientos incontrolables. El mayor nivel de las aguas acabará con las caletas de pescadores y los balnearios, y debido a desequilibrios de las temperaturas y los índices de precipitación, gran parte de la selva amazónica se convertirá en desierto.[9]

Para minimizar el impacto de estas catástrofes venideras es necesaria una respuesta integrada a los desastres naturales que enfatice la prevención regulando las actividades de la minería formal e informal, la extracción de madera y la pesca. Estas actividades se encuentran en manos de corporaciones o de cientos de miles de mineros “informales”. Para reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales, es recomendable la adopción inmediata de medidas estructurales, tecnologías de construcción adecuadas, prácticas y estándares en sectores urbanos pobres y entre la población rural.

El Perú puede producir electricidad por fuente hidroeléctrica y eólica, pasar de combustibles fósiles a gas natural, manejar los residuos, conservar los bosques y evitar que prosiga la deforestación. Se debería investigar los posibles impactos del cambio climático tomando como línea de base los diversos daños y consecuencias de variaciones como el Fenómeno del Niño y sus efectos. Es necesario fortalecer la capacidad institucional de los actores clave, definiendo claramente los roles y funciones del Ministerio del Ambiente, apoyar los esfuerzos nacionales para valorar la diversidad biológica y los servicios ambientales, construir sobre la ventaja comparativa del Perú en diversidad biológica, y refinar los mecanismos de coordinación entre las agencias de donantes.

El Fondo Nacional para las Áreas Protegidas por el Estado (PROFONANPE), debe ser complementado por un Fondo General Ambiental alimentado por impuestos que paguen las corporaciones. El INRENA debería realizar sus actividades a través de consejos de cuencas en que participen las organizaciones populares.
Todas estas reformas requieren determinación y voluntad política, además de reconocer que el gobierno debe priorizar al presente y el futuro del país en lugar de servir a las corporaciones y criminalizar las protestas de las comunidades indígenas.

Despejando el camino

Movimiento Filipino de Reconstrucción Rural (PRRM)
Social Watch Filipinas
Isagani R. Serrano

Abordar la vulnerabilidad del ya degradado medio ambiente del país es tan importante como hacer que crezca la economía. Además, hace mucho tiempo que el uso del territorio superó la capacidad de regeneración de este. Los esfuerzos de descentralización tendientes a crear polos de crecimiento fuera de Manila no han logrado quebrar la estructura de poder y recursos, elitista y centrada en las ciudades. El Gobierno deberá esforzarse para encontrar caminos hacia la seguridad alimentaria a largo plazo y la sustentabilidad ambiental, en cooperación con los agricultores, las ONG, los medios de comunicación masiva, las escuelas y el sistema nacional de investigación agrícola.

En 2010, inspirada por el segundo inventario de gases de efecto invernadero de Filipinas, la entonces presidente Gloria Macapagal-Arroyo anunció pomposamente que el país había pasado a ser un sumidero neto de carbono. La intensidad de carbono, expresada en emisiones de CO2, puede ilustrar el nivel y la naturaleza del desarrollo, pero hay otros factores a tener en cuenta. Los indicadores varían mucho, en función de lo que la población valore más.

Las bajas emisiones de CO2 no son un buen indicador del desarrollo sustentable. La tasa de mortalidad infantil suele considerarse un indicador más sensible del bienestar de una sociedad, que revela la calidad de la nutrición y la atención de salud. Además, está vinculado a otros indicadores básicos como la calidad de los recursos de agua, vivienda y la educación, y particularmente el nivel educativo de las filipinas. También puede ser un indicador de fracaso estatal[1] . En el caso de Filipinas, los indicadores de mortalidad infantil son desalentadores: la tasa de mortalidad para niños menores de un año era de 26 por 1.000 en 2009, y para menores de cinco, era de 33 por 1.000[2] .

Si bien estas cifras muestran una mejora por comparación con las de 1990 (41[3] y 34[4] respectivamente), el país sigue teniendo problemas estructurales, como veremos a continuación.

La misma historia: pobreza y desigualdad

A pesar de la restauración de la democracia en 1986 y la posterior sucesión de regímenes que prometieron erradicar la pobreza y reducir la desigualdad, y a pesar de que la economía ha crecido, el país sigue empantanado en una realidad de gran pobreza y desigualdad junto con una degradación ambiental que no se detiene.

La pobreza descendió del 42% en 1991 al 32,9% en 2006, pero los rostros de quienes viven en la pobreza siguen siendo los mismos: rurales, sin tierra, indígenas o tribales, musulmanes y mujeres. En el mismo periodo, la desigualdad casi no disminuyó: era 0,4680 en 1991 y 0,4580 en 2006[5] . Este es un nivel alto si se compara con la mayoría de los vecinos asiáticos y significa que Filipinas solo está un poco mejor que la mayoría de los países de América Latina (la región con más desigualdad del planeta). Sobre todo, hay gran desigualdad entre las regiones, provincias y municipalidades del país.

La brecha entre el 20% más rico y los más pobres se ensancha, a pesar de medidas como la reforma agraria y la autonomía local. Las regiones con la distribución del ingreso menos equitativa son Visayas Centrales, Visayas Orientales, Península de Zamboanga, Mindanao del Norte y Caraga. Estas regiones tienen coeficientes Gini superiores a 0,44. En 2003 y 2006, más de la mitad de las 20 provincias más pobres se ubicaron en Mindanao; en 2006 el mayor índice de pobreza se dio en Tawi-Tawi.

Deuda y corrupción: pesadillas para el desarrollo

El Gobierno obtiene dos tercios de sus ingresos de los impuestos sobre las rentas fijas. Hace muchos años que los gastos superan los ingresos. Se fija presupuestos anuales enormes y compensa los déficits con préstamos. Tiene la meta de limitar el déficit del presupuesto de 2011 al 3,2% del producto interno bruto (PIB), o sea unos PHP 290 mil millones (USD 6,69 mil millones).

La deuda creciente y el servicio de la deuda son un veneno para el desarrollo filipino. La deuda pendiente del país se hinchó de PHP 701 mil millones en 1990 a PHP 4,4 billones en 2009 (USD 16,2 millones a USD 101,5 mil millones), con un aumento sostenido salvo una leve disminución en 2006 y 2007. Esto es más del 50% del PIB del país. El coeficiente deuda/PIB permaneció alto, situándose en un 57,7% a fines de 2009 aunque había descendido del 63,8% en el que estaba en 2006[7] . En septiembre de 2010 se podía decir que cada uno de los 92,2 millones de filipinos le debía PHP 47.039 (USD 1.091) a acreedores nacionales y extranjeros.

Aproximadamente un tercio del presupuesto nacional se destina a pagar los intereses y el capital de esa deuda externa en aumento. Eso significa que se recorta un tercio de los recursos que podrían destinarse a actividades para reducir la pobreza. Además, la corrupción siempre ha sido una constante y es lo que ha desencadenado la mayoría de los cambios de régimen desde la época del presidente Marcos. En 2004 Macapagal-Arroyo señaló que la corrupción asfixiaba al país y exhortó a los ciudadanos a “unirse para erradicar este mal”. Sin embargo, ese mal persiste e impide el desarrollo de Filipinas.

Es necesario quebrar la estructura centrada en las ciudades

La geografía económica del país muestra un desarrollo sumamente desigual y una distribución desigual de la riqueza creada. Las principales ciudades absorben la mayoría de los recursos. Por eso no puede sorprender que los pequeños ahorros depositados en bancos rurales lejanos terminen a la larga en los grandes bancos en Makati[8] y sean prestados a los grandes deudores que prefieren invertir en zonas que ya están muy desarrolladas.

El conflicto en Mindanao ilustra la situación de desarrollo del país. El primer estallido de violencia fue en la década de 1960 cuando la minoría musulmana —conocida como los moros— inició una lucha armada por su tierra ancestral en el sur. Los enfrentamientos aumentaron en 2008 después de un proceso de paz de un decenio, pero en julio de 2009 se firmó una tregua. Es necesario destacar que buena parte de la violencia es alimentada por una gran pobreza que es consecuencia de décadas de inversión insuficiente. Mindanao, una zona muy rica que casi no sufre tifones, podría lograr la prosperidad si pudiera funcionar por sí sola, pero no ha avanzado en algo tan básico como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La pobreza y la desigualdad que siguen acechando la región, especialmente las zonas de los moros y los lumad (indígenas), nacen de injusticias históricas y una discriminación que proviene del pasado colonial y ha sido perpetuada por la sucesión de regímenes poscoloniales. Están enquistadas en estructuras económicas, políticas y socio-culturales injustas que deben cambiar cuanto antes.

En Filipinas la estructura de crecimiento y creación de riqueza es contradictoria con el mantra del crecimiento inclusivo y de amplio alcance. Los esfuerzos por crear polos de crecimiento fuera de Manila no podrán funcionar si el Gobierno no modifica la estructura actual de poder y recursos, elitista y centrada en las ciudades. El Código de Gobierno Local de 1991, a pesar de ser una ley que marcó un hito, todavía no ha producido la descentralización del poder de la élite. Será necesaria una transferencia deliberada de recursos y autoridad de las regiones más ricas a las más pobres.

Crecimiento de la población y vulnerabilidad

La capacidad de carga es un problema real en un archipiélago montañoso con una población que ha aumentado de 62 millones en 1990 a unos 95 millones en 2010 y que se estima que superará los 100 millones en 2015. Aunque la tasa de crecimiento de la población descendió del 2,36% en 2000 al 2,04% en el censo de 2007, todavía se la considera una de las más elevadas de Asia. Esta alta tasa de crecimiento de la población vuelve vulnerable al país. Por cada persona se necesitarían 0,004 hectáreas para satisfacer su necesidad alimentaria, pero el crecimiento demográfico hizo que en este momento la superficie total del país sea insuficiente para cubrir las necesidades de la población[9] . El problema demográfico también refleja la pobreza y la desigualdad. Las personas con más dinero y un futuro más seguro tienden a tener menos hijos; los pobres tienen familias más grandes y dependen de sus numerosos integrantes como activos productivos y como una red de asistencia social a la antigua para los ancianos.

Aunque las tierras de cultivo se achican, una agricultura sustentable tal vez pudiera alimentar a estos millones de personas. Pero para que sea posible, el Gobierno deberá trabajar en cooperación con los agricultores, las ONG, los medios de comunicación masiva, las escuelas y el sistema nacional de investigación agrícola para encontrar formas de lograr seguridad alimentaria a largo plazo y sustentabilidad ambiental.

Conclusión

Abordar la vulnerabilidad del ya degradado medio ambiente de Filipinas es tan importante como hacer que crezca la economía. Pensar que se debe elegir entre desarrollo y medio ambiente es un falso dilema. Un ambiente degradado no puede satisfacer las necesidades humanas, y seres humanos empobrecidos no se interesan por proteger el medio ambiente.

Para un sistema de archipiélago como Filipinas es fundamental restablecer la cubierta forestal, que del 40%  ideal ha caído al 27%. La minería y otras industrias extractivas deberán suspenderse o ser sujetas a controles muy estrictos. Las zonas costeras y marinas, si se las rescatara de su actual estado de degradación, podrían ayudar al país a salvar las situaciones más difíciles en términos de seguridad alimentaria y asentamientos humanos.

Para solucionar el problema de obtener fondos para el desarrollo es decisivo mantener la deuda a niveles sustentables y controlar la sangría que representa su servicio. El Gobierno solicita grandes préstamos para cubrir sus compromisos con los ODM. Los principales programas contra la pobreza, como la transferencia condicional de dinero en efectivo, funcionan con dinero prestado y complican aún más la situación fiscal del país. La corrupción también es sintomática del estado de la gobernanza, y por lo tanto frenarla es una parte fundamental de la solución al problema de desarrollo de Filipinas.

Entre 1972 y 2010 Filipinas ha pasado de la democracia a la dictadura y luego ha retornado a la primera. Para ello la participación popular ha sido decisiva. Esta participación ha tomado distintas formas, sobre todo movimientos pacíficos que abordan una gama de asuntos entre los cuales el cambio de régimen. Pero parecería que después de tantos cambios, todo sigue igual. El país aún no conoce una verdadera transferencia de poder a las masas para emparejarlas con la élite. Cuando se logre esa situación habrá una mayor garantía de gobernanza para un desarrollo sustentable.

Desperdiciando el potencial para un desarrollo verdadero

Hannah Campbell
Asesora de desarrollo
Civil Society Support Programme (CSSP)

La estrategia de desarrollo de Pakistán está casi por completo centrada en el crecimiento económico y presta escasa atención a los temas medioambientales y sociales. El país posee el potencial para proveer energía para su población, pero carece de una planificación que asegure que aquellos que se ven más afectados por los mega proyectos sean también tomados en cuenta. Su escasez de agua necesita ser abordada con urgencia en caso de que finalmente el río Indo llegara a secarse, conduciendo a una sequía severa. Se necesitan con urgencia datos fiables acerca del número de trabajadores en régimen de servidumbre que existe en el país para que los funcionarios del Gobierno ya no puedan negar los derechos de estos trabajadores altamente explotadas mientras la economía cosecha los beneficios de su trabajo.

Las masivas inundaciones de 2010 devastaron un área de alrededor de 160.000 Km2 y afectaron a alrededor de 20 millones de personas en Pakistán, la mayoría de las cuales vivían y trabajaban en el sector agrícola. Estas personas no solo perdieron sus hogares, sino también sus medios de subsistencia. Se estima que se perdieron más de dos millones de hectáreas de cultivos durante las inundaciones, lo que ha redundado en que la fruta y la verdura ahora tengan que viajar durante horas para llegar a las zonas que solían tener disponible una abundante cantidad de productos frescos. Junto con el aumento de los precios del petróleo, esto ha causado un aumento significativo del precio de los productos perecederos, que ha tenido un efecto devastador sobre las ya pobres comunidades de Pakistán[1].

Los mecanismos de supervivencia desarrollados en las últimas décadas por las comunidades ribereñas han sido socavados también por el alto crecimiento poblacional y por la persistente pobreza, así como también por una serie de factores de administración de la tierra, que incluyen la deforestación, la gradual intrusión del agua en la tierra adyacente al río, el desarrollo de infraestructura física y el mantenimiento del río y de los diques del canal.

Debido a planes y políticas de infraestructura inadecuados, la estación del monzón en 2011 también ocasionó devastación en todo el país, dejando bajo agua gran parte de la región de Sindh.

Respuesta de emergencia: éxitos y fracasos

Alrededor de unos dos millones de familias afectadas por las inundaciones han recibido por parte del Gobierno "tarjetas Watan" de suministros, cada una garantizando el acceso a PKR.100.000 (aprox. USD 1,170). Una importante falla en el programa radicó en la decisión de asignar tarjetas a los jefes de familia masculinos a través del sistema del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIE), por lo que quedaron automáticamente excluidos los huérfanos y las familias encabezadas por mujeres, junto a cientos de miles de hombres y mujeres que habían emigrado a las zonas afectadas antes de las inundaciones y no eran elegibles debido a que sus DNIE pertenecían a otros distritos. Los niveles de fraude fueron elevados; aquellos que se encontraban registrados en más de un campamento inundado cobraron más de una tarjeta Watan. No se proporcionó capacitación acerca de cómo usar un cajero automático y el número de cajeros automáticos disponibles se mantuvo bajo; fueron frecuentes los casos de víctimas de inundaciones que vendían sus tarjetas Watan por dinero en efectivo (nunca por su valor total). Fueron distribuidos fertilizantes y semillas gratuitos a los agricultores; no obstante el proyecto recibió denuncias por la baja calidad de la semilla y la falta de acceso.

La distribución de ayuda a las personas afectadas por las inundaciones fue viciada y corrupta, dejando a millones de damnificados sin acceso a derechos básicos como salud, educación, vivienda, alimentos y dignidad. La situación se vio agravada por la existencia de trabajadores en régimen de servidumbre; aquellos que trabajaban en el sector agrícola no solo se encontraron sin hogar, sino con que estando ahora bajo agua la tierra en la que vivieron y trabajaron, su capacidad para pagar su ya interminable deuda se ha vuelto cada vez más comprometida.

Las organizaciones de la sociedad civil emitieron una Carta Ciudadana manifestando que las políticas "sociales, económicas, comerciales, y de seguridad nacional y exterior del país son, en su totalidad, extremadamente excluyentes por naturaleza y necesitan ser redesarrolladas incorporando una agenda de desarrollo y progreso a favor de la gente"[2].

Eco-región y temas del delta del Indo

Los glaciares tibetanos se están retrayendo a un ritmo alarmante; en el corto plazo, esto hará que los lagos aumenten de tamaño y ocasionen inundaciones y aludes de lodo; en el largo plazo, una vez que los glaciares hayan desaparecido, los suministros de agua en Pakistán se encontrarán en peligro[3].

En 1984, el Banco Mundial inició el programa Canal de Drenaje de la Orilla Izquierda del (Left Bank Outfall Drain, LBOD) que incluye la creación de un canal de drenaje de 300 Km. desde el este de Sindh hasta dentro del mar. Inicialmente, mejoró la agricultura a lo largo de la zona norte del drenaje y retornaron numerosos agricultores que previamente se habían marchado en busca de empleo en las zonas urbanas.
No obstante, en 1999 un ciclón monzónico ocasionó que el drenaje se rompiera, devastando miles de hectáreas de tierras utilizadas para la agricultura. Cuatro años después, las inundaciones ocasionaron incluso peores daños, matando al menos a 50 pobladores locales y desplazando alrededor de 50.000 personas. Debido a un alto nivel de salinidad en el agua subterránea, ocasionada por las inundaciones, el agua potable comenzó a escasear y el daño de una significativa cantidad de tierras de cultivo causó enormes pérdidas económicas[4].

Una gran parte de la razón de las fallas técnicas en el proyecto LBOD es que con el fin de evitar cruzar la frontera hacia India, el diseño del Enlace de la Marea iba contra la pendiente natural del terreno, con el drenaje atravesando los humedales y los poderosos vientos del monzón.

En Pakistán, un sistema artificial de irrigación y drenajes ha llevado a la eliminación descontrolada de efluentes y residuos químicos de las fábricas en el Lago Manchar, los cuales a su vez desembocan en el mar. A grandes canales en el norte, como el Chashma y el Tausa, también se los responsabiliza ampliamente por la escasez de agua dulce; diseñados para ser utilizados en tiempos de inundaciones, debido a la mala administración y a la corrupción, son ahora utilizados en toda ocasión. Esto no solo ha reducido la cantidad de agua en los ríos del sur de los canales, sino que corriente abajo ha dejado el área de conservación del delta sin agua suficiente para mantener sus humedales, que son hogar de un amplio número de camarones y peces, además de ser fundamentales en tiempos de desastres naturales. El Delta Kotri es también una tierra de apeadero de aves migratorias procedentes de Siberia reconocida a nivel mundial; sin embargo, debido a la falta de agua, en la actualidad solo quedan unas pocas gaviotas.

A medida que estos ríos llegan a su fin antes de alcanzar al Mar de Arabia, la falta de limo en los ríos ha ocasionado que el mar se inmiscuya peligrosamente en la tierra. Más de dos millones de acres de tierra ya han sido ganados por el mar, obligando a las comunidades costeras a migrar tierra adentro y destruyendo la industria pesquera. Existe urgente necesidad de reparar las riberas de los ríos y la dirección del flujo del agua, de implementar un sistema de de-sedimentación de los ríos, y de detener el mal uso de los canales que están arruinando las zonas de humedales.

Las familias que han vivido y trabajado por generaciones en las orillas del Indo luchan ahora por  pescar lo suficiente para sobrevivir. Se estima que la pesca ha disminuido entre un 70-80% en algunos pueblos y numerosos agricultores han cambiado la producción de arroz por la de girasoles, los cuales requieren menos agua y rinden casi la misma ganancia, pero esto significa que existen menos alimentos disponibles. La falta de agua en los ríos representa también una grave amenaza para los delfines del Indo, que ahora se encuentran en peligro de extinción.

Carbón: potenciales amenazas y oportunidades

El distrito de Tharparkar, en la provincia de Sindh, es rico en recursos naturales incluyendo vastas minas de carbón (entre las cinco mayores reservas de carbón del mundo) y es hogar para alrededor de un millón y medio de personas. Un proyecto para la Gasificación del Carbón Subterráneo (GCS) propuesto en el distrito tiene el potencial de generar 5.000 MW de electricidad durante al menos 800 años.

La mayoría de los residentes Tharparkar son miembros de minorías indígenas. Estos grupos se ven doblemente desfavorecidos en la sociedad, debido a que no solo son hindúes sino también dalits, también denominados parias, una auto-designación de personas consideradas tradicionalmente como intocables. Son personas carentes de bienes que dependen de la agricultura de secano y de la cría de ganado, que desean simplemente que sean respetados sus medios de subsistencia y sus tradiciones. Parte de su preocupación proviene de un dramático aumento en la población de Thar, que conduce a un aumento en los niveles de pobreza y a la escasez de recursos, mientras allí existen planes de subcontratar un servicio externo para el proyecto GCS en lugar de contratar residentes locales.

Hasta el momento el Gobierno no ha generado ninguna propuesta sólida para el reasentamiento de los residentes de Thar o tomado en cuenta su bienestar. Debido a esto, en 2010 el Banco Mundial se retiró del proyecto, representando un duro golpe para el desarrollo sustentable del país.

Trabajo en régimen de servidumbre

A pesar de las numerosas disposiciones legales destinadas a reducir el trabajo en régimen de servidumbre, esta práctica se mantiene, particularmente en áreas en las que existen hornos de ladrillos, industrias de alfombras, pesca, minería, trituración de piedra y ladrillo, fabricación de calzado, telares mecánicos, clasificación de desechos y agricultura. A esta práctica se la encuentra en todas las provincias, pero es sumamente prevalente en Sindh y Punjab. Existe una severa falta de datos fiables acerca de sus números, propiciando que el problema siga sin ser abordado[5]. La OIT informó acerca de 20 millones de trabajadores en régimen de servidumbre en Pakistán en 1993, y solo 1.700.000l en 2009. Sin embargo, las ONG aseveran que solo en la provincia de Sindh existen alrededor de 1.300 mil personas ocupadas en trabajos en régimen de servidumbre[6].

Debido a la falta de oportunidades económicas y a los altos niveles de analfabetismo, el trabajo en régimen de servidumbre es, a menudo, voluntario[7]. Los trabajadoresen régimen de servidumbre no tienen salida; la mayoría de ellos no posee una tarjeta de identidad nacional, por lo que no tienen derecho a votar ni acceso a servicios sociales. Los señores feudales, que a menudo se enorgullecen de tener trabajadores en régimen de servidumbre, sobre todo si son niños, se resisten a iniciativas de cambio debido a que se benefician de manera significativa del sistema de trabajo en régimen de servidumbre[8].

Soluciones a largo plazo

El Gobierno necesita concebir un plan global para la protección de las comunidades locales de la pesca y la agricultura, así como también para la conservación de importantes áreas medioambientales, tales como los humedales. El plan debe incluir la reactivación de la agricultura y el suministro de equipos mejorados de pesca para aquellas personas afectadas por la mala administración del río, el fomento de la ganadería y la lechería, actividades generadoras de ingresos, la provisión de agua potable, y un plan a largo plazo para la reactivación de la educación y de los centros de salud en la zona[9].

La totalidad del agua contaminada librada en el mar de Arabia debería ser tratada y rutinariamente revisada para preservar la vida marina. Es necesario un plan para asegurar que el agua de mar no entre en los humedales, y para hacer frente al problema de la escasez de agua debería ponerse en funcionamiento un sistema integral de reciclaje del agua  y de recolección de lluvia. Una serie de pequeñas represas en el río Indo puede llegar a ser más eficaz que los grandes canales que funcionan actualmente.

Dado que Pakistán se ve frecuentemente afectado por desastres naturales, resulta crucial que  se implemente un sistema eficaz de Reducción del Riesgo de Desastre y Cartografía del Riesgo, involucrando y educando a aquellos que tienen más probabilidades de verse afectados por grandes crisis, a fin de asegurar que el grado de devastación y destrucción sea tan escaso como sea posible. Las Autoridades de Administración de Desastres en cada provincia deberían intensificar sus esfuerzos e involucrar a las universidades locales en realizar una investigación sobre el cambio climático.

Dos países, más desafíos

National Civic Forum
Mdani Abbas Medani
Afaf Awad

La secesión de Sudán del Sur causará graves impactos tanto en el Estado del norte como en el del sur. Los planes de desarrollo de Sudán del Norte estarán en peligro por su dependencia de los ingresos del petróleo, mientras que Sudán del Sur enfrenta penurias económicas y sociales importantes que podrían convertirlo en un estado fallido. Aunque algunos indicadores de género han mejorado, todavía falta mucho para cerrar la brecha entre mujeres y hombres. La firma del Acuerdo General de Paz en 2005 preparó el camino para que las organizaciones de la sociedad civil desempeñaran un rol eficaz en la vigilancia de las elecciones.

La historia política de Sudán tuvo un punto de inflexión en 2010. Se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias y se hicieron preparativos para el referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur, que incluyeron un censo para determinar la composición y número del electorado. El referéndum sé llevó a cabo del 9 al 15 de enero de 2010 y los resultados, publicados el 7 de febrero, mostraron que el 98% de los votantes estaba a favor de la independencia. En consecuencia, se acordó que la República de Sudán del Sur sería declarada oficialmente un Estado soberano en julio de ese año.

Según una encuesta sobre la pobreza que se realizó en 2009, el 46,5% de la población sudanesa vive actualmente debajo de la línea de pobreza[1] . Los problemas fundamentales son, entre otros, los conflictos, los desplazamientos y la inseguridad alimentaria, cuyas causas principales son los desastres naturales y los parcialmente creados por los humanos como la sequía, la desertificación y las inundaciones[2] .

Breve historia de los conflictos

Desde su independencia Sudán ha enfrentado dos guerras civiles, la primera entre 1955 y 1972 y la segunda (considerada una prolongación de la primera) entre 1983 y 2005. Las raíces del conflicto se remontan a la época colonial cuando los ingleses establecieron administraciones separadas para la zona norte, más parecida al Egipto islámico, y la sur, similar a Kenia y Tanganica (ahora Tanzania). El proceso de independencia se desarrolló sin participación de emisarios del sur, de manera que no se tuvieron en cuenta sus reivindicaciones y necesidades. Esto llevó a la Primera Guerra Civil Sudanesa, que empezó cuando el Gobierno atacó a manifestantes y disidentes políticos del sur, desencadenando más violencia y motines que degeneraron en una guerra a gran escala. Esta etapa del conflicto terminó con el Acuerdo de Addis Abeba, que debía darle un importante grado de autonomía al sur.

Sin embargo los términos del acuerdo no se aplicaron totalmente, y comenzó la Segunda Guerra Civil. Esta terminó oficialmente con la firma en 2005 del Acuerdo General de Paz (CPA, por sus siglas en inglés) entre el partido de gobierno, Partido del Congreso Nacional (NCP), y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM). En el periodo posterior se propuso el referéndum por la independencia de Sudán del Sur.

Desafíos ambientales

El territorio sudanés enfrenta desafíos ambientales gravísimos, entre los cuales la erosión del suelo, la degradación de la tierra, la deforestación y la desertificación, que representan amenazas para las posibilidades de paz duradera y desarrollo sustentable. Por ejemplo, los asentamientos cada vez más grandes ya han puesto en peligro los bosques. Casi el 75% de la energía proviene de combustibles tradicionales como la madera, lo que (junto con la demanda de carbón vegetal) ha llevado a la eliminación de muchos bosques. Esto acelera el proceso de desertificación y el Sáhara se está extendiendo a lo que antes eran tierras arables y forestales[3] . El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) también ha identificado otras dos causas fundamentales de la desertificación: la conversión de zonas semidesérticas en desérticas a causa del cambio climático; y la degradación de los ambientes de desierto existentes, entre los cuales los wadis y oasis, por las actividades humanas[4] .

Aunque el Gobierno declaró casi el 4% de la tierra como zonas protegidas, todavía hay mucha caza furtiva en todo el país, lo que pone en peligro las poblaciones de animales. Muchos esfuerzos de conservación se vieron perjudicados por los conflictos civiles, especialmente porque los militares tomaron el control de los bosques de Sudán del Sur, de gran riqueza ecológica [5] . Según el UNDP, existen conexiones claras entre los problemas ambientales y las guerras que ha sufrido el país: “La competencia por las reservas de petróleo y gas, el agua del Nilo y la madera, además de los problemas por los modos de uso de la tierra agrícola, son causas importantes del origen y perpetuación del conflicto en Sudán. Las confrontaciones por las praderas y las tierras agrícolas de secano son una manifestación especialmente llamativa de la conexión entre la escasez de recursos naturales y los conflictos violentos[6] .

A pesar de la grave carencia de agua, las inundaciones son frecuentes - tanto las crecidas repentinas como las inundaciones más generales por desbordamiento del Nilo y sus afluentes – y tienen como consecuencia daños generalizados, incluso la erosión de las riberas y la consecuente pérdida de cultivos[7] .

Nuevos desafíos para los dos Sudán

Sudán del Norte y Sudán del Sur mantienen negociaciones sobre asuntos pendientes como la demarcación de los límites, especialmente con relación a la petrolera región de Abyei, y en 2003 aportó más de un cuarto de la producción total de crudo del país, aunque los volúmenes han caído recientemente y algunos informes sugieren que las reservas de la región están casi agotadas[8] . Se hará un referéndum para decidir si Abyei será parte de la región de Bahr El Ghazal de Sudán del Sur o de la región de Kordofan del Sur de Sudán del Norte. Se había pensado hacer este referéndum en forma simultánea con el relativo a la independencia, pero fue necesario postergarlo por graves diferencias en cuanto al proceso a seguir, y desde entonces la violencia ha aumentado.

La economía de Sudán del Norte, muy dependiente de los ingresos del petróleo, se verá afectada negativamente por la secesión, mientras que el Sur tendrá graves obstáculos para establecerse como Estado viable. Por ejemplo, a pesar de que el territorio del sur contiene tres cuartos de los sitios de producción de petróleo, casi todas las refinerías y tuberías están en el norte. Además, sigue sin resolver la cuestión de la nacionalidad y la integración. ¿El Gobierno de Sudán del Sur logrará forjar una identidad nacional que una a los pueblos que habitan su territorio, que están entre los más diversos del mundo en cuanto a idioma y cultura? Y tendrá desafíos aún mayores como la pobreza, la falta de acceso a la atención de salud y la mortalidad materna e infantil descontroladas[9] .

Desigualdad de género

La matriculación de mujeres en la educación primaria aumentó del 64,4% en 2006-2007 al 69,9% en 2009, en tanto la matriculación de mujeres en la educación secundaria aumentó del 30% en 2005 al 35,5% en 2009[10] . Además, las mujeres sudanesas han hecho algunos avances en términos de representación y participación política: en las elecciones de 2010 las mujeres ganaron el 28% de los escaños parlamentarios.

A pesar de estos datos alentadores, hay gran desigualdad en cuanto a las posibilidades de las mujeres de acceder a cargos más altos y también de tener oportunidades de capacitación,  y la mayoría de las actividades que administran las mujeres sudanesas son en la agricultura y el sector informal. Además, sobre todo a causa de los conflictos armados y las guerras civiles, las mujeres sudanesas han sufrido la falta de servicios básicos, especialmente la atención de salud. Por ejemplo, la mortalidad materna es de 509 por 100.000 nacimientos vivos[11] . Además, las normas sociales y culturales, las creencias y las prácticas tradicionales siguen dificultando la plena participación de la mujer en todas las profesiones y actividades.

El papel de la sociedad civil

La firma del CPA en 2005 preparó el camino para que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participaran eficazmente en el abordaje de los problemas fundamentales, y muchas han estado participando en la vigilancia de las elecciones del país y los referéndum sobre Sudán del Sur, como observadoras de todo el proceso de educación y registro de los votantes, y las campañas electorales, así como asesorando para la capacitación de observadores nacionales. También algunas OSC han establecido grupos de vigilancia parlamentaria para hacer un seguimiento del parlamento tanto a nivel estatal como federal.

Sin embargo, las OSC no han participado activamente en la toma de decisiones y en los principales asuntos políticos. Esto se debe principalmente a su difícil relación con el Gobierno, especialmente por las restricciones a sus actividades.

Conclusión

Sudán está en una encrucijada. La declaración de independencia de Sudán del Sur será en julio, pero la situación de Abyei sigue en disputa y la violencia aumenta. Tanto el norte como el sur enfrentan graves problemas para el desarrollo y el medio ambiente que solo podrán empeorar con la persistencia del conflicto, y todavía está por lograrse un acuerdo sobre asuntos fundamentales como los derechos petroleros, los derechos de agua y la ciudadanía. Los países donantes han instado a ambos países a reducir su dependencia del petróleo, aumentar su seguridad alimentaria a través del desarrollo agrícola y ampliar sus servicios de salud, educación, agua y saneamiento[12] . La estabilidad y un aumento del comercio entre el norte y el sur y también con sus vecinos brindarían oportunidades económicas para los jóvenes, que componen más de la mitad de la población, y para las mujeres y niñas, cuyas oportunidades educativas y laborales han sido limitadas hasta ahora[13] .

El Gobierno y su acotado concepto de lo verde

Citizens' Coalition for Economic Justice
Kyehyun Ko

Los planes del Gobierno para el crecimiento económico no toman en cuenta los temas sociales ni los medioambientales. Al promover un modelo neoliberal no toma en consideración la distribución de la riqueza, el bienestar de los ecosistemas naturales ni la participación de la sociedad civil. Mientras tanto, la economía se vuelve cada vez más dependiente de los mercados y de los inversores extranjeros. El país está fallando en lo que respecta a proporcionar un estándar de vida mínimo para los sectores más pobres de la sociedad, un sistema de protección adecuado para las personas mayores, instalaciones adecuadas para el cuidado de los niños o un sistema de salud pública que funcione.

Existen por lo menos dos principales obstáculos para el desarrollo sustentable en la República de Corea: una alta dependencia de un modelo económico basado en las exportaciones y una infraestructura débil de bienestar social. Según un informe de 2010, el país es el de mayor dependencia respecto a las exportaciones e importaciones entre los países del G-20, con exportaciones que representan el 43,4% de su producto interno bruto (PIB)[1]. El mismo estudio indicó que el país también es el más altamente dependiente de la inversión extranjera entre los países del G-20 (88%). El Gobierno del presidente Lee Myung-bak, en particular, se preocupa nada más que por las necesidades económicas de los propietarios de las grandes empresas.

La obsesión del Gobierno por impulsar el sector de las exportaciones ha ocasionado una profunda desigualdad entre las empresas grandes y las pequeñas o medianas. La economía está dominada por unos pocos conglomerados como Samsung y Hyundai, y la brecha entre ellos y sus proveedores va en aumento. Mientras los grandes conglomerados forman la columna vertebral de la economía del país (por ejemplo, solamente Samsung provee el 20% de las exportaciones), las pequeñas y medianas empresas dan empleo a más del 80% de la fuerza laboral, por lo que su salud es crucial para la economía. Sin embargo, el número de pequeñas empresas está disminuyendo[2]. Entre ellas el 46% son subcontratistas que no tienen capital propio ni son tecnológicamente independientes y, por lo tanto, están subordinadas a las grandes empresas.

Crecen las desigualdades

Esta situación ha llevado al aumento de los disturbios sociales y sindicales, y también a debilitar la demanda interna debido al aumento del número de trabajadores no regulares y desempleados. Existe una alta prevalencia de trabajadores informales o no regulares entre las pequeñas y medianas empresas. En 2011 la tasa de desempleo del país aumentó de 3,6% en enero a 4% en febrero, según cifras del Departamento de Estadística del Gobierno[3]. Las tasas de desempleo son mayores entre los jóvenes (8,5%), con un 50% de recientes graduados universitarios que no pueden encontrar un trabajo.

La brecha de ingresos entre los trabajadores formales e informales es cada vez mayor. En 2010, 2,1 millones de trabajadores tenían ingresos inferiores al salario mínimo (USD 767 por mes)[4]. El coeficiente trimestral Engel (el porcentaje de consumo de alimentos en relación al gasto total) registró la cifra más alta en siete años: 13,92%[5]. El coeficiente Engel mostró que cuanto más bajo es el ingreso de una familia, mayor es la proporción de los gastos en alimentos en su presupuesto familiar. Un aumento del coeficiente sugiere un mayor empobrecimiento y una creciente desigualdad entre ricos y pobres.

Temas medioambientales

Uno de los principales problemas medioambientales del país es la contaminación del aire en las grandes ciudades (83% de la población vive en áreas urbanas)[6]. La descarga de alcantarillado y los efluentes industriales han provocado la contaminación del agua, inclusive bajo forma de lluvia ácida.

La ría de Saemangeum – que alberga 25 especies de aves migratorias, cuenta con miles de especies de animales y plantas y da sustento a varias comunidades de pescadores – es una de las zonas del país que se encuentra en más grave peligro de extinción. El Gobierno creó una presa para abastecer de agua a las operaciones agrícolas en todo el litoral y ahora los sedimentos del río cambiaron de manera significativa el ecosistema. Las aves migratorias no son capaces de anidar en la zona, lo que tiene un tremendo impacto en la cadena alimentaria local. Aunque la mayoría de los estudios de impacto medioambiental en las etapas iniciales del proyecto no fueron realizados de manera accesible al público, desde el primer momento, varios grupos medioambientalistas expresaron su preocupación respecto a que el Gobierno no estaba realizando la suficiente planificación como para proporcionar nuevas áreas para anidar a las aves. La presa fue terminada en 2006 y la ría comenzó a llenarse con los sedimentos transportados por los ríos cercanos. No solo aconteció que el agua tan contaminada de estos ríos no podía ser utilizada para la agricultura en la costa, sino que la tierra que trasportaba estaba tan saturada con productos químicos tóxicos que el cultivo de arroz también resultó imposible. El área por lo tanto tendrá que ser utilizada para otros fines, pero el daño medioambiental ya se ha hecho. La mayoría de las especies de aves locales se encuentran en peligro de extinción[7].

La preocupación también ha venido creciendo entre las organizaciones medioambientales en relación con los esfuerzos del Gobierno para impulsar la inversión en energía nuclear. En 2010 el país esperaba obtener más del 50% de sus necesidades energéticas de la energía nuclear, con solo un pequeño porcentaje proveniente de fuentes limpias y renovables[8].

El Proyecto de los Cuatro Ríos Principales

El Proyecto de los Cuatro Ríos Principales se puso en marcha en 2009 como parte del nuevo conjunto "verde" de políticas promulgadas por el Gobierno sobre Bajo Carbono - Crecimiento Verde (BCCV) (ver recuadro). Representando el 38% del presupuesto para el BCCV, el proyecto tiene tres componentes esenciales: la revitalización del Han, el Nakdong, el Geum y el Yeongsan (los llamados "cuatro ríos principales"); un conjunto de obras sobre 14 afluentes; y la restauración de otros arroyos de menor tamaño. Los objetivos declarados son proteger los recursos hídricos, implementando medidas integrales para el control de las inundaciones; mejorar la calidad del agua y crear espacios "eco-amigables" para el turismo. Con el fin de lograr estos objetivos serán modificados los cursos de numerosos afluentes y arroyos menores y los cuatro ríos principales hospedarán presas y embalses que cambiarán drásticamente los ecosistemas involucrados[9].

El proyecto ha suscitado críticas de grupos medioambientalistas locales e internacionales, como Amigos de la Tierra. No ha habido una Evaluación Adecuada del Impacto Medioambiental  antes de comenzar el trabajo o cualquier tipo de diálogo con la sociedad civil, la cual se vio  privada de información sobre el proyecto[10]. En efecto, el proyecto está siendo llevado a cabo sin atender ninguna consideración por parte de la opinión pública, puesto que el 70% de los coreanos critican el proyecto debido a que no restaura sino que mata los ecosistemas[11].

Además, las cuatro provincias que albergan el proyecto tienen significativamente menos problemas de abastecimiento de agua que otras zonas del país. Los medioambientalistas han señalado que, debido a las operaciones de dragado masivo implicadas, tendrán que ser reubicadas la flora y fauna inusuales, en tanto los embalses forzarán al desplazamiento de comunidades y dañarán sitios que son patrimonio cultural. Por otra parte, se sospecha que el proyecto viola una serie de leyes, incluyendo la Ley Corporativa de Recursos Hídricos de Corea y aquellas relacionadas con la política medioambiental, la evaluación del impacto y la protección de bienes culturales[12]. También existen dudas sobre su viabilidad económica.

Conclusión

El modelo económico del país tiene que ser modficado, abandonando el principio del "crecimiento económico primero" en favor de un enfoque de desarrollo sustentable, abandonando la orientación de las grandes empresas a favor de la orientación de las pequeñas/medianas empresas – y enfocarse en políticas que, en vez de favorecer a los ricos, favorezcan a los pobres. En suma, el país debería abolir las políticas neoliberales y centrarse en las necesidades sociales y medioambientales.

El Gobierno debe reducir la dependencia del extranjero para fomentar las pequeñas y medianas empresas a través de exenciones fiscales y beneficios financieros. La expansión de los servicios públicos podría ser la clave para un proceso de creación de empleo que va a desempeñar un papel importante en la mejora de la calidad de vida en Corea. También debe haber una mayor participación de la sociedad civil en los proyectos y políticas que impactan sobre el medioambiente.

El crecimiento no sustentable lleva al desastre medioambiental

Social Watch India
Himanshu Jha

La falta de planificación a largo plazo que ha caracterizado a los gobiernos de India se percibe claramente en su crecimiento demográfico y en el aumento de las emisiones de CO2. Las recientemente propuestas "misiones" (o iniciativas de desarrollo sustentable) no solo son insuficientes sino que su eficacia, aunque mínima, continúa siendo incierta. Las recientes enmiendas de la largamente criticada Ley de Adquisición de Tierras de 1984 no son claras y fallan en el abordaje de los problemas en la legislación. El Gobierno debe apoyar de manera plena las fuentes renovables de energía e integrar en la planificación del desarrollo la gestión de riesgo climático. Si no lo hace, la totalidad de los escenarios futuros del país serán tenebrosos.

India enfrenta diversos desafíos sociales, tales como el crecimiento económico desigual, la mala gestión de los recursos naturales, la exclusión de la mayoría de la población en la toma de decisiones y en el acceso a los servicios básicos, la constante degradación medioambiental y el fracaso de las instituciones para integrar de manera suficiente las consideraciones medioambientales y de desarrollo social dentro de los objetivos de la política económica. Durante la última década, India se ha visto afectada por una serie de desastres naturales que han dañado severamente la economía y agotado los recursos naturales, amenazando el sustento de millones de personas. En la actualidad, el 77% de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

El país es especialmente vulnerable a los desastres naturales, incluyendo ciclones e inundaciones anuales debido a los monzones. Si a esto añadimos una paupérrima administración de los recursos, una infraestructura inadecuada y prácticas no sustentables, el futuro del país se visualiza sombrío. El calentamiento global ha tenido ya su impacto: incremento de la actividad ciclónica, aumento de los niveles de los mares y de la temperatura ambiente y cambios en las precipitaciones están siendo reportados y se verán agravados en el futuro cercano. El aumento de las temperaturas, en particular, va a cambiar los patrones de hielo y nieve de los Himalayas, lo que tendrá un enorme impacto sobre los ecosistemas de la región y la biodiversidad, así como también sobre los medios de subsistencia de millones de personas.

Se estima que la población del país aumentará alrededor de 1,2 millones en 2016 , ejerciendo una enorme presión sobre los recursos naturales, por lo que se prevé escasez de agua, agotamiento y erosión del suelo, deforestación y contaminación del agua y del aire.

Las misiones

El cambio climático se debe en gran parte a los patrones no sustentables de consumo de las naciones ricas industrializadas que son responsables de más del 70% del total de las emisiones globales de CO2 y consumen un 75-80% de los recursos del mundo, si bien apenas albergan un 25% de la población mundial. Mientras un ciudadano indio emite un equivalente de menos de dos toneladas de carbono por año, un ciudadano de EE.UU. emite el equivalente a más de 20 toneladas . Sin embargo, a pesar de su relativa pobreza, la economía India ya está afectando el clima.

En 2008 India fue el cuarto mayor emisor de CO2 del mundo .

El Gobierno ha propuesto un Plan de Acción Nacional para reducir las emisiones de CO2, y también está delineando el programa "Misiones", un conjunto de estrategias de desarrollo sustentable para servir como legislación nacional sobre clima en el futuro inmediato. Sin embargo, estas políticas están impulsadas más por imperativos adaptativos y modelos no sustentables de desarrollo que por un enfoque realista y adecuado de la sustentabilidad medioambiental. De hecho, India, junto con el G77 y China, cuentan con que el mundo desarrollado esté de acuerdo con una reducción del 40% de las emisiones de CO2 para 2020, a fin de que los países en vías de desarrollo obtengan el adecuado "espacio atmosférico" necesario para su desarrollo .

Las misiones proyectadas incluyen una Misión Solar Nacional (para generar 20.000 MW de energía solar en 2020), una Misión Nacional para un Hábitat Sustentable (centrada en la eficiencia energética en los edificios residenciales y comerciales, y en la mejora de la gestión de los residuos sólidos), una Misión Nacional del Agua (para mejorar la gestión del agua y la conservación del río), una Misión Nacional para una India Verde (centrada en la repoblación forestal), y una Misión Nacional para la Agricultura Sustentable.

La primera en ser lanzada fue la misión solar; las demás han sido aprobadas pero aún no implementadas, y los borradores de los documentos de las misiones están preparados en su totalidad. Sin embargo, no queda claro aún si el Gobierno va a proponer estas misiones como su principal estrategia para reducir las emisiones de CO2 del país. El Ministro de Medio Ambiente y Bosques ha aseverado ya que India promulgará un estándar obligatorio de combustible eficiente en 2011 y aspira a que el 20% de su electricidad sea suministrada mediante energías renovables en 2020. El Gobierno también aspira a reducir la intensidad energética del país en un 15-20% en los próximos 20 años y a incrementar el área cubierta por bosques o por árboles en un 15%, para remover carbono de la atmósfera. Esto se traducirá en más de un 9% de desviación en comparación con el escenario de los negocios que son llevados a cabo a la manera habitual, según han calculado las ONG locales .

El impacto de los proyectos de infraestructura a gran escala

Existe urgente necesidad de reconceptualizar los proyectos de infraestructura a gran escala dentro de un marco de desarrollo sustentable, y de tomar en consideración la política existente y el marco regulatorio para este tipo de proyectos. "Desde el punto de vista de definir una trayectoria de desarrollo económico sustentable bajo en carbono, resulta importante restringir la percepción de los proyectos de infraestructura a gran escala como algo a ser incluido para el beneficio del medio ambiente y la sociedad" . Entre las actuales iniciativas políticas se encuentra el Plan Nacional de Acción sobre Cambio Climático y el Plan Nacional de Acción de Mitigación Apropiada para energía baja en carbono, la Ley de Electricidad 2003, la Notificación de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley del Aire de 1981 para la regulación de emisiones y la Ley Nacional del Tribunal Verde, para nombrar algunas.

A pesar del marco normativo legal vigente, las soluciones legales para los temas relacionados con la contaminación han sido endebles. Como enunció en 2002 una evaluación de la Comisión de Planificación del Comité Estatal de Control de la Contaminación: "La no instalación de mecanismos de mitigación por parte de las unidades de contaminación es consecuencia directa de la absoluta falta de mecanismos eficaces de castigo y disuasión en caso de incumplimiento."

Otro estudio señala que la mayoría de las leyes y reglamentos medioambientales de India son procesales y carecen de directrices políticas claras.

Su enfoque de la contaminación se centra en la prevención más que en la aplicación de la legislación vigente . Por otra parte, en la mayoría de los casos los proyectos de infraestructura son manejados a través de procesos no judiciales, y resueltos de forma creciente mediante contratos y métodos legislativos o ejecutivos. Una revisión de los proyectos de la Autoridad Nacional de Carreteras de India detectó que los contratistas no integran la gestión del medio ambiente en sus planes, y también que prácticamente no existe ninguna adopción voluntaria de buenas prácticas de gestión medioambiental .

Abastecimiento de agua y saneamiento

A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno, el abastecimiento de agua y saneamiento continúa siendo insuficiente. En 2008, solamente el 54% de la población urbana tenía acceso a servicios de saneamiento, incluyendo la conexión al alcantarillado público y a un sistema séptico, y a letrinas de cierre hidráulico y letrinas de pozo ventilado, mientras que en las zonas rurales el número sube a un alarmante 21% .

Las instituciones encargadas de operar y mantener el suministro de agua y saneamiento a menudo son percibidas como ineficientes, y en la mayoría de los casos carecen de los recursos financieros necesarios. Aún así, la situación está mejorando de manera gradual: en 1980, la tasa de acceso de la población rural a servicios de saneamiento se estimó en 1%, y en 2008 ascendió al anteriormente mencionado 21%.

La contaminación en el Ganges y la minería ilegal

El río Ganges, considerado sagrado por los hindúes, se encuentra tremendamente contaminado, repleto de desechos químicos, aguas residuales y restos humanos y animales. Una de las causas de esta contaminación es la minería ilegal, especialmente en el distrito de Haridwar, en donde se concentra la mayor parte de la trituración de piedra y de las operaciones mineras ilegales, saqueando el lecho del río y contaminando sus aguas de escombros y residuos químicos. La minería de arena y piedra (en su mayoría destinada a la construcción) ha incrementado el riesgo de inundaciones y causado una grave deforestación . La minería ilegal ha generado controversia en todo el país. Algunos de estos casos (por ejemplo, la concesión minera en Andhra Pradesh) involucran a miembros del Gobierno .

Recomendaciones

Las amenazas al desarrollo sustentable hacen urgente que el Gobierno tome las siguientes medidas:

• Realizar una evaluación detallada de la eficiencia energética a nivel estatal puede servir para apoyar los esfuerzos del Gobierno Central;
• Apoyar la energía renovable a través de exenciones fiscales, subsidios, mejores condiciones de mercado, créditos blandos de instituciones financieras, etc;
• Integrar la gestión del riesgo climático en los planes nacionales de desarrollo;
• Establecer un comité de coordinación de donantes múltiples a fin de facilitar acciones climáticas de mitigación y adaptación;
• Hacer que la información climática científica esté disponible y accesible para las comunidades, con el fin de informar sus análisis, y apoyar la identificación de soluciones sustentables, garantizando al mismo tiempo que la Reducción Efectiva del Riesgo de Desastres continúa estando basada en el conocimiento local, y construida sobre el análisis participativo a nivel local de vulnerabilidades y capacidades.

El derrumbe del modelo extractivo

Public Finance Monitoring Centre
Kenan Aslanli[1]
Environmental Law Centre “Ecolex”
Samir Isayev[2]

El país, uno de los territorios industrialmente más contaminados del mundo, debe cambiar su antigua economía extractivista por una sustentable. Debe adoptar además nuevas políticas medioambientales y mejorar el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Son frecuentes las violaciones a la libertad de expresión pues el Gobierno hace esfuerzos sistemáticos por silenciar a disidentes políticos y manifestantes, llegando a recurrir a métodos no convencionales. Las elecciones no cumplen enteramente con los estándares internacionales; el partido de gobierno controla el Parlamento y los tribunales no son independientes. Algunas ONG han sido clausuradas o se les ha negado la inscripción como tales.

El país enfrenta una serie de obstáculos para pasar a un modelo de desarrollo más sustentable, pero está lejos de superarlos. La dependencia en la industria petrolera y la petroquímica sigue causando daños medioambientales graves, desde la degradación del suelo hasta la contaminación del agua y el aire. El Gobierno ha tomado medidas para abordar estos problemas pero no queda claro cuánto tiempo durarán, en ausencia de un marco regulatorio formal. Otros aspectos de la sustentabilidad son más difíciles, especialmente aquellos relacionados con los derechos humanos, pues el partido de gobierno domina tanto el Parlamento como los tribunales, la sociedad civil está muy controlada, y la disidencia y las protestas políticas son duramente castigadas.

Severos desafíos medioambientales

Azerbaiyán enfrenta desafíos medioambientales diversos y muy graves. En algunas regiones el suelo está muy contaminado por pesticidas como el DDT y los defoliantes que se usan en los cultivos de algodón. El agua está muy contaminada; solo la cuarta parte recibe tratamiento de purificación. Casi la mitad de la población carece de alcantarillado[3] . Las ciudades de Sumgayit y Bakú -la capital- figuran entre las más contaminadas del mundo[4] . Bakú, precisamente, figura en los niveles más bajos del mundo en cuanto a salud y saneamiento[5] .

La economía extractiva no es ajena a esta situación. Como una de las cunas de la industria del crudo, Azerbaiyán tiene una larga historia de dependencia económica de la extracción de petróleo. Hay pruebas del comercio de petróleo en los siglos III y IV D.C., y las obras del científico y viajero turco del siglo XVII Evilya Celebi mencionan actividades de refinación.  A fines del siglo XIX se estableció una industria petrolera propiamente dicha, y surgieron los “barones del petróleo”, que se especializaron en los procesos de extracción y contribuyeron a la modernización e industrialización de Bakú.

