America Latina y el Caribe: no hay solución para la crisis sin políticas de género

La crisis económica y financiera ha tenido un fuerte impacto sobre América Latina y el Caribe, cuyas manifestaciones más visibles son el aumento del desempleo y la pobreza. Diversas medidas han sido implementadas en la región para paliar los devastadores efectos de la crisis, pero estas medidas padecen ceguera de género, lo que acentúa la inequidad. Estas deficiencias están asociadas al aún no suficientemente vigoroso papel del estado en los mecanismos para el adelanto de la mujer.

La caída del comercio – en volumen y en valor – la caída de las remesas y el desempleo con pobreza son las principales consecuencias negativas de la crisis económica mundial en América Latina. Más de dos millones de personas ingresaron a las filas del desempleo urbano en la región en 2009 y se prevé que será difícil recuperar esos puestos de trabajo en 2010 pese a los pronósticos de mayor crecimiento económico, según ha alertado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la nueva edición de su informe anual 1. Por otra parte, según muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2009 las exportaciones cayeron 24% a causa de la crisis 2.

Hasta el presente, las respuestas a la crisis en la región se han centrado en la estabilización del área financiera y en acciones para mantener la demanda, el empleo y la atención a las poblaciones más vulnerables.

Entre ellas, las más dignas de destaque son: a) la ampliación del seguro de desempleo, restringido a lo trabajadores formales; b) la extensión de los programas no contributivos (aportes para la escolaridad, atención salud, etc.) en las poblaciones más pobres, particularmente los programas de transferencias condicionadas; c) la implementación de políticas de subsidio a sectores productivos con la meta de sostener el nivel de empleo; d) la facilitación al crédito y disminución de los aportes a la seguridad social condicionadas al mantenimiento del plantel laboral; d) el establecimiento de planes de inversión pública con el objetivo de generar empleo en este sector.

Acumulación y desigualdad de género

Si bien ha mejorado la política distributiva, base del éxito de muchos gobiernos de la región en este período, también se ha profundizado el modelo exportador primario-extractivista. Esto ha generado excedentes para redistribuir y mejorar las políticas sociales, pero crea al mismo tiempo problemas ambientales y sociales en determinadas zonas de represas, monocultivos, falta de agua, privatizaciones, etc. Estos efectos negativos, previsibles en un plazo no muy lejano, han convocado a las organizaciones sociales a profundizar una estrategia ligada a la recuperación de la soberanía de los recursos naturales junto con la atención al impacto que este modelo tiene sobre la pobreza y las desigualdades.

Muy pocas de las medidas tomadas por los países de América Latina y el Caribe para enfrentar la crisis mencionan a las mujeres, a pesar que su impacto es mayor sobre ellas, tanto en el desempleo como el crecimiento del trabajo precario o el acceso a trabajos con menor productividad y menor protección social.

La desigualdad de género es un tema básico a tener en cuenta en estas políticas, pues la acumulación se produce no sólo en base al aprovechamiento de los recursos naturales sino también en base a mano de obra barata, siendo la de las mujeres la más barata. Se incluye en el proceso productivo el doble papel del trabajo en la casa o “voluntario” junto al trabajo remunerado barato para aumentar la tasa de ganancia y bajar los salarios. En la última década los salarios han venido bajando en la mayoría de los países de la región y mucho de eso se debe a la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

Empleo

Desde el punto de vista del empleo, las medidas tomadas hasta el presente tienen la limitación de estar concentradas en el empleo formal y en grupos específicos de beneficiarios. Reproducen políticas que se habían implementado antes en la década de 1990, las que no resultaron exitosas – como los subsidios a las empresas privadas y la rebaja a las contribuciones patronales – que tuvieron además un papel importante en el vaciamiento de los sistemas de protección social. Otra debilidad es que no contemplan el trabajo de cuidado ni otras metas específicas de equidad de género. Sintetizando, son medidas que no interpelan las formas actuales de empleo ni la relación entre trabajo remunerado y no remunerado.

El impacto de la pérdida del empleo formal es mayor que en el pasado, entre otras cosas porque muchos de estos empleos han estado ligados a la economía externa, principalmente en México, varios países de Centroamérica y el Caribe. Al mismo tiempo que se pierden estos puesto de trabajo se produce una saturación de los mercados informales.

CEPAL y OIT han estimado que en 2009 el desempleo llegará a redondear el 9% en la región, teniendo las mujeres mayor desempleo que los hombres, lo que significa 3 millones más de personas desempleadas.

Según Rebeca Grynspan 3, la relación entre trabajo remunerado y no remunerado es un tema de corresponsabilidad social, no sólo de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sino también en el mundo laboral y en el diseño de las políticas públicas. Los programas de infraestructura grande no producen empleo femenino, sí lo hacen los de infraestructura social y comunitaria. Sin embargo, la mayoría de los programas en América Latina están enfocados a infraestructura física grande.

Protección social

Sobre la equidad de género en la protección social y la organización del cuidado es importante señalar que en América Latina la tasa de participación femenina en el mercado laboral sigue siendo baja a pesar que la participación de las mujeres es importante.

La consecuencia de esta disparidad es una baja protección social, al ser mayoritariamente femenino el empleo no protegido.

Aunque en la región hubo crecimiento, las consecuencias de las políticas de la décadas de los ‘90 aun no se han podido revertir. Los rasgos centrales del proceso de ajuste estructural de esa década referidos a la protección social fueron la retracción del Estado y la mercantilización de la protección social.

En la mayoría de los países de la región, quien pierde su empleo pierde el acceso a la protección social, a la salud, a la educación. Como resultado de sistemas de protección social deficientes, excluyentes o incluso casi inexistentes, la persona sin empleo no sólo es pobre sino también marginal, no está integrada socialmente y es empujada a la informalidad o a la economía ilegal. El porcentaje de trabajadores informales pobres duplica al de los trabajadores formales.

Trabajo de cuidado

En relación al cuidado, la inequidad de género es evidente dada la debilidad de provisión estatal de estos servicios, la segmentación mercantil y la predominancia del trabajo no remunerado del cuidado. Las encuestas del uso del tiempo en la región dan cuenta de cuán inequitativa es la distribución de este trabajo entre hombres y mujeres: existe un uso intensivo del tiempo de las mujeres, con el consiguiente deterioro de su calidad de vida.

Ante esto, es necesario recordar que la importancia del trabajo de cuidado está implícitamente reconocida en los tratados de Derechos Humanos y en muchas de las normas nacionales de la región, siendo expresamente asumida por los gobiernos que participaron del Consenso de Quito 4. Allí fue acordado “adoptar todas las medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social y cultural para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable”. Es un compromiso muy importante que sin embargo los Estados no han comenzado a cumplir cabalmente.

El papel del estado A propósito de este incumplimiento, es preciso señalar que, en general, las políticas de igualdad de género manifiestan deficiencias que se pueden considerar asociadas al débil papel del Estado en los mecanismos para el adelanto de la mujer y al predomino de políticas asistenciales.

La democracia también ha resultado deficitaria y aunque las elites se muestran más abiertas a reconocer la irreversibilidad de las cuotas y la paridad, se requerirían casi 40 años para alcanzarla si no median acciones inmediatas. Al respecto, la cuadragésima tercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, de junio de 2009 ha señalado que la debilidad institucional de estas políticas “se extiende a otros ámbitos: las políticas sociales y especialmente el fomento del empleo no han logrado revertir la segmentación laboral, las brechas salariales que la acompañan y la sobrecarga de cuidado no remunerado entre las mujeres. Los principales programas de gobierno dirigidos a las mujeres refuerzan la división sexual del trabajo, ya sea porque las convierten en receptoras o intermediarias de transferencias o porque atienden sus necesidades reproductivas asociadas a la maternidad, dejando de lado su salud integral, y porque las medidas de acción positiva con enfoque de derechos son escasas o inexistentes”5.

Para revertir esta situación es también imprescindible un nuevo pacto fiscal: Si América Latina y el Caribe mantienen una tributación promedio de 16% no podrán jamás implementar políticas de bienestar social. También, en este sentido, es importante que se consoliden los mecanismos de una nueva arquitectura financiera. Por ejemplo el Banco del Sur o la UNASUR, para reforzar propuestas de integración regional en la que están comprometidas las redes y organizaciones de la región.

En julio de 2010 se realizará La 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Brasilia del 13 al 16 de julio de 2010. Su objetivo es discutir las políticas públicas que favorezcan la igualdad de género así como el modelo de desarrollo económico y democracia necesarios para la equidad entre hombres y mujeres. Una vez más, el aporte de las redes y organizaciones de la sociedad serán relevantes en este proceso.

Fuentes:
Graciela Rodríguez, Red Internacional de Género y Comercio (IGTN). Intervención en Seminario de Social Watch, Diciembre de 2009.   http://ifis.choike.org/esp/informes/1237.html
Alma Espino, Norma Sanchís, Latin America: Social and Gender Impacts of the Economic Crisis, AWID 2009.
Alma Espino, Las medidas anticrisis: posibles impactos en el empleo de las mujeres y en la conciliación entre el trabajo en el hogar y en el mercado, diciembre de 2009.

Asia-Pacífico: priorizar la gente y la integración regional

El Foro de ONG de Asia y el Pacífico sobre Beijing +15 1

En octubre de 2009, los movimientos que representan a un amplio sector de mujeres y niñas de la región de Asia y el Pacífico se reunieron en el Foro de ONG de Asia y el Pacífico sobre Beijing +15 y reafirmaron la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) como un documento estratégico para el empoderamiento de las mujeres y niñas, los derechos humanos, la paz, la seguridad humana y el desarrollo inclusivo de género. El Foro reafirmó la resolución de la Asamblea General de ONU para el establecimiento de un nuevo organismo dedicado a los temas de género. También determinó que la actual crisis en el desarrollo, la deuda, el cambio climático, la seguridad alimentaria, los conflictos, las finanzas y el incremento de la violencia contra la mujer han tenido el mayor impacto sobre los derechos de las niñas y mujeres en toda la región. Además declaró que el modelo de desarrollo y de mercado necesita ser repensado de manera significativa para incrementar la seguridad humana en lugar de convertirse en un obstáculo para la misma.

El Foro de ONG de Asia y el Pacífico reconoció el efecto positivo que tienen los instrumentos internacionales en la vida de las mujeres y niñas. Todos los países menos cuatro – Brunei Darussalam, Nauru, Palau y Tonga – destacaron la ratificación del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés). Además, varios países de la región como Tailandia, Camboya y Filipinas en el sudeste asiático, e India, Nepal y Bangladesh en Asia Meridional poseen ahora Planes de Acción Nacionales para combatir la violencia contra la mujer2. Leyes y políticas están siendo adoptadas para fortalecer la seguridad económica de la mujer y sus derechos en áreas vitales como el empleo digno y el acceso al crédito y a los mercados3. Además, en algunos países las cuotas u otras medidas de acción afirmativa han sido adoptadas para aumentar la representación femenina en la toma de decisiones políticas en varios países, como Afganistán, Indonesia y Timor Leste4. Algunos países de la región han tomado medidas para mejorar los resultados de la atención en salud para mujeres y niñas, y otros han tomado medidas para reducir la brecha de género en la alfabetización y en la educación primaria y secundaria.

La crisis en la situación de la mujer

A pesar de estos avances, el foro reconoció los enormes y complejos desafíos que aun enfrentan las mujeres y niñas de la región, y la lucha constante para hacer frente a la superación de la crisis. Las participantes en el foro estuvieron especialmente preocupadas por el impacto de las actuales crisis sobre los derechos de la mujer.

La crisis legislativa

Según el foro, las preocupaciones se sitúan a nivel político, en la persistencia de leyes discriminatorias contra las mujeres y en la resistencia de algunos países a ratificar los instrumentos internacionales incluyendo el CEDAW, el Protocolo Opcional, y la implementación plena de la Plataforma de Acción de Beijing. Además, en algunos países de la región, las activistas de derechos humanos están siendo perseguidas, hostigadas, detenidas y procesadas por atraer la atención hacia los derechos de la mujer.

Hay especial preocupación porque algunos gobiernos y partidos políticos recurren a la manipulación del derecho a la diversidad cultural y religiosa como pretexto para violar los derechos humanos, incluyendo los derechos garantizados a las mujeres, niñas, los sobrevivientes al VIH/SIDA, y las personas de distinta orientación sexual. La criminalización de las mujeres y lesbianas, de los homosexuales, bisexuales y transexuales deriva en diversas violaciones a los derechos humanos, incluyendo la penalización, discriminación y criminalización de la homosexualidad en una serie de países.

La crisis en la democracia y en la participación democrática

El principio de la democracia participativa está en peligro en toda la región de Asia y el Pacífico. La persecución sistemática de disidentes y defensores de derechos humanos, especialmente las mujeres y sus familias, se ha generalizado. Las prohibiciones por parte de los sistemas políticos represivos de los derechos de las activistas a compartir sus experiencias con la comunidad internacional y las prohibiciones de los medios de comunicación constituyen un obstáculo para el acceso y la distribución de la información. Las ONG de mujeres y las activistas de derechos humanos son objeto de tácticas de intimidación que consisten en cerrar las ONG y en acosar a las activistas para evitar que desempeñen plenamente su papel en apoyo de sus derechos. Leyes cada vez más conservadoras y normas discriminatorias están siendo promulgadas, las que provocan una escalada en las violaciones a los derechos e incrementan el número de mujeres y niñas sin acceso a la educación, a la salud, a la movilidad, al empleo, y los servicios sexuales y reproductivos.

Las mujeres continúan luchando por la igualdad de representación y de participación en las nuevas tecnologías electrónicas y en los medios de comunicación.

A pesar de la explosión de los medios de comunicación en los últimos 15 años, las mujeres tienen escaso acceso a éstos y, de hecho son disuadidas de adquirir estos conocimientos. En muchos casos la tecnología se utiliza como un instrumento para subyugar y forjar la violencia y la discriminación contra la mujer. Existe la necesidad de democratizar el acceso a la información y que los gobiernos hagan de esto una prioridad para que la democracia participativa esté plenamente disponible para las mujeres. En esta área los medios de comunicación también tienen responsabilidad y desempeñan el importante rol de reafirmar los derechos humanos de las mujeres, e invertir en investigaciones relativas a su situación.

Crisis políticas y conflictos

Las prolongadas crisis políticas, los extremismos religiosos, los fundamentalismos y las dictaduras militares en algunos países de la región siguen afectando desproporcionadamente los derechos de las mujeres y niñas, generando situaciones críticas e inseguridad para este segmento de la población. La magnitud de la violencia contra las mujeres y niñas durante los conflictos armados no es reconocida por parte de los estados ni es atendida en la región.

Además, quienes son afectadas por los conflictos continúan estando al margen de los procesos de creación de la solución y pacificación de los conflictos y prevalece la impunidad para los perpetradores de la violencia. Los conflictos inter- e intra-estatales continúan planteando un gran reto para la vida y las condiciones socioeconómicas de mujeres y niñas.

Esto se ve agravado en los países políticamente inestables y en las áreas donde valiosos recursos fueron desviados hacia la militarización y el equipamiento y adiestramiento militar, a pesar de las importantes necesidades que padecen las mujeres, las niñas y la sociedad en su conjunto.

Las mujeres y niñas constituyen el 80% de los refugiados del mundo y de otras personas desplazadas, incluidas las internamente desplazadas (IDP, por su sigla en inglés). Y en la región de Asia y el Pacífico hay urgente necesidad de acción nacional e internacional debido a que continúan sin ser abordados estos segmentos de población IDP, lo mismo que los campos de refugiados. Los desastres naturales o causados por el hombre, como por ejemplo los conflictos armados, las políticas económicas sesgadas, y las llamadas iniciativas de desarrollo son algunas de las causas del incremento de los desplazamientos internos.

La crisis de violencia

A pesar de algunos avances en la disminución de la violencia contra las mujeres, ésta continúa siendo una importante preocupación en todas las áreas geográficas y demográficas de la región de Asia y el Pacífico. La Mutilación Genital Femenina (MGF) continúa vigente y daña a las niñas y mujeres jóvenes.

Existe un aumento en los informes sobre asesinatos violentos, sean muertes por brujería, cacería de brujas y asesinatos de honor de mujeres y niñas, y la violación como un instrumento de guerra o colonización. Los crecientes problemas incluyen nuevas y generalizadas formas de violencia que están emergiendo junto con los nuevos medios de comunicación y la tecnología; la ciber-intimidación y la violencia se están convirtiendo en un problema en aumento para las jóvenes.

Las amenazas a las mujeres y a los derechos de las niñas

Las amenazas a los derechos humanos de las mujeres y niñas tienen lugar en medio de grandes incertidumbres y de múltiples crisis en las finanzas, los alimentos, la ecología, el consumo, las esferas de la salud y la reproducción, y estas situaciones de emergencia conducen a una generalización de los desplazamientos económicos. Como consecuencia, hoy en día es casi seguro que no vayan a alcanzarse los limitados objetivos para la erradicación de la pobreza establecidos dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en el caso de los más vulnerables como por ejemplo las mujeres con discapacidad y las personas de las comunidades indígenas y marginadas. Esta dinámica se ve agravada por procesos sub-regionales de integración económica, incluyendo los acuerdos de libre comercio basados en la producción y el consumo no sostenible, la concentración de la riqueza y la creciente brecha social, y una desconexión entre los ámbitos productivos y reproductivos de la sociedad.

El modelo de desarrollo y las economías orientadas hacia el mercado

El paradigma de desarrollo dominante continúa siendo guiado por la ideología de mercado que favorece el crecimiento del capital a través de la privatización, la liberalización del comercio, y el retroceso de las responsabilidades del Estado a costa del bienestar humano de los más pobres, especialmente las mujeres.

Como resultado, la inseguridad alimentaria y el desempleo tienen efectos drásticos en los medios de subsistencia de los más pobres. Las desigualdades han ido en aumento aun cuando se registra crecimiento económico en muchos países de la región.

Estas situaciones conducen a protestas que, a menudo, son violentamente reprimidas y a una gran desesperación entre los más marginados y vulnerables, especialmente mujeres y niñas.

El peso de la deuda y la crisis financiera mundial

El peso de la deuda en la región lo cargan en gran parte las mujeres. Los préstamos contraídos por los Estados, con el pretexto del desarrollo nacional y del progreso no están siendo utilizados para el beneficio de la población y menos para el de las mujeres. Miles de millones de dólares asignados anualmente para los reembolsos de los préstamos podrían financiar, en gran medida, los muy necesarios servicios sociales básicos en apoyo de las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Sin embargo, la corrupción y los acuerdos mal negociados redundan en que el dinero no llegue a donde más se necesita.

Debido al deterioro de la situación económica y a la crisis financiera mundial, las niñas y mujeres jóvenes se ven obligados a dejar de lado su educación para entrar en la fuerza laboral. Además, en muchos casos, son empujadas al trabajo doméstico, a la industria del entretenimiento y al comercio sexual. Las situaciones económicas desesperadas y violentas están impulsando a que un número creciente de mujeres y niñas encuentren compañeros a través de internet y terminen “casadas” con la esclavitud doméstica y sexual. En consecuencia, se encuentran viviendo en países extranjeros con poco o ningún acceso a servicios o a representación legal. Mucho queda por hacer para abordar las causas profundas de la trata de seres humanos en sus diversas formas, incluyendo la migración que es creada por las desigualdades económicas, temas que hasta la fecha no han sido abordados ni en los programas, ni en las políticas ni en los ámbitos legislativos.

Cambio climático

Las mujeres y las niñas están siendo desproporcionadamente afectadas por el incremento en la frecuencia de las inestabilidades climáticas extremas y los desastres naturales que, en la región, totalizan casi el 50% más que el promedio mundial. Esta región ha sido testigo de la primera reubicación de comunidades enteras debido a los niveles crecientes del mar y al cambio climático, y se espera que los pequeños estados insulares de la región sean los más afectados en un futuro próximo. Los desastres naturales suponen una interacción compleja de factores – climáticos, sociales, políticos, económicos, institucionales y tecnológicos. Por otra parte, las calamidades inducidas por las corporaciones están causando estragos en comunidades enteras.

Muchos desastres son creados a gran escala por el hombre, a raíz de la explotación de canteras, la minería, la deforestación, la construcción de represas, la creciente contaminación por la quema de combustibles fósiles, y la conversión de cultivos comerciales o enclaves urbanos, incluyendo los planes propuestos para la reducción de las emisiones de carbono.

Género y ayuda

Por último, la mayoría de los actores de la cooperación para el desarrollo han demostrado su insuficiencia para llevar a cabo compromisos relacionados con una verdadera igualdad de género, y ni el dinero ni los recursos han acompasado la retórica. La implementación y responsabilidad en la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género mediante la integración de los esfuerzos ha sido ad hoc, impredecible, inconsistente y vulnerable a reacciones hostiles. Esta deficiencia está vinculada a la falta de comprensión de los diversos contextos sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres, y a la ausencia de mecanismos nacionales e internacionales para lograr los cambios deseados en el estatus actual de la mujer.

Forjando el futuro

Para las mujeres y niñas reunidas en el Foro aun queda mucho por hacer para mejorar la situación de las mujeres y niñas. En primer lugar, reconocen que el movimiento de mujeres es crucial y debe ser fortalecido para llevar adelante este proceso. Además, las participantes en el Foro priorizaron la necesidad que los gobiernos y las Naciones Unidas aborden los efectos de las sucesivas crisis sobre las mujeres.

Las necesidades fueron más allá de avanzar con la Plataforma de Acción de Beijing para incluir un llamamiento al desarrollo sostenible que coloque el bienestar humano en el centro de la formulación de políticas. Las participantes exigieron que los procesos subregionales de integración económica y los planes nacionales de desarrollo se apoyen en los principios y prácticas de la sostenibilidad ecológica, la soberanía alimentaria, la inclusión financiera, la protección social universal, la economía solidaria y el comercio justo.

Avances y limitaciones en El Salvador

Lic. María Dina Sales de Rodríguez
CIDEP – Social Watch El Salvador–2010

Los avances de las mujeres salvadoreñas a 15 años de la Conferencia de Beijing son escasos. Los logros que pueden señalarse se han obtenido gracias al empuje del movimiento de mujeres y feministas y a la voluntad política de algunas mujeres en los partidos políticos.

Existe evidencia de la gran cantidad de posibilidades legales que hay en el país para propiciar el avance en el desarrollo de las mujeres. Sin embargo éstas se han convertido en formalidades diplomáticas en el caso de las Convenciones y en obligaciones legislativas que son exigencia de los organismos internacionales de cooperación bilateral.

El gobierno de El Salvador no ha realizado esfuerzos para achicar la brecha de género, a pesar de su compromiso en 1995 en Beijing de promover el equilibrio de género en sus instituciones. Los cargos de dirección son mayoritariamente masculinos; la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa sólo alcanza el 9% – es decir que un 91% son hombres.

También hay escasa representatividad de la mujer en alcaldías y consejos municipales. Las oficinas de la mujer creadas en algunas alcaldías, sin bien son un avance en términos de gestión municipal, enfrentan escasez de recursos y limitaciones que dificultan su gestión. Esto se expresa claramente en los obstáculos para la transversalización de las políticas de género en sus estructuras internas.

Los informes oficiales sobre el avance de las salvadoreñas en los espacios de decisión señalan resultados desfavorables en las diferentes esferas del Estado.

Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, El Salvador – junto con Nicaragua – penaliza de forma absoluta el aborto, con leyes totalmente restrictivas que condenan con cárcel el aborto en todas sus expresiones, aún cuando la vida de la madre esté en peligro o el feto tenga malformaciones congénitas. Si bien en el Ministerio de Salud existen planes y estrategias de control natal, el discurso político asimila el conservadurismo religioso contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sanciona todas las formas de anticoncepción y rechaza los reclamos sobre los derechos relacionados con la orientación sexual.

Un balance

Las Naciones Unidas y sus agencias, así como la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y otros organismos, desde 1995 han dado apoyo a la implementación del enfoque de género en El Salvador para lograr cambios en las políticas y planes del gobierno, así como en actitudes y comportamientos discriminatorios a fin de que las mujeres puedan ejercer sus plenos derechos. En tal sentido se han logrado cambios a nivel jurídico en las áreas del derecho de familia, el derecho civil y el derecho penal.

Entre varios objetivos planteados se hicieron presentes el rompimiento de la frontera entre lo público y privado, el reconocimiento de las mujeres como sujetas sociales y políticas con derechos económicos, sociales, políticos y culturales, en paridad con los hombres y con incidencia en las relaciones de poder político.

Actualmente las mujeres siguen luchando, por varias vías a nivel local, nacional e internacional por una ciudadanía plena, por una democracia genérica, por los derechos sexuales y reproductivos, por una educación no sexista, por el cuidado y preservación del medio ambiente, por el reconocimiento al trabajo reproductivo, por una vida sin violencia y sin discriminación, así como por un desarrollo sustentable, a través de diferentes esfuerzos a nivel local, regional y nacional.

Desde la política oficial se comenzó a responder a las demandas de las mujeres comenzando con la inserción en el ámbito gerencial y político y dando salida a sus peticiones con la creación de diversos organismos: la Oficina de la Mujer de la Procuraduría General de la República, la secretaría de la Mujer que instauró el partido de izquierda FMLN, el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Mujer (IMU), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, entre otros.

Efectos diferenciados

La política neoliberal aplicada en la década de los 1990 en la región, unida a las desigualdades estructurales de género y al extremismo religioso conservador agravan las dificultades de las mujeres para obtener sus reivindicaciones. Por un lado los medios de comunicación, la educación formal o la salud son utilizados como instrumento ideológico para impedir el progreso de los derechos humanos de las mujeres.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas de la crisis acentúan la ya existente vulnerabilidad del empleo en general y el particularmente el femenino.

La CEPAL ya había señalado que ante la vulnerabilidad de las mujeres para el acceso a la protección social: “existe la necesidad de analizar los mecanismos instituidos de solidaridad con fines de protección social en términos del mercado del trabajo. No debe esperarse que el empleo sea el mecanismo de protección suficiente de la mayor parte de la población frente a riesgos relacionados con la falta de ingresos, la salud, y el envejecimiento. Ante una época de crisis, se debe replantear el marco de una solidaridad integral, en que se combinen mecanismos de protección social contributivos y no contributivos” 1

Las medidas orientadas a generar políticas paliativas a esta situación deben tener en cuenta que, para no poner en peligro los objetivos del desarrollo, hay que considerar los efectos diferenciados que las políticas económicas tienen sobre hombres y mujeres.

O sea, para quién y de qué manera se realizan estas políticas, sobre quiénes impactan, sobre quiénes cae el peso de la recuperación económica, en qué medida se refuerzan las desigualdades sociales o en qué medida se abre una ventana de oportunidad para evitar las crisis recurrentes 2.

Incumplimientos del Estado

El Estado ha cumplido solo parcialmente con los compromisos nacionales e internacionales relativos a los derechos de las Mujeres. Entre ellos:

• El Pacto Intencional de Derechos Civiles y Políticos (1996),

• Los Acuerdos de la IV Conferencia de la Mujer, Beijing, 1995;

• El Decreto 902, Ley contra la Violencia Intrafamiliar 1996, con lo establecido en la Constitución Política, de proporcionar una vida digna a toda la población; así como a demostrar voluntad política ante tal problemática,

• En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW, el cual es un instrumento complementario de la Convención, en el que se establecen mecanismos mínimos de exigibilidad. El Salvador es firmante del Protocolo Facultativo, sin embargo hasta la fecha la Asamblea Legislativa no lo ha ratificado, lo cual constituye un obstáculo para acceder a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, así como de políticas públicas que hagan efectivos los derechos humanos de las mismas.

• El Estado no reconoce la importancia del rol productivo y reproductivo de las mujeres en la economía nacional.

• Aún cuando se reconoce la existencia del ISDEMU como instancia para el adelanto de Mujer, es evidente que éste no ha sido garante del cumplimiento de la Política de la Mujer, así como los fondos destinados para el adelanto de la mujer son pocos y escasamente pueden dedicarse en la inversión de pequeños proyectos. Además la presencia de dos representantes propietarias y dos suplentes, de las organizaciones de mujeres, en la Junta Directiva del ISDEMU no ha significado mejores posiciones por parte de las mujeres para negociar y para hacer incidencia en el ámbito de la Junta Directiva del mismo; pues los aportes de las organizaciones se han invisibilizado al no ser mencionados en los documentos producidos, así como en el Informe Beijing +10.

Objetivos específicos que se persiguen

Las mujeres salvadoreñas reclaman la implementación de los principios de equidad e igualdad genérica en forma transversal en todo el sistema económico, social, político y cultural. Entre otros, los objetivos se dirigen hacia una educación no sexista, a un cambio en la relaciones de poder entre hombres y mujeres, a la eliminación de la violencia de género, al reconocimiento del valor del trabajo reproductivo, de los derechos sexuales y reproductivos, a la orientación o preferencia sexual y a la ciudadanía plena.

Demandas de las mujeres

• A la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley Integral del acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
• A la Asamblea Legislativa la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, para contar con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y la implementación de políticas públicas que hagan efectivos los derechos de las mujeres.

• A la Asamblea Legislativa la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

• A la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República, que cumplan con efectividad su rol en la investigación de los feminicidios y en todos los hechos de violencia sexual contra mujeres y niñas.

• A los Jueces y Juezas a que apliquen una pronta justicia para las mujeres y las familias afectadas por cada hecho de violencia que enfrentan.

• La incorporación en el Código Penal del delito de feminicidio y el esclarecimiento y justicia en los procesos judiciales por los feminicidios de todas las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas víctimas de violencia, a quien el Estado adeuda justicia, ya que estos crímenes continúan impunes.

• Al Estado que cumpla con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (de Naciones Unidas) en su 42º período de sesiones – 20 de octubre a 7 de noviembre 2008; con relación a las observaciones finales del Comité, sobre el 7º Informe periódico de El Salvador (CEDAW/C/ SLV/7); conocido en sus sesiones 862º y 863º celebradas 31 de octubre de 2008.

• Que las Instituciones competentes, asuman un mayor compromiso por la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres.

• Al gobierno se le demanda mayor transparencia acerca de los mecanismos con los que vigila el cumplimiento de la normativa laboral y de la política que procura empleos para las mujeres.

• Al gobierno que tome en consideración las observaciones hechas, en 2004, por la Sra Yakin Ertürk, Relatora Especial sobre la Violencia hacia las mujeres del Secretario General de Naciones Unidas; quien concluyó que, no obstante algunos logros importantes “el hecho de que las autoridades no investiguen, enjuicien y castiguen a los responsables de actos de violencia contra la mujer ha contribuido a crear un clima de impunidad, que se ha traducido en una escasa confianza en el sistema de justicia. La impunidad de los delitos, las disparidades socioeconómicas y la cultura machista favorecen un estado generalizado de violencia en el que la mujer está sometida a una serie continuada de actos múltiples de violencia, como el asesinato, la violación, la violencia en el hogar, el acoso sexual y la explotación sexual comercial”.

Bulgaria: gran esfuerzo de las mujeres, escaso esfuerzo del Gobierno

Milena Kadieva
Bulgarian Gender Research foundation

A pesar de la tendencia en general positiva, en Bulgaria aun persisten importantes temas relacionados a la igualdad de género referidos a la implementación de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) que esperan soluciones legislativas y políticas. Estos temas incluyen la prevalencia de la igualdad formal versus la igualdad sustantiva, la falta de medidas especiales provisionales adecuadas, la ausencia de una ley especial y de mecanismos relativos a la igualdad de género a nivel nacional y local, los derechos reproductivos de las mujeres, su participación igualitaria en la toma de decisiones, y la violencia contra la mujer.

Las ONG de Bulgaria han presentado informes al Comité de la CEDAW desde 1998. En 2002, las organizaciones de Bulgaria y los Balcanes Occidentales (Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Albania, Croacia y Montenegro) prepararon un informe conjunto sobre la implementación de la Convención en la región. En el caso de Bulgaria, el informe fue elaborado en ausencia del informe periódico gubernamental y se centró en el nivel de cumplimiento con la Convención por parte de la ley y las prácticas nacionales y, más concretamente, con las recomendaciones del Comité a partir de 1998. La compilación se difundió ampliamente en los Balcanes y el esfuerzo realizado por la sociedad civil de producir un informe alternativo “no solicitado” de la CEDAW, valió la pena.

La implementación de las recomendaciones de la CEDAW

En los 10 años que siguieron a la consideración del informe de Bulgaria se produjeron cambios positivos en la legislación nacional, tales como la aprobación de la Ley de Protección contra la Discriminación y la Ley de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, ambas de 2004; la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica de 2005 (LPCVD), la criminalización de la no ejecución de las órdenes de protección emitidas en el marco de la LPCVD, la adopción de algunas disposiciones contra la discriminación en el Código Laboral, entre otros.

Las ONG de mujeres han insistido constantemente en la importancia de transversalizar la Convención y su Protocolo Facultativo, así como de dar a la CEDAW una posición más destacada en la legislación nacional. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos de cabildeo ante las instituciones estatales competentes, la transversalización no se ha concretado todavía, razón por la cual no se ha dado prioridad a las normas de la CEDAW por sobre los requisitos de la legislación nacional que la contradicen.

La LPCVD, que fue promulgada en marzo de 2005, prevé medidas administrativas y policiales en casos de violencia doméstica. En particular, el tribunal competente podrá emitir órdenes para desalojar al agresor del hogar común, prohibir que se acerque a la casa, el lugar de trabajo o los espacios de contactos sociales de la víctima, temporalmente quitar al agresor la custodia de los hijos e imponerle programas de educación obligatoria1

La ley establece un procedimiento civil urgente especial de la administración de justicia en los casos de violencia doméstica. Se trata de un procedimiento sui generis, aunque similar al procedimiento civil rápido 2.

La ley contiene también elementos de procedimiento penal, pero se mantiene dentro del marco del procedimiento civil. La esencia de la ley es la emisión de órdenes especiales por el tribunal regional para la protección de las víctimas de violencia, las que contienen medidas de alejamiento para los agresores. En el marco de la LPCVD, la violencia doméstica no se reconoce como un delito.

Desde su aprobación, la LPCVD ha probado en la práctica que, además del efecto positivo de la nueva legislación, surge una serie de problemas dentro el marco jurídico establecido, a partir de las reglas determinadas por el legislador. Las mujeres todavía tienen miedo de denunciar la violencia doméstica, debido a la estigmatización y la reacción en general negativa de la sociedad que no acepta la discusión pública de los “asuntos de familia”. Esto lleva a que, frecuentemente, no busquen protección judicial o a que, aun si se presentan ante los tribunales, estos no ofrezcan una protección adecuada debido a las deficiencias de la ley y la insuficiencia de algunos de sus procedimientos.

En enero de 2008, debido a la presión de las ONG de mujeres que trabajan en el ámbito de la violencia doméstica (sobre todo las que forman parte de la Alianza contra la Violencia Doméstica), y teniendo en cuenta que el número de casos de violencia doméstica crece cada año, el Ministerio de Justicia estableció un grupo de trabajo para preparar un proyecto de ley que modifique la LPCVD. El proyecto de ley fue elaborado en el verano de 2008. Sin embargo, debido a obstáculos administrativos y a no haber sido priorizada por el Consejo de Ministros, la norma fue recién presentada al primer ministro en noviembre de 2008. El proyecto de ley incluye: mayor protección para las víctimas de la violencia doméstica durante los procedimientos judiciales; ampliación del círculo de personas con derecho a protección en virtud de la Ley; una mayor protección para los niños y las personas con discapacidad; la asignación de funciones de coordinación al Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, así como un presupuesto especial para la implementación de la ley.

La Alianza de ONG para la protección contra la violencia doméstica aboga por una implementación efectiva de la LPCVD y, en particular, la financiación de la prestación de servicios a las víctimas de la violencia doméstica, así como la incriminación de la violación de las órdenes judiciales de protección.

Debido a la falta de un serio interés del Gobierno respecto del tema de la violencia contra la mujer y su enfoque sobre los Fondos Estructurales de la Unión Europea y su utilización por intereses políticos y personales, el Consejo de Ministros recién votó el proyecto de ley en junio de 2009. Subsecentemente tuvieron lugar las elecciones parlamentarias nacionales de julio de 2009, lo que impidió se remitiese el proyecto de ley al Parlamento para ser debatido y, en última instancia, la aprobación de cualquier ley, incluyendo la eniminenda a la LPCVD.. A la fecha, la enmienda aguarda su implementación y no se sabe a ciencia cierta cuándo habrá de ser implementada..

Cabe señalar, sin embargo que, gracias a los esfuerzos de las ONG de derechos humanos de las mujeres, el 10 de abril de 2009 el Parlamento aprobó una enmienda del Artículo 296 (1) del Código Penal que establece que la no aplicación de las órdenes de los tribunales de protección en virtud de la LPCVD constituye un crimen punible con hasta 3 años de prisión o una multa de 5.000 levas búlgaras (2.500 euros)3.

Desafortunadamente, todavía hay normas en el Código Penal que eximen de acusación oficial a ciertos tipos de abusos cometidos por un miembro de la familia, aunque el Estado puede iniciar juicio por el mismo acto si es cometido por un desconocido. El Estado no ayuda en el procesamiento de abusos domésticos a menos que la mujer haya sido asesinada o herida de gravedad. Incluso cuando la mujer está herida de gravedad, el Estado no siempre actúa en consecuencia.

Escasa representación de las mujeres en la toma de decisiones

La cuestión de la igualdad de género en la participación política es fundamento y garantía de la igualdad de la mujer en otras esferas, y, viceversa, la desigualdad de la mujer en otras esferas se refleja en la desigualdad en la participación política.

A saber, históricamente el tratamiento de la desigualdad de las mujeres en el ámbito de la participación política se “justificaba” por su función reproductiva y el papel subordinado en la familia y la sociedad.

Estos estereotipos siguen vivos hoy en día cuando las leyes electorales y los sistemas de partidos consolidan el poder de los hombres dentro de un marco hipócrita de igualdad formal.

En cuanto a la participación política, el activismo y el impuso a la acción afirmativa e introducción de un sistema de cuotas para fomentar la participación de las mujeres es especialmente importante para Bulgaria.

No hay sistema de cuotas para aumentar la participación política de las mujeres en el país y los requisitos generales de la Constitución y la leyes (la ley sobre la elección de los miembros del parlamento y para las elecciones locales) no contienen disposiciones para garantizar la participación real de las mujeres en la política en términos de igualdad con los hombres.

Discriminación contra la mujer y acción afirmativa

A fines de 2003, el Parlamento búlgaro aprobó una Ley de Protección contra la Discriminación. Según esta ley, se prohíbe la discriminación en forma obligatoria para todos y todas, en el ejercicio y la protección de los derechos y libertades establecidos por la Constitución y las leyes de la República de Bulgaria.

Además de este ámbito de protección general y amplio, la ley establece normas especiales para la protección contra la discriminación en el ejercicio del derecho al trabajo, a la educación y la formación, etc. Sin embargo, según la ley, la discriminación de género es sólo uno de los motivos enumerados y no prevé mecanismos nacionales para la igualdad de género y la acción afirmativa.

Es importante señalar que, debido al proceso de adhesión a la UE y gracias a los constantes esfuerzos de las ONG de mujeres, el Gobierno adoptó una ley especial contra la discriminación. En el período 2000-2003 la Fundación Búlgara de Investigaciones de Género (BGRF), por ejemplo, trabajó en proyectos de ley relacionados con los derechos de las mujeres en el país y participó en grupos de trabajo para elaborar un proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades y otro sobre protección contra la discriminación (en vigor desde 2004).

No existe un mecanismo institucional para la igualdad de género y los derechos de la mujer

Hasta ahora, y a pesar de los esfuerzos de las ONG de derechos humanos, el Parlamento de Bulgaria no ha aprobado legislación específica alguna sobre la igualdad de género.

Tres asambleas nacionales presenciaron intentos infructuosos de promover dicha ley. Los debates más importantes fueron en torno a dos cuestiones principales: si es necesaria una ley si Bulgaria ya tiene una ley general contra la discriminación desde el 1 de enero de 2004, y cuál es el mecanismo más apropiado de igualdad de género para Bulgaria, junto con las consideracones relacionadas a las restricciones presupeustarias. El debate se dio no obstante las propuestas ya existentes de crear el puesto de un ombudsman especializado y una agencia para la igualdad de género.Los resultados de estos debates fueron los numerosos esfuerzos para producir una mejor legislación. Se elaboraron hasta ahora seis proyectos y ninguno de ellos fue aprobado. El proyecto más reciente se presentó en la Asamblea Nacional a fines de noviembre de 2008.

Si bien existe un Consejo Consultivo sobre la Igualdad de Género en el Consejo de Ministros presidido por el Ministro de Trabajo y Políticas Sociales y una pequeña unidad dentro el Ministerio, los mecanismos institucionales existentes son insuficientes para garantizar una política permanente sobre igualdad de género:.

El Gobierno afirma que el organismo de igualdad, la Comisión para la Protección contra la Discriminación, tiene funciones de un mecanismo para garantizar la igualdad de género, pero no es el caso. Existe una falta de difusión de la Convención y la obligación de informar periódicamente, así como una falta de formación y educación sobre cómo implementar la Convención.

No hay un enfoque especial sobre la CEDAW en el sistema educativo de Bulgaria y, más específicamente, en la educación de los abogados. En conjunto, no se le dio prioridad al cumplimiento de la CEDAW en las políticas del gobierno. Una de las razones para ello es la gran prioridad que se atribuye a la implementación de las normas de la UE en el proceso de transición del país y en su ingreso a la UE. Las normas de la UE, que suelen ser más bajas que las normas de la CEDAW sobre los derechos de las mujeres, se utilizan como base para los cambios legislativos y normativos en el campo de la igualdad de género en Bulgaria.

Más aún, en ámbitos en los que la UE no tiene requisitos de carácter vinculante, tales como acciones afirmativas para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, se aplica el nivel más bajo de la UE sobre este tema en lugar incluir las posibilidades más amplias de medidas temporales especiales, previstas en el Artículo 4 de la CEDAW. No obstante la decisión de implementar los más bajos estándares de la UE, es importante señalar que hubo algunos avances debido a la armonización de estos estándares.

Desde 2004, la Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF) es la organizadora y coordinadora y principal del Instituto de Capacitación en Derechos Humanos de la Mujer (WHRTI) para abogados y abogadas jóvenes de Europa Oriental. El WHRTI se centra en desarrollar la capacidad litigante en tres cuestiones principales: la discriminación laboral, la violencia contra las mujeres y los derechos reproductivos, con especial énfasis en las discriminaciones múltiples. El objetivo de este adiestramiento es preparar a los y las jóvenes abogados para utilizar correctamente la CEDAW y sus documentos conexos para el trabajo legal y de activismo a nivel nacional para la eliminar la discriminación de género y lograr la igualdad 4. Los avances en la legislación y la práctica sobre cuestiones de género son el resultado de la combinación de los factores antes mencionados y la activa campaña de cabildeo de las ONG de mujeres de Bulgaria.

China: avance dispar

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Derechos de la mujer en Armenia

Svetlana A. Aslanyan, PhD

Investigadora principal, jefa del Grupo de Investigación del Instituto de Lingüística de la Academia Nacional de Ciencias de Armenia Center for the Development of Civil Society

Los derechos de la mujer han sido concedidos en Armenia desde tiempos antiguos. Con el advenimiento de la moderna República, fueron consagrados nuevamente y, durante la era soviética, ampliados. Sin embargo, la transición hacia la democracia y al mercado liberalizado ha deteriorado la situación de las armenias, que hoy padecen discriminación en todos los aspectos de la vida. El Gobierno no llega a darse cuenta de la magnitud del problema y los intentos por cumplir con los compromisos internacionales son débiles y carecen de fondos.

La igualdad de derechos de las mujeres han tenido una larga historia en Armenia: los antiguos códigos y las normas legales proporcionan evidencia indirecta de que antiguamente las mujeres eran tratadas como miembros iguales de la sociedad en los temas relativos a la herencia, la propiedad, etc. Por ejemplo, el código de Shahapivan (443 a.C.) dispuso que “las mujeres tienen derecho a poseer una propiedad de la familia en caso de que el marido haya abandonado a su esposa sin ninguna razón”. Mencionaba también que “una mujer tenía derecho a traer un nuevo marido al hogar”.

El armenio Shahamir Shahamirian, escritor, filósofo y famosa figura pública del siglo XVIII, estableció: “Cada persona humana, ya sea armenia o de otra etnia, sea hombre o mujer, nacida en Armenia o trasladada a Armenia desde otros países, vivirá en igualdad y será libre en todas sus ocupaciones. Nadie tendrá el derecho de dominar a otra persona, considerando que su mano de obra deberá ser remunerada de acuerdo a cualquier otro trabajo, como lo exige la legislación de Armenia” (Trampas de la gloria, Artículo 3).

Vale la pena mencionar que la primera República de Armenia (1918-1920), fue una de las primeras en otorgar a la mujer el derecho a votar y a ser electas, y que el 8% de los miembros de su Parlamento eran mujeres. También vale la pena subrayar que la primera mujer embajadora fue la Dra. Diana Abgar (Abgaryan), Embajadora de Armenia en Japón (en tanto Alexandra Kollontai – reconocida, por lo general, como la primera embajadora – fue nombrada plenipotenciaria de Noruega recién en 1923).

Durante la era soviética el Estado garantizó la enseñanza escolar gratuita y obligatoria, la enseñanza universitaria gratuita y accesible, los servicios médicos gratuitos y accesibles, 24 días de vacaciones pagas, asignaciones, vacaciones pre y post-natales, etc. En 1920, el derecho al aborto fue legalizado y la atención médica en esta área fue garantizada.

A pesar de estos avances, las mujeres de la Armenia soviética cargaban con un peso doble y afrontaban una discriminación estructural. Esta discriminación estructural no fue tampoco abordada en la Constitución post-soviética de 1995.

De acuerdo a ésta, en la legislación de la Armenia independiente, las mujeres y hombres gozan de iguales derechos en la vida política, el trabajo y la familia.

Las normas legislativas del país se corresponden, en la mayoría de los casos, con las principales normas internacionales. Si bien la Constitución no se refiere directamente a la equidad de género, este principio está garantizado por numerosas leyes. La participación de los ciudadanos en el establecimiento de la democracia y la toma de decisiones son los derechos humanos más fundamentales.

Existe discriminación de género en todas las esferas

La transición a la democracia y el libre mercado han ocasionado el deterioro de la situación de las armenias en la sociedad, así como también el de su situación económica. Hoy en día no existe una política nacional para los temas relacionados con la mujer, los que deben ser abordados en la vida real.

El Gobierno no ha hecho ningún intento por cambiar esta situación, ya que considera que la inequidad de género había sido resuelta al ser instalada en la época soviética. La falta de mecanismos eficaces para garantizar la correcta aplicación de la legislación da lugar a la discriminación de la mujer en todas las esferas, incluida la participación política.

