Después de la caída: el imperativo de un New Deal - Roberto Bissio. Secretariado Internacional de Social Watch

Publication_year: 
2010
INFORME ANUAL: 
Yes

La buena noticia es que la estrategia Primero la gente funciona. Primero la gente fue el título del informe anual Social Watch 2009 y su mensaje central. Sostuvimos, basándonos en evidencia proveniente de todo el mundo, que el imperativo ético de invertir en las personas que viven en la pobreza, mujeres en particular, era también la mejor estrategia económica para luchar contra la crisis económica mundial luego del colapso de Wall Street a finales de 2008.

Un año después, esto es exactamente lo que pasó en lugares tan distantes como China y Brasil, dos países en desarrollo severamente afectados por la crisis que tomaron medidas rápidas y decisivas para estimular el consumo local mediante la ayuda a la gente más pobre. Según la coalición Social Watch de Brasil “la recuperación se logró gracias a la fortaleza de la demanda interna, alimentada por: políticas de aumento del salario mínimo; políticas sociales, de las cuales la “Bolsa Família” (subsidio familiar) es la más importante; políticas de expansión del crédito otorgado por los bancos públicos; y, en menor grado, políticas fiscales bajo el paraguas del programa conocido en Brasil como Programa de Aceleración del Crecimiento. Los grupos de bajos ingresos también fueron objetivo de las políticas: aumentó el número de personas pobres que reciben beneficios en efectivo (equivalente a un mes de salario mínimo), entre otros, quienes tienen un ingreso familiar igual o menor a 25% del salario mínimo per cápita, personas con discapacidades y personas pobres mayores de 65 años, también se otorgaron beneficios jubilatorios ampliados para los trabajadores rurales (aunque no hayan hecho contribuciones previas)”.

Los menos de USD 7.000 millones que se invirtieron en Bolsa Família no sólo fueron un éxito en la reducción de la pobreza sino que también brindaron un apoyo importante a la demanda interna, en particular de bienes de consumo perecederos. Debido a que las familias pobres consumen todo su ingreso, estos subsidios se tradujeron en un aumento directo a la demanda, generando un piso frente a cualquier eventual reducción de los gastos en consumo en el país. Los gastos basados en la Bolsa Familia también tienen un impacto expansivo indirecto sobre la demanda y el nivel de actividad económica. Los gastos originales se transforman en los ingresos de otras personas, que también serán gastados con un estímulo adicional a otras actividades. La naturaleza descentralizada del programa permite que estos estímulos estén dirigidos a actividades locales, ampliando el impacto sobre el empleo y el consumo adicional”.

La mala noticia es que en todo el mundo la mayoría de los países dirigieron billones de dólares al otro extremo de la cadena económica, a través de recortes de impuestos a los ricos o subsidios a los bancos y grandes corporaciones y luego esos planes, que en realidad no ayudaron a reducir el desempleo, se suspendieron o redujeron tan pronto como el sector financiero comenzó a ser rentable nuevamente.

Es el caso, por ejemplo, de Canadá, donde la coalición Social Watch local informa que “la reducción del déficit se está logrando mediante mayores recortes a los gastos sociales. Mientras se recuperan el mercado de acciones y el Producto Interno Bruto (PIB), se esperan mayores retrocesos en los niveles de equidad y desarrollo tanto internos como en el extranjero”.

Algunos países en desarrollo dan cuenta de efectos aún más devastadores de la crisis. En Indonesia, por ejemplo, Social Watch nacional informa que “la crisis financiera mundial le ha impuesto una carga adicional a Indonesia, que ya enfrentaba problemas tales como una gran deuda externa, corrupción y políticas macroeconómicas que no se han traducido en pasos concretos para erradicar la pobreza. Los más castigados han sido los trabajadores, ya que las empresas despiden empleados como primera opción para salvar sus activos”.

Según las estimaciones del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, la cantidad de personas en todo el mundo que pierden sus trabajos o caen por debajo de la línea de extrema pobreza se cuenta por decenas e incluso cientos de millones. En muchos países, Eslovaquia entre ellos, los informes de Social Watch local observan una tendencia de los políticos a promover la “discriminación y la intolerancia” como forma de controlar las cifras de desempleo de doble dígito.

Promesas sin cumplir

Hace una década, en la Cumbre del Milenio, más de 100 jefes de estado o gobierno firmaron este compromiso: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condi­ciones abyectas y deshumaniza doras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos”. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio u ODM, extraídos de la Declaración del Milenio, establecieron metas con plazos concretos, la primera de las cuales era reducir a la mitad, entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que viven en la extrema pobreza y que padecen hambre. Los ODM en conjunto resumieron las tareas colectivas más urgentes de la comunidad internacional, crearon puntos de referencia y acordaron patrones respecto a los cuales se puede hacer responsables a los gobiernos y organizaciones internacionales y que inspiraron movilizaciones mundiales sin precedente, como la campaña de 2005 “hagamos que la pobreza sea historia”, con miles de millones de personas en todo el mundo mirando los conciertos “Live 8” que se celebraron en simultáneo.

En declaraciones a los jefes de Estado en septiembre de 2005, cuando se revisaron los ODM, cinco años después de la Cumbre del Milenio, Leonor Briones, de Social Watch Filipinas, dijo en nombre de las organizaciones de la sociedad civil: “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se alcanzarán para 2015 [si] el medioambiente continúa siendo devastado y siguen sin resolverse  las cuestiones sobre comercio, deuda y asistencia oficial para el desarrollo”.