Hoy en día la industria petroquímica sigue siendo la más destacada del país, pero en 2010 ya había alcanzado su nivel de mayor producción de 1,12 millones de barriles por día. Algunas predicciones muestran que habrá una importante caída en los niveles de producción entre 2015 y 2025 (ver el cuadro).

Sin embargo la producción de crudo ha demostrado ser insostenible no sólo para sí misma sino que además para el medio ambiente: La larga historia de Azerbaiyán como productor de petróleo ha llevado a altos niveles de contaminación. En la época soviética, las zonas residenciales de Bakú, por ejemplo, se construyeron en medio de campos petroleros y centros industriales ubicados dentro de los límites de la ciudad, prácticamente sin consideraciones ambientales. En muchos casos la industria petrolera de la época soviética creó enormes lagos de petróleo que literalmente destruyeron toda la biomasa circundante. En los últimos 150 años las costas del Mar Caspio, especialmente en la península de Abershon, se han vuelto un desastre ecológico a medida que el río Volga trae cada vez más desperdicios químicos y biológicos tóxicos.

Cambio de modelo

Este panorama tenebroso ha puesto en evidencia la necesidad de proteger el medio ambiente. Por eso en 2009 el Banco Mundial publicó un informe que señala la importancia de diversificar la economía azerbaiyana para reducir la dependencia de los ingresos provenientes del crudo y el gas y desarrollar la sustentabilidad a largo plazo[6] . El Banco Asiático de Desarrollo se hizo eco de esta conclusión[7] y también el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el FMI: “dado que la producción de petróleo dejará de ser la principal fuente de crecimiento, es urgente acelerar la diversificación económica”. Sin embargo, hasta 2010 los sectores no petroleros no han crecido de forma significativa. El crecimiento de los sectores no vinculados a la energía descendió del 16% en 2008 al 13% en 2010, y las exportaciones no petroleras solo representan el 5% de las exportaciones totales del país. Para contrarrestar esta tendencia el IMF exhortó al gobierno del presidente Ilham Aliyev a apoyar al sector privado a través de facilidades tributarias, la modernización de los impuestos y las aduanas y la reducción de los monopolios estatales[8] .

La respuesta del Gobierno fue invertir en un nuevo astillero y en nuevos proyectos de telecomunicaciones. También emitió un decreto que redujo el número de inspecciones a las empresas privadas. En julio de 2010, en un discurso al Gabinete de Ministros, Aliyev declaró que sin perjuicio de la necesidad de mantener el ritmo de la producción petrolera, la economía se estaba diversificando y destacó que el desarrollo del sector no petrolero era una prioridad fundamental[9] .

Ya en 2004, el Gobierno había establecido un programa destinado a diversificar la economía, que se centraba en sectores diferentes del petróleo y buscaba mejorar los niveles de vida de la población. Hasta 2011 los resultados han sido positivos a pesar de una desaceleración del crecimiento económico después del comienzo de la crisis mundial en 2008. Por ejemplo, la Comisión de Aduanas del Estado informó en marzo de 2011 que las exportaciones  agrícolas subieron 1,38 puntos de 20,1% en 2010 a 21,38% en enero-febrero de 2011[10] .

De hecho, el Gobierno hoy en día está demostrando un compromiso moderado con la protección del medio ambiente. El mayor desafío para el Gobierno y para el sector privado es desechar el antiguo modelo extractivo e impulsar las inversiones y la investigación en tecnologías respetuosas del medio ambiente. El Gobierno declaró el 2010 “Año de la Ecología” e inició programas que han incluido la plantación de árboles, la purificación del agua y el desarrollo de fuentes de energía alternativas y limpias.

Otro esfuerzo esperanzador fue la renovación de las refinerías en las afueras de Bakú para reducir las emisiones de dióxido de carbono cerca de las zonas pobladas. También se hicieron obras de rehabilitación de sitios contaminados. Por ejemplo, la empresa eléctrica estatal, Azerenerji, ha recibido fondos del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) para reconstruir la central térmica Azdres de manera que pueda trabajar según el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto.

Antecedentes desalentadores en materia de derechos humanos

Varias organizaciones de derechos humanos advierten que Azerbaiyán enfrenta desafíos importantes con respecto a libertades fundamentales, derechos humanos y democracia. Las elecciones todavía no cumplen con los estándares internacionales, y no hay suficiente independencia entre los poderes legislativo y ejecutivo: el Parlamento está dominado por el partido dominante Nuevo Azerbaiyán.

Article 19, una organización de derechos civiles, presentó un informe en setiembre de 2010 que brinda algunos datos clave sobre la libertad de expresión en el país. Entre otras tendencias alarmantes, el informe menciona actos de violencia contra periodistas, hostigamiento o persecución de quienes critican al Gobierno y el uso inadecuado del derecho penal para fines políticos, que incluye el encarcelamiento de disidentes bajo imputaciones de violencia callejera y tenencia de drogas. En 2009 había más de 50 presos políticos[11] .

Los ataques violentos a los representantes de los medios de comunicación son frecuentes. En 2005 el jefe de redacción de una revista local fue asesinado de un tiro por personas desconocidas después de que publicara varios artículos muy críticos de las autoridades. Desde entonces ha surgido un clima de violencia contra periodistas, impunidad para los atacantes y hostigamiento y prisión de quienes critican al Gobierno[12] .

También hubo informes de torturas y malos tratos en las comisarías y establecimientos de detención. Estos incidentes no se investigan adecuadamente, y no se persigue penalmente a los funcionarios del orden sospechados de ser los responsables de las torturas.

El Gobierno también emplea violencia contra los manifestantes. Después de las elecciones presidenciales de 2003 y de las parlamentarias de 2005, la policía dispersó con violencia a los manifestantes, y ninguno de los funcionarios involucrados fue castigado. De hecho, desde 2005 el Gobierno ha limitado fuertemente el ejercicio del derecho de reunión.

Algunas organizaciones de derechos civiles y otras ONG han sido clausuradas o se les ha negado la inscripción como tales. Las enmiendas a una ley de 2009 le han otorgado al Gobierno un fuerte control sobre las ONG[13] . En abril de 2011, después de la violenta represión de manifestantes en Bakú, Amnistía Internacional exhortó las autoridades a detener sus medidas contra la libertad de reunión. La Comisión de la Cámara Pública que organizó la concentración adujo que al menos 150 personas habían sido arrestadas cuando trataban de manifestarse contra el Gobierno. Se bloquearon todos los accesos al lugar de la concentración, y cientos de policías antidisturbios concurrieron a detener la protesta, que  había sido organizada por los partidos de oposición a través de Facebook. Se prohibió a varios periodistas que fotografiaran o filmaran los hechos, y después de las protestas muchos activistas fueron secuestrados de sus hogares. Por lo menos siete personas fueron condenadas y encarceladas; los juicios fueron a puertas cerradas sin que los acusados pudieran contar con asistencia letrada[14].

“El régimen actual de Azerbaiyán tiene antecedentes en materia de prohibir e impedir las reuniones públicas”, dijo John Dalhuisen, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia central. “Su reacción a la protesta de hoy y a las manifestaciones en marzo de este año muestran con claridad que las autoridades se niegan terminantemente a tolerar cualquier forma de protesta pública visible”[15] .

El desarrollo a costa de la sustentabilidad

Friends of the Earth Malaysia
Sahabat Alam Malaysia

En un esfuerzo por alcanzar el estatus de país desarrollado para 2020, el Gobierno está implementando un modelo de desarrollo insustentable. Por ejemplo, una selva entera está siendo inundada y al menos 15 comunidades han sido reubicadas para construir una enorme represa hidroeléctrica, una gestión irresponsable que se traducirá en la pérdida de especies endémicas y en aumento del descontento social. Mientras tanto, el derecho del pueblo a participar en la gestión de los recursos naturales está prácticamente silenciado. Únicamente el empoderamiento de las personas y la garantía del acceso a la información harán posible que el Gobierno sea capaz de abordar el desarrollo sustentable.

En 1991, el entonces primer ministro Mahatir bin Mohamed introdujo el concepto de Wawasan 2020, o "Visión 2020". Este concepto se basa en la idea de que Malasia podría convertirse en un país desarrollado para 2020, y estableció nueve desafíos estratégicos que tuvo que superar, incluyendo garantizar una sociedad económicamente justa, una economía competitiva y dinámica, y también la inclusión de las minorías étnicas y la creación de un sentimiento de unidad nacional[1].

Este plan fue  ulteriormente recalibrado. En 2009, el actual primer ministro Najib Tun Razak declaró que las estrategias tuvieron que ser redefinidas sobre todo debido a que, para lograr los objetivos económicos de Wawasan 2020, es necesario alcanzar una tasa de crecimiento económico de aproximadamente el 8%[2], mientras que el promedio de 2000 a 2010 fue apenas de 1,20 % y en 2009 se alcanzó un mínimo histórico del 7,8%, seguido de un pico ese mismo año del 5,9% y un estimado del 3,2% para 2011[3]. La otra razón, según el primer ministro, fue que "una nación desarrollada no se define únicamente por ser más rica. Existen importantes medidas sociales y de calidad de vida que deben tenerse en cuenta al considerar nuestros objetivos y nuestros aciertos"[4].

Esta idea es compartida por el ex ministro de Comercio Internacional e Industria y por el miembro en funciones del Parlamento, Rafidah Aziz, quien también se sintió optimista respecto a lograr la condición de país desarrollado para 2020. "Nos hemos abocado a convertirnos en una sociedad desarrollada a nuestro propio modo lo que significa que nuestra sociedad en 2020 podrá ser multirracial, cohesiva, tolerante, respetuosa de los demás y despolarizada",  señaló[5].

A pesar de estas buenas intenciones y también del hecho de que en la década de 1970 Malasia fue pionera en el establecimiento de un marco para la gobernanza medioambiental[6], muy poco se está llevando a cabo hoy en día para adoptar un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable, especialmente en relación a la evaluación de los problemas ambientales. De esta manera, por ejemplo, el cumplimiento por parte del país de los acuerdos de Río 92 ha sido, en general, decepcionante. A partir de ese año se ha experimentado un mayor desarrollo de la industrialización, la urbanización y la infraestructura que se ha traducido en la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas vitales, en particular en la pérdida de manglares y bosques de tierras bajas. Por otra parte, a pesar de lo dispuesto en numerosas leyes las personas en las zonas afectadas son escasamente consultadas y el Gobierno continúa manteniendo el secreto cuando se trata de proyectos de desarrollo.

De hecho, el modelo de desarrollo implementado por el Gobierno se centró en el desarrollo financiero e industrial sin tomar en cuenta el medio ambiente, siendo caracterizado por el consumo desenfrenado y el derroche de agua y electricidad, lo que deviene en degradación medioambiental y problemas de salud.

                                                                             
Pérdida de biodiversidad y leyes permisivas

Malasia posee una flora y fauna excepcionalmente rica y diversa, con aproximadamente 25.000 especies de plantas[7], 746 especies de aves, 300 especies de mamíferos, 379 especies de reptiles, 198 especies de anfibios y 368 especies de peces[8]. Dentro de esta flora y fauna, 2.199 especies son endémicas[9].

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Lista Roja 2010, Malasia ranquea tercero en el mundo entre los países con mayor número (1.180) de especies amenazadas[10]. De esta cifra, 488 son especies animales, con 47 de ellas dentro de la categoría de "peligro crítico". Además, 188 de 692 especies de plantas se encuentran en peligro crítico, y cuatro especies de plantas endémicas se han extinguido[11].

La última planta declarada extinguida es la Shorea kuantanensis, luego de que el único bosque en el que crecía, la Reserva Forestal Bukit Goh, en Kuantan, fue talado para el cultivo de la palma aceitera. Las otras dos son especies de helechos y el arbusto de floración Begonia eromischa.

Las selvas tropicales de Malasia son ricas en madera, plantas medicinales, resinas, fertilizantes y, además, suministran  agua dulce, protegen los suelos contra la erosión y la pérdida de nutrientes, y mantienen una gran biodiversidad. Malasia, de hecho, es reconocida como uno de los 12 países megadiversos del mundo[12]. Esto significa que posee una gran responsabilidad de salvaguardar su diversidad biológica. A pesar de que existen leyes para regular la explotación de los recursos naturales y para la protección del medio ambiente, su implementación y aplicación continúan siendo malas.

Numerosas leyes requieren ser revisadas, pero dado que el desarrollo económico sin una perspectiva sustentable ha sido una alta prioridad, los esfuerzos para reafianzar las leyes deficientes, a menudo, pasan a un segundo plano. Por ejemplo, la propuesta para enmendar la Ley de Calidad Ambiental de 1974 se ha debatido durante casi una década, y una ley de protección de la vida silvestre de 1972 fue reemplazada por la Ley de Conservación de la Naturaleza 2010, después de aproximadamente 15 años de deliberación. Por otra parte, las nuevas leyes omiten abordar los temas clave pasados por alto por las antiguas reglamentaciones, las mismas que han contribuido al dudoso estatus del país de ser un centro regional para el tráfico de especies silvestres.

Otro punto débil radica en la clara separación de poderes entre los gobiernos federal y estatal en relación a los recursos como la tierra, los bosques y el agua. Mientras que la mayoría de las políticas sobre biodiversidad (por ejemplo, la Política Nacional de Biodiversidad, la Política Forestal Nacional y la Política Nacional de Tierras) fueron establecidas a nivel federal, la adopción de estas políticas se ha mantenido debilitada en el ámbito estatal, donde precisamente resulta más necesaria una implementación eficaz.

Extracción de recursos y deforestación

Hasta la década de 1970, la economía de Malasia dependió, en gran medida, de los recursos naturales del territorio. Por ejemplo, las grandes plantaciones de caucho fueron un importante pilar de la economía del país desde la época colonial. Por lo tanto, la vertiginosa pérdida de selva tropical en el siglo XX puede vincularse claramente a los modelos de extracción implementados por las sucesivas administraciones[13]. Grandes áreas de tierras cultivables fueron despejadas para la producción de caucho y palma de aceite, y un gran número de árboles fueron talados con el fin de cumplir con la demanda de madera de los mercados nacionales e internacionales: en 1985, por ejemplo, el sector forestal aportó más de un 15% de los ingresos de exportación del país[14]. Según algunos estudios, la tasa de deforestación de Malasia está creciendo de manera más vertiginosa que la de cualquier otro país tropical[15]. De hecho, su tasa de deforestación anual aumentó casi un 86% entre 1990 y 2005, con una pérdida completa de cobertura forestal de 140.200 hectáreas por año desde 2000[16].

Se ha señalado que, si bien Malasia "en los papeles " posee una de las mejores políticas de protección de bosques tropicales en desarrollo de Asia, existe una gran brecha entre la ley y su plena implementación y aplicación, de manera tal que la tala aún representa una amenaza para la integridad de las selvas tropicales. De hecho, durante las últimas dos décadas, la gestión sustentable de los bosques ha sido inexistente[17].

Mientras fue formulado a principios de 1970 un marco jurídico y administrativo, los impactos medioambientales del desarrollo agrícola basado en la tierra y las prácticas extractivas crecieron en magnitud, incluyendo la deforestación, la cual se ha intensificado de manera significativa[18].

Las consecuencias de la deforestación y del mal uso de la tierra son numerosas: erosión del suelo, cambios hidrológicos, contaminación por plaguicidas de las aguas superficiales, así como también la pérdida de la flora y fauna local. Asimismo, el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra está aumentando[19], y para los pueblos indígenas, quienes han dependido siempre de la selva para la medicina, la vivienda y la alimentación, la destrucción de su principal fuente de subsistencia también redunda en la pérdida de sus formas de vida tradicionales: cuando el bosque desaparece, también desaparece su cultura.

Megaproyectos, mega-destrucción

En las últimas dos décadas Malasia ha sido testigo de una serie de controvertidos proyectos públicos y privados. Sus impactos socio-medioambientales aún están siendo calculados.

El proyecto más polémico es el  Proyecto Hidroeléctrico de Bakun de 2.400 MW en el estado de Sarawak (en la isla de Borneo), donde un área de unos 695 Km2 (equivalente al tamaño de Singapur) va a ser inundada. Considerada como la segunda represa de escollera de hormigón a la vista más alta del mundo, el proyecto fue criticado por desatender los temas medioambientales y, además, por su dudosa justificación respecto a la creciente demanda de energía.

De hecho, la mayor parte de esta argüida demanda se dice que proviene de la península de Malasia, y no del este de Malasia, donde se encuentra ubicada la represa. Pero algunos críticos del proyecto han señalado que en la Malasia peninsular existe superabundancia de electricidad, lo que torna innecesario el proyecto hidroeléctrico[20].

Tras dos intentos fallidos de construir la represa, en 1994 el proyecto fue privatizado a la Ekran Berhad, una compañía maderera que no posee experiencia en la construcción de represas, y su finalización tenía como meta el 2003. En la subsiguiente crisis financiera asiática de 1997, el Gobierno de Malasia se hizo cargo del proyecto y le costeó una "compensación" a Ekran, la cual había completado el 50% de las obras de ingeniería.

El proceso de inundación fue iniciado el 13 de octubre de 2010, y  además del anegamiento de un vasto bosque tropical, lo que supondrá la pérdida de una gran cantidad de biodiversidad (que incluye a numerosas especies endémicas), 15 comunidades indígenas tuvieron que ser reubicadas río abajo. Este traslado forzado generó gran descontento entre la población de la zona, junto con reclamos de indemnizaciones sin resolver, pérdida de medios de subsistencia y una infinidad de otros problemas sociales. Varias comunidades que rechazaron el plan de reubicación presentaron una demanda conjunta contra el Gobierno debido a la pérdida de sus tierras nativas ancestrales. El caso aún está pendiente. Además, ha habido informes recientes acerca de prácticas de construcción inseguras –  e incluso ilegales –  las que parecen ser un asunto cotidiano en la construcción debido a las deficientes medidas de seguridad.

¿Un centro de industrias sucias?

Existe inquietud entre grupos de la sociedad civil y algunos funcionarios de Gobierno acerca de que las ambiciones de industrialización del Gobierno (a pesar del reclamo "verde") podrían convertir a Malasia en un imán para industrias contaminantes.

Todavía más alarmante es el hecho de que la extensa costa del país, especialmente en la península, está destinada a un centro petroquímico que se verá acompañado de la construcción de puertos a los efectos de facilitar la exportación de los productos finales. Estas industrias intensivas de energía también requieren que se construyan plantas de energía eléctrica a carbón como la que se encuentra en la Región en Desarrollo Iskandar, en el estado de Johor.

Este tipo de desarrollo costero a gran escala está aniquilando los bosques de manglares del país, los cuales son sitios de desove de peces que han sustentado la pesca artesanal costera durante generaciones. Las quejas de las comunidades locales acerca de las decrecientes capturas han caído mayormente en oídos sordos, con una magra compensación por parte de los promotores del proyecto y del Gobierno. En algunas áreas el desarrollo costero promovido por la industria de la acuicultura también ha restado tierras de cultivo con posibles consecuencias  para la seguridad alimentaria de la nación en los próximos años.

La resistencia a la agenda de desarrollo no sustentable del Gobierno ha sido, por lo general, cercenada mediante la censura a los medios de comunicación y el uso de una variedad de leyes que limitan la libertad de prensa, incluyendo la Ley de la Seguridad Interna, la Ley de los Secretos Oficiales, la Ley de la Sedición y la Ley de la Policía.

Sin embargo, una campaña bien organizada encabezada por las comunidades afectadas ha demostrado que los ciudadanos bien informados pueden convertirse en una importante fuerza para desafiar los planes de desarrollo no sustentable del Gobierno. Por ejemplo, dos casos exitosos en este sentido son el cierre de la fábrica de tierras raras Malayo-Japonesa, en el estado de Perak (a finales de 1990), y el abandono de la incineradora de residuos situada a solo 40 Km. de la capital.

Hoy en día, el mayor desafío para el desarrollo sustentable en Malasia es el empoderamiento de la gente mediante el conocimiento de sus derechos, garantizando el acceso a la información y creando mecanismos de participación pública genuina, de modo tal que la formulación de las políticas nacionales y las decisiones sobre el desarrollo de proyectos pueda ser verdaderamente analizada en base a la economía, la sociedad y el medio ambiente, es decir, sobre los tres pilares del desarrollo sustentable.

El desarrollo militarizado es siempre insostenible Décadas

Burma Lawyers' Council
Leslie Choi

Décadas de Gobierno militar han fomentado un ámbito político represivo en el que los principios democráticos son desobedecidos, los recursos públicos son explotados para beneficio de la elite militar y hay escaso  respeto por los derechos humanos y  el mandato de la ley. Sin derechos básicos, las personas sin voz del país padecen las consecuencias de la mala administración económica que menoscaba el medio ambiente y retrasa el desarrollo sustentable. Birmania necesita de manera urgente instituciones democráticas sólidas que promuevan el desarrollo sustentable, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

A pesar de la abundancia de recursos naturales en el país, la mayoría de los birmanos se enfrenta a condiciones de vida desafiantes como resultado de la mala administración económica del Gobierno. Más del 32% de la población vive por debajo la línea de pobreza[1]. Birmania se ubica en el lugar Nº 132 entre 169 países en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD 2010[2]. La falta de participación pública en el desarrollo de las políticas económicas se ve reflejada en la asignación por parte del Gobierno de sólo el 0,5% del producto interno bruto (PIB) para la salud, y el 0,9% para la educación[3]. Mientras tanto, el Gobierno invierte más del 60% de su gasto en empresas estatales[4].

La falta de instituciones democráticas impide al público participar de manera eficaz en la toma de decisiones sobre políticas económicas, sociales y medio ambientales. El abuso de poder es endémico. Los proyectos de desarrollo son utilizados para llenar los bolsillos de los funcionarios militares en detrimento de los ciudadanos.

El régimen militar, conocido como Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC, por sus siglas en inglés), organizó una elección nacional en noviembre de 2010 – la primera en 20 años – pero la misma estuvo caracterizada por leyes electorales deficientes y por prácticas represivas. El SPDC continúa sosteniendo las riendas del Gobierno en Birmania, y los funcionarios abusan con regularidad de su poder para promover sus propios intereses. Los funcionarios sienten escaso temor por las repercusiones: dado que no existen medios para hacerlos responsables de sus actos, estas son escasas.

La Constitución de 2008 y las elecciones de 2010

La Constitución de 2008 atrincheró al Gobierno militar mediante la reserva de un cuarto de los escaños parlamentarios nacionales y un tercio de los escaños parlamentarios estatales y regionales para los representantes militares designados por el Comandante en Jefe[5]. El ejército nombró a todos los miembros de la Comisión Electoral de la Unión (UEC, por sus siglas en inglés), el organismo gubernamental responsable de asegurar que las elecciones sean libres y justas[6]. Las leyes electorales prohibieron a los presos políticos afiliarse a  los partidos y asentaron restricciones en las actividades de campaña de los partidos políticos. En respuesta a las leyes restrictivas, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), y otros grupos clave de la oposición boicotearon las elecciones, deslegitimando ulteriormente los resultados[7].

Las elecciones estuvieron marcadas también por la intimidación a los votantes, el fraude electoral y la corrupción[8]. Una de las quejas más comunes refiere a la manipulación de los resultados de la votación a través de la recolección de los votos por adelantado y del fraude electoral[9]. En algunas áreas, los pobladores fueron amenazados con la confiscación de tierras y con la interrupción de los servicios públicos si no votaban por el partido respaldado por el régimen, el Partido de la Unión Solidaria y el Desarrollo (USDP, por sus siglas en inglés)[10].

El régimen militar ha afianzado aún más su posición a través de leyes que obstaculizan la independencia judicial[11]. El Presidente tiene el poder de nombrar y destituir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a su discreción[12]. La Corte Suprema no tiene jurisdicción sobre los asuntos militares o constitucionales. Además, la Constitución garantiza la impunidad a los miembros del régimen militar en el poder, impidiendo así que el poder judicial haga cumplir la ley en los casos en los que los militares se puedan ver envueltos[13]. La corrupción generalizada socava aún más la legitimidad del poder judicial, así como su capacidad para proteger los derechos de las personas y que los funcionarios gubernamentales rindan cuentas[14].

En la mayoría de los países, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción de los principios democráticos y en ayudar a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la defensa de los derechos humanos, y la participación pública. En Birmania, estas organizaciones son sofocadas por restricciones represivas o por prohibiciones a las actividades de la sociedad civil[15]. En ausencia de una sociedad civil vibrante la junta militar no tiene obstáculos, no es monitoreada, y no rinde cuentas.

La triste cara del desarrollo militarizado

El SPDC ha vendido a países vecinos los derechos para explotar los recursos nacionales, generando miles de millones de dólares; sin embargo, el pueblo birmano no ha visto los beneficios económicos[16]. En cambio, en la búsqueda de sus propios intereses y militarizando los proyectos de desarrollo, el Gobierno ha explotado a los pobladores locales y los ha expuesto a violaciones de los derechos humanos.

Los pobladores son sistemáticamente sometidos a trabajos forzados a manos del ejército birmano[17]. Por ejemplo, durante la construcción del gasoducto de Yadana, en Birmania oriental, una sociedad conjunta de la francesa Total y de la estadounidense Unocal (ahora propiedad de Chevron), soldados del Gobierno y representantes de grupos militares proporcionaron seguridad obligando a civiles a cortar árboles, a servir de ujieres, y a construir infraestructura militar[18]. Los que se negaron fueron golpeados, violados, torturados y asesinados[19].

A gran escala, la confiscación de tierras es otra tendencia prevalente relacionada con el abuso del Gobierno. Los pobladores reciben una remuneración nominal o ninguna compensación por las tierras de cultivo incautadas. En 2010, aproximadamente 2.500 acres de tierra en el sur de Birmania fueron confiscadas y distribuidas a compañías madereras[20].
Gran cantidad de birmanos basan su subsistencia principalmente en la agricultura. El trabajo forzado les deja menos tiempo para cultivar sus tierras, mientras que la confiscación los priva por completo de su fuente de alimento y de ingresos[21]. Además, la militarización de las áreas con proyectos de desarrollo, la cual es común, a menudo se acompaña de un aumento no oficial de los impuestos, decretado a los pobladores locales por los soldados[22]. Estas prácticas corruptas no solamente aumentan la inseguridad alimentaria, sino que también cierran las oportunidades a la educación
Impacto medio ambiental

La grave degradación del medio ambiente que con frecuencia es el resultado de estos proyectos agrava todavía más su negativo impacto social y económico. La explotación forestal no sustentable, la cría de camarones y los proyectos hidroeléctricos, así como las industrias extractivas han dañado gravemente el medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación del aire y del agua generada por una asociación para la extracción de carbón entre empresas de China y Birmania, en el Estado de Shan, ha contaminado los suministros de agua y ha causado cerca de 2.000 casos de enfermedades de la piel[23]. Esta asociación es el proyecto más grande de minería cooperativa entre China y Birmania, ubicada en la División Sagaing. La empresa puede liberar sustancias tóxicas durante el proceso de refinación[24].

Los riesgos ambientales asociados a proyectos de desarrollo no se dan a conocer a las comunidades afectadas[25], y en ausencia del mandato de la ley las víctimas relacionadas con las acciones del Gobierno no tienen ningún recurso legal viable. La orden 1/99, que prohíbe el trabajo forzado, es a duras penas implementada[26]. Cuando las personas sometidas a trabajos forzados y a la confiscación de tierras han presentado denuncias, el SPDC ha tomado represalias contra ellos y contra sus abogados mediante cargos criminales y condenas arbitrarias a los campos de trabajo forzado[27].

Las leyes ambientales del país no se aplican. Aunque la Ley Forestal hace hincapié en la importancia de la conservación y protección de los bosques de Birmania[28], entre 1990 y 2005, el país perdió casi el 20% de sus bosques[29], y en los últimos años la tasa de deforestación se ha incrementado. Del mismo modo, si bien la Ley de Minas de Myanmar de 1994 requiere el permiso de los usuarios de la tierra antes de que un permiso de explotación haya sido concedido, en la práctica los pobladores no son consultados y sus tierras, por lo general, son confiscadas[30].

Además, no existe una ley que requiera que las compañías que buscan invertir en proyectos de desarrollo en Birmania consulten a las comunidades afectadas. Incluso cuando las empresas han tomado la iniciativa de hacerlo, las evaluaciones del impacto ambiental que fueron enviadas han sido fundamentalmente defectuosas, lo que lleva a conclusiones inexactas[31].

Conclusiones

La existencia de sólidas instituciones democráticas que promuevan la buena gobernanza es un requisito previo esencial para el desarrollo sustentable. Esto implica el respeto por la norma de la ley y de los derechos humanos, la participación pública efectiva, el acceso al conocimiento, y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.

Los principios democráticos deben ser fortalecidos en Birmania a través de elecciones libres y justas, un poder judicial independiente que vele por la norma de la ley, y una revisión constitucional que involucre a todas las partes interesadas. La participación pública también debe ser incorporada en todas las etapas del desarrollo, de modo tal que la gente pueda dar forma a las políticas económicas, alcance plena conciencia del impacto social y  medio ambiental de todas las iniciativas de desarrollo, y tenga el poder para hacer que los actores gubernamentales y las empresas rindan cuentas de cualquier violación de los derechos.

El desarrollo sustentable no es la prioridad del Gobierno

Social Watch Italia

Los compromisos de combatir la pobreza y la exclusión social, así como también de incrementar la igualdad de género, no han sido cumplidos. Entretanto, las políticas socavan la disponibilidad y la prestación de los servicios esenciales. A pesar de que el desarrollo sustentable no forma parte de las prioridades del Gobierno, cuatro exitosos plebiscitos promovidos por la sociedad civil,  que llevaron a votar a casi 27 millones de italianos, han impulsado al país en la dirección correcta. Resulta indispensable revisar la totalidad de las políticas públicas y establecer un nuevo modelo de desarrollo centrado en el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.

El debate público en Italia acerca de un modelo de desarrollo sustentable, el cual introduce indicadores sociales y medio ambientales de bienestar además de variables económicas, no ha logrado aún influir en la formulación de políticas. Tampoco ha desembocado en un sistema nacional de indicadores, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística (Istat) y el Consejo Nacional de Economía y Trabajo anunciaron la creación de una "mesa de discusión" para un conjunto compartido de indicadores, y en 2009 el Parlamento aprobó un proyecto de ley para reformar el sistema de contabilidad pública (Ley 196/2009), que establece que el Gobierno debería revisar los indicadores teniendo en cuenta la sustentabilidad ambiental.

Por su parte, los indicadores económicos tradicionales no son para nada alentadores: un aumento del PIB en 2010 de solo un 1,1% respecto a 2009[1] y una deuda que continúa creciendo cerca del 4,5% a EUR 18.432 billones, contra EUR 17.639 billones en 2009 (USD 26.563 billones desde USD 25.425 millón de millones), llevando la tasa de deuda a 118,6%[2]. Una tasa de empleo del 56,7%, altamente desequilibrada entre mujeres (45,8%) y hombres (67,6%), representó un nuevo descenso (-0,8% o 176 mil empleados menos que en 2009)[3]; la tasa de desempleo es del 7,6%, pero aumenta a 24,7% entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad.

En 2010 Italia alcanzó un récord en los fondos de regulación requeridos por las empresas, que ascendió a EUR 1.200 millones (USD 1.700 millones)[4]. En las últimas dos décadas, las tasas de ahorro bruto de las familias han disminuido de manera constante, yendo desde el 30% en la primera mitad de la década de 1980 hasta el 14% en 2009. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo ha caído más del 5% desde 2006. Las últimas cifras disponibles revelan una disminución en la capacidad de ahorro del 0,9% para el tercer trimestre de 2010 respecto del año anterior[5].

Inacción gubernamental

Las investigaciones que involucran al Primer Ministro por supuestos delitos de extorsión y prostitución infantil, sumado a la parálisis parlamentaria, han dejado sin tratar los principales problemas del país. De esta manera, la ciudad de L'Aquila, golpeada por un terremoto en 2009, continúa siendo una ciudad fantasma. Un conflicto entre la dirección de Fiat, el mayor fabricante de automóviles italiano, y FIOM, el principal sindicato de trabajadores del metal, ha evidenciado que el Gobierno se encuentra largamente ausente e incapaz de crear una política industrial eficaz. Por otra parte, el uso continuado de los "poderes extraordinarios" para satisfacer necesidades de emergencia que son, a menudo, crónicas se convierte en un sustituto de la legalidad y de la protección medio ambiental y sanitaria.

La debilidad del Estado es especialmente problemática en zonas sensibles como por ejemplo las normas ambientales para la gestión de residuos, donde existen fuertes intereses del crimen organizado. En 2005 se produjeron en Italia cerca de 107,5 millones de toneladas de residuos peligrosos (incluidos 5,9 millones altamente peligrosos), pero solamente 87,8 millones de toneladas fueron eliminadas correctamente[6]. Los restantes 19,7 millones de toneladas, por lo tanto, fueron muy probablemente eliminadas de manera ilegal.

En octubre de 2010, la Comisión Europea advirtió a Italia que enfrentaría sanciones económicas si no manejaba la crisis de la basura en Campania, la segunda región más poblada del país y una de los más pobres. La crisis es el resultado de décadas de mala gestión de los residuos industriales y municipales.

Trabajo y políticas de bienestar

En 2010 el Gobierno emitió un paquete presupuestario de EUR 24.000 millones (USD 34.600 millones) que se centró en la contracción del gasto público. El bienestar, las políticas sociales, la educación, la investigación, la asistencia oficial al desarrollo (AOD) y las transferencias a las autoridades locales son los sectores más afectados por los recortes, los cuales, en algunos casos, fueron inferiores que los presupuestados solo como resultado de la presión ejercida por grupos de la sociedad civil y las autoridades locales. Prácticamente no se ha hecho nada para reducir las desigualdades sociales.

El presupuesto de austeridad (denominado ‘ley de estabilidad’) adoptado en 2011 continúa por la misma senda. La congelación de los contratos de los empleados públicos hasta 2013 y el bloqueo de la antigüedad han afectado especialmente a un sistema escolar ya constreñido por recortes en la fuerza de trabajo introducidos por el Ministro de Educación: 67.000 trabajadores fueron eliminados durante el año escolar 2009/2010 y 40.000 durante el año escolar 2010/2011.

En conjunto, los 10 fondos sociales financiados en 2008 con EUR 2.500 millones (USD 3.600 millones) pudieron contar solamente con EUR 349 millones (USD 507 millones) en 2010[7]. En apoyo a las familias de bajos ingresos permanece la "tarjeta social" (EUR 40/USD 58 por mes), una medida de caridad establecida en 2008 y refinanciada en 2011 con un fuerte aditamento discriminatorio: los ciudadanos extranjeros residentes, los trabajadores jóvenes y los jubilados cuyos ingresos excedan incluso ligeramente el límite de la pensión mínima, no pueden solicitar la tarjeta. La reforma federal que se debate actualmente en el Parlamento, de ser aprobada, pondría en peligro la garantía de estándares mínimos de bienestar social en todo el país.

En términos de cooperación para el desarrollo, a los efectos de que el país alcance el objetivo acordado internacionalmente de dedicar el 0,7% del PIB en AOD para 2015[8], más y mejor ayuda debe ser destinada para la cooperación internacional (incluso a través de mecanismos de financiación innovadores) y los recursos deben ser suministrados de una manera más previsible y transparente.

Italia continúa teniendo un alto – aunque largamente pasado por alto – grado de discriminación contra la mujer en el trabajo, la política y el hogar, incluyendo la violencia doméstica[9]. La campaña italiana en torno a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), proporciona evidencia sobre la "continuación de la representación degradante y machista de las mujeres en los medios de comunicación, así como también en la arena política", sin las herramientas apropiadas para combatirla[10].

Medio ambiente y sustentabilidad

Italia es uno de los pocos países de Europa que no tiene una estrategia para reducir las emisiones de dióxido de carbono o para cumplir los objetivos de reducción Europeos 2020. El único plan vigente que data de 2002, es altamente inadecuado y no cumple con los compromisos de Kioto para el período 2008–2012. Una estrategia nacional para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el largo plazo (2050) debería ser rápidamente adoptada, involucrando los pasos intermedios en línea con los objetivos europeos y con la necesidad de mejorar y acelerar la transformación de la economía a una Carbón Cero.

Desde un referéndum en 1987, acordado para la salida del país de la energía nuclear, no existen plantas activas en Italia. Sin embargo, en 2009 se inició un programa para la reactivación de la energía nuclear que prevé la construcción de 8 a 10 nuevas plantas de energía, de 1000 a 1500 MW en tamaño, con un costo total de EUR 40 a 50 mil millones (USD 58 a 73 mil millones) y en detrimento de inversiones en energía renovable, eficiencia energética y ahorro de energía.

Si bien Italia es el país más rico de Europa en términos de biodiversidad, con 57.468 especies de animales – 8,6% endémicas, es decir, que solamente se encuentran en Italia – y 12.000 especies de flora – 13,5% endémicas –, la mayor parte de este patrimonio está perdiéndose: actualmente se encuentran en situación de riesgo el 68% de sus vertebrados terrestres, el 66% de sus aves, el 64% de sus mamíferos y el 88% de sus peces de agua dulce. Una Estrategia Nacional de Biodiversidad, aprobada de manera definitiva el 7 de octubre de 2010 debe ser plenamente implementada.

Iniciativas de la sociedad civil

Ha habido una amplia movilización de los ciudadanos italianos, entre ellas las siguientes:

• 1.400 millones de firmas fueron entregadas a la Corte Suprema el 19 de julio de 2010 solicitando un referéndum sobre la gestión pública del agua después de que el "Decreto Ronchi" indicara en 2009 que el servicio del agua – así como otros servicios públicos como, por ejemplo, la gestión de residuos, el transporte público, etc., – iba a ser confiado a empresas privadas o al menos contarían con un 40% de propiedad privada, y el 12 y 13 de junio de 2011 los ciudadanos italianos votaron en contra.

• El tema de la energía nuclear logró que gran parte de la sociedad civil se uniera en defensa de la energía renovable, limpia y segura. Los italianos también fueron llamados a votar en un referéndum y derogaron la norma que reintrodujo las plantas de energía nuclear después de haber sido prohibidas en 1987. El tema de la energía nuclear ha logrado que gran parte de la sociedad civil se movilizara en conjunto en defensa de la energía renovable, limpia y segura. Estos referéndums (junto a otro para cancelar el "impedimento legítimo", una ley introducida por el Gobierno de Berlusconi que permitió a altos funcionarios del gobierno evitar comparecer ante un tribunal cuando fueran sacados a colación sus compromisos laborales), dieron lugar a la inequívoca respuesta del 57% de los italianos (el 95% de quienes votaron) a favor de abolir esas leyes. Además, el resultado de estos referéndums ha forzado al Gobierno a producir una Estrategia Nacional de Energia para 2011, que deberá incluir financiamiento específico para investigar fuentes de energía renovables y más eficientes.

• Un gran movimiento de estudiantes, profesores e investigadores de institutos de enseñanza media y universidades se manifestaron en el segundo semestre de 2010 contra los recortes en educación e investigación, con cientos de escuelas y universidades ocupadas en todo el país.

• Los ciudadanos de L'Aquila, asociaciones de voluntarios y movimientos sociales han venido trabajando para liberar el centro histórico de la ciudad de entre los escombros del terremoto.

• Los cargos de extorsión y prostitución infantil iniciados contra el Primer Ministro Silvio Berlusconi llevaron a un millón de hombres y mujeres a manifestarse en las calles en febrero de 2011, no sólo para reivindicar la dignidad y los derechos de las mujeres sino también para desafiar las prácticas políticas, culturales y sociales que tienden a reducir a las mujeres – o a representarlas como –objetos sexuales.

Conclusión

Una revisión general de las políticas públicas es tan urgente como esencial. La prioridad debe ser el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo centrado en el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, la reducción de la desigualdad social y un compromiso real con la sustentabilidad medio ambiental.

En el ámbito económico, deben ser adoptadas políticas públicas para fomentar el empleo, particularmente para los jóvenes, incluyendo incentivos para las empresas que contraten nuevos trabajadores; estimular la conversión ecológica de la producción industrial con alto impacto medio ambiental; y apoyar a las empresas que inviertan en zonas de alta producción, en habilidades, en investigación y en economía del conocimiento. Debe haber también una mayor equidad tributaria – por ejemplo, mediante la introducción de un arancel del 0,05% sobre la especulación financiera, así como también un impuesto sobre el capital.

En el ámbito social, es urgente trabajar sobre el aumento de los recursos asignados a la asistencia social, la lucha contra la pobreza, servicios para niños y otras personas dependientes, educación pública, beneficios de seguridad social y aportes para la inclusión social de los ciudadanos extranjeros. Se deben tomar medidas para abordar la situación del 5,2% de los hogares italianos que reportó  Istat en 2009, que están viviendo en la pobreza absoluta [11]. Además, la descripción de los niveles básicos de los beneficios sociales (proporcionados por el artículo 22 de la Ley 328/2000), debe ser ratificada. Si éste no es el caso, la reforma federal que se debate actualmente en el Parlamento podría poner en peligro la garantía de estándares mínimos de bienestar social a nivel nacional. En términos de medio ambiente debe ser adoptado un sistema de contabilidad para proporcionar información esencial y para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones del gobierno sobre el desarrollo sustentable. Debe darse prioridad a la infraestructura a pequeña escala, para la cual el Gobierno reservó EUR 800 millones (USD 1.164 millones), en noviembre de 2009; éstos fondos deben ser dirigidos a las áreas urbanas y deben ser utilizados para reparar y mejorar las infraestructuras estratégicas existentes (principalmente los ferrocarriles), en lugar de construir unos nuevos y enormes. Con el fin de implementar la  “Directiva sobre la protección penal del medio ambiente (Directiva 2008 / 99/CE)", el código penal italiano debe incluir la descripción de los "delitos ambientales", con mayores sanciones.

El largo camino hacia el desarrollo duradero

FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales

El país necesita adoptar un modelo de desarrollo sustentable, pero en el camino a lograrlo enfrenta grandes desafíos. Es necesario garantizar que la información sobre el ambiente llegue al público. Tanto el Gobierno como la sociedad civil deben asumir que los problemas ambientales de la Argentina se desprenden de una visión paradójica que promueve la inversion “a cualquier costo” a la vez que manifiesta la necesidad de políticas que protejan el ambiente. Pero la ausencia de estas ha tenido un impacto negativo en los grupos más vulnerables de la sociedad: campesinos, comunidades indígenas y los habitantes de las áreas marginales urbanas.

Según el informe del Fondo Mundial para La Naturaleza (WWF) Planeta Vivo 2010, Argentina ocupa el noveno lugar entre los 10 países que producen el 60% de las riquezas naturales del planeta [1], posición que coloca al país en un rol estratégico como proveedor de servicios ambientales a nivel mundial. En los últimos 40 años, sin embargo, el país se ha visto virtualmente estancado en cuanto a las mediciones del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Se ha desarrollado menos, de hecho, que países que en 1970 tenían un IDH similar y estaban lejos de la Argentina en cuanto a abundancia de recursos naturales (por ejemplo España, Grecia, Irlanda e Israel)[2]. Es paradójico que un país con recursos tan abundantes deba enfrentar indicadores inaceptables de desarrollo humano y distribución de la riqueza.

Pérdida de biodiversidad

Uno de los mayores desafíos ambientales para el país es la deforestación. Entre 1937 y 1987 se perdieron 2.355.308 ha (aproximadamente 23.553 km2) de bosques nativos, y en los últimos 17 años esta cifra ascendió a 5.321.001 ha (53.210 km2). De hecho, entre 1998 y 2006 desaparecieron 250.000 ha (2.500 km2) de bosque por año, lo que equivale a 1 ha (10.000 m2) cada dos minutos. Entre las causas de este sombrío panorama se encuentran la explotación forestal irracional, la expansión de la frontera agropecuaria y la ausencia de políticas públicas y de incentivos a los actores privados para la reforestación con especies nativas[3].

La deforestación, la pérdida de los bosques nativos y el cambio climático están íntimamente relacionados, y la adopción de mecanismos de protección ambiental podría ser un avance en dirección a una subsiguiente implementación en el país de los esquemas de la iniciativa de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (UN REDD por sus siglas en inglés). El Gobierno, de todas formas, no posee mecanismos adecuados para enfrentar estos problemas y además carece de la voluntad política para establecer marcos legales con miras al desarrollo sostenible. 

Expansión de la frontera agrícola

La agricultura es uno de los pilares principales de la economía argentina. El aumento internacional de los precios de productos del sector ha favorecido la profundización del modelo de producción agrícola a escala industrial, en el que actualmente impera el monocultivo de soja y oleaginosas[4].

Pero en el presente se han vuelto evidentes las consecuencias negativas de ese proceso. La agricultura es la segunda fuente en importancia de emisiones de gases de efecto invernadero después del sector industrial. Las emisiones de CO2 per capita son casi el doble del nivel promedio en la región.[5] Además, el uso irrestricto de agroquímicos ha tenido un impacto negativo en el ambiente y en la salud de la población. El Atlas de riesgo ambiental de la niñez ha señalado que en Argentina “aproximadamente tres millones de niños viven en una situación de riesgo ambiental causada por los agroquímicos”[6]. De acuerdo al Informe Carrasco, el glifosfato –el agroquímico más usado en el país– puede causar deformidades y es peligroso para varias especies animales y vegetales[7].

Mientras tanto, la producción agrícola ha extendido su frontera, invadiendo los bosques nativos. Esta invasión ha afectado a las comunidades campesinas y agrícolas, que se ven obligadas a incorporarse a esquemas de producción que contradicen sus costumbres y tradiciones, sin que exista forma alguna de consentimiento previo e informado[8].

Para revertir esta situación, el país necesita un sistema de leyes que establezca los presupuestos mínimos ambientales para incorporar pautas de sustentabilidad en el uso de agroquímicos. Asimismo es necesario avanzar hacia un proceso de ordenamiento ambiental del territorio y la imposición de buenas prácticas agrícolas para revertir la situación imperante.

Avances legislativos

En los últimos 10 años han sido registrados algunos progresos en cuanto a promulgar leyes que promuevan el desarrollo sostenible y protejan el derecho de la población a un medio ambiente sano. De todas formas, existen numerosos obstáculos para la ejecución, implementación y control de cumplimiento de esa reglamentación. Las contradicciones en la ley y las regulaciones, a la vez que la presión ejercida por intereses económicos y políticos, han producido conflictos socio-ambientales persistentes.

El sector privado, la sociedad civil y el Estado parecen lograr consensos únicamente a través de situaciones de conflicto, como queda en evidencia ante los altisonantes casos – muchos de los cuales han alcanzado la instancia judicial – que han logrado de a poco colocar al desarrollo sostenible en la agenda pública.  A modo de ejemplo cabe mencionar la causa judicial por el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, el conflicto por las Pasteras en el Río Uruguay y, más recientemente, la discusión en torno a la aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial en el marco de proyectos mineros de alto impacto socio-ambiental. 
A través de la incorporación del artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho al medio ambiente sano y el deber de preservarlo, se ha colocado la piedra fundamental para el desarrollo de un estatuto basado en el desarrollo sostenible. A partir del 2002 el Congreso Nacional ha sancionado una serie de normas que tienden a garantizar presupuestos mínimos de protección ambiental; ello, sumado a la acción del Poder Judicial – que se ha destacado como un actor clave para exigir el cumplimiento de pautas ambientales – ha permitido colocar la problemática de la sustentabilidad ambiental, social y económica en la agenda pública y privada.

Cabe agregar que, a fines del 2007, luego de un largo proceso de participación de organizaciones de la sociedad civil, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La sanción de esta ley ha significado un gran avance para la protección de los bosques, pero lamentablemente aún no ha sido implementada en forma eficaz. El Poder Ejecutivo Nacional ha demorado la reglamentación de la ley más allá del lapso establecido en su texto y algunas provincias no han elaborado aún el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), mientras que otras han soslayado el carácter participativo que le correspondía a dicho proceso. El estado actual de la cuestión sigue siendo crítico, por tanto. Por ejemplo, es clara la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y de los pequeños productores locales ante la tala indiscriminada, lo cual se verifica en recientes causas judiciales en trámite[9].

El caso de la Cuenca Matanza – Riachuelo

Los recursos hídricos de Argentina presentan altos niveles de contaminación, causada en gran medida por la falta de control de los efluentes industriales, el nulo o defectuoso tratamiento de los efluentes de origen cloacal, el uso excesivo de agroquímicos y el desarrollo no planificado de las áreas urbanas. Entre las consecuencias sobre los recursos hídricos del crecimiento urbano no planificado se encuentran la contaminación causada por los asentamientos precarios que se ubican en torno a corrientes de agua cercanas a las ciudades, la ocupación de los valles de inundación por basurales, la contaminación de acuíferos por desechos urbanos y agroquímicos sin evaluación, el volcado de aguas servidas sin tratamiento, y las montañas de residuos sólidos que taponan los desagües y permiten el rebalse de aguas contaminadas a lo largo de grandes superficies[10]. La necesidad de coordinar políticas entre los diferentes entes de gobierno y los diversos niveles de estado es un factor crucial para la adecuada gestión de los recursos hídricos. 

A la hora de abordar la problemática de la contaminación y la dificultad en la gestión de las cuencas hídricas en la Argentina  no se puede omitir presentar el paradigmático caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR).

La CMR abarca aproximadamente 2.240 km2 comprendiendo jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires, catorce municipios provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) y la jurisdicción del Estado Nacional. En el área de la cuenca habitan más de 3.500.000 personas, de las cuales el 35% no tiene acceso al agua potable y el 55% no dispone de sistema cloacal. Asimismo se encuentran emplazadas más de 10.000 industrias que emplean tecnologías obsoletas y que contradicen las normas existentes. Se contabilizan 171 basurales a cielo abierto. Todo ello deja al 96,4% de la población de la CMR expuesta a al menos una amenaza de riesgo ambiental, siendo alarmantes los niveles de pobreza e indigencia de gran parte de los habitantes de la cuenca.[11]

El conflicto de la cuenca Matanza-Riachuelo – que se cuenta entre los treinta lugares más contaminados del mundo[12] – es un ejemplo de la falta de voluntad política y fortaleza institucional en el país. Esta problemática ha alcanzado la instancia judicial más alta, y es la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en su rol de último garante de la Constitución, el ente que ha debido tomar las riendas para el saneamiento y ordenamiento de la cuenca. 

La minería en conflicto

Actualmente se detectan niveles particularmente altos de conflictividad en torno a la minería extractiva a gran escala[13].  Nadie puede negar la enorme magnitud económica que representa la industria extractiva de minerales, de la misma manera que no se puede ignorar su huella ecológica y el impacto en la forma de vida de las sociedades directamente vinculadas con los yacimientos. En tal  sentido, se ha dicho que "los conflictos mineros se han incrementado exponencialmente en los últimos años, acompañando la curva de crecimiento de la inversión”[14].
Algunos patrones que se identifican en la configuración de los diversos "conflictos mineros" son los siguientes: 

1. a) La falta de acuerdo social previo respecto al modelo de desarrollo local y al ordenamiento ambiental del territorio a través de procesos participativos amplios. Muchas veces las autoridades públicas avanzan otorgando autorizaciones y permisos sin cumplir con las exigencias previas plasmadas en el plexo de normas vigente.
2. b) Deficiente funcionamiento de las entidades estatales que deben cumplir y hacer cumplir el marco regulatorio de la actividad; no existe una evaluación y control ambiental eficaz de la misma.
3. c) La falta un sistema adecuado de acceso a la información pública que permita reducir incertidumbres y permitir una participación ciudadana informada.

Proteger los glaciares

En octubre de 2010 se promulgó la Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que establece los presupuestos mínimos para la tutela de dichos recursos. No obstante el logro que ello significó para los sectores sociales involucrados, el Poder Ejecutivo ha dilatado la reglamentación de la norma. Asimismo, el sector minero –con el aval de algunos gobiernos provinciales – ha interpuesto acciones judiciales pretendiendo bloquear la implementación de la ley, argumentando que su ejecución podría vedar el desarrollo de actividades extractivas en determinadas áreas[15].

El actual escenario es incierto, pero obra como evidencia de la falta de vocación por parte de las autoridades y de algunas industrias del sector privado en la construcción de un futuro basado en criterios de sustentabilidad.

Consideraciones finales

El camino que Argentina debe recorrer en pos de la adopción de un modelo de desarrollo sustentable es largo. Hasta tanto no se encare con seriedad y compromiso la ejecución, la adecuada implementación y un efectivo control de cumplimiento de la normativa existente resultará difícil –sino imposible- concebir un verdadero desarrollo sustentable y un genuino reconocimiento y materialización de los derechos humanos. En este camino será imprescindible la participación de la sociedad civil, el involucramiento del sector académico  y una actitud activa por parte de la ciudadanía. 

Corresponde destacar que las falencias y ausencias en materia de políticas de desarrollo sustentable impactan de manera más significativa sobre los grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad -como los campesinos, comunidades indígenas, habitantes de zonas marginales de las grandes urbes, etc.-, quienes sufren graves afectaciones a sus derechos a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna, al trabajo, al agua y a la tierra.

