Recuperando el espíritu original de los ODM

Organizaciones francesas de la sociedad civil, ONG, sindicatos y organizaciones territoriales[1] 

El logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) exige que todos y cada uno de los estados demuestren su voluntad política de actuar, tanto en la mejora de los indicadores concretos como en la elaboración de políticas globales. La nueva estrategia de desarrollo debería recuperar el espíritu original de los ODM y centrarse en  las necesidades de la gente, la mejora de su calidad de vida, el objetivo de llegar a los más pobres, la equidad de género y la noción de que el bienestar y una mejor calidad de vida son valores inseparables.

Como sucedió recientemente con el salvataje de los bancos, la verdadera lucha contra la pobreza y la desigualdad es, ante todo, una cuestión de valor y voluntad política de los dirigentes franceses y europeos. En 2005, las organizaciones civiles y las colectividades territoriales francesas afirmaban en sus movilizaciones que no había más excusas para que Francia no respetara sus compromisos. En 2010, a cinco años del plazo fijado para la realización de los ODM, esas mismas organizaciones exigen a sus dirigentes que asuman por fin su responsabilidad comprometiéndose en tres áreas complementarias: el respeto a los derechos humanos; la solidaridad con la propia gente; y la inclusión de todos los involucrados en los planes de desarrollo y su implementación.

Respetar y hacer respetar los derechos humanos

La lucha contra la pobreza y la desigualdad no es sólo una cuestión humanitaria, sino que involucra también el respeto a la dignidad de las personas e implica por lo tanto el respeto a sus derechos fundamentales. En consecuencia, los ODM deben integrar una aproximación fundada en la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, condición indispensable para su realización. Para ello, Francia debe:

• Firmar y ratificar el protocolo facultativo del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Su ratificación permitiría apoyar los esfuerzos que apuntan a obtener un mayor reconocimiento de los DESC por parte de las leyes nacionales y frente a los tribunales. Hasta el presente 32 países firmaron el Protocolo facultativo. Francia apoyó la redacción de este Protocolo, comprometiéndose así a implementar esos derechos. Sin embargo, todavía no forma parte de los Estados firmantes. Sin un número suficiente de ratificaciones, este Protocolo será letra muerta; deberá  ser ratificado por 10 estados para que esos derechos se pongan en marcha. Los países del Sur esperan este proceso, pues permitirá a sus poblaciones exigir la implementación de sus derechos.

• Firmar y ratificar la Convención Internacional sobre los derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus familias (CTM), a fin de otorgarle alcance nacional, comunitario e internacional. Los emigrantes sirven muy a menudo de chivo expiatorio frente a la desocupación, el terrorismo y la intolerancia racial y religiosa. Uno de los principales ejes  establecidos por la CTM consiste  en que todos los trabajadores migrantes y sus familias tienen derechos fundamentales, cualquiera sea su estatus legal en el país de llegada. La Convención asegura la protección de derechos suplementarios para los trabajadores migrantes en situación regular en vista de su integración en la sociedad de llegada, al mismo tiempo que la enriquecen y conservan los lazos con su lugar de origen.

• Apoyar la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de poner en marcha el Programa Piloto para el Trabajo Digno. En un nuevo estudio sobre las facetas del trabajo forzado en el mundo, la OIT subraya que en una situación de crisis “son los más vulnerables los que sufren más. En ese contexto, es harto necesario cuidar que los ajustes no se hagan en detrimento de las garantías que se dieron concienzudamente para prevenir el trabajo forzado y los abusos de la trata de seres humanos”.[2]

• Asegurarse de que las empresas respeten los derechos fundamentales. Según las recomendaciones del representante especial ante el Secretario General de las Naciones Unidas, los estados tienen el deber de proteger los derechos humanos y este deber supone la aplicación de recursos jurídicos para defender a las víctimas en el Sur frente a violaciones cometidas por las filiales o en el marco de las cadenas de aprovisionamiento de las empresas europeas. Además, los estados deben vigilar que las empresas que reciben apoyo público (financiamiento, crédito para la exportación) respeten los derechos humanos, las convenciones relativas a las consultas a las poblaciones, los derechos fundamentales de los trabajadores y la protección del medio ambiente.