El Objetivo 8 de los ODM pidió explícitamente el establecimiento de asociaciones mundiales en torno al comercio, la ayuda, la cancelación de la deuda y la transferencia de tecnología con el fin de permitir que los países en desarrollo alcancen los otros siete objetivos que conciernen a la pobreza y el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género y la sostenibilidad del medioambiente.

Se han hecho algunos progresos hacia esta meta en cuanto a la cancelación de la deuda externa bilateral y multilateral de algunos de los países más pobres, Nigeria e Irak, pero esto dista de ser suficiente. En cuanto al comercio, no hay movimientos positivos. En septiembre de 2001 se inició en Doha una ronda de desarrollo de negociaciones comerciales. El componente de desarrollo de la misma es insignificante y aun así, todavía está lejos de estar concluido. La transferencia de tecnología se ha hecho aún más cara debido a la aplicación estricta de las normas de propiedad intelectual. La ayuda extranjera no ha aumentado en absoluto. Pasó de 0,44% del ingreso de los países donantes en 1992 a 0,43% en 2008.

El incumplimiento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en virtud del Objetivo 8 no deja ciertamente de tener relación con el deslucido avance de los otros Objetivos. El Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas reconoce este “fracaso para cumplir con la financiación necesaria, asistencia técnica y asociaciones” y añade que  “se agravó por las crisis mundiales alimentarias y económicas así como por el fracaso de varias políticas y programas de desarrollo”. De esta manera, “las mejoras en la vida de los pobres han sido inaceptablemente lentas de lograr, mientras que algunos logros duramente ganados están siendo erosionados”[1]. La distribución desigual de recursos en los países en desarrollo es otro obstáculo importante. Durante los primeros años del siglo 21, muchos países en desarrollo experimentaron altos niveles de crecimiento económico, pero la reducción de la pobreza y la creación de empleo se quedaron atrás.

Sakiko Fukuda-Parr, ex editora del Informe sobre derechos humanos del PNUD sostiene que los ODM “fueron compromisos políticos, realizados por los líderes mundiales, que definen prioridades dentro de un marco normativo y que pueden ser usados como punto de referencia para evaluar el avance. En este marco, la pregunta apropiada es si se está haciendo más para estar a la altura de ese compromiso, dando lugar a un progreso más rápido”. La investigación que ella llevó a cabo mientras estudiaba la evolución de cada uno de los indicadores  a través del tiempo, en lugar de mirar los objetivos que se cumplen, muestra que “por ejemplo, en tanto que el acceso al agua potable se promociona como un éxito de los ODM, sólo un tercio de los países mejoraron a un ritmo más rápido luego del 2000”. En resumen, “en la mayoría de los indicadores y en la mayoría de los países el progreso no se ha acelerado” en la última década cuando se lo compara con la anterior[2].

Un estudio del PNUD de las tendencias de desarrollo en las últimas cuatro décadas llega a la misma conclusión, como se refleja en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) desde 1970: “Encontramos que  110 de los 111 países  muestran avances en sus niveles de IDH en un período de más de 35 años. El crecimiento del IDH es más rápido en los países con IDH bajo y medio en el período anterior a 1990[3]”.

Como era de esperar, esta es la misma conclusión a la que llega el análisis del Índice de Capacidades Básicas de la propia Social Watch, que combina algunos indicadores clave de los ODM (véanse las cifras de este mismo informe): si bien los indicadores sociales clave aún muestran avance, su mejoría se desacelera después de 2000.

Y estos resultados son consistentes con los informes  de los miembros de la comunidad. En Nigeria, por ejemplo, los observadores locales perciben que “algunas organizaciones de la sociedad civil han señalado que casi todos los proyectos que se centran en cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están retrasados”.

La visión oficial positiva de las evaluaciones de los ODM se basa principalmente en las cifras del Banco Mundial para el Objetivo 1. Definiendo y midiendo la pobreza por los ingresos únicamente, el Banco Mundial llega a la conclusión de que el número de personas que viven bajo la línea de pobreza extrema de USD 1,25 por día disminuyó de 1,9 mil millones en 1981 a 1,4 mil millones en 2005, cuando se llevó a cabo la última encuesta internacional[4].

Brasil, Vietnam y en particular China, representan la mayor parte de esa reducción. De hecho, sólo en China, el número de personas bajo esa línea se redujo de 835,1 millones en 1981 a 207,7 millones en 2005. Una reducción de 627 millones en China, mientras que en el mismo período la reducción mundial fue de 500 millones, quiere decir que fuera de China, la pobreza tuvo un aumento en ese período de más de 127 millones de personas.

De hecho, según el informe de avance 2010 del Secretario General de las Naciones Unidas, el número de personas por debajo de la línea de pobreza de USD 1 por día “aumentó en 92 millones en el África subsahariana, y en 8 millones en Asia occidental durante el período entre 1990 y 2005”.  Además, “la situación de pobreza es más grave cuando se consideran también otras dimensiones de pobreza, reconocidas en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 1995, tales como la privación, exclusión social y falta de participación[5]”.  Y esas cifras se refieren a 2005, cuando se realizó una encuesta nacional de ingresos familiares que permitió la creación de la PPA (paridad de poder adquisitivo de diferentes monedas nacionales, que se utiliza para ajustar la línea de pobreza).

Desde el año 2005, según el Banco Mundial, la crisis alimentaria y la crisis financiera mundial han enviado al menos a otros 100 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Desde la perspectiva de los miembros de la comunidad, esto se resume en el informe de Social Watch Senegal en unas pocas dramáticas palabras: “además de extenderse, la pobreza se feminiza y es mayoritariamente rural”.