Son los decisores públicos quienes tienen la suprema responsabilidad de incorporar en sus políticas la temática ambiental y del desarrollo sustentable, estableciendo un modelo que replantee los estilos de vida y de consumo. Por su parte, el sector privado debe tomar conciencia y asumir la responsabilidad por sus actividades. 

Es necesario garantizar a la gente el acceso a la información ambiental, avanzar hacia las tan postergadas transparencia, consolidación y articulación de las instituciones estatales dentro de los tres poderes de gobierno. Desde el Estado se deberá trabajar en el manejo y prevención de los múltiples conflictos ambientales que parecen surgir de una visión disociada de las autoridades, que plantean por un lado políticas de inversión "a cualquier costo", y por otro las políticas ambientales. Una visión superadora implicará concebir que tal disociación no es condición necesaria, pues es factible la materialización del tan ansiado desarrollo con verdaderos criterios de sustentabilidad.

El medio ambiente vuelve a la agenda

Ecoforum for Sustainable Development
Bulgarian Gender Research Foundation
Vladimir Gorbunov

Los asuntos ambientales fueron muy importantes en la lucha del país por la democracia. Ahora, después de años de creciente apatía, más y más gente está ocupándose de asuntos ambientales. La introducción de los  organismos modificados genéticamente (OMG) en el mercado y varias fallas en la implementación del programa NATURA 2000 para la conservación de las áreas naturales se han vueltos dos de los principales desafíos que enfrenta el país. Para poner en marcha un desarrollo sustentable el Gobierno deberá proteger el medio ambiente al tiempo que satisfacer las necesidades de energía e infraestructura del país.

Podría decirse que en Bulgaria el proceso de transición a la democracia comenzó con las palabras “en el principio estaba la Ecología”. El medio ambiente fue el asunto que más movilizó a los búlgaros en la década de 1980. Su papel fundamental en la lucha civil del país comenzó con lo que parecía ser un problema bastante local: la contaminación generalizada por gas en la ciudad fronteriza de Ruse, causada por los efluentes de una fábrica de productos químicos en la ciudad rumana de Giurgiu.

La “Comisión Civil para la Protección Ambiental de Ruse” fue la primera gran organización disidente del país desde el establecimiento del régimen comunista. Por primera vez en cuatro décadas, los ciudadanos comunes se unieron a algunos intelectuales e incluso miembros de la cúpula del Partido Comunista de Bulgaria (PCB) en una movilización independiente.

Esta campaña le infundió a la transición búlgara una fuerte sensibilidad ambientalista; el tema principal del denominado “Gran Cambio” fue precisamente el aire que respiramos. El ambientalismo también se volvió una fuerza catalizadora de la proliferación de partidos y movimientos verdes.

Por desgracia, poco después de los cambios democráticos de 1989, los “viejos” disidentes fueron marginados. La gente se preocupaba más por el precio del pan que por la pureza del medio ambiente. Este cambio en la atención pública se hizo notar en los resultados electorales.

El medio ambiente vuelve a la agenda

Solo ahora, después de años, ha resurgido el ambientalismo en la conciencia del público. Esta vez el centro de atención inicial fue la legislación sobre los Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Igual que en Ruse, las madres y los padres están asumiendo el liderazgo, en este caso para asegurarse de que sus hijos no se nutran de alimentos modificados genéticamente.

Una ley que flexibiliza la producción y puesta en el mercado de OMG superó el primer trámite parlamentario en enero de 2010. Este proyecto de ley reemplazó la prohibición general de productos con OMG por una autorización general, aunque estableció que su salida al medio ambiente y al mercado dependía de la aprobación del ministro del Medio Ambiente y el Agua, quien consultaría con un panel de 15 científicos. Menos de una semana después, el 28 de febrero, miles de búlgaros acudieron a una concentración y concierto frente a la catedral Alejandro Nevski bajo el eslogan “Por una Bulgaria sin OMG. Mantengamos limpia nuestra tierra y protejamos la salud de nuestros hijos”. A los padres que impulsaron esta iniciativa se unieron granjeros orgánicos y tradicionales, apicultores, científicos y ambientalistas. Sin embargo a principios de marzo se aprobó la ley de OMG y varias enmiendas dañinas.

El 13 de marzo de 2010, decenas de mujeres reunidas en el foro digital “Gran Mamá” exigieron la renuncia del ministro y el viceministro del Medio Ambiente y el Agua y la presidencia del Parlamento. Cuatro días después, los y las activistas se movilizaron en una “Protesta Nacional contra los OMG” en Sofía, Varna, Plovdiv, Pleven, Ruse y otras ciudades. Dos peticiones circularon por todo el país: una para prohibir el maíz híbrido MON810 producido en Bulgaria por la empresa Monsanto[1] , y otra contra varias enmiendas a la ley de OMG[2] . Los activistas también crearon varios grupos contra los OMG en Facebook. Estas medidas culminaron en protestas frente al Parlamento, que obtuvieron la promesa oficial de modificar la Ley de OMG.

En menos de tres meses, la campaña civil más fuerte y exitosa de la historia reciente de Bulgaria se apoderó de la opinión pública. En lugar de la legislación pensada originalmente que abría el país a los OMG, el 2 de febrero de 2011 el Gobierno sancionó una prohibición total de cultivar el maíz modificado genéticamente MON810. Con esta ley, aprobada a iniciativa del ministro de Agricultura, Miroslav Naydenov, Bulgaria fue el séptimo país miembro de la Unión Europea (UE) - después de Austria (1999), Grecia (2005), Hungría (2006), Francia (2008), Luxemburgo (2009) y Alemania (2009) – en imponer una prohibición total[3] .

Áreas protegidas y Natura 2000

NATURA 2000 es la iniciativa más importante de la UE para la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable de las regiones con reservas naturales. Cada Estado miembro debe establecer su propia red de zonas naturales protegidas que preservará paisajes, plantas y animales de importancia comunitaria.

Los criterios de inclusión en la red están detallados en las dos directivas fundamentales de la UE para la protección del medio ambiente: la Directiva 92/43/CEE del Consejo sobre la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (“la Directiva sobre hábitats”) y la Directiva 79/409/CEE del Consejo sobre la conservación de las aves silvestres (“la Directiva sobre las aves”).

Por desgracia en muchos casos las zonas solo están protegidas en el papel. En más de 300 casos, las oficinas del ministerio del Medio Ambiente y el Agua han dejado de implementar los procedimientos de evaluación ambiental exigidos para los proyectos en las zonas de Natura 2000, tanto en la costa como en las montañas.

Un ejemplo notorio es la respuesta oficial al proyecto para ampliación de la zona de esquí en lo alto de Bansko, en las montañas Pirin. Si se completa, las pistas y establecimientos de esquí ocuparán el 11% del Parque Nacional de Pirin, por comparación al 0,2% que ocupan actualmente. Además de las nuevas pistas, el proyecto, encargado por la Municipalidad de Bansko, prevé más hoteles, entre los cuales algunos en la montaña, un aeropuerto, un spa y carreteras[4].

Cuando fue presentado en febrero de 2011, el proyecto fue alabado por Tseko Minev, presidente de la Federación Búlgara de Esquí, director del Primer Banco de Inversiones y pariente del concesionario de la zona de esquí Yulen. Declaró: “Promover a Bulgaria como destino para esquiadores es más importante que los argumentos ambientales populistas en contra de las estaciones turísticas de montaña. Cualquier crítica de la zona de esquí palidece ante la publicidad que le podemos hacer a Bulgaria en dos horas, dos días seguidos, en todo el mundo [con la transmisión de la Copa del Mundo de esquí para hombres]. Y ya hemos oído todas las amenazas de solicitar a Bruselas que inicie procedimientos de infracción”[5] .

Esquiar lejos de las responsabilidades

En octubre de 2009, la Comisión Europea inició procedimientos contra Bulgaria por permitir en la montaña la construcción de una nueva pista de esquí a cargo de Yulen. El nuevo proyecto, mucho más ambicioso e invasivo, incluye dos pistas más y un segundo teleférico. Los ministros de Desarrollo Regional y Economía han apoyado en general el desarrollo de la región y estas inversiones, pero “dentro de parámetros sostenibles, que respeten tanto las normas como la montaña”[6] . Dada la escala del proyecto, la respuesta del Gobierno es por lo menos ambigua, si no hipócrita.

Resulta claro que el Estado está apoyando las iniciativas del Sr. Minev y dándole generosos subsidios estatales en un momento de crisis económica y amplios recortes en los presupuestos para seguridad social. El apoyo de los habitantes de la zona, respaldados por la administración local y las empresas interesadas, ha ahogado las protestas de las organizaciones ambientalistas.

Turbinas o aves

En la región de Kaliakra proliferan las turbinas eólicas y las propiedades vacacionales dentro de los límites de la zona NATURA, a pesar de las advertencias de los ambientalistas de que esta construcción destruye de manera irreversible lo último que queda de la estepa de Dobruja y sus hábitats de aves, y pone en peligro las rutas de migración de las aves. Otra vez el Gobierno - en especial el ministerio del Medio Ambiente y el Agua - y también las municipalidades han optado por sacrificar la naturaleza a los intereses de los inversores.

Hasta el momento, los inversores han propuesto 340 proyectos para esta región; algunos ya han sido construidos dentro de la zona protegida. Uno de ellos es un parque eólico, un proyecto conjunto de la firma búlgara Inos 1 y Mistubishi Heavy Industries de Japón. Según la Sociedad Búlgara para la Protección de las Aves (BSPB, por sus siglas en inglés) tiene un valor aproximado de 250 millones de euros. Las 35 turbinas eólicas alteran la migración de las aves y suponen una amenaza para sus vidas. El parque también ha destruido la estepa de la zona, por lo que el ministerio del Medio Ambiente y el Agua le ha impuesto una multa de 5.000 euros. En Kaliakra están previstos más de 200 otros parques eólicos; el Gobierno fundamenta la concesión de autorizaciones en una zona protegida en el deseo de cumplir con el Protocolo de Kyoto y el compromiso con la UE de generar en 2020 al menos el 16 por ciento de la electricidad del país de fuentes renovables[7] .

Los ambientalistas, en cambio, hace años que reclaman la aprobación de una estrategia nacional para el desarrollo de los recursos energéticos renovables, que incluiría una evaluación ambiental obligatoria para todos los proyectos de parques eólicos. Por el momento no se ha propuesto ninguna estrategia de este tipo.

Es probable que la UE inicie otros dos procedimientos de infracción contra Bulgaria, uno por los proyectos de Kaliakra y el otro por no proteger los hábitats de aves silvestres. De hecho, el Convenio de Berna ya inició un expediente sobre el caso de Kaliakra. Esta es una de las seis zonas NATURA designadas (de un total de 114) que han sufrido daños importantes. Las otras son el parque de los Balcanes Centrales, el valle del río Lom, Rila, Pirin y las Ródope Occidentales.

En un congreso denominado “Estrategia por sectores para atraer inversiones a Bulgaria”, de mayo de 2011, el Gobierno anunció los sectores prioritarios para el desarrollo económico. Junto con la agricultura, la industria de los alimentos y la bebida, la atención de salud y el sector del agua, se incluyó la construcción de rutas y pistas de esquí. La pregunta clave para el medio ambiente es si el Gobierno logrará desarrollar estos sectores y al mismo tiempo fomentar el desarrollo sustentable.

Empantanada en la pobreza

SAHRiNGON Tanzania
Armando Swenya
Martina M. Kabisama
LEDECO
Clarence Kipobota

En la actualidad los principales desafíos del país son la inseguridad alimentaria y la pobreza. El Gobierno no se preocupa lo suficiente de los problemas ambientales como la deforestación, la desertificación, la erosión del suelo y la contaminación del aire, al tiempo que las empresas extranjeras siguen desplazando a los pequeños agricultores. Las políticas inadecuadas e inustentables, las tecnologías poco apropiadas y la insuficiencia de infraestructura en el medio rural - junto con la desertificación, la deforestación y la alta incidencia de plagas y enfermedades – han producido un aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria y el estancamiento del desarrollo. Si no se corrigen las políticas actuales, los tanzanos estarán condenados a más pobreza y hambre.

La economía tanzana depende fuertemente de la agricultura, que emplea a un 80% de la mano de obra, contribuye más del 40% del producto interno bruto (PIB) y genera el 85% de las exportaciones[1] . En 2010 el 74% de la población vivía en zonas rurales en tanto que el 26% lo hacía en zonas urbanas[2] . Sin embargo, el movimiento del campo a las ciudades está aumentando, sobre todo por la distribución desigual de los servicios sociales. Por lo tanto la agricultura y la ganadería, que se cuentan entre las principales fuerzas impulsoras del alivio de la pobreza, están cada vez más comprometidas. El Gobierno hace muy poco para ocuparse de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo, a pesar de sus diversas políticas y estrategias, por ejemplo la Estrategia Nacional para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (conocida localmente por su acrónimo en suajili, MKUKUTA) y la Visión 2025 del Desarrollo Nacional.

La pobreza se extiende

Tanzania está entre los países menos desarrollados del mundo, pues ocupa el lugar 128 en un total de 169 países en el índice de desarrollo humano de 2010[3] . El producto nacional bruto (PNB) real creció un 6,0% en 2009 por comparación a un 7,4% en 2008; el Gobierno atribuyó esta desaceleración al impacto de la crisis financiera mundial y también a la sequía de 2008-2009, que tuvo efectos en la producción agrícola, la generación de energía hidráulica y la producción industrial[4] . Además, aunque la agricultura emplea a una enorme cantidad de personas, hace por lo menos seis años que no se le adjudica más del 7% del presupuesto nacional. Según la Encuesta de Ingresos de los Hogares de 2007, aproximadamente el 33,5% de los tanzanos continentales vive debajo de la línea de pobreza (necesidades básicas), mientras el  16,6% vive debajo de la línea de indigencia (necesidades alimentarias)[5] . El número de personas pobres ha aumentado en 1,3 millones en los últimos años[6] , y la tasa de desempleo está aumentando: unos 11,7 millones de personas que son capaces de trabajar carecen de empleo[7] . Además, se está ensanchando la brecha entre ricos y pobres[8] .

Aunque Tanzania tiene leyes sobre inversiones, hay muchos problemas vinculados a la inversión extranjera directa. Por ejemplo, la firma de contratos mineros sospechosos (p. ej., Buzwagi, Richmond y Dowans, e IPTL) entre el Gobierno e inversores extranjeros[9] . Además, hay cada vez más apropiaciones de tierras por parte de los organismos del Estado para favorecer a los  inversores extranjeros. La política de puertas abiertas del Centro Tanzano de Inversiones (TIC, por sus siglas en inglés), orientada a atraer inversores extranjeros, ha sido perjudicial para la población local. Las empresas pequeñas y medianas no pueden competir porque no tienen suficiente capital y experiencia comercial, y se desaloja por la fuerza a los  habitantes de las aldeas para hacer sitio a las empresas extranjeras.

Desafíos ambientales y de salud

La deforestación es uno de los principales problemas ambientales del país. A pesar de que el 40% del territorio se compone de parques protegidos, en algunas zonas hay una rápida reducción de los bosques. En general la cubierta forestal cayó un 15% entre 1990 y 2005, pero las tasas de deforestación han aumentado mucho desde 2000[10] . También preocupa la degradación del suelo (a consecuencia de las recientes sequías), la desertificación y la pérdida de biodiversidad: en 2001, 22 de las especies de mamíferos de Tanzania – junto con 30 especies de aves y 326 de plantas – estaban en peligro de extinción[11] . Los hábitats marinos también están amenazados por los daños a los arrecifes de coral, principalmente por el uso de dinamita para pescar[12] .
En los sitios mineros, la erosión de la tierra y la contaminación son especialmente preocupantes. Por ejemplo, en enero de 2009 North Mara Gold Mines apiló unas 2.000 toneladas de desechos tóxicos sin tomar precaución alguna ni evaluar los efectos en las comunidades cercanas. Cuando llegaron las lluvias, estos escombros fueron arrastrados al río Tighite, que surte a los pueblos de Nyakunsuru, Nyamone y Weigita en la región de Mara, y murieron peces y árboles[13] .
Agricultura y seguridad alimentaria

Los problemas en el sector agrícola incluyen la falta de políticas y prácticas agrícolas adecuadas y la escasez de fondos del presupuesto agrícola así como su mala utilización. Además, los técnicos de campo están poco motivados y carecen de experiencia.

Otro obstáculo a la sustentabilidad de la agricultura es la dependencia en socios para el desarrollo, ya que la mayor parte del presupuesto para el desarrollo proviene de donantes. De hecho, en el presupuesto de 2010 la totalidad de los fondos a ser asignados provenía de socios para el desarrollo[14] . Con este presupuesto escaso, los agricultores y ganaderos no pueden enfrentar la inseguridad alimentaria, y sus ingresos muy bajos no alcanzan a permitirles un nivel de vida mínimo.

El país tiene varias políticas y leyes en materia de seguridad alimentaria. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Alimentaria de 1991 estableció la Oficina de Seguridad Alimentaria para supervisar la creación y gestión de una reserva estratégica de granos. Otros mecanismos institucionales a este efecto son la Agencia para la Reserva Nacional de Alimentos (NFRA, por sus siglas en inglés) y la División Nacional de Seguridad Alimentaria. La meta de la primera es mantener una reserva de alimentos óptima a nivel nacional para enfrentar los desabastecimientos locales y poder cubrir las necesidades urgentes de alimentos, así como garantizar la seguridad alimentaria nacional ocupándose de modo eficiente y económico de la compra y almacenamiento de existencias de alimentos.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, el peligro continúa. Por ejemplo, en junio de 2009 el Ministerio de Agricultura anunció una grave escasez de alimentos en el distrito de Chamwino de la región de Dodoma, por la que 17.080 hogares no podían adquirir los alimentos de cada día. Se necesitan 63.501.000 kg de alimentos para que el distrito pueda cubrir sus necesidades básicas, pero la producción obtenida en 2008-2009 fue de solo 12.178.000 kg [15] .

Esto se debe en parte a que las instituciones creadas por la ley de Seguridad Alimentaria han tomado medidas inadecuadas, se han usado tecnologías poco apropiadas, hay desertificación, deforestación e importante incidencia de plagas y enfermedades, como también una escasa infraestructura rural e instituciones rurales débiles y carentes de financiación.

Desafíos a la sustentabilidad

Desde 1990, Tanzania ha estado implementando una estrategia de desarrollo sustentable que presta especial atención a las cuestiones ambientales. En 1994 se estableció un Plan de Acción Nacional para el Medio Ambiente, que llevó a la aprobación de la Política Nacional para el Medio Ambiente en 1997 y a la redacción de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sustentable en 2000[16] .

Sin embargo, a pesar de este marco de políticas, el país no ha logrado enfrentar los desafíos ambientales. Esto se debe principalmente a la insuficiencia de los mecanismos institucionales de coordinación, la limitada capacidad del gobierno para la gestión ambiental y la poca participación de las autoridades y comunidades locales en la gestión y conservación del medio ambiente. La pobreza también es un elemento clave: aumenta la degradación ambiental, por ejemplo, por el uso de madera como fuente de energía, lo que contribuye a la deforestación y erosión del suelo; mientras que la degradación ambiental contribuye a la intensificación y perpetuación de la pobreza. En todo el país la utilización de energía se caracteriza por un gran consumo de la que proviene de fuentes tradicionales como la madera para cocinar y el querosén para iluminación. Además, los precios elevados de los derivados del petróleo (especialmente el querosén) y la suba del precio de la electricidad podrían hacer que la demanda urbana y rural de energía vuelva a buscar los combustibles tradicionales[17] .

Conclusión

Para lograr un desarrollo económico sustentable, el Gobierno deberá enfocarse en asuntos como el desarrollo rural, el mejoramiento agrícola y el empoderamiento económico de la población rural. También debe aumentar la transparencia de los contratos con inversores extranjeros y al mismo tiempo trasladar capacidades legales y económicas a los productores y comerciantes locales. Asimismo es necesario abordar problemas como el desempleo y la brecha cada vez mayor entre pobres y ricos. En tanto asuntos como la asignación presupuestaria para la agricultura y la seguridad alimentaria permanezcan en segundo plano, los tanzanos seguirán sufriendo hambre y pobreza.

Extractivismo vs. bienestar

Corporación Cactus,
Coordinación Nacional de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Aura Rodríguez

El planeamiento económico promovido por el Presidente Juan Manuel Santos, que no cuestiona el modelo extractivista aplicado por la previa administración Uribe, es una opción equivocada. La globalización centrada en la liberalización de la economía, la movilidad del capital sin controles eficaces, la pérdida de autonomía política, los programas de ajuste estructural de Estado y el aumento de los gastos militares bajo la coartada del conflicto armado interno son obstáculos que impiden el desarrollo. El bienestar de la población y el medioambiente siguen en peligro. La producción de biocombustibles ha empeorado la economía campesina, desplazado poblaciones enteras y destruido ecosistemas naturales. 

Tras ser electo en 2010, el nuevo presidente Juan Manuel Santos, quien se había desempeñado como Ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) ha establecido, como uno de los pilares de su administración, la “sustentabilidad ambiental y la gestión del riesgo”[1], y un Plan Nacional de Desarrollo. El documento oficial del plan establece una relación directa entre el aumento de la pobreza y el deterioro ambiental, razón por lo cual se deben implementar dos estrategias conjuntas para superar estos fenómenos: por un lado, una política económica enfocada a la generación de ingresos y aumento de la producción y, por el otro, la conservación y protección de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar humano[2].

En concreto, el Gobierno nacional estima que el sector minero-energético y la generación y transmisión de electricidad se incrementarán un 588%, las reservas permanentes de hidrocarburos un 335%, la producción de petróleo y gas un 79%, la construcción de poliductos y oleoductos un 78%, la producción de carbón un 70%, y la producción de oro un 51%. La primera estrategia asume que el país crecerá en el futuro inmediato 1,7 puntos porcentuales por año, cifra que reduciría en 1,2% la pobreza y 1,0% la indigencia. Al respecto, es preciso recordar que, si América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, Colombia está a la cabeza de la desigualdad en la región[3]. Mientras el 50% más pobre de la población percibe apenas un 13.8% de los ingresos, el 10% más rico cuenta con un ingreso equivalente al 46.5% del total[4].

La segunda estrategia, de conservación y protección de la diversidad, se fundamenta en la necesidad de incorporar consideraciones ambientales a lo largo de los procesos de planificación territorial y de gestión de las políticas sectoriales. La meta planteada por el Gobierno en este aspecto es reducir la huella ambiental de 1,9 gha/cápita.  Esta unidad hace referencia a la demanda humana de recursos puesta en relación con la capacidad de regeneración del ecosistema; una huella ambiental de 1,9 gha/cápita implica que Colombia explota su ecosistema 1,9 veces más rápido de lo que éste puede renovarse a sí mismo, en tanto el estándar de desarrollo humano sustentable se encuentra en 1,8[5]. La política ambiental también contiene dos actividades de especial relevancia para aumentar el crecimiento económico y, de forma paralela y según el plan oficial, mejorar las condiciones medioambientales: el aumento en la producción de los biocombustibles y el uso alternativo de carbón[6].

La base no cambia

El cambio de gobierno ha puesto al país en una situación confusa. En ciertos asuntos (como la relación con el poder judicial o la oposición), el presidente Santos ha marcado una distancia con relación a su antecesor; en política económica, sin embargo, lo mismo que en las políticas de desarrollo medioambiental, los lineamientos de uno y otro mandato, pese a las intenciones anunciadas, parecen ser los mismos.

Durante los dos periodos del gobierno de Uribe, según la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), la cifra de la desigualdad en Colombia, medida por el coeficiente de Gini,se mantuvo igual al dato registrado en 2002 (0,59)[7].  Que la inequidad se mantenga en los mismos niveles de 2002 revela la ineficacia de los programas gubernamentales aplicados hasta el momento – y continuados por la actual administración[8].

Asimismo, uno de los pilares del crecimiento económico durante las dos administraciones de Uribe, vigente en el gobierno Santos, es el incremento en la explotación minera. Durante la presente década se han venido ampliando las actividades de extracción de recursos mineros en detrimento de la producción agrícola. Antes de 2001, por ejemplo, se expedían entre 80 y 100 títulos mineros por año, pero desde entonces han venido expidiéndose en promedio más de 400[9]. La profundización de la actividad extractiva por sobre la vocación productiva, los cambios drásticos ejercidos sobre el suelo a raíz de las actividades mineras y la reducción del apoyo a la pequeña producción campesina son tres momentos de un mismo proceso que afecta gravemente a los pequeños productores rurales.

Biocombustibles

Es igualmente preocupante que el capítulo sobre medio ambiente y desarrollo sustentable del Plan Nacional de Desarrollo vincule conservación y protección con la expansión de los biocombustibles. En los últimos años se ha profundizado el apoyo gubernamental a las actividades basadas en monocultivos agroindustriales por encima de la agricultura campesina de pequeña escala[10], ocasionando el desplazamiento de poblaciones enteras.

Los biocombustibles fueron propuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo como una opción de energía “limpia”, presuntamente libre de consecuencias negativas a nivel medioambiental [11]. Al mismo tiempo, se los presentaba como la mejor opción productiva para países en vías de desarrollo, acompañados por una serie de estrategias comerciales de Washington, que veía en la posibilidad de comprar biocombustibles a bajo precio a países de Latinoamérica una manera de resolver algunos de sus problemas energéticos sin tener que derivar a la producción de biocombustibles parte de su producción alimentaria[12].

Entre octubre de 2005 y marzo de 2006 entraron en funcionamiento cinco plantas de etanol en Colombia (Ingenio del Cauca, la de Providencia y Risaralda, Ardila Lulle, más Mayagüez y Manuelita), que producen 1.050.000 litros diarios de etanol que abastecen el 60% del mercado nacional.  Sin embargo, las consecuencias negativas fueron evidentes de inmediato. Para empezar, la producción de biocombustibles requiere de grandes monocultivos de azúcar, maíz, palma aceitera o soja, y esta práctica productiva erosiona el suelo y agota sus nutrientes[13]. Además se ven comprometidos los recursos hídricos debido a la contaminación producida por los procedimientos de extracción y refinamiento, y se ve disminuida la extensión de tierra cultivable dedicada a la producción de alimentos, lo que aumenta los precios de los mismos y agrava las carencias alimenticias de los sectores más pobres de la sociedad[14].

El uso de la soja y el maíz para la producción de biocombustibles, por ejemplo, está afectando el precio de estos productos en el mercado de alimentos. El impulso dado por EEUU al uso del etanol ha hecho que el maíz haya superado picos históricos de precios. En 2007, el Internacional Food Policy Research Institute (IFPRI) presentó un informe que incluía estimaciones sobre la posible repercusión internacional de la creciente demanda de biocombustibles. El precio del maíz, por ejemplo, aumentaría en un 41% para 2020, y la soja y el girasol podrían alcanzar hasta un incremento del 76% para el mismo año, mientras que el trigo llegaría a aumentar un 30%[15].

Asimismo, entre las múltiples posibilidades de empleo energético de la biomasa, los biocombustibles son una de las opciones menos atractivas en cuanto a emisión de gases de invernadero. Si bien las emisiones de CO2  se ven significativamente reducidas con el empleo de biocombustibles, no sucede lo mismo con otros gases de invernadero, especialmente el metano y aquellos que contienen nitrógeno y azufre (NOx y SOx)[16]. Todo esto sin contar que, dado que el cultivo de palma de aceite es de tardío rendimiento, el retorno de la inversión inicial no se da sino hasta cinco años después de la siembra, lo cual lo vuelve rentable sólo en unidades de producción superiores a las 50 ha, por lo cual este tipo de cultivos sólo puede pertenecer a medianos y grandes propietarios.

Discriminación a los afrodescendientes

Por añadidura, la expansión de los biocombustibles también ha afectado gravemente a la población afrodescendiente. En varios casos ha podido corroborarse que estas comunidades se han visto ilegalmente expropiadas por empresarios de los biocombustibles vinculados con grupos paramilitares. En lugares como Curbaradó, donde existe una importante mayoría afrodescendiente, los pueblos afro han perdido 29.000 hectáreas por accionar paramilitar. Hoy, 7000 de esas hectáreas expropiadas están sembradas de palma de aceite[17].   

La discriminación a los afrodescendientes es un problema de larga data en Colombia. Estas comunidades, que representan un 26% de la población del país, padecen condiciones de vida significativamente inferiores a las del resto de los colombianos. Por ejemplo, el 79% de los municipios con mayoría afrodescendiente se ubica en la franja de menor desarrollo económico y social, con hasta un 85% de sus pobladores en situación de pobreza, mientras que en el resto de los municipios este indicador no rebasa el 38%. De hecho, se estima que el 72% de la población afrodescendiente está ubicada en los estratos socioeconómicos más bajos de Colombia [18], padeciendo una tasa de mortalidad infantil que duplica la registrada a nivel nacional. Asimismo, los afrodescendientes tienen menos acceso a servicios básicos como educación y salud, así como a los mejores empleos y a la participación en la vida pública[19]. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado en mayo de 2009 denunció la falta de esclarecimiento judicial en la mayoría de los hechos de violencia que han afectado a muchos afrodescendientes y causado su desplazamiento, a la vez que valoró algunos esfuerzos del Gobierno por mejorar esta situación.

Recientemente se han experimentado algunos avances en este sentido. En marzo de 2011, por ejemplo, fueron restituidas más de 25.000 hectáreas a comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el noreste del país. Estas tierras habían sido expropiadas para la producción de biocombustibles por la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, que se disolvió en 2006; su devolución es parte de un programa de la administración Santos para la restitución de unos 2,5 millones de hectáreas expropiadas por organizaciones paramilitares[20].

Futuro tenebroso

Grupo de Acción por la Paz y Educación para la Transformación (GAPAFOT)
Pastor Clotaire Rodonne Siribi

Los modelos prospectivos coinciden en predecir un futuro tenebroso para el país. El avance del desierto, la pérdida de bosques, el aumento de la pobreza y el subempleo son algunas de las amenazas que pesan sobre la población. El desarrollo sustentable está lejos de ser una realidad en el país, ya que no existe ninguna política de desarrollo ni concertación entre los diversos organismos del Gobierno a la hora de encargarse de la situación. Dada la ausencia de planes y políticas, es fácil avizorar que lo peor está por venir.

La economía de la República Centroafricana se basa fundamentalmente en el sector agrícola, que emplea alrededor del 68% de la población activa y representó en 2005-2006 el 54% del Producto bruto interno (PIB)[1]. De las 15 millones de hectáreas potencialmente cultivables, menos de dos millones se cultivan, lo que representa 3,2% del territorio nacional[2]. El potencial de 16 millones de hectáreas de pradera también es subexplotado, contando actualmente con 2,9 millones de cabezas de ganado bovino cuando su potencial es de cinco millones[3]. A pesar de que una parte de la producción agrícola está destinada a la exportación (algodón, café y tabaco), el sector sigue siendo mayormente de subsistencia.
Los métodos de cultivo tradicionales se apoyan en técnicas de cremación que contribuyen a la erosión del suelo y la deforestación[4]. El sistema dominante es el de los policultivos semiitinerantes,  método de alternancia de cultivos que asocian el algodón, la mandioca y los cereales en la zona de sabana, el café y la mandioca en la zona selvática y los cereales en la zona del Sahel. La actividad agrícola en el medio rural, a pesar de las condiciones agroecológicas favorables de que dispone, tiene rendimientos muy bajos.

En base a leña

El análisis del proceso de urbanización y de la situación de las mayores ciudades de la RCA pone en evidencia una serie de importantes desafíos en relación al uso de los recursos medioambientales y humanos. El uso de leña, para cerca del 90% del consumo energético destinado a cocinar, está contribuyendo a los procesos de desertificación. La urbanización y la concentración de la población en las ciudades y alrededor de ellas, por ejemplo, acarrean problemas medioambientales tales como el desbrozamiento agrícola y la utilización de tierras para fines inmobiliarios, la construcción de viviendas de manera anárquica, la concentración de contaminantes, la degradación de los suelos y la alteración del régimen hidrogeológico, la sabanización y la predesertificación. La leña es el recurso energético más empleado en el país para el calefacción en el 91,7% de los hogares de la capital, Bangui, donde es usada en prácticamente todos los hogares pobres (96%); los ricos combinan la leña (84,5%) con el carbón (10,5%) y el gas (2,5%). Entre 750 y 1400 toneladas de leña son quemadas diariamente sólo en Bangui, lo que representa 280.000 a 500.000 toneladas anuales.

Desafíos ambientales

La contaminación del agua, la desertificación y la pérdida de biodiversidad son los problemas medioambientales más acuciantes que enfrenta el país. En las regiones del norte, noreste y este, en el pasado notorias por su producción agrícola, las sequías son ahora frecuentes y el agotamiento de las reservas hídricas subterráneas cada vez más evidente, ocasionando un retroceso importante en su productividad[5]. La erosión de los suelos (República Centroafricana se encuentra, junto a Zaire y Nigeria, entre los países africanos con suelos más severamente erosionados[6]) y la depredación de las selvas y bosques por los agricultores y los cortadores de leña van de la mano con los procesos de desertificación y deforestación. En el presente, el país pierde  alrededor de 29.600 ha de selva tropical.

En cuanto la pérdida de biodiversidad, el país tiene una larga tradición de amenaza a la población de elefantes, por ejemplo. Hacia la mitad de la década de 1990 se estimó que el 90% de los elefantes que vivían en el territorio habían sido exterminados en los últimos treinta años, y de hecho un 85% de esa matanza era posterior a 1985. Actualmente la caza de elefantes está prohibida, pero la cacería ilegal sigue amenazando a la especie, así como también al rinoceronte negro y al rinoceronte de labio cuadrado o rinoceronte blanco.

Urbanización y pobreza

El mito de la ciudad como fuente de mejores ingresos y de seguridad es relativamente reciente en la RCA (cuya tasa de urbanización anual fue estimada para el período 2010-2015 en un 2,5%[7]), y ha sido vinculado a factores como una taza de natalidad elevada, un drástico éxodo rural, traslados de refugiados por los conflictos y la inestabilidad, tanto doméstica como de los países vecinos (Congo, Sudán, Chad), que incide sobre el aumento del número de pobres en las zonas urbanas. Además, las condiciones de vida en las ciudades están muy lejos de ofrecer bienestar y cobertura de las necesidades básicas. Por ejemplo, en algunos barrios de Bangui, los residentes sólo tienen electricidad cuatro días a la semana y el acceso al agua potable es en extremo limitado[8].

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda de 2003, el 62,7% de la población vive bajo la línea de pobreza. A su vez, un 60% de la población urbana es pobre, del mismo modo que un 72% de los habitantes de zonas rurales [9].

Puesto que el crecimiento de la población de Bangui está vinculado a los flujos migratorios de origen rural, la estructuración del paisaje y de los modos de utilización de los espacios urbanos son desafíos clave para la futura delimitación zonal y el desarrollo de la ciudad.
A pesar de que  la taza de desempleo es apenas del 2%, un 64% de las nuevas oportunidades de trabajo se da en actividades con muy mala remuneración, como ser agricultura a pequeña escala y el sector informal; de hecho, sólo un 10% de los empleos pertenecen al sector formal [10]. La pobreza urbana es particularmente severa entre quienes trabajan en la agricultura y la pesca.

Lo peor está por venir

Estos problemas que hemos señalado no parecen tener solución dado el presente estado de cosas. No hay planificación alguna a largo plazo, ni medios, ni vocación para enfrentar los desafíos más acuciantes, ni política de desarrollo alguna y los ministerios, sean el de agricultura o el de medio ambiente, intervienen cada uno por su lado sin concertación alguna.

De mantenerse las tendencias reconocibles, los bosques retrocederán, la sabanización avanzará y continuará el proceso de erosión de los suelos, que traerá aparejado un mayor riesgo de inundaciones, al tiempo que alejará a la población de sus primeras fuentes de recursos, sea la tierra cultivable o la leña. Asimismo, es de esperar que se produzcan conflictos en las zonas urbanas y periurbanas por el uso de la tierra para fines inmobiliarios o para la producción.

A largo plazo cabe esperar aumento en los precios de la leña y los productos agrícolas, un drástico agravamiento de la pobreza urbana y periurbana y, especialmente, el incremento de las temperaturas medias y de la incidencia de sequías predicho por los modelos vigentes de cambio climático. Esto traerá aparejado un notorio aumento de los procesos de desertificación, lo cual retroalimentará las catástrofes de estos escenarios a corto y mediano plazo.

Grandes expectativas, resultados limitados

Social Watch Alemania
Uwe Kerkow

El desarrollo sustentable parece ser ampliamente aceptado en el país. Sin embargo existen todavía retrasos intencionales y resistencia. El cambio climático no está siendo abordado adecuadamente y las fuentes de energía renovable todavía dependen de los subsidios del gobierno y de los consumidores. Por otra parte, se están reduciendo estos subsidios, en particular para la energía solar, a la vez que se extiende la vida operativa de las centrales nucleares.Mientras tanto la brecha entre ricos y pobres no deja de crecer y las políticas sociales no son implementadas debidamente.

El concepto de sustentabilidad está firmemente integrado en la política, la ciencia y la investigación en Alemania. Por ejemplo, las principales tareas del Consejo Alemán para el Desarrollo Sustentable[1] son: contribuir al avance de la estrategia de sustentabilidad nacional[2], proponer proyectos y campos de acción, y ubicar al desarrollo sustentable como tema central de la preocupación pública. Además, una estrategia de sustentabilidad nacional adoptada en 2002 contiene numerosas referencias a las dimensiones sociales y las consecuencias de la sustentabilidad, pero no ha sido actualizada desde que se adoptó.

En 2009, el Consejo Alemán para el Desarrollo Sustentable llevó a cabo una evaluación que llegó a conclusiones algo ambiguas sobre la implementación del concepto de sustentabilidad: "En el plano de las ideas, el concepto de desarrollo sustentable ha sido ampliamente aceptado, en términos generales. Pero cuando se trata de asuntos específicos y a nivel sectorial parece haber mucha más reticencia, resistencia y desconfianza[3]”. Y agrega: "El mayor desajuste potencial individual entre los objetivos para el 2050 y el estado actual radica en el campo del cambio climático[4]”.

Una sección sobre "protección del clima, energía y medio ambiente" en el acuerdo de coalición entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y el Partido Democrático Liberal (FDP) denota que la política está condicionada por el principio de sustentabilidad. Esto incluye un objetivo para "limitar el calentamiento global a un máximo de dos grados centígrados" y "ampliar continuamente el rol de la energía renovable" mientras se incrementa la "asistencia a los países en desarrollo para combatir el cambio climático y hacer frente a sus consecuencias[5]”.

La sustentabilidad en la práctica: el sector energético

El estado de la política de desarrollo sustentable en Alemania es más evidente en el campo de la política energética. Por un lado, la industria alemana tiene un papel destacado en el sector energético, especialmente en el diseño y la construcción de sistemas; por otro lado, las fuentes de energía renovable todavía dependen de los subsidios del gobierno y de los consumidores.

La decisión del Parlamento de extender la vida operativa de las centrales nucleares, tomada a fines de octubre de 2010, marcó un corte radical con la anterior política energética[6]. En 2002 el Parlamento había votado eliminar progresivamente el uso de energía nuclear a largo plazo, limitar el resto de la vida operativa de las centrales existentes a un máximo de 32 años y no construir centrales nuevas. La decisión del 2010 extendió la vida operativa de las centrales en un promedio de 12 años[7] y fue implementada a pesar de que no se visualiza una solución para el almacenamiento final de los residuos nucleares[8] y de que la mayoría de los alemanes se ha opuesto sistemáticamente a las centrales nucleares durante décadas[9].

Al mismo tiempo, se reducen los subsidios para las fuentes de energía renovable, en particular para la energía solar[10], a pesar de la firme evidencia de que su uso reduce los costos de generación de energía[11]. El Consejo Asesor de Medio Ambiente de Alemania concluyó  que un suministro de electricidad 100% renovable será posible en el 2050[12]. A consecuencia del desastre nuclear de Fukushima en Japón a inicios del 2011, el Gobierno cerró siete reactores  nucleares y anunció su intención de acelerar la eliminación progresiva de la energía nuclear[13]. Pero está por verse si esto determinará un cambio genuino de la política.

La sustentabilidad en la práctica: la dimensión social

Una estrategia integral para la sustentabilidad también debe tener en cuenta la dimensión social. En 2010, el debate más significativo de la política social en Alemania fue consecuencia de una decisión de la Corte Constitucional Federal de febrero de 2010 que estableció que los beneficios de asistencia social deben ser calculados "de manera transparente y adecuada de acuerdo a las necesidades reales, es decir, adaptados a la realidad" y que "la evaluación de los beneficios debe justificarse sobre la base de cifras confiables y métodos de cálculo convincentes". El criterio obligó a los diseñadores de políticas a revisar el sistema de beneficios de asistencia social[14].

Un estudio de Diakonie, la organización de asistencia social de la iglesia protestante, calcula que se necesita un incremento del 10 al 30% de los beneficios de asistencia social para cumplir con lo dispuesto por la Corte[15]. En cambio, en febrero de 2011 se tomó una decisión de aumentar los beneficios en aproximadamente un 1,5% con un incremento de menos del 1% previsto para el 2012[16].

Al mismo tiempo se ensancha la brecha entre ricos y pobres. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)[17] establece: "la distribución de los salarios brutos se amplió significativamente después de 1995" y "el porcentaje de hogares desocupados aumentó... al 19%, el nivel más alto en el área de la OCDE". Agrega que las transferencias sociales "están menos orientadas a los grupos de más bajos ingresos en relación con otros países".

La sustentabilidad en la práctica: la política de desarrollo

De acuerdo con las cifras publicadas por la OCDE a principios de abril de 2011, en Alemania la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) aumentó ligeramente en 2010, pero no lo suficiente como para alinearla con el programa de la Unión Europea de elevar la AOD al 0,56% del PIB.  En 2010, el país gastó el 0,38% del producto interno bruto (PIB) en asistencia para el desarrollo, por lo que se estancó en el nivel de 2008. Es más, en 2009 había disminuido al 0,35%. En términos absolutos, el país cayó del segundo (2008) al cuarto puesto en la lista internacional de países donantes, después de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, mientras que su gasto en AOD de tan solo 0,38% del PIB lo ubica en el puesto 13 de los 23 países donantes occidentales[18].

No se espera que el Gobierno aumente sustancialmente el gasto en desarrollo. De hecho, según la planificación financiera a mediano plazo, los gastos en AOD serán recortados en más de quinientos millones de euros hasta el 2015[19].

Además, un cambio de estrategia modificará la asignación de los fondos y la cooperación bilateral para el desarrollo superará a la cooperación multilateral. También hay planes para recortar el apoyo presupuestal y reducir la cantidad de países asociados de 58 a 50. Sin embargo, el centro de esta reestructura política conservadora y liberal está en la creación de nuevos vínculos con el sector privado. Para ello, el presupuesto del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por su sigla en alemán) destinado a las "asociaciones para el desarrollo con el sector privado" ya aumentó en un 25% en 2010 hasta la cifra actual de 60 millones de euros[20].

También existen déficits en Alemania para la financiación del cambio climático. Según las organizaciones no gubernamentales Terre des hommes y Welthungerhilfe, Alemania debe aportar cerca de 7,6 mil millones de euros para los costos de la mitigación del cambio climático y la adaptación del Sur global[21]. Esto significaría un aumento de más del triple del gasto oficial para la protección del clima global.  Como anticipo de la Conferencia del Clima en Copenhage, el Gobierno prometió contribuir con 420 millones de euros al año con el financiamiento de inicio rápido de la UEpara el clima en los países en desarrollo, con un monto total de 2,4 mil millones de euros al año entre 2010 y 2012. Bajo las condiciones del Acuerdo de Copenhagen, esto constituye un fondo "nuevo y adicional". Sin embargo, Alemania no ha cumplido con esto y solo destinó 70 millones de euros en el presupuesto de 2010. Es más, el ítem fue eliminado por completo del proyecto de presupuesto de 2011[22].

La falta de voluntad para realizar una contribución importante a la protección del clima queda de manifiesto en la negativa del Gobierno a contribuir con la Iniciativa Yasuní[23] de Ecuador en 2010, que se propone “dejar el crudo en tierra”, o sea no explotar las reservas de petróleo del Parque Nacional Yasuní en la cuenca del Amazonas. Ecuador solicita a cambio una compensación de la comunidad internacional de cerca de USD 1,5 mil millones, aproximadamente equivalentes al 50% de los ingresos perdidos por la decisión de no perforar[24].

Perspectivas

A consecuencia de la crisis económica y financiera global y como adelanto de la Conferencia Río+20 de 2012, el debate por el desarrollo sustentable en Alemania está tomando impulso. En noviembre de 2010 el Parlamento estableció una comisión de estudio sobre crecimiento, bienestar y calidad de vida, como vías hacia la actividad económica sustentable y el progreso social en la economía social de mercado. Su propósito es "considerar el rol del crecimiento en la economía y la sociedad, desarrollar una medida integral de bienestar y progreso y explorar las oportunidades y los límites para desvincular el crecimiento, el consumo de los recursos y el progreso tecnológico”[25]. Aún está por verse si este grupo de expertos podrá impulsar en forma significativa el progreso hacia una mayor sustentabilidad, tan urgentemente necesaria.

Hay que refundar el país

Decidamos, Campaña por la Expresión ciudadana
José Guillermo Monroy Peralta

Los modelos de desarrollo aplicados hasta el momento en el país han fracasado en su objetivo de atender las necesidades de la población. El medio ambiente sigue siendo depredado sin previsión y las desigualdades entre los diversos sectores de la población se incrementan. Es necesario un nuevo plan de desarrollo que logre una mejor articulación entre Estado, sociedad civil y mercado, y a la vez refunde  el país en procura del bien común.Esto implica pasar de la protesta a la propuesta, y demostrar que es posible, con la participación de todos, construir un mejor país.

Los modelos de desarrollo implementados en Paraguay han dependido históricamente de la agroexportación. Sus fines fueron netamente económicos y han recurrido siempre al monocultivo, a la deforestación constante para la ampliación de la superficie productiva, a la concentración de riqueza en pocas manos, al empobrecimiento y a la expulsión de parte de la población a otros países. Todos estos modelos fallidos se han probado incapaces de resolver las necesidades de grandes sectores de la población y de contener el grave deterioro ambiental. Sus fracasos pueden entenderse como el resultado de una inadecuada e incompleta articulación entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.

Una economía empobrecedora

La economía del Paraguay se ha basado en la explotación y exportación de productos primarios. Este modelo de desarrollo centrado en la agricultura, con una fuerte dependencia del exterior, ha provocado el reparto desigual de la tierra. Así, el Censo Agrícola de 2008 mostraba que las pequeñas explotaciones agropecuarias de hasta 20 ha constituyen el 84% del total, mientras que las explotaciones mayores de 50 ha representan solamente el 9% del total de unidades productivas rurales[1]. La expulsión constante de familias del campo a la ciudad ha traído consigo un crecimiento de cinturones de miseria en los alrededores de las principales ciudades del país. A la par de ello, los movimientos campesinos han fortalecido sus demandas ante el Estado exigiendo la puesta en marcha de una reforma agraria.

En noviembre de 2008, el Gobierno creó – mediante un decreto presidencial– la  Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria  -CEPRA-  cuyo objetivo principal es el de  coordinar y promover el desarrollo económico, social, político y cultural, además de impulsar la gestión de las políticas públicas en asentamientos creados y contribuir al logro de la reforma agraria. Sus logros, sin embargo, han sido nulos o casi inexistentes[2].

La economía mostró un crecimiento importante en el período 2003-2008, con una tasa media anual de 4,8%, pero el resultado sigue siendo un reparto desigual de la riqueza. En este mismo período el desempleo disminuyó apenas un 1.6%, mientras que el  subempleo aumentó de 24,2% a 26,5%. Estas inconsistencias  entre el crecimiento de la economía y el descenso de ciertos indicadores revelan que el crecimiento económico no generó suficiente empleo ni redujo el empleo informal[3].

Sociedad desigual

De los aproximadamente 6,4 millones de paraguayos, el 60% tiene menos de 30 años y el 1,7% son indígenas, quienes soportan las condiciones de desigualdad más importantes a nivel nacional[4]. Entre 1997 y 2008 la pobreza aumentó de 36.1% a 37.9%. En el área rural disminuyó de 51.6% a 48.8%, pero la pobreza urbana aumentó de 22.5% a 30.2%. La mitad de la gente identificada como pobre (1.16 millones) vive en condiciones extremas[5]. Alrededor de medio millón de paraguayos han tenido que emigrar hacia otros países. Según datos aportados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el periodo 2001-2007 cerca de 280 mil personas emigraron mayormente hacia  Argentina y, últimamente, a España[6].

El medio ambiente en peligro

A lo largo de la primera década del siglo, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas enfocadas a dar respuesta a las necesidades ambientales, entre ellas el Programa Nacional de Cambio Climático (2001), la Estrategia Nacional  y el Plan de Acción para la conservación de la biodiversidad, 2004- 2009 (ENPAB) (2003)[7], la Política Ambiental Nacional del paraguay (PAN) (2005) y la Ley de los Recursos Hídricos del Paraguay (2007). Pese a estos planes y programas, sin embargo, los problemas medioambientales no dejan de multiplicarse. Por ejemplo, se ha registrado una importante pérdida de superficie boscosa, principalmente en la Región Oriental, que representaba  en 1945 el 55,1% de los bosques y se vio reducida a un 7,56% para 2005, con la consiguiente pérdida de biodiversidad[8]. La lección a aprender es que las políticas ambientales poco pueden hacer en un contexto de fragilidad institucional y escasos recursos económicos y humanos, que son insuficientes para establecer no sólo los controles respectivos sino también el ejercicio de la ley y las penalidades respectivas.

Planes de Desarrollo 2003-2013

Al comienzo de la década, el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) estableció un plan de desarrollo llamado “Agenda para un País mejor”, que contemplaba cuatro objetivos estratégicos:

• Recuperar la confianza en las instituciones del Estado y sus representantes.
• Promover la participación activa de la ciudadanía para la construcción de las instituciones de la democracia.
• Reactivar la economía y generar empleo dentro de un nuevo modelo de desarrollo sustentable.
• Combatir la pobreza, la corrupción y la inseguridad.

Estos objetivos fueron dispuestos en 14 ejes programáticos:   1) Modernización de la Administración Publica; 2) un entorno económico confiable y predecible para la inversión;  3) crecimiento económico sustentable;  4) revolución educativa para mejorar el capital humano;  5) prioridades y políticas de salud; 6) obras públicas y construcción de viviendas económicas; 7) energía para el desarrollo;  8) defensa del Medio Ambiente; 9) establecimiento de un nuevo modelo de relacionamiento internacional; 10) desarrollo de nuevos espacios: Estado y Sociedad; 11) respeto por los Derechos Humanos;  12) combate a la pobreza y a la exclusión social; 13) lucha contra la corrupción, y 14) modernización de las fuerzas de Seguridad.

Para hacer operativo el plan, en 2006 el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza. A consecuencia de esta, la inversión en desarrollo social se incrementó de USD 400 millones en 2002 a USD 1.507 millones en 2007 [9]. El Gobierno intentó modernizar la administración pública y logró alcanzar un crecimiento económico promedio de 4,8%.

El Gobierno también consideró la agricultura con su Plan Nacional para la Reactivación de la Agricultura Familiar (2003-2008), que incluyó un Programa de Apoyo al Desarrollo de Pequeñas Fincas Algodoneras (PRODESAL) y un proyecto denominado Seguridad Alimentaria. En 2007, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) implementó el Fondo de Apoyo a la Agricultura familiar, el que además de proveer incentivos financieros introdujo el Certificado Agronómico. Este programa hizo posible el apoyo directo a las familias campesinas, a través de la transferencia de USD 8,43 millones a 88.948 beneficiarios[10].

Los esfuerzos realizados en este sentido no alcanzaron la magnitud esperada. En 2005, el Gobierno seleccionó 66 distritos prioritarios en programas para combatir la pobreza. Para agosto de 2008, al final de la administración de Duarte Frutos, estos programas llegaban sólo a 12.000 familias. En el mismo período, el desempleo bajó de 7,3% en 2004 a 5,7% en 2008, pero el empleo informal se incrementó de 24,2% a 26,5%[11].

En agosto del año 2008 Fernando Lugo, de la entonces recién formada Alianza Patriótica para el Cambio, asumió la presidencia del país poniendo fin a más de 60 años de gobiernos presididos por el Partido Colorado. Al mes siguiente se estableció el Plan Estratégico Económico-Social 2008-2013 (PEES), que declaraba como objetivo mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del país. Sus objetivos estratégicos eran seis[12]:

• Proseguir el crecimiento económico  con mayor generación de empleo.
• Fortalecer las instituciones del Estado para mejorar la eficacia de las políticas públicas.
• Aumentar y mejorar la inversión en áreas sociales, fundamentalmente en educación y salud, focalizando el gasto público en el combate contra la pobreza extrema.
• Alentar la diversificación de la estructura productiva, preservando el medio ambiente y logrando mejorar el aprovechamiento de los recursos energéticos y humanos disponibles en el país.
• Impulsar la participación de la sociedad civil y del sector privado en la economía para fortalecer las micro y pequeñas empresas;
• Armonizar y coordinar las acciones del gobierno para apoyar el desarrollo regional descentralizado.

