Nula reducción de la pobreza; violaciones a los derechos humanos en aumento

A comienzos de 2008 se hizo evidente que las políticas económicas de los últimos 30 años privaron a los ciudadanos de bajos ingresos de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la alimentación digna. Estas políticas, concebidas para exacerbar las disparidades en el ingreso como medio de fomentar el crecimiento, fueron aplicadas bajo la orientación y la presión de las instituciones financieras internacionales. Su aplicación ha contribuido a la violación generalizada de los derechos humanos. En la actualidad, la supervivencia misma de casi la mitad de la población del país está en riesgo

Las violaciones más visibles y discutidas de los derechos humanos y democráticos son las desapariciones y asesinatos, acompañados de la supresión de los medios de comunicación y los comunicadores, varios de ellos asesinados y desaparecidos. Estas violaciones recrudecieron considerablemente, en particular con la escalada de la guerra en el norte desde que el Gobierno decidiera romper el cese al fuego.

Además de estas manifiestas contravenciones a los derechos civiles, los sucesivos gobiernos de las últimas tres décadas aplicaron políticas económicas que violaron otros derechos básicos. Con anterioridad a 1977, Sri Lanka había adoptado un modelo económico que puso énfasis en la seguridad social, mantuvo al mínimo las desigualdades en el ingreso y brindó apoyo a los pequeños agricultores que producían alimentos para el mercado nacional. En contraste, en los últimos 30 años el país ha aplicado políticas económicas decididas por las grandes empresas, una pequeña elite enriquecida y altos asesores gubernamentales que fueron designados con la aprobación de las instituciones financieras internacionales y demás fuentes de ayuda externa. Su “modelo de crecimiento orientado a la exportación” ha sido la base de presupuestos, tratados de comercio, distribución de fondos para el desarrollo de infraestructura, concesiones fiscales a inversores extranjeros y nacionales, la privatización del comercio nacional e internacional e incluso de servicios esenciales, como la salud y la educación, así como de créditos para proporcionar facilidades a los ricos. Mientras la seguridad social y los subsidios a los alimentos sufrieron recortes, los sueldos de ministros y legisladores aumentaron de manera constante, con el fin de obtener su apoyo a los planes y decisiones que benefician a los inversores extranjeros y la elite nacional. Aunque el país asegura ser una democracia, una vez que el Gobierno ha sido elegido los ciudadanos más pobres no tienen voz en sus planes y decisiones económicas.

Una población desnutrida

La inflación en los precios de los alimentos supera en la actualidad el 60%. El cingalés promedio come poco, menos de 100 kg de arroz al año; la familia promedio necesita aproximadamente 40 kg al mes. Adquirir el arroz le cuesta a una familia tipo LKR 2.400 (USD 22,35) al mes, mientras 2.1 millones de familias perciben menos de LKR 1.500 (USD 14) por mes, según datos oficiales. Incluso si sus ingresos fueran el doble, luego de haberse contabilizado posibles ingresos no registrados, tampoco podrían comprar el arroz suficiente para satisfacer sus necesidades ni mucho menos para adquirir cualquier otra cosa. El costo de los demás alimentos básicos también se ha disparado en los últimos meses. El precio del pan y de la harina de trigo se disparó a LKR 40/libra y LKR 75/kg respectivamente, lo cual provocó una caída en el consumo de 60% en todo el país y de 90% en el medio rural. Hasta el momento, el Gobierno se muestra muy conforme con esta “reducción del consumo”, ya que también disminuyen sus gastos en importación de alimentos. A medida que el arroz se vuelve inaccesible, la ingesta alimentaria entre los más pobres se reduce hasta por debajo del mínimo necesario para sobrevivir. Incluso ahora, sólo la mitad de los 20 millones de habitantes consume el requisito diario mínimo de 2.030 kilocalorías. En el informe Indicadores de pobreza – Encuesta de ingresos y gastos del hogar 2006/07, publicado en marzo de 2008, el Departamento de Censos y Estadísticas estatal informó que “una persona pobre promedio en Sri Lanka recibe sólo 1.696 kilocalorías por día mientras una que no es pobre recibe 2.194 kilocalorías”. [1]