Se necesita más ayuda, pero no se la encuentra en ninguna parte

Muchas coaliciones nacionales Social Watch en los países afectados por la pobreza llegan a la conclusión de que la única manera de alcanzar los objetivos acordados internacionalmente para 2015 es a través de más ayuda de la comunidad internacional.

Este es el caso reportado por Social Watch-Benín, donde los recursos del Gobierno se encuentran limitados por la deuda externa e interna y la inversión directa extranjera no está llegando en el volumen requerido, y no paga impuestos cuando lo hace, dejando al país a merced de los donantes extranjeros para pagar servicios sociales básicos que se necesitan con urgencia. La situación es similar en Tanzania, donde el informe local considera que “los esfuerzos del Gobierno para mejorar la vida de los tanzanos han sido en vano debido principalmente a la falta de compromiso con las estrategias, tanto a nivel nacional como internacional: el desembolso de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) a menudo se demora y no acompaña el proceso del presupuesto nacional de Tanzania”.

En el territorio palestino ocupado (TPO) la entrada de ayuda ha creado lo que Social Watch nacional llama una “aparente mejoría” de la economía de la Ribera Occidental, pero el panorama general continúa siendo “frágil”, especialmente en la Franja de Gaza donde el asedio y el bloqueo por parte de Israel sigue socavando las perspectivas para el desarrollo, perpetuando una crisis humanitaria que se acentúa. Desde 2007, cuando se impuso el bloqueo, la pobreza extrema se triplicó en Gaza, que es probablemente el área más dependiente de la ayuda en el mundo, con más del 80% de la población que depende de la ayuda alimentaria.

Afganistán, otro país afectado por conflictos, es el segundo mayor receptor de ayuda (después de Iraq), pero aún así, los controladores ciudadanos locales concluyen que “es imprescindible recibir más y mejor asistencia”, dado que las condicionalidades asociadas con la asistencia al desarrollo y la práctica de condicionar la ayuda únicamente a comprar al país donante o a contratar a los nativos del país donante como consultores erosiona el beneficio de las donaciones. Se gasta mucho más dinero en la guerra de Afganistán que en ayudar a las personas y puesto que “casi todos los principales  donantes son también partes beligerantes; no hay espacio para hablar de humanitarismo”.

Entretanto en Somalia, desgarrada también por las facciones en conflicto, la reticencia de los donantes para tratar con cualquiera de los grupos armados regionales o con las autoridades nacionales ha creado una situación en la que los “los recursos conseguidos por medio de la piratería son casi tan importantes como los que provienen de la Comisión Europea”. En una sociedad con sesgo de género como la de Somalia, la guerra y la pobreza se abaten más duramente sobre las mujeres,  y los dedicados trabajadores de la sociedad civil, como los que informan a través de Social Watch, luchan contra la desesperación para preservar los vínculos de la comunidad como base de cualquier esfuerzo de reconstrucción futura.
La paz es una precondición, pero no es suficiente. En el Líbano, el informe de Social Watch local observa que “desde 1992 la arquitectura financiera de posguerra combina políticas de reconstrucción expansionista con otras monetaristas restrictivas, dejando poco espacio fiscal para el desarrollo socioeconómico”. La conclusión principal es que, para responder a las prioridades de reducción de la pobreza y discriminación, “el desarrollo debería estar basado en los derechos”.

El caso de Guatemala demuestra que, en opinión de los observadores locales, “Los obstáculos y dificultades en el financiamiento para el desarrollo, impiden un efectivo combate a la hambruna, que continúa siendo una violación sistemática a los derechos humanos en el país. Así, el impacto de la ayuda para el desarrollo ha sido escaso, en particular en lo referido a las estrategias de reducción de la pobreza, el programa de paz y el cumplimiento de los ODM”.

En Camerún los “controladores ciudadanos” se han unido a otras organizaciones de la sociedad civil en la demanda para que la gestión de la ayuda internacional sea más eficiente, mejorando la coordinación, involucrando a los ciudadanos y tomando en cuenta al género. Y del mismo modo en Marruecos, mientras que la AOD es “escasa”, se enfrenta con importantes problemas de aplicación por la falta de esfuerzos concertados entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en el área prioritaria de la educación.

Una mayor aceleración en el avance hacia los ODM, según lo solicitado por las organizaciones internacionales, parece muy poco probable, teniendo en cuenta que a pesar de todas las pruebas con respecto a que esta es muy necesaria, la ayuda al desarrollo no ha aumentado sustancialmente en la última década y es probable que se reduzca como consecuencia de la crisis. Así, en Alemania, mientras que la canciller Angela Merkel insiste en que “asumimos el compromiso, y continuamos comprometidos con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para África” como una “responsabilidad moral”, el ministro de Desarrollo, Dirk Niebel, comenta que “no habría forma de que pudiéramos alcanzar el porcentaje de AOD de 0,51% en sólo un año” como se comprometió la UE. Las contribuciones de Alemania a la AOD en 2009 fueron de USD 2 millones menos que en 2008.

La Asistencia para el Desarrollo también se redujo en Polonia, aún cuando ya era muy poca, así como en España, revirtiendo una tendencia reciente a su aumento. Debido a la crisis financiera, la promesa de Portugal de mantener su nivel de ayuda es considerada cuestionable por los observadores locales. Bulgaria también se está quedando corta en el cumplimiento de los objetivos o en asegurar la calidad de su asistencia. Mucho peor es la situación en Italia, donde a pesar de haber presidido el G8 el año pasado, el Gobierno decretó el “desmantelamiento” de su cooperación al desarrollo. Algunos países como Malta, que mostró cifras positivas, son presentados por los observadores locales como inmersos en una contabilidad creativa, agregando a la AOD que informaron, recursos gastados localmente para ayudar a los inmigrantes y refugiados. Otros países como Eslovenia no tienen “una estrategia de cooperación para el desarrollo ni un sistema para evaluar la eficiencia de la ayuda”. Y, por encima de esto “será difícil que pueda mantener sus compromisos en el contexto actual donde se producen recortes de presupuesto en casi todos los sectores”.