Posteriormente, en 2010, el Gobierno de Lugo formuló un plan llamado “Paraguay para Todos y Todas 2010 -2020”, que reunía una serie de iniciativas y recursos pensados para atender las demandas de la población y generar oportunidades para el ejercicio y goce de los derechos de los ciudadanos paraguayos. En el marco de esta política se diseñó un Sistema de Protección Social denominado “Saso Pyahu”,  pensado como una estrategia de abordaje para mitigar y superar la pobreza extrema a través del establecimiento de un conjunto de políticas públicas orientadas a reducir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de las familias, principalmente en los municipios más pobres.

El Gobierno comenzó estableciendo como una de sus prioridades la profundización de las políticas sociales, sobre todo aquellas relacionadas con la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades. Programas de lucha contra la pobreza tales como Tekoporá, que reunía fondos para el apoyo económico a familias en comunidades seleccionadas, experimentaron una expansión inmediata. Se pasó de atender alrededor de 14,000 familias en el año 2008 a 112.000 familias para junio del 2010 (un crecimiento en un 800%)[13].

La dotación de servicios de salud en el país se había  caracterizado  hasta el año 2008 por una cobertura insuficiente (el sistema alcanzaba a cubrir el 65 al 70% de la población).  En agosto del 2008 se establece como una línea prioritaria de trabajo el modelo de Atención Primaria en Salud. Esto ha permitido construir 503 Unidades de Salud de la Familia, las cuales han permitido llegar a alrededor de 1.500.000 millones de habitantes que anteriormente no gozaban de dichos servicios.

Construir un país mejor

Si bien, como indica el sociólogo y politólogo chileno Manuel Antonio Garretón[14], ningún desarrollo nacional contemporáneo ha podido prescindir (especialmente en los países latinoamericanos) de un papel predominante del Estado, asistimos ahora a la emergencia de desarrollos insertos en un contexto transnacional. Esto trastrueca las relaciones entre Estado y sociedad y erosiona el papel dirigente de los Estados pero, por otro lado, obliga a la resignificación de tal papel si se quiere mantener la idea de un desarrollo y proyecto país. A la hora de construir el “Proyecto País”, entonces, se vuelve necesaria una amplia  articulación de actores sociales capaces de dejar de lado intereses sectarios y dispuestos a unirse a un esfuerzo de re-fundación de la nación. El marco de las celebraciones del bicentenario de la independencia del Paraguay puede ser una ocasión propicia para ello.

De esta manera, quizá, pueda el Estado paraguayo transitar hacia la resolución de las grandes necesidades de su población. La clave es la construcción del sentido del bien común, del destino común y también de una mejor articulación entre Estado, sociedad civil y mercado. Esto requiere avanzar en una agenda más amplia e inclusiva; pasar de la protesta a la propuesta, y sobre todo de demostrar que es posible construir un mejor país sí participan todos.

Hora de aplicar estrategias ambientales

Social Watch El Salvador
Susana Barrera
Magdalena Cortez
Scarlett Cortez
Ana María Galdámez
Omar García
Mario Paniagua

El país enfrenta importantes desafíos ambientales, que todavía no reciben la completa atención del Gobierno. Para asegurar la sustentabilidad ambiental, el Gobierno debe asegurar la aprobación e implementación de varias normativas que vienen siendo debatidas en los últimos años, así como también suscribir, de una vez por todas, los diversos acuerdos internacionales de protección al medio ambiente. Las negociaciones para el cambio climático en Durban pueden significar una excelente oportunidad para desarrollar una estrategia nacional que asegure planeamiento a largo plazo y trabaje por el bienestar de las generaciones futuras.

El Salvador posee una gran riqueza en términos de biodiversidad. Si estos recursos fuesen bien manejados, podrían proveer la base desde la que mantener a la población entera y remediar la pobreza. En el presente, sin embargo, los recursos no son adecuadamente administrados, por lo que el gran potencial del país es desperdiciado.

Gran parte de la población rural vive bajo la línea de pobreza, y sus estrategias de subsistencia dependen de la explotación de los recursos naturales. El Gobierno carece de una política clara que pueda guiar y proveer asistencia técnica y financiera a los establecimientos rurales cuya lucha por mantenerse ha acelerado la destrucción de los bosques, suelos y recursos hídricos. Históricamente, la ausencia de una política ambiental a nivel nacional ha conducido al vertido irresponsable de basura, la contaminación del agua y el deterioro de la calidad del aire debido a la abundancia de vehículos. Las grandes industrias y la explotación agrícola han sido causa también de contaminación en diversas áreas naturales, y no ha habido tratamiento adecuado de los desperdicios sólidos o líquidos.

El medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las proyecciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en El Salvador son alentadoras. La meta de reducción de la pobreza (ODM 1), por ejemplo, ha sido alcanzada; también se ha alcanzado la meta relativa al acceso a saneamiento (ODM7) y algunos indicadores muestran que el país está muy cerca de alcanzar la meta de acceso al agua potable (ODM 7). Con respecto al resto de los Objetivos, El Salvador se encuentra un poco más distante de las metas propuestas, pero, según ha sido señalado, en una trayectoria favorable[1].

Cabe señalar que las metas del ODM 7 que se encuentran cerca de cumplirse serían:

• Incorporar los principios del desarrollo sustentable en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente;
• Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida;
• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento;
• Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 1 millón de habitantes de viviendas precarias[2].

El informe presentado por el PNUD señala que los objetivos de revertir la pérdida de recursos del medio ambiente y reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a agua y saneamiento han sido cumplidos[3].

En cuanto a la reducción del consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, específicamente los clorofluorocarbonos (CFC), desafío incorporado al séptimo objetivo (“Garantizar la sostenibilidad ambiental”[4]), el progreso en su cumplimento se debe a que el país ha seguido exitosamente los compromisos emanados del Protocolo de Montreal. Esto ha permitido reducir al 50% dichas sustancias en el 2005, al 85% en el 2007 y apuntar a una reducción del 100% para el 1 de enero de 2010[5].

En cuanto a las metas relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento, el panorama varía según el criterio usado para evaluar el grado de avance. La proporción de población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, según el criterio tradicional (que considera fuentes de agua mejorada el agua por cañería, fuente pública, pozo perforado o bomba, pozo protegido, fuente protegida y agua lluvia), ha aumentado de 63.3% (1991) a 83.9% (2000) y 86.9% (2007). Sin embargo, si el estándar se vuelve más riguroso y se tiene en cuenta el acceso a las fuentes de agua mejorada por domicilio, los datos son menos alentadores, ya que parten de un 42.2 % en 1991 para llegar a 67.5% en el 2007[6].

Otra meta a cumplir es reducir y detener la degradación ambiental. Sobre este objetivo, planteado para ser cubierto en el año 2010, no ha sido emitido informe de cumplimiento alguno. Sin embargo, ocuparse del deterioro ambiental es una necesidad cada vez más palpable.

Un paso adelante

Un importante paso adelante surgió en marzo de 2011 con la aprobación de la  Ley  de Ordenamiento Territorial[7]. Esta normativa es de suma importancia a la hora de ordenar el crecimiento desmedido de las grandes urbes, y regula además  el  uso  adecuado  de  los  suelos y el  respeto  por  las  cuencas  y  las  áreas  de  bosque  todavía disponibles.

El país cuenta además con la Ley de Medio Ambiente y un conjunto de leyes específicas de apoyo, entre ellas la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley Forestal y la Ley de de Conservación de la Vida Silvestre. Asimismo, el país suscribió el protocolo de Montreal, asumiendo por tanto un compromiso en el manejo de materiales peligrosos bajo estándares internacionales.

En cualquier caso, si bien en la práctica todavía hace falta asignar más presupuesto para que estas leyes den resultados concretos, la concreción de un marco regulatorio ha de entenderse como un avance importante.

Impacto del cambio climático

Pese a estos avances, la cuestión del desarrollo sustentable en El Salvador debe incluir, por la propia definición del término, una apuesta importante al planeamiento a largo plazo. En este sentido, los escenarios a futuro para el país y la región deben considerar el desafío del cambio climático.

Este representa una serie de amenazas para las sociedades centroamericanas por sus múltiples impactos previstos en la producción, la infraestructura, los medios de vida, la salud, la seguridad y el debilitamiento de la capacidad del ambiente para proveer recursos y servicios vitales.

En relación a los recursos hídricos, por ejemplo, Centroamérica es una región privilegiada en cuanto a disponibilidad de agua, pero su distribución entre países, regiones y en las vertientes del Pacífico y del Atlántico es muy desigual, con grandes variaciones intra e interanuales. Teniendo en cuenta las proyecciones de cambio climático en uso, la demanda de agua podría aumentar 20% en un escenario basado en la premisa de que se dé en el futuro cercano un predominio de las soluciones locales a la hora de gestionar la sustentabilidad económica, social y medioambiental, o incluso un 24% en escenarios menos amigables con el ecosistema[8].

En este escenario el país se vería especialmente afectado. Sería, de hecho, el más afectado de la región, seguido por Honduras y Nicaragua[9]. Los niveles de demanda llegan a ser superiores, de hecho, al umbral de 20% aceptado internacionalmente como crítico para el estrés hídrico, y similar a países como Egipto y algunos de la península arábiga en la actualidad[10].

En cuanto al sector agropecuario, si bien algunas investigaciones han llegado a la conclusión de que sus efectos adversos están asociados principalmente al aumento de las concentraciones de CO2, cambios de la temperatura, variabilidad de los patrones de precipitación y disponibilidad de los recursos hídricos (que, como señalamos, se verían severamente comprometidas), ha sido sugerido que los cultivos  muestran resultados que dependen además de otras variables, como por ejemplo sus límites específicos de tolerancia y resistencia.

A modo de conclusión

Para lograr una sustentabilidad ambiental, el país debe comprometerse con los tratados internacionales sobre medio ambiente, a fin de que estos acuerdos permitan tomar medidas que logren reducir las acciones que generan impactos ambientales negativos. De todas formas, también es necesaria la aprobación y ejecución de  políticas  nacionales  que  den  directrices  en franco respeto  por  la vida  humana y de los  seres vivos.
El Salvador  tiene en estos momentos una oportunidad única de avanzar en estos desafíos, pues deberá liderar el  grupo  de países  de la  región en las  negociaciones  de cambio climático en Durban, 2011. Al respecto, es importante  destacar  en  este  punto  que  el Ministerio  de Medioambiente y Recursos  Naturales  está  realizando  un proceso  de  consulta  y  coordinación  para  diseñar  una estrategia  nacional  frente a cambio climático, esfuerzo que  se  espera  le  ayude  a tener  una  postura firme  en las negociaciones de Durban.

También son necesarias   confianza y ayuda en la creación de nuevas políticas, como por ejemplo la “Política Nacional del Recurso Hídrico en El Salvador” del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que busca asegurar a las presentes y futuras generaciones la disponibilidad del agua en todas sus expresiones y para todos sus usos.

Justicia climática para todos ¡Ya!

CNCD-11.11.11
Nicolas Van Nuffel

Las políticas medioambientales vigentes en Bélgica dejan mucho que desear. El país  enfrentará en el futuro inmediato importantes desafíos relacionados con el cambio climático –entre ellos el aumento de las temperaturas y la severa modificación de la distribución anual de las lluvias – pero no toma en cuenta  los compromisos asumidos por la comunidad internacional. El diálogo entre las tres regiones del país, el sector industrial y la sociedad civil sufre de una severa parálisis, que sólo podrá ser superada a través de fuertes campañas de sensibilización ante los urgentes problemas que amenazan al medioambiente y ponen en peligro el bienestar de la sociedad.

Entre 1993 y 1997 Bélgica instituyó un Consejo Federal para el Desarrollo Sostenible,  integrado por representantes de los patrones, los sindicatos,  diversas ONGs y la comunidad científica[1], a la vez que el conjunto de los ministros federales y los distintos gobiernos regionales están representados también en calidad de observadores. En el marco de una sólida tradición de concertación social, a Bélgica le falta, sin embargo, dar el paso entre la mecánica institucional y la puesta en práctica efectiva de una política voluntarista en pos del desarrollo sostenible.

Un ejemplo claro de ello es el desafío del cambio climático, que trae aparejadas consecuencias económico-sociales y medioambientales de notable importancia. Si bien podría argumentarse que el impacto del calentamiento global afectará en menor medida a Bélgica que a los países en desarrollo o con economías más débiles, es a la vez innegable que sus consecuencias no serán en absoluto insignificantes. Estas, de hecho, van a depender de la magnitud, de la orientación y de la velocidad con que se pongan en práctica las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para combatir los efectos de los cambios en curso. 

Calor, lluvia, extinción y desigualdad social

Según un informe codirigido por el profesor van Ypersele, vicepresidente del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (GIEC), y por Philippe Marbax, las temperaturas en Bélgica podrían aumentar hasta 4,9°C en invierno y 6,6°C en verano en el transcurso del sigo XXI[2]. Esto traerá importantes consecuencias sobre el medio ambiente, entre ellas una importante pérdida de biodiversidad[3]. En cuanto al impacto sobre los recursos hídricos, “las proyecciones de la evolución de las precipitaciones, de aquí a fines del siglo XXI, muestran un aumento entre el 6 y 23% para el invierno y una (disminución) para el verano (…) que alcanzaría el 50 %” [4].

Estas perturbaciones pluviométricas podrían tener graves consecuencias para la economía del país, entre ellas las vinculadas a la multiplicación de fenómenos extremos tales como inundaciones y sequías. Además, estas catástrofes, asociadas al aumento de las temperaturas, tendrán profundo impacto en la salud de la población; en efecto, la multiplicación de las olas de calor aumentaría la mortalidad y la morbilidad del país [5].

Bélgica dispone a priori de los medios necesarios para enfrentar estas consecuencias negativas, sobre todo porque otros efectos de índole positiva podrían – en parte – compensar la magnitud de los daños. Por ejemplo, se espera un aumento de la productividad agrícola, especialmente en el caso de algunos cultivos (incluido el trigo), siempre y cuando las temperaturas no se vean incrementadas en más de 3°C[6]. Sin embargo, no toda la población está en las mismas condiciones para enfrentar estos cambios: “El impacto real de los cambios climáticos sobre la salud de una población depende fundamentalmente de su vulnerabilidad, la que a su vez depende enormemente del nivel de vida, del acceso a la salud y de la capacidad de esa población para adaptarse a nuevas condiciones climáticas” [7] .

De todas formas, el calentamiento global no es el único desafío medioambiental que afrontará Bélgica en el futuro cercano. Dado que los recursos energéticos domésticos están limitados a la energía nuclear y al pequeño (pero en crecimiento) sector de fuentes de energía renovables, Bélgica se ha vuelto extremadamente dependiente de la importación de combustibles fósiles, por ejemplo gas natural importado de Holanda, Noruega y Argelia[8]. Por esta razón, el impacto del agotamiento de estos recursos podrá hacer trepar los precios de la energía hasta niveles insoportables para las poblaciones con menor poder adquisitivo.

El obstáculo de la complejidad institucional

El desarrollo sustentable no puede analizarse fuera de una perspectiva internacional. La Cumbre de Río 1992 sobre el Cambio Climático estableció el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas entre los países más industrializados y contaminantes y los menos desarrollados. Bélgica, que integra la lista de países que deben reducir sus emisiones de gases de invernadero, ni ha dejado de emitir alarmantes cantidades de estos gases ni tampoco  ha instituido programas de reducción de estas emisiones. De hecho, en el debate europeo sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para después de 2012, Bélgica parece verse paralizada por el desafío. Mientras que una serie de países de la Unión Europea se pronunció a favor de pasar unilateralmente hacia una reducción del 30% de los gases de efecto invernadero, Bélgica, por su lado, no ha tomado aún ninguna decisión clara.

Con respecto a esto, la complejidad institucional de Bélgica no es un factor positivo. Dado que el medio ambiente es un tema compartido entre el Estado federal y las regiones (Flandes, Valonia y Bruselas), estas cuatro entidades deben llegar sistemáticamente a un acuerdo para poder sostener una postura en los debates internacionales. Ahora bien, en cuanto al problema concreto de la reducción de emisiones, la falta de acuerdos redunda en la implementación de vetos de facto ejercidos contra las propuestas que desean al menos adelantar en el debate y asumir los compromisos con seriedad.

Bélgica se mantiene entonces en una actitud expectante en los debates internacionales y europeos sobre las reducciones de las emisiones de gases de invernadero, contribuyendo de esta manera a mantener a la totalidad de Europa por debajo de los compromisos recomendados por la comunidad científica.

Por desgracia, la sociedad civil belga no es unánime a la hora de exigir la aceptación de esas recomendaciones. Es así que la Federación de Empresas de Bélgica (FEB) está ejerciendo un lobby intenso contra cualquier intento de revisión unilateral al alza de los compromisos de Europa y, por ende, de los de Bélgica. En un aviso publicado poco antes de la Conferencia de Cancún, la FEB estimaba lo siguiente: “Europa está sola con sus compromisos unilaterales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es obvio que esto tiene un impacto negativo sobre la competitividad. (…) A esta altura, el mundo empresarial belga no favorece continuar con  el objetivo de reducción a -30% porque las condiciones definidas por la UE no están dadas[9].”  

¿Pero es verdad que esas condiciones no están dadas? Un estudio del Climate Action Network-Europe publicado en febrero de 2011 muestra que Bélgica podría perder sumas importantes si Europa se rehusara a pasar  al 30% de reducción de las emisiones. Se perderían así
USD 2.800 millones en ingresos por remate de derechos de emisión, así como USD 1.260 millones de ahorro en salud[10].

Además, invertir en la transformación del modelo económico y energético de Bélgica redundaría también en un impacto positivo a largo plazo sobre la economía belga. Está claro que esta transformación exigiría ajustes para algunos sectores que emiten muchos gases de efecto invernadero, tales como la siderurgia o la industria automotriz, y que esos ajustes deberán acompañarse de fuertes medidas sociales,  pero son insoslayables.

La resistencia al cambio

Los cambios climáticos y las medidas para enfrentarlos son entonces un muy buen indicador del compromiso de Bélgica en la vía del desarrollo sostenible. No son, sin embargo, los únicos, ni mucho menos. Las medidas a favor de mejorar el acceso a la vivienda y el volver a desarrollar los transportes públicos son aspectos mayores que hay que poner en marcha. Son manejados en forma conjunta por los movimientos sociales y medioambientales, pero tardan en tener respuesta desde las esferas de decisión política. Esas medidas, además, contribuirían al bienestar colectivo de la humanidad reduciendo las emisiones contaminantes, especialmente los gases de efecto invernadero, y permitirían luchar contra las desigualdades reduciendo los costos para los usuarios de bajos ingresos y desarrollando una oferta de calidad para los transportes alternativos al automóvil.

Las propuestas no son lo que falta en las mesas de los responsables de la toma de decisiones, y Bélgica es terreno de muchas colaboraciones entre movimientos norte-sur, ONG medioambientales, movimientos campesinos y sindicatos para desarrollar alternativas al modelo actual. Sin embargo, hay que constatar que la resistencia al cambio es aún muy fuerte en muchos sectores de la sociedad. Es por eso que no alcanza con interpelar a los responsables de la toma de decisiones, sino que se vuelve necesario desarrollar campañas dirigidas al público en general. Estas deben permitirle tomar conciencia del impacto social y medioambiental de sus comportamientos y mostrarle que un modelo alternativo de desarrollo es posible. Este modelo debe definirse aún, pero está claro que deberá ser más respetuoso de los derechos de la población, así como también de los de las poblaciones de los países menos favorecidos. Es por eso que en 2011 se lanzará una campaña, que reúne a ONG y sindicatos, para reforzar esta toma de conciencia en todos los sectores de la población bajo la consigna “¡justicia climática para todos!”.

La Amazonia violada

Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC)
Alessandra Cardoso
Alexandre Ciconello

Mezcla de prosperidad y miseria, con una capacidad de desarrollo casi infinita si se administrara bien, Brasil padece una inequidad social que parece invencible. Dentro de los múltiples obstáculos al desarrollo sustentable que enfrenta el país,  el mayor,  que además afecta al mundo entero, es la indiscriminada tala de la selva amazónica. Los intereses creados de latifundistas, ganaderos y compañías internacionales, más las pésimas políticas ambientales y la rampante corrupción están a punto de acabar con el “pulmón del mundo”.

En los últimos años, Brasil ha defendido y ampliado un modelo de desarrollo que concentra los ingresos y el poder en una elite política y económica, vinculada a los grandes capitales agroindustriales y financieros. Este modelo está asentado en varias bases: la explotación agraria, especialmente de monocultivos como la soja y la caña (para la producción de azúcar y etanol) que utilizan semillas transgénicas y abusan de los agrotóxicos comercializados por empresas transnacionales, o los grandes proyectos de infraestructura, energía y minería de la región amazónica. También es fundamental para su supervivencia la aplicación de una política macroeconómica con altas tasas de interés, que hizo que el gobierno gastara, en amortización e intereses de la deuda pública, unos 430.000 millones de dólares entre 2000 y 2007, es decir, un promedio de 30% del presupuesto público al año.

Este modelo de desarrollo es predatorio e insustentable respecto al medio ambiente. Brasil se encuentra a punto de aprobar reformas significativas en su legislación ambiental (como las realizadas en el Código Forestal[1]), tendientes a cuidar los intereses privados de propietarios rurales y latifundistas, quienes están excesivamente representados en el Parlamento gracias a las distorsiones del sistema político.

En este escenario, la Amazonia ocupa hoy un lugar clave en las estrategias del gobierno brasileño y de las empresas transnacionales basadas en la acumulación de capital por medio de la generación de energía, la minería, las explotaciones agropecuarias y el pago por servicios ambientales.

Entre 2000 y 2010, las exportaciones de los estados que componen la Amazonia Legal[2] crecieron muy por encima de las exportaciones totales del país: 518% frente a 366%., de 5.000 millones de dólares en 2000 a 26.000 millones en 2010[3].

Solamente el estado de Pará fue responsable del 48% (12.800 millones de dólares) del valor exportado en 2010. Si se observa la pauta de las exportaciones, se nota un fuerte predominio de los productos minerales, seguido por los productos agropecuarios, en especial la carne. En el caso de Pará, tan solo las exportaciones de las empresas Vale, Alunorte y Albrás (hierro y aluminio) representan el 78% del valor exportado, (10.000 millones de dólares).

Esta aparente riqueza llena los bolsillos de los accionistas de las transnacionales, dejando un rastro de desigualdad e insustentabilidad. Solo la producción de aluminio consume casi el 6% de la energía eléctrica generada en el país. Según el especialista Celio Bermann, “el aluminio se vende a un precio insignificante para el mercado internacional y genera poco empleo. La mano de obra empleada para su producción es 70 veces menor que la generada por la industria de alimentos y bebidas, y 40 veces menor que la generada por la industria textil”.

La lógica de la integración regional

El papel del Estado brasileño en la ampliación de la escala de operación de capitales nacionales e internacionales en la Amazonia es otra base del modelo extractivista-exportador, que ha provocado transformaciones cada vez más rápidas en el modo de vida y las condiciones ambientales de la región, incluso en la Amazonia panamericana. El Gobierno federal, en sucesivas gestiones, ha elevado la inversión en logística para puertos y medios de transporte terrestres y marítimos. La mayor parte de estos recursos se invierten en la construcción de grandes represas hidroeléctricas como las de Jirau, Santo Antônio y Belo Monte (en Brasil), e Inambari, Sumabeni, Paquitzapango y Urubamba (en Perú), y también en carreteras como la polémica Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, en Bolivia, que atraviesa el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure. Estas obras fueron realizadas por empresas brasileñas, y financiadas con recursos públicos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Al mismo tiempo el gobierno brasileño está ampliando los incentivos fiscales y crediticios para la instalación del sector privado en la región, especialmente para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Esto ha abierto la Amazonia brasileña aún más a los capitales públicos y privados, nacionales o asociados con capitales internacionales, fortaleciendo el modelo predatorio de los recursos naturales.

Cambio climático y cuestión agraria

La deforestación de la Amazonia y la ganadería son las principales responsables de la emisión de CO2  y CH4  en Brasil (67% y 70% del total de las emisiones, respectivamente)[4]. Existe una fuerte conexión entre las talas y quemas de bosque y la concentración de la tierra en la región, claramente vinculada con la dinámica de expansión de las explotaciones agropecuarias. Esta concentración de poder aumenta el riesgo de que la política sobre el cambio climático beneficie principalmente a los latifundistas mediante estímulos de diversa índole, agravando también por esta vía la exclusión de las comunidades rurales y las poblaciones tradicionales.

Esta situación no ha provocado ninguna acción efectiva del gobierno en dirección al centro del problema: una reforma agraria que establezca en la Amazonia un nuevo modelo de utilización de la tierra y sus recursos, basado en el uso sustentable de los recursos naturales y en el respeto a los diferentes modos de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas que desde hace siglos conviven armoniosamente con la selva.

Un estudio reciente de Social Watch[5] trató de calcular el Índice de Capacidades Básicas para los diferentes estados y municipios amazónicos, que ya se calculaba a nivel nacional. Los resultados obtenidos por el estudio confirman el abismo de desigualdad regional que hay en Brasil, y la situación notoriamente peor en que se encuentra la zona norte del país. Pará, Acre y Amazonas obtuvieron los tres peores resultados. Si cada indicador se considerase por separado, la situación sería aún peor respecto a la educación. En lo que se refiere a la enseñanza, Pará es el estado en peor situación.

Cambios en el marco jurídico

En reiteradas ocasiones se ha intentado flexibilizar la legislación ambiental. La acometida contra el Código Forestal es el mejor ejemplo de la fuerza de los intereses vinculados a las explotaciones agropecuarias dentro de esta campaña de flexibilización, y de su estrategia de expansión de la frontera agrícola amazónica. Una de las medidas que pretenden los propietarios rurales, por medio del proyecto de reforma que se tramita en la Cámara de Diputados, es la reducción de 80% a 50% de la superficie de reserva forestal que debe mantener toda propiedad rural de la Amazonia.

El gobierno considera fundamental el complejo hidroeléctrico de Rio Madeira para el equilibrio entre la demanda y la oferta de energía eléctrica a partir de 2010-2012, y el sector de generación y transmisión de energía lo considera una “punta de lanza” del “avance de la frontera eléctrica”.

En realidad, el incremento de 6.600 MW de potencia instalada (3.150 MW en Santo Antônio y 3.450 MW en Jirau) va a satisfacer una demanda creada artificialmente por el gobierno y el mismo sector eléctrico. La energía del Complejo Madeira se destinará al centro económico del país, la región sureste, por medio de un sistema de transmisión de 2.375 km que exige elevadas inversiones.

Las inversiones para el conjunto de proyectos del Complejo Madeira se estiman en 21.000 millones de dólares[6] y hasta ahora cuentan con una financiación ya aprobada por de 9.300 millones[7], de los cuales 8.600 son financiados por el BNDES, entre operaciones directas e indirectas, y otros 700 millones por el Banco de la Amazonia (BASA), con recursos públicos del Fondo Constitucional del Norte y del Fondo de Desarrollo de la Amazonia.

Datos del Observatorio de Inversiones en la Amazonia demuestran que, desde el punto de vista de los riesgos derivados del proyecto, de su construcción y del proceso de autorización ambiental, existe una elevada presión de carácter público y privado —en la que participan bancos, organismos públicos, empresas, cabilderos y gestores— para que no se afecte de modo alguno el cronograma de las obras ni la puesta en marcha del proyecto. Es también bajo el designio de la viabilidad económica de las obras del “Complejo Madeira” que el imperativo de la puesta en marcha de las hidroeléctricas influye en el proceso de autorización ambiental, que no considera debidamente el impacto social y ambiental de las obras.

Mientras, los trabajadores de las dos obras son explotados (el Ministerio Público de Trabajo detectó más de 2.000 infracciones) y en la zona el número de homicidios aumentó 44%,  la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes creció 18%  entre 2008 y 2010, y el número de violaciones subió 208% entre 2007 y 2010. Este es el modelo de desarrollo financiado con recursos públicos que Brasil está exportando a otros países de América del Sur, y a naciones africanas como Angola y Mozambique. Un modelo que sirve a una elite, destruye el medio ambiente y viola los derechos humanos.

La búsqueda de estabilidad

SOCDA
Hussein Hassan Mohamoud
Ilyas Ibrahimm Mohamed
Khadija Abukar Ahmed
Abdirashiid Saleiman Yusuf
Abdullahi Ahmed Mohamed

Las últimas instituciones nacionales del país colapsaron en enero de 1991 cuando el difunto presidente Siyad Barre huyó de la capital. Desde entonces la lucha entre facciones y la formación de feudos y mini-estados han reemplazado al Gobierno unificado. En la actualidad  coexisten al menos cinco autoridades y varios grupos luchan por una causa u otra. La inestabilidad y la inseguridad han empujado aún más al país hacia la pobreza a pesar de su baja densidad de población y de sus significativos recursos naturales. Hay mucho por hacer para restaurar la estabilidad y el Estado, y volver posible un desarrollo eficaz.

Desde la independencia en 1960, y a pesar de los abundantes recursos presentes en el territorio, la falta de políticas de desarrollo eficaces a lo largo de sucesivos gobiernos ha contribuido a un ciclo continuo de pobreza que con frecuencia condujo a la insubordinación. En 1969, por ejemplo, un golpe militar instaló oficiales del ejército en el poder y dio paso a un régimen pro-socialista que erosionó los derechos humanos. El malestar social condujo a que un grupo rebelde desafiara en 1980 al régimen militar del hoy fallecido general Mohamed Siyad Barre, una situación que empeoró en enero de 1991 cuando las milicias rebeldes derrocaron al régimen pero no lograron llenar el vacío de poder. Cuando las facciones rebeldes volvieron sus armas unas contra otras, iniciaron una larga lucha por el poder que lleva ya dos décadas.

Posteriormente surgieron estructuras de gobierno en Somalilandia y Puntlandia, en el norte, permitiendo el logro de cierto grado de estabilidad y recuperación económica. Sin embargo, estas estructuras de gobierno no han manifestado ninguna preocupación en cuanto a los temas medioambientales, y el territorio potencialmente rico de Somalia ha venido siendo signado por la degradación.

No obstante, a pesar de la inestabilidad, Somalia ha mantenido una saludable economía informal basada principalmente en la ganadería, las remesas y las telecomunicaciones. Los niveles de vida, de hecho, han mejorado más rápido desde el principio de 1990 que en el promedio del países del África subsahariana[1]. Lo más interesante de este éxito relativo radica en que ha sido obtenido con la ausencia de cualquier gobierno central efectivo. A pesar de todo, aproximadamente el 43% de la población vive todavía con menos de USD 1 por día, una cifra que asciende al 53% en las zonas rurales, donde la pobreza extrema es más predominante[2]. El país, además, continúa siendo muy dependiente de la ayuda internacional.

La economía

Debido a la falta de estadísticas oficiales del gobierno y a la reciente guerra civil, resulta difícil calcular el tamaño o el crecimiento de la economía. CIA World Factbook evaluó el PIB en USD 5.610 millones en 2008, USD 5.750 millones en 2009 y USD 5.890 millones en 2010, con una tasa de crecimiento real del 2,6%[3].

La agricultura es el sector económico más importante: representa aproximadamente el 65% del PIB y empleando al 71% de la mano de obra disponible. La ganadería representa alrededor del 40% del PIB y más del 50% de los ingresos de exportación[4]. Otras importantes exportaciones incluyen el pescado, el carbón y los plátanos, y el país es también un importante proveedor mundial de incienso y mirra. Las principales mercaderías importadas son el azúcar, el sorgo, el maíz, el qat (Catha edulis, un estimulante natural) y mercancías industrializadas.  Las importaciones totales representan alrededor de USD 798 millones por año, mientras que las exportaciones totales alrededor de USD 270 millones, lo cual deja un enorme déficit comercial.

Este déficit, sin embargo, es ampliamente superado por las remesas enviadas por los somalíes en la diáspora. Las empresas de envío de remesas (hawalas) se han convertido en una gran industria en el país con un estimado de USD 1.600 millones anuales, o el 71,4% del PIB, que son enviados a la región a través de las compañías de transferencia de dinero[5].

Sacando ventaja de la ubicación del país, cercano a la Península Arábiga, los comerciantes somalíes han comenzado progresivamente a desafiar el dominio tradicional de Australia sobre el ganado y los mercados de la carne en el Golfo Pérsico. En respuesta, los Estados árabes han realizado inversiones estratégicas en el país, con la construcción de infraestructura para la exportación de ganado por parte de Arabia Saudita y la adquisición de grandes extensiones de tierra de cultivo por parte de los Emiratos Árabes Unidos [6]. En añadidura, las flotas pesqueras de Europa y Asia han alcanzado acuerdos comerciales de pesca en la región norteña de Puntlandia. Ésta es considerada una de las regiones pesqueras más ricas del mundo, lo que ha llevado a que exista una gran cantidad de pesca ilegal de buques extranjeros en aguas somalíes[7].

Por otro lado, el sector industrial basado en los productos agrícolas representa apenas el 10% del PIB de Somalia[8]. Las empresas manufactureras medianas y grandes se han derrumbado a causa del conflicto. Sin embargo, como resultado en primera instancia de las importantes inversiones locales de la diáspora somalí, se han vuelto a abrir numerosas plantas de pequeña escala y creado nuevas. Estas últimas incluyen plantas de conservas de pescado y de procesamiento de carne, en el norte, así como también cerca de 25 fábricas en el área de Mogadiscio que manufacturan bienes como pasta, agua mineral, dulces, bolsas de plástico, láminas, cueros y pieles, detergente y jabón, aluminio y colchones de espuma[9].

Según el PNUD, las inversiones en la industria ligera también se han ampliado en Bossaso y Hargeisa, lo que indica una creciente confianza empresarial en la economía[10]. En 2004, una planta embotelladora de Coca-Cola de USD 8,3 millones abrió sus puertas en Mogadiscio, con inversores provenientes de diversos grupos en Somalia. El robusto sector privado ha atraído también inversión extranjera de compañías como General Motors y Dole Fruit [11].

Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones se han convertido en un área de éxito en Somalia. El número de teléfono de líneas fijas ha mostrado una mejoría espectacular de aproximadamente 2 por cada 1.000 habitantes en 1990 a 25 en 2011. Unos nueve operadores privados ofrecen servicios de telecomunicaciones competitivos en casi todos los rincones del país. Una investigación ha indicado que esto elevó a Somalia del puesto Nº 29 al Nº 8 entre los países africanos estudiados[12].

Financiadas por empresarios somalíes, y respaldadas por la pericia de China, Corea y Europa, las nacientes empresas de telecomunicaciones también ofrecen servicios asequibles de telefonía móvil e Internet[13]. Somalia ocupa un lugar destacado en la telefonía móvil (Nº 16 en África) y de usuarios de Internet (Nº 11), mientras que ocupa el puesto Nº 27 en el número de hogares con televisores[14].

Deforestación y erosión del suelo

Según la Red para la Administración de los Recursos de Somalia (RMSN, por sus siglas en inglés) y otras agencias ambientales locales, el medio ambiente es uno de los sectores del país que ha sufrido como consecuencia de la anarquía y en particular por la ausencia de un gobierno que funcione.

Los pueblos de la costa, por ejemplo, se han quejado del vertido de residuos peligrosos, y los pastores han denunciado incremento en la pérdida de bosques. Además, el país está marcado por la escasez de agua debido a que las precipitaciones son muy escasas (250 mm por año), mientras que la evaporación, por lo general, es muy alta (más de 2.000 mm por año)[15]. Las frecuentes sequías, especialmente en la parte sur del país, tienen severo impacto en las comunidades rurales cuya supervivencia depende en gran medida de la disponibilidad de agua de lluvia. Estas sequías a menudo son seguidas de inundaciones devastadoras[16]. La tala de árboles, la deforestación y el sobrepastoreo contribuyen a la erosión del suelo y a otros problemas ecológicos.

La deforestación en Somalia está estrechamente relacionada con la producción de carbón para el uso local y la exportación. Esto impone una severa presión sobre los recursos madereros, especialmente en un país que posee solamente el 9% del territorio cubierto por bosques de baja densidad. De acuerdo con el Banco Mundial el 55% de la superficie de Somalia es adecuada para el pastoreo, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO) estima que solamente el 29% demuestra un cierto grado de idoneidad para la producción ganadera[17].

La tierra también se ve afectada por métodos de riego ineficientes, que ocasionan mayores concentraciones de sal. Esto tiene un efecto negativo sobre la tierra de cultivo.

Vertido de desechos

Las personas que viven en la costa se quejan con frecuencia de que están siendo vertidos desechos en el mar. A principios de abril de 2011, por ejemplo, los residentes del distrito de Hobyo, ubicado a 660 Km. al noreste de Mogadiscio,  divisaron tres grandes contenedores con forma de tambor que estaban siendo lavados en la playa por la marea alta. Los residentes tuvieron miedo de que estos contenedores pudieran tener dentro desechos peligrosos, industriales o químicos, a los que responsabilizan de una serie de temas relacionados con la salud en la zona. El caso revivió la largamente albergada sospecha de que el medio ambiente marino estaba siendo arruinado por buques extranjeros que, aprovechando la confusión política del país y la falta de un gobierno central, vierten desechos peligrosos en aguas somalíes[18].

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y otras agencias se habían comprometido en el pasado a evaluar el problema del vertido ilegal de desechos; sin embargo, la falta de seguridad en la devastadora guerra del Cuerno de África ha obstaculizado los esfuerzos locales e internacionales[19].

Servicios sociales

Además de los retos medioambientales y económicos, todas las regiones somalíes enfrentan verdaderos desafíos en materia de acceso y disponibilidad y calidad de los servicios sociales indispensables.

La matrícula en la educación, por ejemplo, es una de las peores de África. Poco más del 20% de los niños en edad escolar van a la escuela y solo un tercio de ellos son niñas. Esto va acompañado de una alta tasa de abandono femenino. Tanto la calidad como la cantidad de los recursos vitales educativos y materiales son insuficientes, incluso en las regiones relativamente más estables como Somalilandia y Puntlandia.

En ausencia de un gobierno que funcione a cabalidad, y tras una evaluación conjunta de las necesidades realizada en el período 2005-2006[20], numerosos grupos han apoyado al sistema de educación pública, incluyendo organizaciones de las Naciones Unidas (bajo la Estrategia de Asistencia Somalí de la ONU), fundaciones donantes, bancos internacionales y regionales, ONG y otras asociaciones. Estos grupos han contribuido también a mejorar los sectores de salud, agua y saneamiento. Estos servicios residen netamente en manos privadas no reguladas o dependen de fuentes tradicionales y, en la mayoría de los casos, su accesibilidad está más allá de la capacidad de las familias pobres[21]. Adicionalmente a las guerras al parecer interminables y a una progresiva cultura de impunidad que ha erosionado la capacidad de las personas de gozar derechos civiles y políticos, la ausencia de un gobierno central efectivo también ha erosionado los derechos económicos, sociales y culturales.

Inequidad de género

Las mujeres representan el 50% de la población pero se encuentran rezagadas en el acceso a recursos y servicios. Se requieren políticas para garantizar a las mujeres y a otros grupos desfavorecidos el acceso a educación y salud, especialmente a la salud materna y la planificación familiar. Más investigaciones y mejoras son indispensables en las áreas de VIH/SIDA y en lo relativo a la mutilación genital femenina (MGF). Esta última está profundamente enraizada en la cultura somalí, lo que exige medidas enérgicas para eliminar o, al menos, minimizar su impacto en la sociedad en su conjunto y en las mujeres en particular.

La prestación equitativa de servicios sociales requiere de políticas y recursos adecuados, así como también de legislación. La inestabilidad en Somalia, ocasionada por dos décadas de luchas por el poder, ha obstaculizado la capacidad del país de empoderar a las mujeres a través de la capacitación y los incentivos y de hacer mejoras significativas en la equidad de género.

Conclusión

Los acontecimientos en Somalia son la prueba de que el desarrollo está ligado a la paz y a la estabilidad. Aparte de las facciones basadas en clanes, de las autoridades autoproclamadas y las milicias harapientas, los oportunistas surgen para saquear la propiedad privada, los recursos naturales y el medio ambiente. Respecto a esto último, los activistas de la sociedad civil insisten en que se debe revertir esta tendencia negativa. Ningún organismo central coordinado estuvo a cargo de la protección del medio ambiente, incluso bajo el último gobierno previo a enero de 1991, y se necesita una gestión sólida. El Gobierno Federal de transición necesita renovar sus intentos de establecer los ministerios pertinentes. Deben ser puestas en marcha políticas de Estado para proteger y mejorar el medio ambiente.

Una manera de revertir las tendencias negativas es fortalecer la cooperación para el desarrollo bajo el objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros programas de desarrollo con el fin de estimular una colaboración más estrecha entre Somalia y sus asociados para el desarrollo. Es hora de convertir los riesgos y los desafíos en oportunidades para estabilizar y reconstruir un país y una sociedad destrozados por años de guerra civil.

La desigualdad, el mayor obstáculo

FEI
Mesa Nacional para las Migraciones
Red Nacional de Emergencia
ADIMJO
FEDOCOMIN
MOSTHA
William Charpantier
Ruth Paniagua
Luisa María José
Fernando Valdez

COPETE: La violencia de género y contra los inmigrantes haitianos, la degradación del medio ambiente y en particular las desigualdades en el sistema educativo hacen dudar de la capacidad del Estado para lograr un desarrollo humano y económico sustentable a mediano plazo. A pesar de algunos avances, el país necesita con urgencia políticas sociales mucho más profundas y comprometidas para lograr un cambio real que asegure su futuro. Sin una drástica democratización de la educación  es improbable que República Dominicana   alcance un desarrollo sustentable.

A pesar del compromiso manifestado por el gobierno dominicano respecto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, los principales obstáculos para alcanzarlos provienen de la aplicación de políticas poco efectivas en áreas tan fundamentales como la inversión social, la redistribución de la riqueza, la recuperación del medio ambiente y, en particular, la educación. Como se detalla más abajo, estudios oficiales e independientes muestran que el país está particularmente lejos de alcanzar los Objetivos 1 (erradicación de la pobreza extrema y del hambre), 2 (educación universal) y 3 (igualdad entre los géneros). A estos problemas se suman, como se verá más adelante, los escasos avances en materia de sustentabilidad medioambiental, severamente degradada por décadas de sobreexplotación, todo lo que pone en entredicho la capacidad del Gobierno para desarrollar una economía sustentable en el país.

En 2006 se creó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), con múltiples funciones, entre ella monitorear las políticas de desarrollo social y de reforma del Estado. Este Ministerio fue el encargado de la creación de un Documento Base de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, subtitulado “Un viaje de transformación hacia un país mejor”[1], que trata de crear un documento de consenso que aclare los pasos a dar para transformar a República Dominicana en una nación más justa y equitativa.

En 2010 el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) definió al país como “de ingreso medio que está en vía de desarrollo y que depende principalmente de los servicios y las remesas. La actividad económica es hoy 12 veces más grande que en 1960 y ha crecido a una tasa de 5.4% promedio anual en los últimos 48 años. Los ingresos de divisas por exportaciones, turismo y remesas son 15 veces superiores al nivel de 40 años atrás”[2]. Sin embargo, a pesar de estos indicadores positivos y cambios institucionales, el bajo nivel de inversión social y los escasos avances en mejoras educativas mantiene  al país alejado de las metas que su propio Gobierno asegura perseguir.

Desigualdades persistentes

República Dominicana ha realizado importantes avances en varios de los ODM. Indicadores como los de la mortalidad infantil o materna, o la esperanza de vida al nacer, han tenido significativas mejoras en los últimos años. Pero entre los casi 10 millones de dominicanos los niveles de pobreza e indigencia actuales siguen siendo muy altos (34% y 10% respectivamente), a pesar de una notoria mejoría respecto al pico registrado durante la crisis económica de 2003 (43% y 16%), según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo[3].

El Informe Mundial Sobre Desarrollo Humano 2010 del PNUD señala que el mayor obstáculo para el desarrollo en el país es la desigualdad[4]. Por otra parte, según muestra el informe, con relación al aumento de la riqueza por habitante, la educación y la salud no han mejorado en la misma proporción. El Índice de Desarrollo Humano de PNUD ubica a República Dominicana en el lugar 88 entre 169 países, con un índice de desarrollo humano medio de 0,663[5].

Por su parte, el Estado Mundial de la Infancia de UNICEF de 2006 remarca que “los avances sociales en  República Dominicana  medidos por esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, recién nacidos con bajo peso, tasa de alfabetización de adultos, son insuficientes en comparación con otros países de la región con igual crecimiento económico”[6]. 

Un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) indica que, desde 2004, el país ocupa el tercer lugar en el índice de estados americanos con escasa inversión en políticas sociales, lo que se refleja sobre todo en el acceso de la población a servicios de salud, educación y asistencia social[7].

Violencia y discriminación

En su informe 2010, Amnistía Internacional denuncia la persistente discriminación que sufren los inmigrantes haitianos y sus descendientes. Son frecuentes los crímenes de odio, incluyendo linchamientos, y la explotación laboral de inmigrantes ilegales. Extraoficialmente se calcula que alrededor de 800.000 haitianos viven es República Dominicana, casi todos en las zonas más pobres del país[8].

En 2007, por una directiva de la Junta Central electoral, se anularon los documentos de identidad de miles de dominicanos, la mayoría de ellos descendientes de haitianos. Esta anulación implica impedir el acceso de los damnificados a servicios de salud y educación, a puestos de trabajo, y se anuló su derecho al voto. Los indocumentados pueden ser detenidos arbitrariamente y expulsados del país. Esa reglamentación sigue vigente.

La violencia de género es otro problema endémico, sobre todo relacionado con menores de edad. En mayo de 2009 la Fiscalía de Santo Domingo reveló que el 90% de las denuncias por violencia sexual estaban relacionadas con niñas menores de 18 años[9].

Degradación ambiental

Respecto a su medio ambiente, la explotación desmesurada de los recursos naturales del país llevó a que durante la segunda mitad del siglo XX se devastara gran parte de su superficie boscosa y de los arrecifes de coral, y que a que en la actualidad el 80% de sus cuencas hidrográficas sufran un grave deterioro[10]. Sumando esto a la carencia de una red de saneamiento adecuada en gran parte del país y a las dificultades para la distribución de agua potable, el riesgo de crisis sanitaria entre la población siempre es elevado. Los altos índices de pobreza también llevan a que gran parte de la población dependa de los recursos alimenticios naturales del territorio, provocando la inevitable disminución de los mismos y la consecuente degradación del ecosistema.

Déficit educativo e inacción gubernamental

Particularmente desalentadora es la escasa preocupación oficial por sus políticas de educación, piedra de toque de cualquier plan futuro de mejoría social, económica o ambiental. La educación es el principal medio de construcción de valores de una sociedad y un elemento constitutivo del desarrollo humano y sustentable, dado que garantiza que las futuras generaciones puedan servirse adecuadamente de los recursos naturales y sociales que queden a su disposición.

Además de estar omiso en cuanto a su responsabilidad, el Estado incluso incumple disposiciones legales, ya que el gasto en educación, que aumentó de 1,9% a 2,9% del PIB entre 1996 y 2002 pero bajó  como consecuencia de la crisis económica a 1,5% en 2004 y repuntó a apenas 1,9% en 2005, no ha superado nunca el 3% del PIB, cuando la Ley General de Educación de 1997 (Ley 66-97), en su artículo 197, ordena que a partir de 1999 el gasto público anual en el sector debe ser de al menos 16% del gasto público total o de 4% del PIB estimado para el año corriente, “escogiéndose el que fuere mayor de los dos”[11].

El Ministerio de Educación calculó que entre 2000 y 2005 se redujo la porción del financiamiento del sistema correspondiente al gobierno (a 52%) y a las familias de los estudiantes (a 39%), lo cual se ha visto compensado, en la estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por los recursos externos (préstamos y donaciones) y los aportes de empresas privadas, que componen la parte restante[12]. Mientras, las instituciones privadas, a las que asiste 24% de los estudiantes, garantizan mejor que el sistema público el goce de este derecho fundamental.

Ante este panorama, el Gobierno da señales confusas. El presidente Leonel Fernández sembró dudas sobre su compromiso con el mandato de la Ley 66-97 al afirmar que no hay una correlación entre el volumen de inversión en la educación y los resultados del sistema de enseñanza. Según el presidente, el incremento del gasto en relación con el PIB no asegura una educación de calidad y equitativa[13].

Luego de las declaraciones de Fernández, organizaciones de la sociedad civil dominicana se unieron en la Coalición Educación Digna para exigirle al Gobierno el cumplimiento de su obligación legal. Incluso entidades empresariales como la Federación de Asociaciones Industriales (FAI) han apoyado decididamente el reclamo. “La industria dominicana no podrá ser competitiva con mano de obra de baja calificación. Entendemos, como dice el Presidente, que se requiere una reforma del estilo pedagógico y del currículum, pero esto no es posible sin recursos”, indicaron la FAI y otras instituciones similares[14].

La inequidad en el aula
 
Del acuerdo con el informe de 2008 del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), rige en República Dominicana “un modelo educativo de calidad dual, donde la mejor es para los grupos más ricos y la peor para los grupos más pobres, lo que se ha constituido en una especie de cultura que para muchos pareciera ser parte del orden natural de las cosas”[15]. A pesar de que tanto encuestas y estudios oficiales como independientes lo reflejan claramente, la situación sigue intacta, contribuyendo a internalizar y volver endémica la situación de desigualdad.

La Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) detectó en 2007 inequidades educativas determinadas por el ingreso: el analfabetismo en el quintil de riqueza más alto es de apenas 2%, mientras en el más bajo asciende a 26%[16].

Otra evaluación, la del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de los Aprendizajes de los Estudiantes de América Latina y el Caribe (SERCE), concluyó en 2008 que “el nivel del estudiantado dominicano de tercer y sexto grados en las asignaturas de matemática y lenguaje están muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe”[17].

Es evidente que el sistema educativo dominicano no garantiza una educación de calidad. Aunque la cobertura escolar ha aumentado en los últimos 10 años, el desempeño de los programas continúa siendo muy deficiente. Como consecuencia, los alumnos concluyen sus estudios sin contar con los conocimientos requeridos por el mercado laboral, lo cual limita su acceso a un empleo digno. Sin una drástica mejora de la educación impartida, y del acceso de la población a la misma, es dudoso que el Gobierno pueda alcanzar las condiciones que permitan un desarrollo sustentable del país.

Uno de los factores que determina estos resultados es la calidad de la tarea docente, deprimida por la sobrecarga de trabajo de los educadores, su deficiente remuneración y su propia preparación académica.

Para lograr un salario mínimamente aceptable, los docentes deben asumir una cantidad de horas de clase que conspira contra su dedicación a la preparación de los cursos fuera del aula. Eso torna imposible el cumplimiento de los programas fijados y la transmisión efectiva de los conocimientos previstos a los estudiantes. Por otra parte, apenas 43,1% de los educadores activos en el año lectivo 2005-2006 habían obtenido un título de especialización para dar clase.

La gente y el medio ambiente antes que nada

Movement for National Land and Agricultural Reform (MONLAR)
Sarath Fernando

El Gobierno está implementando un modelo de desarrollo neoliberal y no sustentable, que ha desplazado y empobrecido a su gente y pasa por alto las necesidades del medio ambiente. El país, devastado por la guerra civil más larga de Asia y por catástrofes naturales como el tsunami de 2004, enfrenta ahora graves problemas ambientales que incluyen la deforestación y la pérdida de biodiversidad. La derrota de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés) ha producido una fuerte insatisfacción en las comunidades étnicas minoritarias, que sienten que han perdido el control sobre sus tierras. Esta victoria militar del Gobierno ha anulado las expectativas políticas de la sociedad civil.

El modelo neoliberal actualmente vigente en Sri Lanka aleja sin cesar a las personas de sus medios de vida. Destruye la cohesión social y trastrueca la relación de colaboración entre la naturaleza y los seres humanos en su esfuerzo por extraer más y más recursos del medio ambiente con un enfoque agresivo y destructivo.

Por ejemplo, en 1996 el Gobierno pensó en hacer que la agricultura rural pasara de los cultivos de poco valor (producción de alimentos para uso doméstico) a otros de alto valor (para la exportación). Se sugirió estimular a los granjeros para que vendieran sus parcelas y se fueran de las aldeas a buscar empleos no vinculados al agro. Un posterior documento de política expresó que el Gobierno esperaba ver migración del campo a las ciudades para que la proporción rural/urbana fuera de 50:50 para 2010[1] .

