El gasto social per cápita en España está por debajo del promedio de los 15 países de la UE previos a la ampliación del bloque en 2004. Pero además de proponer la equiparación a los promedios europeos, vale destacar que el superávit acumulado desde 1998 en la Seguridad Social es uno entre los varios argumentos que rebaten las propuestas de privatización del aseguramiento y desviación de los recursos del Tesoro Público. En cuanto a avances, el reconocimiento de derechos como los de las personas en situación de dependencia presenta nuevos retos de implementación.
Uno de los pilares de la seguridad social en España es su carácteruniversal, que dispone el acceso a pensiones contributivas y no contributivaspara toda la ciudadanía. Se trata de un sistema basado en cotizacioneslaborales obligatorias a la caja común redistribuidas en función de diferentesbaremos (categorías de una escala) segúnlas circunstancias laborales y personales. En 1995 las fuerzas políticasfirmaron el Pacto de Toledo, aún vigente, que estableció la separación defuentes de financiación, de manera que las pensiones contributivas se financiancon cotizaciones y las no contributivas con Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo,la comparación con las cifras de la UE-15 deja en evidencia algunas de lasinsuficiencias del sistema de protección social. La tendencia de crecimiento dela economía española por encima de la media europea está consolidada. Lariqueza medida como renta per cápita alcanzó 91% del promedio de los 15 países[1]. Sin embargo, el gasto social per cápitaen España apenas alcanza 62% del promedio de la UE-15. Según EUROSTAT (2006),España dedicó en 2003 19,7% de su PBI a protección social, mientras que laUE-15 destinó 28,3%. El gasto para las condiciones más vulnerables (vejez, invalidezy supervivencia) sólo representa 9,8% del PBI, en penúltimo lugar entre los países de la UE-15.Comparativamente, Suecia destina 17,6% y Alemania 14,7%.
Esta relación se confirma al examinar la cuantía de las pensiones de laseguridad social. La pensión media contributiva representa 68% de laequivalenteen la UE-15, mientras que la pensión media no contributivaapenas representa 46% de la similar percibida en los países de la UE-15[2].
El debate sobre la viabilidad del sistema de seguridad social
España comparte con el resto de Europa cierta preocupación por la viabilidadfinanciera del sistema de pensiones en las próximas décadas debido alenvejecimiento de la población. El llamado coeficiente de dependencia (o razónde dependencia demográfica)[3]puede incrementarse conel aumento de la esperanza de vida, lo que supondría que las cotizaciones de lapoblación activa no soportarían las obligaciones del sistema. La ComisiónEuropea ha realizado comunicaciones al respecto[4]para advertir sobre el peligro de colapso del sistema y se ocupa de coordinar elintercambio de información entre los países sobre el alcance de las reformasde los sistemas de pensiones europeos.
La cuestión de fondo no se circunscribe únicamente a la equiparación de la cuantíay cobertura del sistema de pensiones españoles a los promedios europeos. Tambiénestá relacionada a que desde sectores privados ycercanos a las áreas de poder (Sáezy Taguas, 2007)[5] sepromueve la idea de que la reforma de las pensiones debe pasar por unaprivatización del aseguramiento. La propuesta es sustituir el actual sistema dereparto por un sistema de capitalización individual en el que cada personatrabajadora cotice de forma individual en un plan de pensiones privado.Actualmente existen planes privados de pensiones – incentivados fiscalmente –-de carácter voluntario y complementarios con el sistema público universal.
Estas propuestas de privatización pretenden ser graduales y sugieren reducir aun mínimo común el aseguramiento público, estableciendo otros dos tramos decotización en entidades privadas mediante capitalización individual, unoobligatorio y otro de carácter voluntario. Además, algunas propuestas sugierenelevar la edad de jubilación de los actuales 65 años-a los 70 años. Estas propuestas posibilitarían que las entidades bancarias,cajas de ahorro y aseguradoras, accedieran al gran ‘pastel’ de recursos queactualmente gestiona el Tesoro Público, con el consabido argumento de una mayorrentabilidad y eficiencia (Navarro, 2007)[6]. Propuestasque, por lo demás, van en contra de las Recomendaciones del aludido Pacto deToledo, y no son aceptadas por el actual gobierno ni por los interlocutoressociales.