Finlandia parece ser una de las pocas excepciones, ya que el nuevo Programa de Políticas de Desarrollo ha introducido un cambio resaltable. No obstante, los observadores de Finlandia todavía informan que “el enfoque de Finlandia con respecto al desarrollo social y los derechos sociales se ha debilitado”, además del peligro de que los compromisos de mantener el porcentaje todavía podrían dar lugar a una disminución de las cifras absolutas debido a la contracción económica. Los mejores resultados reportados en este sentido son los de Suiza, donde después de realizar muchas campañas públicas el Gobierno ha presentado finalmente en junio de 2010 una propuesta para aumentar la AOD suiza.

La cooperación Sur-Sur es la fuente de muchas esperanzas en este contexto, donde las economías emergentes se ven como nuevos mercados alternativos y también nuevas fuentes de ayuda. Sin embargo, Social Watch India señala que en su comportamiento como donante “impone a su asistencia externa las mismas condiciones que se niega a aceptar como país receptor, siendo la más común la vinculación de la asistencia a la compra de bienes y servicios”.

Dado que la ayuda externa puede en el mejor de los casos complementar los esfuerzos nacionales para lograr la dignidad básica para todos, según lo requerido por los ODM y las obligaciones de derechos humanos de todos los países, ¿de dónde van a venir los recursos? Muchos países en desarrollo desean atraer Inversiones Extranjeras Directas (IED) para ayudar a satisfacer sus objetivos de desarrollo.

Sin embargo, en tiempos de crisis la IED tiende a comportarse, al igual que la AOD, de forma pro cíclica. Este es el caso de Serbia, donde los controladores ciudadanos locales informan que “el flujo de la Inversión Extranjera Directa se ha enlentecido como resultado de la crisis financiera mundial y la economía se torna aún más frágil e inestable. Las medidas para combatir la crisis se apoyan en solicitar nuevos préstamos a las instituciones financieras internacionales y en recortar el gasto público en educación, salud y pensiones – con el consiguiente peligro de que haya cada vez más personas pobres”.

La inversión extranjera es una espada de doble filo

Los observadores de Zambia han encontrado que “la Inversión Extranjera Directa (IED) ha aumentado su papel en la economía del país, revitalizando la industria del cobre y fomentando la producción y la exportación de productos y servicios no tradicionales. Sin embargo, esta inversión no se ha utilizado de manera eficaz para promover el desarrollo y reducir la pobreza. En cambio, está contribuyendo a la erosión de los derechos de las personas, entre ellos los derechos al desarrollo, el alimento, la educación, un medio ambiente limpio y la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas”.

De modo similar en Nigeria, la Inversión Extranjera Directa “ha mejorado un poco, pero su impacto todavía no ha llegado a los pobres. La legislación que fomenta la IED debería complementarse con mecanismos que garanticen la transparencia. A pesar de que el Gobierno ha asignado recursos financieros – entre otros – a combatir la pobreza, la triste realidad es que, en los últimos 15 años, ésta ha seguido creciendo a un ritmo acelerado”.

En Bolivia, “el modelo extractivo hace que la Inversión Extranjera Directa no genere mejores condiciones para Bolivia – ya que saca más dinero del que hace ingresar al país”.

En Uganda, el Gobierno espera atraer al inversor y a la vez aumentar la participación ciudadana y el control de los asuntos públicos mediante la incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en su gestión del desarrollo así como en varias áreas de la vida social. Las ONG locales informan a través de Social Watch que “para mejorar las condiciones de vida de los ugandeses, el esfuerzo debe acompañar las estrategias de reducción de la pobreza y las inversiones en desarrollo humano”.

En muchos lugares, en lugar de ser complementarias, las mismas políticas que deberían hacer al país atractivo para los inversores extranjeros lo hacen vulnerable a conmociones extranjeras y destruyen el tejido social. La creencia del Gobierno de que “es posible reducir la pobreza y la inequidad mientras se adoptan pautas neoliberales es poco realista e insensato”, concluyen los observadores de Croacia, donde la recesión de 2009 anuló varios años de mejoras sociales.

Los observadores de Hungría llegan a una conclusion similar: “a pesar de haber sido el primer país de Europa Oriental en adoptar las recetas del Fondo Monetario Internacional en 1982 y de que su nivel de desarrollo era superior al de sus vecinos cuando adhirió a la economía de mercado, Hungría es ahora la economía más débil de la región. Las razones para esto son múltiples y han llevado al país a oscilar entre un potencial levantamiento social – si no hay un cambio de dirección – y el colapso total de una economía muy vulnerable. El fantasma del extremismo de derecha acecha en las sombras, alimentado por el descontento popular”.

En India, la coalición nacional Social Watch observa que la “IED también está aumentando el fenómeno del crecimiento sin empleo” y “aunque los flujos de ingreso de IED han aumentado en el transcurso de los años, todavía está en duda su capacidad para proporcionar financiación que sirva de forma auténtica (e inclusiva) para el desarrollo. Para garantizar que beneficie al país en su totalidad, incluso a los negocios y las comunidades locales, las estructuras económicas del país deberán fomentar la creación de un entorno propicio que promueva el efecto derrame de la IED, tanto a los negocios como a las comunidades locales”.