El tsunami que asoló la isla en diciembre de 2004 dejó 35.322 personas muertas y desplazó a 516.150. En 2005 los planes para reconstruir el país propusieron la expulsión de todos los pescadores costeros[2] . Se usaría su tierra para desarrollar zonas turísticas y ciudades modernas para una élite de ricos. También tenía la finalidad de pasar a una forma de pesca industrial y de gran escala que reemplazara a los pescadores de pequeña escala que salen de las playas a procurarse el sustento. Se revisarían las leyes laborales para permitir la libre contratación y despido de trabajadores, ya que se pensó que los inversores preferirían evitar los países donde la legislación laboral protegiera a los trabajadores.

Los partidarios del modelo neoliberal de crecimiento económico suponen que, para que este funcione, lo mejor es aumentar las exportaciones mediante la captación de inversiones extranjeras y promover el sector privado por medio de más infraestructura como autopistas, aeropuertos internacionales, puertos, el desarrollo de megaciudades, grandes exoneraciones de impuestos y mano de obra barata. Está claro, sin embargo, que en los últimos 33 años ese modelo no ha logrado sus objetivos. Sri Lanka necesita una estrategia diferente, que aborde los problemas graves como la pobreza, el desempleo, el hambre y la desnutrición.

Problemas ambientales

Sri Lanka está incluida en varias listas de zonas calientes de biodiversidad – es decir aquellas regiones con una gran riqueza biológica que se ve amenazada – del país y las Ghats Occidentales de la India, que albergan, por ejemplo, hasta 140 especies endémicas de anfibios[3] . Pero el país enfrenta ahora problemas ambientales importantes, entre los cuales se encuentra precisamente la pérdida de biodiversidad. Un informe de Conservation International indica, de hecho, que sólo permanece en pie el 1,5% de los bosques originales de la isla[4] .

Buena parte de estos bosques se perdió durante el gobierno colonial británico, ya que fueron despejados para hacer lugar a las plantaciones de caucho, café y té, pero hubo también una importante deforestación en la década de 1980 y a comienzos de la de 1990 cuando los soldados del Gobierno talaron los bosques tropicales porque servían de refugio a las fuerzas rebeldes, lo cual desplazó también a los agricultores de pequeña escala. Entre 1990 y 2005, entonces, el país tuvo una de las tasas de deforestación de los bosques primarios más altas del mundo, perdiéndose más del 18% de la cubierta forestal restante[5] . Por ejemplo, se talaron más de 2,5 millones de palmeras típicas de la zona para la construcción. Los esfuerzos por reconstruir el país tras el tsunami de 2004 también han aumentado la presión sobre los bosques.

El impacto del cambio climático es otra preocupación importante en Sri Lanka. Por ejemplo, las lluvias muy fuertes que se prolongaron de 2010 a principios de 2011 causaron grandes inundaciones en muchas regiones con enormes pérdidas de cultivos agrícolas. Esto aumentará la escasez de alimentos en 2011[6] . Muchas represas y vías navegables están dañadas y se necesitará mucho dinero para repararlas. La erosión está reduciendo la fertilidad de la tierra, por lo que los productores deberán gastar más en fertilizantes. Todos estos problemas han llevado a un aumento del precio de los alimentos, que se están volviendo casi inasequibles para los sectores más carenciados de la sociedad.

Malestar político

La victoria militar en el norte sobre los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (ver recuadro) ha creado una apariencia de paz, pero las comunidades étnicas minoritarias están muy desconformes pues han perdido parte del control sobre sus tierras. Se teme que la prolongación de la presencia militar en la zona abra oportunidades para empresas, incluso inversores extranjeros, que se apoderarán de la tierra y otros recursos naturales.

Las expectativas políticas de la gente (elecciones transparentes y mejoras en el funcionamiento del sistema judicial y el servicio civil) han quedado anuladas por la victoria militar del Gobierno, que le permitió a la presidencia extender sus poderes y la duración de su mandato.

Conclusión

El actual modelo de crecimiento se funda en mejorar la economía por medio de la competencia en el mercado internacional. Sin embargo los últimos 33 años muestran que este enfoque no ha logrado reducir la pobreza en Sri Lanka. Las cifras del Gobierno indicaron que el 15% de la población vivía debajo de la línea oficial de pobreza en 2010, pero el Banco Mundial calculó que se trataba del 23%[7] . Además las disparidades económicas han estado aumentado; el 10% de personas con mayores ingresos tienen casi el 40% de las riquezas y el 10% más pobre tiene solo el 1%[8] , y mientras el coeficiente Gini para 1985 era de aproximadamente 0,32, llegó a casi 0,36 en 1995 y a 0,41 en 2005[9] .

Los problemas sociales que ha acarreado este modelo podrían ser resueltos mediante la adopción por los pequeños granjeros de una agricultura ecológica sostenible. La estrategia, fundada en la visión general de desarrollar una relación respetuosa entre la naturaleza y la sociedad humana, aprovecharía el potencial creativo de las personas para mejorar sus medios y condiciones de vida de un modo que proteja y favorezca al medio ambiente. Esto podría favorecer una regeneración de la naturaleza y sus recursos y permitirle al país mitigar los problemas del cambio climático y adaptarse a ellos.

Este enfoque también se funda en la comprensión de cómo se podrían aplicar principios ecológicos para aumentar la fertilidad del suelo, maximizar la absorción de luz solar por las plantas, permitir y fomentar el control biológico natural de las plagas mediante los principios del manejo integrado de plagas, mejorar el aprovechamiento de la actividad microbiana y el reciclaje de la materia orgánica, impedir la erosión, y programar las épocas de los cultivos en función de una mayor comprensión de los ciclos naturales de las precipitaciones y el sol. Este enfoque podría ser muy eficaz para mejorar la productividad de la tierra aun en parcelas de tan solo 1/8 de un acre. Podría reducir la pobreza rural y al mismo tiempo abordar problemas ambientales importantes y también podría resultar un modelo mucho más sostenible que el que se ha aplicado hasta ahora.

RECUADRO: La guerra civil más larga de Asia

La guerra civil de Sri Lanka se desarrolló entre 1983 y 2009. Las partes beligerantes fueron el Gobierno y los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), una organización militar separatista.

El pueblo tamil, un grupo étnico oriundo de las regiones meridionales del subcontinente indio, ha ocupado históricamente las zonas norte y oriental de la isla de Sri Lanka. Comparten la lengua tamil y una larga tradición cultural que incluye poesía, escultura y arquitectura; uno de los ejemplos más conocidos es el arte de la dinastía Chola, que gobernó en el sur de la India del 848 al 1249 d.C.

Las raíces del conflicto se remontan al gobierno colonial británico, cuando el país se denominaba Ceilán. A principios del siglo XX surgió un movimiento de liberación nacional del pueblo cingalés (el grupo étnico que comprende la mayoría de la población de la isla) que reclamaba la independencia política; tras negociaciones pacíficas, las autoridades imperiales británicas finalmente la concedieron. Una de las políticas que aprobó el nuevo Estado fue hacer el singalés la lengua oficial, y la ley de Solo Singalés de 1956 acarreó disturbios étnicos que se intensificaron hasta llegar a la guerra civil.

En 1963 empezaron a circular los primeros documentos sobre el establecimiento de un estado Eelam Tamil independiente, y en 1972 surgieron los Nuevos Tigres Tamiles (NTT) cuando se unieron varios grupos que habían adoptado como su ícono el emblema del tigre del imperio Chola. Cuatro años más tarde se fundó el Frente Unido de Liberación Tamil (FULT) como organización política que respaldaba las acciones armadas de los NTT y que, después de las elecciones de 1977, se constituyó en el principal partido de oposición.

En 1976 los NTT cambiaron su nombre a Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) y empezaron una campaña de asesinatos incluso contra miembros del parlamento. El comienzo de la guerra civil se desencadenó por una emboscada de LTTE contra una patrulla del ejército de Sri Lanka, seguida por represalias contra el pueblo tamil, incluso el asesinato de varios civiles.

La guerra terminó oficialmente en 2009 cuando los LTTE aceptaron la derrota. El conflicto tuvo graves efectos sobre la población, el medio ambiente y la economía: se calculan 100.000 bajas, de las cuales más de 27.000 fueron militantes tamiles[10] . En las etapas finales de la guerra más de 300.000 personas fueron desplazadas de sus hogares a campos de acogida [11] . Los crímenes de guerra que se imputan a ambos bandos durante el conflicto incluyen agresiones a civiles, ejecuciones de combatientes y prisioneros, desapariciones forzadas, falta de alimentos, medicamentos y agua potable para los civiles atrapados en las zonas de guerra y también el reclutamiento de niños[12] .

El grupo Tamiles Contra el Genocidio, con sede en los EE. UU., ha presentado pruebas de la discriminación, persecución y hasta el genocidio de tamiles en Sri Lanka antes, durante y después de la guerra, incluyendo el embargo de alimentos y medicamentos, desapariciones,  adopción de leyes de ciudadanía según el perfil racial, masacres organizadas (en 1956, 1958, 1977 y 1983)[13] y el genocidio cultural como es la destrucción de libros y templos[14] .

La hora decisiva

Social Development Network (Red de desarrollo social)
Prof. Edward Oyugi, Philip Thigo, John Kipchumbah, Ayoma Matunga
Campaña del Milenio de las Naciones Unidas (UNMC)
Charles Abugre
Kenya Treatment Access Movement (KETAM, Movimiento para el Acceso de Tratamiento de Kenia)
James Kamau
SEATINI
Oduor Ong’wen
KENDREN
Wahu Kaara
Foro de iniciativas cívicas de Daraja
Esther Nzioka
CLAN- Migori
William Oloo Janak
Realidad de la ayuda
Vitalice Meja

Después de muchos años de lucha los keniatas lograron negociar una constitución revolucionaria en 2010. Su enfoque orientado a los derechos básicos,  la responsabilidad de los ciudadanos y los servicios públicos establece las bases para la definición del rol central del Estado en la construcción de una economía que cumpla las promesas de equidad, participación y derechos básicos. Al hacer de la participación popular y la prestación de servicios el núcleo de la política del desarrollo sustentable, las personas se convierten en una nueva fuerza revolucionaria. La nueva Constitución también establece el derecho de todos los kenianos a un medio ambiente limpio y saludable.

En diciembre de 2010, después de años de lucha en pos de ciudadanía y soberanía, el pueblo keniano logró negociar un nuevo contrato social bajo la forma de una constitución renovadora. El recorrido hasta la Constitución de 2010 fue sinuoso y accidentado, y la reforma constitucional había sido el tema principal desde que el país conquistó la independencia. Los intentos de enmendar la Constitución de 1963 se intensificaron a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, pero recién tuvieron éxito después del estallido de violencia postelectoral a comienzos de 2008 y la intervención de la Unión Africana a través de la mediación del Secretario General de la ONU, Kofi Annan. La Constitución fue presentada ante el Ministro de Justicia el 7 de abril de 2010, publicada oficialmente el 6 de mayo de 2010 y sometida a referéndum el 4 de agosto de 2010. Fue aprobada por el 67% de los votantes kenianos y promulgada el 27 de agosto de 2010.

Esta nueva Constitución promete una agenda de transformaciones que, si se llevan a cabo íntegramente, darán lugar a un nuevo marco político y económico que  permitirá al país romper con el sistema neo-patrimonial (en el cual los patrocinadores usan los recursos del Estado para garantizar la lealtad de los clientes en la población general) heredado del neocolonialismo. Sus cuatro características transformadoras son: una Declaración de Derechos y una promesa de atender la inequidad y la marginalidad[1]; muy amplia descentralización de la autoridad pública; un capítulo sobre liderazgo e integridad basado en los principios de servicio público desinteresado, disciplina y responsabilidad; y un sistema de valores basado en la soberanía del pueblo y una cultura de derechos humanos.

Si se implementa adecuadamente, la Constitución les ofrecerá a los kenianos una oportunidad única para obtener respuestas honestas a dos cuestiones antiguas, que hasta el momento dan origen a conflictos intermitentes y violentos a nivel subnacional: ¿cuál es el significado concreto de ser un ciudadano keniano y qué le ofrece el Estado a la mayoría del pueblo? El enfoque de la Constitución de 2010 orientado a los derechos básicos, la participación, la responsabilidad de los ciudadanos y el servicio público desinteresado crea también el contexto necesario para la definición del rol central del Estado en la construcción de una economía que cumpla las promesas de equidad, participación y derechos básicos tanto sociales como económicos.

Esto habilitará a Kenia a liberarse del dominio absoluto de las políticas neoliberales impuestas por varios medios, incluidas las condiciones de la ayuda para el desarrollo, las presiones políticas, las obligaciones multilaterales asimétricas y la connivencia de los intereses locales con las prioridades extranjeras. También ayudará a encarar el tema de la corrupción generalizada. Por ejemplo, las recientes auditorías sociales revelan que los beneficios tanto para el Local Authorities Trust Fund (LATF, Fondo fiduciario para las autoridades locales) como para el Constituency Development Fund (CDF, Fondo de desarrollo del electorado) apenas llegan a sus grupos de interés primario. La mayoría de los fondos destinados a ellos fueron malversados por los miembros del parlamento y sus compinches que debían administrar estos fondos en representación de los ciudadanos.

Qué ofrece la nueva Constitución

La nueva Constitución presenta un enfoque integral basado en los derechos que garantiza el desarrollo social equitativo afianzado en la capacidad productiva de la sociedad, como alternativa al paradigma actual basado en la captación de ingresos. Implica una nueva política económica que se apoye en la participación popular, no solo en los mecanismos de la política sino también en la conformación de la economía y en la distribución de los beneficios de la producción de valor agregado. Esta política económica buscará volver a equilibrar los intereses de los sectores corporativos con los objetivos de desarrollo de los ciudadanos y la obligación del Estado de proveer un piso de protección social para todos los sectores de la sociedad. Sugiere que el nuevo Estado sea democrático y a la vez desarrollador.

Un Estado democrático desarrollador separará el dominio público del privado de modo que los que brindan servicios públicos no puedan integrar al mismo tiempo el sector privado. Es esencial para evitar conflictos de intereses y para que el Estado equilibre el bien público y la motivación por el lucro. Un Estado democrático desarrollador alejará la economía de la captación de ingresos improductivos y la guiará hacia la producción de valor agregado basada en el fomento de la capacidad productiva de sus ciudadanos. Intervendrá para garantizar que las ganancias provengan de la actividad productiva y de la innovación y en este proceso no solo las redirigirá sino que las reformará. Centrará su atención en la creación de empleo, no solo en el crecimiento agregado y garantizará que el proceso de crecimiento sea en sí mismo distributivo y orientado a la mejora del bienestar. Usará los impuestos como principal fuente de financiación del desarrollo, como herramienta de redistribución y reorientación de incentivos y como medio de mejora de las agencias ciudadanas.

La nueva Constitución también parece propicia en relación con los temas medioambientales. Por ejemplo, la sección 42 de la parte 2 ("Derechos y libertades fundamentales") establece: "Todas las personas tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable, que incluye el derecho a) a un medio ambiente protegido por el bien de las generaciones presentes y futuras (...) y b) a tener obligaciones con el medio ambiente...", mientras que el artículo 69 establece que "el Estado debe (...) garantizar la explotación, la utilización, la gestión y la conservación sustentables de los recursos ecológicos y naturales y garantizar la distribución equitativa de los beneficios resultantes".[2] Esto significa un avance considerable en un país con tantos desafíos medioambientales, como la desertificación, la erosión del suelo, la deforestación, la escasez y la contaminación del agua.[3] Por ejemplo, cerca de 16,8 millones de personas (43% de la población) no tienen acceso a una fuente mejorada de agua[4],  mientras que el 80% de las áreas áridas o semiáridas del país se convierten rápidamente en desiertos, principalmente a consecuencia de la mala gestión de los recursos naturales.[5]

Kenia antes de la Constitución: crisis alimentaria, financiera y de combustible

Las acusaciones de irregularidades en las elecciones presidenciales de 2007 dispararon una ola de disturbios políticos, económicos y sociales que combinados con la crisis financiera global causaron estragos en el país en los años siguientes. Se perdieron más de USD 500 millones en el mercado de acciones solo el primer día de 2008 y los líderes empresariales también denunciaron la pérdida de millones de dólares.[6] Escaló la violencia dirigida contra las minorías étnicas y la gente salió a las calles en todo el país para protestar contra la manipulación electoral.
A raíz de esta situación, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) per capita de ese año fue negativo y el impacto de la crisis financiera se sintió inmediatamente en los precios de los alimentos, en el comercio (las importaciones y exportaciones decrecieron abruptamente) y en las inversiones, con el desplome de la inversión fija bruta que cayó más desde un nivel que ya era pésimo. Las consecuencias sociales de esta conmoción múltiple fueron aún más nefastas, con el aumento del desempleo (65% en 2010)[7] y el crecimiento brusco de la pobreza por ingresos, el hambre y la malnutrición (al menos 100.000 niños en riesgo de malnutrición extrema).[8] Mientras los pobres sufrían, los dueños de bienes raíces, los banqueros y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disfrutaban de un período de auge[9], poniendo en evidencia la irracionalidad del capitalismo neoliberal que protege a los ricos de los caprichos de las crisis cíclicas y castiga a los pobres con su desigual estructura de compensaciones.

La respuesta a la crisis siguió un patrón similar con una inyección de capital significativa e inmediata en el sistema financiero por parte del Estado, rápida suba de los precios de las acciones e impulso a los negocios inmobiliarios de alto valor, mientras que las inversiones en infraestructura social y en las condiciones de vida de los pobres se hicieron a cuentagotas o nunca llegaron.

La "regulación ligera" promovida por el Banco Mundial en Kenia junto a la mala administración de las políticas de cuentas de capital provocó que el sistema financiero nacional no apoyara más al sector productivo ni a las pequeñas y medianas empresas. El efecto desestabilizador de los flujos de capital a corto plazo y el comportamiento impredecible de los mercados dejaron a la economía nacional a merced de los caprichos especuladores de los capitales golondrina. La crisis puso en evidencia que el paradigma de desarrollo neoliberal actual está impulsado por los intereses exclusivos de las grandes empresas y su capacidad multilateral de promover crecimiento desigual que conduce a un mayor desempleo.

Restablecer los límites de la participación

La nueva Constitución garantiza la participación pública en la gobernanza, elemento esencial de la política sin el cual se socava la democracia. Es un enfoque de atribución de poderes a los ciudadanos que se está convirtiendo en un elemento vital de la teoría y la práctica de la democracia. Se inspira en el espíritu de la Carta Africana de participación popular en el desarrollo y la transformación y, en el caso de Kenia, también en la nueva Constitución recientemente promulgada, los principios básicos esenciales para la práctica del compromiso de los grupos de interés informan del discurso de la gestión de sociedades sustentables.

Como principio central del diseño de políticas públicas, la "participación pública" presupone que todos los niveles del gobierno procuran fortalecer el compromiso de los ciudadanos y de los grupos de interés con sus respectivos procesos y actividades de diseño de políticas. Esto significa romper con los límites artificiales entre los "hombres" profesionales de la ley y los ciudadanos comunes. La verdadera ciudadanía es esencialmente una relación política que requiere respeto por el bien común y un rol específico en la sociedad basado en la responsabilidad hacia la política más que en los intereses específicos.

Es el momento para que los ciudadanos reclamen su soberanía como agentes del diseño de las políticas que cubren sus necesidades de desarrollo social lejos de los intereses hegemónicos hacia la voluntad popular.

Se debe forzar al Estado a quitarse la máscara de ejecutor neutral de la voluntad pública y obligarlo a convertirse en un instrumento al servicio de los sectores productivos de la sociedad y no ser escudo de los intereses parásitos de las clases dominantes. Al hacer de la participación popular y la prestación de servicios la base de la política de desarrollo sustentable, el pueblo logrará, al mismo tiempo, achicar la brecha creciente entre las tareas que deben cumplir los ciudadanos comunes y aquellas consideradas prerrogativas de las élites. Los kenianos se transformarán en una nueva fuerza revolucionaria a través de la participación y la acción colectiva.

La sociedad civil debe ser consultada

VUFO-NGO Resource Centre

Vietnam ha alcanzado la condición de país de ingresos medios a través de un fuerte crecimiento económico, pero el Gobierno debe esforzarse en tener en cuenta las necesidades de largo plazo de las personas. Es necesario enfrentar la pobreza y desafíos ambientales como la contaminación, el aumento del nivel del mar y la creciente erosión del suelo, así como los factores de riesgo para la corrupción como el acceso desigual a la información. Se deberá permitir a la sociedad civil y los expertos independientes que colaboren  en la búsqueda de estrategias para abordar los desafíos del desarrollo sustentable.

En los últimos 15 años Vietnam ha logrado una tasa de crecimiento económico impresionante. El producto nacional bruto (PNB) real creció en promedio un 7,3% de 1995 a 2005[1] . En 2009, después de la crisis financiera mundial, el PNB real igualmente creció un 5,3% y desde entonces ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Asia Oriental y el Pacífico[2] . Es fundamental que la nación se pregunte si este desarrollo es sustentable, y cómo está afectando el medio ambiente y el sustento de la generación actual y las futuras.

El apoyo al crecimiento económico sensible a la pobreza se ha extendido. El crecimiento ha traído una prosperidad relativa a muchos después de las privaciones de los años de la guerra y la posguerra. De todas formas, mientras el desarrollo tradicional ha reducido la pobreza, a la vez ha degradado el medio ambiente, del mucha gente pobre depende[3].

En 2010 Vietnam alcanzó la condición de país de ingresos medios. En 2009 el producto interno bruto (PIB) per cápita era USD 1.010, lo que colocó al país en el límite inferior de la franja de ingresos medios del Banco Mundial. A pesar de que esto es un logro notable, existen preocupaciones en relación a que el Goberno no instituya las reformas necesarias para el desarrollo sustentable, y también en relación a que este crecimiento cree nuevos desafíos, incluyendo el aumento de la inequidad social, servicios inadecuados, mas polución y la pérdida debido a la industrialización de tierras destinadas a la agricultura[4] . Además, las políticas actuales no apoyan la modernización de la economía rural. La infraestructura y otros servicios rurales están muy atrasados con relación a los progresos en las ciudades[5] .

Impactos ambientales y cambio climático

El rápido crecimiento económico de Vietnam produce claros impactos ambientales, pero pese a que la legislación que protege el ambiente es fuerte, su implementación es a menudo débil. A medida que crecen la economía, la población y la urbanización, las principales amenazas para el medio ambiente son, entre otras, la sobreexplotación de los bosques, la pérdida de tierras cultivables, la contaminación del agua y el aire, la erosión del suelo por formas de uso no sustentables, la pérdida de biodiversidad por los cazadores furtivos en los parques nacionales y otros factores como la degradación de las zonas costeras y el impacto de la minería[6] .

Ha habido fuerte oposición a la extracción de bauxita en las Tierras Altas Centrales por los posibles daños ambientales. También preocupan los reservorios de residuos alcalinos de dos minas que se están construyendo en las provincias de Lam Dong y Dak Nong y la posibilidad de que las inundaciones o terremotos pudieran causar derrames tóxicos. Estas preocupaciones aumentaron en 2010 cuando una brecha en el reservorio en una mina de hierro en la provincia de Cao Bang derramó residuos en las tierras de 50 familias. Científicos e intelectuales firmaron una petición solicitándole al Gobierno la interrupción de los proyectos y la realización de más investigación[7] .

Entre 1958 y 2007 la temperatura promedio de Vietnam aumentó unos 0,5-0,7 °C y el nivel del mar subió 20 cm [8] . La larga línea costera hace que el país sea muy vulnerable al impacto del cambio climático y el aumento del nivel del mar, que probablemente afecten los tres pilares del desarrollo sustentable: la economía, la sociedad y el medio ambiente. Los avances en la reducción de la pobreza – del 58% de la población en 1993 al 12,3 en 2009[9] - podrían revertirse.

 Vietnam es un país principalmente agrícola: el 75% de la población vive en zonas rurales, la mayoría se gana el sustento con la agricultura de pequeña escala, con poca tecnología invoclucrada, que los hace muy dependientes del clima[10] . Por tanto cualquier aumento de la temperatura tendrá un impacto negativo enorme sobre la producción agrícola. Las comunidades rurales pobres tienen escasa infraestructura y finanzas reducidas, por lo que les es difícil adaptarse al cambio climático.  El calentamiento global también puede producir fenómenos climáticos extremos y mayor frecuencia e intensidad de desastres naturales como los tifones, las inundaciones, las sequías y la intrusión de agua salada.

El Gobierno ha desarrollado grandes políticas y programas sobre cambio climático, pero a algunas de ellas les falta el sustento jurídico que facilitaría su aplicación. No existen órganos que coordinen la actividad de los ministerios, los gobiernos locales y otros organismos públicos y privados, ni maneras eficaces de garantizar que todas las comunidades y segmentos de la población puedan participar en esos programas. Además, los mecanismos de implementación de las políticas no son lo suficientemente claros o sólidos como para asegurar la coordinación entre sectores y entre el nivel central y los locales[11] .

En términos de su propio impacto sobre el calentamiento global, Vietnam produce relativamente pocas emisiones de carbono. Es importante mantenerlas así mientras el país se desarrollo, más que tratar de reducirlas una vez que hayan alcanzado niveles más altos. Sin embargo el rápido crecimiento económico aumenta la demanda energética y Vietnam sigue construyendo centrales eléctricas a carbón que son muy contaminantes.

Las centrales hidroeléctricas, que ya producen el 20% de la energía que se consume, demuestran algunas de las dificultades del país para lograr un desarrollo sustentable.  En las regiones centrales del país se están sacrificando enormes bosques para construir estas centrales, y los expertos advierten que las consecuencias ambientales y sociales serán graves[12] . Los medios de comunicación locales han informado reiteradamente que los residentes desplazados por la construcción de las centrales eléctricas ahora luchan para sobrevivir en zonas de reasentamiento construidas a la ligera donde no tienen tierras cultivables[13] . El Gobierno ha lanzado estrictos procedimientos para la construcción de represas que incluyen evaluaciones del impacto ambiental, pero algunas administraciones a nivel de provincias, responsables de la aprobación de plantas hidroeléctricas de tamaños pequeño y mediano, han pasado por alto esas regulaciones [14] .

Transparencia y corrupción

La falta de transparencia del Gobierno es un obstáculo fundamental al desarrollo sustentable. Para dar un ejemplo importante, la naturaleza de las leyes sobre la tierra, incluyendo hasta qué punto son percibidas como predecibles y seguras, juega un rol clave en la formación de las opiniones sobre economía y las estrategias de sustento. El país ha dado algunos pasos hacia un marco legal sólido para erradicar la corrupción, los principales factores de riesgo sistémico siguen intactos. La información sobre los derechos de uso de la tierra y los certificados de propiedad de bienes es incompleta y difícil de comprender; el proceso de solicitud es complicado y las apelaciones contra presuntas irregularidades son inadecuadas, lentas y poco transparentes. En el proceso de adquisición y asignación de tierras, el peligro de corrupción incluye el acceso desigual a la información y la posibilidad de que los funcionarios abusen de sus poderes discrecionales sobre las compensaciones por la tierra y los registros de inmuebles[15] .

Poco espacio para la sociedad civil

La influencia de la sociedad civil en las políticas del gobierno es limitada. Para miles de organizaciones formales e informales, el Gobierno generalmente permite e incluso alienta las actividades diarias, a la vez que retiene un aparato regulatorio minucioso y deja claro su poder de controlar el ritmo y la dirección del desarrollo de las actividades[16] . Las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales e internacionales son invitadas a ofrecer ideas para el desarrollo de políticas; sin embargo, hay poca actividad de cabildeo en cuanto al cambio en las políticas y la legislación vigente, así como también poca oportunidad para influir en las políticas sin haber sin una invitación previa del Gobierno.

Otra restricción a las ONG locales es la detallada reglamentación sobre el uso de fondos de donantes extranjeros, en virtud del Decreto 93/2009. Hay normas sobre cómo pueden usarse esos fondos, cómo informar sobre el uso, y cómo los organismos del gobierno monitorean y regulan el uso. El efecto de estas directrices es limitar los fondos que los donantes extranjeros aportan a las ONG locales, pues muchas no pueden cumplir con esta normativa. Las empresas vietnamitas aun no han asumido una responsabilidad social corporativa, por lo que no se convierten en una fuente alternativa de financiamiento. Por lo tanto, las ONG locales caerecen de recursos y oportunidades para contribuir a las políticas que afectan al desarrollo sustentable.

También se acalla a los expertos. La Resolución 97/2009 del Gobierno limita los campos en que pueden trabajar las organizaciones científicas, tecnológicas, de investigación y de servicio, pues determina los campos "legítimos" de actividad. Están excluidas las políticas económicas, las políticas públicas, la gobernanza y las políticas ambientales.

Todas estas restricciones ahogan los aportes de la sociedad civil para las políticas de desarrollo sustentables. En una economía cada vez más compleja, un proceso de elaboración de políticas tan cerrado no puede abordar los desafíos y las soluciones que requiere un desarrollo equitativo y sustentable. El debate público que permitiría acercarse a esas soluciones está muy reprimido, aunque la gente trata de hacerse oír y a veces hay oposición verbal a proyectos que ponen en peligro el ambiente y el sustento de las personas. Los medios también hacen lo posible por arrojar luz sobre las acciones - y la inacción - del Gobierno e informar sobre la oposición de la comunidad a las amenazas al medio ambiente.

Los donantes bilaterales, los organismos de la ONU y las ONG internacionales tienen la responsabilidad de apoyar a Vietnam para que se logre una relación más abierta entre el Gobierno y la sociedad civil. Sin embargo se han centrado más en desarrollar las capacidades del gobierno que en apoyar a las ONG locales y la sociedad civil, por lo que todavía se necesitará mucho apoyo para que el país aplique reformas institucionales y renueve sus políticas, y para que se procure una mayor transparencia y rendición de cuentas de los organismos públicos. Al haber logrado Vietnam la condición de países de ingresos medianos, algunos donantes se están alejando a pesar de los desafíos pendientes[17] .

Conclusión

Para encontrar soluciones de desarrollo equitativo y sustentable para la economía y la sociedad cada vez más complejas de Vietnam se necesitarán muchas voces y enfoques. El Gobierno deberá permitir que la sociedad civil y los expertos independientes tengan espacio y capacidad para hacer aportes. Las autoridades locales y la sociedad civil deberán tener mayores poderes, y las instituciones técnicas y de investigación más libertad para comentar públicamente sobre los asuntos de interés público. Las comunidades conocen los problemas de su zona pero con frecuencia no saben cómo informarlos, y se deberá mejorar su capacidad de vigilar la contaminación u otros obstáculos al desarrollo sustentable.

Se necesitan procedimientos prácticos para integrar la adaptación al cambio climático en los planes de desarrollo provinciales y locales. Las autoridades locales y las OSC deberán participar en el desarrollo, aplicación y seguimiento de los planes de mitigación y adaptación. Se deberá dar apoyo técnico a nivel local a las oficinas provinciales para que puedan analizar la vulnerabilidad al cambio climático y planificar medidas de adaptación y mitigación. Además las comunidades deberán recibir capacitación sobre temas de cambio climático para que puedan hacer los cambios necesarios. El acceso a los préstamos bancarios debería ser más fácil, especialmente para quienes están cerca de la línea de pobreza. Esto haría más sustentable la situación económica de las personas y por tanto los volvería menos vulnerables al cambio climático[18] .

Además, el país necesita mecanismos y procedimientos jurídicos que garanticen la transparencia. Se debería fortalecer el Ministerio de Recursos Naturales y el Medio Ambiente para que pueda hacer cumplir las leyes ambientales existentes. Algunas ONG ya trabajan con organizaciones locales, estudiantes y jóvenes para vigilar los sistemas administrativos locales y llamar la atención de los medios sobre los problemas de pobreza y medio ambiente, y deberían recibir apoyo.

La sociedad civil gana espacio

Masarat for Culture & Media Development (MCMD)
Sa’ad Salloum

Tras décadas de guerra, negligencia y mala administración, la situación social y medioambiental de Irak es crítica. El país continúa lidiando con un gobierno inestable, con la corrupción y con enormes abusos a los derechos humanos que incluyen ataques contra los grupos minoritarios. Hasta que no se obtengan niveles más altos de  paz y seguridad, será difícil el progreso en términos de la creación y utilización de un modelo exitoso de desarrollo sustentable. En tanto el país vive un incremento en la participación de la sociedad civil y en la participación democrática, a los efectos de garantizar un futuro democrático lo que se exige es una constante atención a la represión y las violaciones de los derechos humanos.

Irak continúa lidiando con formidables desafíos provocados por años de agitación social y guerra. Las manifestaciones que sacudieron al país en febrero de 2011, exigiendo la eliminación de la pobreza, del desempleo y de la corrupción, ilustran el nuevo papel que los ciudadanos iraquíes están empezando a desempeñar en una sociedad en la que la participación democrática fue violentamente reprimida o silenciada por completo. Aunque todavía con de un telón de fondo de inseguridad y libertades públicas muy deficientes, las organizaciones de la sociedad civil están creciendo y jugando un papel cada vez más relevante en el desarrollo democrático de la nación.

El papel fundamental de la sociedad civil

Los ciudadanos iraquíes concurrieron a las urnas el 7 de marzo de 2010 y votaron por 325  nuevos Miembros del Parlamento para que los representaran en el Consejo de Representantes. Desafortunadamente, la primera sesión del Parlamento del 14 de junio de 2010, en una contravención constitucional, fue abierta sin elegir presidente ni diputados. Esta parálisis política y constitucional llevó a que las organizaciones de la sociedad civil pusieran en marcha la Iniciativa Ciudadana para la Preservación de la Constitución (ICPC), presentando una demanda ante el >Tribunal Supremo Federal. El Tribunal Federal ordenó al Presidente del período que solicitara a los parlamentarios reanudar la sesión y elegir un Presidente y dos diputados[1]. Los observadores de la sociedad civil destacaron la decisión como un signo de la independencia e imparcialidad del poder judicial, pero esto también demostró que la separación de poderes es la piedra angular de una democracia exitosa.

La conclusión más importante que puede extraerse de la decisión del tribunal, sin embargo, es el papel fundamental que es capaz de desempeñar la sociedad civil iraquí en el proceso de construcción de un Estado civil moderno. La demanda fue seguida de otra campaña de la ICPC para recolectar firmas y ejercer presión sobre los bloques políticos a los efectos de que cumplieran sus compromisos electorales para con sus electores. De acuerdo con cifras de la ICPC, más de 800 ONG, asociaciones y sindicatos, además de destacadas personalidades de distinta extracción cultural, académica y social, provenientes de diversos puntos de Irak, participaron en la campaña[2].

La ICPC ha cristalizado como un marco cívico para lograr múltiples objetivos, incluyendo: acelerar la formación de un gobierno de alianza nacional en base de la sinceridad, competencia e integridad; elaborar un programa para consolidar la seguridad y la estabilidad política; reformar la infraestructura institucional; fortalecer el proceso político a través de la ley de partidos políticos; modificar la ley electoral; respetar la independencia del poder judicial, así como también aumentar su eficiencia; prestar servicios públicos; mejorar el desempeño de las agencias gubernamentales; asegurar la protección de los derechos humanos y las libertades públicas a través de las garantías constitucionales y legales, incluida la libertad de expresión, asociación, prensa y acceso a la información; abordar la pobreza, el desempleo, el desplazamiento y la discriminación contra los grupos minoritarios[3].

Minorías en riesgo

A pesar del hecho de que los niveles de desplazamiento se han estabilizado en los últimos años, un brutal ataque terrorista a una iglesia católica en Bagdad el 31 de octubre de 2010 obligó a algunas comunidades minoritarias a reconsiderar la opción de instalarse en otra localidad. En noviembre de 2009 cerca de 350.000 desplazados internos regresaron a sus distritos -- 60% de los cuales Bagdad – si bien la mayoría de los repatriados eran árabes (sunitas y chiítas), y por lo tanto no son considerados parte de un grupo minoritario. Los informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han demostrado que solo el 52% de la totalidad de las personas desplazadas internamente desean retornar, en tanto un 20% que desean reasentarse en otro lugar[4]. De acuerdo con cifras del Ministerio de Desplazamiento y Migración (MDM) y el Gobierno Regional de Kurdistán (GRK), el número de personas desplazadas dentro de Irak es de alrededor de 2,8 millones, en su mayoría árabes (chiítas y sunitas), y con cerca de 250.000 individuos caldeos, asirios, armenios, sabeos mandeos, kurdos faili, yezidis y grupos de minoría shabak[5].

La falta de una acción gubernamental eficaz para abordar los problemas de las minorías del país ha llevado a las organizaciones de la sociedad civil a presionar por mayor acción contra la discriminación y los ataques a las minorías. La ICPC, por ejemplo, ha organizado mesas redondas sobre temas de las minorías, lo que ilustra cómo la sociedad civil puede y debe participar en los asuntos de importancia nacional. Las discusiones de la ICPC destacaron la necesidad de aumentar la participación de las minorías en la esfera política, y de eliminar las políticas educativas racistas y otras formas de desinformación que contribuyen a la discriminación basada en la ignorancia. También destacaron el hecho de que desde 2003 numerosas minorías se han marchado de Irak, y se espera que más minorías continúen abandonando el país debido a la falta de seguridad, a la falta de protección constitucional o a leyes de no discriminación y a la escasa representación en el Gobierno y el Parlamento como así también al predominio de una cultura de exclusión en una sociedad basada en la discriminación y la ignorancia.

Protestas masivas y represión gubernamental

Irak no ha estado aislado de las manifestaciones de masas conocidas como la "primavera árabe" en 2011. La lentitud para constituir el Gobierno (más de siete meses de arduas negociaciones), el deterioro en la prestación de servicios públicos, además del creciente aumento en los niveles de pobreza y desempleo, fomentaron las primeras chispas de protesta, que comenzaran en los barrios pobres y olvidados del norte de Bagdad. Durante el mes de febrero se celebraron manifestaciones en las ciudades de Kut, Diwaniya, Basora y Anbar, y en una serie de ciudades más. En la rica ciudad petrolera de Basora, en el sur de Irak, se comenzaron a escuchar voces que exigían el fin de la corrupción, con manifestantes que llevaban consigo tarjetas amarillas (como las utilizadas por los árbitros de fútbol) para expresar la insatisfacción pública con el Gobernador y con algunos funcionarios locales. Una animosidad similar surgió también en el resto de las provincias debido a la creciente falta de servicios. Las críticas a las restricciones de las libertades públicas, a la corrupción y a los altos salarios de los parlamentarios se convirtieron en consignas populares y en pancartas de protesta. Más importante aún, las manifestaciones pusieron fin a la ley que exige un permiso legal para protestar la cual había frustrado en años anteriores cientos de manifestaciones.

Como resultado de las vastas protestas populares, el Primer Ministro Nuri Al-Maliki emitió una directiva en febrero de 2011 para reducir su salario mensual a la mitad. Esto representó un reconocimiento de la disparatada brecha entre los salarios de los altos funcionarios y personal con menos experiencia y los salarios del iraquí promedio, e inspiró a revisar los salarios de la totalidad de los altos funcionarios del Gobierno y a reducir el presupuesto para las tres presidencias – de la República, del Consejo de Ministros y del Parlamento – que suman una gran proporción del presupuesto del Estado. Al igual que en otros países árabes, fueron convocadas grandes manifestaciones para el viernes 25 de febrero, 24 horas antes de que el Primer Ministro solicitara una reunión con los líderes de la sociedad civil. La ICPC le envió al Primer Ministro un duro mensaje, exigiendo la eliminación de la pobreza, el desempleo y la corrupción gubernamental[6]. A la luz de las protestas que se avecinaban, el Gobierno puso en alerta a la totalidad de los servicios de seguridad y, además de utilizar la fuerza para dispersar las manifestaciones, arrestó y torturó a cuatro periodistas que participaron en las protestas[7].

Los levantamientos de febrero pusieron en marcha un movimiento sin precedentes para establecer las organizaciones de la sociedad civil y las redes a los efectos de monitorear las actividades del Gobierno y las situaciones de los derechos humanos, y establecieron el importante papel que los ciudadanos iraquíes pueden desempeñar para garantizar un desarrollo democrático nacional.

Recomendaciones

Para hacer realidad la visión de los levantamientos de febrero,  es neceario realizar varias cosas:
- Preparar el terreno para la participación de las mujeres en el gobierno y poner en práctica las medidas adecuadas para eliminar la violencia familiar y social basada en el género.
- Abordar la impunidad la corrupción financiera y la falsificación, enjuiciar a los responsables del terrorismo y del crimen organizado, e investigar los casos de criminales que repetidamente escaparon de la cárcel.
- Implementar una estrategia nacional de reducción de la pobreza. La inmensa mayoría de los ciudadanos padecen la pobreza y el desempleo, y el empeoramiento de la crisis económica, social y de servicios, especialmente en el suministro de agua, alimentos, energía, vivienda, bajos niveles de atención de la salud.
- Acelerar la legislación relacionada con los asuntos políticos, civiles, económicos y culturales, particularmente lo que atañe a la regulación de los partidos políticos, las elecciones, el petróleo y el gas.

La violencia insustentable

Centro de Estudios de la Mujer-Honduras
Mercedes Elena Flores
Cristina Urbina

El principal obstáculo para que el país alcance un desarrollo sustentable es la violencia que impera en casi cada capa de su estructura social, tanto urbana como rural. Una imparable oleada de crímenes azota Honduras, y especialmente a las hondureñas, convirtiendo al país en el de mayor tasa de asesinatos en el mundo. La solución a otros problemas como la degradación medioambiental, la inequidad económica, los bajos rendimientos educativos o el escaso acceso a servicios de salud deben y deberán ser subordinados a la pacificación social del país.

Dentro de los desafíos que enfrenta Honduras en la actualidad, el principal y más notorio es el alto grado de violencia en que vive sumergida su sociedad, reflejado en la lista de ítems que se espera reducir para el 2038 “a nivel promedio internacional”. Según un informe de la PNUD , en el conjunto de países centroamericanos la tasa de asesinatos es de 44 por cada 100.000 habitantes, 11 veces el promedio mundial de cuatro por cada 100.000. En 2010, la tasa de asesinatos en Honduras fue de 77,5 cada 100.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa considerada normal es de nueve homicidios cada 100.000 personas, pudiendo considerarse epidemia a partir de los 10 .

La violencia, endémica en el país, se ha visto exacerbada tras el  golpe de Estado de junio de 2009. Cuando el quiebre institucional, activistas de género de seis países de América reunidas en el denominado Observatorio Feminista constataron en Tegucigalpa la “participación masiva de las mujeres en movilizaciones” contra el gobierno de facto, en las que muchas participantes resultaron “abusadas sexualmente” por miembros del ejército y que numerosas manifestantes fueron “golpeadas con toletes en diversas partes del cuerpo, especialmente en bustos y glúteos” y “agredidas verbalmente” con insultos como “putas, vayan a su casa”.

En algunos casos, las frecuentes intimidaciones llevaron a mujeres a alejarse de sus familias “para proteger a sus hijos y evitar allanamientos en sus casas”, sobre todo en los departamentos de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Al mismo tiempo, se registró un “recrudecimiento del femicidio”, al constatarse, sólo en el mes de julio siguiente al golpe de Estado, el asesinato de 51 mujeres, cuando la ya grave estadística histórica marcaba un promedio de uno por día . 

La situación persistió más allá de las cuestionadas elecciones del 29 de noviembre, que sentaron en el sillón presidencial a Porfirio Lobo Sosa. La coalición de organizaciones Feministas en Resistencia aseguró el 16 de mayo de 2010 que “ha recrudecido la violencia en contra del goce pleno de los derechos tutelados [tanto] por las instituciones internacionales como por nuestra Constitución” . Un año después del golpe de Estado, el CEM-H ratificó la persistencia de los abusos y contabilizó siete asesinatos de mujeres movilizadas contra la dictadura .

Un país ensangrentado

Para alcanzar un futuro de desarrollo sostenible, ya sea dentro de tres décadas o más, el primer desafío de los hondureños es detener la masacre y el odio entre ellos mismos. En enero de 2010 una comisión gubernamental produjo un extenso documento destinado al Congreso Nacional, titulado Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022. En el mismo se identifican varios puntos problemáticos de cara a la búsqueda de un futuro de desarrollo sustentable. Los altos valores de la pobreza extrema, los bajos rendimientos escolares, el desempleo y la informalidad, la alta vulnerabilidad a las catástrofes naturales, son algunos de los elementos que necesitarían vigorosas políticas a largo plazo para ser corregidos. Si bien el informe es valiente y sincero al identificar los problemas y exponer sus cifras, y realista al marcarse metas a mediano y largo plazo, su visión del final del proceso, resumida en párrafos esperanzados como: “Para el año 2022, la política sobre seguridad habrá transformado el sistema de seguridad en Honduras, incidiendo en una reducción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, la tasa de homicidios asociados a robo, la tasa de crímenes relacionados con narcotráfico, la tasa de delitos sexuales y la tasa de muertes por accidentes de tránsito todas al nivel promedio internacional. La conflictividad social se habrá reducido también en un 75% como producto de la consolidación de los procesos de participación ciudadana y el progreso de las condiciones económicas y sociales del país, las cuales incidirán en las causas generadoras y facilitadoras de la delincuencia. Honduras habrá alcanzado niveles de seguridad ciudadana que se traducirán en paz, sana convivencia y en ambiente propicio para la inversión nacional y extranjera” , suena más a expresión de deseos que a meta concreta.

El comisionado gubernamental de Derechos Humanos, Ramón Custodio, declaró que “Honduras registró entre el 2005 y el 2010, la muerte violenta de 24.674 personas, de las cuales 19.640 (80%) fueron víctimas de las armas de fuego” .
La violencia en el país es múltiple en causas y víctimas. Son frecuentes los casos de violencia entre pandillas (maras), conocidas por el extremo salvajismo de sus enfrentamientos. La decapitación, una de las formas de violencia que utilizan las maras, "se ha vuelto muy común ya que antes era extraordinariamente rara, lo cual indica que nos estamos acostumbrando cada día más a actos de irrespeto al cuerpo humano", dijo Custodio .

También se han multiplicado en los últimos años los casos de violencia contra comunidades campesinas. Entre enero de 2010 y principios de octubre de 2011, fueron asesinadas 40 personas  vinculadas a las organizaciones campesinas de la región del valle del Bajo Aguán .

El rostro femenino de un país insostenible

No hay ninguna esperanza en un país con un grado de violencia semejante, y dentro de la problemática general, la violencia de género alcanza niveles aberrantes, particularmente contra la mujer, aunque también se ha registrado un alarmante aumento de los casos de violencia contra ciudadanos transexuales, según denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONG Human Rights Watch .

El feminicidio viene en aumento en Honduras. Entre 2003 y 2010 lo sufrieron 1.464 víctimas. Las mujeres de entre 15 y 29 años representan 44% de las asesinadas. Solo en 2010 se registraron más de 300 casos, de los cuales en apenas 22 hubo condena judicial (7,3%) . De un total de 944 muertes intencionales de mujeres entre 2008 a 2010, la Justicia ha dictado únicamente 61 sentencias (6,4%) . El cuerpo de las mujeres se ha convertido en un objeto sobre el cual hombres violentos demuestran su poder y ejercen venganza amparados en la impunidad, sin que se apliquen medidas de seguridad y de justicia por parte del Gobierno.

Sumado a esto, la situación de la mujer hondureña muestra serias desventajas en todos los campos. Las mujeres constituyen 51,7% de los 7.869.089 habitantes de Honduras y 41% de su población económicamente activa, además de concentrar 91,1% del trabajo doméstico en las familias. Por distintos motivos, es menor el desempleo abierto femenino (3,7%) que el masculino (4%) . La desocupación se concentra entre los más jóvenes: 52,6% de los 101.296 desempleados del país son menores de 24 años .

Las crisis económicas que se han sucedido desde finales del siglo XX obligaron a miles de hombres y mujeres a migrar dentro del país o al extranjero en busca de mejores condiciones de vida y de dinero para enviar a sus familias en sus lugares de origen . Como consecuencia de este fenómeno, sumado a la desintegración de las familias y de la violencia doméstica e intrafamiliar, cuatro de cada diez hogares hondureños son encabezados por una mujer. Y 40% de esos hogares sufren pobreza extrema, en contraste con 35% de los que tienen jefatura masculina .

Antes del golpe de Estado de 2009, Honduras pasaba por un lento proceso de reducción de la pobreza, la cual afectaba en 2005 a 63,7% de los hogares y en mayo de 2009, a 58,8%. Las mujeres de entre 20 y 59 años corren más riesgo de ser pobres, en especial las de áreas rurales, donde sufren tal condición 68,5% de ellas. Para cumplir el Objetivo de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio en 2015, el plazo indicado, la pobreza en Honduras debería reducirse 3,6 puntos porcentuales anuales y la pobreza extrema, 1,6 puntos.

La economía hondureña se sustenta en buena medida por las remesas enviadas por los emigrantes a sus familias, que representan 21% del PIB, superando los ingresos por exportaciones, maquilas y turismo. Son, asimismo, la principal fuente de sustento para muchos hogares.

Discriminación laboral

El mercado de trabajo femenino se caracteriza por el carácter temporal de los empleos y el bajo ingreso, sin que exista una política de Estado efectiva orientada a la erradicación de la discriminación laboral hacia las mujeres.

En las maquilas (zonas francas de procesamiento de exportaciones), las mujeres trabajan en condiciones precarias y de gran explotación. La mayoría de los empleados son mujeres jóvenes, de 17 a 25 años de edad. En los últimos tres años, las maquilas han sufrido sistemáticas reducciones de personal. La crisis financiera internacional iniciada en 2008 impactó en los establecimientos textiles y de vestimenta del sector, cuyas exportaciones se redujeron 10%. Al mismo tiempo, la crisis política postergó cuantiosas inversiones ya previstas, lo cual golpeó también a la mano de obra femenina .

El parlamento también aprobó la creación de “regiones especiales de desarrollo” o “ciudades modelo”, que, de hecho, constituyen una continuidad profundizada de los paraísos fiscales, donde la fuerza laboral femenina será depredada, tal como sucede en la maquila .

Las mujeres constituyen el grueso del sector laboral informal, en el que se ven privadas de todo beneficio social. Su presencia es también abrumadoramente mayoritaria en sectores como los servicios sociales, personales y el doméstico. En general, estos trabajos insumen más de las ocho horas de trabajo reglamentarias, y son frecuentes en ellos los riesgos de seguridad y de salud, los bajos salarios y la contratación temporal. En contraste, el mercado laboral masculino cuenta con empleos más seguros y mejor remunerados.

Educación, justicia y salud en rojo

De los mayores de 15 años, 15,6% son analfabetos, 15,8% de los hombres y 15,5% de las mujeres. La situación de la enseñanza ha mejorado en los últimos años, si bien persisten enormes dificultades como los elevados gastos para transporte, uniformes y útiles escolares. Las mujeres pasan en promedio 7,1 años en el sistema educativo, frente a los 6,8 años de los hombres. Mientras, la tasa de repitencia de ellas es de 8,8% y la de ellos 12,3%.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha registrado en los últimos periodos un promedio de 20.000 denuncias anuales de violencia doméstica. Las mujeres de 19 a 30 años de edad son la mayor parte de las víctimas (41,5%). Las agresiones están presentes en todos los estratos sociales. Los patrones culturales que le asignan a estos casos de violencia el carácter de “problemas internos de pareja” dificultan las denuncias.

Las altas tasas de morbilidad femenina dejan en evidencia las carencias de los servicios de salud a cargo de atender sus ciclos reproductivos y su sexualidad. La tasa de mortalidad materna asciende a 110 por cada 100.000 niños nacidos vivos, según datos de UNICEF recopilados por la CEPAL . Según estas estadísticas, apenas 66,9% de los partos fueron atendidos en 2006 por personal sanitario especializado. La situación merece urgente atención en un país donde 38% de las adolescentes de 19 años ya eran madres en 2001.

El acceso a los recursos

La desigualdad en el acceso a la tenencia de la tierra y a los ingresos que ésta genera es una evidencia más de discriminación contra la mujer hondureña, que carece de reconocimiento a su propiedad y, en consecuencia, al crédito para convertirla en productiva. Esto coarta su autonomía y su capacidad de tomar decisiones o de incidir siquiera en las que se toman en su hogar.

En 2010 hubo algunos avances en la titulación de propiedades de haciendas. Entre febrero y agosto las autoridades emitieron 1.487 títulos de propiedad independiente, de los cuales apenas menos de un tercio (482) correspondieron a campesinas. Al mismo tiempo, mujeres recibieron 150 títulos de propiedad agraria (28.40%), mientras los hombres recibieron 528 (71.60%). Como carecen de acceso y control de los recursos productivos, la mayoría de las mujeres no son contempladas al solicitar crédito.

Dificultades similares se presentan en la propiedad de la vivienda. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), el área urbana presentaba en 2004 el mayor porcentaje de viviendas alquiladas (86.2%) . Las migraciones del campo a la ciudad provocaron un crecimiento explosivo de las construcciones deficientes en San Pedro Sula y Tegucigalpa se debe a la migración del campo a la ciudad. La población que vive en tugurios de estas dos ciudades pasó de 900.000 en 1990 a 1.283.843 en 2010, según el Instituto Nacional de Estadística.