A menudo, las mujeres se ven excluidas de los procesos económicos y políticos, continúan con los roles tradicionales de la sociedad, y reciben el impacto más fuerte de una transición azarosa e irreflexiva que va de una sociedad totalitaria (con una planificación centralizada y una rígida economía) a una economía de libre mercado basada en la democracia.

No existen órganos representativos de la mujer, ni grupos parlamentarios, ni asesores de género en Armenia. De forma excepicional, en 2002 fue nombrada una vice-ministra en el Ministerio de Seguridad Social para coordinar las actividades destinadas a abordar los temas de la mujer. Sin embargo, fue depuesta muy pronto, otra mujer fue nombrada en su lugar, quien a su vez fue desplazada. A la fecha, los problemas de las mujeres son tratados por el Departamento de la Mujer y la Infancia, creado en 1997, dentro del Ministerio de Seguridad Social de la República de Armenia, así como la División de Protección para la salud de la Madre y el Niño del Ministerio de Salud de la República.

Esta falta de entidades de género eficaces se transparenta en la manera en que el país informa sobre sus compromisos internacionales. Armenia fue uno de los 191 países firmantes de la Declaración del Milenio. El respeto y compromiso por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son reconocidos como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): “Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de 2015”.

En 2005 Armenia publicó un primer informe intermedio sobre el cumplimiento de los ODM. El informe tenía un grado notablemente enérgico de adaptación a la situación nacional, fijando metas más elásticas que las mundiales. El informe nacional sobre los progresos de los ODM se preparó mediante los esfuerzos conjuntos del Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las organizaciones de Naciones Unidas en Armenia.

Logros y fracasos

• En el marco de la implementación del Plan de Acción de Beijing en 1997, el Primer Ministro emitió un decreto para la creación de un Comité para llevar a cabo el Programa de Desarrollo de Políticas de Género, 1998-2000. Era un programa de tres años de duración destinado a mejorar la situación de la mujer, pero nunca fue aplicado debido a la falta de financiación.

• El logro más importante fue la aprobación del “Plan Nacional de Acción 2004-2010 de la República de Armenia para mejorar la situación de la Mujer y reforzar su papel en la sociedad” (Decreto N º N 645 N de fecha 8 de abril de 2004 del Gobierno de la República de Armenia). Este Plan define los principios, prioridades y objetivos clave de la política pública para abordar los temas de la mujer. Se basa en las disposiciones pertinentes de la Constitución de la República de Armenia y está orientado a la realización de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, las recomendaciones de la Cuarta Conferencia de Beijing (1995), los documentos del Comité Directivo del Consejo de Europa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los requisitos de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, y los compromisos de la República de Armenia con otros instrumentos internacionales.

El plan de acción comprende ocho secciones:

• Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y en la esfera social y política;

• Mejorar la condición social y económica de la mujer;

• Sector educativo;

• Mejorar la salud de la mujer;

• Eliminar la violencia contra la mujer;

• El papel de los medios de comunicación masiva y las instituciones culturales en la presentación de informes sobre los temas de la mujer y la construcción de un modelo de feminidad; y

• Reformas institucionales.

Algunos puntos, como la producción de investigación y de recomendaciones para la lucha contra la violencia de género, así como la recolección de datos estadísticos desglosados en función del género, se han publicado en folletos informativos.

Algunos organismos fueron creados en la pasada década para abordar preocupaciones sociales, de salud y de empleo. Lamentablemente, están subfinanciadas o carecen del poder, ya sea para desarrollar o sostener políticas efectivas para superar las inequidades de género y garantizar iguales derechos y oportunidades para hombres y mujeres.

Las razones para este fracaso han sido la falta de financiación, la falta de coordinación entre de los diferentes organismos involucrados y la ausencia de mecanismos estrictos de aplicación. Además, el bajo nivel de concienciación de la población ha sido un gran obstáculo para su éxito.

La mujer y la sociedad civil

Vale la pena señalar que después de la Conferencia de Beijing las organizaciones de mujeres se volvieron más activas, fueron creadas otras y varias organizaciones internacionales como el PNUD, USAID (la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) iniciaron investigaciones sobre el tema. Estas organizaciones junto con otros donantes internacionales, han otorgado numerosas becas a ONG de mujeres, lo que contribuyó a la promoción de las ONG de mujeres en particular y de la sociedad civil en general.

La potenciación de las mujeres ha sido uno de los principales objetivos de sus organizaciones y opera como una idea unificadora, independientemente de la diversidad de sus campos de actividad.

Desde un comienzo estas organizaciones promovieron los derechos civiles de las mujeres o se organizaron para abordar los problemas sociales que las afectan. Han llevado a cabo un gran trabajo en pro de los derechos de la mujer, con liderazgo en la confrontación de la violencia de género y a la trata de mujeres.

Economía feminista y nuevo paradigma de desarrollo

Elsa Duhagon

Las mujeres del mundo trabajan más horas, su participación en los mercados laborales es menor que la de los hombres, reciben menos ingresos que ellos y están más involucradas en el trabajo no remunerado. La economía feminista exige un nuevo paradigma de desarrollo que no se base solamente en el crecimiento económico y cuyo indicador no sea el PIB medido en forma tradicional, que hace invisible a la mitad de la economía no monetaria. El modelo clásico ignora actividades esenciales que se realizan fuera de los mercados, tales como el mantenimiento del hogar, el voluntariado, la crianza de los hijos, el cuidado de los ancianos y gran parte de la producción de alimentos y cuidado de los cultivos.

La crisis económica y financiera evidencia una vez más la necesidad de un análisis económico que tome en cuenta las desigualdades de género y corrija algunos supuestos básicos de la economía clásica.

Para el pensamiento económico aun prevaleciente, el crecimiento es igual a desarrollo económico y el producto bruto interno (PBI) es el indicador más usado como medida de la “riqueza” generada. Sin embargo, la economía feminista ha mostrado que más del 50% de todo el trabajo humano no es remunerado y por lo tanto no se registra en el PIB. Si se contabilizara este trabajo invisible resultaría que cerca de los 2/3 de la riqueza es creada por las mujeres.1 Las divisiones tradicionales de tareas por género, tales como la “especialización” de las mujeres en el trabajo doméstico y otras actividades no remuneradas, no tienen en cuenta que dicha “especialidad” es una construcción social, basada en prácticas hegemónicas, que incide en la economía. Una redistribución progresiva de la riqueza y la renta que tenga en cuenta a las mujeres es un elemento que generalmente no aparece en el debate de las políticas económicas debido a la “invisibilidad” de la economía no remunerada (no monetaria). Sin embargo, cuando el análisis se realiza en términos de horas de trabajo (no en términos de finanzas y dinero) resulta que son las mujeres quienes sobrellevan la gran carga de la economía mundial.

Son ignoradas, en la lógica económica clásica, actividades esenciales para el ámbito familiar y la comunidad que se realizan fuera de los mercados, tales como el mantenimiento del hogar, el voluntariado, la crianza de los hijos, el cuidado de los ancianos y gran parte de la producción de alimentos y cuidado de los cultivos. Al realizarse en el ámbito familiar, sin que exista intercambio de dinero, todas ellas son consideradas “actividades no-económicas”; no sólo en los textos de economía sino también en el propio Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (índices de Producto Nacional Bruto–PNB y Producto Interno Bruto–PIB) Es necesario, por lo tanto, redefinir la macroeconomía y reconocer que la economía monetaria es sólo la punta de un iceberg, que se asienta sobre una amplia economía del cuidado, que utiliza principalmente la fuerza de trabajo de las mujeres y representa al menos la mitad de la fuerza de trabajo total.

La economista evolutiva Hazel Henderon señala que el comportamiento humano abarca, desde el conflicto y la competencia hasta la cooperación y el intercambio. Destaca que sólo la economía de mercado funciona en el lado de la competencia y que todas las otras ciencias sociales están interesadas en el intercambio y la cooperación y en ese sentido, la teoría de juegos es cada vez más un modelo aplicable2. Agrega que, “en realidad, desde la nueva economía e incluso desde el ‘mainstream’ de la teoría económica comienzan a reconocerse las limitaciones de la economía clásica o la microeconomía y sus supuestos para explicar los comportamientos tanto individuales como grupales y el propio funcionamiento de la vida económica”3.

Crisis, ceguera de género y rol del Estado

La crisis global iniciada en setiembre de 2008 ha dado motivo a múltiples análisis sobre la macro y microeconomía. Sin embargo la igualdad de género ha recibido menor atención en las iniciativas de gobiernos y de quienes toman las decisiones económicas.

Por ejemplo, la perspectiva de género debería ser tenida en cuenta al revisar las relaciones entre el estado, el mercado y la sociedad, los presupuestos nacionales o el impacto de las políticas fiscales. Todo ello incide en el ejercicio de los derechos de las mujeres y sobre su calidad de vida en forma diferenciada, pues son distintas las repercusiones en el mercado laboral y particularmente los cambios que se suceden en el trabajo no remunerado.

Como expresa la economista costarricense Rebeca Grynspan, directora del Buró Regional de PNUD para América Latina y el Caribe, “el trabajo remunerado y no remunerado constituye un elemento fundamental de análisis y de política pública al ser uno de los factores que más afectan la inserción laboral de las mujeres”4.

La sociedad da por sentado que las mujeres tienen que hacer trabajos honorarios y al mismo tiempo cumplir con las nuevas responsabilidades y libertades que han conquistado. Para enfrentar esta situación, la sociedad tiene que organizarse alrededor de un modelo de familia distinto del hombre “proveedor” y la mujer “ama de casa”. Hoy día, muchas familias tienen jefaturas femeninas o de varón y mujer donde ambos trabajan por un salario. Por lo tanto Grynspan propone programas de conciliación trabajo-familia que refieren a una conciliación varón-mujer, entendiendo esto como una co-responsabilidad en la familia que trasciende el ámbito privado y atañe al público, desde el mercado laboral y las políticas de estado.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el crecimiento mundial en términos de salarios reales se redujo de manera drástica en 2008 como resultado de la crisis económica, y se espera que disminuya aún más a pesar de las señales de una posible recuperación económica.

El informe analiza que el deterioro actual de los salarios adviene después de una década de moderación salarial previa al estallido de la crisis y estima, además, que años de estancamiento salarial en relación al aumento de la productividad – sumado a la creciente desigualdad – contribuyeron al estallido de la crisis al no permitir que los hogares incrementaran su capacidad de consumo, salvo a través del endeudamiento: “El continuo deterioro de los salarios reales a nivel mundial plantea serias preguntas sobre la verdadera dimensión de una recuperación económica, sobre todo si los gobiernos ponen fin a las medidas de estímulo de manera anticipada”5.

En otro documento de junio de 2009 6, la OIT recuerda que “el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la promoción de la igualdad de género y el fomento de la expresión, de la participación y del diálogo social también son críticos para la recuperación y el desarrollo”.

Si bien muchos países le han dado importancia al tema del empleo, persiste la “ceguera” respecto al género en las medidas tomadas. Por ejemplo, Brasil bajó los impuestos a la industria automotriz del 7% al 0% en autos de baja cilindrada para incentivar las compras y mantener la fuerza de trabajo. Si bien se trata de una medida importante, cabría preguntarse cuántos de estos puestos de trabajo son para mujeres y, en general, qué impacto están teniendo estas medidas sobre ellas.

Otro ejemplo ilustrativo (que se repite en casi todos los países) es el de España. Las primeras medidas anticrisis que se tomaron por el Fondo Estatal de Inversión Local fueron destinadas a la construcción, donde el 93% de los trabajadores son hombres, en detrimento del avance de las mujeres hacia la igualdad en el empleo.

En muchos países se llevaron adelante otros programas relevantes en pro del empleo, como por ejemplo los Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos (ingreso que se les da a los hogares pobres a condición de que manden los hijos al colegio y a los sistemas de salud). Si bien es cierto que constituye un importante seguro social para los hogares pobres sigue sin contabilizar el tiempo de las mujeres, por más que la base del éxito de estos programas dependa de ellas.

Por lo ya aprendido en crisis anteriores, está claro que las políticas sociales y el rol del estado son fundamentales en tiempos de crisis, pero también se sabe que los indicadores sociales tardan el doble de tiempo que los económicos en recuperarse, dejando a muchas personas por el camino. De esta forma se pierde capital humano. No alcanza con la ecuación “cuando se recupere la economía, se recuperarán los indicadores sociales”.

Un cambio de postura teórica que se refleje en la práctica es indispensable: ya no se trata de pensar en un crecimiento y formular algunas políticas para las mujeres, sino de diseñar e implementar un nuevo paradigma de desarrollo con igualdad de derechos y oportunidades para todos los individuos, sin distinción ni discriminación alguna.

Impacto en el empleo y el trabajo

La política macroeconómica, al referirse a la crisis y su impacto sobre el trabajo global de las mujeres se ha focalizado principalmente en la inflación, por lo tanto el empleo ha sido largamente relegado. Fue en 2005 que los documentos internacionales, incluyendo la reunión del ECOSOC de 2009, empezaron a desarrollar un enfoque novedoso en cuestiones de empleo.

En el impacto de la crisis sobre el empleo de las mujeres hay aspectos cuantificables y otros invisibles. Entre estos últimos se encuentran las respuestas de las mujeres relacionadas al trabajo remunerado y no remunerado.

Las estrategias de las mujeres para hacer frente a la crisis las colocan a sí mismas en segunda posición con el fin de garantizar la sobrevivencia de sus familias: aceptan salarios más bajos, trabajan todo el día, aumentan las horas no remuneradas o ingresan a la informalidad. Es importante conocer los diferentes sectores de la economía en los que se encuentran las mujeres y no caer en generalizaciones como si todas ellas estuvieran en una categoría uniforme de “trabajadores”. Dentro de este panorama, las reducciones de gastos gubernamentales siempre van a tender a aumentar el trabajo no remunerado.

El empleo femenino se recupera mucho más lentamente y las tasas de crecimiento de un país se recuperan antes que las del empleo. Por ejemplo, en la crisis asiática de 1997, apenas 6 ó 7 años después el PIB alcanzó tasas de crecimiento significativas, si bien el empleo sigue sin recuperarse en Asia hasta el día de hoy.

En los países desarrollados, si se observa la cantidad de trabajo que realizan las mujeres cuando se combina trabajo remunerado y no remunerado, queda claro que trabajan más horas que los hombres pero ganan menos que ellos. Según la economista Rania Antonopoulus, esta situación desemboca en una gran paradoja: “En tiempos de bonanza o en los malos tiempos, en la prosperidad o en crisis tenemos, por un lado, un alto desempleo y por el otro, aumento de trabajo no remunerado.

Trabajo no remunerado que resulta necesario para la supervivencia, que se extiende durante los períodos en que los gobiernos no proporcionan todo lo que deberían para satisfacer las necesidades básicas de la población. Las mujeres realizan el trabajo no remunerado bajo condiciones en que éste no es reconocido, no reciben salario y no tienen tienen protección. Se les impone así a las mujeres un impuesto de tiempo”.7 Ante esta contradicción, Antonópoulos se pregunta si es posible pensar en un mecanismo que produzca beneficios para ambas partes, que aumente el empleo al mismo tiempo que reduzca el trabajo no remunerado. En Sudáfrica se planteó una propuesta, el Gobierno la adaptó y se convirtió en el empleador de último recurso, creando empleos para quienes estaban realizando “trabajo voluntario” que no era tal.

Instrumentos para alcanzar una economía más equitativa

Si bien son importantes las redes de protección social que se han ido implementando en algunos países, tales como los Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos – que tienen el propósito de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza – se le está pidiendo a estos programas resultados que los mismos no pueden dar. Por sí solos no pueden constituir toda la política social de un país. Para ir más allá se necesitan sistemas de protección universales e integrales. La discriminación de género no es un tema de pobreza solamente; se trata de un problema de equidad y ciudadanía y los problemas que surgen a partir de esta desigualdad no se resuelven solamente con estos programas de transferencias condicionadas.

Por otra parte, es necesaria la participación institucionalizada de las mujeres también en las instancias presupuestarias. El seguimiento, el monitoreo y la evaluación son actividades relevantes para no perder y/o minimizar el impacto de los recursos asignados por vía presupuestaria al mejoramiento de la calidad de empleo y de vida de las mujeres.

El modelo actual de desarrollo no está centrado en las personas sino en la ganancia y en otros elementos del sistema económico mundial. Reconocer esta pirámide olvidada obliga a retomar el concepto de centralidad de los individuos. Los hombres y las mujeres tenemos que cambiar nuestra aproximación hacia lo que es la construcción de una sociedad.

Como en todas las áreas, la generación de información estadística es un instrumento para la toma de decisiones. La importancia de contar con indicadores cuantitativos y de medir lo más posible lo cualitativo permite visibilizar entre otras cosas el trabajo no remunerado de las mujeres.

Siendo que indicadores como el PBI no reflejan el aporte de las mujeres en trabajo no remunerado ni en la economía del cuidado, son necesarios nuevos indicadores que permitan a la vez reforzar las afirmaciones sobre las desigualdades de género. Estos instrumentos deberían servir de base para el logro de decisiones menos arbitrarias.

Es momento de avanzar

Natalia Cardona
Secretariado de Social Watch
Febrero de 2010

Hace treinta y un años, los gobiernos del mundo asumieron la responsabilidad legal de garantizar los derechos de la mujer firmando la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Quince años atrás, la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing adoptó una ambiciosa Plataforma de Acción (PAB) hacia la equidad de género.

La presente publicación de Social Watch: La hora de la economía de género, se lanza en un año que coincide con la revisión de la Comisión de la Condición de la Mujer sobre la implementación de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción (PAB).

Este cuaderno ocasional incluye informes temáticos que ilustran y analizan las experiencias de mujeres, elaborados por organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones y países. También incluye el Índice de Equidad de Género (IEG) de Social Watch, además de cuadros estadísticos sobre la temática específica de género y examina los logros y retrocesos en la situación de las mujeres y las niñas desde 1995. Los diferentes artículos, declaraciones y cifras ponen de manifiesto la lucha mundial de las mujeres por la igualdad de género y el respeto de sus derechos humanos y libertades.

Esta publicación demuestra que, a pesar de algunos avances desde la Conferencia de Beijing y la adopción de la Convención de la CEDAW, los Estados miembro de la ONU todavía no han implementado plenamente sus compromisos con la equidad de género como una condición esencial para el desarrollo económico y social sustentable. Asimismo, la evolución de indicadores estadísticos de género, junto con las narraciones incluidas en esta publicación, dejan en evidencia que hay una brecha entre la legislación de género y la real implementación de políticas.

Además, el Índice de Equidad de Género (IEG) descubre una asombrosa marcha atrás de los beneficios económicos logrados por las mujeres a nivel mundial y el impacto negativo de la crisis financiera mundial sobre ellas. Llaman la atención específicamente hacia la crisis financiera ya que sus efectos se han generalizado y agravan las desigualdades ya existentes.

También ponen de manifiesto la naturaleza de género de la crisis y sus efectos sobre las mujeres y las economías dependientes de las mujeres. Asimismo, como Elsa Duhagon señala en su artículo Economía feminista y el nuevo paradigma de desarrollo, incluido en el librillo, las políticas sociales y la participación del estado son de vital importancia en momentos de crisis, dado que los indicadores sociales demoran dos veces más que los económicos para recuperarse, mientras que mucha gente va quedando de lado. Esto significa que el capital humano se pierde, y que la ecuación “cuando la economía se recupera, los indicadores sociales se recuperarán” no es válida. El cambio debe venir desde la teoría económica, y esto debe reflejarse en la práctica. No es cuestión de apuntar al crecimiento y formular algunas políticas para las mujeres, sino de diseñar e implementar un nuevo paradigma de desarrollo con igualdad de derechos y de oportunidades para todos y todas sin ningún tipo de discriminación.

Las necesidades que enfrentan las mujeres y las niñas de hoy van más allá de la promoción de la PAB y la implementación de la CEDAW, e incluyen un llamado al desarrollo sustentable que coloque el bienestar humano en el centro de la formulación de políticas. Los foros regionales, como el Foro de ONG de Asia- Pacífico, incluido en esta publicación, señalan la necesidad de desarrollar procesos sub-regionales de integración económica y planes nacionales de desarrollo que se apoyen en los principios y prácticas de la sustentabilidad ecológica, la soberanía alimentaria, la inclusión financiera, la protección social universal, la economía solidaria y el comercio justo.

Pese a los avances en todo el mundo de la legislación orientada a la equidad de género y el proceso judicial, es importante señalar que el movimiento mundial de mujeres ha expresado su decepción por el hecho de que los Estados son muy rápidos para firmar instrumentos de derechos humanos y apoyar las distintas políticas en los planos internacional y regional, pero muy lentos para cumplir sus compromisos e implementar legislación acorde. En noviembre de 2009 las ONG de mujeres en África se reunieron en Gambia en ocasión de la Conferencia regional africana sobre Beijing +15. La directora ejecutiva de la Red de Desarrollo y Comunicaciones de la Mujer Africana (FEMNET), Norah Matovu Wing, dijo que “el cambio logrado en la situación política, social y económica de las mujeres africanas no se puede negar. Sin embargo, la preocupación es que las que gozan de estos beneficios siguen siendo una minoría” 1.

Los cambios en la vida cotidiana de las mujeres son pocos y muy espaciados, especialmente para las que viven en las zonas rurales y las que se ven obligadas a migrar dentro de los países y hacia el extranjero.

Un rápido panorama general

En Asia, América Latina, Oriente Medio, África y Europa, las mujeres y los movimientos de mujeres han reconocido el efecto positivo de los instrumentos internacionales sobre la vida de las mujeres y las niñas. Han destacado como un paso positivo que todos los países, excepto 8, hayan ratificado la CEDAW.

Además, algunos países han implementado planes de acción nacionales para combatir la violencia contra la mujer. También en varios países se han adoptado cuotas u otras medidas positivas para aumentar la representación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Algunos países adoptaron medidas para mejorar la condición de salud de mujeres y niñas e implementaron medidas para reducir las brechas de género en la alfabetización y la educación primaria y secundaria.

Hay una diversidad de desafíos en las áreas geográficas y etnográficas de cada región y país, y hay que tener en cuenta estos obstáculos a la hora de analizar los avances y retrocesos en la situación de la mujer. En el mundo musulmán, que a menudo se presenta como una región homogénea única, a pesar de la cultura común, hay una marcada diferencia entre los países en cuanto al alcance de los logros de la PAB. Esta diferencia puede deberse a diversos factores, incluida la posición de cada país en torno a la interpretación de los textos religiosos en relación con las mujeres, lo que se refleja claramente en las leyes de estatus personal y en las responsabilidades que se les permite ejercer fuera de los límites del hogar y la familia.

Sin embargo, en algunas regiones también se registra un aumento de los extremismos religiosos y/o en la derecha conservadora que están vinculadas a la perpetuación y propagación de las leyes discriminatorias contra la mujer. Una preocupación especial que puede extraerse de los informes contenidos en esta publicación es el hecho de que muchos estados y ciertos partidos políticos recurren a la manipulación del derecho de las personas a la diversidad cultural y religiosa, como un pretexto para violar los derechos humanos, incluidos los derechos garantizados a las mujeres, niñas, sobrevivientes del VIH SIDA, y las personas con diversas orientaciones sexuales.