La madre naturaleza, otra víctima

El medioambiente ha sido víctima de la crisis, tanto como el sector social. En Alemania, según el World Wordlife Fund, sólo seis de las 32 medidas de estímulo tuvieron un impacto positivo sobre el medioambiente, y sólo 13% de ellas puede ser considerada sostenible. En Bahrein, el rápido desarrollo del país que le permitirá alcanzar la mayoría de los ODM se ha logrado “a costa del medio ambiente” según los watchers locales. “La pérdida de biodiversidad va en aumento. Por ejemplo, complejos de cemento han reemplazado a las palmeras. Entre 1970 y 2009 más de 90 kilómetros cuadrados fueron ganados al mar, a expensas de bahías, lagunas y playas. Esto ha causado la destrucción de hábitats naturales y la extinción de muchas especies marinas”.

En Tailandia también, la coalición local Social Watch está preocupada con el alto costo ambiental de las políticas que pugnan por la industrialización a cualquier costo. Aún peor es el caso de Bangladesh, que aunque produce una mínima contaminación “es una gran víctima del calentamiento global” y de la crisis financiera. Ambos se originan en los países más ricos y afectan más a las personas que viven en la pobreza y que no tienen arte ni parte en la creación de las mismas.

Tributación y representación

Algunas estrategias para abordar la crisis intentan “exportar el problema” y obtener beneficios a corto plazo haciendo que otros paguen. En la República Checa, el informe de los observadores refleja “un aumento flagrante de la corrupción, mientras que la sociedad está profundamente afectada por la inequidad, la discriminación, el racismo y la segregación. La exportación de armas está en alza, en contradicción con los objetivos de la política exterior oficial de apoyo a los derechos humanos, al desarrollo y la asistencia con ayuda humanitaria”. En Finlandia, los grupos de la sociedad civil observan que la asistencia oficial para el desarrollo frecuentemente apoya las inversiones finlandesas en el exterior, “que a menudo impactan negativamente en la capitalización humana”.

En el extremo receptor de esas malas políticas financieras y de ayuda, el informe Social Watch local observa que un país como “Ghana ha dependido de la ayuda extranjera y las instituciones financieras internacionales, con el resultado de un desempleo generalizado, enormes déficits de la balanza de pagos y baja producción. La constitución de 1992 y otros instrumentos nacionales, regionales e internacionales proporcionan un fundamento legal y políticas específicas para mejorar el bienestar y la protección de mujeres, niños y niñas. Sin embargo, la escasa inversión estatal en educación, salud, recursos acuáticos y desarrollo rural demuestran la baja prioridad de estas metas. Las posibilidades de realizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 siguen siendo remotas”.

Sobre la base de experiencias similares que incluyen el haber experimentado profundas crisis recientemente, los observadores de Argentina han concluido que “no hay desarrollo sin autonomía y recursos genuinos, como los impositivos. Las sucesivas crisis – políticas y económicas – que han golpeado al país prueban que cuando el modelo de desarrollo priorizó el sector financiero por sobre el productivo el resultado fue nefasto para la gran mayoría de la población. Para lograr un desarrollo sustentable se vuelve imperativo recuperar el control de la economía por parte del Estado, hacerla menos dependiente de la llegada o no de capitales extranjeros, avanzar hacia un sistema tributario más justo y financiar la producción además del consumo”.

La cuestión de los impuestos surge una y otra vez en los informes de las coaliciones nacionales Social Watch. La razón principal para la falta de avance en Perú, “a pesar de un gran crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y de un aumento presupuestario del sector público”, es que “no se ha realizado la tan necesaria reforma tributaria ni organizado un sistema de seguridad social universal financiado con impuestos, o incorporar los temas de género y medio ambiente en al elaboración del presupuesto”.

En el vecino Chile, se “requiere una reforma profunda que modifique un sistema tributario claramente regresivo que descansa prioritariamente en impuestos indirectos que, como es el caso del IVA – la principal fuente de ingresos tributarios –, se cobran indiscriminadamente al conjunto de la población. A los efectos de crear las condiciones apropiadas para financiar una política nacional de desarrollo, esta reforma debería apuntar a retener en el país las ganancias excesivas de las grandes empresas cupríferas”. Sin embargo, la nueva estrategia del gobierno es “facilitar las condiciones para la expansión del capital y la inversión en la explotación de los recursos naturales. Esto incluye incentivos fiscales para las empresas mineras privadas, en un sistema tributario de por sí regresivo”.

También en Kenia, la demanda principal de los observadores locales es que el Gobierno establezca una política fiscal que estabilice la economía al tiempo que cambia “el monto y estructura de los impuestos y de los gastos, así como la distribución de la riqueza. (…) Por otra parte, la financiación del desarrollo debe acompañar la reforma democrática. El proceso debería desafiar la lógica centralizadora del poder, surgiendo de un debate público que apunte a la equidad y la dignidad”. Los observadores kenianos han tenido posteriormente un papel importante en el control de la transparencia e imparcialidad del referéndum constitucional de 2010.

En el extremo positivo, luego de elegir un gobierno orientado a las reformas en Paraguay, los observadores locales comprueban que el incremento de “la recaudación tributaria y los planes de ayuda para el desarrollo significan más recursos para atender las demandas sociales y la inversión en infraestructura, así como los compromisos de la deuda”. En estas circunstancias favorables, centrarse en la extrema pobreza no es suficiente y “los esfuerzos para alcanzar los ODM deben ir acompañados de cambios en el modelo de desarrollo que permitan una redistribución más justa de la riqueza y una mayor protección de los sectores vulnerables”.