Por lo general, las viviendas no reúnen condiciones mínimas y constituyen un peligro para las familias, por el tipo de materiales que utilizan y la incidencia de los fenómenos climatológicos que propician deslizamientos, inundaciones y destrucción de las construcciones. La tasa de hacinamiento es de 19,6 para el quintil de menores ingresos y se va reduciendo significativamente hasta llegar a 1,5 en el quintil superior.

Las capacidades humanas y sociales deben ser la prioridad

SILAKA
Thida Khus

Después de 18 años de liberalización económica, el país enfrenta apremiantes desafíos económicos, sociales y ambientales, como por ejemplo la creciente vulnerabilidad a los desastres naturales y la falta de un sistema de riego adecuado. El Gobierno no protege los derechos de los pueblos indígenas del país, que afrontan apropiaciones por parte de las empresas en nombre del desarrollo. Para mantener el rápido crecimiento económico, brindar empleo y reducir los niveles de pobreza, Camboya debe diversificar su economía pero, para poder lograrlo, debe invertir antes en el capital humano. Si se impulsa el desarrollo económico sin tomar medidas básicas para fortalecer las capacidades sociales y humanas, el país no podrá evitar una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres.

Después de dos décadas de guerra civil y luego de las elecciones de 1993 patrocinadas por las Naciones Unidas, Camboya se ha integrado a la economía mundial. Desde entonces, el país se ha unido a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2000 y a la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en inglés) en 2009. También ha adoptado un proceso de ajuste estructural que abarca la privatización de empresas y servicios estatales; tras 18 años de liberalización económica, Camboya ha alcanzado cierta prosperidad sobre todo  por la creación de una nueva y moderna infraestructura. Sin embargo, queda la duda de si los modelos de desarrollo aplicados son realmente sustentables y si lograrán reducir la brecha entre los camboyanos ricos y los pobres.

El crecimiento del PIB alcanzó un máximo del 13,4% en 2007, luego cayó al 7,2% en 2008, subió al 10,1% en 2009 y llegó a su punto más bajo en 2010, con el -1,5%[1] . Las industrias de mayor crecimiento han sido el turismo, la vestimenta y la construcción, pero todos estos sectores fueron muy afectados por la reciente crisis económica y financiera.  

Además, los beneficios del crecimiento no se extienden a todos. Por ejemplo, en 2010 casi 4.000 turistas por día visitaron Angkor Wat, dejando unos USD 4,5 millones por mes de ingresos[2] . Sin embargos, estos beneficios no han llegado a los pobres: aunque la industria del turismo de Camboya ha creado 10 mil empleos, gran parte de las ganancias no se filtran hasta las comunidades locales. Por ejemplo, según las estadísticas de 2010 del ministerio de Planeamiento, entre el 6 y el 10% de los 173.000 habitantes de la Ciudad de Siem Riep ganan menos de USD 2,5 por día[3] . El año pasado llegaron 289.702 turistas de Corea del Sur y 177.000 de la China, pero eso sirvió de poco a la economía local[4] . Según el periódico The Cambodia Daily: “ellos (los turistas surcoreanos y chinos) llegan al país gracias a sus propios transportistas, se alojan en hoteles contratados con anticipación y comen en restaurantes que sirven sus propios platos típicos”[5] .

Vulnerabilidad ambiental y económica

Cambodia es particularmente vulnerable a los fenómenos climáticos extremos y las desaceleraciones económicas pues carece de una red de seguridad social adecuada. Un estudio realizado por la Asociación Económica Camboyana de varias comunidades pobres en algunas aldeas seleccionadas demostró que ha aumentado la vulnerabilidad de los pobres rurales a la inseguridad alimentaria[6] .

Las estrategias que adoptan las comunidades pobres para enfrentar la merma de sus ingresos son sumamente perjudiciales para su dignidad humana y su bienestar. Por ejemplo, el 55% de los camboyanos que se encuentran en esta situación tienden a reducir la cantidad de alimentos que consumen; esto es más frecuente en la población femenina, ya que el 64% de las madres y niñas están reduciendo su ingesta de alimentos para que quede más para los otros miembros de la familia[7] . Si se considera la calidad además de la cantidad de alimentos consumidos por miembro de la familia, el 75% de las personas en las aldeas seleccionadas están poniendo en grave peligro su nutrición, su salud y su calidad de vida.

Minería

Recientemente la gestión de la industria minera también ha despertado preocupaciones, no solo por su fuerte impacto sobre el medio ambiente sino además porque ilustra la mala administración económica y social del Gobierno. Por ejemplo, una mina de cobre en la comuna de Kvav (provincia de Siem Riep) llegó a estar casi en pleno funcionamiento sin que los aldeanos de la zona supieran nada. Según un artículo en The Cambodia Daily: “Un funcionario declaró que las Reales Fuerzas Armadas de Camboya (RFAC) y empresarios chinos están detrás de la minería. Está todo envuelto en el mayor secreto. Se celebró un acuerdo entre el ministerio de Industria, Minería y Energía y la empresa constructora china Nim Meng Group por el que los datos de la exploración, el estudio de factibilidad y la operación minera eran todos confidenciales”[8] .

Por el acuerdo se concedieron 80 km2 para extracción (por 6 años) y exploración (hasta 30 años). Desde 2008 existe un sistema de patrocinio entre las RFAC y la comunidad empresarial, y esto se ha vuelto la política oficial. Ahora la militarización de las minas camboyanas está tomando estado público y en Siem Riep se obligó a los periodistas a retirarse del recinto de la mina. La empresa ha indicado que construirá un sistema de riego para los arrozales y también caminos, pero seis aldeas cercanas ya han presentado reclamos por apropiación de tierras contra la empresa.

Desafíos a la agricultura

A efectos de apoyar al sector agrícola, el Gobierno deberá mejorar los servicios públicos a los granjeros. El plan de riego – que atiende a casi el tercio de las tierras de cultivo del país – se está desmoronando pues los administradores locales no se ocupan del mantenimiento[9] . Además, un estudio de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón informó en un reciente congreso en Phnom Penh que en 2009 solo 1 millón de hectáreas de tierras de cultivo recibían riego; ahora se han emprendido planes para aumentar la superficie de riego en 25.000 hectáreas por año.

Las asignaciones presupuestarias para la agricultura han sido mínimas, por más que se la considera una prioridad. Entre 2005 y 2009 las asignaciones al sector han sido de entre el 1,5% y el 2,5% del total del presupuesto[10] .

El saqueo de tierras sagradas

El pueblo suy es uno de los grupos indígenas más pequeños del país. Casi 900 suy viven en cinco aldeas de la comunidad Treapang Chor, del distrito O Ral, cercano al santuario de vida silvestre del monte O Ral que se estableció en 1997. Este santuario comprende sus tierras agrícolas y un bosque que se usa según las costumbres del grupo y se considera tradicionalmente como el hogar de la diosa suy Yeay Te[11] . En 2009 el Gobierno otorgó varias concesiones de más de 10.000 hectáreas [12] en las laderas del monte O Ral para turismo y plantaciones de maíz, sin pedir autorización a los pobladores de la zona, entre los cuales los suy, que protestaron de inmediato afirmando sus derechos sobre estas tierras y sus recursos[13] . A pesar de eso en junio de 2009 se empezó a plantar maíz. Nueve meses después el Gobierno devolvió 6.000 hectáreas a los suy, pero como no se devolvieron tierras a los pobladores no indígenas se temía que estos trataran de asentarse con violencia en la zona del pueblo suy[14] .

Por desgracia no se trata de un caso aislado. Casi todas las comunidades indígenas de Camboya enfrentan graves problemas por las tierras, principalmente asociados a las apropiaciones por empresas en aras del desarrollo. El Gobierno sigue haciendo caso omiso de sus propias leyes sobre el reconocimiento jurídico de las tierras y las reservas comunales, y omite proteger los derechos de los pueblos indígenas del país. También infringe sus obligaciones internacionales de derechos humanos en virtud de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial (CIEDR), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[15] .

Desarrollo económico y diversificación
La economía de Camboya depende de unos pocos sectores, como la agricultura centrada en el arroz, la vestimenta, el turismo y la construcción[16] . La crisis mundial de 2008 mostró claramente la vulnerabilidad de la estrecha economía camboyana, por lo que muchos expertos coincidieron en que era preciso diversificarla. El arroz sigue siendo el principal cultivo, y aunque los pimientos, el azúcar de palma, el anacardo y el caucho tienen buenas perspectivas, la mayoría de los granjeros siguen dependiendo casi totalmente de la producción de arroz. El sector de la vestimenta ha crecido en forma sostenida y ahora es un gran empleador industrial, especialmente para las mujeres. Pero es sumamente sensible a la demanda internacional; de hecho, la caída de demanda proveniente de los EE. UU. y la Unión Europea durante la crisis lo golpeó duramente[17] .

Resulta claro que para mantener el rápido crecimiento económico, brindar empleo y reducir los niveles de pobreza, Camboya debe diversificar su economía, pero no es una tarea fácil. Para hacerlo el país deberá aumentar su competitividad regional y también adquirir más tecnología y conocimientos. Esto supone grandes esfuerzos en términos de recursos humanos, gestión de recursos naturales y reformas estructurales. La búsqueda de diversificación también debería tener en cuenta las posibilidades de las microempresas y las empresas pequeñas y medianas de todo el país. Estas, junto con los agricultores, podrían ser los verdaderos motores del crecimiento económico y es preciso incluirlas en cualquier estrategia de diversificación que tenga como meta el desarrollo sustentable, una mayor seguridad alimentaria y la disminución de la pobreza.

Las organizaciones de la sociedad civil (OCS)

La sociedad civil camboyana ha enfrentado muchas dificultades en los últimos años, entre las cuales algunas leyes pensadas especialmente para poner en peligro su libertad de funcionamiento. La primera es la Ley Anti Corrupción, que exige que los informes de casos de corrupción brinden gran cantidad de pruebas y recursos. El otro texto legislativo que afectará directamente a las organizaciones se refiere a la inscripción de las OSC: todos los miembros de una OSC deberán inscribirse antes que esta pueda comenzar actividad alguna y todas las OSC deberán presentar informes anuales de sus actividades y finanzas al Gobierno. Esto será una gran limitación a las iniciativas ciudadanas y golpeará especialmente a las organizaciones comunitarias. Los aldeanos y los pueblos indígenas (tales como los suy y los pnong) no podrán tomar ninguna medida hasta que estén inscritos.

Esta ley es vista como una amenaza a los derechos humanos y la democracia pues le da carta blanca al Gobierno para clausurar organizaciones sin proceso alguno.

El aspecto prometedor de la descentralización es que el Gobierno ha iniciado la segunda etapa, que transfiere a las autoridades locales la responsabilidad de evaluar el desarrollo democrático.

Conclusiones

Es necesario que Camboya tome el control de sus propios recursos y mejore la gestión de los mismos para impulsar el desarrollo sustentable. Si se impulsa el desarrollo económico sin tomar medidas básicas para fortalecer las capacidades sociales y humanas, el país no podrá evitar una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres.  

Leyes y estrategias en espera de implementación

Association Technology and Society
Mirjana Dokmanovic, PhD
Danica Drakulic, PhD

Los graves problemas medioambientales del país constituyen desafíos clave para el desarrollo sustentable y la reducción de la pobreza. En los últimos años se ha puesto en marcha un nuevo marco jurídico y político para la gestión medioambiental, pero su efectiva implementación continúa comportando una seria preocupación. Ha sido adoptada una Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable, pero alcanzar estos objetivos exige que Serbia invierta más en la protección del medio ambiente. El éxito para abordar los desafíos clave en esta área depende de desarrollar capacidades para la implementación, el monitoreo y aumentar la concienciación y obtener apoyo político para la gestión medioambiental.

Debido al colapso económico de la década de 1990, no fueron realizadas las inversiones medioambientales más necesarias a efectos de prevenir la contaminación en Serbia y construir infraestructura de saneamiento y agua[1]. En los últimos años el país ha avanzado en el desarrollo de políticas formales y en sentar las bases legales para la gestión medioambiental, principalmente a través de la armonización de la legislación con el acquis communitaire (la legislación acumulada, los actos jurídicos y las decisiones de los tribunales que conforman el acervo de la legislación de la UE)[2]. La Estrategia Nacional para el Desarrollo Sustentable (NSDS, por sus siglas en inglés), para el período 2009–2017 se desarrolló con la participación de organizaciones de la sociedad civil y fue adoptada en mayo de 2008[3]. La NSDS se basa en tres factores clave del desarrollo sustentable: desarrollo económico sustentable, desarrollo social sustentable y protección medio ambiental mediante la utilización racional de los recursos naturales. Este documento estratégico ha identificado los siguientes problemas medioambientales clave en Serbia:

1. Polución del agua: este es el principal problema medio ambiental del país. Solo el 63% de la población posee acceso a suministros públicos de agua, mientras que solo el 35% está conectada a una red pública de alcantarillado. La calidad del agua potable es en general insatisfactoria. Solo la mitad de la población se abastece de agua potable en sistemas controlados de suministro de agua. Los controles del agua revelan que en Serbia central más del 40% de las muestras estaban contaminadas con gérmenes, mientras que en Vojvodina, una provincia autónoma, el problema principal es la polución química[4]. La mayoría de los centros industriales y las grandes ciudades no poseen plantas de tratamiento de aguas residuales. Debido a esto, 44.000 toneladas de agentes tóxicos son vertidos anualmente en lagos y ríos[5]. Serbia es el principal contaminador del Danubio, mientras que el canal Danubio-Tisa-Danubio es el punto más contaminado de Europa[6].

2. Polución del aire: las principales productoras de contaminación del aire son las instalaciones para la generación de energía y las plantas industriales que cuentan con una tecnología deficiente para la limpieza de aire. La producción de electricidad y calor emiten por año alrededor de 345.000 toneladas de SO2  (dióxido de azufre), que corresponden al 98% del total de las emisiones de SO2 [7]. El aire está contaminado en todas las grandes ciudades, debido principalmente al transporte en base a gasolina con plomo que todavía está en uso.

3. Manejo inadecuado de residuos: mientras que la eficiencia energética en la industria representa un tercio de la media mundial, la producción de residuos es extremadamente alta y el reciclaje de residuos y la seguridad en el manejo es escaso. Solo el 60% de los residuos municipales son recolectados (2,2 millones de toneladas por año). Los sitios de eliminación de residuos, por lo general, no cumplen con los requisitos técnicos. Existen 3.251 vertederos ilegales, sobre todo en zonas rurales[8]. No existen datos fiables acerca de los residuos peligrosos producidos por la industria, pero no existen planes de tratamiento o vertederos para este tipo de residuos.

4. Degradación del suelo: la tierra agrícola cubre el 60% de Serbia central y el 82% de Vojvodina. La calidad del suelo se ve afectada por el uso de agua contaminada para el riego, por la contaminación química proveniente de las plantas industriales, por el vertimiento de desechos y por la erosión.

5. Gestión forestal insostenible: los bosques cubren el 27% del territorio del país. Sin embargo, el crecimiento de los bosques y la calidad se ven amenazados por la sobreexplotación agrícola, la tala ilegal y la mala gestión.

Los vínculos entre medio ambiente y salud pública

Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que analizó la exposición de las personas a factores medio ambientales y los datos estadísticos nacionales publicados en 2007, estima que el 27% de la población del país se ve afectado por enfermedades causadas por factores medioambientales[9]. Teniendo esto en cuenta, así como también el hecho de que los niños son el grupo poblacional más sensible a las influencias negativas del medio ambiente sobre la salud, el Gobierno aprobó el 1 de octubre de 2009 el denominado Medio Ambiente para la Infancia y Plan de Acción Sanitaria. Sus principales prioridades son aumentar el acceso al agua potable en las zonas rurales, aumentar el acceso a un saneamiento adecuado, reducir los accidentes de tránsito, reducir la contaminación del aire, reducir la exposición de los niños al humo del tabaco y, detener, y posteriormente prohibir, el uso de gasolina con plomo.

Los romaníes y los desplazados internos se ven particularmente expuestos a los riesgos medioambientales debido a la falta de una vivienda adecuada y de acceso al agua potable. Por otra parte, la degradación de la tierra contribuye a la pobreza rural. El primer y el segundo Informe de Progreso acerca de la implementación de la estrategia de reducción de la pobreza concluyeron que: "las inversiones en instalaciones de abastecimiento de agua, en plantas de tratamiento de aguas residuales y en los programas depuntos candentes de limpieza del medio ambiente han tenido un impacto directo en la reducción de la pobreza. Indirectamente, estas actividades también han contribuido a la contratación de una serie de trabajadores semi-calificados e indigentes"[10].

La Asamblea Nacional aprobó en 2009 la Ley de Salud Pública. Ésta reconoce el impacto del medio ambiente en la salud como una de las áreas prioritarias en la salud pública. Además, la Estrategia de Salud Pública[11], también adoptada por el Gobierno en 2009, establece un conjunto de actividades estratégicas con el propósito de proteger la salud de la población de los efectos medioambientales negativos.

Tendencias económicas y problemas medioambientales

En los últimos años la necesidad de elaborar legislación nacional para la protección del medio ambiente y de cumplir con la política de la UE ha llevado a la adopción de un gran número de leyes y documentos normativos[12] que abordan los desafíos identificados (calidad del aire, gestión de residuos, calidad del agua, protección de la naturaleza, control de la polución industrial y gestión de riesgo, productos químicos, cambio climático, ruido y protección civil), como ha quedado indicado en las respuestas del Gobierno al cuestionario de la Comisión Europea (2011).

Financiar la implementación de la NSDS es un desafío clave, sin embargo, debido a las desfavorables tendencias económicas. Después de la alta tasa de crecimiento del 5.6% entre 2001 y 2008, los últimos tres años se han caracterizado por una desaceleración de la actividad económica y del desenvolvimiento de la moneda extranjera, seguido por una disminución de la demanda externa e interna y de la inversión extranjera. En 2010, el producto interno bruto (PIB) creció 1,5%[13], mientras que durante el mismo período los precios al consumidor aumentaron un 10,3% y el costo de vida el 6,8%. El saldo negativo del comercio exterior fue del 58% y el déficit del comercio exterior ascendió a EUR 4,3 mil millones (USD 6,1 mil millones) en 2010. La deuda externa alcanzó el 80% del PIB y la entrada de inversión extranjera directa (IED) continuaba cayendo: ascendieron a EUR 654 millones (USD 931 millones) en 2010. Pequeñas entradas de IED y la salida neta de crédito condujeron a un empeoramiento de la balanza de pagos. La deuda pública alcanzó el 36% del PIB[14]. Las reservas obligatorias disminuyeron y la tasa de interés referencial subió del 9% al 9,5% en octubre de 2010. El dinar serbio se depreció nominalmente un 10,7%, pero en rigor la depreciación fue de un 4,8%.

La tasa oficial de desempleo en 2010 fue del 20%, pero el número real de aquellos que buscaban un trabajo fue considerado superior y la tasa de empleo fue disminuyendo. Hubo una alta tasa de trabajo en el mercado negro del 20,6%, en comparación con el número total de trabajadores en un empleo regular[15].

El Gobierno prevé una ligera recuperación de la actividad económica como resultado de la combinación de varias circunstancias incluyendo la recuperación de la economía de la UE, la exitosa rectificación de los acuerdos con el FMI, el acuerdo de los bancos extranjeros más grandes del país de mantener sus niveles de exposición crediticia para estabilizar los mercados financieros, y las medidas de política económica que fueron emprendidas. Sin embargo, los indicadores macroeconómicos en el principio de 2011 apuntan a un ulterior descenso de la actividad económica como consecuencia de retrocesos en industrias tales como las manufactureras y las de energía eléctrica, así como también una disminución en la producción agrícola.

Habiendo heredado problemas económicos como por ejemplo la insolvencia de las empresas, las tendencias negativas en el mercado laboral, el continuo crecimiento del desempleo, las malas perspectivas de obtener crecimiento y el aumento de la pobreza, esta crisis no solo se profundiza sino que se vuelve crónica. El Gobierno ha sido insensible a las consecuencias de la crisis y enfrenta un cada vez mayor descontento social. La falta de implementación de las reformas y el empeoramiento de las condiciones de vida a principios de 2011 – en particular para grupos vulnerables como por ejemplo los desempleados, la población rural, los romaníes, las personas con discapacidad y los jubilados[16] – se han complicado aún más debido a la reestructura del Gobierno y a la inestabilidad política. El descontento social y la inseguridad están aumentando debido a la falta de acceso al empleo y al trabajo decente. Al mismo tiempo, los trabajos son cada vez más inseguros[17] debido a la quiebra continua de empresas, el enorme endeudamiento interno[18] y a un mal llevado proceso de privatización que redunda en un creciente número de huelgas en 2011[19]. Gran cantidad de nuevos propietarios de empresas privatizadas las adquirieron con el objetivo de ganar dinero mediante la reventa de las mismas y no para mantener la producción. Los sindicatos estiman que el salario promedio mensual se reducirá en 2011 de USD 435 a USD 350[20].

Las proyecciones del Gobierno para 2011 (un crecimiento del PIB del 3%, una tasa de inflación del 5,8%, una tasa de desempleo del 20%, y la partcipación de los déficit de cuenta corriente del 8,2% del PBI, sobre el 40% del PBI, y la deuda externa del 74,2% del PBI) ya están en duda.

Conclusión

El Gobierno se encuentra, sencillamente, en estado de denegación respecto a las tendencias de la economía real y a la evidente caída del nivel de vida de la población, limitándose a realizar pronunciamientos optimistas para el corto plazo. Sin embargo, la necesidad de cambiar el curso previo de desarrollo y crecimiento es cada vez más urgente debido a que la situación actual es insostenible. En esencia, el modelo de crecimiento económico debe ser cambiado y la economía debe estar orientada al desarrollo y al aumento de la inversión y la exportación, y no al consumo.

Alcanzar los objetivos establecidos en la NSDS exige que Serbia invierta sus mejores esfuerzos en alcanzar el PIB previsto. En la actualidad, solo el 0,3% del PIB es destinado a la protección del medio ambiente. Estos modestos recursos son insuficientes. Se estima que, para cumplir con esta prioridad, existe necesidad de una financiación complementaria de recursos del 1,02% en 2011. El éxito en el abordaje de los desafíos medioambientales clave depende de construir capacidades para la implementación, el monitoreo y la ejecución, aumentar la concienciaciónmedio ambiental y obtener apoyo político para la gestión ambiental.

Los infortunios del extractivismo

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Rafael Uzcátegui

El modelo implementado por la administración Chávez es una continuación y ampliación del extractivismo, que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta instrumental y neoliberal. Es, además,  insuficiente a la hora de atender las urgencias de la sociedad. Pese a algunas mejoras en educación, ha habido retrocesos en otras áreas de derechos básicos, como salud y vivienda. Los programas de desarrollo social son cancelados o desatendidos, mientras el Gobierno, que desdeña el diálogo con la oposición y la sociedad civil,  atenta contra la democracia implementando cambios sustanciales a la constitución aprobada en 1999. El país necesita diseñar  un modelo de desarrollo realmente sustentable.

Desde comienzos del siglo XX, los modelos de desarrollo aplicados en Venezuela han estado basados en la economía extractiva y exportadora de recursos energéticos. Si bien el presidente Hugo Chávez, en el poder desde 1998, ha cuestionado a los gobiernos del pasado afirmando que su modelo es, en contraposición, “sustentable” y “endógeno”, ha resumido su proyecto como un “Socialismo petrolero”: “Ese es nuestro modelo, contar con esta riqueza petrolera (…) el Socialismo petrolero no se puede concebir sin la actividad petrolera… (este recurso) le da una configuración peculiar a nuestro modelo económico”[1].

Ahora bien, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado que la sostenibilidad de las políticas destinadas a los sectores populares, denominadas “misiones”, dependen de los ingresos extraordinarios producto de los altos precios petroleros en el mercado mundial. Según la Ley de Presupuesto 2011[2] los ingresos energéticos representarían el 27,6% del total de dinero disponible para gastos, asumiendo un precio de USD 40 (similar al del presupuesto del año anterior) para el barril de petróleo. Sin embargo, expertos como el ex presidente del Banco Central José Guerra plantean que dicha estimación no se ajustó a la realidad, pues los precios oscilaban alrededor de los USD 100, por lo cual el Ejecutivo Nacional dispone de una considerable suma de dinero adicional con manejo discrecional y de difícil contraloría social.

La recuperación actual de los precios internacionales del crudo ocurre después de un período de crisis económica durante el cual Venezuela experimentó, según cifras oficiales[3], 18 meses consecutivos de decrecimiento económico. A excepción del sector educativo, la contracción económica ocasionó que se redujera el presupuesto destinado a las políticas sociales, incidiendo en el estancamiento de las misiones y en el aumento de la conflictividad en el país. Según los datos recopilados por dos organizaciones de venezolanas de derechos humanos, Espacio Público y Provea, durante el año 2010 se realizaron por lo menos 3114 protestas en Venezuela, consolidándose la tendencia del aumento sostenido de la cantidad de manifestaciones[4].

Desarrollo basado en el petróleo

El modelo de desarrollo implementado por el Gobierno se fundamenta en grandes proyectos de desarrollo petrolero, gasífero, minero y de infraestructura, que ocasionan importantes impactos socio-ambientales y que, basados en preceptos extractivos, no son sustentables a largo plazo. La posibilidad de explotar las riquezas energéticas presentes en el suelo venezolano ha interferido, además, en políticas que beneficiarían a diferentes sectores sociales en el país. Un claro ejemplo lo constituye la demarcación de territorios indígenas establecida en el artículo 119 de la Constitución y que, aunque debió haber finalizado en el año 2002, se encuentra estancada.

Para García Gaudilla, si bien a nivel discursivo el presidente Chávez y alguna vocería institucional reniega del capitalismo y del neoliberalismo, el modelo de desarrollo bolivariano previsto sigue siendo una continuación y ampliación del extractivismo, lo que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta desarrollista, instrumental y neoliberal.[5] Esta situación se ve agravada por la clara intención de cancelar el diálogo con la sociedad civil y con la oposición; no puede haber desarrollo sustentable sin la posibilidad de que sean oídas y tenidas en cuenta las voces ciudadanas que alerten sobre las consecuencias sociales y para el medio ambiente de la explotación de hidrocarburos. A diferencia de otros países petroleros de la región, ninguna organización ecologista del país trabaja sobre la contaminación petrolera que afecta a diferentes zonas del país. Otros desafíos ambientales que enfrenta Venezuela incluyen deforestación [6] y la severa contaminación del Lago de Valencia [7]

Inquietud social

El 36% de las protestas realizadas en el 2010 tienen como motivación la exigencia de derechos laborales. Ha sido señalado por algunos críticos del Gobierno que la administración Chávez intentó hacer pesar la recesión vinculada a la crisis económica global sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que mantuvo la paralización en la discusión sobre la contratación colectiva en el sector público y en las empresas del Estado. Por segundo año consecutivo el incremento del salario mínimo –actualmente alrededor de 462 dólares – no logró cubrir el costo de la canasta alimentaria ni tampoco la pérdida del poder adquisitivo debido a la persistencia de la tasa inflacionaria más alta de la región, 30.9% para el año 2010 según datos oficiales[8]. A su vez, luego de varios años consecutivos de reducción de la cantidad de personas sin trabajo, se produjo una tendencia al alza desde finales de 2009. El desempleo, que culminó en 2009 en 6,8%, se remontó para agosto de 2010 en 9,6%.[9]

Esta situación debería motivar la revisión y el reimpulso de la Misión Ché Guevara, creada originalmente en el año 2004 – con el nombre de “Misión Vuelvan Caracas” – para ayudar a volver al mercado laboral a las personas que fueron excluidas de este y reducir el desempleo hasta el 5%. Sin embargo, aunque su meta no fue alcanzada seis años después de su lanzamiento, esta misión ha sufrido una drástica reducción presupuestaria para el 2011, pasando de USD 59 millones a USD 7 millones[10].

Retrocesos en salud y vivienda

En el año 2006, la puesta en marcha de la Misión Barrio Adentro generó expectativas acerca de la garantía del derecho a la salud para amplios sectores de la población. La presencia de 13.000 médicos de origen cubano y la construcción de 8.573 módulos de atención en todo el país incidieron positivamente en los índices de atención primaria en los sectores populares. Sin embargo, han sido señaladas fallas en la atención de los módulos, y 2000 de estos fueron cerrados en 2009, hasta el punto que en septiembre de ese año Chávez reconoció la crisis en la salud y declaró una emergencia sanitaria[11]. Para el 2011,  luego del anuncio gubernamental de un “Plan de reimpulso a la Misión Barrio Adentro”, ésta recibe un aporte presupuestario de 195 millones de dólares; sin embargo la política no es coordinada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, como correspondería dada la naturaleza de la misión, sino por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, evidenciando una descoordinación institucional en materia sanitaria.

En la red hospitalaria tradicional, constituida por 299 centros en todo el país, persisten las fallas estructurales, entre ellas ausencia de insumos médicos, déficit de profesionales y graves deficiencias en la infraestructura que impiden la plena satisfacción del derecho a la salud. A pesar que la Constitución ordenaba en el año 1999, en un plazo no mayor de un año, la aprobación de una Ley Orgánica de Salud para reducir la dispersión e improvisación en la materia, el poder legislativo tiene 11 años en mora con su promulgación.

Otro sector que ha sido calificado como “problema de Estado” por el poder Ejecutivo ha sido la vivienda. Durante el 2009 el gobierno construyó 23.649 viviendas, sumando en 11 años de gestión 324.588 unidades, cuyo promedio anual es ostensiblemente menor a la meta de construir 150.000 al año, como estrategia para disminuir el déficit habitacional (estimado en 3.000.000 casas) en una década[12]. Entre las causas del rezago de las políticas en vivienda es posible destacar la fragilidad institucional del ministerio, creado en el año 2005, la rotación recurrente de sus altos cargos directivos, la escasa supervisión y contraloría de los proyectos ejecutados y del dinero invertido y, por último, la inexistencia de un plan de construcción de vivienda y de urbanización de suelos con metas y reglas claras para el corto, mediano y largo plazo.

A pesar de lo anterior, y de haber reincidido en políticas que han demostrado sus limitaciones, Chávez anunció su intención de construir 2 millones de viviendas en 6 años[13].

Avances en educación

El gobierno de Chávez sigue mostrando resultados positivos en materia educativa. Según la medición internacional que hace la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Venezuela avanzó del puesto 64 al 59[14], con un Índice de Desarrollo Educativo (IDE) de 0,956 respecto del 0,910 que tenía en 1999 [15]

La calidad de la educación sigue siendo un reto sin asumir. La principal falla es la ausencia de un sistema nacional de evaluación de los aprendizajes, por lo que no existen parámetros de comparación para hacer mejoras. Para el 2010, además, el 44% de los docentes no eran titulares, sino interinos o suplentes[16]. Esta situación se agrava en estados menos favorecidos del interior del país, como el estado Amazonas, donde la mitad del profesorado no posee certificación para ejercer la docencia.

Criminalización de la protesta

Paralelo al aumento de la conflictividad social como consecuencia de la ausencia de respuestas a los reclamos de la ciudadanía, el Gobierno ha asumido como política de Estado la criminalización de los y las manifestantes. Este patrón ha cumplido las siguientes etapas: el cierre de los canales institucionales de negociación, la realización de campañas de desprestigio contra las y los manifestantes y líderes sociales, la represión y judicialización de la ciudadanía movilizada y, por último, la promoción de acusaciones sin pruebas. En el 2010, 135 manifestaciones fueron reprimidas por los organismos policiales y militares, dejando como saldo 438 personas detenidas y 386 lesionadas[17]. Sin embargo, las situaciones más preocupantes son las aperturas de procesos judiciales contra manifestantes. PROVEA ha contabilizado más de 2400 personas sometidas a procesos de presentación periódica en tribunales, y entre ellas 125 son sindicalistas y 1200 campesinos y campesinas. Esta judicialización es posible por la creación de diferentes normativas que penalizan la protesta en el país: El artículo 357 de la reforma del Código Penal; los artículos 47 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; el 139 y 141 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y, por último, los artículos 24 y 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios.

Estas reglamentaciones penalizan una de las estrategias históricas del movimiento popular venezolano para la exigibilidad de sus derechos: el cierre de calles. Además, establece diferentes “zonas de seguridad” donde se prohíbe cualquier perturbación del orden. El caso emblemático de judicialización de  líderes sociales lo constituye el sindicalista Rubén González, quien estuvo privado de libertad –desde septiembre del año 2009 hasta marzo del 2011– por haber apoyado una paralización de actividades en la empresa estatal Ferrominera del estado Bolívar, reclamando una serie de demandas y reivindicaciones laborales. El pasado 28 de febrero González fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión tras ser acusado de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo. Una amplia movilización de rechazo, promovida desde diferentes sectores, provocó que 5 días después el Tribunal Supremo de Justicia anulara la sentencia y ordenara la realización de un nuevo juicio radicado en la ciudad de Caracas, otorgando al sindicalista el beneficio de ser juzgado en libertad[18].

Debilitando la democracia

En diciembre del año 2010 se aprobó una ley que confería al presidente facultades extraordinarias por un período de 18 meses. Fueron promulgadas también 24 leyes que confirmaron la tendencia denunciada por las organizaciones de derechos humanos acerca de la imposición, de manera no democrática, del proyecto denominado “Socialismo del siglo XXI”. Las coaliciones Foro por la Vida y Sinergia afirmaron que dichas iniciativas “afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”[19]. Como parte de este paquete legislativo, que en la práctica están derivando en una Constitución diferente a la aprobada por todos los venezolanos y venezolanas en el año 1999, se encuentran normativas que obstaculizan el derecho a la asociación, ilegalizando la recepción de fondos por parte de la cooperación internacional.

El 22 de diciembre del 2010 se aprobó, de manera expedita, la Ley de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional[20], que prohíbe explícitamente la recepción de fondos provenientes del extranjero para organizaciones “con fines políticos”. Dos de las tres actividades que según la ley definen una iniciativa de naturaleza política están relacionadas a formas de actuación bajo la cual pueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país, ya que incluyen en su descripción el promover la participación de las y los ciudadanos en los espacios públicos y el ejercer control sobre las decisiones en política. Por otra parte, una segunda normativa, la Ley de Cooperación Internacional, que centraliza en el gobierno los recursos destinados a las ONG, ha sido incluida dentro de las facultades habilitantes otorgadas al presidente de la República.

Manufacturando un Estado fallido

Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR)
Daniel R. Mekonnen

Elogiado en su momento como uno de los Estados más prometedores de África, el país se ha convertido en la víctima de un régimen autoritario y militarizado. Eritrea ha descendido rápidamente a niveles intolerables de represión política, la cual induce a la pobreza extrema y a la "anomia social", un entorno que impide el cumplimiento de los compromisos con el desarrollo sustentable a nivel internacional, el crecimiento económico y el progreso. El obstáculo fundamental de la represión política solo puede ser removido con la ayuda de la presión externa sobre el Gobierno eritreo.

En una conferencia académica, en noviembre de 2010, el investigador francés Gerard Prunier, un especialista en el Cuerno de África y en África oriental, describió a Eritrea como una de "las peores y más duras dictaduras en cualquier continente" y como "un infierno en la Tierra”[1]. Esto no fue una hipérbole. El Gobierno ha declarado la guerra contra su propio pueblo. La peor manifestación de esta situación es la predominante práctica del trabajo forzado bajo el camuflaje del programa nacional de servicio militar (NMSP, por sus siglas en inglés), que ha mantenido a cientos de miles de eritreos bajo un yugo dictatorial intolerable.

A pesar de la amenazante crisis económica, social y política, que ha sido ampliamente detallada, el Gobierno se niega obstinadamente a reconocer la realidad en el terreno de los hechos. Por el contrario, el presidente Isaias Afwerki ha proclamado al país como el mejor de África. Interrogado por Al Jazeera TV acerca de sus aspiraciones para Eritrea, declaró: "Estamos encauzados a hacer las cosas bien en este país ... Por lo menos no vamos a ser como Kenia, Nigeria, Etiopía, Somalia, Sudán; nosotros estamos mejor. Somos número uno en este continente”[2].  Pero el Índice Global del Hambre 2010 tiene una visión diferente, al clasificar a Eritrea, junto a Chad y a la República Democrática del Congo, como uno de los tres países africanos con niveles alarmantes de hambre[3]. En el contexto de éste y otros informes fidedignos, el comentario de Afwerki debe ser visto como una afrenta al sufrimiento del pueblo eritreo.

Un laboratorio para experimentos fallidos

Como se ha señalado anteriormente, la política abusiva del Gobierno en lo que refiere al servicio militar obligatorio es la principal causa de vulnerabilidad en Eritrea. Si bien el país nunca ha llevado a cabo un censo, la proporción de la población que está obligada a realizar el servicio militar parece ser excesivamente alta. Un estudio reciente estimó la población del país en 3,6 millones[4].  En 2010 el ejército de Eritrea tenía un estimado de 600.000 soldados[5], lo que sería un extraordinario 16,6% del total de la población. Este servicio militar obligatorio hace que resulte muy difícil para los ciudadanos comunes realizar sus aspiraciones personales en la vida, incluso si no se ven personalmente afectados por las abominables violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el Gobierno, tales como la tortura y el encarcelamiento.

Desde el estallido de un conflicto fronterizo con Etiopía en 1998, el Gobierno ha ampliado arbitrariamente, de 18 meses a un período indeterminado, el estatuto del NMSP. Bajo esta política abusiva la totalidad de los adultos, hombres y mujeres, hasta la edad de 45 años están sujetos a lo que equivale a la esclavitud o al trabajo forzoso, tanto en campamentos militares y trincheras limítrofes con Etiopía como trabajando bajo un estricto régimen militar para corporaciones que son propiedad del Estado y de generales del ejército.

La situación actual podría ser aún peor. Se cree que más de un millón de eritreos viven fuera del país – una de las comunidades de diáspora más grandes del mundo. Por lo tanto, la población nacional podría ser inferior a 2,6 millones. Esto haría que la proporción de población en el ejército fuera cercana al 23%. Según el Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés), un destacado grupo de especialistas en temas de seguridad humana, el límite máximo de movilización militar está normalmente considerado en el 10% de la población total. Más allá de este porcentaje, la sociedad deja de funcionar con normalidad[6].

La académica Nicole Hirt define la "anomia social", como un estado de alteración a gran escala del orden y la desintegración de la sociedad resultante de la incapacidad de una gran parte de la sociedad de realizar aspiraciones personales[7]. En la misma línea, Tricia Redeker Hepner y David O’Kane han investigado el extraño estado de situación en Eritrea empleando el concepto de biopolítica, que definen como "un despliegue de tecnologías disciplinarias dirigido por el Estado hacia individuos y grupos poblacionales[8]." Este estudio señala que Eritrea se ha convertido en el último laboratorio para la experimentación en políticas económicas, sociales y políticas que con anterioridad se habían verificado desastrosas en una serie de regímenes represivos arcaicos.

Dado el alto nivel de movilización militar, no es ninguna sorpresa que el Gobierno de Eritrea sea acusado de apoyar grupos armados que abarcan desde Al Shabab en Somalia a los Tigres Tamiles en Sri Lanka. El alegato anterior es apoyado por expertos de la ONU[9], y dio lugar a una severa sanción adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2009 (Resolución 1907). También es importante tomar en cuenta que Eritrea está dirigida actualmente por un Gobierno que no duda en establecer vínculos con individuos o grupos globalmente condenados por su participación en una serie de actividades ilícitas.

La receta para un Estado fallido

El país está al borde de convertirse en otro Estado fallido en el Cuerno de África, una región descrita como el rincón más conflictivo del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial[10]. Durante las últimas seis décadas, la guerra, el desplazamiento, la pobreza extrema y la represión han sido los sellos distintivos de esta región. En los últimos 20 años Somalia se convirtió en un Estado fallido, y la probabilidad de que Eritrea siga sus pasos no es descabellada. El ICG planteó esta posibilidad en un informe, de septiembre de 2010, que calificó esto como un peligro real en ausencia de una intervención internacional efectiva y oportuna. Dos de los factores principales citados son "la falta generalizada de apoyo para el Gobierno dentro del país y el estado de deterioro del ejército cuya capacidad, tanto para mantener el régimen de Isaias Afwerki como para gestionar con éxito la transición del régimen, es cada vez más cuestionable[11]."

Al negarse a aceptar asistencia humanitaria, bajo el pretexto de la confianza en sí mismos, el Gobierno ha condenado a la población a un sufrimiento prolongado. Recientemente el Gobierno rechazó una oferta de asistencia humanitaria en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en inglés). La decisión fue formalmente anunciada en una carta del Ministro de Hacienda el 25 de enero de 2011[12]. Eritrea ocupa el tercer lugar en el mundo en dependencia de ayuda[13]; la decisión del Gobierno de suspender o cuando menos reducir las actividades del UNDAF se da en un momento en que dicha asistencia es de urgente necesidad para el pueblo eritreo.

Éxodo masivo

A lo largo de su breve historia, Eritrea ha sido uno de los principales países productores de refugiados del mundo. Durante la lucha armada por la liberación, la causa principal del éxodo masivo fue la brutalidad del ejército de ocupación etíope. Después de que el país lograra su independencia en 1991, la emigración disminuyó precipitadamente. Sin embargo, esta tendencia cambió a raíz del conflicto fronterizo con Etiopía acaecido entre 1998 y 2000. Desde septiembre de 2001 la principal causa del éxodo masivo ha sido la brutalidad del Gobierno de Eritrea. Nathaniel Meyers, quien viajó al país a mediados de 2010, cristalizó la situación con su observación de que Prison Break[14] se ha convertido en una de las series de televisión más populares[15]. Esta metáfora describe la tragedia de Eritrea, que se ha convertido en una gigantesca prisión al aire libre donde cada eritreo y cada eritrea se consideran a sí mismos y a sí mismas un preso más mientras que los familiares fuera del país son considerados potenciales salvadores.

Del mismo modo, Gaim Kibreab describe a Eritrea como una sociedad severamente afectada por una "poderosa obsesión de migrar"[16]. El éxodo masivo comienza, por lo general, escapando a través de la frontera hacia Sudán o Etiopía, y continúa hacia Libia y luego hacia la costa italiana, el primer destino europeo de numerosos solicitantes de asilo. Este viaje es extremadamente peligroso. El sufrimiento que padecen los eritreos en el cruce del desierto del Sahara (incluyendo el desierto del Sinaí), y el Mar Mediterráneo es solo comparable a las dificultades extremas representadas en las novelas best-seller o en las películas de aventuras de Hollywood. El trauma y el daño psicológico resultante es difícil de imaginar. Quizás el incidente reciente más descorazonador se produjo en marzo de 2011, cuando una embarcación que transportaba a 335 refugiados que huían del conflicto en Libia de los cuales 325 eran eritreos, zozobró por causas que se desconocen. La totalidad de las personas a bordo, incluyendo mujeres embarazadas y niños, perecieron[17]. Para los eritreos, este fue uno de los desastres más terribles de los últimos tiempos.

No hay cabida para levantamientos populares

Desde finales de 2010 y hasta principios de 2011 una ola de levantamientos populares sin precedentes ha derrocado los regímenes represivos en varios países de África del Norte y de Oriente Medio. Algunos observadores han pronosticado que este recrudecimiento se puede extender a otros países que continúan siendo gobernados por regímenes represivos. En el caso de Eritrea, señala Will Cobbett, esto es muy poco probable que suceda en un futuro próximo por varias razones[18]:

En primer lugar, la totalidad de la población capacitada de Eritrea está estrictamente regimentada por una disciplina militar absoluta como resultado del interminable programa del NMSP. En segundo lugar, Eritrea no tiene ninguna forma de oposición oficial que pudiera generar el tipo de levantamiento popular que ha sido visto en Túnez, Egipto y otros países. En septiembre de 2001, el Gobierno aplastó sin piedad el primer movimiento de reforma post-independentista. Desde entonces no ha surgido ninguna oposición o disidencia interna.

En tercer lugar, uno de los principales catalizadores del cambio en otros países, Internet, está estrechamente controlada por el Gobierno y Eritrea tiene una de las penetraciones más bajas de Internet en el mundo, muy por debajo de la de los países del norte de África y Oriente Medio. Sólo el 4% de los eritreos tienen acceso a Internet, y el Gobierno rápidamente podría cortar este acceso: "no es necesario que Isaias [Afwerki] cierre Twitter o Facebook – pero podría hacerlo si así lo quisiera, ya que él controla el monopolio proveedor de telecomunicaciones –[19]."

Cuarto, teniendo bajo control el único canal de televisión, la única estación de radio y el único periódico (difundido e impreso en cada idioma nacional), el Gobierno tiene un completo monopolio de la información. Según Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, Eritrea se ubica como el último país del mundo en lo que refiere a la libertad de prensa y ha encarcelado a más periodistas que ningún otro país de África[20]. También es el único país de África sin un solo periódico privado o cualquier otro tipo de medio de comunicación. Sin embargo, la posibilidad de una rebelión popular no puede ser del todo descartada.

El camino a seguir

Junto con la constricción del espacio político, eliminada cualquier posibilidad de una oposición oficial o de cualquier forma de disidencia, Eritrea también padece crecientes niveles de aislamiento internacional. En este entorno, que el ICG ha descrito como "el estado de sitio", el país puede a duras penas cumplir a cabalidad su compromiso internacional con el desarrollo sustentable. El crecimiento económico sustentable y el progreso solo pueden acontecer si inmediatamente se resuelve el problema fundamental de la represión política. Esto demandaría que se ejerciera la presión suficiente como para obligar al Gobierno a abrir un espacio político. Como socio principal para el desarrollo del país, la Unión Europea (UE) cuenta con una amplia influencia diplomática y política. Una forma en que podría utilizar esto es haciendo que la futura ayuda al desarrollo dependa de la abolición del indefinido NMSP, de la celebración de elecciones nacionales largamente prometida, de la implementación de la constitución largamente retrasada y de la liberación de los presos políticos y de otros prisioneros. Estas son algunas de las medidas más importantes que deben preceder a la planificación a largo plazo para el desarrollo sustentable.

Menos desigualdad, un poco más de fraternidad

Secours-Catholique / Catholic AID
Grégoire Niaudet

La crisis económica ha incidido negativamente en la sociedad francesa. Si bien la economía ha repuntado, el desempleo y la desigualdad han aumentado, a la vez que la competitividad aumenta en detrimento de valores como la fraternidad y la solidaridad. Mientras, el país se ve amenazado por importantes problemas ambientales, entre ellos la contaminación del aire y del agua y la pérdida de ecosistemas. Los compromisos asumidos en pos del desarrollo sustentable deben ser pensados, más allá de las fronteras nacionales y europeas, en relación a su impacto mundial. La sociedad civil debe aportar al debate de las próximas elecciones presidenciales. 

El país ha sido fuertemente afectado por la crisis económica mundial.  La base de protección social y los amortiguadores sociales de que dispone han permitido atenuar en parte las consecuencias de la crisis, pero el desempleo, la principal preocupación de los franceses, ha alcanzado a cerca del 10% de la población activa. Esto va acompañado de un nivel de deuda pública preocupante, propulsado por el prolongado desequilibrio de la balanza de comercio exterior y además por un notorio déficit de competitividad. A nivel social, se traduce en un empobrecimiento de las poblaciones más frágiles y en una acentuación de las desigualdades que beneficia a los sectores más ricos de la sociedad.

El “Preámbulo” de la Constitución de 1946 hacía de los derechos sociales prerrogativas de los ciudadanos. El aparato de seguridad social del Estado del bienestar combinaba un mecanismo de seguro con un sistema de financiamiento, a través de impuestos, destinado a asegurar prestaciones uniformes para todos los miembros de la sociedad. En el núcleo de este modelo de redistribución estaba el trabajo, como principal medio de acceso  a los derechos. Ahora bien, desde la década de 1970 y la aparición del desempleo en masa, el Estado de Bienestar ha sufrido una crisis que es al mismo tiempo financiera, de legitimidad y de eficiencia. El sistema de redistribución horizontal pierde fuerza mientras que una parte creciente de la población ya no puede participar en el sistema de seguros. La incertidumbre frente al futuro refuerza la presión sobre los medios profesionales, pero a su vez sobre los individuos. El trabajo ha dejado de ser sinónimo de bienestar. Las exigencias de productividad y de eficiencia actúan como fuentes de presión y de malestar, dando paso a un mundo laboral extremadamente duro, excluyente y exigente.

Creciente desigualdad

El año 2011 fue de repunte económico, pero los beneficios de ese crecimiento favorecieron únicamente a los más ricos. Las desigualdades van en aumento: un estudio del Instituto nacional de estadística y estudios económicos (INSEE, por sus iniciales en francés) publicado en abril de 2011, mostró que, entre 2004 y 2007, los ingresos más altos aumentaron en forma más rápida que los del conjunto de la población. Para el 90% de la población, el crecimiento conjunto de los ingresos fue levemente inferior a un 10%; sin embargo, para el 1% de la población que cobra más de 84.500 euros (115.798 USD) lo fue de un 20 a un 40%. Una repartición más justa de la riqueza, entonces, vuelve necesaria una reforma de la fiscalidad, un agravamiento impositivo del capital y también la reducción o la supresión de ciertos nichos fiscales.

Los motores del incremento de la desigualdad en los países desarrollados son claros: la contrarreforma fiscal caracterizada por la baja en los niveles de imposición sobre los más ricos, la explosión de los ingresos financieros y las reorganizaciones productivas. En el contexto de la evolución de la crisis, además, estos fenómenos no dejan de acentuarse, ya que los Estados, a efectos de asegurar las prerrogativas de las finanzas, absorbieron la parte principal del costo de la crisis concediendo préstamos a los bancos. Y como corolario de ello han sido implementadas políticas de austeridad en numerosos países, que pesan fuertemente sobre los sectores más vulnerables de sus poblaciones, agudizando las desigualdades.

Ahora bien, las soluciones ofrecidas en términos de desarrollo social –desde hace unos treinta años– y de desarrollo sustentable –desde hace 15 años–, no están a la altura de los desafíos identificados. La visión social del desarrollo sustentable deberá apoyarse en varias prioridades: la reafirmación de los derechos fundamentales y la necesidad de cuestionar nuestras necesidades; la cooperación de los actores y la participación de cada uno a efectos de enriquecer los proyectos locales, y más ampliamente, contribuir a la renovación de las políticas públicas locales.

En el contexto de crisis, estas nociones deben definir las prioridades del desarrollo social sustentable. Las preocupaciones relacionales bregan por adoptar una visión integrada de los desafíos sociales, medioambientales y económicos, por el acceso a los recursos para todos y la redistribución de las riquezas. El desafío social y democrático encontrará sus respuestas en nuevas perspectivas colectivas, en torno a un proyecto de futuro compartido que tenga sentido para cada individuo. El desarrollo sustentable es también dar a cada uno un lugar en la co-construcción del futuro, ofreciéndole los medios de desarrollar sus propios talentos dentro de una sociedad que tenga una fuerte dimensión relacional.

La acentuación de las desigualdades, la degradación de la protección social, la individualización de los riesgos y la incertidumbre en cuanto al futuro conducen a comportamientos individualistas debido a la falta de una clara estrategia colectiva; ahora bien, lo que se vuelve necesario para enfrentar los desafíos del cambio climático es precisamente un compromiso colectivo, de manera que en tanto sociedad sean repensadas las pautas de consumo y los modos de vida, para acercarse a un modelo de desarrollo sustentable.

Las elecciones presidenciales fijadas para el primer semestre del 2012, así como la presidencia francesa del G20, ofrecen la oportunidad a la sociedad civil de aportar al debate. Deben ser también la ocasión de abrir nuevas vías, de repensar los objetivos y la estrategia del desarrollo económico y del progreso social y de orientar nuestras sociedades hacia un cambio de paradigma, conducido por una transición social y ecológica. Reconstruir la justicia y la cohesión social es un medio de salir de la crisis y no un lujo al cual hay que renunciar.

Menos sustentable, más vulnerable

Unnayan Shamannay
Md. Akhter Hossain, Miembro investigador
EquityBD
Rezaul Karim Choudhury, Moderador jefe
Shamunnay
Suzana Karim, Investigador asociado

Muy pocos países se ven tan severamente afectados por el cambio climático como Bangladesh, pese a que descarga una cantidad mínima de emisiones de carbono en la atmósfera. Además, los esfuerzos realizados por el Gobierno para abordar la sustentabilidad han sido insuficientes. Los temas medioambientales tales como la superpoblación y las deterioradas condiciones de vida en las principales ciudades no están siendo abordados. Los migrantes climáticos están desestabilizando una economía que ya resulta insustentable y que convierte al país en uno de los más vulnerables a la escasez de alimentos y a las catástrofes naturales.

Diecinueve años después de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 es tiempo de volver sobre sus principios. La segunda proposición señala: "los Estados tienen, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar para que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional". El impacto del cambio climático sobre Bangladesh resulta claro, y en última instancia es causado por el mal uso de los recursos naturales por parte de las naciones desarrolladas,  a las que corresponde proporcionar una compensación.