Un proyecto de ley recientemente presentado para tramitación parlamentariapropone que el Fondo de Reserva del sistema de pensiones (nutrido con losexcedentes de la Caja de la Seguridad Social) pueda cotizar en bolsa y seagestionado por entidades financieras privadas, bajo principios de seguridad,rentabilidad y responsabilidad social, económica y ambiental.
Estas propuestas, que amenazan socavar uno de los mecanismos relacionados con laefectividad de los derechos sociales y la redistribución de los ingresos,merecen algunas reflexiones y contrapropuestas. Si bien las predicciones decolapso del sistema de pensiones aparecen con frecuencia, la Seguridad Socialespañola presenta superávit acumulado desde 1998. Entre otras razones, por laincorporación masiva de mujeres y personas inmigrantes al mercado laboral, queaún cuenta con un amplio margen de incorporación. Si España situara suparticipación laboral femenina en las cotas del promedio europeo, casi tresmillones de mujeres ingresarían al mercadode trabajo como nuevas cotizantes. Invertir en programas para la inserciónlaboral de la mujer y de las personas inmigrantes son medidas que consolidaríanel actual sistema de pensiones.
Además, el argumento de la eficiencia queda claramente en entredicho puesto quenumerosos estudios afirman que los costos de administración de los sistemas decapitalización individual privados son mucho más elevados que los de laSeguridad Social, a lo que se agrega que el ‘traspaso’de un sistema a otro puede suponer cerca de 10% del PBI.
Frente a estas tendencias privatizadoras, caben otras propuestas para asegurarla viabilidad del sistema de pensiones aun cuando el colapso fuera una predicciónacertada. La carga fiscal en España (porcentaje de impuestos sobre el PBI) es aúnde las más bajas de la UE-15, lo que permite ampliar ingresos, preferiblementesobre la renta y con carácter progresivo, que son los que contribuyen areforzar mecanismos redistributivos. Igualmente se puede incentivar la ampliaciónde la edad laboral activa más allá de los 65 años con flexibilidad horariapara aquellas personas trabajadoras que lo deseen.
Nuevos derechos, nuevos retos
El sistema legislativo español aprobó recientemente leyes como el matrimonioentre personas del mismo sexo y la ley para la igualdad efectiva demujeres y hombres, que extienden el reconocimiento de derechos eincorporan medidas de discriminación positiva y de ciudadanía. Del mismo modo,en noviembre de 2006 el Congreso aprobó la ley de Promoción de la AutonomíaPersonal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley deDependencia), que regulará la atención a las personas ancianas ydiscapacitadas graves con dificultades para valerse por sí mismas en lasactividades cotidianas. Se establece un sistema de baremación que evaluará loscasos de dependencia y su nivel de gravedad para consignar la ayuda. La Ley deDependencia reconoce un nuevo derecho en España, universal, subjetivo yperfecto: el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a seratendidas por el Estado. Asimismo, retribuirá servicios que hasta el momentohan sido realizados mayoritariamente de forma ‘invisible’ pormujeres, también inmigrantes, que han asumido las tareas ligadasal cuidado de la familia y por tanto sin valor en el ámbito laboral. Esta leyha sido denominada cuarto pilar del Estado de Bienestar. Sin embargo, enrealidad sólo se trata de una parte de dicho pilar, compuesto también por losrestantes servicios sociales.
La importancia de esta ley radica en que reconoce un derecho a 1.125.000personas (IMSERSO,2004), cifra que seguirá una tendencia ascendente en los próximos años.Su implementación presenta una serie de retos de gran envergadura para elEstado, profundamente descentralizado en materia de servicios de atenciónsocial y sanitaria. La ejecución de la ley exigirá no sólo transferenciaseconómicas iniciales, algunas ya aprobadas, sino mecanismos de coordinación ysolidaridad interterritorial poco articulados en el país.