Para hacer posible que otros gobiernos cobren sus propios impuestos, bajo una fuerte presión internacional, el gobierno de Suiza ha realizado algunas concesiones y el legendario secreto bancario ha comenzado a tambalearse. No obstante, los observadores suizos informan que la “información respecto a ilícitos fiscales apenas se ha modificado. Si bien el Estado apoya la apertura de las fronteras para fines comerciales, sigue poniendo barreras a la inmigración proveniente de países no europeos. La nota positiva es que  el Consejo Federal ha redactado una ley que prevé la congelación y repatriación de activos robados”.


La gran dependencia de las industrias extractivas, incluso cuando se las grava o nacionaliza, también hace vulnerables a los países. En Venezuela, el informe de Social Watch local observa que, “ayudadas por los altos precios del petróleo, las políticas sociales del Gobierno mejoraron los indicadores y los Objetivos de Desarrollo del Milenio formaron parte de la agenda oficial y de la discusión pública. Hoy, la crisis financiera internacional y el aumento de la conflictividad social derivada del debilitamiento de los programas sociales ponen en riesgo los avances anteriores”.

Yemen sufre tmabién una “desmedida dependencia de la exportación de petróleo”. En consecuencia, “la debilidad del resto del sistema productivo han creado una economía incapaz siquiera de responder adecuadamente a las necesidades alimentarias de la población. Es indispensable diversificar la producción agrícola, atendiendo los riesgos medioambientales – sobre todo el agotamiento de las reservas de agua – y proteger y hacer más competitivos los productos nacionales. En lo político, se deben aprobar medidas de género más agresivas que posibiliten la integración real de las mujeres en la sociedad”, concluyen los observadores yemeníes.

Las crisis significan oportunidades

La equidad de género es un factor tan importante para alcanzar el desarrollo social que los observadores de varios países dedican sus informes por entero a este tema. En Armenia, se reconoce al gobierno por haber hecho planes y establecido organismos para promover la equidad de género. Sin embargo, la falta de recursos financieros – que ha determinado errores de aplicación – y la falta de concienciación de la población, ha impedido que los planes tengan los resultados esperados”. En Iraq, el informe nacional Social Watch introduce el concepto de “justicia de género”, que “significa mucho más que justicia en los tribunales para los delitos contra mujeres y niñas; abarca el tratamiento equitativo y la participación de la mujer en la negociación de los acuerdos de paz, la planificación y puesta en práctica de operaciones de paz, la creación y administración del nuevo Gobierno (incluyendo agencias e instituciones para atender las necesidades de mujeres y niñas), el proveerles toda la gama de oportunidades educativas, la participación en la revitalización y el crecimiento de la economía, y la promoción de una cultura que fomente los talentos, las capacidades y el bienestar de mujeres y niñas”.

La realidad diaria de Iraq está lejos de esa meta. “La frágil situación política y el débil  estado de derecho han transformado la sociedad iraquí en un ambiente inseguro para el desarrollo y la estabilidad. Las mujeres iraquíes enfrentan condiciones difíciles, cargan con  más responsabilidades y tienen numerosos desafíos. A diario mujeres y niñas son víctimas de matrimonios forzados y asesinatos por motivos de “honor”, se las coacciona hasta que cometen suicidio, padecen violencia física y sexual, son objeto de explotación sexual y se limita su autonomía y su movilidad”.

Pero incluso en una situación tan grave hay espacio para el optimismo: “Las crisis pueden servir para derribar barreras sociales y estilos patriarcales tradicionales, brindando ventanas de oportunidad para la construcción de una sociedad más justa y equitativa en la que se protejan los derechos de la mujer y en la que la igualdad de género sea la norma en el marco institucional y el social. Es necesario aprovechar estas oportunidades no sólo para promover la rehabilitación social sino también para impulsar y apoyar las nuevas estructuras institucionales, la legislación y su aplicación con el fin de proteger los derechos políticos, económicos, sociales y culturales”.

También se está llevando a cabo un cambio de escenario en Nicaragua, con un cambio demográfico en el que por primera vez en la historia la población infantil dependiente se está reduciendo rápidamente, mientras que el peso de las personas en edad de trabajar está creciendo rápidamente.  Los observadores del país han destacado este “bono demográfico”, que ofrece una oportunidad histórica de desarrollo en los próximos 20 años”, siempre que el gobierno establezca “políticas públicas adecuadas para garantizar que los jóvenes entren a los mercados laborales y lo hagan con un buen nivel de educación, capacitación y salud”. Si el Gobierno no invierte en educación ahora, será demasiado tarde.

Los observadores de Chipre también se encuentran entre aquellos que contribuyen visiones y experiencias optimistas. “La isla pasó por todas las etapas que la mayoría de los países en desarrollo atraviesan en la actualidad: régimen colonial, lucha por la independencia, conflictos internos, invasión externa y refugiados. En esta trayectoria histórica, el empoderamiento de la sociedad a través del libre acceso a los bienes y servicios públicos por parte de quienes sufren ha sido clave en el camino hacia la recuperación”. En Chipre, el nuevo Plan Estratégico Nacional para 2011-2015 desafía el statu quo actual en las tendencias de desarrollo. Las principales aéreas de interés son la educación y asociaciones entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil. La coalición local de Social Watch ve una clara oportunidad para “liderar el cambio en las tendencias de desarrollo, alejándose de las políticas centradas en el mercado y orientándose hacia la justicia social, los derechos humanos y la igualdad”.

En muchos informes de países se mencionan las desigualdades, precisamente, como un importante obstáculo para el logro de los objetivos de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, los observadores comprueban que aun cuando “hasta 2008 hubo un crecimiento económico significativo, éste no se tradujo en una mejoría de situación social: la tasa de desempleo ha aumentado, la concentración de la riqueza ha crecido. La centralización de la cooperación internacional es un obstáculo para la puesta en marcha de proyectos alternativos”.

