En el flanco borrado de los Alpes

Aunque por lo general se respetan los derechos políticos, se violan otros fundamentales de forma sistemática. La desigualdad de ingresos crece a medida que se extiende la pobreza entre los grupos demográficos más vulnerables – los ancianos y los jóvenes, sobre todo los niños. Persiste la discriminación de empleo contra la comunidad romaní. Se manipulan y suprimen datos estadísticos y otras pruebas que documentan estos problemas. Aunque la Constitución prohíbe la instigación a la violencia étnica, la retórica del odio está apareciendo en medios y blogs y no se han tomado medidas para suprimirla

El departamento de estadística [1] del Gobierno ha calculado que, en 2004, alrededor de 12% de la población sobrevivía por debajo del umbral de pobreza relativa, fijado en EUR 5.278 (USD 7.900) (sin transferencias sociales ni ingresos familiares, la tasa de la pobreza habría aumentado al 25%). Los datos también revelan enormes diferencias demográficas: las tasas de la pobreza eran peores entre desempleados (25%), mujeres jubiladas (21%) y otras personas económicamente inactivas; incluso los trabajadores autónomos presentaban tasas sorprendentemente elevadas (13%). Solo un año después, las cifras habían aumentado bruscamente – al 33% entre desempleados, 25% entre mujeres jubiladas y 18% entre trabajadores autónomos. El Gobierno no ha publicado datos más recientes.

Los datos de 2005 revelan que la pobreza entre ancianos y niños había crecido durante la década anterior. En familias con niños en las que ambos padres estaban desempleados, en 2004 la tasa había subido a 54% y a 59% en 2005; aun entre parejas desempleadas sin niños, era de 31%.

Las ONG que trabajan con grupos marginalizados y el Defensor del Pueblo (Ombudsman) para los derechos humanos han censurado la discriminación social, que resulta en niveles elevados de pobreza y carencia de vivienda entre ancianos, enfermos, romaníes, madres con niños pequeños y otros grupos sociales con pocos recursos.

La reforma tributaria y la inflación

En 2005-2006 el Gobierno introdujo una serie de reformas para simplificar el sistema tributario y fomentar el crecimiento económico. Luego de muchas deliberaciones y debates públicos, se redujeron las categorías del impuesto sobre la renta de cinco franjas (de 16% a 50%), a tres (de 16% a 41%). Algunos de los principales economistas del país advirtieron que la reforma era demasiado restringida y podría acelerar la inflación. Tenían razón. Los precios se dispararon un 6,4% entre febrero de 2007 y febrero de 2008, mientras que durante los 12 meses anteriores habían subido un 2,4%. Los precios de la energía y alimentos básicos (productos lácteos, harina, aceite y frutas frescas) se incrementaron entre 25% y 30%. Aunque la reforma tributaria no fue el único motivo, el aumento general del período fue el más severo desde que Eslovenia comenzó a adherir a los criterios de Maastricht. La suba vertiginosa del costo de los artículos de primera necesidad socavó el derecho fundamental de las personas económicamente vulnerables de tener acceso a alimentos sanos y nutritivos.

Desempleo y derechos de los trabajadores

Aunque el Gobierno ha provisto subsidios para que los empleadores contraten a desempleados de larga data (290 subsidios, un total de EUR 1,6 millones [USD 2,4 millones], durante el período 2007-2008 [2] ), estos incentivos son claramente insuficientes y no atienden los motivos primordiales del desempleo prolongado. El Gobierno ya ha aumentado la edad de retiro a 62 años para las mujeres y 65 para los hombres y es probable que la suba aún más; sin embargo, esto no resolverá serios problemas como el de la población envejecida o el desempleo juvenil. Incluso, muchos de quienes tienen empleo manifiestan disgusto. Durante los últimos dos años han proliferado los conflictos con empleadores privados y con el Gobierno, que derivaron en manifestaciones masivas de trabajadores en noviembre de 2005 y 2007. Más huelgas se previenen para 2008.

