Sin guerra pero con muchas víctimas

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2004
Michelo Hansungule
Women for Change - Proyecto Social Watch

Las políticas inhumanas impuestas en Zambia por instituciones y países occidentales se combinaron con nefastas políticas locales, el aumento de la pobreza y el VIH/SIDA para hacer prácticamente imposible que los ciudadanos tengan una vida digna. La seguridad humana es un paradigma inalcanzable para la mayoría de la población.

La vida de la mayoría de los zambios está caracterizada por la inseguridad. Una serie de políticas poco afortunadas se combinaron con otros factores para que a las personas les resultara imposible gozar de la sensación de seguridad. Los principales fracasos políticos son:

·      El gobierno no implementó su Programa de Acción para la Reducción de la Pobreza (suspendido en la actualidad) ni adoptó una Carta contra la Pobreza que incorporara un enfoque integral para abordar los problemas del hambre y revertir la escalada de la pobreza.

·      Las políticas de libre mercado no lograron asegurar la competitividad de los productos zambios en los mercados internacionales.

·      El gobierno no cumplió las metas económicas fijadas para poder participar de la iniciativa de Países Pobres Muy Endeudados, y tuvo como resultado la falta absoluta de disciplina fiscal, que generó el déficit del presupuesto.

·      Políticas inadecuadas para revertir significativamente la creciente incidencia de VIH/SIDA.

·      Demora en el trámite del reclamo que cuestiona el resultado de las elecciones presidenciales de 2001, lo cual generó un clima de inseguridad política en el país.

·      Corrupción y mala gobernanza constantes de parte de los dirigentes políticos del gobierno actual, especialmente durante las elecciones parciales.

·      El gobierno no respondió a numerosos pedidos para adoptar leyes específicas y medidas efectivas contra la violencia de género.

Modalidades socioeconómicas de la inseguridad

La mayor inseguridad deriva de una serie de políticas económicas y sociales fallidas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),[1] más de 63% de los zambios tiene un ingreso inferior a USD 1 por día, y 72% vive por debajo de la línea nacional de pobreza. Datos recientes divulgados por la Oficina Central de Estadísticas (CSO)[2] confirman esta sombría realidad.

La fe ciega del gobierno en las políticas capitalistas sin controles provocaron que los “nuevos pobres” (para utilizar la terminología de la CSO) y los trabajadores urbanos despedidos terminaran en la calle, de por sí superpobladas. El fuerte incremento en el número de familias pobres prueba lo absurda que es la idea de optar por políticas de mercado occidentales frente a modelos autóctonos. Estrategias poco afortunadas como las privatizaciones sistemáticas[3] y la liberalización económica condujeron al desempleo forzoso (en 2000 la tasa general del desempleo ascendió a 50%),[4] lo cual tuvo un impacto desigual en los distintos grupos sociales. La población rural, y en especial las mujeres, es la más perjudicada. En las familias urbanas, el desempleo y la perspectiva de un futuro inseguro se expresan en una mayor violencia doméstica que tiene como principales víctimas a las mujeres y los niños.

Los intentos de revertir la caída económica adoptando políticas atractivas para el capital extranjero sólo agravaron las dificultades económicas. Las innovaciones en el ámbito del comercio internacional no tuvieron buenos resultados, como es el caso de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA)[5] que otorgó a algunos países de África subsahariana el libre acceso para un grupo seleccionado de sus productos al mercado de Estados Unidos (a cambio de adoptar las políticas estadounidenses). Acuerdos bilaterales sesgados, como la AGOA y el marco multilateral de comercio, no beneficiaron al país en lo absoluto.

Seguridad estatal frente a seguridad humana

Por otra parte, el Estado es relativamente seguro. Un ejemplo es el reciente juicio por traición[6] que comprobó claramente la prioridad otorgada a la seguridad del Estado frente a la seguridad de las personas individuales. En su fallo, la Corte Suprema hizo lo posible por demostrar su afán de proteger al corrupto sistema estatal. En octubre de 1997, un grupo de militares descontentos (autodenominados el Consejo de Redención Nacional) intentaron un mal organizado y frustrado golpe de Estado contra el entonces presidente Frederick Chiluba, quien ni siquiera fue afectado por el intento de derrocarlo, como él mismo reconociera. No obstante, los jueces más poderosos del país condenaron a la horca a 46 de los acusados. El derecho penal de Zambia todavía castiga con la pena de muerte a los crímenes de traición, asesinato y robo con agravante.