En Uruguay, a pesar de la crisis, la economía “continuó creciendo y sus índices de pobreza e indigencia mejoraron sensiblemente, gracias a políticas sociales que aprovecharon el buen momento, subordinando las orientaciones macroeconómicas a las necesidades sociales”. Sin embargo, los observadores encuentran que “quedan desafíos a superar, tales como los altos porcentajes de pobreza e indigencia entre los afro-descendientes y la creciente feminización de las jefaturas en los hogares más sumergidos. Para remediar estas situaciones, las inequidades de género y/o de raza deben formar parte integral de las políticas económicas”.

En Surinam, donde se han perseguido objetivos económicos sin considerar las cuestiones de equidad, los observadores locales “efectos adversos en el desarrollo ya que las desigualdades se han acentuado en una sociedad de por sí vulnerable. Con un índice de  pobreza mayor al  60%, el país enfrenta problemas como: vivienda, acceso a la salud, educación e igualdad de género. Para alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenibles, el país necesita un equilibrio entre los intereses de los grupos étnicos y los de la nación en su conjunto”.

Las desigualdades pueden estar basadas en la etnia, el género o la geografía. En el caso de México, los observadores informan que, “de acuerdo a la versión oficial, México está en buen camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). No obstante, si bien se constatan avances en salud, educación y reducción de la pobreza extrema, aún quedan muchos retos por superar, tales como la desigualdad entre regiones del país”.Si bien Ciudad de México cuenta con indicadores de desarrollo comparables a los de algunos países de Europa, hay estados en el sur del país con cifras similares a aquellas de las partes menos desarrolladas del mundo.

Además, en Egipto el informe nacional Social Watch insisite en que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. “El fracaso del país para asegurar que se refleje un mayor crecimiento económico en los niveles de vida de sus ciudadanos representa el desafío principal que el Gobierno deberá enfrentar en los próximos cinco años con el fin de alcanzar los ODM para 2015”.

Sin democracia no hay avance

En El Salvador, que eligió su primer gobierno de izquierda el año pasado, la coalición Social Watch local informa respecto a un fuerte compromiso con el logro de los ODM. “El presidente Funes se comprometió a trabajar en la reducción de la pobreza y el desempleo mediante un plan global de recuperación económica que incluye medidas para estabilizar la economía, inversión en proyectos de infraestructura (incluyendo la cobertura de energía eléctrica en las áreas rurales) y compensación para los trabajadores y sus familias por la pérdida de sus trabajos. Entre las medidas más innovadoras estaba la extensión del sistema de seguridad social para cubrir a los trabajadores domésticos, el 90% de los cuales son mujeres”.

Mientras que la llegada al poder del Frente Nacional de Liberación Farabundo Martí en El Salvador eleva tantas esperanzas, en Eritrea, el país ha estado dirigido durante casi 20 años por un gobierno que surgió de un movimiento de liberación, pero cuyo derecho a gobernar no ha sido confirmado en elecciones libres e imparciales. En consecuencia, según el informe de los observadores en el exilio, “la represión política en el primer decenio del nuevo milenio es más grave que nunca. El Gobierno no cesa de frustrar las aspiraciones económicas y de desarrollo de la población. En vista de las nuevas sanciones que impuso el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2009, la recuperación económica y el desarrollo social seguirán siendo metas inalcanzables”.

Los observadores de Burma ven como condición necesaria el contar con instituciones democráticas y responsables. “La Constitución de 2008 y las elecciones generales previstas para 2010 sólo perpetuarán el gobierno militar y el estancamiento económico. El desarrollo económico necesita instituciones transparentes, imparciales y responsables, que no pueden coexistir con las flagrantes violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la opresión política”.  Antes incluso de que cualquier intento de lucha contra la pobreza sea posible, en su opinión “el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe establecer una Comisión Investigadora para aclarar los crímenes” en el país y se deben establecer instituciones legales y judiciales fuertes.

Un proceso similar ha comenzado en la República Centroafricana donde, gracias a una “pacificación política”, se ha encaminado un proceso para reactivar la económica, mejorar el acceso a los servicios de salud, la seguridad y una mejor gobernanza. Eso ha sido muy lento de acuerdo al informe de Social Watch, y el hecho de que el punto de partida haya sido tan crítico significa que será imposible alcanzar los ODM en el plazo estipulado. Sin embargo, el mero hecho de que haya movimiento y espacio politico para que la sociedad civil supervise críticamente e informe sobre el proceso, es en sí mismo una fuente de esperanza.

La capacidad de supervisar e informar es vista como indispensable por los observadores de Malasia. “Si bien los informes del Plan oficial de Malasia dan una imagen prometedora y destacan los logros sin reconocer los fracasos, sigue preocupando la precisión de las estadísticas y las evaluaciones del gobierno”. Dada la mínima supervisión y rendición de cuentas con respecto a la asignación de los fondos de las arcas federal y estatal, “resta por verse si el programa de desarrollo del Gobierno, especialmente para los grupos vulnerables, se ejecutará tal como fue planeado”.

Viniendo de un país que está pasando por una tumultuosa transición social y política, la plataforma nacional Social Watch en Nepal resume la opinión común de toda la red cuando afirma que “los recientes avances en salud, educación y otros sectores no disminuyen la necesidad de un acuerdo social que coloque la responsabilidad primordial para el desarrollo general en manos de la ciudadanía”, y no hay forma en que los multiples problemas, que van desde el cambio climático al impacto de la crisis, desde inequidades de género a corrupción, migración y construcción de la paz puedan ser manejados uno por uno en forma aislada. Se necesita un New Deal en todos los niveles.