Supresión de estadísticas de desempleo

En 2006-2007 las estadísticas oficiales mostraron un brusca caída del desempleo, de 91.889 (10,2% de la población trabajadora) en 2005 a 85.836 (8,6%) y sólo 72.573 (7,7%) en mayo de 2007 [3] . Sin embargo, esta disminución de las estadísticas refleja un aumento de la cantidad de personas eliminadas de los registros, como lo demuestra Urša Marn [4] . Un total de 22.617 personas fueron suprimidas en 2005 y 29.717 en 2006 – un aumento de casi el 30% en un solo año. En total, en los dos años se eliminó a 33.849 personas por incumplimiento de obligaciones (18.811 sólo en 2006), 73% por no presentarse y 11% por rechazar trabajo – por lo general por estar por debajo de su nivel de formación.

La eliminación de cientos de miles de personas de los registros de desempleo ha incrementado la pobreza y los problemas relacionados; muchos de estos trabajadores y sus familias habían dependido, en gran medida, del apoyo social proporcionado por la oficina de colocación laboral.

Inmigrantes

Amenazar a personas sin ciudadanía con retirarles el permiso de residencia si rechazan empleos muy por debajo de su formación constituye una ofensa a la dignidad del individuo. La situación irresuelta de personas sin ciudadanía que han sido suprimidas del registro de residentes permanentes de Eslovenia hace 16 años (los llamados “borrados”) sigue consistiendo una violación fundamental de los derechos humanos. Por lo menos 18.305 habitantes perdieron su condición legal en febrero de 1992; alrededor de mil permanecen en el limbo jurídico, sin condición legal alguna. Otros han obtenido la ciudadanía o han logrado regularizar su situación de alguna forma, generalmente por medio de un permiso de residencia.

Los “borrados” eran principalmente personas de otras repúblicas de ex Yugoslavia (la mayoría no eslovenos, o de etnicidad mixta, incluyendo a muchos miembros de comunidades romaníes), que habían estado viviendo en Eslovenia y no habían solicitado ciudadanía, o se les había rechazado, después de que el país declarara su independencia. En consecuencia, se convirtieron en extranjeros de facto o apátridas que residían en Eslovenia en forma ilegal y que, además, perdieron empleo, vivienda, seguridad social, etc. En algunos casos, el “borrado” fue seguido de la destrucción física de los documentos de identidad y otros, que pertenecían a los individuos en cuestión [5] . En julio de 2005 las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, si bien reconocían los esfuerzos realizados por Eslovenia con relación a este problema, expresaban su preocupación por la situación.

En 1999 el Tribunal Constitucional de Eslovenia resolvió que el “borrado”, resultado de carencias legislativas de la reglamentación de la situación legal transitoria de ciudadanos de otras repúblicas de la ex Yugoslavia, que habían sido residentes permanentes de Eslovenia, violaba el principio de igualdad. La situación legal de ciudadanos de las otras ex repúblicas yugoslavas era menos favorable que la de otros que, habiendo sido extranjeros antes de 1991, obtuvieron en forma automática el derecho a la residencia permanente en Eslovenia. Desde aquel fallo, no se ha aprobado ninguna ley para poner fin a la situación. Las personas afectadas por el “borrado” siguen sin tener acceso a otras formas de indemnización, ni de compensación. En su último informe [6] , el Defensor del Pueblo para los derechos humanos resaltó que debe respetarse la decisión del tribunal y que ya se debería haber resuelto el problema. El hecho de que el gobierno no lo haya hecho, en todo este tiempo, representa una severa carencia en cuanto al respeto a los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), sobre todo el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud y a la educación.

Romaníes

Los romaníes constituyen uno de los tres grupos étnicos mencionados en forma específica en la Constitución, en la que se prevé una ley especial para reglamentar los derechos especiales de esta minoría. Hasta el momento no se ha adoptado ninguna ley de esta naturaleza y los problemas específicos (por ejemplo, la educación) se dirimen por medio de leyes según las áreas temáticas. Dos casos relacionados con los romaníes son ejemplo de la discriminación e intolerancia que padecen en el sureste del país (Dolenjska). Durante el año lectivo 2004-2005, una escuela primaria de Dolenjska abrió una clase especial para niños romaníes, ante las protestas de padres no gitanos, aduciendo que el número de niños gitanos en la escuela era “demasiado elevado”. El segundo caso es el de la familia Strojan, que tuvo que abandonar su hogar en el pueblo de Ambrus cuando una muchedumbre de lugareños se los exigió, supuestamente porque no respetaban la ley. Para proteger sus vidas y evitar cualquier tipo de violencia, fueron trasladados, de la propiedad de la familia, a varias ubicaciones diferentes. Al final, se les otorgó una vivienda permanente en las afueras de Ljubliana, a cambio de su propiedad en Ambrus.