Más aún, la opresión política de las mujeres y sus derechos se ve agravada por los conflictos y un enfoque desequilibrado sobre la militarización como una forma de seguridad por sobre el bienestar humano. Los gobiernos de diferentes tendencias políticas gastan millones de dólares en todo el mundo para “asegurar” a sus países, mientras que las necesidades básicas de los más vulnerables y pobres, muchos de los cuales son mujeres y niñas, no se atienden ni se satisfacen. El artículo La codificación de la impunidad, incluido en esta publicación, informa que la Constitución 2008 de Birmania establece un peligroso ejemplo de cómo la militarización y la opresión política amenazan el futuro de las mujeres. Esta Constitución, aprobada en un referéndum tachado de fraudulento y llevado a cabo pocos días después de que el ciclón Nargis asolara al país, proporciona una idea de la situación en que quedarán los derechos de las mujeres birmanas después de las elecciones de 2010. La militarización sesgada de Birmania es sólo un ejemplo extremo de una tendencia mundial de los estados de priorizar los gastos militares en detrimento de los servicios sociales esenciales de los que dependen muchas mujeres.

En todas las regiones las mujeres destacan el impacto significativo de la crisis económica y financiera actual sobre ellas.

La posición económica de las mujeres al inicio de la recesión mundial no era, ni mucho menos, igual a la de los hombres. Las respuestas estatales a esta crisis se han enfocado en los sectores dominados por hombres, como la industria automovilística y el sector de la construcción. En América Latina y el Caribe, muy pocas de las medidas adoptadas por los países para enfrentar la crisis mencionan a las mujeres, a pesar de que su impacto es mayor sobre ellas, tanto en materia de desempleo como el crecimiento del trabajo precario, o el acceso a puestos de trabajo de menor productividad y menor protección social. En resumen, estas medidas cuestionan las formas actuales de empleo, o la relación entre trabajo remunerado y no remunerado. Como resultado de sistemas de protección social deficientes, exclusivos o prácticamente inexistentes, los desempleados no sólo se empobrecen sino que también son marginados; son excluidos socialmente y son empujados hacia la economía informal o ilegal. La participación de las mujeres en la economía informal y en el trabajo “voluntario” va en aumento en tanto se eliminan las medidas de protección social y suben los niveles de desempleo debido a concepciones de género pasadas de moda y a que los estados se esfuerzan por reducir el gasto en los servicios públicos – un sector donde las mujeres tienden estar empleadas – en lugar de proteger el bienestar de la ciudadanía en tiempos de crisis. Esto tiene un impacto doblemente negativo sobre las mujeres, ya que aumenta el desempleo entre ellas y aumenta la carga de trabajo de cuidado no remunerado.

En África y otras regiones del mundo en desarrollo se pueden ver variantes de este fenómeno donde la crisis llegó a través de diversos canales de transmisión. Y es necesario incluir una perspectiva de género durante esta crisis a fin de decodificar distintas situaciones dentro de los hogares, ya que las personas que comparten el mismo espacio mantienen relaciones asimétricas, en donde tienden a prevalecer los sistemas de autoridad2. Más aún, a pesar de los cambios actuales en los roles, la división del trabajo por sexo dentro de los hogares sigue siendo muy rígida. Las limitaciones impuestas a las mujeres por la división del trabajo por sexo y las jerarquías sociales basadas en esta división determinan una situación de desigualdad social, principalmente en estos tres sistemas estrechamente relacionados entre sí: el mercado de trabajo, el sistema de protección social y el hogar.

Sin embargo, la crisis económica mundial también ofrece una oportunidad para debatir y mejorar las políticas que llevan a cabo los Estados. Esta recesión mundial es un momento de transformación histórica donde el género debe tener un papel central. Es necesario redefinir la macroeconomía y reconocer que la economía monetaria se basa en una economía del cuidado muy extendida en la que la principal fuerza de trabajo es femenina.

Como lo demuestran los artículos contenidos en este volumen, ha llegado el momento de un nuevo paradigma de desarrollo con igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos y todas.

Género y pobreza: un caso de desigualdades entrelazadas

Equipo de Investigación de Social Watch 1

La pobreza y el género están vinculados de manera inexorable. Las metodologías usualmente utilizadas para bmedir la pobreza no permiten que el género se refleje en las estadísticas oficiales ni en las estrategias de reducción de la pobreza. Con frecuencia se incluye el género como eje transversal de numerosas estrategias, pero en la práctica es una cuestión que recibe escasa atención en los planes de acción y proyectos específicos de desarrollo. El enfoque de género en el estudio de la pobreza ha llevado a que se revisen los métodos de medición más convencionales y se exploren nuevos.

La pobreza afecta a varones, mujeres, niños y niñas, pero se experimenta de manera distinta según la edad, el grupo étnico, los roles familiares y el sexo. La biología femenina, los roles de género sociales y culturales y la subordinación construida culturalmente son el motivo de que las mujeres enfrenten situaciones desventajosas que agravan e intensifican los numerosos efectos de la pobreza.

Los indicadores de pobreza no ven a las mujeres

El estudio de la pobreza desde el punto de vista del género ha adquirido importancia desde la década de los 90. Los estudios dentro de este marco “examinan las diferencias de género en los resultados y procesos generadores de la pobreza, centrándose particularmente en las experiencias de las mujeres y preguntando si ellas forman un contingente desmedido y creciente entre los pobres. Este énfasis implica una perspectiva que destaca dos formas de asimetrías que se intersectan: el género y la clase.”2 Los estudios que confirman las desigualdades de género, especialmente en el acceso a las necesidades básicas y su satisfacción, respaldan la aseveración de que “la pobreza femenina no puede comprenderse bajo el mismo enfoque conceptual que la pobreza masculina.”3 En general, los indicadores de pobreza se basan en información del hogar, sin reconocer las grandes diferencias de género y generacionales que existen dentro de los hogares. Desde una perspectiva de género, sin embargo, es necesario decodificar las situaciones dentro de los hogares, ya que las personas que cohabitan en esos espacios mantienen relaciones asimétricas e imperan sistemas de autoridad. Las desigualdades de género dentro de los contextos familiares que resultan en un acceso diferenciado a los recursos del grupo doméstico agravan la pobreza femenina, particularmente en los hogares pobres. A pesar de los cambios actuales, la división sexual del trabajo en los hogares sigue siendo sumamente rígida.

Debido a las limitaciones impuestas a la mujer por la división sexual del trabajo y las jerarquías sociales impuestas en esta división las mujeres tienen un acceso desigual a distintos ámbitos sociales, principalmente a sistemas estrechamente vinculados como el mercado laboral, la ayuda pública o los sistemas de protección social y otros hogares.

Aplicada a las familias la perspectiva de género mejora la comprensión de la forma en que funciona un hogar, ya que descubre jerarquías y patrones de distribución de los recursos, cuestionando así la idea de que los recursos dentro del hogar se distribuyen equitativamente y que todos los integrantes del hogar tienen las mismas necesidades. El enfoque del género en el estudio de la pobreza desenmascara la discriminación tanto en la esfera pública como al interior de los hogares, evidenciando en ambas esferas relaciones de poder y distribución desigual de los recursos.

La discusión conceptual de la pobreza es fundamental en el sentido de que la definición de la pobreza decide cuáles indicadores se utilizarán para medirla así como el tipo de políticas que se deben implementar para superarla. Como señala Feijoó, “lo que no se conceptualiza no se mide.”4 Como la pobreza se mide según las características socioeconómicas de los hogares en general es imposible identificar las diferencias de género en relación con el acceso a las necesidades básicas dentro del hogar. Las encuestas de hogares también son limitadas en la manera de obtener la información ya que el único recurso que se toma en cuenta es el ingreso, mientras el tiempo dedicado a la producción y la reproducción social en el hogar no se toman en cuenta.

Naila Kabeer5 señala que para compensar las limitaciones en la medición de la pobreza se debe desglosar la información para tomar en cuenta las diferencias entre “seres” y “haceres” en el hogar. La autora sostiene que se necesitan indicadores que reconozcan que la vida de la mujer se rige por restricciones, títulos y responsabilidades sociales distintas y en ocasiones más complejas que las de los hombres, y que las mujeres viven su vida en gran medida fuera de la economía monetarizada.

La medición de la pobreza desde la perspectiva de género

Las mediciones de la pobreza ocupan un papel relevante en el proceso de visibilización del fenómeno y en la elaboración e implementación de políticas. Las metodologías de medición están estrechamente vinculadas con conceptualizaciones específicas de la pobreza y, por lo tanto, las mediciones están sujetas a variación, ya que abordan distintos aspectos de la pobreza. Todas las metodologías, incluso las sensibles al género y aun aquellas consideradas más precisas y objetivas, no son neutrales sino que contienen elementos subjetivos y arbitrarios.

La perspectiva de género contribuye a ampliar el concepto de la pobreza al identificar la necesidad de medir la pobreza de una manera que tome en cuenta su complejidad y multidimensionalidad. El debate sobre la metodología de la pobreza no propone el desarrollo de un único indicador que sintetice todas las dimensiones de la pobreza. Por el contrario, la idea es explorar distintas propuestas de medición dirigidas a mejorar las técnicas de medición más convencionales registrando al mismo tiempo sus ventajas y limitaciones, así como a la elaboración de nuevas mediciones.

Medición del ingreso del hogar
La medición de la pobreza según el ingreso del hogar es en la actualidad uno de los métodos más utilizados. Es un indicador cuantitativo muy bueno para identificar situaciones de pobreza, y en lo que concierne a los modelos de medición monetaria, no existe un método que sea más efectivo. Asimismo existen más datos nacionales para medir la pobreza en términos monetarios que mediante el uso de otros enfoques (capacidades, exclusión social, participación). La medición de la pobreza según el ingreso permite las comparaciones entre países y regiones y permite la cuantificación de la pobreza para el desarrollo de las políticas.

Una de las carencias principales de la medición por ingreso es su incapacidad para reflejar la multidimensionalidad de la pobreza. Asimismo, enfatiza la dimensión monetaria de la pobreza, por lo que solo toma en cuenta sus aspectos materiales e ignora los aspectos culturales, entre los que se incluyen las diferencias de poder, que determinan el acceso a los recursos. Pero, sobre todo, no toma en cuenta el trabajo doméstico no remunerado, que es indispensable para la sobrevivencia de los hogares.

Otra crítica habitual a esta medición de la pobreza es que no toma en cuenta que la gente también satisface sus necesidades mediante recursos extramonetarios, como las redes comunitarias y el apoyo de la familia.

La medición del ingreso per cápita por hogar presenta serias limitaciones para capturar las dimensiones de la pobreza dentro del hogar. No explica el hecho de que hombres y mujeres experimenten la pobreza de manera distinta dentro del mismo hogar. Eso es porque los hogares son la unidad de análisis y se supone una distribución equitativa de los recursos entre los integrantes del hogar. Según esta medición, todos los integrantes del hogar son pobres de la misma manera.

El trabajo doméstico no remunerado no se cuenta como ingreso pero puede hacer una diferencia considerable en el ingreso del hogar. Los hogares dirigidos por hombres tienen más probabilidades de contar con trabajo doméstico gratuito realizado por la esposa y de evitar incurrir en el gasto asociado con el mantenimiento del hogar. Eso es menos probable en los hogares de jefatura femenina, que generalmente incurren en costos privados relativos al trabajo doméstico no remunerado: menos tiempo de descanso y ocio, (que afecta los niveles de salud física y mental), menos tiempo para acceder a mejores oportunidades laborales y menos tiempo para la participación social y política.

Este método no muestra las diferencias entre hombres y mujeres en el uso de su tiempo ni sus patrones de gasto. Estos aspectos son centrales para caracterizar la pobreza desde una perspectiva de género. Los estudios sobre el uso del tiempo confirman que las mujeres pasan más tiempo que los hombres en actividades no remuneradas, lo cual indica que tienen días de trabajo más largos, en perjuicio de su salud y niveles de nutrición.

La medición individual de autonomía económica (o poseer el ingreso suficiente para satisfacer las necesidades) es útil para estudiar la pobreza dentro del hogar.

No se trata de sustituir una medición con otra, sino de trabajar con ambas mediciones ya que cumplen distintos objetivos. Las mediciones de la pobreza individual son mejores en su capacidad para identificar situaciones de pobreza que quedan ocultas en las mediciones tradicionales (como la pobreza de las personas que viven en hogares no pobres pero sin poseer ingresos propios), revelando así las mayores limitaciones que padecen las mujeres para adquirir la autonomía económica.

Trabajo no remunerado

El trabajo no remunerado es un concepto central en el estudio de la pobreza desde la perspectiva de género. Se ha argumentado que aunque esta actividad no es valorada monetariamente satisface necesidades y permite la reproducción social. Algunos sostienen que existe una fuerte relación entre el trabajo no remunerado y el empobrecimiento de las mujeres. Se ha destacado la necesidad de medir la labor femenina y esto condujo a distintas propuestas que sugieren otorgarle valores monetarios a la labor doméstica e incluirla en las cuentas nacionales.

La medición del trabajo no remunerado también mostraría una diferencia importante en el ingreso del hogar entre los hogares donde hay una persona dedicada a la labor doméstica y a los cuidados (hogares de jefatura masculina) y los hogares donde no la hay y que deben asumir los costos particulares asociados con esta labor (hogares de jefatura femenina).

La medición del tiempo dedicado al “trabajo no remunerado”

Otra forma de medir y visualizar el trabajo no remunerado es a través del estudio del uso del tiempo.

El trabajo no remunerado se divide en trabajo de subsistencia (producción de alimentos y vestimenta, reparación de prendas de vestir), labores domésticas (compra de bienes y servicios del hogar, cocina,  lavandería, planchado, limpieza, actividades relacionadas con la organización hogareña y distribución de tareas y diligencias como el pago de las cuentas, entre otros), el cuidado de la familia (cuidado de los niños y los adultos mayores) y el servicio comunitario o trabajo voluntario (servicios proporcionados a personas que no integran la familia a través de organizaciones religiosas o laicas).6 Al tomar en cuenta el tiempo que pasan las mujeres realizando cada una de esas actividades las mismas se visibilizan y reconocen, lo que facilita la percepción de las desigualdades de género en las familias y la sociedad. Asimismo, la adjudicación del tiempo hace posible calcular el volumen total de la carga de trabajo, que es un concepto que incluye al trabajo remunerado así como el no remunerado.

Las encuestas sobre el uso del tiempo ayudan a generar mejores estadísticas sobre el trabajo remunerado y no remunerado y son una herramienta esencial para desarrollar una masa de conocimientos mayor acerca de las distintas formas de trabajo y empleo.

Existen antecedentes de este tipo de estudio sistemático en Canadá, Cuba, Francia, Italia, México, Nueva Zelanda, España y Venezuela.7 En el informe nacional de Italia se destaca que “el aumento de la participación femenina no se equipara con una distribución más justa de las actividades familiares: las actividades no remuneradas del cuidado de los hijos y de reproducción social recaen casi por entero en las mujeres que, en promedio, trabajan en total 28% más horas, remuneradas y sin remunerar, que los hombres. Aproximadamente 35% de los hombres no dedican hora alguna a las actividades del cuidado de la familia.”

Los esfuerzos de otros países, aunque no sistemáticos, permitieron realizar estudios específicos de esas dimensiones. Ese es el caso de Uruguay, donde en 2003 se realizó una encuesta sobre el uso del tiempo por hombres y mujeres con el objetivo de generar indicadores que informaran acerca de las relaciones asimétricas de género en las familias y las reflejaran.8

El párrafo 206 de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 recomienda:

“f) Desarrollar un conocimiento más integral de todas las formas de trabajo y empleo mediante:

1. La mejora de la reunión de datos sobre el trabajo no remunerado que ya esté incluido en el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, por ejemplo, en la agricultura, especialmente la agricultura de subsistencia, y otros tipos de actividades de producción que no son de mercado;
2.  La mejora de los métodos de medición en que actualmente se subestima el desempleo y el empleo insuficiente de la mujer en el mercado de la mano de obra;
3. La elaboración de métodos, en los foros apropiados, para evaluar cuantitativamente el valor del trabajo no remunerado que no se incluye en las cuentas nacionales, por ejemplo, el cuidado de los familiares a cargo y la preparación de alimentos, para su posible inclusión en cuentas especiales u otras cuentas oficiales que se prepararán por separado de las cuentas nacionales básicas pero en consonancia con éstas, con miras a reconocer la contribución económica de la mujer y a que se haga evidente la desigualdad en la distribución del trabajo remunerado y el no remunerado entre mujeres y hombres;

g) Desarrollar una clasificación internacional de actividades para las estadísticas sobre el uso del tiempo en que se aprecien las diferencias entre mujeres y hombres en lo relativo al trabajo remunerado y no remunerado, y reunir datos desglosados por sexo. En el plano nacional y teniendo en cuenta las limitaciones nacionales:
i)  Hacer estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir cuantitativamente el trabajo no remunerado, registrando especialmente las actividades que se realizan simultáneamente con actividades remuneradas u otras actividades no remuneradas;
ii) Medir cuantitativamente el trabajo no remunerado que no se incluye en las cuentas nacionales y tratar de mejorar los métodos para que se analice su valor y se indique con exactitud en cuentas satélites u otras cuentas oficiales que se prepararán separadamente de las cuentas nacionales básicas pero en consonancia con éstas”.

Resumen final

El enfoque de género ha realizado valiosos aportes conceptuales y metodológicos al estudio de la pobreza.

En términos conceptuales ha proporcionado una definición más integral de la pobreza, al proponer un enfoque integrado y dinámico que reconoce los aspectos multidimensionales y heterogéneos de la pobreza.

La perspectiva de género critica fuertemente las definiciones de la pobreza exclusivamente basadas en el ingreso y destaca los elementos materiales, simbólicos y culturales como aquellos que influyen en las relaciones de poder, que a su vez determinan el acceso de género a los recursos (materiales, sociales y culturales).

Sin la perspectiva de género no se puede comprender cabalmente la pobreza.

El enfoque de género en el estudio de la pobreza llevó a la revisión de métodos de medición más convencionales y a la exploración de métodos nuevos, y realizó un aporte importante al debate en curso.

La medición del ingreso de los hogares no captura las dimensiones de la pobreza dentro del hogar, como las desigualdades de género, ya que supone que existe una distribución equitativa de recursos entre sus integrantes, homogenizando así las necesidades de cada persona y considerando pobres por igual a sus integrantes. El método tiene limitaciones para medir las desigualdades de género porque no reconoce, en términos monetarios, el aporte al hogar realizado por la labor doméstica no remunerada. Finalmente, la medición del ingreso no captura las diferencias de género en cuanto al uso del tiempo y los patrones de gasto, dos dimensiones que contribuyen a caracterizar la pobreza con mayor plenitud y a diseñar políticas mejores.

INDICADORES DE GÉNERO

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Igualdad de género y crisis financiera*

Nancy Baroni
Canadian Feminist Alliance for International Action
Mirjana Dokmanovic, PhD
Association Technology and Society, Serbia y Women in Development Europe (WIDE)
Genoveva Tisheva
Bulgarian Gender Research Foundation y Bulgarian-European Partnership Association
Emily Sikazwe
Women for Change

La igualdad entre mujeres y hombres tiene que ser un elemento clave en el desarrollo de medidas y políticas contra la crisis financiera, ya que ésta comienza a afianzarse en sectores dominados por trabajadoras y está aumentando la tasa de violencia contra las mujeres. Es necesario un análisis de género a fin de entender la profundidad y el alcance de la crisis, así como para diseñar las respuestas adecuadas. Sin embargo, además de los desafíos, la crisis económica también presenta oportunidades para el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, como ya se ha visto en países en los cuales éstas han surgido como líderes.

La desigualdad de género no es un fenómeno nuevo; sin embargo, la actual crisis económica ha exacerbado las desigualdades de género en todo el mundo. En tanto persiste la recesión mundial, los gobiernos y la industria negocian rescates y préstamos de capital; se privatizan cada vez más servicios públicos para “proteger” los fondos gubernamentales y se recortan impuestos corporativos para beneficiar a las grandes empresas y a los ricos. Cada vez es más claro que las mujeres están siendo perjudicadas profundamente por la recesión mundial y las respuestas nacionales a la crisis.

La ONU informa que, si bien al principio la pérdida de empleo entre los hombres aumentó más rápido que la de las mujeres, la tasa masculina se está enlenteciendo, mientras que para las mujeres sigue en crecimiento; la tasa de desempleo mundial para las mujeres podría alcanzar el 7,4%, comparado con el 7,0% para los hombres1. Y aunque la crisis financiera en Estados Unidos y Europa golpeó primero a los sectores financieros e industriales, dominados sobre todo por hombres, sus efectos comienzan a tomar fuerza en los sectores dominados por mujeres, como la industria de servicios y el comercio al por menor.

Las mujeres en el mundo en desarrollo son las más perjudicadas debido a la crisis financiera. Su control sobre la propiedad y los recursos es más débil, son mayoría en los empleos vulnerables o a destajo, ganan menos y tienen menor protección social; es por eso que, junto a sus hijos e hijas, las mujeres son más vulnerables a la crisis financiera. Por consiguiente, están en una posición social y económica mucho más débil que la de los hombres en términos de su capacidad de enfrentar la recesión. Suelen tener que trabajar más horas y asumir otras formas de empleo extra, al tiempo que continúan con sus responsabilidades primarias en el cuidado del hogar.

El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo ha señalado que la crisis financiera ofrece una oportunidad crucial para cambiar la arquitectura financiera mundial con el objetivo de adherir a principios equitativos y basados en los derechos. El grupo demanda una alternativa a la decisión del G-20 de reposicionar al Fondo Monetario Internacional. Esa decisión solo perpetuaría el fracaso de las políticas económicas neoliberales, reforzaría las desigualdades estructurales del pasado y aumentaría el endeudamiento de los países en desarrollo. Esta situación continúa el anticuado e injusto enfoque de unas pocas naciones ricas que deciden en nombre de muchas naciones que se encuentran en circunstancias diversas. El Grupo de Trabajo de Mujeres exige soluciones y medidas para la crisis financiera que provengan de un proceso amplio, consultivo e inclusivo, no dentro del marco del FMI sino de Naciones Unidas, donde están consagrados los derechos humanos de las mujeres y donde cada estado miembro tiene voz en la mesa de debate2.

Los enfoques gubernamentales al tratamiento de la crisis económica y financiera no están, en su mayoría, basados en principios de igualdad o de derechos humanos. Muchos países del Norte negociaron enormes rescates para las principales industrias usando dineros públicos. Muchos también invierten en proyectos de infraestructura destinados principalmente a actividades dominadas por los hombres (construcción, transporte, etc.), en vez de invertir en el tipo de infraestructura que tradicionalmente beneficia a las mujeres (atención médica, cuidado de niños y niñas, asignaciones familiares, etc.). Los programas de seguro de desempleo, allí donde existen, suelen cubrir a los trabajadores de tiempo completo y rara vez al personal que trabaja horario parcial, donde a menudo las mujeres son mayoría. Los informes sobre violencia contra las mujeres van en aumento; al faltarles seguridad económica y social, tienen más dificultades para escapar de situaciones violentas.

El más reciente informe sobre tráfico humano del Departamento de Estado de Estados Unidos3 señala que la crisis económica mundial contribuye al tráfico laboral y sexual, ya que el aumento del desempleo y la pobreza hace a las personas más vulnerables frente a los traficantes y hay una creciente demanda de bienes y servicios baratos. El informe pronostica que la crisis económica provocará que más negocios pasen a trabajar de manera ilegal a fin de evitar el pago de impuestos y las leyes de protección laboral contratando mano de obra no sindicada, lo que aumentará el empleo de trabajo forzado, barato e infantil por parte de empresas multinacionales escasas de dinero.

