A menudo, a los derechos humanos se los da por sentado. La legislación, por sí sola, no los garantiza; se vuelve fundamental una implementación eficaz de la legislación e iniciativas institucionales. El país ha progresado en áreas como inmigración, educación y derechos de la mujer; sin embargo debe fortalecerse el proceso de armonización con la UE. Hasta el momento, la implementación de leyes antidiscriminatorias y de nuevas políticas adoptadas para atender las necesidades sociales de los inmigrantes ha sido mínima. Tanto los procedimientos como el proceso de implementación deben ser más eficaces
En 1991 el Gobierno creó el cargo de Comisionado para la Administración (Ombudsman o Defensor del Pueblo) y le encomendó monitorear y mejorar las leyes de derechos humanos. La legislación posterior estableció un marco legal con el fin de asegurar el trato igualitario y el respeto por la diversidad. Varias ONG han desempeñado un papel significativo en cuanto a monitorear e informar acerca de la situación de los derechos humanos.
El ingreso a la Unión Europea (UE) el 1º de mayo de 2004 hizo necesario que se efectuaran muchos cambios en el sistema legal y legislativo, sobre todo para cumplir con los criterios de afiliación establecidos por el Consejo Europeo. Sin embargo, pertenecer a la UE no eliminó un gran obstáculo a los derechos humanos: la isla de Chipre ha estado dividida desde la invasión turca de 1974. La zona del sur, llamada República de Chipre, es reconocida internacionalmente como el único Estado legítimo de la isla, con soberanía sobre la totalidad de su territorio. Sin embargo, la zona norte permanece en forma ilegal bajo el dominio de Turquía. A pesar de que esta situación viola los derechos de todos los chipriotas, el enfoque de este informe se basará en asuntos relacionados con los derechos humanos dentro de la República de Chipre, en las áreas de educación, género y migración. Uno de los problemas más serios del norte de Chipre es que, en su condición de estado ilegal, no responde a ninguna de las numerosas autoridades legales, convenciones o entidades internacionales. Por lo tanto no existen datos oficiales con relación a los derechos humanos.
Migración
La migración, el asilo político y los refugiados son asuntos fundamentales que atañen a las políticas de la UE. El empleo ilegal es uno de los principales factores causales de la inmigración ilegal. Chipre depende de los trabajadores migratorios que provienen de diferentes países para compensar la falta de mano de obra en varios de los sectores económicos. En ciertos tipos de trabajo predominan diversos grupos nacionales. El Gobierno emite permisos de trabajo solo cuando los empleadores pueden probar que no hay disponibilidad de chipriotas; los permisos solo tienen validez para ese empleador específico. Las quejas elevadas a Ombudsman durante 2005 se enfocaban principalmente en temas vinculados a las condiciones laborales, el acceso a servicios y al trato igualitario.
La cantidad de inmigrantes legales ha aumentado a 130.000 (15% de la población); a ellos se les suma una cantidad estimada de 20.000 inmigrantes ilegales (CyStat, 2006). Estas cifras constituyen una afluencia masiva en un país con menos de un millón de habitantes. En 2006 la población aumentó 1,6% con respecto al año anterior, debido principalmente a una inmigración neta de 8.671 personas.
Según los informes de 2001 y 2006 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, 2006), los trabajadores migratorios no gozan de plenos derechos en Chipre. Las políticas con respecto a estos trabajadores están determinadas por legislación anticuada y decisiones ministeriales ad hoc, ambas formuladas sobre la premisa de que los inmigrantes solo permanecen en Chipre durante un tiempo limitado para cubrir necesidades laborales específicas.
El Informe Nacional sobre Estrategias para la Protección Social y la Inclusión Social de 2006-2008 no refleja las necesidades de los inmigrantes con respecto a la integración y la inclusión, Acción para la Igualdad, Apoyo y Anti-racismo (KISA, en griego). Los inmigrantes siguen teniendo que enfrentar la discriminación y violaciones a los derechos humanos, sobre todo en cuanto a empleo, vivienda, educación, salud y acceso a bienes y servicios. Es necesario implementar nuevas políticas para la inmigración y el asilo que atiendan las necesidades de integración, participación e inclusión social. También es fundamental contar con mejores políticas para el monitoreo y la gestión del empleo de personas provenientes de países del tercer mundo (Georgiou et al., 2006). Chipre debe adoptar leyes modernas para la migración que se adapten a la legislación y los estándares internacionales con respecto a los derechos humanos.
Problemas de género
Los derechos humanos – y los de la mujer en particular – se encuentran en una coyuntura crítica, según el Instituto Mediterráneo para Estudios de Género [1] (MIGS). A pesar de extensas reformas legislativas, siguen siendo formidables las barreras políticas, socioeconómicas y culturales al progreso de las mujeres. El MIGS señala que las políticas de migración ni están adecuadas a la perspectiva del género ni incluyen políticas específicas en este tema. Las trabajadoras migratorias son “más susceptibles a la explotación y a la discriminación doble o incluso triple, por causa de su género, su condición de migratorias y, en el caso de trabajadoras domésticas, el estatus de su empleo” (MIGS, 2006).
En un detallado informe acerca del tráfico de mujeres, el MIGS afirma que muchas “son victimizadas en el proceso de migración por múltiples razones vinculadas al género” y que el “problema del tráfico de mujeres para fines de explotación sexual abarca dimensiones excepcionales y extendidas” [2] . Se estima que todos los años ingresan 2.000 mujeres extranjeras a la isla, con visas de corto plazo de “artistas” o “entretenimiento”. El Gobierno carece de mecanismos para la identificación de las víctimas del tráfico, quedando éstas de hecho sin protección legal (MIGS, 2007b).