Un programa de justicia

“Si los pobres fueran un banco, ya habrían sido rescatados”, es el comentario sarcástico que hacen muchas personas cuando el dinero adicional necesario para alcanzar los ODM (estimado en unos USD 100 mil millones anuales) se compara con los billones de dólares desembolsados en los dos últimos años en los países más ricos para rescatar bancos quebrados e intentar revertir los efectos de la crisis financiera.

En la práctica, sin embargo, los menos privilegiados en países ricos y pobres por igual no sólo sufren las consecuencias directas de la crisis bajo la forma de pérdida de empleos, ahorros y aún hogares, sino que también se ven obligados a pagar por el rescate y los paquetes de estímulo a través de impuestos más altos y salarios y beneficios sociales reducidos.

En tal contexto, hacer un llamado para implementar “más de lo mismo” no es la solución. Mayor asistencia monetaria y mejores condiciones comerciales para los países en desarrollo constituyen un imperativo ético, ahora más que nunca. Pero, para confrontar los drásticos impactos sociales y ambientales de las múltiples crisis, es necesario moverse más allá del enfoque de “los mismos negocios de siempre”, y comenzar a trabajar en pos de un programa integral de justicia.

• Justicia climática (reconocer la “deuda climática”, invertir en tecnologías limpias y en la promoción de economías verdes que generen empleos decentes)
• Justicia financiera y fiscal (el sector financiero debe pagar la crisis que generó por medio de un impuesto a las transacciones financieras [FTT, en inglés] o mecanismo similar; se debe reglamentar la especulación y los paraísos fiscales y finalizar o revertir la ‘carrera a la baja’ de las políticas impositivas; se debe permitir que los países en desarrollo impongan controles defensivos de flujos de capital y espacio político)
• Justicia social y de género (cumplir con los ODM, promover la igualdad de género, los servicios sociales básicos universales y la “dignidad para todos”).
• Justicia lisa y llana (jueces y tribunales) que exija el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales.

En tiempos de crisis sin precedentes, se requieren líderes con el coraje de ser audaces e innovadores.

La idea de que el que contamina debe pagar por la limpieza de la suciedad que creó debido a su comportamiento irresponsable no está basada en la justicia y el sentido común únicamente, sino que es también una demanda política que los dirigentes no pueden ignorar. Del mismo modo, los ciudadanos de todo el mundo apoyan la idea de que los costos de la crisis financiera deberían ser pagados por los agentes financieros que eran “demasiado grandes para fracasar”, pero de todos modos fracasaron. Es injusto y políticamente inviable esperar que los ciudadanos soporten solos la carga de este fracaso, en forma de impuestos más altos y salarios más bajos y el deterioro de la seguridad social, la educación y los servicios de salud.

En los últimos 20 años, una pequeña cantidad de personas (sólo 10 millones) que representan menos de la mitad del 1% de la humanidad, se han llevado por lo menos USD 1 millón de sus respectivos gobiernos, cada uno, y lo han colocado en la economía subterránea no sujeta a control fiscal. Esta cantidad de más de USD 10 billones de dinero no declarado y libre de impuestos no es un tesoro enterrado oculto en alguna caleta, pero fluye en forma activa a través de las redes electrónicas, especulando contra las monedas nacionales, creando inestabilidad en el comercio mundial legítimo e inflando “burbujas” financieras que, a su vez crean, por ejemplo, distorsiones de precio de los productos agrícolas lo que conduce a la crisis alimentaria.

Recuperar el control sobre esas salvajes fuerzas financieras de enorme potencial destructivo para todas las economías es un tema de colaboración internacional. Las Naciones Unidas es el órgano legítimo para negociar y tomar decisiones en torno a la colaboración fiscal; el establecimiento de un Impuesto a las Transacciones Financieras y la reserva de una porción sustancial de los recursos que genere para el desarrollo; reprimir eficazmente las corrientes financieras ilícitas, incluso aquellas derivadas de la evasión fiscal por “precios de transferencia”; y por último, pero no menos importante, el establecimiento de mecanismos justos de renegociación de la deuda para las deudas públicas y un fortalecimiento de la legitimidad de las moratorias de pagos y moratoria para los países en desarrollo agobiados por una crisis que no crearon.

Hace diez años la Declaración del Milenio prometió “un mundo más pacífico, próspero y justo”. Social Watch se ha comprometido a ayudar a los ciudadanos de todo el mundo a exigir que sus gobiernos rindan cuentas por esta promesa y esperamos que los dirigentes del mundo elaboren el plan de acción para hacer que suceda.

[1]“Mantener la promesa: un examen orientado al futuro para promover un programa de acción convenido a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015”, documento A/64/665 de la Asamblea General, Naciones Unidas 2010.
[2]Sakiko Fukuda-Parr and Joshua Greenstein, “How should MDG implementation be measured: Faster progress or meeting targets?” Centro Internacional de Política para el Crecimiento Inclusivo–PNUD, Documento de trabajo número 63 mayo de 2010.
[3]George Gray Molina y Mark Purser, “Human Development Trends since 1970: A Social Convergence Story”, Documento de Investigación sobre Desarrollo Humano 2010/02, PNUD, 2010.
[4]Martin Ravallion, y Shaohua Chen, “The developing world is poorer than we thought but no less successful in the fight against poverty”, Banco Mundial, 2008; véase también ONU, Informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2009, 2010.
[5] Keeping the promise: a forward-looking review to promote an agreed action agenda to achieve the Millennium Development Goals by 2015, Informe del Secretario General, febrero de 2010.
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