Reforzar la solidaridad

Los gobiernos demostraron solidaridad para reflotar los bancos e intentar minimizar los daños causados por sus crisis financieras. Ahora reivindicamos una solidaridad de una magnitud equivalente para con la gente común como forma de eliminar la pobreza y la desigualdad.

En un mundo en el que, en 2006, el 2% de la población poseía el 50% de la riqueza[3], la redistribución de la riqueza y el acceso a escala mundial de los bienes públicos debe ser una prioridad. Fueron las políticas neoliberales de los países ricos las que desataron las crisis financiera, alimentaria, social, energética y ambiental. Son las poblaciones – en su gran mayoría las del Sur – las que pagan los platos rotos. Ya es tiempo de que los responsables de esas políticas asuman las consecuencias de sus decisiones.

Los progresos realizados hacia el cumplimiento de algunos ODM no deben hacer perder de vista el camino que queda por recorrer. Los ODM parecen tanto más fuera del alcance en tanto no estén asociados a mecanismos de solidaridad financiera y de redistribución de la riqueza que asegure su universalidad.

Por lo tanto, los ODM no serán alcanzados a menos que una verdadera asociación global para el desarrollo permita liberar recursos complementarios. En efecto, las inversiones de los estados del Sur, gravados a menudo por los servicios de una deuda insostenible y un acceso muy débil a los beneficios de explotación de los recursos naturales de sus países, no les permitirán financiar solos sus servicios públicos. Es importante para Francia:

• Consagrar la Ayuda Oficial para el  Desarrollo (AOD) y canalizarla hacia los sectores sociales en los países más pobres. La AOD debe constituirse en objeto de un compromiso presupuestario plurianual en la próxima ley de programación trienal de las finanzas públicas, a fin de concretar los compromisos europeos e internacionales franceses en materia de AOD para llegar al 0,7% del Ingreso Nacional Bruto (INB) en 2015. Francia debe velar por una asignación más transparente y eficaz de los recursos, concertadamente con los países beneficiarios y los otros proveedores de fondos a fin de responder a las exigencias ligadas a la eficacia de la ayuda consagradas por la Declaración de París. El país debe otorgar subvenciones en forma prioritaria, en particular en lo que concierne al apoyo a los sectores sociales, recurso cada vez más importante y sistemático para los préstamos que puedan llevar a una crisis de re-endeudamiento cuya burbuja especulativa naciente constituye una primera señal.

• Implementar un mecanismo de redistribución de la riqueza bajo la  forma de impuestos a las transacciones financieras. Esos impuestos permitirían liberar recursos previsibles complementarios a los financiamientos públicos tradicionales para luchar contra la desigualdad, asegurar la realización de los ODM, la adaptación al cambio climático y la preservación de los bienes públicos mundiales. Se trataría, en la primera etapa, de recurrir a un impuesto sobre las transacciones interbancarias de cambio que abarcaría a las monedas europeas (euro y libra esterlina) en cualquier parte del mundo. Hoy está perfectamente demostrada la viabilidad técnica de un impuesto semejante, y la viabilidad política de un impuesto europeo es, a corto plazo, más elevada que la de impuestos mundiales sobre todas las transacciones financieras que podrían abordarse en una segunda etapa. Se debería proponer la asignación temática e institucional del producto de este impuesto a la ONU, pues ésta es la única que tiene la legitimidad suficiente para decidir financiar las necesidades internacionales prioritarias.

• Anular todas las deudas ilegítimas. Los países del Sur deben poder invertir para lograr el desarrollo económico y social de su gente. Lamentablemente, muchos de los países más pobres están todavía muy endeudados. Los préstamos se otorgaron en algunos casos hace mucho tiempo, sin responsabilidad real de los acreedores y sin ningún o escaso impacto real y positivo sobre sus supuestos beneficiarios. Esas deudas son ilegítimas. En algunos casos porque el préstamo fue contraído por un régimen despótico que robó el dinero para aumentar sus capacidades militares o para oprimir a la población (lo que se llama “deuda odiosa”), o porque el préstamo fue contraído para llevar a cabo proyectos de desarrollo muy mal concebidos, o contaminados de corrupción, que fracasaron  o nunca vieron la luz. Es esencial realizar una reforma profunda de las reglas de juego con el fin de evitar crisis recurrentes de deuda insostenible e ilegítima.  Creemos que, más que nunca, es necesario establecer un nuevo marco de deuda en el cual acreedores y deudores se pongan de acuerdo conjuntamente y que ponga el acento en la responsabilidad mutua de las dos partes. Esto implica el respeto a  los principios de transparencia y responsabilidad. En caso de problema, deberían aplicarse procedimientos justos y transparentes de resolución de diferencias basados en compartir las responsabilidades entre acreedores y deudores. Además, numerosos bancos del Norte son verdaderos paraísos para los fondos robados por dictadores corruptos. Esta riqueza ilegítima y los bienes adquiridos con ella deben volver a los países de donde fueron robados.