Las mujeres víctimas del tráfico pueden obtener permiso para cambiar de empleador, o de sector laboral, y se les coloca en asilos para ancianos. Sin embargo, las investigaciones que ha realizado el MIGS indican que “tales refugios acentúan la sensación de abandono, desesperanza e indefensión de las víctimas y es por ello que a menudo no quieren declarar en contra de los traficantes y empleadores”. La protección de sus derechos requiere una respuesta mucho más enérgica, que incluya campañas de educación pública basadas en los derechos humanos y principios de justicia social.
Educación para la justicia social
La mayoría concuerda con la idea de que mejorar las oportunidades para el aprendizaje y la vida de los estudiantes típicamente marginados es la preocupación fundamental de la educación en cuanto a justicia social (Cochran-Smith, 2004; Delpit, 1995). Tal vez la meta que acompaña a esta preocupación sea algo más polémica: empoderar a los estudiantes para que actúen como agentes de cambio en respuesta a las injusticias de la sociedad. Además de los desacuerdos en torno al significado básico de la justicia social en educación, entre los teóricos y los que la ponen en práctica, ambos adoptan diferentes metas, dominios, contenidos, auditorios y agentes para la enseñanza socialmente justa. Todos estos componentes se entrecruzan e influyen unos sobre otros. Para los fines de este informe, hemos adoptado la siguiente definición holística de justicia social en educación: es un esfuerzo para transformar las políticas educativas e introducir pedagogías que mejoren las oportunidades de aprendizaje y de vida de estudiantes típicamente desatendidos, que les proporcionen las herramientas y el empoderamiento para trabajar por sí mismos por una sociedad más justa. Esta definición compuesta incluye el desarrollo intrapersonal del docente, la pedagogía y las disposiciones que apoyan el acceso igualitario al aprendizaje para todos, un plan de estudios que empodere a todos los estudiantes para que se conviertan ellos mismos en agentes de justicia social, además de docentes activistas comprometidos con desafiar y transformar las estructuras y políticas no equitativas de la educación y la sociedad. Este concepto tiene especial importancia en un país como Chipre, que se está volviendo cada vez más multicultural y diverso.
La cantidad de niños inmigrantes que se inscriben en las escuelas públicas ha aumentado en forma sorprendente. Según el Informe Anual sobre la Educación de 2006, publicado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la lengua materna de 6,7% de los estudiantes que asiste a las escuelas primarias no es el griego. Desde entonces, este porcentaje ha aumentado aún más. El griego no es la lengua materna de más de 8.000 estudiantes [3] .Una elevada proporción de niños en algunas de las escuelas se enfrenta a barreras en torno al idioma. Por ejemplo, en la Escuela Primaria Faneromeni de Nicosia, la lengua materna de 71 de los 87 estudiantes no es el griego; incluso algunos de ellos ni siquiera lo entienden, lo que deriva inevitablemente en marginalización.
Las políticas educativas actuales no han resultado en iniciativas específicas a largo plazo; suelen funcionar más bien como directivas generales y a veces como soluciones rápidas para problemas del momento. Otra carencia es que a muchos de los docentes les falta una sólida comprensión de los derechos humanos y verdadera sensibilidad con respecto a ellos, a pesar de la existencia de oportunidades para el desarrollo profesional en el Instituto Pedagógico de Chipre (ECRI, 2006). El MEC ha introducido un programa piloto llamado Zona de Prioridad Educativa (ZPE) en un esfuerzo para combatir la exclusión social de niños y adolescentes en la enseñanza primaria y secundaria. El programa introduce un enfoque holístico hacia la educación que toma en cuenta las diferentes necesidades y entornos de los niños. Durante el año escolar 2008-2009 el programa fue ampliado hacia nuevas zonas.
En 2006 el Ministerio de Justicia y Orden Público, en colaboración con el MEC, implementó otra medida para asistir a educadores con clases heterogéneas a su cargo y fomentar prácticas no discriminatorias entre los estudiantes: un proyecto con fondos de la UE llamado “Juventud contra el Prejuicio”. Sin embargo, el proyecto no prestó mucha atención a la migración ni a la discriminación racial, o racismo (Georgiou et al., 2006).
En un esfuerzo por hacer frente a la fuerte afluencia de niños inmigrantes en las escuelas públicas, el Gobierno ha solicitado que todos los niños que deseen inscribirse deben presentar documentación en la que se constate que sus padres son residentes legales. Esta política ha impedido que una gran cantidad de niños asista a la escuela, quedándose sin el derecho a recibir educación. La medida fue revocada luego de la intervención de Ombudsman. Otro problema que continúa vigente es la carencia de oportunidades educativas para inmigrantes adultos, debido a la premisa de que están en el país en forma temporaria y que se desempeñan en empleos que no requieren destrezas. Sin embargo, el nuevo Gobierno electo en 2008, ha declarado que uno de sus objetivos principales será asegurarse de que todos puedan recibir una educación de calidad. Todavía es muy pronto para saber si esta promesa se cumplirá.
Recomendaciones
A continuación se presentan algunas recomendaciones que podrían mejorar la situación de la justicia social en forma significativa:
Referencias
MIGS (2007a). Integration of Female Migrant Domestic Workers: Strategies for Employment and Civic Participation (Integración de trabajadoras domésticas migratorias: estrategias para el empleo y la participación cívica). Obtenido el 22 de febrero de 2008 de <www.medinstgenderstudies.org>.
MIGS (2007b). Mapping the Realities of Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation in Cyprus (Esquema de la realidad del tráfico de mujeres para la explotación sexual en Chipre).
1 MIGS es una ONG con sede en Chipre que lleva adelante proyectos sociales, políticos y económicos en temas vinculados al género.
[2] MIGS, 2007.
[3] Kyriakidou, 2008