Según Amnistía Internacional, la crisis económica agrava los problemas de derechos humanos existentes y algunos problemas muy importantes – como la pobreza, los derechos reproductivos y la violencia contra las mujeres - no consiguen la atención y los recursos que necesitan. Los gobiernos invierten en enderezar nuevamente el mercado, pero éste no va a tener en cuenta los problemas de derechos humanos. En el pasado los gobiernos recurrían a la seguridad como excusa para socavar los derechos humanos; ahora que la crisis económica impone a los gobiernos otra prioridad, los derechos humanos vuelven a ser ignorados.

Las reacciones ante la crisis económica implican reducciones de la financiación para los mecanismos de igualdad de género y la implementación de legislación sobre la materia, lo que pondrá en peligro los logros obtenidos e inevitablemente reforzará los estereotipos existentes. Al mismo tiempo, disminuye el apoyo a las organizaciones de mujeres, que son una parte esencial del movimiento mundial de mujeres.

En una conferencia de la Comisión Europea sobre la “Igualdad entre hombres y mujeres en tiempos de cambio” (15-16 de junio de 2009) se identificaron algunas tendencias regionales del impacto de género de la crisis económica. Los problemas identificados son similares a las tendencias globales: en Europa, las mujeres son mayoría en los empleos inseguros, de media jornada y a corto plazo, en gran parte debido a sus desproporcionadas responsabilidades en la atención del hogar. A pesar de los estándares de la Unión Europea sobre empleo  e igualdad de género, los problemas de salario desigual y la necesidad de equilibrar el trabajo con la vida familiar siguen vigentes. Si bien la crisis en Europa ha afectado tanto a mujeres como a hombres, lo ha hecho de manera diferente.

Entre otras cosas, la conferencia concluyó que: son necesarias más medidas de aliento para que las mujeres participen del mercado de trabajo; la igualdad entre mujeres y hombres debe ser un elemento clave en el desarrollo de medidas y políticas contra la crisis; debería alentarse la participación de mujeres en cargos altos del sector privado; las empresas deben adoptar políticas que tengan en cuenta a las familias; es esencial invertir en su educación y capacitación. Además, se destacó la importancia de las leyes y los mecanismos de igualdad de género en tiempos de crisis.

Fortalecer los derechos de las mujeres durante la crisis

Recientemente, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavia, anunció una importante iniciativa: la creación del pacto mundial de empleos de emergencia, diseñado para promover una respuesta política coordinada a la crisis mundial del trabajo y al aumento del desempleo, los trabajadores pobres y los empleos vulnerables4. Esta respuesta busca evitar la recesión social mundial y a mitigar sus efectos en las personas. El pacto ayudará a las medidas de estímulo extraordinarias, junto con otras políticas gubernamentales, a abordar más cabalmente las necesidades de las personas que necesitan protección y trabajo a fin de acelerar combinadamente la recuperación económica y del empleo.

Recientemente, Amnistía Internacional lanzó una campaña llamada Exige Dignidad para luchar por los derechos amenazados por la crisis económica y por los que fueron ignorados en las respuestas a la crisis. La cuestión fundamental es empoderar a las personas que viven en la pobreza. La campaña se enfoca en fortalecer su voz junto con la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, para que las personas puedan exigir el cumplimiento de los compromisos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres y participar en las decisiones que afectan sus vidas. La campaña pone especial énfasis en los derechos y la participación de las mujeres en las decisiones relativas a sus derechos.

Además de estas iniciativas, debe ponerse especial atención a los desafíos y oportunidades que la crisis mundial presenta para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Somos testigos de ejemplos positivos de mujeres que acceden a cargos de alto nivel como resultado de la crisis económica y financiera mundial; los más notables son los casos de la nueva Primera Ministra de Islandia y la nueva presidenta de Lituania, que fueron elegidas en gran parte debido a la frustración de los votantes ante las fracasadas políticas económicas que contribuyeron al impacto de la crisis en esos países.

Según el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo, una respuesta a la crisis basada en derechos requiere, inter alia, la reforma inmediata de la arquitectura financiera mundial con el fin de gestionar eficazmente la escasez de liquidez y los desequilibrios de la balanza de pagos, y asegurar que las respuestas políticas no trasladen la carga del bienestar familiar y la prestación de servicios a la economía del cuidado. El Grupo de Trabajo de Mujeres incide para establecer medidas y procesos nacionales, regionales e internacionales que respeten el espacio de política nacional, y sean consistentes con los estándares y compromisos acordados a nivel internacional, entre ellos los que involucran los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Las políticas y acuerdos comerciales deberían permitir a los países evitar los desequilibrios del régimen de la OMC y la fracasada ronda de Doha. Además, estas medidas deberían ser acompañadas por la cancelación de las deudas ilegítimas de los países en desarrollo y la creación de un mecanismo de prueba de deudas con la participación de los gobiernos deudores, grupos de derechos de las mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil.

En la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto en el Desarrollo (24-26 de junio de 2009), el Grupo de Trabajo de Mujeres recordó a los Estados Miembro de la ONU que las mujeres no pueden esperar, y que es éste el momento para actuar sobre la reforma fundamental de la arquitectura financiera mundial5. A pesar del unánime llamado a la acción de las organizaciones de la sociedad civil, el documento final de la conferencia no llenó las expectativas. A fin de salvaguardar un consenso frágil, los Estados Miembro mostraron apenas un compromiso débil con la reforma de la arquitectura financiera, mientras que el papel central de la ONU (llamada el “G-192”) en la gobernanza económica casi ha desaparecido.

Los defensores y defensoras de los derechos de la mujer apreciaron en el documento el reconocimiento de que las mujeres enfrentan “mayor inseguridad de ingresos y un aumento de la carga del cuidado de la familia” (párrafo 3), y de que las mujeres y los niños y niñas se han empobrecido particularmente a causa de la crisis (párrafo 7). El documento también reconoce que las respuestas a la crisis deben contener una perspectiva de género (párrafo 10), que las medidas de alivio deben tomar en cuenta la igualdad de género, entre otras (párrafo 21), y que las designaciones de cargos en las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) deben tomar en consideración el equilibrio de género (párrafo 49). La gran decepción fue la falta de un fuerte compromiso de seguimiento. La referencia constante a un “Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas” a lo largo de todo el texto representa una restricción del papel de la ONU a un campo limitado a la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo. Los grupos de la sociedad civil concluyen que el documento final representó una clara tentativa de dejar al G-192 al margen del sistema de gobernanza económica mundial.

Mirando hacia el futuro, sin embargo, el Grupo de Trabajo de Mujeres hace hincapié en que éstas seguirán exigiendo justicia económica y de género dentro de la órbita de la ONU, a pesar de la continua resistencia de las IFIs y el G-20 a poner a las personas, en lugar de las ganancias, en el centro del desarrollo. A pesar del probado fracaso de sus recetas de políticas neoliberales y del irresponsable sistema de gobernanza financiera, el FMI y el Banco Mundial siguen promoviendo sus políticas fallidas e imponiendo sus condicionalidades a los países en desarrollo, actuando no como agencias especiales de la ONU, sino como si la ONU fuese su agencia especial. En el sistema de la ONU, en el cual todos los Estados Miembro deberían ser iguales, algunos – ahora ampliados a 20 – son más iguales que los restantes 172. La declaración del Grupo de Trabajo de Mujeres afirma su fuerte oposición a esta práctica, y exige que todos los Estados Miembro tengan igual poder de voto, iguales derechos e iguales obligaciones en la toma de decisiones.

Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones y redes de mujeres, demandan un enfoque del desarrollo basado en derechos. Una revisión de la implementación de este enfoque por parte de las agencias de la ONU muestra que puede ser eficaz en la erradicación de la pobreza, el desarrollo de la democracia y los derechos humanos y el apoyo a los grupos vulnerables, en particular las mujeres, para que participen en la toma de decisiones6. La aplicación de este concepto contribuye a la realización de los compromisos de los Estados Miembro derivados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing.

Sin embargo, hay una necesidad de mejorar este enfoque a fin de abordar con eficacia las necesidades de las mujeres y mejorar las relaciones de igualdad de género. Hay varios defectos derivados de la excesiva generalización, los débiles mecanismos de implementación y la aplicación insuficiente del concepto de derechos humanos. El enfoque del desarrollo basado en derechos se fundamenta en los principios de participación, responsabilidad, no discriminación, igualdad, atención especial a los grupos vulnerables, empoderamiento, vinculación a los estándares de derechos humanos, realización progresiva, no regresión y estado de derecho. Sin embargo, este enfoque del desarrollo no apunta al desmantelamiento de las relaciones sociales, económicas y políticas basadas en la discriminación y la distribución desigual de la riqueza, el poder y los recursos. El marco de derechos humanos no es suficiente en sí mismo para cambiar la ideología neoliberal que socava considerablemente la realización de los derechos humanos y de las mujeres, ya que la mayoría de los estándares de derechos humanos no es obligatoria y hasta ahora no existe ningún mecanismo que obligue a los estados a cumplir con sus compromisos.

Un análisis de género muestra que dicho enfoque implica desarrollar buenas herramientas analíticas para entender las desigualdades inherentes tanto a la economía de mercado neoliberal como a las relaciones de género. Las economistas feministas han analizado las desigualdades de género en la elaboración de las políticas macroeconómicas y han desarrollado herramientas tales como indicadores específicos, un presupuesto y estadísticas sensibles al tema de género para ser usados conjuntamente con un enfoque basado en derechos, que fortalezca el empoderamiento de las mujeres en el proceso de desarrollo y permita exigir la responsabilidad corporativa de las instituciones financieras internacionales.

 * Publicado originalmente en el Informe Social Watch 2009, Primero la gente.

La región árabe: 30 años de la CEDAW

A pesar de los progresos realizados en los países que han logrado eliminar algunas o todas las reservas a la CEDAW, aun queda mucho trabajo por hacer en otros donde su implementación está severamente limitada debido a reservas estrictas. La legislación nacional y las leyes discriminatorias nacionales siguen siendo un obstáculo para las mujeres en su lucha por la igualdad. La crisis económica y financiera mundial ha afectado mucho a la región y a la situación de las mujeres al imponerles una carga aún mayor, forzándolas a incrementar su participación en el sector informal y el trabajo no remunerado. Las políticas económicas sensibles al género deben abordar la cuestión de las relaciones de poder en el nivel medio que se ubica entre las instituciones gubernamentales y las mujeres si quieren lograr un cambio efectivo.

Lejos del mito de un “mundo musulmán” único y homogéneo, las experiencias muestran que los grupos de mujeres han estado presionando a favor de las transformaciones desde sus comunidades, luchando en contra de las interpretaciones conservadoras del Islam que niegan la igualdad y a favor la justicia de género a nivel local.

A pesar de la cultura común, hay diferencias pronunciadas entre los países de la región en cuanto al alcance de los logros de la Plataforma de Acción de Beijing. Esta diferencia se remonta a varios factores, incluida la posición de cada país en torno a la interpretación de los textos religiosos en relación con las mujeres, lo que se refleja claramente en las leyes de estatus personal y en las responsabilidades que se les permite ejercer fuera de los límites del hogar y la familia.

Cabe señalar que todos los estados árabes firmaron y ratificaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), pero con tantas reservas que el propósito de la convención se ve frustrado. Otros países, como Afganistán, por ejemplo, ratificaron la Convención, pero nunca presentaron un informe al Comité de la CEDAW.

Tal cantidad de reservas ha hecho pensar a las activistas en pro de los derechos de la mujer en la región que “los estados árabes nunca tuvieron la intención de implementar la Convención, de ahí las numerosas reservas que han institucionalizado para bloquear cualquier implementación útil posible. Además, creemos que simplemente no se puede tener reserva alguna sobre principios universales relativos a los derechos humanos y la igualdad. Simplemente no se puede poner reservas a la igualdad”1. Una coalición de organizaciones de mujeres y de derechos humanos de diferentes países árabes se ha reunido para llevar adelante una campaña llamada Igualdad sin reservas con el objetivo de promover su retiro por parte de los países árabes.

Por otra parte, la región no es inmune a los efectos de la crisis financiera y económica mundial que no sólo implica costos monetarios sino que también afecta la capacidad de la gente para ejercer sus derechos humanos consagrados en los convenios e instrumentos internacionales como la CEDAW.

Mucho se ha dicho sobre el papel que juega la religión, especialmente en cuanto a la promoción de la mujer. Desde hace ya tiempo las feministas de la región han puesto en debate el uso de la palabra “fundamentalismos” para referirse a las interpretaciones conservadoras del Islam (ver recuadro) y están impulsando nuevas iniciativas que apuntan a la reforma del Derecho de Familia Musulmán 2. Las organizaciones de la región reconocen que la falta de voluntad política – y no la religión – es el principal obstáculo para incrementar el número de mujeres acceda a posiciones de liderazgo.

Beijing +15 en la balanza

En diciembre de 2009, en El Cairo, Egipto, una serie de organizaciones de mujeres celebraron una reunión regional de consulta para evaluar los logros y los desafíos que enfrenta la región árabe desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing en 1995. En esta reunión participaron 235 líderes de los derechos de las mujeres y representantes de la sociedad civil provenientes de 14 países, donde se concluyó delineando las futuras prioridades de la región árabe 3.

El informe paralelo de las ONG sobre Beijing +15 4 muestra que, en general, los estados árabes han hecho progresos en cuanto a la situación de la mujer desde Beijing 1995; sin embargo, la situación es diferente según las zonas y los países.

En cuanto a las leyes y políticas nacionales, varios países han hecho ajustes. Por ejemplo, en el Líbano el Gobierno está discutiendo una nueva ley de penalización de la violencia conyugal – un avance gigantesco de la campaña de los grupos de mujeres en pro de la igualdad de derechos 5. En los territorios palestinos se presentó un proyecto de ley ante el Consejo Legislativo Palestino (CLP) para cambiar la Ley del Estatus Personal – que, entre otras cuestiones, regula el tratamiento de las mujeres ante la ley – para hacerla más equitativa entre los géneros 6.

La mayoría de los estados árabes ofrecen una variedad de servicios a las mujeres; entre ellos, el sistema de seguridad social, la asistencia financiera a las viudas y sus hijos y el sistema de préstamos para pequeñas y microempresas. Sin embargo, la disparidad en la distribución de los ingresos y recursos en muchos de los países es un obstáculo para la reducción de la pobreza en general, y entre las mujeres en particular. Los servicios prestados a las mujeres pobres, y las mujeres en general, aún tienen muchas deficiencias, y en ocasiones las mujeres desconocen su existencia.

El informe también señala que en la mayoría de los países árabes todavía existe un clima general contaminado por los prejuicios contra las mujeres. Hay conceptos que aun no han cambiado, los que no permiten a la mujer ser dueña de su propio cuerpo o tener la libertad del control sobre él. Por ejemplo, en Bahrein, un informe de una ONG destacó que las mujeres no tienen el poder para tomar la última decisión respecto a la utilización de métodos de planificación familiar; dicha decisión recae en los maridos (quienes suelen negarse al considerar que el asunto va en contra de los principios del Islam).

En muchos países de la región, las leyes que regulan la vida familiar constituyen un sistema de exclusión y discriminación contra la mujer. Tal es el caso donde las mujeres se ven privadas de la igualdad de derechos en el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. Además, la mayoría de ellas no puede transferir la nacionalidad a sus hijos. En algunos países la ley permite (implícitamente y en nombre del honor) que los miembros varones de la familia asesinen a las mujeres, permitiendo que el hombre se beneficie de atenuantes, en virtud de las disposiciones aplicables a los llamados ‘crímenes de honor”.

La Mutilación Genital Femenina (MGF) está generalizada en Djibouti, en donde un 98% de las niñas son sometidas a este proceso en alguno de sus cuatro tipos. Sin embargo, los esfuerzos para erradicar la MGF en la región han tenido un avance con una fatwa (o decreto religioso) en contra de la práctica en Mauritania y en Níger, con sanciones para las madres que sometan a sus hijas a la misma 7.

El Informe de Desarrollo Humano de la región Árabe 2009 8, elaborado por la Oficina Regional del PNUD para los Estados Árabes, señala que la violencia contra las mujeres en la región se promueve en gran medida a través de las leyes sobre el matrimonio, ya que la mayoría de ellas confirman los derechos de custodia del marido sobre la esposa. Sin embargo, se han adoptado las medidas necesarias para reformar las leyes de estatus personal, especialmente en los países del Magreb, como las leyes de Túnez, el código de Marruecos y, en menor grado, las leyes de Argelia.

“La lección derivada de la legislación de los países del Magreb árabe, es que es posible desarrollar leyes árabes que preserven los fundamentos religiosos y que adopten, al mismo tiempo, interpretaciones para alcanzar una mayor igualdad entre hombres y mujeres y eliminar así la injusticia histórica contra la mujer en las relaciones familiares”, afirma el informe.

Mujeres en situaciones de conflicto

La región tiene muchas zonas de conflicto. Ya sea Palestina, Líbano, Irak, Afganistán o Somalia, en tiempos de guerra los ataques contra las mujeres tienen lugar en un contexto de anarquía, desplazamientos y enfrentamientos armados.

En junio de 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la Resolución 1820 exigiendo que “todas las partes en conflictos armados pongan fin sin dilación y por completo a todos los actos de violencia sexual contra civiles”. La resolución señala que las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas por la utilización de la violencia sexual como una “táctica de guerra”.

En este contexto de conflicto armado, los derechos fundamentales a la libre determinación y la paz se anulan por la fuerza. Las mujeres enfrentan amenazas a sus vidas, libertad, medios de subsistencia, educación, nutrición, salud y entorno físico de parte de fuerzas externas cuya presencia desata sobre ellas la violencia institucional, estructural y material todos los días.

Las mujeres palestinas siguen sufriendo abusos y negación de sus derechos humanos básicos a manos de colonos y soldados israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados. Según un informe publicado recientemente por el Centro de Asistencia Letrada y Asesoramiento de la Mujer Palestina (WCLAC) en Ramala, las mujeres palestinas siguen sufriendo malos tratos y se les niegan sus derechos humanos fundamentales 9. Además, el sitio de Gaza en 2008 produjo un fuerte aumento del número de mujeres maltratadas y abusadas sexualmente. “Los hombres en nuestra sociedad patriarcal son considerados como los jefes de familia y, debido a que muchos de ellos, que solían tener empleos en Israel, perdieron sus trabajos, se sienten castrados y frustrados, y la manera más fácil de descargar su ira y frustración es contra las mujeres”, dijo Manal Awad, directora del Programa de Salud Comunitaria de Gaza (GCHP)10.

¿Cómo afecta la crisis económica el avance de las mujeres en la región?

Las crisis financieras y económicas constituyen una mayor carga sobre las mujeres, especialmente las pobres y migrantes, ya que se las despide de sus empleos como resultado de la percepción de que el hombre es el proveedor de la familia. Además, la tasa de desempleo femenina es muy alta en toda la región, mientras que las mujeres en su mayoría se ubican en el sector informal.

Aunque la participación económica de las mujeres ha aumentado, sigue siendo muy baja en comparación a otras regiones, y con un alto grado de dependencia económica, con todas las consecuencias sociales que ello implica. A menudo las mujeres están empleadas en el sector informal, y cuando tienen sus propias empresas la mayor parte del tiempo no las manejan ellas, sino que deben dejar esa tarea a un miembro varón de la familia. En relación al empleo, existen brechas salariales entre las mujeres y sus colegas masculinos, pero debido a la falta de datos, no hay pruebas estadísticas fidedignas que avalen esta información 11.

Los expertos afirman que la crisis actual ha dado a los gobiernos la oportunidad de cambiar sus políticas macroeconómicas para que las inversiones se destinen a garantizar la igualdad de género. Sin embargo, las organizaciones de mujeres y las economistas feministas han cuestionado esta estrategia, pues argumentan que en el contexto musulmán las políticas y programas nacionales que apoyan el empoderamiento de la mujer no pueden ser efectivos si su implementación es bloqueada por estructuras de poder en el nivel medio que ubicado entre las instituciones gubernamentales 12.

Es fundamental transformar las relaciones de poder, porque lo que se decide en este nivel medio (por ejemplo aumentar las oportunidades económicas, difundir conocimientos jurídicos, o aumentar el acceso de las mujeres a la participación política) no fluye automáticamente hacia los niveles más bajos de gobernanza.

Algunas académicas feministas sostienen que los avances logrados en una esfera no se transfieren automáticamente a otros ámbitos por la sencilla razón de que hay diferentes dinámicas de poder en juego según los ámbitos.

El acceso y el control sobre los recursos económicos juegan un papel fundamental en el empoderamiento económico de la mujer, tanto en la economía formal como la informal. Las cooperativas y las redes son vistas como ejemplos de organización de las mujeres en torno a los recursos económicos como uno de los medios para cambiar las relaciones de género.

La situación de la mujer en Polonia: una crisis permanente

Agnieszka Nowak
Network of East-West Women, Polonia

Hoy en día las mujeres en Polonia enfrentan niveles desproporcionados de desempleo y son empujadas a la economía informal debido a las anticuadas percepciones del rol de la mujer. Además, la crisis económica y financiera empeoró una situación ya crítica y llevó a la pauperización de sectores enteros de una sociedad en la cual otra vez fueron las mujeres las más negativamente afectadas. Las instituciones relacionadas con el género enfrentan una pérdida significativa de recursos. Para abordar esta situación es crucial que los presupuestos de género se conviertan en una metodología estándar para todos los procesos presupuestarios públicos y que se realicen inversiones en la infraestructura social, particularmente en educación, salud, el cuidado infantil y de las personas dependientes.

Los últimos 20 años han sido un período de lucha económica para Europa Central y Oriental (ECO), y para la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

La transición de las economías planificadas de los regímenes autoritarios a la democracia y a las economías de mercado ha afectado significativamente la región. La igualdad de género también se vio afectada por esta transición y las mujeres han soportado la peor parte de los efectos negativos.

Desde 1995, cuando tuvo lugar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, muchos países de la región ECO/CEI han logrado relativo progreso en las 12 áreas de la Plataforma para la Acción, aunque este progreso ha sido desigual e insuficiente 1. Sin embargo, existen algunas tendencias preocupantes en la CEI, ya que la condición económica de las mujeres se ha deteriorado como consecuencia de la pérdida de empleos, de una tendencia hacia empleos de bajos salarios en los sectores formal e informal y de la existencia de recortes en la protección social. El acceso a los servicios de salud y al apoyo social se ha deteriorado, lo que ha conllevado a un aumento sustancial de la pobreza.

Por otra parte, en varios países se está produciendo una renovación de la visión tradicional de los roles de la mujer, siendo la violencia de género una preocupación clave en toda la región.