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) señala que las mayores tasas de desnutrición se encuentran en el norte y el este, así como en partes de la zona árida hacia el centro del país. “Estas zonas son algunas de las más pobres de la isla, con tasas muy altas de desnutrición, bajos niveles educativos y escaso saneamiento, todo lo cual contribuye con la desnutrición”, declaró Jean-Yves Lequime, director interino del PMA en Sri Lanka. La población pobre rural necesita consumir mayor número de calorías que la persona promedio, y la mayoría consume menos. “Especialmente en las zonas agrícolas, realizan trabajos pesados, por lo cual necesitan más calorías”, explicó Gordon Weiss, director de comunicaciones de UNICEF en Colombo, la capital de Sri Lanka. “La mayoría de las zonas agrícolas se consideran zonas pobres”.

Nutrición infantil

“Sri Lanka posee una tasa considerablemente más alta de bajo peso infantil de lo que sería esperable sobre la base de su PBI per cápita [anual de USD 1.599],” según Lequime. “Efectivamente, la tasa podría ser tres veces superior a lo esperado de un país con el nivel de mortalidad infantil de Sri Lanka”. La mortalidad infantil podría crecer drásticamente en poco tiempo: 14% de los niños y niñas menores de cinco años exhibe insuficiencia ponderal aguda y crónica, mientras 29% está por debajo de su peso, según UNICEF. El vertiginoso aumento de los precios de los alimentos ocurrido el año pasado augura cifras mucho peores en los próximos meses.

Las remesas y la semiesclavitud

Las principales fuentes de ingresos externos son las remesas de los trabajadores que emigraron a países de Medio Oriente en busca de empleo y a ofrecer su mano de obra barata en fábricas de exportación de textiles. Los gobiernos recientes han permitido e incluso fomentado la cruda explotación de estos trabajadores, a la vez que pasan por alto la inseguridad y la degradación de las condiciones de trabajo y de vida que deben soportar. Asimismo, cerca de un millón de trabajadores rurales trabajan en condiciones cercanas a la esclavitud, que la economía de plantación requiere para mantener sus ganancias y competitividad en el mercado internacional. A pesar de la ardua lucha de los trabajadores y las trabajadoras de las plantaciones, sus salarios diarios equivalen a LKR 200 (USD 1,86). Más de la mitad son mujeres.

Fracaso económico, revueltas y guerra

El fracaso del modelo de crecimiento arrastra al país a un abismo económico. Definitivamente ninguna de las promesas de reducción de la pobreza a través del método del “goteo” se cumplió en los últimos 25 años. Por el contrario, las desigualdades económicas y sociales aumentaron. El colapso de la agricultura rural – como consecuencia directa del cese de las políticas estatales de apoyo – exacerbó la deuda de los agricultores enormemente, lo cual llevó a muchos al suicidio.

Los gobiernos recurrieron a la represión extrema para hacer cumplir estas políticas económicas en sus primeros 17 años de aplicación. La oposición y la resistencia fueron reprimidos y los sindicatos aplastados. Los partidos políticos que criticaron estas políticas fueron prohibidos. La victimización política de quienes discrepaban se convirtió en práctica común. Los programas oficiales de reducción de la pobreza se emplearon para forzar el respaldo político. Estos programas, como los movimientos Janasaviya y Samurdhi, otorgaron pequeñas ayudas financieras a las familias con ingresos inferiores a USD 0,50 al día. Para poder acceder a ese subsidio, las familias debían someterse a las decisiones del partido en el poder, difundir su propaganda política y participar en sus campañas electorales. En los hechos, estos programas borraron la libertad política de 2,1 millones de familias, aproximadamente la mitad de la población.

Con estas condiciones, la juventud rural encuentra cada vez más dificultades para ganarse la vida en la agricultura u otros medios de subsistencia rural. Muchos respondieron redoblando sus esfuerzos para educarse y encontrar empleo en otras partes. Sin embargo, las oportunidades fuera de la economía rural no tuvieron la expansión necesaria para poder absorberlos. Una consecuencia de su frustración ha sido una serie de revueltas armadas, que comenzó en 1971.

La escasez de oportunidades para la educación o el empleo en las industrias o los servicios también fue la base de la revuelta juvenil del norte. Los participantes se consideraban víctimas de discriminación étnica y exigían un estado separado. Este conflicto se extendió hasta convertirse en una guerra en el norte y el este que duró casi 30 años, provocó más de 60 mil muertes y desplazó a más de 1.5 millones de refugiados.