Su implementación será progresiva hasta abarcar la totalidad de la poblacióndependiente en 2015. Esto exige el cumplimiento de una previsión presupuestariaque sumará más de EUR 12.000 millones (USD 16.340 millones) al finalizar elciclo de ocho años, o lo que es lo mismo, algo más de 1% del PBI. Se precisaráun acuerdo político y territorial de gran envergadura para hacer efectivo elcompromiso.
Es posible que la implantación de la ley ponga de manifiesto la escasez deinfraestructuras adaptadas a esta población en nuestro país, y lamentablementeno contempla compromisos en inversiones de este tipo.
Cooperación para el desarrollo: consolidación pendiente
En 2006 se mantuvieron las tendencias de crecimiento de la ayuda oficial aldesarrollo (AOD) española y los esfuerzos por orientar su programación a lalucha contra la pobreza. Además, el año se cerró con la aprobación de la leyde Deuda Externa, que vincula algunos elementos de su gestión al combate a lapobreza. Esta ley deberá desarrollarse con prontitud para consolidar lasdisposiciones que contiene, fundamentalmente en lo referente a la modificaciónde los mecanismos que generan deuda externa: el Fondo de Ayuda al Desarrollo yla Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
También el Gobierno español ha puesto en marcha y reforzado nuevosinstrumentos tal y como recomienda desde 2005 la Declaración de París de laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lasiniciativas en materia de conversión de deuda por proyectos de desarrollo y elapoyo directo al presupuesto nacional de los países receptores de la ayudadeben extenderse y ampliarse a un mayor número de países, promoviendoal mismo tiempo el control y la participación social en la ejecución yorientación de las partidas presupuestarias correspondientes. Estetipo de medidas pueden contribuir de forma directa a la necesaria inversión enservicios sociales básicos que los gobiernos de los países en desarrolloprecisan realizar para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollodel Milenio fijados en 2000.
A menos de un año de la finalización de una legislatura importante para lacooperación al desarrollo, es preciso que se terminen de apuntalar algunascuestiones fundamentales para que las tendencias inauguradas no sólo seancoyunturales. Son ya imprescindibles los desarrollos reglamentarios desde hacetiempo reclamados, que desvinculen los intereses económicos y comerciales de laayuda española, así como una profunda reforma del sistema de gestión de lacooperación española (la Agencia Española de Cooperación Internacional). Unareforma que prácticamente ha sido tan sólo anunciada y que requerirá delcompromiso de varios departamentos ministeriales para inaugurar estructuras dedirección política y estratégica bien preparadas y coherentemente articuladasa fin de concretar una cooperación sólida. El desafío es la consolidaciónuna cooperación de nueva dimensión y protagonismo. En esta reforma España sejuega afianzar definitivamente lo que hasta ahora son cambios singulares.
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Referencias
EUROSTAT(2006). Keyfigures on Europe - Statistical pocketbook 2006 - Data 1995-2005. Disponible en:<epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-06-001/EN/KS-EI-06-001-EN.PDF>.
IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) (2004). Atencióna las Personas en Situación de Dependencia en España (Libro Blanco).Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disponible en: <www.seg-social.es/imserso/dependencia/may_libroblanco.html>.
Navarro, V. (2007). “¿La seguridad social en España es inviable?” en NouCicle, el color del progrés. Magazine on-line. Disponible en:<www.noucicle.org/NCarticles/1620.html>.
Sáez, M.J. y Taguas, D. (2007). “LaReforma de las Pensiones” en Envejecimientoy pensiones: La reforma permanente.Revista Panorama Social No. 4, Fundación de Cajas de Ahorro.
Notas:
[1] A partir de 79,4% en 1997.
[2] Ambas comparaciones tienen en cuentala cantidad de la pensión recibida por personas jubiladas homologables.
[3] Población mayor de 65 dividida entrepoblación entre 16 y 64 años.
[4] Por ejemplo, COM(2001) 362 final, del3 de julio de 2001.
[5] David Taguas es actualmenteresponsable de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno de España.Se recoge la misma idea en un editorial de El País “Augurios de crisis”,del 12 de febrero de 2002.
[6] VicensNavarro es Catedrático de Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra, deBarcelona, España.