La crisis como condición permanente

Debido a la actual crisis económica y financiera, los países de la región que reportan sobre los avances y retrocesos al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) están haciendo de la situación económica de las mujeres una prioridad. La situación en Europa Oriental y particularmente en la CEI ilustra sobre la fragilidad de la posición económica de las mujeres en tiempos de crisis. Aunque el nivel de la capacidad empresarial y de autoempleo de éstas ha aumentado, sus oportunidades de empleo se han visto drásticamente reducidas 2. Hoy en día el empleo de las mujeres aumenta en los sectores de bajos salarios como la limpieza, la salud pública o la enseñanza primaria, y en áreas de trabajo sin beneficios sociales tales como empleo a tiempo parcial o puestos de trabajo en el sector informal. “Las crisis financieras y económicas, y una rápida pérdida de la seguridad asistencial no son nada nuevo para las mujeres y los hombres en los países del ex bloque socialista de Europa Central y Oriental (ECO). Estas crisis han sido una condición permanente de la vida cotidiana de la mayoría de las poblaciones de la región”.3 Para la mayoría de las mujeres en la región la transición ha sido difícil y se ha caracterizado por la inseguridad y las desigualdades en el acceso a los recursos, al trabajo remunerado, y a otras fuentes de ingresos. Los nuevos países de la UE y los países que surgieron de la ex Yugoslavia enfrentaron la inestabilidad y la lucha por la supervivencia que condujo a una pérdida de seguridad. Como E. Charkiewicz ha señalado, “la paradoja es que la nueva crisis se produce exactamente en el momento en el que la transición había sido, finalmente, dada por terminada, y la mujer y la vida de los hombres han adquirido estabilidad para lo bueno y lo malo”4.

El caso Polonia

En 1995 la Declaración y Plataforma de Beijing para la Acción fue firmada y ratificada por muchos países de Europa Central y Oriental y apenas dos años más tarde el Gobierno polaco aprobó en 1997 el “Primer Programa Nacional para la Acción en favor de la Mujer”. El primer período reportado ocurrió en 2000. El “Segundo Programa Nacional para la Acción en favor de la Mujer” se llevó a cabo entre 2003 y 2005. Pero, como enfatizó M. Czepczynski “entre 1989 y 1990, cuando Polonia se embarcó en la ruta del mercado libre, las primeras víctimas fueron las mujeres trabajadoras de la confección, en la medida en que las fábricas ineficientes cerraron y no fueron reemplazadas. Actualmente, el renovado sector de prendas de vestir, en el que nuevamente predominan las mujeres, se está reduciendo otra vez, así como caen los pedidos de importación (principalmente desde Alemania) y los subcontratistas locales reducen su tamaño o cierran, resultando un estimado de pérdida neta de 40.000 empleos”5. Los costos sociales de la transición son sobrellevados de manera desproporcionada por las mujeres. En particular, en países como Polonia y Rusia, en los que el 10% de la población más pobre representa menos del 2% del total de los ingresos y el 10% más rico representa aproximadamente el 40% de los ingresos totales 6.

No hay datos desglosados por género en lo que respecta al nivel de pobreza en el país. La Oficina Central de Estadísticas no desglosa los datos por género de las personas pobres. Según cifras oficiales, el porcentaje de personas que viven en la pobreza aumentó del 4,3% en 1996 al 5,6% en 2008 (sin embargo, si se utilizan los indicadores recién formateados en la recopilación de estas estadísticas, el nivel de pobreza en 1996 ¡¡sería del 9, 5%!!)7. Esta dinámica se ve agravada por la actual crisis económica mundial.

La disminución de los ingresos familiares puede dar lugar a la pauperización de sectores enteros de la sociedad y muy probablemente tendrá un impacto en las mujeres que son tradicionalmente empleadas en trabajos de bajos salarios y responsables del cuidado no remunerado de familiares 8.

El mercado gris y la pérdida del trabajo entre las mujeres

Según algunos analistas, las crisis económicas amplifican el sector sumergido (informal) en la economía polaca en la medida en que muchos, especialmente los pequeños empresarios, tratan de minimizar los costos laborales y evitar los impuestos y otros costos asociados con el empleo formal. Es muy probable que el crecimiento del mercado gris (informal) afectará más a las mujeres que a los hombres, ya que más a menudo son ellas las que ocupan los empleos de salarios más bajos, especialmente en el sector de servicios privados (por ejemplo, en el comercio minorista)9. En 2007, el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial en la UE fue del 31,2%, cuatro veces más alto que el de los hombres 10.

Las mujeres son también las principales proveedoras de servicios públicos, proporcionando hasta dos tercios de la fuerza de trabajo en educación, salud y asistencia social. Se espera que, como el sector público experimentó reducciones debido a la crisis económica, el desempleo femenino se incrementará en forma desproporcionada. Además, los sondeos muestran que las mujeres son más propensas a ser despedidas cuando escasea el trabajo, ya que existe una percepción generalizada de que los hombres son el sostén legítimo de la familia 11. Todos los indicadores muestran que la pobreza en Polonia no está disminuyendo y, de hecho, como la crisis económica avanza la situación está empeorando.

El Gobierno no está haciendo mucho para evitar el deterioro de la situación de la mujer o para crear mecanismos que pudieran mejorarla 12.

Mujer emprendedora: ¿una respuesta a los problemas económicos?

Según el sociólogo polaco Piotr Szumlewicz, a pesar del hecho de que la pobreza de las mujeres del país es una prioridad para el Ministerio de Trabajo y Planeamiento Social, no se han aplicado las medidas necesarias para hacer frente a los efectos de la crisis económica y al aumento de la pobreza entre la población femenina. La única acción que ha realizado el Ministerio de Trabajo y Planeamiento Social es la implementación del programa “¡Qué bueno es ser mujer emprendedora!” que pretende “promover el espíritu empresarial entre las mujeres y estimular su participación en la vida social y profesional”.

El Ministerio percibe a la promoción del espíritu empresarial como la única forma de contrarrestar la pobreza entre las mujeres, pero en realidad no apoya esta idea debido a que no existen recursos financieros o programas disponibles para quienes opten por tomar este camino. El espíritu empresarial de las mujeres forma parte muy frecuentemente de la retórica ministerial, al igual que importantes eventos relativos al estatus de la mujer, como por ejemplo el Congreso de las Mujeres 13, en el que el espíritu empresarial de la mujer se convierte en un cajón de sastre para la promoción del estatus de la mujer.

Durante los debates del Congreso de las Mujeres, numerosas mesas redondas debatieron el tema de la participación femenina en los negocios, en el mercado laboral, en la política y en el gobierno, pero no hubo debates acerca de la pobreza, la exclusión social, el acceso a la salud o el cambio de los planes de pensiones 14 En Polonia, “las mujeres en edad de jubilarse pueden acceder a sus derechos consagrados por la legislación desde el período anterior a la transición.

Sin embargo, las que están próximas a la edad de jubilarse – que están amparadas por una nueva legislación que liga el nivel de las pensiones con el ingreso generado y el rendimiento total de los fondos privados de pensiones – reciben pensiones por debajo del salario mínimo, una cantidad extremadamente pequeña. En la actualidad existen mujeres y hombres sin acceso a atención médica o derechos de pensión. Los efectos de una rápida privatización masiva (en oposición a una reestructuración más gradual), como la que se realizó en Rusia, señalan un aumento del 12,8% en las tasas de mortalidad entre los hombres rusos, con el gravamen de que la atención de los niños y el suministro sean competencia exclusiva de las mujeres”15.

Tiempos difíciles para las organizaciones de mujeres y las instituciones de género

El impacto de la crisis económica y financiera está también muy difundido entre las organizaciones no gubernamentales de mujeres. Las organizaciones no gubernamentales ya estaban experimentando en 2009 una pérdida de fondos provenientes de fundaciones e individuos, cuando la caída del PIB ese mismo año condujo también a una pérdida de fondos gubernamentales. “El presupuesto del Fondo para las Iniciativas Cívicas, un programa de gestión gubernamental que apoya a las organizaciones sin fines de lucro, se redujo a la mitad. Si bien prioriza una agenda neo-liberal (gestión de la diversidad, discriminación, espíritu empresarial) y lleva a las organizaciones no gubernamentales al rol de proveedoras de servicios mientras el Estado se retira del sector social, el Fondo ha aportado importantes recursos para el mantenimiento de las actividades de las ONG. Es muy probable que los fondos de las autoridades locales para las ONG locales también vayan a disminuir. Además, la crisis económica ya está teniendo un impacto negativo en la capacidad de las ONG de mujeres para recaudar dinero de donantes privados y públicos, por su propia participación en un proyecto co-financiado por la Comisión Europea.

Esto es particularmente alarmante porque mientras los fondos de la UE han creado nuevas oportunidades para las ONG en Polonia, ni el Estado ni las autoridades locales han desarrollado los mecanismos necesarios para apoyar financieramente a las ONG que aseguren la financiación de la UE”16.

El Gobierno carece de respuestas

Es preocupante que los responsables de formular políticas en todos los niveles de la toma de decisiones sigan ignorando el impacto de la crisis sobre los medios de subsistencia de las mujeres y los hombres. La crisis inicial y los posteriores planes de recuperación en los diferentes niveles – incluyendo el europeo, el nacional y el internacional (G20) – no han logrado admitir, comprender, analizar y corregir el impacto de género de la crisis – ha declarado el European Women’s Lobby (Lobby Europeo de Mujeres – EWL.)17. La Comisión Europea, en su Informe de 2009 sobre la igualdad entre hombres y mujeres, afirmó que “la desaceleración económica puede afectar más a las mujeres que a los hombres”.

Además, declaró que comprender y tratar el punto de vista del género en el impacto de la crisis en sus diversas dimensiones representa un desafío tanto para los europeos como para los responsables de formular políticas.

Para hacer frente a este desequilibrio y las consecuentes desigualdades, el EWL, en su declaración con motivo de las reuniones de Beijing +15 realizadas en Ginebra, recomendó que los responsables de formular políticas, europeos, nacionales e internacionales, garanticen la continuidad de los recursos financieros y humanos para los mecanismos institucionales, de políticas y programas de igualdad de género y los derechos de la mujer ya existentes en todos los niveles, incluyendo el apoyo a las organizaciones de mujeres. Además, el EWL llamó a los Estados a hacer frente a la actual pérdida de recursos de las entidades dedicadas a la igualdad de género, con un firme compromiso político ante la actual crisis financiera y económica 18 .

A la luz de las consideraciones anteriores, es fundamental que la presupuestación de género se convierta en una metodología estándar de todos los procesos del presupuesto público y que se realicen inversiones en infraestructura social, particularmente en educación, salud, niños y personas dependientes. Estas inversiones sociales poseen tanto un sentido social como económico, pues en primer lugar crean empleo en el sector público (donde está representado un elevado número de mujeres) y, en segundo lugar, alivian la desproporcionada carga que padecen las mujeres habilitándolas a participar en todos los ámbitos de la sociedad. También existe necesidad urgente de revisar la presunción, bastante pasada de moda, de que los hombres son el ‘sostén de la familia’ dado los efectos que esta dinámica tiene sobre la participación – o falta de participación – de la mujeres en el mercado laboral, y en su acceso a los beneficios sociales, especialmente a los planes de pensiones 19.

La vía hacia la prosperidad es invertir en la gente y en la igualdad de género

Instituto del Tercer Mundo (ITeM)

La siguiente declaración fue presentada por el Instituto del Tercer Mundo (ITeM), organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ante el quincuagésimo cuarto
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, del 1 al 12 de marzo de 2010.

El Secretario General de Naciones Unidas ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

Treinta años después de la adopción de la CEDAW y 15 años después de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, las mujeres de todo el mundo siguen luchando por la igualdad de género y el respeto de sus derechos humanos y libertades. A pesar de algunos progresos, la discriminación contra la mujer sigue prevaleciendo en todas las esferas de la vida pública.

Los Estados miembros de la ONU todavía no han implementado plenamente sus compromisos por la igualdad de género como una condición esencial para el desarrollo económico y social sostenible.

El ITeM es la organización sede del Secretariado Internacional de Social Watch, una red de coaliciones de la sociedad civil en más de 70 países que monitorean las políticas de erradicación de la pobreza y de promoción de la equidad de género desde 1995.

Los informes de Social Watch se basan en las conclusiones de organizaciones ciudadanas de todo el mundo que monitorean a sus propios gobiernos y en el análisis y el procesamiento de estadísticas internacionales.

Social Watch calcula anualmente un Índice de Equidad de Género que proporciona una medida de progreso hacia la equidad en educación, empoderamiento económico y participación política de las mujeres, que es comparable a nivel internacional.

La evolución del Índice de Equidad de Género muestra que, en la mayoría de los países, se han logrado avances notables en materia de participación política de las mujeres y el establecimiento de cuotas de género, inclusión en el mercado laboral, desarrollo de mecanismos institucionales para la igualdad de género y legislación para abordar la igualdad de género y la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica y la trata de personas.

Sin embargo, la brecha entre la legislación y la implementación es evidente. Las coaliciones nacionales de Social Watch informan sobre retrocesos en la lucha contra la pobreza y la igualdad de género. La crisis financiera y económica actual agravó las desigualdades de género en todo el mundo. Esta regresión se destaca también en el Informe de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2009. En éste se concluye que la crisis también puede retrasar el progreso hacia la igualdad de género al crear nuevos obstáculos para el empleo de las mujeres. Su menor control sobre los bienes y recursos, su presencia desproporcionada en empleos a destajo o de la economía informal, sus menores salarios y menor nivel de protección social hacen a las mujeres y a sus hijos más vulnerables ante la crisis financiera y económica.

Las reacciones a la crisis económica implicaron recortes en la financiación de los servicios sociales en muchos países, como la atención de la salud, el cuidado de los niños, la protección social y la educación. Estos recortes contribuyen a aumentar el riesgo de la feminización de la pobreza. Se estima que las mujeres entrarán en el período posterior a la crisis con una mayor carga de trabajo no remunerado dentro de la familia y un acceso más difícil a empleos dignos y servicios sociales, si no se garantiza plena y efectivamente la protección de sus derechos y necesidades, tal como lo exigen los documentos internacionales de derechos humanos.

También es preocupante la ausencia de participación de la mujer en la resolución de la crisis y en la toma de decisiones económicas. Los mecanismos de igualdad de género, los grupos de mujeres y las expertas se encuentran, por regla general, excluidos del proceso de elaboración de las decisiones y contextos económicos, tanto a nivel nacional como internacional.

Los informes nacionales de Social Watch señalan que las respuestas a la crisis mundial, tanto nacionales como internacionales, contienen enfoques del tipo “más de lo mismo” que son ciegos a las cuestiones de género e incluyen una mayor desregulación y liberalización de los mercados y el comercio como soluciones para diluir la crisis. La falta de referencia a la rendición de cuentas de los Estados respecto de sus compromisos de implementar las normas internacionales de derechos humanos indica que los Estados consideran que pueden rebajar las exigencias en tiempos de crisis.

La CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing, así como las demás normas de derechos humanos, deberían proporcionar un marco vinculante para la rendición de cuentas de los Estados y los actores no estatales, así como las instituciones financieras internacionales. Los mecanismos de rendición de cuentas deben incluir estadísticas de género, indicadores sensibles al género y presupuestos sensibles al género para ser utilizados junto con un enfoque basado en los derechos humanos para fortalecer el empoderamiento de la mujer y contribuir al logro de la igualdad de género y la justicia social. La hoja de ruta hacia la prosperidad para todos y todas es invertir en las personas y en la igualdad de género.

Mujeres y la crisis económica: la urgencia de una perspectiva de género

Lobby Europeo de Mujeres 1

En septiembre de 2009, el Lobby Europeo de Mujeres (LEM), la mayor coalición de organizaciones de mujeres en la Unión Europea, que representa a 2.000 organizaciones miembros directos en 28 países europeos, analizó las múltiples dimensiones de la crisis financiera y su impacto en las mujeres, e instó a los responsables políticos de todos los niveles de decisión a reconocer el papel de la mujer en la conformación del marco posterior a la crisis que, un año después del colapso de los mercados financieros, sigue ignorando el impacto de género de la crisis en la vida real de mujeres y hombres.

La crisis inicial y los posteriores planes de recuperación a diferentes niveles – europeos, nacionales e internacionales (G20) – no han logrado reconocer, comprender, analizar y corregir el impacto de género de la crisis financiera.

La negación continua del impacto de género de la crisis, junto con la exclusión de las mujeres como parte de la solución, corre el riesgo de volver a una estrategia de recuperación “como de costumbre” que, en el largo plazo, tendrá consecuencias perjudiciales para las vidas reales de mujeres, hombres, niñas y niños, y para el ambiente en el que vivimos.

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos de la UE – consagrada en los tratados – y, por lo tanto, debe ser una parte inherente de los planes de recuperación europeos, nacionales e internacionales, así como de la transición hacia una visión holística a largo plazo de la época posterior a la crisis.

La crisis financiera y económica tiene implicancias para el género tanto por su naturaleza como por sus efectos. La crisis mundial también está afectando a las mujeres en otras regiones del mundo, con consecuencias sobre las economías que dependen del trabajo y los ingresos de las mujeres, incluidas las remesas.

El LEM se ha impuesto la tarea de garantizar que los responsables políticos tengan un conocimiento informado y equilibrado de estos temas a la hora de elaborar respuestas adecuadas y que las mujeres se incluyan en las fases de recuperación y transición.

Esta crisis económica actual es diferente de las recesiones anteriores. Uno de los aspectos en donde esto se puede apreciar es en su mayor impacto , el que se presentará, como siempre, diferenciado en las mujeres. En efecto, la Comisión Europea, en su Informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres de 2009, afirmó que “es probable que la desaceleración económica afecte más a las mujeres que a los hombres”. Entender y abordar este aspecto de los efectos de la crisis en sus diversas dimensiones, representa un desafío para los responsables políticos europeos y nacionales.

A diferencia de períodos de recesión económica anteriores, hoy las mujeres son la fuerza mayor – y menos reconocida – para el crecimiento económico del planeta. Esta no es una afirmación arbitraria, sino realizada por The Economist, que sugiere que, en las últimas décadas, las mujeres han contribuido más a la expansión de la economía mundial que cualquiera de las nuevas tecnologías o los mercados emergentes de China e India. Este hecho está siendo totalmente ignorado. Además, el número sin precedentes de mujeres en el mercado de trabajo indica que contribuyen al ingreso familiar más que nunca.

Su integración en el lugar de trabajo no sólo supone un mayor impacto directo de la crisis en las propias mujeres, sino también en los hogares, donde los ingresos se verán afectados significativamente por las pérdidas de empleo femenino.

Pero más importante aun es señalar que la posición económica de las mujeres al inicio de la recesión no era equiparable a la de los hombres. Si se toman en cuenta las modalidades de empleo características de los mercados de trabajo con segregación de género, las brechas de género de las remuneraciones, el alto nivel de empleos a tiempo parcial y la alta concentración en el llamado sector informal con ingresos más bajos y menos protección social, las mujeres no están en una posición ventajosa para enfrentar la crisis.

Las múltiples dimensiones de la crisis financiera y el impacto en las mujeres

La naturaleza global e integral de la crisis actual hace que los análisis reduccionistas sean tentadores, pero es importante reconocer las dimensiones interdependientes y multifacéticas de la crisis financiera y económica a fin de comprender la complejidad de su impacto en las mujeres y en las relaciones de género ahora y en el futuro.

Crisis económica

El foco de atención de los medios de comunicación y la clase política en torno al abordaje de la crisis se ha centrado principalmente en sectores dominados por hombres, tales como la industria automovilística y la construcción. En la economía en general, la dimensión de género de la crisis también se pasa por alto fácilmente. Las predicciones oficiales de desempleo, por ejemplo, dan cifras similares para mujeres y hombres. Estas cifras, sin embargo no tienen en cuenta la sobre-representación de las mujeres en los empleos de tiempo parcial, una área que está excluida de las estadísticas de desempleo. En 2007, el porcentaje de mujeres trabajando a tiempo parcial en la UE fue del 31,2%, cuatro veces superior al de los hombres. Las mujeres son también las principales proveedoras de servicios públicos en tanto constituyen hasta dos tercios de la fuerza de trabajo en educación, salud y servicios sociales. Por lo tanto, cabe esperar que el desempleo femenino se incrementará de manera desproporcionada en la medida en que se realicen recortes en el sector público.

Las encuestas muestran que las mujeres son más propensas a ser despedidas porque, cuando los empleos son escasos, se tiende a considerar al hombre como el legítimo sostén de la familia.

La Encuesta Mundial de 2005 reveló que casi el 40% de los entrevistados coincidió en que dada esa situación, los hombres tienen más derecho a un empleo que las mujeres. Las diferencias salariales significan que los hombres también son más propensos que las mujeres a estar en una posición ventajosa en relación con el ahorro y los ingresos.

El promedio de brecha salarial de género en la UE asciende actualmente a 17,4% – para desventaja de las mujeres – con cifras que oscilan entre el 4,4% en Italia y el 30,3% en Estonia. En algunos países esta diferencia es cada vez mayor. Por último, las mujeres tienen un acceso limitado a las prestaciones de reemplazo salarial debido a los modelos de seguridad social que se centran en el concepto de una carrera ininterrumpida durante un período de 40 a 45 años, un patrón que rara vez corresponde al ciclo de la vida laboral de una mujer.

Crisis social

El mayor riesgo en la crisis económica actual es el desarrollo de un sistema de dos niveles que divide la población europea y amplía la brecha entre mujeres y hombres. Los ingresos y los gastos del Estado tienen connotaciones de género; mientras que los hombres tienden a ser los principales contribuyentes a los ingresos del Estado en términos de impuestos debido a sus mayores ingresos, las mujeres tienden a ser La crisis inicial y los posteriores planes de recuperación a diferentes niveles – europeos, nacionales e internacionales (G20) – no han logrado reconocer, comprender, analizar y corregir el impacto de género de la crisis financiera.

La negación continua del impacto de género de la crisis, junto con la exclusión de las mujeres como parte de la solución, corre el riesgo de volver a una estrategia de recuperación “como de costumbre” que, en el largo plazo, tendrá consecuencias perjudiciales para las vidas reales de mujeres, hombres, niñas y niños, y para el ambiente en el que vivimos.

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos de la UE – consagrada en los tratados – y, por lo tanto, debe ser una parte inherente de los planes de recuperación europeos, nacionales e internacionales, así como de la transición hacia una visión holística a largo plazo de la época posterior a la crisis.

La crisis financiera y económica tiene implicancias para el género tanto por su naturaleza como por sus efectos. La crisis mundial también está afectando a las mujeres en otras regiones del mundo, con consecuencias sobre las economías que dependen del trabajo y los ingresos de las mujeres, incluidas las remesas.

El LEM se ha impuesto la tarea de garantizar que los responsables políticos tengan un conocimiento informado y equilibrado de estos temas a la hora de elaborar respuestas adecuadas y que las mujeres se incluyan en las fases de recuperación y transición.

Esta crisis económica actual es diferente de las recesiones anteriores. Uno de los aspectos en donde esto se puede apreciar es en su mayor impacto , el que se presentará, como siempre, diferenciado en las mujeres. En efecto, la Comisión Europea, en su Informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres de 2009, afirmó que “es probable que la desaceleración económica afecte más a las mujeres que a los hombres”. Entender y abordar este aspecto de los efectos de la crisis en sus diversas dimensiones, representa un desafío para los responsables políticos europeos y nacionales.

A diferencia de períodos de recesión económica anteriores, hoy las mujeres son la fuerza mayor – y menos reconocida – para el crecimiento económico del planeta. Esta no es una afirmación arbitraria, sino realizada por The Economist, que sugiere que, en las últimas décadas, las mujeres han contribuido más a la expansión de la economía mundial que cualquiera de las nuevas tecnologías o los mercados emergentes de China e India. Este hecho está siendo totalmente ignorado. Además, el número sin precedentes de mujeres en el mercado de trabajo indica que contribuyen al ingreso familiar más que nunca.

Su integración en el lugar de trabajo no sólo supone un mayor impacto directo de la crisis en las propias mujeres, sino también en los hogares, donde los ingresos se verán afectados significativamente por las pérdidas de empleo femenino.