La proposición Nº 8 establece que "para lograr el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar los patrones de producción y consumo no sustentables y fomentar políticas demográficas apropiadas". Sin embargo, los estilos de vida de los países desarrollados se apoyan en el uso de combustibles fósiles y, por tanto, están basados en un "patrón no sustentable de producción". No solo son finitos los recursos de hidrocarburos; también son una de las principales causas de la degradación medioambiental y del cambio climático. Los responsables de las políticas en los países desarrollados no han logrado limitar las emisiones ni tampoco proponer modelos alternativos de producción viables y formas de vida que apoyen la igualdad de los derechos medioambientales de todos los ciudadanos del mundo.

Una economía no sustentable

El país ha obtenido en los últimos años numerosos objetivos de desarrollo. Por ejemplo:

• El ingreso per cápita ha aumentado, alcanzando USD 780 en 2011[1].
• La matriculación en la escuela primaria ha aumentado un 90% en las últimas décadas[2].
• La tasa de mortalidad infantil se ha reducido de 71,66 en 2000 a 50,73 en 2011[3].
• La esperanza de vida ha aumentado, de 50 años a más de 65 años en las últimas dos décadas[4].
• Las exportaciones se han más que triplicado entre 1998 y 2010, pasando de USD 5,1 mil millones a  USD 16,24[5].

Más allá de estos logros, el Gobierno interino de Fakhruddin Ahmed (2007-09) siguió un modelo no sustentable que no logró mejorar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, sus medidas adulteradoras condujeron a que numerosos importadores y comerciantes cesaran la importación y distribución de alimentos[6]. Además, el Gobierno hizo de la fuerza paramilitar, la Guardia de Fronteras de Bangladesh (en aquél entonces conocida como  “los Rifles de Bangladesh”), la única distribuidora de alimentos subsidiados entre las personas pobres, a pesar de su larga historia de corrupción (especialmente en el contrabando) y la falta de experiencia en este campo.

Después de que un paquete de subsidios volviera más accesible el empleo de plaguicidas y fertilizantes, el uso excesivo de estos productos químicos no sólo ha disminuido la fertilidad del suelo sino que también ha representado una amenaza para la salud humana[7]. La política del Gobierno resulta claramente no sustentable, puesto que viola los dictados de la planificación a largo plazo e ignora el más que sabido vínculo entre los fertilizantes y el agotamiento y erosión del suelo. Este enfoque erróneo es particularmente cruel en un país tan vulnerable a los desastres naturales y al cambio climático como Bangladesh. Si no cambian en los próximos años, estas políticas harán que empeoren las ya malas condiciones de vida del pueblo de Bangladesh.

Amenazas medioambientales

La superpoblación es la principal causa de degradación medioambiental[8] y de agotamiento de los recursos[9]. Las amenazas incluyen deforestación y erosión del suelo; escasez de agua potable, debida principalmente al volumen de la población, a la depuración inadecuada, y a la propagación de contaminantes sin tratar[10]. Incluso Dhaka, la capital, carece de suministro ininterrumpido de agua. En algunos distritos, el agua está disponible solo de dos a cuatro horas por día; durante la estación seca, entre enero y marzo, son frecuentes los cortes en el abastecimiento[11]. En 1993, investigadores descubrieron que las aguas subterráneas del país (la fuente de agua potable para el 97% de la población rural) estaban contaminadas de modo natural con arsénico; a pesar de los esfuerzos del Gobierno, todavía en 2008 más de 70 millones de personas continuaban bebiendo agua que excedía los niveles permitidos[12]. El agua residual en la superficie a menudo se encuentra contaminada por excrementos humanos, así como por residuos urbanos e industriales. El sistema de alcantarillado continúa siendo insuficiente; de hecho, el país sólo posee una planta de tratamiento.

Un infierno urbano

La migración desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas representa una de las mayores preocupaciones del país; cada año, otras 500.000 personas llegan a Dhaka. La ciudad carece de infraestructura para dar cabida a sus actuales residentes, de los cuales casi el 45% vive en asentamientos informales y en barrios con condiciones de vida que no cumplen con los requisitos de habitabilidad[13]. Las principales causas de esta migración incluyen catástrofes naturales tales como sequías, inundaciones, ciclones, la pérdida de tierras agrícolas debido a la erosión del río y la ausencia de un mercado de trabajo viable en las zonas rurales[14]. Escasos son los emigrantes que encuentran mejores condiciones de vida en las ciudades: el ingreso familiar promedio en las zonas urbanas es de apenas USD 1 por día[15].

Esta situación insostenible asienta sus raíces en la histórica ausencia de esfuerzos de planificación y desarrollo sustentable a largo plazo. Los gobiernos, durante las últimas dos décadas, han desatendido la producción agrícola e implementado unas pocas medidas para planificar o regular el crecimiento urbano. Además, alentaron la centralización, desatendieron el desarrollo rural y no consiguieron aumentar las oportunidades en otras ciudades aparte de la capital. Como resultado, se ha acentuado el desequilibrio geográfico en el ingreso: Dhaka controla alrededor del 70% de la oferta monetaria del país y atrae casi el 60% de la inversión total[16]. El Gobierno ha introducido algunas medidas para impulsar la producción agrícola, pero no ha abordado aún los temas urgentes de urbanización. Dhaka, de hecho, está convirtiéndose en un infierno urbano. La contaminación del aire, producida en su mayor parte por autobuses y camiones, está acrecentándose. Una multitud de personas caminan por las calles en una marea humana, a la vez que el crimen y la violencia no dejan de aumentar.

Recomendaciones

Resulta imperioso abordar los derechos de los migrantes climáticos enunciados en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Debe ser constituido un nuevo organismo de la ONU para administrar la rehabilitación de estos derechos. El punto Nº 13 de la Declaración de Río enuncia la obligación de proveer una compensación por el deterioro debido a la contaminación y el daño medioambiental; el nuevo organismo puede actuar como coordinador para administrar el fondo de compensación.

Si creemos que todo ciudadano del mundo tiene derecho al alimento, debe ser diseñado un nuevo orden alimentario mundial para reemplazar al actual orden alimentario mundial basado en el mercado, que de hecho aumenta el hambre.
Los países desarrollados son históricamente responsables de los daños climáticos, lo que resulta particularmente evidente en el caso de Bangladesh, debido a que éste país es responsable de una minúscula parte de las emisiones mundiales de carbono, a pesar de eso sufre mucho más daño debido al cambio climático que los países tienen una contribución mucho mayor al efecto invernadero. Como deja en claro el Principio Nº 9 de la Declaración de Río los países desarrollados tienen una obligación de mitigar el impacto negativo del cambio climático mediante el desarrollo de tecnologías sustentables y medioambientalmente amigables y de transferir las mismas a los países en vías de desarrollo y a los menos desarrollados.

Mientras el Gobierno impone silencio, la alarma ambiental crece

CRADEC (Centre Régional Africain pour le Développement Endogène et Communautaire)
Dynamique Citoyenne
Jean Mballa Mballa

En un país en el que más de la mitad de la población está desempleada y el 51% de la gente vive con menos de dos dólares diarios, se vuelve cada vez más necesario un manejo inteligente y sustentable de los recursos naturales. Pero el modelo de desarrollo del  Gobierno no es sustentable. La desertificación y la pérdida de biodiversidad son problemas serios, y de no revertirse esas tendencias el bienestar de la población se verá aún más comprometido. La represa de Lom y Pangar desplazará a miles de miles de personas y ocasionará la ruina de uno de los ecosistemas más ricos del territorio.

El país se benefició del aumento de precios del aceite y el cacao a mediados de la década del 2000, pero una inflación creciente [1] y una notoria desigualdad en el reparto de la riqueza (con un índice GINI de 47,7 para 2009[2]) han profundizado la vulnerabilidad económica de Camerún. De hecho, según los últimos datos disponibles, el 51% de la población vive con menos de 2 dólares diarios y el 17% con menos de uno[3]. Las medidas anunciadas por el Gobierno para potenciar la economía, sin embargo, son, a todas luces, apuestas por un modelo de desarrollo no sustentable.

Entre los proyectos adoptados se encuentra la represa en los ríos Lom y Pangar, que, según voceros del Gobierno, aliviaría la escasez energética y estimularía el crecimiento económico. Sin embargo, ha sido señalado que el principal beneficiario de la instalación de esta represa será la industria minera Alucam, que consume alrededor de un tercio de la energía eléctrica generada en el país[4].

La construcción de esta represa no solamente ocasionará el desplazamiento de comunidades enteras sino además una importante pérdida de biodiversidad; muchas especies de animales, entre ellas gorilas y chimpancés, deberán desplazarse al ser destruido su habitat natural tanto por la creación del embalse como por la tala de las selvas circundantes implicada por la construcción de carreteras que conecten la represa a los ciudades más cercanas. El Gobierno, así, apuesta por potenciar fuentes de energía con un alto potencial de daño al medio ambiente, además de ofrecer más facilidades a empresas basadas en modelos no sustentables y extractivistas.

La cuenta potencial de personas desplazadas ascendía a 28.000 en 2009, e involucraba también a minorías históricamente discriminadas como el pueblo baka[5].

Esta falta de respeto del Gobierno en relación a las comunidades tiene como antecedente la construcción del oleoducto Chad-Camerún, lanzado en 2000 con el apoyo de Petronas Malasia, ExxonMobil y Chevron. Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2005 señalaba que este proyecto podía “congelar la protección de los derechos humanos durante las próximas décadas para los miles de personas que viven en su trazado”[6]. Este proyecto también implicó el desplazamiento de grandes sectores de la población; los agricultores de la región denunciaron que estaba siéndoles negado el acceso a sus tierras y que ExxonMobil se negaba a devolvérselas o indemnizarlos; algunos pueblos, además, fueron privados de su único acceso al agua potable[7].

Los contratos firmados por el Gobierno no especificaban obligaciones que habrían de contraer las empresas involucradas; asimismo, los acuerdos que llevaron a la puesta en marcha del proyecto carecieron de transparencia al ser declarados de confidencialidad comercial y quedando, por tanto, protegidos del examen público[8]. El Gobierno presentó al proyecto como una oportunidad para el desarrollo, que permitiría la construcción de escuelas y una mejor cobertura de servicios de salud. Esas promesas no fueron cumplidas, y el Gobierno detuvo e intimidó a muchos detractores del proyecto[9].

Imponiendo el silencio

En 2008 una propuesta de reforma constitucional lanzada por el presidente Paul Biya provocó diversas protestas en las principales ciudades del país. Estas manifestaciones fueron reprimidas violentamente, resultando en la muerte de aproximadamente 100 personas, entre manifestantes y fuerzas del Gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil que se unieron a la protesta han señalado reiteradamente el carácter autárquico del régimen de Biya, que gobierna el país desde 1982 reafirmándose en el cargo a través de elecciones consideradas fraudulentas[10]. En febrero de 2011, las fuerzas de Biya reprimieron violentamente una protesta en la que cobraron especial relieve las figuras de la oposición Louis Tobie Mbida y Kah Walla, ambos candidatos propuestos para las elecciones a celebrarse en octubre de 2011. Tanto Mbida como Walla denunciaron haber sido maltratados por las fuerzas represoras, que habían sido alertadas de las posibles protestas con considerable anticipación[11].

El Gobierno no ha escatimado medidas a la hora de silenciar las voces de la oposición. Por ejemplo, en marzo fue suprimido un servicio de SMS que aportaban acceso a la red social Twitter, ampliamente usado por los miembros de organizaciones de la sociedad civil a la hora de organizar protestas[12] .

Desempleo

Según un estudio divulgado en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística, el número de desempleados para ese año era de 12 millones de personas, un número especialmente terrible si tenemos en cuenta que la población del país es de aproximadamente 18,2 millones[13].

Entre los planes del Gobierno para reducir este número está la creación de puestos de trabajo para jóvenes que abandonan la educación secundaria; para el mes de abril los aspirantes a esos trabajos eran unos 350.000[14]. Sin embargo, ha sido señalado por la oposición que, detrás de este programa, se esconden maniobras fraudulentas; de hecho, algunos observadores internacionales han declarado que los procesos por los cuales los jóvenes solicitantes obtienen efectivamente sus trabajos son como mínimo poco transparentes[15]. Además, misiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial han llamado la atención sobre lo difícil que sería para el Gobierno costear los nuevos puestos creados en el sector público[16].

El compromiso inicial de reclutar al menos 25.000 trabajadores, de hecho, ha sido pospuesto por el Gobierno. En mayo, Emmanuel Bonde, Ministro de Servicio Público y Reformas Administrativas, declaró que el compromiso original del presidente Biya sería reemplazado por un programa de “reclutamiento gradual”[17].

Desertificación

La desertificación es uno de los problemas ecológicos más acuciantes en Camerún. Para los primeros años del siglo XXI, el norte del país había sido severamente afectado por este proceso, que amenazaba con alcanzar las selvas de la región central[18]. En los últimos años el fenómeno se ha intensificado, trayendo aparejada degradación del suelo, inseguridad alimentaria, incremento de la pobreza y migraciones masivas fuera de las áreas áridas del norte[19].

Una de las causas de deforestación en el país es el cultivo de cacao. Las prácticas de explotación de este recurso han implicado tradicionalmente despejar áreas forestadas; la alarmante situación presente está indudablemente vinculada al espaldarazo dado por el Gobierno en la década de 1980 a la producción de cacao; cuando los precios bajaron en los mercados mundiales, la respuesta del Gobierno fue aumentar aun más la producción, para lo que todavía más áreas de selva tropical debieron ser despejadas. En el presente el ecosistema del país está pagando las consecuencias de ese modelo de desarrollo extractivista e insostenible[20].

En cualquier caso, la riqueza producida a costa de la depredación de las selvas tropicales del país no ha mejorado la situación de su gente. De hecho, no ha logrado más que empeorar la pobreza de los pueblos especialmente dependientes de los recursos presentes en la selva.

Los principales desafíos planteados por la desertificación en la actualidad son: fuentes de agua potable agotadas en las ciudades de Mbouda, Kumbo y Nkambe, entre otras; erosión del suelo y pérdida de fertilidad que inciden sobre el riesgo de avalanchas e inundación, por ejemplo en la ciudad de Bamenda; inundaciones y tormentas de arena y polvo en las regiones septentrionales del país; pérdida de cobertura de vegetación, contaminación de las reservas de agua, salinización y alcalinización de los suelos, apreciables a lo largo del territorio inclusive en la zona verde tropical [21].

El proceso de desertificación se ve agravado, además de por el modelo de desarrollo no sustentable promulgado por el Gobierno y por la actividad informal de talado practicada por los sectores más pobres de la población, que sucede incluso en las reservas.

Pérdida de biodiversidad

La desertificación no es el único desafío ambiental que enfrenta el país. La biodiversidad, por ejemplo, también está en peligro debido a prácticas de caza y pesca exctractivistas y no sustentables, y además a la pérdida del 40% del ecosistema de los pantanos de manglares[22]. De un total de 409 especies de mamíferos presentes en el territorio, 32 se encuentran en peligro de extinción, a la vez que 14 especies de aves (sobre un total de 690), tres de reptiles, una de anfibios y 26 de peces de agua dulce también corren el mismo riesgo, junto, además, a 67 especies vegetales[23] .

Conclusión

Si bien el Gobierno lanzó un Plan Nacional de Acción por la Lucha contra la Desertificación –que estableció a través de diversos estudios las causas y el impacto de este fenómeno, a la vez que delineó estrategias para lidiar con la situación– y a manifestado su adhesión a los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (UNCCD), ninguno de estos esfuerzos ha logrado progresos apreciables, por lo que la desertificación y la erosión del suelo han ido en aumento [24].

El panorama general hace dudar que los objetivos del Documento Estratégico para el Crecimiento y el Empleo (DSCE, ver recuadro) puedan ser cumplidos, por lo que está claro que el Gobierno debería por lo tanto establecer un plan de acción más realista. La falta de información en cuanto a los objetivos y logros del DSCE debe ser resuelta con una campaña más efectiva que mantenga informados a los ciudadanos[25]. Un serio obstáculo consiste en que el proceso de monitoreo de los objetivos del DSCE se ve obstaculizado por la falta de datos. A las organizaciones de la Sociedad Civil se les debe permitir mayor acceso a los indicadores de importancia a la hora de examinar el progreso de los planes del Gobierno. En términos generales, hay una gran necesidad de mayor transparencia.

Minería a gran escala, insistiendo en el desarrollo insostenible

Francisco Hurtado
Centro de Derechos Económicos y Sociales

La entrada en vigencia, en octubre de 2008, de la Constitución del Ecuador plantea para el Estado nuevos retos frente a su obligación, y máximo deber de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente.  En ella, adicional al reconocimiento de derechos humanos, individuales y colectivos, se reconoce también, como nuevo sujeto de derechos, a la Naturaleza o Pachamama. Este gesto esperanzador no refleja, sin embargo, toda la realidad del modelo extractivista  ecuatoriano.

El Art. 71 de la nueva Constitución ecuatoriana reconoce el derecho de la naturaleza a “que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” [1], y se legitima a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades la posibilidad de exigir a los poderes públicos su cumplimiento.  Esto se traduce en la obligación del estado de garantizarlos, prevenir su violación, e incluso la responsabilidad de restauración de los ecosistemas, independiente del derecho a la reparación que las personas, individual y colectivamente, tienen garantizada por la violación de derechos humanos.

De ese modo, la concepción misma del reconocimiento del derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el desarrollo de la gestión ambiental, fundamentados en el concepto de desarrollo sostenible, entran en tensión por el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, al reconocerle valores intrínsecos más allá de los bienes y servicios que representa a la humanidad.

El desarrollo sostenible

La cada vez más acelerada explotación de recursos naturales en los siglos XIX y XX ha permitido constatar la existencia y superación de los límites máximos de explotación de determinados recursos naturales, sobre todo los no renovables, y ha evidenciado los límites físicos del planeta frente al crecimiento de la producción y el consumo de las sociedades.  Desde el punto de vista ecológico, esto ha implicado la degradación, cada vez más aguda, de diversos ecosistemas a lo largo del mundo, causada por la necesidad de aplicar procesos de extracción de recursos naturales cada vez más intensivos que permitan aprovecharlos al máximo; produciendo globalmente una serie de impactos como la degradación de los suelos, la desaparición de especies de flora y fauna, contaminación del agua, elevados niveles de contaminantes atmosféricos, y la deforestación y desertificación a nivel mundial, entre varios otros; y por otra parte, los impactos sociales y culturales en varias comunidades y pueblos a lo largo del mundo, cuya evidencia más dramática ha sido la extinción de pueblos originarios.

Si bien, en la década de los setenta y ochenta, la preocupación por la preservación del ambiente frente a los impactos provocados por la actividad humana trasciende a la discusión política de los organismos internacionales, y produce la lenta y paulatina incorporación de normas ambientales en los ordenamientos jurídicos de los Estados, incluidos el reconocimiento del derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el desarrollo de la gestión ambiental; es necesario analizar cómo esa preocupación ambiental se ha enmarcado en el concepto de desarrollo.

El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

El surgimiento del desarrollo sostenible no implicó una crítica a la lógica de acumulación capitalista como causa estructural de los impactos ambientales, y como consecuencia el derecho humano de vivir en un ambiente sano, y al contrario se concretó en el surgimiento de la gestión ambiental (con distintas modalidades en cada país) por la cual se incorporan procesos de evaluación de impactos ambientales como mecanismo para reducir y eliminar modos de producción y consumo insostenibles, e incluso llegó a incorporar la posibilidad de la participación ciudadana en esa gestión, a través de procesos de información adecuada sobre el medio ambiente, y la posibilidad y oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones, fundamento de lo que hoy se conocer en Ecuador como derecho a la consulta ambiental.

Sin embargo, esa gestión ambiental no busca en sí mismo la protección de la naturaleza (de los ecosistemas y de la población que en ellos habita) bajo la consideración de los valores intrínsecos que tiene para la existencia de la vida, sino que refuerza el discurso del desarrollo y por tanto del crecimiento económico, buscando mecanismos que permitan garantizar un uso más eficiente de los recursos naturales en el tiempo, alentando al desarrollo técnico y científico, el cual, se dice, permitirá producir más con menos recursos naturales.

La minería a gran escala en Ecuador

En el Ecuador, la extracción de recursos naturales, principalmente de petróleo, ejemplifican el acelerado deterioro de los ecosistemas y de las condiciones de vida de las poblaciones impactadas. De acuerdo a los datos del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) [2], la mayoría de los poblados asentados en los alrededores de los campos petroleros están por encima del promedio de pobreza del país[3], y soporta gravísimos impactos ambientales[4].

En la actualidad el inminente inicio de la fase de explotación de proyectos de minería metálica a gran escala constituye uno de los procesos de mayor conflictividad en el Ecuador.  Desde la década de los 90, los distintos gobiernos han preparado las condiciones adecuadas para su desarrollo en función de su potencial, a decir de esos gobiernos, para generar importantes recursos para el Estado y garantizar el desarrollo del país.

Tanto el Proyecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA) y la aprobación de la Ley de Minería en 1991, procesos auspiciados por el Banco Mundial, significaron el inicio de la política ecuatoriana para el desarrollo paulatino de la minería a gran escala en Ecuador cuyo objetivo primordial ha sido generar condiciones favorables para las inversiones privadas.  Desde entonces, varias empresas transnacionales se convirtieron en concesionarias del Estado para iniciar actividades de prospección y exploración, que llegaron a representar, al 2007, 2,8 millones de hectáreas, de las cuales casi la mitad correspondían a minería metálica [5].

Esto provocó la reacción de varias comunidades campesinas e indígenas directamente afectadas por los impactos socioambientales generados por las empresas, entre ellos la contaminación del agua y de la tierra, acaparamiento y tráfico de tierras, y el consecuente control del territorio concesionado.  La resistencia de Íntag, en la provincia de Imbabura, es emblemática, sus comuneros impidieron en un primer momento los trabajos de la empresa japonesa Bishimetals (1997), y posteriormente de la canadiense Ascendant Cooper (2006).  Esas acciones de resistencia junto a otras ocurridas en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, llevaron incluso a la suspensión de actividades para varias empresas en el año 2007[6].

El inicio de la minería a gran escala y el proceso de resistencia

En los años recientes, pese a que la Asamblea Nacional Constituyente expidió el Mandato Constituyente No. 6 que dispuso la reversión de concesiones mineras al Estado, el gobierno nacional, después de la entrada en vigencia de la Constitución, envió un proyecto de Ley de Minería que fue aprobado por la Asamblea Nacional, e identificó, además, 5 proyectos de minería a gran escala como estratégicos para la consecución del Plan Nacional de Desarrollo[7].

En la actualidad el Ecuador cuenta ya con el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2011 – 2015 que prevé aproximadamente 21 depósitos de minerales a gran escala en varias provincias del territorio, describe la participación del Estado en la renta minera a través de las regalías y los impuestos que la empresas privadas deben pagar, así como las políticas de gestion ambiental y social de esta actividad ; el Estado además ha consolidado el ordenamiento jurídico suficiente para el desarrollo de esta actividad[8] y está negociando cinco contratos de explotación minera con empresas trasnacionales, una de las cuales una ya ha recibido licencia ambiental para la fase de explotación[9].

De su parte, las comunidades indígenas y campesinas directamente impactadas siguen en movilización y resistencia permanente, pese a la presión que ejerce el gobierno nacional, sea a través del discurso del desarrollo en el que se acusa a las comunidades de primitivismo político y de querer impedir la generación de recursos para el Presupuesto del Estado y por tanto el crecimiento económico del Ecuador[10]; e incluso a través de estrategias más directas como el uso del ordenamiento jurídico penal para procesar los conflictos a través de la persecución y criminalización de la población, a través de delitos como el terrorismo o el sabotaje[11].

Una mirada alternativa al desarrollo

El inicio de proyectos de minería metálica a gran escala en el Ecuador han generado y seguirán generando procesos de movilización social y resistencia frente a los impactos  reales y potenciales, sociales y ambientales, que conlleva.  Esa tensión entre el gobierno y las comunidades indígenas y campesinas impactadas tienen como fondo la discusión política sobre el modelo de desarrollo propuesto.

La Constitución Política del Ecuador de 2008 tiene disposiciones que deben ser analizadas integralmente y más allá de su interpretación o aplicación jurídica.  Así, garantizar los derechos de la naturaleza junto con los derechos humanos, individuales y colectivos, no sólo constituye deber ineludible del Estado, sino que plantea la necesidad de pensar y construir una propuesta alternativa al actual modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales como posibilidad del crecimiento económico de la sociedad.

El discurso del desarrollo sostenible, por tanto, no puede ser considerado alternativo, menos aún crítico, pues no cuestiona la ideología del progreso, tan solo encubre con una fachada de preocupación ambiental la continuidad del modelo capitalista imperante, en que la naturaleza sigue siendo fuente de recursos naturales, aunque se diga que se pretende preservar, con el avance técnico y científico, su aprovechamiento para las futuras generaciones.

Así, el inicio de la minería a gran escala en Ecuador reafirma el discurso del desarrollo sostenible, su modificación respecto del proyecto neoliberal tiene relación sólo con la mayor participación del Estado en la renta que genera, pero en nada afecta al modo en que se efectúa toda la actividad, pues esta ha sido delegada a empresas transnacionales privadas, responsables globalmente de los impactos más intensivos para diversos ecosistemas en que varias comunidades recrean sus vidas, comunidades que precisamente exigen transitar hacia nuevas alternativas que garanticen una vida integralmente digna, de los ecosistemas, las especies y los seres humanos que en ellos habitan.

En definitiva, el gobierno nacional, pese a la imagen internacional que ha construido sobre las posibles salidas postextractivistas (reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y del sumak kawsay como propuestas alternativas al desarrollo, e incluso la intención de mantener el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación económica internacional expresada en la propuesta Yasuní-ITT[12]), insiste en ampliar la frontera extractiva, en este caso la minera, evidenciando una profundización de la dependencia del Ecuador en la explotación de recursos naturales, con la consecuente profundización de vulneración de derechos humanos de las poblaciones afectadas por estas actividades, bajo el supuesto de obtener ingresos para el Estado que permitan conseguir el desarrollo.

Recuadro: Los pozos que algunos no quieren ver

Mientras el Gobierno ecuatoriano y algunos actores sociales insisten en la sustentabilidad del proyecto minero, la realidad es muy otra en las áreas mineras y petrolíferas del país. Según un informe sobre la sustentabilidad de la minería en el país, la explotación del yacimiento de cobre de Mirador, en la cordillera del Cóndor, a cargo de la empresa china CCRC-Tongguan, generará al menos 326 millones de toneladas de desechos, el equivalente a cuatro cerros como El Panecillo de Quito, y un volumen cercano a la recolección de basura de Guayaquil durante 405 años. La explotación del depósito de Fruta del Norte, con 11,8 millones de onzas de oro, provocaría 384 millones de toneladas de desechos. Para el Gobierno la apuesta es válida, tomando en cuenta que estima que la contribución del sector a la economía del país crecerá hasta los USD 37.000 millones en los próximos veinte años[13]. Ante esta realidad otra propuesta de desarrollo parecer ser retórica y discursiva.

Muchas promesas, escaso compromiso real

Fundación Terram
Luz M. Fariña
Flavia Liberona

El modelo de desarrollo aplicado en el país continúa anclado a los preceptos del extractivismo, en tanto el Gobierno insiste en apostar por fuentes de energía como el carbón, de alto impacto ecológico. Si bien Chile se ha comprometido en escenarios internacionales a adoptar políticas más atentas al medio ambiente, estas promesas apenas se han visto confirmadas por los hechos. Chile necesita urgentemente implementar una nueva institucionalidad ambiental, diseñar una nueva política energética, generar regulaciones relativas a la biodiversidad, modificar la matriz eléctrica e incluir a la sociedad civil en el debate sobre desarrollo sustentable.

Si bien en los casi 20 años que han transcurrido desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro (en adelante Río 92), Chile ha experimentado fuertes cambios en el ámbito político, económico, ambiental y social, el modelo económico extractivista ha persistido. Manteniendo como eje de la economía las exportaciones de recursos naturales con bajo nivel de procesamiento, se ha continuado haciendo una fuerte apuesta por la explotación del medio ambiente, particularmente en sectores como minería, pesca, acuicultura, agricultura y silvicultura.

Río 92 diseñó una serie de compromisos y acuerdos ratificados por más de 100 naciones, bajo la propuesta de pensar modelos de desarrollo sustentable. Si bien Chile firmó todos los acuerdos emanados de la conferencia, sus progresos en esas áreas han sido prácticamente nulos. Por ejemplo, no se ha alcanzado una ley de protección de la biodiversidad, no existe un marco regulatorio que proteja el patrimonio filogenético y sus usos tradicionales ni tampoco un catastro de especies amenazadas o planes de recuperación de las mismas. La debilidad de las regulaciones, además, ha permitido la introducción y cultivo de organismos transgénicos que afectan (según establecen organismos como Greenpeace[1]) negativamente la seguridad alimentaria debido al sistema de patentes que regula su utilización y que, además, según muchos, constituyen una amenaza al medioambiente y a la salud[2].

Las sucesivas administraciones de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (1990 a 2010) asumieron una agenda pro-crecimiento neoliberal en beneficio de  grandes grupos empresariales, consolidando el modelo exportador y profundizando la brecha social y económica al interior del país. Prueba de esto, es que aunque,  según el fondo monetario internacional, el país al año 2008 presentaba el ingreso per cápita más elevado del continente – cercano a los USD 14.600[3]–, la distribución efectiva de este ingreso – medida a través del Coeficiente GINI – sitúa a Chile dentro de las más desiguales a nivel mundial, con un coeficiente de 0,55, según informó Mideplan a través de la encuesta CASEN al año 2009[4].

A lo largo de la primera década del siglo XXI se constató un “reverdecimiento” de la imagen de Chile producto de requerimientos internacionales, pero esto no se ha visto traducido en un mejor ejercicio de la democracia ni en un mayor respeto por el medio ambiente.  Con la promulgación de Ley General de Bases sobre Medio Ambiente (1994) y del reglamento que la hizo operativa (1997), se debía mejorar el sistema de gestión ambiental, desarrollando instrumentos de comando y control, tales como normas de calidad y emisiones al agua, aire y suelo. Sin embargo, tras más de una década de aplicación de la ley, éstas han sido implementadas en un bajo porcentaje. Tampoco se desarrollaron sistemas de  protección y conservación de los recursos naturales y gestión de la naturaleza  acorde con los parámetros internacionales, tal como lo señala el informe de la OCDE de 2005[5]. La ley ambiental, en la práctica, sólo generó un sistema de ventanilla única para obtener permisos ambientales para proyectos de inversión nacionales o extranjeros.

De hecho, cabe preguntarse si es posible la sustentabilidad en un país depredado, donde las aguas se entregan gratis y a perpetuidad a grandes consorcios empresariales extranjeros, donde el cobre es extraído sin resguardos ambientales y donde impera un modelo forestal basado en plantaciones de especies exóticas que incluso se ha comenzado a expandir a otros países de la región.

En el caso del agua, la legislación chilena la define como un bien público, pero se entrega para uso, goce y usufructo a privados, convirtiéndola en un bien transable, pese a que los privados reciben estos derechos de agua gratis y a perpetuidad para usos consuntivos. En tanto, el modelo forestal chileno se instala durante la dictadura con el Decreto-Ley N° 701, que bonifica las plantaciones forestales y que promovió las plantaciones de especies exóticas de pino y eucalipto, bonificadas hasta en un 90% por el Estado.

Respecto al cobre, aún hay una serie de pendientes en las regulaciones a este sector: Chile no tiene royalty sino sólo impuesto específico; las operaciones mineras sólo contemplan el cierre de faenas desde la plena entrada en vigencia de la ley ambiental (1997); hay proyectos que actualmente operan pero que nunca fueron evaluados ambientalmente; tampoco hay un registro público de sitios contaminados por la minería ni un plan para hacerse cargo de las faenas mineras cerradas y/o abandonadas.

Nueva institucionalidad ambiental

Uno de los temas prioritarios para el país es la consolidación de la nueva institucionalidad ambiental a través de la Ley 20.417, promulgada a comienzos de 2010, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medioambiente. Este nuevo sistema institucional eleva la interlocución política de la temática ambiental, separa el dictado de políticas y regulaciones de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, crea un organismo autónomo encargado de la fiscalización ambiental y nuevos instrumentos de gestión ambiental, como la evaluación ambiental estratégica.

No obstante, la discusión sobre la reforma no abordó temas de fondo, pues se selló con un acuerdo político  entre parlamentarios socialistas, de derecha y el Gobierno, quienes, con el argumento de apurar la aprobación, excluyeron temas y propuestas de organizaciones de la sociedad civil y otros de suma importancia para el fortalecimiento de la democracia y la protección del medio ambiente, lo que dio como resultado una norma que carece de instrumentos para garantizar la protección del patrimonio ambiental de Chile, la participación ciudadana y, en definitiva, la democracia.

Energía a contrapelo

Entre 1999 y 2008 el sector termoeléctrico registró un crecimiento del 32% en su capacidad instalada y 428% en la generación. En 1993 la potencia del sector alcanzaba los 2.162 MW, aproximadamente 40% de la capacidad eléctrica total, mientras que en diciembre de 2008 dicha capacidad bordeaba los 9.251 MW y comprendía el 64,7% del total, lo que revela la dependencia del país de energéticos fósiles, con las implicancias ambientales que esto implica. Asimismo, entre 2004 y 2008, el empleo de carbón para la generación de energía se incrementó un 72%, mientras que la utilización de gas natural – que implica un daño ambiental menor en comparación a los demás combustibles fósiles – se redujo en 31% [6].

El sector de producción de energía termoeléctrica no cuenta con un marco normativo que resguarde aspectos como las emisiones al agua, la vida útil de las centrales, la calidad de combustibles, la implementación de tecnología de punta o la consideración de los costos medioambientales. En consecuencia, el Estado no cuenta con capacidad para ordenar y proyectar a mediano y largo plazo la generación eléctrica, que depende exclusivamente de la planificación de inversiones de empresas privadas que administran el sector eléctrico en Chile.

Vulnerabilidad, cambio climático y desertificación

Chile presenta 7 de las 9 categorías de vulnerabilidad establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): zonas costeras bajas, ecosistemas de montaña, territorios áridos y semiáridos expuestos a sequía y desertificación, porciones proclives al deterioro forestal, áreas propensas a desastres naturales, áreas urbanas altamente contaminadas y ecosistemas frágiles[7].

Si bien las emisiones de gases de invernadero del país sólo alcanzan el 0,23% del total mundial, se registra el mayor aumento per cápita de sus emisiones de CO2 respecto al resto de los países latinoamericanos (1,2 toneladas anuales en 14 años)[8]. Además, según la Agencia Internacional de Energía, en 2008 Chile pasó al segundo lugar en porcentaje, tras China, en el aumento de emisiones de CO2[9]. Si a esto sumamos las perspectivas abiertas por la apuesta del Gobierno por el empleo de carbón como fuente de energía, el panorama que emerge no es para nada alentador. El país asumió tempranamente un compromiso con el cambio climático al suscribir (1992) y ratificar (1994) los preceptos de la CMNUCC, y al suscribir (1997) y ratificar (2002) el Protocolo de Kyoto, y se encuentran además operantes la Estrategia Nacional de Cambio Climático, aprobada en 2006, y el Plan de Acción de Cambio Climático 2008-2012. Sin embargo, pese a todo esto, el tema no es prioritario en la agenda del Gobierno.

La desertificación, una de las consecuencias del cambio climático, es uno de los problemas socio ambientales más agudos: de acuerdo a cifras oficiales disponibles, el 62,3% del territorio (47,3 millones de hectáreas) se encuentra afectado por este fenómeno, que se concentra principalmente en la mitad norte (I a VIII Región) y en la zona austral (XI y XII Región) [10]. Si bien Chile forma parte de la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD) desde 1997, las principales causas de la desertificación en el país -sequía, deforestación, incendios forestales, erosión y cambios en los usos de los suelos- siguen presentes, por lo que se trata de una batalla que está lejos de ganarse.

Propuestas

Los temas prioritarios en los que debe avanzar Chile son:
1.- Consolidar la implementación la nueva institucionalidad ambiental del país.
2.- Implementar regulaciones en materia de biodiversidad; es urgente que el país cuente con una ley de protección de la biodiversidad nativa y del patrimonio filogenético.
3.- Diseñar e implementar una política energética de mediano y largo plazo, y generar los cambios en las regulaciones vigentes para que el Estado sea capaz de planificar la generación eléctrica y establecer fuentes y tipos de combustibles de la matriz eléctrica.
4.- Mejorar el acceso a información ambiental y participación ciudadana.
5.- Avanzar en la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y en la entrega de la Segunda Comunicación Nacional.
6.- Aprobar y/o aplicar planes de prevención y descontaminación. Los problemas de calidad del aire en regiones han aumento, tanto en el norte como en el sur del país, con serias consecuencias en la salud de los habitantes.

No puede haber desarrollo sustentable sin paz ni seguridad

Watch on Basic Rights Afghanistan Organization (WBRAO)
Coordination of Humanitarian Assistance (CHA)
Sanayee Development Organization (SDO)

Décadas de conflicto armado y agitación casi han destruido las instituciones y el territorio de Afganistán. A pesar de que el país cuenta con un nuevo gobierno y una nueva Constitución, enfrenta grandes desafíos en términos de desarrollo sustentable. Uno de éstos es cómo garantizar el derecho a la educación tanto para las mujeres como para los hombres. Pese al notable progreso en la reconstrucción del sistema educativo, los esfuerzos del Gobierno han sido insuficientes y aún queda mucho por hacer. Otros desafíos incluyen abordar los problemas medioambientales y rehabilitar y administrar los recursos naturales del país.

Después de décadas de guerra y agitación civil Afganistán enfrenta múltiples desafíos, entre los que se incluyen la pobreza y la falta de seguridad. Los conflictos armados han dejado como resultado más de 1,5 millones de víctimas y un sistema educativo prácticamente desmantelado. En septiembre de 2000, cuando fue celebrada la Cumbre del Milenio en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el país todavía se encontraba desgarrado por la guerra y no le fue posible participar. Posteriormente, el Gobierno suscribió el octavo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en marzo de 2004, pero tuvo que modificar el calendario mundial y los puntos de referencia debido a sus décadas perdidas y a la falta de información disponible. A pesar de que el resto de la comunidad internacional ha determinado que los ODM deben alcanzarse para 2015, contra una línea de partida de 1990, Afganistán ha establecido sus objetivos para 2020 y sus líneas de partida entre 2002 y 2005[1]. El Gobierno también ha indicado que la paz y la seguridad juegan un rol decisivo en la obtención de los ODM y agregó: "mayor seguridad" como un noveno objetivo[2]; de hecho, la paz y la seguridad son componentes clave para el desarrollo sustentable y para cualquier clase de planificación a largo plazo.

Los avances en la educación

Durante largo tiempo, Afganistán ha tenido tasas extremadamente bajas de asistencia escolar y altos porcentajes de analfabetismo. Esta situación empeoró bajo el régimen talibán: las escuelas estaban cerradas y destruidas, los planes de estudios fueron restringidos y las mujeres tuvieron prohibido el acceso a la educación. Entre 1996 y 2001 las mujeres y niñas fueron excluidas de todos los aspectos de la vida educativa, desde la primaria hasta la universidad; de hecho, las escuelas para niñas fueron cerradas y a las maestras se les impidió trabajar[3]. La tasa bruta de matriculación de niñas en Kabul cayó desde el 32% en 1995 hasta apenas el 6,4% en 1999[4]. Los talibanes también impusieron numerosas restricciones en las instituciones educativas y exigieron que la religión se enfatizara a expensas de otros temas[5].

Tras este colapso educativo y social el país se encuentra poco a poco en camino de recuperación, con una importante matriculación de estudiantes desde que el nuevo Gobierno asumió el poder. En los primeros años que siguieron a la caída de los talibanes, la educación fue una alta prioridad para el Gobierno, así como también para los contribuyentes, con el objetivo de que los niños regresaran a la escuela y un énfasis particular sobre el nivel primario[6]. El Gobierno está esforzándose además por alcanzar el ODM 3 ("promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres") y se ha comprometido a eliminar la disparidad de género en la totalidad de los niveles de la educación para 2020. La nueva Constitución establece que la educación debe ser gratuita para la totalidad de los ciudadanos afganos, sin discriminación en base a género.

La investigación realizada por 16 organizaciones locales liderada por Oxfam Novib revela que, si bien todavía existen importantes obstáculos en la educación de las niñas, también ha habido avances desde 2001[7]. La campaña "Vuelta al colegio" iniciada en 2002 aumentó significativamente la matrícula de la escuela primaria, se multiplicó por siete desde aproximadamente 900 mil en 2000 a 5 millones en 2008 (ver también la gráfica 1)[8]. En el caso de las niñas, el aumento ha sido aún más espectacular: las cifras oficiales de matrícula se han incrementado, de un estimado de 5 mil bajo el régimen talibán, a 2,4 millones de niñas a partir de 2010[9].

Según las cifras publicadas por UNICEF, entre 2005 y 2009 la tasa de asistencia a la escuela primaria fue de 66% para los varones y de 40% para las niñas, mientras que las cifras de educación secundaria fueron de 18% para los varones y de 6% para las niñas. La tasa de matrícula secundaria, por otra parte, fue de 41% para los varones y de 15% para las mujeres[10].

Sin embargo, los esfuerzos realizados para mejorar la educación en Afganistán están empezando a disminuir en la actualidad. El Ministerio de Educación, sin duda alguna, ha realizado progresos en la mejora tanto de la disponibilidad como de la calidad de la educación, pero dada la gran afluencia de estudiantes durante los últimos años se está luchando para mantenerse a la par con la demanda. Con contribuyentes cada vez más enfocados en la estabilización y en la contrainsurgencia en lugar de en el desarrollo, y con el deterioro de la seguridad en numerosas zonas del país, los logros realizados para mejorar la educación de las niñas corren peligro de perderse.

Los padres y los estudiantes están ansiosos por una educación de alta calidad, pero se ven cada vez más frustrados por la falta de progreso. Si no se realiza una inversión significativa en la educación post-primaria se corre el riesgo de que estos estudiantes "sean dejados atrás, posiblemente desconectados, y se interrumpa su desarrollo personal, social y profesional"[11].

La educación y la igualdad de género

De acuerdo con un informe de OXFAM publicado en 2011, solamente el 6% de las mujeres afganas de 25 años o mayores recibieron alguna educación formal y solamente el 12% de las mujeres de 15 años o mayores saben leer y escribir[12]. De los entrevistados para el informe un 41,2% mencionó la pobreza como el mayor obstáculo para que las niñas accedan a la educación y el 39,4% indicó que el matrimonio precoz o forzado era otra barrera. Otros desafíos respecto a la igualdad de género en la educación son[13]:

• La carencia de maestras para satisfacer la demanda. Más de una cuarta parte (26,4%) de las personas entrevistadas para la investigación mencionaron la falta de una maestra como un obstáculo importante para que las niñas accedan a la educación. Más de dos tercios de los educadores (68,4%) informó que sus escuelas no poseen suficientes docentes. De estos dos tercios, más de la mitad (54,6%) informó que solamente necesitaban más docentes femeninas, el 27,3% manifestó que necesitaban  docentes de ambos sexos, el 12,3% manifestó que solamente necesitaban maestros y el 5,7% no estaba seguro.
• La carencia de centros educativos para satisfacer la demanda. Casi una cuarta parte (23,7%) de los entrevistados consideró la distancia a la escuela como un obstáculo importante para que las niñas accedan a la educación. La distancia, junto a la asistencia a clases mixtas o la interacción con docentes varones, se vuelve cada vez más problemática a medida que las niñas se acercan a la adolescencia, momento en el cual las normas culturales que regulan su comportamiento se vuelven más restrictivas.
• Numerosas escuelas carecen de la infraestructura necesaria para brindar una educación de calidad. Los datos del Ministerio de Educación revelan que el 47% de las escuelas carecen de instalaciones adecuadas[14]. Éstas variaban de manera considerable de uno a otro de los sitios investigados y eran particularmente deficientes en las zonas rurales.

La falta de seguridad, la reclusión de la mujer, los prejuicios religiosos, las tareas del hogar y las amenazas de los insurgentes son factores clave para que las niñas abandonen la escuela. Los ataques con ácido y gas a las estudiantes ocasionaron en 2010 un numerosos abandonos; no obstante, una nueva esperanza en el aumento de la matriculación de las niñas surgió después de que los talibanes realizaran el anuncio de que no iban a quemar escuelas o a crear obstáculos para la educación de las niñas[15].

Temas medioambientales

Después de 30 años de caos político y de conflicto Afganistán enfrenta una crisis medioambiental severa. Los principales desafíos son la degradación del suelo, la contaminación del aire y el agua, la deforestación, el sobrepastoreo, la desertización, la superpoblación en las zonas urbanas y la mala administración de los recursos de agua dulce[16]. Las facciones militares han utilizado hecho amplia utilización de la madera como combustible y, además, han talado bosques para evitar que sean utilizados como escondite para las fuerzas de oposición[17]. La tala descontrolada de los bosques de coníferas del este está teniendo un severo impacto sobre las condiciones del área forestal[18].

En la medida en que la masa forestal se pierde, el riesgo de degradación medioambiental se incrementa. La mala administración de los bosques conduce a la desertificación y a la erosión del suelo, lo que, inevitablemente, reduce la cantidad de tierra disponible para la agricultura[19]. Si esta tendencia no se revierte, y si el Gobierno no implementa un modelo de desarrollo sustentable, la pérdida de tierras agrícolas afectará negativamente la seguridad alimentaria en el futuro cercano.

Los cambios meteorológicos extremos y los desastres naturales también han tenido un impacto negativo. La sequía de 1998-2003, por ejemplo, generó escasez de alimentos, lo que condujo a las principales zonas rurales a migrar a las urbanas[20]. En 2008, las condiciones empeoraron: fueron reportadas pérdidas generalizadas de cultivos de trigo de secano debido a una escasez significativa de precipitaciones y a las nevadas de invierno y, por lo tanto, la producción de trigo cayó de manera significativa[21]. Las mismas condiciones han sido pronosticadas para 2011. Los bajos niveles de precipitaciones se traducen en que los cultivos no pueden ser sostenidos y ocasionan el desplazamiento de la población, un escenario que está destinado a volver a repetirse si la precipitación – como está pronosticado – cae por debajo de los parámetros normales[22].

Más del 80% de los recursos hídricos de Afganistán se originan en las montañas de Hindu Kush, pero los glaciares más grandes de esa región y las montañas de Pamir se han reducido en un 30% y algunas más pequeñas han desaparecido[23]. Algo más de 2,5 millones de personas en el país ya están siendo afectadas por la sequía o son vulnerables a los efectos de la sequía recurrente y a la escasez de agua. Este número es probable que aumente debido al calentamiento global y a la creciente aridez[24].

Conclusión

Hay una urgente necesidad de un nuevo enfoque tanto por parte del Gobierno como de los contribuyentes si es que se quiere mantener los logros obtenidos en materia de educación. La toma de decisiones en torno a si las niñas deben o no ir a la escuela está basada en una diversidad de factores que difieren de una provincia a otra e incluso de hogar en hogar. Existe además una compleja relación entre los factores de demanda (por ejemplo, actitudes comunitarias y limitaciones económicas) y los factores de oferta (por ejemplo, edificios escolares y docentes calificados). Todos estos temas deben ser abordados con el fin de aumentar la asistencia de las niñas a la escuela[25].

La crisis medioambiental en Afganistán es motivo de gran preocupación. Hacer frente al desafío tomará décadas y este desafío no puede ser abordado solamente por el Gobierno. La asistencia financiera sostenida y el apoyo técnico también son necesarios de parte de la comunidad internacional[26].

Nuevo Pacto Verde

ATD Fourth World Poland
Pierre Klein
Monika Kalinowska
The Green Institute
Dariusz Szwed

El Gobierno privilegia un modelo de desarrollo neoliberal que ha llevado a una creciente estratificación social y a un aumento de la presión sobre el medio ambiente. Una alternativa podría ser el Nuevo Pacto Verde, que tiene como objetivo abordar el calentamiento global y las crisis financieras mundiales mediante la implementación de un conjunto de propuestas de políticas destinadas a asegurar el desarrollo sustentable a nivel mundial. El crecimiento ecológico y los programas de protección medioambiental deben actuar como catalizadores para forjar trabajo decente y medios de vida sustentables para los ciudadanos polacos más desfavorecidos.

Introducción

Polonia es uno de los pocos países que han introducido el concepto de desarrollo sustentable a nivel constitucional. De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución polaca: "La República de Polonia salvaguardará la independencia y la integridad de su territorio y garantiza las libertades y los derechos de las personas y los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos, la salvaguarda del patrimonio nacional y garantizará la protección del medio ambiente natural en conformidad con los principios del desarrollo sustentable".

Paradójicamente, Polonia es también un país en el que no resulta fácil encontrar en el debate público referencias al concepto de desarrollo sustentable. En julio de 2000, por ejemplo, la estrategia "Polonia 2025 – Estrategia a largo plazo para el desarrollo sustentable" fue adoptada por el Consejo de Ministros con el claro objetivo de "garantizar el crecimiento del bienestar de las familias polacas". Según algunos expertos, sin embargo, su impacto global es muy limitado: "no ha encontrado ninguna respuesta por parte de la sociedad y hoy en día casi nadie parece recordar su existencia. El ciudadano medio no conoce el concepto de desarrollo sustentable, ni tampoco tiene siquiera una mínima idea de qué es". Los autores han llegado a expresar que incluso las personas que han oído hablar acerca del desarrollo sustentable a menudo consideran que es un sinónimo de protección medioambiental[2].

En julio de 2009 el Gobierno publicó Polonia 2030. Desafíos del desarrollo[3], que fuera concebido como el análisis dominante y la línea estratégica para el desarrollo de los próximos 20 años. Escrito en una jerga difícil de comprender, este documento favorece el "modelo de polarización y difusión" en contraposición al modelo de desarrollo sustentable. Elaborado por la Junta de Asesores Estratégicos para el Consejo de Ministros dirigido por el Ministro Michal Boni, el informe no fue discutido en su fase inicial ni fueron enviados proyectos alternativos, lo que hizo que las consultas resultaran imposibles. El poder de establecer la dirección del futuro del país fue, de esta manera, otorgado a un pequeño grupo[4]. Por otra parte, en una entrevista para Polska uno de los co-autores expresó que el punto de partida para la creación de este nuevo modelo fue la observación de que "en realidad, el desarrollo sustentable es solo un mito"[5].

La no sustentabilidad y el modelo neoliberal

La falta de implementación (o más bien de comprensión) del principio de desarrollo sustentable inscrito en la Constitución polaca puede ser ilustrada por el hecho de que los gobiernos subsiguientes han supuesto la existencia de un conflicto entre el medio ambiente y la economía, o entre el medio ambiente y la sociedad. Vías de abordar la situación actual, al menos según han sido presentadas por los principales políticos, parecen haber sido poco priorizadas. "La economía primero, mi sensato compatriota", expresó Bronislaw Komorowski, actual presidente de Polonia, durante un debate sobre el futuro de la economía polaca y europea[6].

Al explicar el "modelo polarización-difusión", Polonia 2030 manifiesta que "además de impulsar el crecimiento de las polaridades (es decir, de los procesos de polarización), tenemos ante todo que crear las condiciones para la difusión – absolutamente todo lo que pueda apoyar el proceso de igualar las oportunidades relacionadas a la educación, mejorar la accesibilidad del transporte en cualquier lugar del país, eliminar la amenaza de la exclusión digital, mejorar los niveles de integración social, estructurar y apoyar una solidaridad generacional, y ofrecer un sentido de la capacidad para cumplir con las ambiciones individuales[7]". No obstante, los autores también definen el crecimiento económico como un fundamento sólido para el desarrollo de Polonia, en conjunción con una "administración eficiente y el potencial demográfico", y manifiestan que "la actual política de la UE, en materia de energía y seguridad climática, está dirigida al afianzamiento de Europa como líder mundial en desarrollo sustentable. Esto, sin embargo, no puede ocurrir a costa de la economía polaca”[8].

Aquí es donde reside la mayor trampa de la estrategia de desarrollo del Gobierno: los polacos deben apretarse el cinturón a fin de lograr un estado de equilibrio económico y social dentro de 20 años. Pero este modelo más bien ha llevado a aumentar la estratificación social, a disminuir el capital social y a elevar la presión sobre el medio ambiente cuantificable medida por el uso total de recursos energéticos y no renovables[9].

La ideología dominante ha sido descrita acertadamente por Edwin Bendyk en el epílogo de Ecología: guía para la crítica política. Tomando en cuenta que el discurso dominante sobre el desarrollo descansa en el neoliberalismo y el postcolonialismo, Bendyk escribió: "El primero significa la primacía de una política de crecimiento que utiliza instrumentos del mercado libre entendidos como un espacio para negociaciones de preferencias privadas que solo están protegidas y no moldeadas por el estado, el cual se está retirando lo más que puede de la administración de las relaciones interpersonales. En todo caso, esto solo puede suceder bajo la influencia de compromisos externos. Este dictamen, expresado en ideas como las del paquete climático y energético o Natura 2000, es tratado como un castigo divino, un costo de membresía en el club de los países desarrollados. De hecho, somos un país postcolonial en desarrollo que ha sido históricamente dañado y que todavía continúa siendo dañado por el Centro que trata de implementar soluciones perjudiciales  para las aspiraciones que se reflejan en el deseo de mantener el crecimiento económico"[10].