• Reforzar la transparencia de las empresas en materia fiscal, social y ambiental. La realización de los ODM y especialmente de su objetivo número 8 necesita más transparencia por parte de las empresas, y en particular de las trasnacionales. Esto supone también dispositivos de intercambio de informaciones fiscales más completos y sistemáticos de parte de los estados. Con este fin, Francia y la Unión Europea deberían impulsar un marco legal apropiado para obligar a las empresas a rendir cuentas sobre los impactos de sus actividades en el desarrollo. Esto debería incluir un informe completo del impacto social y ambiental en cada país en los que esas empresas operan, en conformidad con las normas internacionales del IASB (International Accounting Standard Board) y según la directiva europea  sobre la obligación de transparencia. Este marco debería igualmente favorecer el intercambio automático de información fiscal a nivel europeo e internacional. En un primer momento, los países más pobres no estarían directamente implicados en tales medidas, ya que su aplicación sería progresiva en Europa y luego en los países de la OCDE, contribuyendo a la AOD que estos países provean. Los recursos obtenidos por esta vía podrían reforzar las capacidades de las administraciones fiscales en los países del Sur. De este modo estos países podrían mejorar la recaudación del impuesto y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, que actualmente minan sus economías.

Asegurar la participación de todos en el desarrollo

La crisis ofrece una oportunidad única de repensar las políticas y estrategias de desarrollo y crecimiento, asignándoles a las personas - empezando por los sectores más pobres - un papel central en el proceso de desarrollo.

Los ODM sólo serán alcanzados si se los vuelve a centrar en cubrir las necesidades más urgentes de las personas, sobre todo en los sectores más pobres, estableciendo una genuina equidad entre hombres y mujeres, y adhiriendo al principio fundamental de que el bienestar y una mejorr calidad de vida son valores interdependientes.

Los ciudadanos y la sociedad civil, así como las colectividades locales, los parlamentos y las empresas tienen un papel  esencial que jugar en este cambio de perspectiva que implica construir  una nueva solidaridad, partiendo del nivel local, e involucrando no sólo a cada país sino la relación entre los países. Para lograr esto proponemos:

• Asociar sistemáticamente las sociedades civiles y las poblaciones que viven en la pobreza a la elaboración de las políticas públicas. Solicitamos al Gobierno francés que las políticas públicas, locales y nacionales, elaboradas con vistas a la realización de los ODM asocien sistemáticamente las sociedades civiles en toda su diversidad. En particular, estas políticas deberían asegurar la participación de organizaciones que representen a personas que viven en la pobreza y la exclusión social.

• Promover la participación de los gobiernos locales en la puesta en práctica de una asociación global. Las administraciones regionales reunidas en la Cumbre Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, realizada en noviembre de 2009 en Cantón, unánimemente se comprometieron a convertir a los gobiernos locales en el 9º ODM. Estas administraciones regionales y sus representantes deben participar en la formulación de políticas públicas relevantes. En la escena internacional, Francia debe reconocer que los gobiernos regionales deben cumplir un rol importante como actores del desarrollo y promover acciones descentralizadas e inversiones administradas localmente.

• Promover el control de los compromisos de los gobiernos por parte del parlamento. Como principio general, un parlamento debería recibir información completa y datos sólidos que permitan a sus miembros evaluar y hacer un seguimiento de los compromisos de su gobierno para alcanzar los ODM. Francia, en particular, debería asegurar que su parlamento supervise las políticas de cooperación para el desarrollo, como forma de garantizar que las mismas sean coherentes con los objetivos de desarrollo y la lucha contra la pobreza.