Pero más importante aun es señalar que la posición económica de las mujeres al inicio de la recesión no era equiparable a la de los hombres. Si se toman en cuenta las modalidades de empleo características de los mercados de trabajo con segregación de género, las brechas de género de las remuneraciones, el alto nivel de empleos a tiempo parcial y la alta concentración en el llamado sector informal con ingresos más bajos y menos protección social, las mujeres no están en una posición ventajosa para enfrentar la crisis.

Es crucial realizar un análisis de impacto de género antes de reducir el gasto público para entender cómo afectarían tales políticas, tanto en el corto como en el largo plazo. Las políticas de activación (con el objetivo de reducir los pagos de beneficios haciendo del empleo una opción atractiva) y de inclusión activa, que buscan la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, tienen también un sesgo de género ya que dichos mercados dependen de la prestación de servicios subsidiados, tales como el cuidado de los niños o de personas dependientes.

Las mujeres representan la mayoría de las personas que viven en la pobreza: entre el 85% y el 90% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. Las reducciones del gasto público, sin duda, tendrán como consecuencia que servicios como la atención de niños y personas dependientes se transfieran nuevamente a las mujeres, impidiendo aun más su plena participación en todos los aspectos de la vida. Del mismo modo, el impacto de los recortes de los gastos de los servicios de apoyo en las comunidades socio-económicamente desfavorecidas se traducirá en una mayor dependencia de las mujeres, tanto dentro de las familias como en la comunidad.

Crisis de gobernanza

La arquitectura financiera, formada por las instituciones financieras y las prácticas que rigen la creación, circulación y distribución de capitales, hasta ahora ha operado en un mercado desregulado y en un entorno opaco que también tiene connotaciones de género. Estas prácticas tienen un impacto directo sobre las mujeres y la desigualdad de género, por ejemplo, convirtiendo en objetos sus cuerpos y usándolos como mercancías en la “industria del sexo”. También han facilitado el blanqueo ilegal de fondos que tiene impacto en el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Las prácticas que se caracterizan por la falta de transparencia y gobernanza tienen también un efecto sobre los mecanismos de redistribución de la riqueza, con las consabidas consecuencias de género.

Crisis bancaria

En el contexto del colapso financiero y económico, las mujeres están absolutamente ausentes de estos círculos de decisión. No hay ni una sola mujer entre los gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros de la UE. Sólo uno de los seis miembros de la junta ejecutiva del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo es una mujer. Mientras los gobiernos rescatan al sector bancario en toda Europa, ahora están en condiciones de establecer códigos de conducta éticos y transparentes que reflejen los valores que representa la UE, a saber: igualdad entre hombres y mujeres, derechos humanos, lucha contra la discriminación, democracia y estado de derecho, que incluye la buena gobernanza.

Crisis ideológica

Si se permite que la crisis económica ocasione un retroceso en términos de igualdad de género, se corre el riesgo de provocar una crisis ideológica en el seno de la sociedad europea. La igualdad entre mujeres y hombres no puede ser un lujo que se aborde sólo en tiempos de crecimiento económico; es una obligación legal y moral, así como uno de los fundamentos de la UE. Es crucial que la igualdad de género sea un principio rector básico, ahora y en el futuro para evitar un retroceso de los logros obtenidos en las últimas décadas por las mujeres y la sociedad en su conjunto.

Recomendaciones

A la luz de las consideraciones anteriores, el Lobby Europeo de Mujeres llama al reconocimiento político de que esta recesión es un momento de transformación en la historia, un momento de oportunidad para reafirmar que es posible otra visión del mundo, en la que los valores fundamentales de la UE abarquen la igualdad intrínseca entre hombres y mujeres. Y acelerar el proceso de igualdad de género es vital para encontrar soluciones sostenibles a la crisis.

Esto exige un conjunto de políticas, acciones y fuerte compromiso político en múltiples frentes.

En primer lugar, es necesario implantar un análisis sistemático y sensible al género del impacto de la crisis y las respuestas a la misma, incluyendo el análisis en relación con las múltiples identidades de la mujer durante todo su ciclo de vida. Y la presupuestación de género debe ser una metodología estándar y medular de todos los procesos de presupuesto público.

En segundo término, la inversión en infraestructura social, particularmente en educación, salud, atención de niños y personas dependientes es necesaria y económicamente sensata pues tendría un doble efecto: por un lado, el de crear puestos de trabajo en el sector público, donde está representado un gran número de mujeres; por otro, facilitar la carga desproporcionada de las mujeres para que puedan participar en todos los ámbitos de la vida.

En tercer lugar, los patrones de empleo que se basan en la experiencia de las mujeres en el mercado de trabajo – a saber, trabajo flexible, empleo compartido y otros arreglos de tiempo parcial – deben ser mejorados, como medio para impedir que las empresas y las organizaciones despidan a sus empleadas y empleados.

En cuarto lugar, debe revisarse la hipótesis anticuada de que los hombres son el “sostén de la familia”, que determina la participación en el mercado de trabajo y los beneficios relacionados con la protección social, especialmente en los planes de pensiones. De forma consecuente, es imperativo que el mantenimiento del modelo social europeo amplíe el alcance de la financiación para la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social, que dependen en gran medida de las contribuciones de los trabajadores y que, en la actual desaceleración económica, junto con las tendencias demográficas, requerirán nuevas fuentes de financiación para trabajos menos intensivos. En añadidura, es pertienente que se garantice un Sistema Estatal de Pensiones, en especial, porque los niveles de las pensiones de las mujeres resultan en la feminización de la pobreza a medida que envejecen. Igualmente necesaria es la garantía de la individualización de la seguridad social y los derechos impositivos a fin de romper la dependencia de las mujeres con sus parejas y/o el Estado.

Pro último, es necesario el compromiso político con una división más equitativa de las responsabilidades familiares y las labores domésticas entre hombres y mujeres para ayudar a la mujer con su doble carga de trabajo y familia. También es menester trabajar en pro de la democracia paritaria en las decisiones políticas y económicas, en las empresas privadas y en el sector financiero a fin de aprovechar el potencial económico de las mujeres y garantizar la diversidad y el equilibrio entre los responsables de tomar las decisiones, que genera una mejor gobernanza.

1 El Lobby Europeo de Mujeres es la mayor organización no gubernamental de mujeres en la Unión Europea, en representación de 2.000 organizaciones miembros directos en 28 países europeos. El LEM trabaja con sus miembros a nivel nacional y europeo y su principal objetivo es la lucha a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, asegurando la integración de una perspectiva de igualdad de género en todas las políticas de la UE.

Referencias:

Comisión Europea (2008): European Economic Recovery Plan, COM(2008) 706 final y COM(2008) 800 Comisión Europea (2009): Campaign on the gender pay gap, disponible en: <ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=681&langId=en Comisión Europea (2009): Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

Equality between women and men – 2009, disponible en:
<eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:200 9:0077:FIN:EN:PDF>.

Organización Internacional del Trabajo (2009): Global employment trends for women, disponible en:
<www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/ Press_releases/lang—en/WCMS_103447/index.htm>.

Parlamento Europeo (2004), Committee on Women’s Rights and Gender Equality: Report on women and poverty in the European Union (2004/2217(INI)), Relatora: Anna Záborská Rake, Katherine (2009): Are women bearing the burden of the recession? Fawcett Society report, disponible en:
<www.fawcettsociety.org.uk/documents/ Arewomenbearingtheburdenoftherecession.pdf>.

Seguino, Stephanie (2009): The Global economic crisis, its gender implications, and policy responses.

Burlington: Universidad de Vermont, disponible en:
<www.uvm.edu/~sseguino/pdf/global_crisis.pdf>.

Smith, Mark (2009): Analysis not: Gender equality and Recession, Grenoble: Ecole de Management, disponible en: <ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en>.

Sunderland, Ruth (2009): <www.guardian.co.uk/ commentisfree/2009/feb/01/davos-global-recessiongender>.

Walby, Sylvia (2009): Gender and the Financial Crisis, documento para el Proyecto de UNESCO sobre “Género y la Crisis Financiera”.

Perspectivas sombrías para las birmanas

Burma Lawyer’s Counci1

El aumento de la militarización y la opresión política de los pasados 15 años han tenido efectos desastrosos en la situación de las mujeres birmanas. La Constitución de 2008, que será promulgada después de las elecciones de 2010, incluye importantes medidas que restringirán los derechos de las mujeres, e indica que es poco lo que las elecciones de 2010 harán para mejorar su situación. Las mujeres de Birmania enfrentan una inconcebible violencia, escasas oportunidades educativas, económicas y políticas, y grandes privaciones cuando se ven forzadas a trabajar en el extranjero.

La Conferencia de Beijing tuvo lugar en 1995, solo cinco años después de que el régimen militar de Birmania, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC, por su sigla en inglés), efectuara sus últimas elecciones generales. En 1990, Aung Suu Kyi San, líder de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por su sigla en inglés), ganó con una mayoría aplastante de votos. El SPDC se rehusó a reconocer los resultados de la elección, puso a Suu Kyi bajo arresto domiciliario e instaló una versión especialmente severa de régimen militar que ha ganado mundialmente mala fama debido a su violenta eliminación del disenso y a sus implacables ataques contra las minorías étnicas.

La violencia sexual y la violación como armas de guerra

Con un telón de fondo político de opresión y violencia, la situación de la mujer en Birmania empeora. Varias organizaciones de base a lo largo de la frontera birmano- tailandesa documentan los abusos endémicos a los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Los crímenes de la Junta militar abarcan una amplia gama de crímenes que incluyen matanzas ilegales, desapariciones forzadas, violación, trabajos y reubicación forzados, entre muchos otros. Cada uno de estos crímenes es en extremo dañoso para las mujeres, pero los crímenes de violencia de género tienen quizás el más profundo impacto en la situación de las mujeres birmanas.

Los miembros del SPDC cometen crímenes de violencia sexual con horrorosa regularidad, recurren a la violación como arma de guerra, sobre todo en sus ataques a grupos étnicos en la parte oriental del país2. El régimen ha aumentado sus ataques sobre los grupos étnicos en los últimos 15 años – ataques que incluyen el empleo sistemático de la violencia sexual3. Muchas mujeres han sido violadas por grupos de militares, quienes algunas veces han torturado y/o asesinado a sus víctimas4. La violencia sexual no es un crimen cometido al azar por unos pocos militares sino que es parte de la estrategia concertada por el SPDC para atacar a grupos étnicos y opositores 5.

Los que cometen estos crímenes no son llevados ante los tribunales y la impunidad reina en Birmania 6.

Debido a que los tribunales birmanos no son independientes del gobierno militar, las víctimas de violencia de género y otros crímenes no cuentan con ningún recurso dentro del sistema legal birmano. La cultura de la impunidad, que protege a los autores de la violencia sexual, no hace posible la disminución de este tipo de crímenes.

La violencia sexual desenfrenada del SPDC y la carencia de responsabilidad no han pasado inadvertidas para la comunidad internacional. El Secretario General de Naciones Unidas reconoció, recientemente, que el SPDC está incumpliendo con sus obligaciones respecto de la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, diseñada para proteger a las mujeres de la violencia sexual en situaciones de conflicto 7. El Secretario General observó que el régimen ha extendido el uso de la violencia sexual contra las mujeres pertenecientes a minorías étnicas en las áreas rurales; el acoso sexual de los militares a mujeres solas y a muchachas; la inhabilidad del sistema legal o la desgana para juzgar los crímenes de violencia sexual; y la omnipresente impunidad que no permite sean enjuiciados quienes cometen violencia de género.

Además de la violencia sexual, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad del SPDC han afectado desproporcionadamente a las mujeres.

En un incidente el SPDC quemó 3500 pueblos en el este del país. Las secuelas de ese incidente fueron comparadas por el Thailand Burma Border Consortium con la grave destrucción que ocurre en Darfur 8.

La quema masiva de casas y alimentos ha provocado que un gran número de personas hayan sido desplazadas.

Las mujeres son las más perjudicadas por el desplazamiento forzado debido a que se vuelven más vulnerables al tráfico y a trabajos riesgosos.

Los efectos de la militarización sobre la mujer

Las birmanas enfrentan grandes obstáculos a consecuencia no sólo de la violencia declarada, sino también de una cultura militarista. El SPDC ha priorizado los gastos militares en detrimento de los servicios sociales esenciales de los que dependen muchas mujeres. Gasta más del 50% de su presupuesto en el ejército – una cantidad enorme, especialmente cuando el SPDC gasta menos del 3% de su presupuesto en asistencia médica y menos aún en educación.9 De hecho, el régimen gasta menos de un dólar por año por persona en la salud y la educación combinadas 10. La clase dirigente niega que la ausencia de los derechos a la salud haya sido la causa del índice de mortalidad materna más alto de la región. Además, el índice de mortalidad materna en las zonas en conflicto, donde los militares atacan activamente a los grupos étnicos es uno de los más altos del mundo11.

La militarización trae consigo una hiper-masculinidad 12 que forja una cultura política de marginación de las mujeres. Los militares detentan el poder de dar forma a los roles de género en la sociedad birmana y construyen la masculinidad como un equivalente de la fuerza física militar. La visibilidad de los militares, y la ausencia de mujeres entre sus filas, refuerza la percepción de que éstas deberían desempeñar roles sociales sumisos.

La presencia militar es evidente en todos los niveles del poder, y en cada sector de la administración del gobierno.13 Como consecuencia de la intensa militarización, los hombres son percibidos como contribuyentes activos de la sociedad, y como las principales fuerzas de cambio14. Por otro lado, las mujeres son excluidas de las fuerzas armadas y, de ese modo, ampliamente excluidas de la vida política. El poder del Gobierno, manifiesto en sus fuerzas armadas, envía una clara señal de que el poder nacional descansa en manos de los hombres. Los militares incorporan lo que, probablemente, es percibido como la encarnación ideal de la masculinidad: el poder sobre las mujeres y sobre la nación.

Otra limitación para la participación de la mujer en la vida pública es el sexismo endémico–una realidad impuesta por la militarización. El sexismo obliga a muchas mujeres a desempeñar tareas domésticas en vez de roles de liderazgo. Dañinos estereotipos de género, producto natural de la militarización, son reforzados de manera coherente en las comunicaciones oficiales del SPDC. El régimen elogia a las birmanas por atributos tales como la modestia y la obediencia, reforzando la percepción de las mujeres como actores sociales pasivos.15 La perpetuidad de estos estereotipos de género proviene de los más altos niveles del Gobierno, haciendo extremadamente difícil la participación femenina en la vida pública.

El impacto de la mala gobernanza y la pobreza sobre las migrantes

El crónico mal manejo de la economía por parte del SPDC ha mantenido a más del 90% de la población bajo el nivel de pobreza.16 La pobreza extrema y una carencia de oportunidades educativas obligan a muchas birmanas a desempeñar tareas en trabajos inseguros, incluyendo la industria sexual en la vecina Tailandia. Las que se ven forzadas a trabajar en la industria sexual son susceptibles a los más altos índices de infección por el VIH/SIDA (y otros peligros para la salud), y poseen un limitado control sobre sus opciones reproductivas.

Muchas birmanas que se ven forzadas a emigrar y a trabajar como trabajadoras indocumentadas se enfrentan a la violencia sexual, a las violaciones de sus derechos laborales, y a una grave dificultad económica como consecuencia de su estatus de indocumentadas.17 Las mujeres que son víctimas de violencia de género es improbable que denuncien estos crímenes debido a que temen la deportación.18 Aunque huyan de Birmania para evitar la violencia, la persecución, y la pobreza, su seguridad es, a menudo, apenas mejor en los países vecinos.19 La grave situación de las trabajadoras migratorias no es el resultado exclusivo de la crisis económica global o de los infortunios económicos globales – también se debe a la violencia y opresión impartida por el SPDC, y al mal manejo de la economía.

La Constitución de Birmania: codificar la impunidad

La Constitución de Birmania de 2008 es un peligroso ejemplo de amenaza de la militarización y la opresión política para el futuro de las mujeres. Esta Constitución, aprobada en un referéndum marcado por el fraude, y llevado a cabo bajo las desastrosas secuelas del Ciclón Nargis, proporciona un atisbo de lo que serán los derechos de la mujer después de las elecciones de 2010. Las elecciones promulgarán la Constitución que incluye varias disposiciones clave dirigidas al progresivo deterioro del estatus de las mujeres birmanas.

Primero, la Constitución reserva a los varones militares el 25% de las bancas de la legislatura así como las posiciones ministeriales clave, y las bancas restantes estarán ocupadas, probablemente, por individuos (probablemente hombres) simpatizantes del régimen vigente20. Como se requieren más de las dos terceras partes de los votos para cambiar la Constitución, la considerable presencia militar en el gobierno asegurará que el gobierno militar con tinúe luego de la elección21. Segundo, la Constitución no incluye ninguna mención a una cuota para la representación de las mujeres en el gobierno, e incluso reserva algunas posiciones únicamente a los hombres.22  Esta laguna jurídica provee de una fácil excusa para que el gobierno limite aún más la participación de las mujeres en la vida política. Y lo que es más importante, la Constitución incluye una disposición que pretende proporcionar una amnistía para todos los miembros del régimen y todos sus crímenes23. El intento del régimen de codificar su propia impunidad dejará a las mujeres sin el necesario recurso para desafiar la miríada de violaciones a sus derechos. Más aun, la Constitución deja a las víctimas de la violencia sexual y de otros crímenes sin recurso a la justicia.

Sombrías esperanzas para el estatus de la mujer

Birmania ocupa ahora el lugar Nº 138 en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue recientemente clasificada apenas por encima de Afganistán y Somalia en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.24 La violencia, la corrupción, y la total falta de respeto por la ley internacional se han convertido en los distintivos del gobierno del SPDC durante los últimos 15 años. Además, las elecciones de 2010 seguramente consolidarán el gobierno militar. La solidificación de la hiper-militarización afianzará los sistemas vigentes del patriarcado, la militarización, y la impunidad. Si la Constitución entra en vigor, las perspectivas de futuro para las mujeres birmanas son sombrías. La Constitución de 2008 indica que la situación de las mujeres luego de las elecciones de 2010 solo va a empeorar. La situación únicamente puede ser contrarrestada poniendo fin a los crímenes cometidos por el SPDC, y haciendo responsables a quienes hayan cometido violaciones a los derechos de la mujer.

Políticas de inmigración, integración y asilo desde una perspectiva de género*

Amandine Bach

European Women’s Lobby (EWL)

Con aportes de integrantes de ENoMW 1

La necesidad de una estrategia de inmigración basada en el género es urgente para abordar las desigualdades y la discriminación que padecen las mujeres que emigran. Resulta imperativo superar la percepción que impera de las mujeres inmigrantes como inmigrantes “no capacitadas”, vincular el debate sobre la inmigración con el problema del envejecimiento de las sociedades occidentales y relacionar las restricciones cada vez mayores impuestas por las políticas familiares de inmigración y su naturaleza vinculada al género.

La inmigración y el género han sido por mucho tiempo un tema invisible en las políticas de Estado, especialmente en el ámbito de la UE, pero a partir de la década de 1980 florecieron proyectos de investigación que desafiaron tanto la investigación predominante como las políticas de inmigración.

Estas se concentraron durante mucho tiempo en los trabajadores inmigrantes hombres, lo que refuerza el modelo de mujeres inmigrantes de las que sólo se esperaba que asistieran a sus esposos e hijos, en lugar de ser vistas como activas por derecho propio.

Esta representación de las mujeres inmigrantes no refleja la realidad de la inmigración femenina, como lo argumentan Kofman et al., quienes señalan que “las mujeres estuvieron presentes casi desde el principio de la migración de posguerra, tanto como migrantes primarias y trabajando junto a sus parejas hombres” 2. Sin embargo, esta representación ha estado en el centro de distintos regímenes migratorios, que tienen un alto componente de género.

Desafíos para el reencuadre de las políticas inmigratorias

La percepción de que las migrantes poco calificadas

El primer obstáculo para reformular las políticas de inmigración es desafiar la percepción dominante de las mujeres que emigran como inmigrantes ‘no calificadas’: rara vez se considera que tienen las aptitudes necesarias para contribuir con la economía del conocimiento, que se limita a ocupaciones dominadas por los hombres en ámbitos como las finanzas, la ciencia y la tecnología. Esta percepción predomina aun más en relación con las mujeres que emigran con sus familias. No obstante, la proporción de mujeres inmigrantes con un título de educación terciaria en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es sólo tres puntos porcentuales inferior a la de los hombres, y en algunos países, la proporción de mujeres inmigrantes nacidas fuera de los países de la OCDE con ocupaciones calificadas es igual o superior a la de las mujeres nacidas en esos países. La selección basada en sectores e ingresos que se practica en la mayoría de los países europeos favorece implícitamente a los hombres, mientras el sistema canadiense, por el cual la inmigración se basa en la educación y el aprendizaje del idioma, produjo un incremento en las inmigrantes altamente capacitadas.

Vincular las sociedades occidentales y envejecidas con el feminizado trabajo de cuidado

El segundo desafío es vincular el debate sobre la inmigración al problema del envejecimiento de las sociedades occidentales, el problema de la prestación de cuidados y la mano de obra feminizada en este sector, y la dificultad de reconocer y regular la economía informal de mano de obra barata y flexible.

Este vínculo es esencial para abordar la creciente inmigración de trabajadoras domésticas que proporcionan servicios de cuidado indispensables a un número creciente de ciudadanos de la UE que necesitan apoyo: familias con hijos, personas con discapacidad, ancianos y otros. Mientras su mano de obra es “instrumental para liberarnos de la responsabilidad del trabajo reproductivo y habilitarnos para el marco – ciego al género – del lugar de trabajo” 3, con frecuencia estas ‘reconciliadoras’ están excluidas de la protección que brindan los códigos laborales nacionales y no tienen acceso a las visas de trabajo, o enfrentan barreras específicas a la regularización de su situación, que resulta en que muchas de ellas estén indocumentadas y que carezcan de derechos que las protejan.

Las restricciones que imponen las políticas de inmigración familiar

El tercer desafío está relacionado con las cada vez mayores restricciones impuestas por las políticas de inmigración familiar y su naturaleza vinculada al género. Kraler y Kofman señalan que los criterios para el reencuentro de las familias (en particular, los requisitos de ingresos) hacen que sea más difícil para las mujeres acceder al mismo. Para cumplir los requisitos de ingresos, las mujeres deben trabajar a tiempo completo, lo cual es difícil para aquellas que deben cuidar a sus hijos y no tienen acceso a la atención infantil subsidiada, que a menudo depende de que su residencia sea de largo plazo. El hecho de que las mujeres en Europa meridional se concentren en el trabajo informal es una barrera adicional para el reencuentro de las familias 4.

Lidiando con estos desafíos

En primer lugar, es necesario tomar medidas para enmarcar con sensibilidad de género las políticas laborales e inmigratorias. Esta corriente de pensamiento está en sintonía con las recomendaciones realizadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE, 2009), respecto a la urgente la necesidad de formular políticas de inmigración laboral sensibles al género que desarrollen ambientes habilitantes que proporcionen igualdad de oportunidades de empleo y de acceso a los beneficios tanto a los inmigrantes hombres como mujeres. La OSCE destacó la necesidad de que se desarrolle una estrategia de ‘doble vía’, que abarque las disposiciones generales de protección a los inmigrantes y también aquellas específicas que apuntan a las trabajadoras inmigrantes con el fin de empoderarlas con opciones, el acceso a recursos y la capacidad de reclamar derechos. De la misma manera, destacó la necesidad de introducir medidas provisionales especiales que compensen discriminaciones pasadas que puedan perjudicar la situación actual de las inmigrantes.