Las nociones neoliberales de un mercado libre sin restricciones y de un crecimiento económico infinito medido por el PIB se están desgastando. El PIB no refleja la realidad, ya que no toma en consideración el bajo nivel de capital social del país, el trabajo doméstico no remunerado (principalmente realizado por mujeres) y el aumento de la estratificación del ingreso. Tampoco toma en cuenta la devastación medioambiental, la extinción de plantas y animales, el crecimiento demográfico o el mayor desafío del siglo XXI – la necesidad de implementar un acuerdo climático mundial, el cual es una inversión crítica para nuestro futuro común, como lo ha señalado el economista Nicolas Stern [11].

El Nuevo Pacto Verde: una alternativa

El concepto del Nuevo Pacto Verde surgió por primera vez en un informe de julio de 2008 de la Fundación Nueva Economía[12] en respuesta a la crisis económica impulsada por las burbujas crediticias, el cambio climático mundial y el aumento de los precios del petróleo. Los autores indicaron que, a los efectos de evitar una profunda recesión comparable con la Gran Depresión, resulta necesario emprender cambios estructurales clave en los sistemas financieros nacionales e internacionales, incluyendo el sistema tributario, así como también realizar inversiones estables en ahorros energéticos y en la producción de energía que provenga de fuentes renovables.

El Nuevo Acuerdo Verde propone un conjunto de propuestas políticas que apuntan a abordar temas como el calentamiento global y las crisis financieras a través de asegurar el desarrollo sustentable y de crear una economía de baja emisión. También apoya el desarrollo de tecnologías modernas que sean humanamente, medioambientalmente y climáticamente amigables, mejorar la eficiencia energética y un mayor uso de energía proveniente de fuentes renovables, modernizar el sector de la construcción y promover edificios autónomos y serviciales, desarrollar sistemas de trenes medioambientalmente amigables en el continente y cambiar las prioridades de la Política Agrícola Común de la UE. Al igual que las reformas de la década de 1930, el Nuevo Pacto Verde implica un papel activo de las autoridades públicas en la implementación de políticas, en este caso, de desarrollo sustentable.

En marzo de 2009 antes de las elecciones del Parlamento Europeo el Partido Verde Europeo emitió su manifiesto, Un Nuevo Pacto Verde para Europa, que desarrolla de manera significativa este concepto. El resumen señala: "Como los desafíos económicos, sociales y medioambientales que enfrenta actualmente la UE están estrechamente relacionados entre sí, los mismos deben ser afrontados en conjunto como parte de un paquete abarcador que para nosotros es el Nuevo Acuerdo Verde. ... [Ésta] es la única manera de producir verdaderos cambios en nuestra manera de vivir y trabajar, lo que resultará en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que, como lo demuestra la ciencia, será necesaria si queremos evitar los impactos más catastróficos del cambio climático". Continúa señalando que los beneficios irán más allá del medio ambiente "para dar un impulso trascendente a la economía, liderar un desarrollo económico sustentable y dar lugar a la creación de millones de nuevos empleos de "cuello verde" en energía renovable y en otras tecnologías orientadas hacia el futuro". Añade que el Nuevo Pacto Verde asegurará que los derechos sociales y laborales no sean sacrificados en nombre de la competencia y que los bienes y servicios públicos sean proporcionados de manera tal que la totalidad de los ciudadanos puedan disfrutar de una buena calidad de vida. "Los Verdes continuarán en la defensa de la igualdad de derechos para todos dentro y fuera del lugar de trabajo, en la lucha contra toda forma de discriminación e intolerancia y en la toma de medidas urgentes necesarias para ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad[13]".

El Nuevo Pacto Verde en Polonia también hace constar que no es posible seguir con un enforque de “más de lo mismo” dado que meramente continúa impulsando el crecimiento económico a costa de la degradación de la sociedad y del medio ambiente[14].

Construyendo desarrollo sustentable

Es generalmente aceptado que las personas que viven en la pobreza extrema son las más vulnerables a las condiciones medioambientales peligrosas. Uno de los principales problemas que enfrentan los más pobres en Polonia, por ejemplo, es la calidad de la vivienda. Roofs Over Heads (“Techos sobre las cabezas”)[15], una coalición de 15 ONG dirigida por Habitat for Humanity Poland, lanzó en 2008 una campaña para concienciar acerca de las precarias condiciones de vivienda en el país. No existe una política nacional dedicada a la construcción de viviendas para grupos de bajos ingresos o una forma de ayudarlos a costear reconstrucciones. Alrededor de 12 millones de polacos – casi un tercio de la población – viven en hogares hacinados. Más del 60% de las viviendas necesitan importantes reformas y más de la mitad de las viviendas existentes tienen más de 40 años de construidas. La baja calidad de los materiales de construcción y el precario aislamiento se traducen en altas facturas mensuales de energía, que tornan aún más escasos los fondos para las familias que necesitan mejorar sus condiciones de vida.

Las personas en situación de pobreza extrema a menudo son vistas como responsables de los daños medioambientales y, por lo tanto, como un obstáculo para el desarrollo sustentable. Esto tiene que cambiar; de hecho, las personas que viven en la pobreza extrema deben ser incluidas en todos los niveles de la toma de decisiones. Por lo tanto, la respuesta polaca e internacional al desafío del desarrollo sustentable debe asegurar que las nuevas tecnologías y programas de mitigación y adaptación beneficien a las personas y poblaciones más vulnerables y sean elaboradas en base a sus capacidades y esfuerzos. Las personas que viven en la pobreza extrema a menudo están a la vanguardia de las iniciativas de desarrollo que tienen como objetivo transformar sus condiciones de vida a través de la mejora de las instalaciones de agua, saneamiento o calefacción.

Conclusión

Algunos autores creen que la búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo, ''es esencial para definir con precisión los objetivos de desarrollo económico, mejorar el medio ambiente y la cohesión social"[16]. Esto conduce a la esencia del desarrollo sustentable. Amartya Sen sostiene que eliminar la pobreza y preservar el medio ambiente podrían ser consideradas como "diferentes partes de una tarea integrada"[17]. Esto significa que los programas de protección medioambiental podrían ser utilizados para la obtención de trabajo decoroso y para capacitar a los grupos más desfavorecidos mientras se mantiene el respeto por las culturas locales.

El Crecimiento Verde debe actuar como un catalizador para crear trabajo decoroso y medios de vida sustentables para las poblaciones más desfavorecidas, ahondando los esfuerzos sobre la base de los que ya están siendo gestionados. Esto está en consonancia con el tema prioritario de una "economía verde en el contexto del desarrollo sustentable y de la erradicación de la pobreza" de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Río +20), en Brasil (2012).

Palabras gastadas, políticas vacías

Plataforma 2015 y más
Ana Bustinduy
Pablo Martínez Osés

El apoyo del Gobierno al desarrollo sustentable no se ha visto reflejado por los hechos. Tanto en relación a políticas de género como energéticas y de cooperación para el desarrollo, la Sociedad Civil española ha visto muchas promesas y pocos resultados. Como consecuencia de esto, en el presente no hay políticas sólidas que garanticen la igualdad de género y el compromiso por una economía sustentable que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y apueste por fuentes de energía renovables.

Durante el año 2011 el Gobierno se alejó aún más de los postulados del desarrollo sustentable al apostar por políticas económicas centradas en el ajuste y la reducción del gasto público. A pesar de las numerosas protestas ha seguido obviando cualquiera de las propuestas alternativas que apuntan hacia la reforma fiscal, el cambio de modelo productivo y el empleo de políticas anticíclicas que alienten una salida de la recesión centrada en los derechos de las personas. Este giro economicista señala el final de un ciclo político.   

Centramos este informe en el análisis de la evolución de tres políticas públicas que fueron planteadas como apuestas específicas para alentar el tránsito hacia la sostenibilidad del modelo de desarrollo en España: la política de Igualdad, la política Ambiental y la política de Cooperación para el Desarrollo.

Género: promesas vaciadas

Durante la primera legislatura del gobierno socialista (2004- 2008) se realizó una apuesta por la igualdad de género apoyada en dos pilares de cambio social: por un lado la visibilización de la profunda desigualdad de los derechos de las mujeres mediante campañas públicas de información y comunicación. Por otro lado la puesta en marcha de un amplio marco legislativo.

Volver visible la falta de justicia de género abrió numerosos espacios de debate en la sociedad española donde persisten paradigmas patriarcales; los lentos avances para acabar con la tolerancia social ante las conductas discriminatorias y para un cambio social orientado hacia la igualdad, fueron objeto de un debate que volvía evidente la necesidad de dedicar recursos públicos y espacios políticos a la igualdad de género.

Por otro lado, junto a campañas de información y visibilización, se impulsaron un conjunto de iniciativas institucionales que trataron de promulgar un marco legal esperanzador y coherente con la estrategia de igualdad postulada. Este esfuerzo legislativo ha sido constante desde el inicio de la primera legislatura hasta el final de la segunda. Entre otras destacan la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley del Aborto y la última iniciativa el Proyecto de Ley de Igualdad de Trato y no discriminación que no ha logrado finalizar el trámite legislativo.  

La creación del Ministerio de Igualdad aunaba estos dos mecanismos, la visibilización y la institucionalización, y suponía un respaldo tangible a la voluntad de poner la igualdad de género como pilar del resto de políticas públicas. De igual forma, la pública intención de nombrar gobiernos paritarios (es decir, un gabinete con el mismo número de hombres y mujeres) abrió el debate sobre las cuotas como medio para lograr romper los techos de cristal que afectan a las mujeres en el país, y abordó temas como la brecha salarial, las precarias condiciones laborales que afectan a algunas mujeres y la dificultad de conciliación de vida personal y laboral.

La información está hoy más disponible y mejor tratada, y muestra una situación general de persistencia de la discriminación por causa de género. Por ejemplo, y atendiendo a la discriminación salarial en el año 2008, el salario anual más frecuente en las mujeres (13.494 euros, USD 18.370) representó el 86,9% del más frecuente en los varones (15.522,9 euros, USD 21.131,6). En el salario mediano este porcentaje fue del 79,2% y en el salario medio bruto del 78,1%. Si se consideran los salarios anuales con jornada a tiempo completo, el salario de las mujeres representaba el 86,3% del salario de los hombres, y en la jornada a tiempo parcial, el porcentaje era del 84,8%. 

Estas y otras muchas discriminaciones por causa de género necesitan un esfuerzo institucional, político y económico de largo aliento. La superación de las causas de la discriminación exige un impulso de amplios sectores sociales, educativos y culturales que necesitarán todo el apoyo público para generar un verdadero cambio de cultura.

Sin embargo, la política de recortes del gasto público iniciada en 2010 ha alcanzado también a las políticas de género. La remodelación del Gobierno realizada en octubre de 2010, que incluía la supresión del Ministerio de Igualdad, dejaba bien claro el cambio de prioridades. “Situar otra vez las políticas de igualdad bajo el Ministerio de Sanidad convierte de nuevo la situación de la mujer en cuestión sanitaria, si no social, y causará gran decepción en numerosos sectores”[1]. La supresión del Ministerio en la restructuración del Gobierno induce a pensar que su creación, costosa en términos de estructura, recursos humanos, dedicación e innovación, había sido un mero símbolo.

La incapacidad del Gobierno para lograr aprobar la Ley de Igualdad de Trato permite desvelar más contradicciones. Un año atrás el Gobierno había aprobado una reforma laboral de corte liberal; poco después, el mismo Gobierno, presionado por el ECOFIN, el FMI y las agencias de calificación interrumpió el proceso de gestión de una Ley que obligara a equiparar salarios entre hombres y mujeres y que ampliara a cuatro semanas los permisos de paternidad, por citar sólo dos de las más conocidas modificaciones propuestas en el texto presentado por el Gobierno.

La distancia que encontramos entre el sentimiento de solidaridad con víctimas de abusos evidentes y la racionalidad política que sugiere emplear instituciones, mecanismos y presupuestos para lograr un cambio profundo en nuestra sociedad que elimine las expresiones de la discriminación por causa del género, es la misma distancia que muestran las políticas tradicionales de la derecha y las progresistas de la izquierda con la causa feminista. Las diferencias son ahora insignificantes cuando ambas representaciones parlamentarias han coincidido en priorizar la ortodoxia liberal económica en forma de ajuste. Parece que la igualdad tendrá que esperar.

El vacío ambiental: energías insustentables

El Gobierno socialista trató de caracterizar parte de su política internacional realizando una fuerte apuesta por los mecanismos multilaterales de promoción de la sostenibilidad ambiental. Zapatero fue reconocido por su discurso en la Cumbre de Copenhague que fue celebrado y comentado: “Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra, nuestra Tierra en la que viven pobres, demasiados pobres y ricos, demasiados ricos. Pero la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”[2]. 

Las medidas domésticas en materia de lucha contra el cambio climático y de reducción de las emisiones de CO2 habían supuesto un eje del discurso gubernamental y de la demostración de su corresponsabilidad con los retos globales. Las intenciones explícitas, por parte del Gobierno, de legislar para facilitar el tránsito hacia un nuevo modelo productivo, menos vulnerable y más acorde con los principios del desarrollo sustentable vieron la luz en octubre de 2009 con la presentación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Fue necesario más de un año y medio de accidentado trámite legislativo para que resultara aprobada en marzo de 2011.  El contenido final de esta extensa Ley -114 artículos y 60 disposiciones adicionales en más de 200 páginas- fue muy influido por la crisis económica, y recoge medidas con poca conexión entre sí y en algunos casos incluso contradictorias.

Esto significó perder la oportunidad de establecer una legislación con medidas más coherentes y eficaces para encaminarse hacia el desarrollo sustentable. Así, el debate público que propugna la Ley de Economía Sostenible apenas se ha producido; la ley, de hecho, ha sido presentada como el referente de un discurso vacío por parte del Gobierno. El trámite coincidía con decisiones políticas inspiradas en el programa de ajuste y reducción del gasto público, por lo que difícilmente la Ley podía responder a pautas de sostenibilidad. De hecho en el artículo 2 se define el concepto de economía sostenible como “un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva”. La referencia principal al “patrón de crecimiento” muestra que la estructura y desarrollo de lo legislado persigue ante todo un crecimiento económico apenas atenuado por criterios ambientales, en lugar de un cambio de modelo basado en los principios y límites naturales y humanos. Como consecuencia de ello la Ley no  incorporará, por ejemplo, algunos de los objetivos de reducciones considerados esenciales por la comunidad internacional.

De hecho, el Plan de Energías Renovables (PEN) 2011-2012 presentado por el Gobierno ha recibido críticas, dado que descarta los objetivos de generación eléctrica de origen renovable. Según la propuesta del IPCC la reducción doméstica de emisiones de CO2 en países como España debería ser del 40% en 2020 respecto de las de 1990. El Gobierno español, sin embargo, asumió tan sólo alcanzar el 30% en 2020[3]. A este compromiso insuficiente con las fuentes renovables de energía se añade que España está entre los cinco países europeos que serán responsables de dos tercios del incremento de emisiones en el futuro cercano, a causa de la inversión del Gobierno en agrocombustibles, que podrá generar 9,5 millones de toneladas de CO2 extra[4].

El compromiso de cierre de las centrales nucleares también se vino abajo. Durante 2011 el debate público sobre su seguridad volvió a elevarse producto de la tragedia de Fukushima, pero el Gobierno se ha mostrado reticente a planificar el cierre definitivo. Peor aún: sigue insistiendo en introducir como “de generación autóctona” a la energía nuclear en el balance energético, dejando de lado que todo el combustible utilizado –uranio enriquecido- es importado, dato que falsea el grado de autoabastecimiento eléctrico y viene a dificultar la integración de la energía renovable en la red eléctrica.

En definitiva, también las políticas coherentes con el desarrollo sustentable parecen haber quedado vaciadas de su contenido político a causa del giro económico, pareciendo mostrar que suponían poco más que desembolsos realizados en tiempos de bonanza económica, en lugar de aprovechar la oportunidad generada por la crisis para demostrar su capacidad de transformación del modelo de desarrollo.

El vaciamiento de las políticas de cooperación

Las promesas de reforma institucional y de que la AOD de calidad alcanzaría el 0,7% de la RNB en 2012 han caído en saco roto. Dos tendencias son observadas con gran preocupación por parte de las organizaciones sociales:

Por un lado, los recortes realizados a partir de 2009 en los fondos públicos de la cooperación no han sido proporcionales con los recortes generales realizados en el gasto público. Todo lo contrario, las reducciones de presupuesto de cooperación han sido sobredimensionados, al descender un 20% entre 2010-2011 mientras que el gasto público general lo hizo poco más del 6%[5]. 

Por otro lado, el Gobierno también ha realzado el papel del sector privado empresarial en materia de cooperación para el desarrollo, alentando su capacidad para invertir y financiar acciones de desarrollo sin establecer ningún elemento regulador de dichas inversiones. Pareciera que ante la incapacidad de mantener la coherencia y el nivel de una política pública otrora prioritaria, el Gobierno ahora precisa solicitar ayuda al sector privado para aumentar la financiación para el desarrollo. A estos efectos ha reforzado legislativamente las posibilidades de internacionalización de las empresas y creado un nuevo fondo reembolsable para la realización de inversiones de capital en fondos destinados al desarrollo empresarial. Esta herramienta puede ser clave en el futuro más próximo puesto que su carácter reembolsable le permite mantener niveles de inversión sin generación de déficit; otra cuestión es establecer que este instrumento será útil para los objetivos de desarrollo de los receptores y congruente con los objetivos de la política de cooperación española.

En mayo de 2011 fue creada una subcomisión parlamentaria para realizar un informe sobre las perspectivas de la ayuda al desarrollo en España. Las organizaciones de la Sociedad Civil manifestaron su descontento con el resultado final de ese informe, aprobado por la  comisión de cooperación del Congreso, que otorga un peso muy significativo al sector privado lucrativo y lleva implícita la posibilidad de perder el enfoque de lucha contra la pobreza, que había guiado las reformas y mejoras realizadas en la política de cooperación y contado con el apoyo y el consenso de los actores sociales e institucionales implicados en la cooperación internacional.

 Conclusión

Todo apunta a pensar que la igualdad de género deberá esperar. Asimismo, las políticas coherentes con el desarrollo sustentable parecen haber quedado vaciadas de su contenido político a causa de la crisis económica y el giro tomado por el Gobierno para lidiar con la situación. Esto sugiere que las políticas que resultaron alentadoras en su momento supusieron poco más que desembolsos realizados en tiempos de bonanza económica. Asimismo, los compromisos descartados en cuanto a reducción de emisiones e inversión en fuentes de energía renovables han decepcionado a quienes esperaban que el apoyo a nivel discursivo dado por el Gobierno a la sustentabilidad y a la lucha contra el cambio climático se viera reflejado en los hechos. Del mismo modo, vaciar la política pública de cooperación del hilo conductor de la lucha contra la pobreza, aún cuando sea para permitir introducir otros actores con concepciones más laxas del desarrollo sustentable, puede constituir un paso atrás de consecuencias impredecibles para una política que se define como la expresión solidaria de la ciudadanía española.

Políticas de cambio climático y derechos de los ciudadanos

NETRIGHT

Abordar el cambio climático es fundamental para el desarrollo sustentable en el país. Desde 1992 se han realizado esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), pero las oportunidades bilaterales y multilaterales de financiamiento afectan el grado en que son abordadas las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos, que se ven constreñidas por un marco económico neo-liberal. Las organizaciones de la sociedad civil deben redoblar sus esfuerzos de activismo para asegurar la promoción de justicia social, igualdad de género y desarrollo sustentable.

Al igual que otros países africanos, Ghana ya está experimentando el impacto del cambio climático: clima más tórrido, reducción o aumento de las lluvias estacionales, cambios en los patrones de la lluvia, inundaciones, marejadas, maremotos y un aumento en el nivel del mar que causa inundaciones y erosión costera. El resultado es una reducción en la seguridad alimentaria, el incremento en la transmisión de enfermedades propagadas por el agua, importantes pérdidas económicas debido a la crisis climática, y el desplazamiento de la población debido a las inundaciones, la sequía y el aumento del nivel del mar.

No obstante, desde la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable de Río de Janeiro, en 1992, tras  la cual Ghana adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en 1997, el Protocolo de Kioto, el Gobierno se ha comprometido con el tema del cambio climático en todos los niveles, desde lo global a lo local.

Iniciativas institucionales y políticas

Habiendo ratificado la totalidad de los Convenciones de Río sobre medio ambiente – la CMNUCC, el Protocolo de Kioto, la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD) – , Ghana estableció varias instituciones nacionales como puntos focales de política, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología (MEST), la Agencia de Protección Ambiental (APA) y la Autoridad de Ghana para el Medio Ambiente y el Cambio Climático (GECCA).

Sin embargo, la postura acrítica de estas instituciones respecto a las decisiones de la CMNUCC y del PK es problemática. Ghana estuvo entre los primeros 23 países de África en asociarse en 2009 al Acuerdo de Copenhague a pesar del hecho de que los países africanos habían desarrollado una posición colectiva en contra del mismo. Al parecer el Gobierno adoptó esa posición para acceder a las numerosas ventanillas de financiamiento disponibles para medidas de adaptación y mitigación sobre cambio climático. No obstante, desde entonces Ghana ha elaborado una Estrategia Nacional de Adaptación, creó un Comité Nacional de Cambio Climático y ha elaborado un documento de debate sobre un Marco de Política Nacional de Cambio Climático (NCCPF).

En sus Evaluaciones Nacionales de Comunicación (NCA), la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno ha proporcionado información útil acerca del efecto de los diversos escenarios de cambio climático sobre diferentes sectores económicos, y las consecuencias para el sustento de la población. No obstante, el análisis de las consecuencias para las mujeres se basa en la vulnerabilidad de éstas en vez de en los derechos humanos o en el desarrollo humano[1]. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señalado en su evaluación de los países que desarrollan los Planes de Acción Nacionales de Adaptación (NAPAs):

"Por lo general los NAPAs describen a las mujeres como víctimas que carecen de habilidades que les permitan participar en negociaciones de planificación estratégica. La mayoría de estos planes ni siquiera reconoce que las mujeres, con el conocimiento que tienen, pueden hacer una contribución a los procesos de adaptación y deberían ser un grupo focal para programas de adaptación"[2].

El documento de discusión sobre NCCPF es otro motivo de preocupación. Sus tres objetivos –1. estimular un reducido crecimiento de carbono, 2. adaptación efectiva al cambio climático, y 3. desarrollo social – parecen loables, pero su articulación y las consecuencias políticas dejan mucho que desear. Al igual que en propuestas anteriores, el CCPF está ubicado en un marco de opciones orientadas hacia el mercado, tales como esquemas de comercio de carbono, incluyendo la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD). El NCCPF se centra en esquemas de financiamiento disponibles para países en desarrollo que demuestren conformidad con dejar de lado el criterio de adaptación y mitigación impulsado por el mercado.

El compromiso de la sociedad civil

Considerando que en Ghana el NCCPF se ha basado en una amplia consulta con una serie de actores, incluidos grupos de la sociedad civil tales como Amigos de la Tierra y ABANTU para el Desarrollo, los temas de interés no han sido suficientemente articulados en el documento de discusión. Un ejemplo claro es el tema de género, que es debatido bajo el objetivo "desarrollo social" del NCCPF. Si bien el documento reconoce la contribución de las mujeres y la necesidad de abordar los riesgos que ellas podrían enfrentar como consecuencia del cambio climático, la prescripción política meramente hace referencia a la necesidad de "medidas tales como la protección social para suavizar las desigualdades"[3].

Cambio climático

Los datos desde 1960 hasta 2000 indican un aumento progresivo de la temperatura y una disminución en la precipitación media anual en todas las zonas agro-ecológicas[4]. Las estimaciones revelan que la temperatura continuará aumentando en todas las áreas agro-ecológicas en promedio "alrededor de 0,6º C, 2,0º C grados centígrados y 3,9º C  para los años 2020, 2050 y 2080, respectivamente", exceptuando la zona de selva tropical en la que la lluvia podría aumentar. Los datos disponibles también revelan un aumento del nivel del mar de 2,1 mm por año durante los últimos 30 años, lo que indica un aumento de 5,8 cm, 16,5 cm y 34.5 cm en 2020, 2050 y 2080, respectivamente[5].

Mientras que el 23% de la población urbana y el 51,6% de la población rural vive por debajo del umbral de pobreza[6], hay que señalar que los datos de la Encuesta 2008 de Niveles de Vida en Ghana (GLSS), revelan que el número de personas en situación de pobreza extrema se redujo en 8,6 puntos porcentuales, del 26,8% en 1998-1999 al 18,2% en 2005-06[7]. Sin embargo, dada la alta dependencia del país de la agricultura y la silvicultura, las cambiantes condiciones climáticas tienen graves consecuencias sobre el nivel de vida de mujeres y hombres en esas comunidades, por lo que esta tendencia se podría revertir. Ya existe evidencia de que los recursos económicos vitales – la zona costera, la agricultura y el agua – han sido afectados por el cambio climático con consecuencias adversas para los derechos de la mujer, la pobreza, la salud y el sustento. Aquellos que viven en comunidades con altos niveles de pobreza van a ser los más negativamente afectados.

En la zona norte del país, las inundaciones en 2007 evidenciaron que el impacto del cambio climático sobre los esfuerzos de desarrollo es abrumador. Se estima que 317.000 personas fueron afectadas; 1.000 kilómetros de carreteras fueron destruidas; 210 escuelas y centros de salud fueron dañados y 630 instalaciones de agua potable fueron dañadas o contaminadas.

Desde entonces, la variabilidad del clima ha continuado afectando a diferentes grupos sociales y zonas geográficas, frenando los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM se han incorporado a la Estrategia de Reducción de Pobreza en Ghana (GPRS, 1-2003-2005 y GPRS 11-2006-2009), pero el impacto del cambio climático deja ya en claro que el Objetivo del Milenio 7 (ODM-7) – garantizar la sustentabilidad del medio ambiente – no será alcanzado. Además, dada la naturaleza mercantilista de las políticas del Gobierno para orientar la acción sobre el cambio climático, es difícil percibir cómo se pueden invertir las tendencias actuales para alcanzar el ODM-7.

Los cuatro objetivos acordados para el ODM-7 son los siguientes:

• Incorporar los principios del desarrollo sustentable en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos ambientales para 2015;
• Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando una reducción significativa en la tasa de pérdida para 2010;
• Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sustentable al agua potable y saneamiento básico para 2015;
• Lograr una mejora significativa en la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginados para 2020.

En lo que respecta al indicador del objetivo biodiversidad, la proporción de superficie cubierta por bosques, se estima que los bosques de Ghana se redujeron en 8,5 puntos porcentuales entre 1990 y 2005, del 32,7% al 24,2% (ver Tabla 1). La superficie forestal fue estimada en 7.448.000 hectáreas y cada año ha disminuido de manera constante hasta alcanzar 5.517.000 hectáreas en 2005[8].

Otro indicador que mide el progreso hacia el logro del ODM-7, el de "poblaciones sin acceso sustentable al agua potable ni saneamiento básico", es improbable se alcance en 2015. Los datos disponibles de la Encuesta Demográfica y de Salud de Ghana (GDHS) revelan que la cobertura nacional de saneamiento mejorado ha aumentado 8,4 puntos porcentuales del 4% en 1993 al 12,4% en 2008[9]. Sin embargo, existen amplias variaciones regionales en el acceso a un saneamiento mejorado. La proporción de población con acceso a servicios de saneamiento en la región de Gran Accra y en las regiones del este, está por encima de la media nacional del 12,4%, con las regiones occidentales y centrales también cercanas a la media nacional (ver Figura 1). Sin embargo, otras regiones, incluyendo Ashanti y las regiones occidentales, estuvieron más bajas que el promedio nacional, mientras que las tres regiones del norte (Norte, Alto Oeste y Alto Este), que padecen la peor experiencia de pobreza, es menos probable que tengan acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento[10].

Viéndose ya confrontado por importantes efectos del cambio climático, el Gobierno ha establecido instituciones nacionales para afrontar el reto. Sus soluciones políticas, sin embargo, no se mantienen a la par del deterioro ecológico, y están compuestas por una preferencia por las soluciones impulsadas por el mercado las cuales no articulan con suficiente sensibilidad y especificidad los temas que preocupan a la sociedad civil.

Políticas de sustentabilidad

Recaudar para un futuro mejor

Coordinadora Civil
Dr. Adolfo José Acevedo Vogl

El país no accederá a un modelo de desarrollo sustentable a menos que  supere el actual empobrecimiento de recursos. Los suelos están siendo sobreexplotados, los recursos pesqueros están al borde del agotamiento, la deforestación es creciente debido a la tala indiscriminada y a insustentables prácticas agropecuarias, y la dependencia del cultivo del café daña, entre, los recursos hídricos. Las arcas del Estados, sin embargo, están vacías. Se impone una profunda reforma del sistema tributario que permita recaudar y volcar fondos de manera más justa y eficiente e invertir en educación y métodos productivos menos agresivos para el ambiente. 

El país necesita un volumen mucho mayor de recursos para implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo sustentable; por ello, se vuelve necesaria una trasformación del sistema tributario. Esto es necesario, también, para contrarrestar la tendencia al descenso de la cooperación externa, en términos absolutos y como porcentaje del PIB.

Para que el Estado cuente con el financiamiento necesario para sostener niveles adecuados de inversión en capital humano, infraestructura básica y protección social, y para que se logren los efectos esperados en materia de equidad es fundamental que la estructura de financiamiento de este gasto descanse con mayor fortaleza relativa sobre los estratos de mayores ingresos de la sociedad, en lugar de que lo haga sobre los estratos medios y bajos (ver en recuadro la propuesta de Coordinadora Civil).

A la vez, esta necesidad de financiamiento atiende un principio básico de la economía sustentable, que es el de la justicia intergeneracional, definida así en 1974 por James Tobin : “Los administradores de las instituciones dotadas de fondos son  guardianes del futuro contra los reclamos del presente. Su tarea al manejar las fundaciones es preservar la equidad entre generaciones”[1]. 

Desafíos ambientales

La ausencia de un modelo de desarrollo sustentable se vuelve especialmente visible al considerar la pobre administración de los recursos naturales que han hecho los sucesivos Gobiernos. Las reservas de agua, por ejemplo, se han visto reducidas debido a la contaminación y la deforestación, lo cual ha incrementado el costo de las inversiones destinadas a garantizar el acceso de la población al recurso, a la vez que redujo el volumen de agua destinada a la agricultura y a la generación de energía hidroeléctrica[2].

En cuanto a la deforestación, el país pierde anualmente 75 mil ha de bosque debido a la tala ilegal, a las prácticas no sustentables del sector agropecuario y a los incendios, muchas veces producto de las quemas agrícolas. El uso de la madera como combustible ha agravado la situación: en el presente, el 76% de la energía destinada a cocinar proviene de la leña[3]. El daño infligido a los bosques, además, ha contribuido a la erosión de los suelos, lo cual pone en peligro la agricultura.

En junio de 2011 el Gobierno manifestó su preocupación por el problema, y anunció que se había logrado reducir la tasa de deforestación en un 50%[4]. Sin embargo, de los 12 millones de ha de bosque, más de 8 millones permanecen degradadas.

La sobre explotación de los recursos pesqueros pone en evidencia el modelo no sustentable de crecimiento económico que ha venido implementándose en el país. La pesca de langosta, por ejemplo, ha venido llevándose a cabo a más del doble de la capacidad regenerativa de la especie. El Gobierno falla, además, en implementar medidas adecuadas contra la pesca ilegal[5].

La industria camaronera, además, ha deteriorado los ecosistemas del mangle y los humedales de la costa del Pacífico, además de contaminar los cuerpos de agua mediante el vertido de residuos y sustancias químicas tóxicas.

A su vez, el deficiente manejo de los residuos sólidos en las ciudades ha incrementado el problema de los basurales en las áreas con mayor densidad de población, donde la falta de planificación urbana ha aumentado la vulnerabilidad de los sectores más pobres de la población a las enfermedades y a los desastres ambientales. Este incremento de la vulnerabilidad, además, pone al país en una situación delicada frente a los diversos modelos de cambio climático[6].

Pero el principal problema del país en cuanto al deterioro medioambiental es su dependencia del cultivo de café. 26% de los establecimientos agropecuarios nicaragüenses se dedican a ello, ocupando un 15% de la tierra cultivable, y 25% del área dedicada a cultivos exportables[7].

Según América Economía: “El Centro de Trámite de las Exportaciones de Nicaragua (Cetrex) informó que el café ha generado USD 154 millones en los primeros cinco meses de la cosecha 2010-2011 (octubre-febrero), lo que representa unos USD 85 millones más que el mismo periodo de la cosecha 2009-2010”[8]. El problema es que el cultivo intensivo de café es extremadamente agresivo para el medio ambiente, acarreando deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación agroquímica, erosión del suelo y sobre todo el agotamiento de los recursos hídricos, debido a la gran cantidad de agua utilizada en su cultivo y procesamiento[9]. El medio ambiente nicaragüense, agredido y depredado desde hace más de un siglo por la explotación agrícola frutera, no puede soportar indefinidamente el crecimiento y expansión del cultivo cafetero si no se aplican políticas agrarias que regulen las técnicas de cultivo y permitan la recuperación del suelo. Ningún crecimiento sustentable puede esperarse de un terreno yermo y agotado.

El deterioro educativo

El desarrollo sustentable implica el legado de bienes de la presente generación a las que la siguen. Para esto una educación que potencie a los ciudadanos para mejor explotar los recursos humanos y naturales heredados es imprescindible, pero el panorama en este aspecto también es desalentador en Nicaragua. Una encuesta divulgada en mayo y realizada por la consultora M&R muestra que los consultados, en su gran mayoría, perciben un grave deterioro del sistema educativo, cuyo acceso se ve dificultado en tanto la calidad de la enseñanza se percibe como severamente empobrecida y desactualizada. A esta percepción cabe agregar el hecho de que los maestros perciben salarios muy por debajo del salario promedio nacional.[10]

El 78,9% de los encuestados, de hecho, opina que el estado de la infraestructura escolar es malo o pésimo, a la vez que el 70,8% califica de idéntica manera a la calidad de la educación impartida. En cuanto al salario de los docentes, el 91,8% de los encuestados juzgó de la misma manera la remuneración percibida por los maestros de las escuelas públicas primarias, mientras que el 89,4% calificó también como malo o pésimo el salario de los docentes de escuelas públicas secundarias.

Asimismo, los encuestados coinciden en que incrementar de manera significativa la inversión pública en educación básica y media (llevándola al menos al 7% del PIB) podría mejorar la situación y garantizar que sea impartida una enseñanza de mayor cobertura y calidad. El 92,8% de los encuestados opina que el Gobierno debe incrementar significativamente la asignación presupuestaria a la educación.

Asimismo, el 93,5% señaló que el país necesita establecer un gran acuerdo nacional a largo plazo que, independientemente de la orientación política del gobierno de turno, asegure que se respete y se dé continuidad a cualquier política destinada a mejorar la educación. La educación y el desarrollo sustentable sólo pueden ser abordados por una reforma tributaria que posibilite destinar los fondos con los que hoy el Estado no cuenta. Los primeros objetivos en el camino de alcanzar la sustentabilidad deben ser: Recaudar, preservar y educar.

Recursos costeros en peligro

Sustainable Development Foundation (SDF)
Social Agenda Working Group
Jonathan Shott

En su afán por alcanzar el crecimiento económico, el país ha vivido enormes cambios en los últimos 40 años. Los principales desafíos que el país enfrenta actualmente son la rápida degradación de los recursos marinos y costeros y las diversas consecuencias de la urbanización y el desarrollo de la industria y el turismo. Se están aplicando modelos de desarrollo no sustentable que significan una presión tremenda sobre los recursos marinos y costeros. Al mismo tiempo las políticas y los marcos legislativos, institucionales y operativos no brindan apoyo a las comunidades locales para que estas puedan hacer valer sus derechos constitucionales.

Las vidas y el sustento de unos 13 millones de tailandeses dependen directamente del aprovechamiento de recursos marinos y costeros. Las aguas de Tailandia cubren una superficie de aproximadamente 350.000 km2 y el país tiene unos 35.000 km2 de zonas costeras[1] . Los hábitats y los recursos naturales importantes incluyen bosques costeros, lechos vegetales marinos, minerales, minerales metalíferos, petróleo y gas natural. Se calcula que el país también tiene 12.000 km2 de arrecifes de coral con una biodiversidad de por lo menos 240 especies diferentes, y 1.964 km2 de manglares con 35 especies diferentes[2] .

Las principales industrias que dependen de los recursos marinos y costeros incluyen la pesca de captura, la acuicultura, el turismo, el transporte de productos y mercaderías, la industria pesada y la producción de energía eléctrica. Se calcula que Tailandia obtiene todos los años unos THB 7.500 mil millones (alrededor de USD 250 millones) de ganancias de sus recursos marinos y costeros[3] .

Las aguas costeras de Tailandia siempre han sido ricas y productivas, con gran biodiversidad y poblaciones numerosas y saludables. Esta abundancia de recursos ha contribuido al desarrollo de un sector pesquero fuerte. Tanto la pesca de captura como la acuicultura son importantes para la economía del país: en 2003 Tailandia representó el 3% de la captura pesquera total y casi el 2% del total de la producción acuícola del mundo. Su captura de pesca anual está valuada en más de THB 120 mil millones (unos USD 4 mil millones).

Pescadores de pequeña escala

La constitución de Tailandia de 2007 consagra los derechos de las comunidades locales o tradicionales a participar en la conservación, el cuidado, la gestión y el uso equilibrado y sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente. Sin embargo la implementación y operación por los organismos del gobierno a nivel local suelen fracasar en la promoción, apoyo y facilitación a las comunidades locales para que ejerzan sus derechos constitucionales, y en muchos casos los enfoques de esos organismos son contradictorios con esos derechos.

Es  lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los pescadores de pequeña escala. Más de 60.000 hogares de 4.000 aldeas se dedican a la pesca, de los cuales un 93% son pescadores de pequeña escala que representan aproximadamente el 9% de la captura anual del país[4] . Usan barcos y aparejos tradicionales, fabricados a mano, que los obligan a pescar a no más de 3 a 5 km de la costa. Esto los hace especialmente vulnerables a los cambios locales en el estado de los recursos marinos y costeros[5] .

Desafíos a la sustentabilidad

En las aguas del país las poblaciones de animales marinos están degradadas por pescar más allá de la capacidad de carga del mar. El Golfo de Tailandia se ha visto especialmente afectado y desde 1972 el país ha estado excediendo la captura máxima sustentable por año (1,4 millones de toneladas)[6] . Otros desafíos incluyen la no erradicación del uso de redes de empuje, la falta de control del uso de redes de arrastre, y los subsidios a los combustibles y la mano de obra barata de los migrantes que permiten al sector de la pesca comercial mantener costos artificialmente bajos.

La acuicultura también ha afectado mucho el estado de los recursos marinos y costeros. El Departamento de Recursos Marinos y Costeros informa que casi 74.640 hectáreas de bosques de manglares han sido usadas para acuicultura, especialmente granjas de camarones[7] .

En la provincia de Trang (en la costa del mar de Andamán) los grandes barcos para pesca comercial que usan aparejos destructivos como redes de empuje y arrastre han devastado los recursos marinos locales, reduciendo notablemente las poblaciones de peces en muy poco tiempo y dañando y destruyendo ecosistemas marinos de valor incalculable como los arrecifes de coral y los lechos vegetales marinos. Se ha descubierto que algunos grandes barcos comerciales operan dentro de la zona de 3.000 metros adyacente a la costa que está reservada especialmente para la pesca de pequeña escala, y aun dentro de las zonas marinas protegidas.

En la provincia de Nakorn Sri Thammarat en la costa del Golfo de Tailandia, el dragado ilegal para pescar almeja blanca ha causado una rápida degradación del ambiente marino[8] . Quienes practican el dragado ilegal suelen trabajar en la época de los monzones, cuando los pescadores de pequeña escala no pueden salir al mar, y excavan materiales del lecho marino hasta una profundidad de un metro o más. Una zona dragada de esta manera puede demorar cinco o seis años en volver a su estado de abundancia anterior. Además, el dragado ilegal puede dañar y destruir los aparejos de pesca de los pescadores locales[9] .

Cuando se degradan los recursos marinos y costeros, la pesca de pequeña escala suele sufrir más que la comercial. A diferencia de los pescadores comerciales, los pescadores de pequeña escala no pueden aventurarse a las aguas profundas lejos de la costa. Si bien en teoría podrían optar por ir todos los días a zonas cercanas donde los recursos estén menos degradados, en la práctica sus ingresos son tan exiguos que el costo del combustible adicional pondría en peligro su sustento.

Urbanización, desarrollo industrial y turismo

La urbanización, la industrialización y el desarrollo del turismo han transformado las provincias costeras de Tailandia, impactando negativamente en los recursos marinos y costeros y también en los medios de vida de los pescadores de pequeña escala. Cada vez hay más demanda y competencia por la tierra, y se ha privatizado algunas tierras costeras y aguas adyacentes, restringiendo el acceso. Además, los cambios ambientales y la contaminación han afectado la disponibilidad y estado de los recursos marinos y costeros y han agravado problemas como la erosión de la costa.

Las pequeñas comunidades pesqueras deben estar necesariamente cerca de la costa porque amarran sus barcos en las playas arenosas o en las ensenadas. Hasta los proyectos relativamente pequeños que afecten la navegación de las aguas adyacentes a la costa, como la construcción de puertos deportivos privados, pueden tener un impacto enorme por el combustible adicional - y por tanto el gasto adicional - que se necesita para navegar hasta el otro lado de esas estructuras.

Los manglares se han visto amenazados por los asentamientos y la industria, además del uso de su madera para leña, carbón vegetal, muebles y construcción. Las casi 10.400 hectáreas de lechos vegetales marinos de Tailandia se han visto perjudicadas por los sedimentos generados por las construcciones en la costa, la deforestación y la agricultura, la descarga de aguas residuales y el uso de aparejos de pesca ilegales como las redes de empuje. La gran erosión costera lleva a que Tailandia pierda 3 km2 de tierra al mar todos los años, a un costo estimado de THB 6 mil millones (unos USD 200 millones). La erosión costera se debe a una combinación de elementos naturales y humanos, pero el desarrollo de la costa incluye actividades que alteran la acumulación natural de sedimento: la construcción de represas, la extracción de arena y el dragado de canales profundos para facilitar el transporte marítimo[10] .

El Plan de Desarrollo del Litoral Sur ha designado las zonas costeras del país para el desarrollo de sistemas de transporte público e industria pesada. Hay 37 proyectos programados, entre los cuales puertos de aguas profundas, plataformas petroleras, depósitos de combustibles, tuberías de combustibles, industria pesada y centrales eléctricas. El plan ha destacado el desarrollo de la industria pesada sin tener en cuenta formas alternativas de desarrollo que podrían ser más adecuadas para las circunstancias socioeconómicas y la ecología cultural de las zonas seleccionadas, cuyas economías se basan en la pesca, la agricultura, el turismo, la educación y la industria ligera[11] .

Tailandia ha tenido muchos ejemplos de desarrollos turísticos inadecuados e insustentables, y también actividades turísticas que afectan directamente los recursos marinos y costeros, como las “caminatas en el coral” que suponen caminar apoyándose sobre los arrecifes de coral. Pero para muchas de las comunidades de pequeños pescadores que viven en las principales zonas turísticas del país, los problemas y conflictos con relación a la tierra y los derechos sobre la tierra son una preocupación mayor. Han surgido conflictos entre las comunidades locales y los operadores turísticos que han recibido títulos a la tierra, o que han invadido las tierras sin derecho de propiedad alguno, en zonas que se superponen con bosques terrestres o de manglares de las comunidades, asentamientos o caminos públicos[12] .

La cambiante realidad socioeconómica, en lo mundial, lo nacional y lo local, ejerce cada vez más presiones sobre los recursos marinos y costeros limitados. En su afán por alcanzar el crecimiento económico a nivel nacional, Tailandia ha vivido enormes cambios en los últimos 40 años, mientras que a nivel local las expectativas sobre estándares y calidad de vida están transformando los medios de vida de subsistencia en enfoque más centrado en los ingresos monetarios. A pesar de grandes avances generalmente a nivel de las políticas[13] , los pescadores de pequeña escala todavía no tienen una identidad formalmente reconocida en los marcos políticos y legislativos, lo que significa que con frecuencia se omite identificar y abordar los problemas que afectan sus medios de vida y su bienestar.

Nuevas políticas, las prácticas de siempre

Hay una importante brecha entre las políticas y la legislación a nivel nacional y su aplicación a nivel local. Cambios prometedores en la dirección de las políticas[14] no llegan a producir cambios tangibles, generalizados y duraderos a nivel local porque la legislación, la burocracia y la administración se resisten. También falta coordinación, cooperación e integración entre las diversas organizaciones y organismos vinculados directa o indirectamente con la gestión de los recursos marinos y costeros, lo que hace que la implementación y la operación a nivel local sean ineficientes e incoherentes si no contradictorias y contraproducentes. Esta falta de coherencia entre los enfoques y las prácticas de las diferentes organizaciones y organismos subraya la necesidad de racionalizar el complejo marco legislativo aplicable a la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.

En muchos casos no se ha actualizado la legislación para reflejar los cambios positivos de las políticas a nivel nacional. En otros casos la legislación existente que podría ser beneficiosa para los recursos marinos y costeros y también para los pescadores de pequeña escala no produce las ventajas esperadas o bien porque se aplica mal, y por eso los individuos pueden ignorar la ley, o bien es arbitraria, y se aplican diferentes parámetros en diferentes circunstancias. Algunos problemas concretos son las lagunas legales que permiten a los infractores evitar el enjuiciamiento, las penas demasiado leves para disuadir, y los recursos insuficientes o las trabas administrativas que impiden la vigilancia sistemática y completa[15] .

Conclusión

Las prácticas de desarrollo no sustentables están teniendo un impacto negativo sobre los recursos marinos y costeros y los medios de vida de los pescadores de pequeña escala. Si bien la cambiante realidad socioeconómica, en lo mundial, lo nacional y lo local, ejerce cada vez más presiones sobre los recursos marinos y costeros limitados, la responsabilidad también recae sobre otros problemas subyacentes. Estos tienen que ver con los marcos políticos, legislativos, institucionales y operativos que no brindan apoyo a las comunidades locales para que estas puedan ejercer sus derechos constitucionales, ni controlan ni reprimen las prácticas ilegales, inadecuadas y no sustentables.

Repensar el desarrollo

Social Watch Nigeria
Ray Onyegu

Las iniciativas de desarrollo del Gobierno no han logrado reducir la pobreza ni diversificar una economía basada en el petróleo, en la que todavía se aplica un modelo extractivo no sustentable. Esto ha llevado a una grave degradación ambiental, que tiende a la desertificación y la erosión de forma alarmante. El Gobierno debe repensar sus estrategias y adoptar políticas de planificación a largo plazo respetuosas del medio ambiente que se basen en fuentes de energía renovables y una gestión medioambiental adecuada. Se debería empoderar a los pobres y darles participación en la gestión del ambiente y los recursos naturales.

Aunque el país tiene abundantes recursos naturales como bauxita, oro, estaño, carbón, petróleo y bosques, y genera importantes ganancias del sector petrolero, todavía está poco desarrollado. El Índice de Desarrollo Humano de 2010 ubica a Nigeria entre los países de bajo desarrollo humano, con un valor de 0,423 que lo coloca en el lugar 142 entre 169 países[1] . La situación ha empeorado aún más por los esfuerzos no sustentables realizados en el último decenio.

De 2003 a 2007 el Gobierno trató de implementar un programa llamado Estrategia de Desarrollo por el Empoderamiento Económico Nacional (NEEDS, por sus siglas en inglés), pensado para elevar el nivel de vida a través de una serie  de reformas que incluían la liberalización de la economía y la privatización de bienes estatales[2] . El Gobierno estimó que el NEEDS crearía 7 millones de empleos nuevos, diversificaría la economía, fomentaría las exportaciones no energéticas y mejoraría la productividad agrícola. Sin embargo en 2010, tres años después de su implementación, el 92% de la población todavía vivía con menos de USD 2 por día, mientras cerca del 71% sobrevivía con menos de USD 1 por día[3] .

El desarrollo estancado de Nigeria se debe a razones que incluyen las políticas macroeconómicas inadecuadas, el débil crecimiento económico, los efectos negativos de la globalización, la falta de buena gobernanza, la corrupción, el peso de la deuda, la baja productividad y las bajas remuneraciones en el sector informal, las deficiencias del mercado laboral que limitan el crecimiento del empleo y llevan al desempleo, una alta tasa de crecimiento de la población, el escaso desarrollo de los recursos humanos, el aumento de los delitos y la violencia, y la degradación ambiental que resulta tanto del cambio climático como de actividades humanas.

Esta situación se agrava aún más por el modelo de desarrollo extractivo que aplica el Gobierno. Por ello a pesar de que indicadores recientes mostraron cierto progreso económico (el PIB aumentó del 5,6% en 2010 a un 6,8% estimado para 2011)[4] , el país sigue siendo muy dependiente de la industria de los hidrocarburos[5] , que claramente son recursos no renovables y por lo tanto inadecuados como base del desarrollo sustentable. El mayor desafío que debe enfrentar el país es la pobreza, que está asociada a los problemas medioambientales del país, derivados en su mayor parte de las prácticas extractivas: desertificación, inundaciones, degradación ambiental y pérdida de biodiversidad.

Desertificación

Todos los años se pierden casi 350.000 hectáreas de tierras cultivables ante el avance del desierto[6] . Las causas naturales son, entre otras, el mal estado físico del suelo, la vegetación y la topografía, así como las tierras cada vez más secas y la extrema variabilidad climática que es intrínseca a la región como lo demuestran las sequías periódicas. Además hay una sobreexplotación por los seres humanos, pastoreo excesivo, deforestación y mala irrigación por diversos factores como el crecimiento demográfico, las migraciones y las condiciones socioeconómicas de penuria en que viven las personas[7] .

La demanda de madera para viviendas, combustible, la industria pesquera y otros usos, y la eliminación de árboles, arbustos, plantas herbáceas y cubierta herbácea siguen acelerando la degradación del suelo a condiciones de desierto. Los pastores también cortan follaje para alimentar sus animales y usan las ramas para construir cercos. Otras causas de la creciente desertificación de Nigeria son las quemas de arbustos por los aldeanos para despejar tierra para los cultivos, los incendios provocados por los cazadores para encontrar animales, los fuegos que inician los ganaderos para eliminar el pasto seco y estimular el crecimiento de los brotes y el cultivo de zonas marginales en períodos de lluvias superiores a las habituales.

El uso intensivo de ecosistemas frágiles y marginales ha llevado a la degradación progresiva de las tierras agrícolas marginales aun en años de precipitaciones normales[8] . La insuficiente provisión de agua en la mayor parte de Nigeria, a causa de las sequías, ha llevado a una mayor contaminación de las restantes fuentes de agua y aumenta las enfermedades que se transmiten por el agua como el tifus, la hepatitis infecciosa y el cólera. Se teme que los daños causados por las sequías y la presión de la población ya hayan producido la pérdida genética de una amplia gama de especies de plantas[9] .

Inundaciones

Al mismo tiempo que sufre sequías generalizadas, la topografía de Nigeria la vuelve particularmente vulnerable a las inundaciones. Este fenómeno adopta tres formas: costeras, fluviales y urbanas. Las primeras  ocurren en la faja al nivel del mar de manglares y pantanos de agua dulce cerca de la costa, e incluye el desbordamiento de la playa Lagos Bar del océano Atlántico[10] . Las inundaciones fluviales ocurren periódicamente en las llanuras de inundación de los ríos más grandes y en el delta del Níger, y también hay crecidas repentinas y de poca duración por el desbordamiento de ríos pequeños durante la estación de las lluvias. Las inundaciones urbanas ocurren en las ciudades situadas en terrenos llanos o bajos, especialmente donde no se han hecho previsiones suficientes para el drenaje de aguas superficiales o donde el alcantarillado existente está obstruido con residuos municipales. Las precipitaciones intensas imprevistas y otras manifestaciones climáticas extremas son algunos de los riesgos del cambio climático por el calentamiento global, que aumentan la vulnerabilidad del país a los desastres naturales.

En 2010 las graves inundaciones causaron el desplazamiento de casi 2 millones de personas en la región norte del país[11] . Muchos otros países de África Occidental - entre los cuales Benín, Ghana y Níger - también fueron muy afectados por el desastre, que vino después de una sequía a gran escala y hambruna y en la región de Sahel (la zona de transición entre el desierto del Sáhara y África central) y en la cuenca del río Senegal.