Retórica del odio

Durante una reunión con Louise Arbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Ljubliana en enero de 2008, varias ONG se refirieron a la retórica del odio que asoma en los medios eslovenos (por ejemplo, el caso de la familia Strojan, en el que cundieron los rumores y las suposiciones y faltaron las percepciones críticas) y en Internet (foros y canales de discusión o chats). La retórica del odio se dirige a grupos vulnerables, como homosexuales, romaníes, otras etnias no eslovenas (en su mayoría personas con antepasados de las antiguas repúblicas yugoslavas) y extranjeros, por nombrar unos pocos. Aunque la Constitución (artículo 63) prohíbe cualquier tipo de instigación a la intolerancia y discriminación, las medidas legales tomadas hasta el presente son pocas, o nulas [7] .

Solicitantes de asilo

Casi todos los 18.251 extranjeros que inmigraron a Eslovenia en 2006 procedían de Bosnia-Herzegovina y de Serbia y Montenegro. Si Eslovenia presenta una de las tasas de reconocimiento de refugiados más bajas de Europa (apenas un solicitante de asilo fue reconocido como refugiado en 2006 y dos en 2007), la Ley para la Protección Internacional, aprobada en enero de 2008, ha dado lugar a serias preocupaciones con respecto a los derechos humanos. Aunque la legislación eslovena sobre asilo se rige por las políticas comunes de la Unión Europea, esta ley trastoca todas las directivas de la UE con respecto al asilo, principalmente en lo que se refiere al acceso restringido a los procedimientos de asilo, debido a los procedimientos acelerados y la posibilidad de llevarlos adelante sin una entrevista personal. Aún más, peligran los derechos humanos fundamentales de los inmigrantes debido a la posibilidad de detención extendida y la falta de asistencia legal gratuita en las primeras instancias del proceso. En algunas etapas de los nuevos procedimientos, las apelaciones no tienen efecto de suspensión; así, incluso antes de que su caso sea considerado, el solicitante de asilo podría ser devuelto a otro país en el que peligran su vida o su libertad. Además, la ley prevé la detención generalizada de solicitantes de asilo, sin exenciones para personas con necesidades especiales, tales como las familias con niños [8] .

Legislación para la salud mental

En la reunión con la Sra. Arbour, las ONG enfatizaron la necesidad de mejorar la legislación en el área de la salud mental (el tratamiento en instituciones psiquiátricas, la necesidad de implementar servicios psiquiátricos “móviles”, de cambiar el enfoque de “enfermedad” mental a “salud” mental). El informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2008 resaltaba el mismo problema. Aún se estigmatizan las enfermedades o desórdenes mentales y no se manejan bien, ni en cuanto al financiamiento de la asistencia médica ni en cuanto al suministro de medicamentos. También son los estratos más pobres los que pagan el precio más alto.

Ayuda oficial al desarrollo (AOD)

Según las estadísticas oficiales, la AOD de Eslovenia ascendió a EUR 35 millones (USD 52,5 millones) o 0,12% del PBI. El 60%, o EUR 21 millones (USD 31,5 millones) de AOD se canalizó a través de ayuda multilateral; EUR 14,8 millones (USD 22,2 millones) constituyeron la contribución al presupuesto de la UE. Se canalizaron alrededor de EUR 11 millones (USD 16,5 millones) a través de ayuda bilateral, 83% a las antiguas repúblicas yugoslavas y otros países de Europa del Este; Serbia recibió la mayor parte de la ayuda. Según el experto Robin Dewa, por lo menos 20% de la AOD no es ayuda de calidad, ya que se incluye en ella tareas administrativas, becas para estudiantes extranjeros en Eslovenia y prestaciones para solicitantes de asilo e inmigrantes. Aún más controvertida es la inclusión del costo del entrenamiento de tropas en Iraq y de los honorarios de membresía de organizaciones como la OCDE. La cifra real de la AOD eslovena es mucho más baja que la oficial [9] .