Tambien es importante realizar evaluaciones de las necesidades. Los Estados miembro deben asegurar que las evaluaciones de necesidades del mercado de trabajo realizadas en sus países tomen en cuenta la necesidad del trabajo doméstico y de cuidados privados. Además, debe realizarse una evaluación del impacto que ejercen los tratados laborales bilaterales y todas las políticas de inmigración sobre el género, inclusive el reencuentro familiar, para asegurar que esas políticas no discriminen directa o indirectamente contra las inmigrantes.

La necesidad de aplicar las directivas de género de la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados

Las experiencias de actividades políticas y persecución que tienen las mujeres pueden diferir de las que tienen los hombres. Tanto la política como la persecución han sido interpretadas históricamente por los estados miembros a través del marco de la experiencia masculina, lo cual con frecuencia excluye las opiniones de las mujeres sobre los roles de género y los actos de violencia derivados del género y/o la discriminación por parte de estados y otros actores no estatales. La Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) no hace referencia específica al género como causal de la persecución, pero cada causal debe analizarse desde la perspectiva de género ya que el asilo no es neutro en materia de género. La European Women’s Lobby (EWL) y otras organizaciones, como Refugee Women’s Resource Project de la británica Asylum Aid, han pedido a los estados miembros de la UE la aplicación de las pautas sobre género (2002) del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a la protección internacional con respecto a la persecución derivada del género (véase EWL y Refugee Women’s Resource Project en Asylum Aid, 2007).

Sin este tipo de orientación resulta muy difícil asegurar que la naturaleza de la persecución vinculada al género, de la cual las mujeres son las principales víctimas, se comprenda cabalmente y que se brinde una evaluación equitativa y justa a los pedidos de asilo de las mujeres. Esta dinámica refiere a situaciones donde mujeres heterosexuales, bisexuales y lesbianas temen sufrir distintas formas de violencia y discriminación basadas en el género por parte del estado y otros actores, inclusive cuando corren peligro de muerte o de violencia física o mental de parte de sus esposos/parejas, familias o el estado; persecución por oponerse a normas o leyes que discriminan en materia de género; violación en situaciones de conflicto o guerra; y junto con sus hijas, ser sometidas a prácticas realizadas en nombre de la ‘cultura’, como la mutilación genital femenina o el matrimonio por la fuerza. Sin orientación, también existe el riesgo de que algunas mujeres que luchan por sus derechos humanos y los de otros y que solicitan asilo sean despolitizadas y consideradas víctimas pasivas de abuso, en lugar de ser reconocidas como agentes por derecho propio y como defensoras de los derechos humanos. De manera similar, es fundamental que los trámites para solicitar asilo sean sensibles al género para asegurar que las mujeres se beneficien en igualdad de condiciones de un proceso que no las discrimine, por ejemplo, con la posibilidad de elegir el género de la persona que realiza la entrevista y asegurar que se tome en cuenta la información de su país con respecto a la situación de las mujeres.

Lidiando con la falta de directivas con sensibilidad de género

Este vacío requiere la creación nuevas entidades de género en la Oficina Europea de Asilo, así como de la promoción de las directivas de género anteriormente previstas. Se debe crear una unidad de género dentro de la Oficina Europea de Apoyo en materia de asilo, que sería vital para proporcionar un marco institucional que coordine temas específicos del género dentro del sistema más amplio de apoyo al asilo. Además, los Estados miembro deben adoptar, y la Comisión Europea debe fomentar, directrices en materia de asilo sensibles al género. En el marco de la cooperación práctica, el EWL aboga en pro de un grupo ad hoc de expertos en género de la UE que cree y fomente directrices en materia de asilo de la UE sensibles al género, con el objetivo de asistir a las autoridades que deciden el asilo en la interpretación de pedidos de asilo específicos al género.

Es necesario que se desarrollen datos y estudios desagregados por género para evaluar la situación de las migrantes dentro del sistema migratiorio. En el contexto del sistema de Dublín es particularmente urgente se realice un estudio sobre las disparidades que existen entre los Estados miembro relativas a la protección otorgada por persecución basada en el género y las formas que adopta esa protección.

Para asistir a este proceso, es importante que la información del país de origen (IPO) sea sensible al género: la IPO debe incluir información con respecto a la situación de las mujeres en los países de origen, tanto legal como de hecho.

Eliminar los principales obstáculos a la integración de las migrantes

En el seminario que realizó EWL en 2007, “Igualdad de derechos. Igualdad de voces. Mujeres inmigrantes en la Unión Europea”, las organizaciones de mujeres inmigrantes (que ahora trabajan juntas en el marco de la European Network of Migrant Women, de reciente creación) identificaron cinco ámbitos principales que son fundamentales para la integración de las mujeres inmigrantes, a saber: En primer lugar, una importante característica de las políticas de migración familiar es la dependencia del cónyuge y el derecho a mantener la dependencia del patrocinador. Sin embargo, esa dependencia se refuerza en los países donde se impide el acceso de los cónyuges al mercado de trabajo. Este es un obstáculo adicional para que las mujeres que experimentaron violencia doméstica realicen una denuncia formal y puede provocar ‘desperdicio de cerebros’, ya que las inmigrantes muy capacitadas permanecen desempleadas o en ocupaciones muy inferiores a su preparación.

Finalmente, debido a la naturaleza vinculada al género de la migración laboral, como hemos visto arriba, muchas inmigrantes están indocumentadas en Europa, carecen de acceso a derechos fundamentales y enfrentan barreras adicionales a la regularización debido a la naturaleza informal de su trabajo.

En segundo lugar, en los sectores de empleo y educación, la naturaleza vinculada al género de la migración laboral hace que muchas mujeres ingresen a los países europeos por regímenes de inmigración familiar o en sectores como el trabajo doméstico, y que trabajen muy por debajo de su capacidad. El proceso de reconocimiento de la capacitación de las personas nacidas en países fuera de la UE es un obstáculo importante para la integración laboral, así como la falta de estructuras de apoyo (como los cursos de idiomas y guarderías infantiles profesionales, de bajo costo y accesibles). También es necesario lidiar con numerosas discriminaciones en el lugar de trabajo.

En tercer término, en lo relativo a los derechos sexuales, de salud y reproductivos, las inmigrantes padecen un conocimiento limitado y falta de acceso a la educación en salud sexual. Esta situación se ve agravada por el hecho de que el personal que les brinda los servicios carece de la comprensión de las necesidades sanitarias y las características culturales específicas de las mujeres inmigrantes. También es necesario eliminar el acceso condicionado a la atención médica.

En cuarto lugar, las inmigrantes no son inmunes a la violencia. Con frecuencia estas experiencias se agravan porque no dominan el idioma, carecen de una familia extendida y desconocen el sistema de apoyos existente. Además, es posible que padezcan formas específicas de violencia, como la mutilación genital femenina o la violencia por honor. Al elaborar un enfoque específico para esta dinámica, es esencial no caer en la trampa de la estigmatización y eliminar obstáculos como el acceso condicional a los refugios según la situación jurídica.

Por último, el derecho al voto y al acceso a la ciudadanía europea son esenciales para asegurar la participación plena de los inmigrantes en la vida pública y política. Sin embargo, los inmigrantes padecen obstáculos adicionales en el usufructo de esos derechos, como la falta de información en diferentes idiomas sobre el sistema político del país anfitrión, y también la falta de modelos de mujeres inmigrantes o de programas de capacitación para las activistas inmigrantes.

Las mujeres inmigrantes padecen una especial subrepresentación en la vida pública y política.

Reformar el régimen inmigratorio europeo

El sistema inmigratorio europeo necesita ser reformado para volverse sensible al género y para abordar las inequidades de género. Esta reforma debe acompasar una serie de cambios relativos al estatus legal, el acceso a los servicios de salud y la capacidad para ejercer los derechos reproductivos de manera que garanticen la libertad frente a la violencia y la capacidad para ejercer el derecho a participar en la vida pública y política.

Situación jurídica:

• Otorgar automáticamente el estatuto independiente y el permiso de trabajo al cónyuge del principal titular del estatuto jurídico en la primera oportunidad posible para garantizar plenamente y proteger sus derechos y facilitar su integración social.

• La ley del país de residencia debe aplicarse en lo que refiere al estatuto personal.

• Las mujeres inmigrantes indocumentadas deben tener pleno acceso a sus derechos fundamentales básicos y es necesario crear canales de regularización sensibles al género.

• Todas las mujeres inmigrantes, sin importar su situación, deben tener acceso a cursos de idiomas profesionales, de bajo costo y accesibles, y a servicios de cuidados para todos sus dependientes (niños, personas ancianas y discapacitadas).

• Reconocer la capacitación adquirida en el exterior y asegurar el acceso al aprendizaje durante toda la vida.

Derechos sexuales, de salud y reproductivos:

• Las mujeres inmigrantes, más allá de su situación jurídica, deben tener acceso a fondos públicos que aseguren servicios de salud seguros, igualitarios y sensibles a su cultura.

• Es necesario desarrollar herramientas educativas sobre la salud de las mujeres inmigrantes destinadas al personal que brinda los servicios.

Violencia contra las mujeres inmigrantes:

• Garantizar a todas las mujeres inmigrantes, más allá de su situación jurídica, acceso a servicios designados y refugios para víctimas de violencia doméstica y sexual, y continuar desarrollando la infraestructura existente, de ser necesario.

• Los organismos públicos deben contar con la participación de expertos de las comunidades inmigrantes y el personal que brinda los servicios debe ser capacitado.

• Es necesario implementar legislación específica que garantice que las mujeres inmigrantes que sufrieron abusos no sigan dependiendo legal y económicamente de quienes perpetraron esa violencia.

Participación en la vida pública y política:

• Deben existir trámites claros, sencillos y sensibles al género para adquirir una situación jurídica permanente y derechos de ciudadanía.

• Las ONG de mujeres inmigrantes deben contar con fondos disponibles que les permitan capacitar a las activistas inmigrantes.

El fracaso de la Unión Europea en la integración de una perspectiva de género en las políticas inmigratorias

A pesar del requisito del tratado de la Comunidad Europea sobre la necesidad de que esta “elimine las desigualdades y fomente la igualdad entre las mujeres y los hombres en todas sus actividades” 5 (o sea, la integración de la perspectiva de género), en la práctica la mayoría de los Estados miembros y la Unión Europea no han integrado la perspectiva de género a sus políticas de inmigración, integración y asilo. No obstante, hubo un aumento en el reconocimiento de la necesidad de integrar la perspectiva de género en recientes documentos políticos, pero cómo se habrá de llevar a cabo sigue sin definirse y es uno de los principales desafíos.

Hace falta abordar con urgencia el sesgo de género de las políticas vigentes, y se podrían aprender lecciones del ejemplo canadiense, en el cual se instituyó un análisis basado en el género de los programas de inmigración, asentamiento e integración. También es importante que la sociedad civil desempeñe un papel clave en el respaldo a la aplicación de esos compromisos. Las consultas y la financiación son esenciales en este sentido. Las organizaciones de mujeres inmigrantes deben ser incluidas en los órganos consultivos y en la formulación de las evaluaciones de investigación e impacto en los planos local, nacional, europeo e internacional. Esto no será posible sin que se financien las organizaciones de mujeres inmigrantes y las organizaciones que apoyan a las mujeres inmigrantes, así como las políticas a favor de la igualdad de género, sociales y antidiscriminatorias.

Esto es más importante aun en épocas de crisis económica, ya que esta pone en riesgo los avances en los derechos de la mujer.

Finalmente, es fundamental señalar que la reformulación de las políticas de inmigración, integración y asilo desde la perspectiva de género es un paso esencial para asegurar políticas que sean justas para el género, pero a esto hay que acompañarlo de la reformulación de todas las políticas desde un enfoque de derechos de la mujer, para asegurar un marco coherente de políticas de Estado. Como lo señalara Jean-Michel Baer, de la Comisión Europea, “las iniciativas en materia de políticas de migración, mercado laboral o educación sólo tendrán un éxito limitado en eliminar las barreras a la inclusión y el crecimiento económico si no se articulan con políticas que aborden desigualdades socioeconómicas más amplias” (CE, 2009). Eso implica tomar en cuenta el impacto sobre el género y los derechos fundamentales que tienen las políticas sociales y económicas en la Unión Europea, y también el impacto que ejercen las políticas de relaciones exteriores, desarrollo y comercio.

* Publicado originalmente en European Social Watch Report 2009, Migrants in Europe as Development actors: Between hope and vulnerability.

Un análisis de la región africana

Un análisis de la región africana

En los últimos 15 años desde que se adoptó la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) el avance en la situación de las mujeres en la región ha sido, en general, lamentablemente lento, con una brecha enorme y persistente entre los compromisos y la acción real. El estado de inseguridad, los conflictos persistentes, combinados con otros factores como la crisis alimentaria, energética y la crisis económica y financiera mundial, operan en contra del ritmo del progreso. Sin embargo, la creación de la entidad de igualdad de género en las Naciones Unidas es vista con nueva esperanza, ya que promete trabajar de cerca con los estados y la sociedad civil africana para centralizar la agenda de Beijing.

La hora de la economía de género / 27 Hasta la fecha, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) – que es el instrumento internacional de derechos de la mujer – había sido ratificada por 51 países africanos. Somalia y Sudán aún no lo han hecho 1. En el lapso transcurrido de 2000 a 2009 se implementaron leyes y disposiciones constitucionales sensibles al género en varios países africanos, como Sudáfrica y Uganda. Se produjeron fallos judiciales que citaron las disposiciones de la CEDAW a nivel nacional en países como Botswana, por ejemplo. Muchos gobiernos africanos desarrollaron políticas nacionales de género y planes de acción, incluyendo Uganda, Zambia, Tanzania, Nigeria y Ghana 2.

El Protocolo Africano de Derechos de las Mujeres 3 entró en vigor en 2005, dos años después de su adopción, lo cual es una hazaña histórica en comparación con otros protocolos e instrumentos de derechos humanos adoptados por la Unión Africana (UA). El Protocolo influyó en la modificación de la legislación de varios países y se produjeron fallos judiciales que responsabilizan al estado como el principal encargado de la protección y el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Un tribunal de Zambia tuvo un fallo histórico en 2008 a favor de una niña que fue sexualmente humillada por su maestro de escuela.

Hay además entusiasmo por la resolución de la cumbre de la UA en enero de 2009, declarando el período de 2010 a 2020 como la ‘década de las mujeres en África’.

Equidad de género: avances en el papel, no tanto en los hechos

Sin embargo, es importante señalar que las mujeres africanas manifestaron su desilusión a los gobernantes de África porque estos demuestran gran rapidez a la hora de firmar instrumentos de derechos humanos y respaldar distintas políticas en el plano internacional y regional, pero suma lentitud al cumplir con sus compromisos.

Las ONG de mujeres en África se reunieron en noviembre de 2009 en Gambia en la Conferencia Regional Africana sobre Beijing +15. Norah Matovu Wing, Directora Ejecutiva de The African Women’s Development and Communication Network (FEMNET), dijo “El cambio alcanzado en el estatus político, social y económico y la situación de las mujeres africanas no se puede negar. Sin embargo, la preocupación radica en que quienes gozan de estos beneficios siguen siendo una minoría 4.”

El Informe Paralelo de ONGs de África para Beijing +15 concluyó que “los numerosos pasos prácticos dados en los últimos cinco años son, sin embargo, una gota en el océano cuando se evalúan ante las muchas promesas hechas por los gobiernos africanos sobre el tema fundamental de la conquista de la igualdad de género, la equidad y el empoderamiento de las mujeres.

En definitiva, los líderes africanos están lejos de cumplir las expectativas de las mujeres africanas 5.”

En cuanto a su participación política, las mujeres aún no alcanzaron la cuota mínima de 30% de representación femenina en cargos de liderazgo y toma de decisión que propone la Plataforma de Acción de Beijing.

La cantidad de legisladoras en África subsahariana ascendía a 18,6% y a menos de 10% en África del Norte en junio de 2009 6.

La mortalidad materna en la región sigue siendo inaceptablemente elevada, los servicios sanitarios de calidad son escasos, y existe un problema generalizado de acceso a los medicamentos, a la medicación gratuita y los servicios de información sobre planificación familiar.

Se experimentaron problemas en la respuesta a la pandemia de VIH/SIDA, que redunda en discriminación y violación de los derechos de las mujeres, especialmente en relación con el derecho a la herencia.

Las estrategias actuales de atención al VIH/SIDA no abordan ni reducen la doble carga de las mujeres, que cuidan a sus familiares enfermos mientras buscan la forma de incrementar su contribución a los ingresos del hogar. “El lento proceso de integrar la planificación familiar con los servicios de VIH en la mayoría de los países sigue provocando la muerte evitable de muchas mujeres y la pérdida de millones de dólares que podrían ahorrarse si existiera la voluntad política para abordar esa brecha”7.

En cierto nivel, las políticas de Estado ya reflejan algunos elementos de un marco de “igualdad de género”, pero en general, no llegan a abordar plenamente los temas del empoderamiento de las mujeres y, en particular, sus derechos de salud sexual y reproductiva.

La crisis económica global y las consecuencias para la igualdad de género en África

La crisis económica y financiera mundial ha llegado a África por diversas vías de transmisión. Se prevé que las consecuencias de la crisis sobre el sector financiero se experimenten en las bolsas de valores, los sectores bancarios y en la reducción de la inversión extranjera directa (IED), mientras el impacto en la economía real se experimentará en la reducción de las remesas, el comercio exterior, el turismo y la ayuda 8.

Los países donantes han revisado sus prioridades para dedicarse más a rescatar sus propias instituciones financieras y principales empresas través de paquetes de estímulo financiero. Las primeras personas en perder sus empleos en el sector formal en África han sido las de los niveles más bajos, y la mayoría de ellas son mujeres.

Por lo general, son los sectores de supervivencia de la economía informal que crecen en épocas de crisis y es en estos espacios donde predominan las mujeres.

Desde la economía feminista se ha señalado reiteradas veces que los impactos de género de la crisis mundial surgen en un contexto político y económico que afecta la carga horaria de las mujeres y las obliga a absorber aun más tareas de cuidado en la medida en que los servicios públicos o privados se hacen menos accesibles.

Este contexto incluye, además, tasas de desempleo más altas, o mujeres cada vez más marginadas hacia el sector informal, o el empeoramiento de las condiciones de trabajo 9.

Las estrategias que adoptaron la mayoría de los países africanos en reacción a la crisis financiera y económica mundial no atienden las necesidades de las mujeres, que ya están sobrecargadas por la economía de los cuidados.

En cuanto a la crisis alimentaria – que precedió a la crisis financiera – se reconoce que es consecuencia de largos años de negligencia de la agricultura dedicada a los alimentos. Zo Randriamaro de la organización Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), señala que “en lo que respecta a la región africana, el hambre y las hambrunas han estado rondando por mucho tiempo y, sin embargo, nadie las calificó de crisis”10.

La crisis alimentaria no ocurrió en el vacío, sino en un sistema alimentario que tiene que ver con las relaciones de poder entre numerosos actores con diferentes intereses y diverso poder político y económico: pequeños agricultores y familias; gobiernos y empresas internacionales, así como normativas de comercio mundial e instituciones financieras isntitucionales. “Las mujeres representan un 70% de la producción de alimentos en África, pero todos estos problemas con las políticas agrícolas suceden a costa de los derechos de las mujeres”11, dice Randriamaro. Por ejemplo, los recolectores, procesadores y comerciantes de nueces de karité de África occidental son en su mayoría mujeres, y de los sectores más pobres de sus comunidades. La drástica reducción en el precio de la nuez de karité en el mercado internacional se hace sentir en África occidental. El descenso de los precios en Ghana se calcula entre 50% y 75%, y las mujeres observaron la ausencia de empresas que compren nueces de karité en sus comunidades 12.

Las mujeres aún permanecen en gran medida invisibles en la economía formal, el trabajo femenino no remunerado sigue sin reconocerse y en aumento ya que se ven obligadas a cargar con el impacto socioeconómico de las políticas macroeconómicas. La situación de las mujeres pobres del medio rural y urbano no ha cambiado o empeoró en muchos países africanos, a pesar de todas las políticas y recursos invertidos en los procesos de cambio en los últimos 15 años 13.

Además, instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen recomendando recortes al gasto estatal en servicios sociales esenciales como la educación y la salud como condición para acceder a préstamos blandos en estas épocas de dificultades.

Es probable que estos recortes repercutan en los avances de las mujeres en materia de desarrollo social. Además, los programas de seguridad, como los programas de transferencia monetaria y de alimentos, las obras públicas, el seguro médico y la educación básica gratuita – aunque son más necesarios que nunca – serán sometidos a recortes si se aplica la reducción prevista de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD)14.

Los ministros de economía africanos solicitaron la moratoria del servicio de la deuda y la eliminación de las condiciones sobre la ayuda que impiden la adopción de soluciones innovadoras para la crisis. “Este llamado es importante porque las IFIs (Instituciones Financieras Internacionales) y los donantes bilaterales han utilizado tradicionalmente la deuda y la ayuda para imponer políticas impopulares en África. El espacio político prometido a los africanos mientras Europa y Estados Unidos se concentran en la crisis financiera internacional está desapareciendo rápidamente. Los gobiernos de Ghana, Nigeria y Burkina Faso, entre otros, aplican políticas y medidas de austeridad para reducir el gasto estatal bajo la tutela de un FMI que resurge como médico en jefe de los países que padecen las consecuencias de la crisis. Esto es paradójico, dado que las discusiones en las capitales del Norte tienen que ver con los planes de estímulo y los rescates astronómicos de empresas acompañados de medidas para amortiguar a las familias damnificadas” 15. No obstante esta paradoja, las organizaciones de mujeres en la región expresaron renovadas esperanzas en la recientemente creada entidad de igualdad de género en la Organización de las Naciones Unidas, y esperan que la misma trabaje de cerca con los estados y la sociedad civil africana, en particular con las mujeres, para centralizar la agenda de Beijing por la igualdad, la paz y el desarrollo 16.

Referencias:

Norah Matovu Winyi, “The Beijing Platform for Action: What has it delivered to African women?”, Pambazuka Issue 458 (2009-11-18), <www.pambazuka.org/en/category/ features/60350 >, (accedido el 17 de enero de 2010) Informe Paralelo de ONG de África sobre Beijing + 15, <www.femnet.or.ke/news.asp?ProgrammeID=1>
Dzodzi Tsikata, “The Global Financial Crisis and Women in West Africa: Developing Impacts and the Implications of Policy Responses”, documento informativo 6 de “The crisis’ impact on women’s rights”, Association for Women’s Rights in Development (AWID), <www.awid.org/eng/content/download/62887/701015/ file/BRIEF%206%20Western%20Africa%20Final.pdf>
Zo Randriamaro, “Food Crisis and Sovereignty in Sub-Saharan Africa”, Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN). <www.dawnnet.org/uploads/documents/ PAPER_YVONNE_Environmental%20Education%20and%20 Gender%20Justice_PEAS.pdf>.
Ackah, C.G. Bortei-Dorku Aryeetey, E. y Aryeetey, E. (2009); Global Financial Crisis Discussion Series, Paper 5: Ghana, Overseas Development Institute (ODI), Londres.

Sitios web:

FEMNET <www.femnet.or.ke>.
DAWN <www.dawnnet.org>.
AWID <www.awid.org>.
AFRICAN UNION <www.africa-union.org>.
CEDAW <www.un.org/womenwatch/daw/cedaw>.