Dejando de lado la evidencia que indicaba que sus políticas económicas neoliberales provocaban conflictos generalizados, el Gobierno continuó aplicándolas. Esto contribuyó con otra revuelta armada, liderada por jóvenes en el resto del país (las zonas sureñas de la mayoría sinhala) entre 1987 y 1990. Su intento por conquistar el poder del Estado e instalar un sistema económico y político distinto causó 60 mil muertes en dos años.

El Gobierno utilizó la guerra y su compromiso declarado para derrotar al terrorismo por la vía militar para obtener el poder y mantenerse en él, a la vez que aplica políticas económicas que son devastadoras para los sectores más pobres de la sociedad. Utiliza el militarismo para conseguir el mayor respaldo posible de partidos y organizaciones, incluso de aquellos que adhieren a ideologías chauvinistas. A través de la manipulación del temor y la inseguridad reales que existen, principalmente en las zonas de la mayoría sinhala, e inspirado por la guerra y los atentados de los Tigres Tamiles contra los civiles, el Gobierno ha logrado superar su pérdida de popularidad y justificar sus violaciones y limitaciones de los derechos, a pesar de la tremenda carga económica que sus políticas infligen a la mayoría de la población. [2]

Un gobierno que adopte políticas económicas favorables a su población estará en una posición más fuerte para convencer al pueblo de Sri Lanka que el acuerdo negociado de la guerra y el conflicto étnico es la mejor vía hacia la paz y la prosperidad.

Contradiciendo la voluntad del pueblo

La completa pérdida de derechos humanos, entre ellos el derecho a la alimentación y a un medio de vida digno, fue el resultado directo de políticas públicas impulsadas por la enriquecida elite nacional, las instituciones financieras internacionales y las potencias económicas mundiales – los llamados donantes – y aplicadas a pesar de los deseos reiterados públicamente por la mayoría de la población del país por un modelo económico diferente, más humanitario.

Esto se torna evidente cuando observamos las promesas que realizaron los partidos políticos durante las elecciones y que no cumplieron al ocupar sus cargos. Tanto Chandrika Bandaranayake como Mahinda Rajapakse, en sus campañas presidenciales de 1994­ y 2005, respectivamente, prometieron detener las privatizaciones y demás políticas exigidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, una vez en el poder violaron flagrantemente sus promesas electorales y adoptaron las mismas políticas que habían denunciado, intentando privatizar el agua, la educación y la salud, y destinando incluso más dinero a las inversiones en infraestructura concebidas para que el país fuera más atractivo a las inversiones extranjeras.

En su campaña electoral Chandrika denunció como “políticas asesinas” las leyes de propiedad de la tierra propuestas por el Banco Mundial para facilitar un “mercado libre de tierras”. Estaba justificada. Las reformas propuestas para la estructura de la propiedad de la tierra preveían una transformación rural que dejaría al 20% de la población total sin tierra y desamparada, obligándola a migrar a zonas rurales. Luego de asumir la presidencia, Chandrika intentó aplicar esas mismas políticas. El Gobierno actual está por implementar un programa similar, Bim Saviya (Fuerza de la Tierra), que otorgaría títulos comercializables sobre terrenos a 1.2 millones de familias.

Además, el Gobierno incrementó masivamente la de por sí enorme carga de la deuda externa al destinar LKR 389 mil millones (USD 3.600 millones) de dinero prestado a construir infraestructura, mientras el propio Banco Mundial ha declarado que ya no aprueba este tipo de créditos.

Impedir que la gente utilice su creatividad para superar el hambre y la pobreza con el fin de conformar a las potencias económicas mundiales que buscan extraer el mayor lucro posible es una violación de derechos: la peor de todas, ya que está vinculada a la violación de otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la seguridad social, el derecho a la sindicalización y el derecho a vivir con seguridad. Sri Lanka tendría un potencial enorme si adoptara una estrategia favorable a la gente y al medio ambiente para reducir el hambre, la pobreza y las desigualdades sociales. Este potencial es ignorado en la actualidad, junto con los esfuerzos populares por convertirlo en realidad.