Cabe señalar que, entre las restantes observaciones realizadas en su fallo de apelación, todos los jueces de la Corte Suprema declararon que el cambio de gobierno sólo debería producirse como consecuencia de elecciones. Esta declaración es una reafirmación importante de la democracia. Sin embargo, los jueces no reconocieron que el propio presidente había creado las condiciones para que los soldados intentaran derrocarlo por la fuerza. Ellos ya lo sabían cuando presidieron el tribunal que decidió sobre el recurso post electoral presentado contra la elección de Chiluba en 1996. El recurso incluyó graves acusaciones respecto de ilegalidades y corrupción mayor durante las elecciones.[7] Las acciones del presidente Chiluba constituyeron un doble ataque al principio de libertad de expresión política. Chiluba reformó la Constitución para eliminar a rivales políticos que representaban un serio desafío a su poder y utilizó su segundo período de gobierno para consolidar los medios que le permitieran cosechar las recompensas de la corrupción. La oposición no tenía ninguna posibilidad frente a él.

La segunda observación de los jueces durante el juicio fue que ellos habían desempeñado su parte: la única opción que les restaba a los acusados era pedir el perdón presidencial. Esta declaración sorprendió a los observadores del tribunal, que consideraron que, en los hechos, los jueces más encumbrados del país se lavaron las manos del asunto e instruyeron a los acusados que se presentaran ante los mismos políticos a los cuales se habían enfrentado. Esto fue considerado sorprendente porque un tribunal con el poder de emitir fallos judiciales no puede entregar su autoridad al presidente, que sólo puede emitir decisiones políticas. Asimismo, aunque la declaración de los jueces refiere a la prerrogativa constitucional del perdón, se puede malinterpretar para implicar que el presidente integra el Poder Judicial, lo cual evidentemente atenta contra el principio de separación de poderes. Este caso pone de manifiesto la inseguridad que enfrentan los que intenten participar en la vida política.

La Ley de Procedimientos Estatales otorga al Estado vía libre para tratar a las personas sin contralor alguno de los tribunales. Por ejemplo, los tribunales no pueden emitir órdenes contra el presidente, aun cuando éste haya violado la Constitución. La Ley estipula que toda orden judicial es nula por el mero hecho de mencionar al presidente o al Poder Ejecutivo. Mientras el espíritu de la declaración de derechos incluida en la Constitución implica que debe actuar como escudo contra la intromisión del Estado en las libertades individuales, ni la declaración ni la Constitución tienen precedencia sobre la Ley de Procedimientos Estatales. Por más graves que sean las presuntas violaciones o irregularidades, el presidente está - técnica y prácticamente - fuera del alcance de los tribunales.

Eso es lo que sucedió en el “caso de la malaria.”[8] Un dirigente opositor, el general de brigada Godfrey Miyanda, solicitó de urgencia a un tribunal una orden ex parte contra el presidente Levy Mwanawasa, como primer demandado, y el Procurador General, como segundo demandado. La orden buscaba impedir que el presidente realizara una conferencia de prensa en la que pretendía anunciar cambios en su gabinete para incluir a legisladores opositores, entre ellos varios del partido de Miyanda. Para evadir la orden del tribunal, lo único que tuvo que hacer el presidente fue mencionar la autoridad que le otorga la Ley de Procedimientos Estatales para actuar con discreción absoluta en el desempeño de sus funciones.

El efecto de la corrupción en la seguridad humana

La corrupción es otro factor que amenaza seriamente a la seguridad humana. El ex presidente Chiluba finalmente está compareciendo ante un tribunal acusado de 160 cargos de corrupción, soborno, abuso de poder y robo.[9] Sin embargo, no será fácil probar los cargos. Por la naturaleza misma de la corrupción, es probable que el caso se complique y se prolongue. Uno de los cargos refiere a acusaciones de que el ex presidente y su Jefe de Inteligencia desviaron USD 29 millones de fondos del Estado destinados a instalar sistemas de seguridad de alta tecnología en edificios públicos importantes. Este proyecto no fue incluido en el presupuesto oficial y ninguno de los funcionarios del Ministerio de Finanzas de entonces saben de cuánto dinero se trataba ni a qué fines se destinó. Proyectos como éste fueron utilizados para desviar millones de dólares estadounidenses a cuentas privadas. Este caso es sólo un ejemplo de la escasa voluntad política que existe en el Estado para combatir la corrupción.

El gobierno del presidente Mwanawasa, que acusó formalmente a Chiluba, no está libre de corrupción. Por ejemplo, Mwanawasa ha sido acusado en un caso muy controvertido de abusar de su antiguo cargo en la Vicepresidencia para asignarse a sí mismo tierras de la Universidad de Zambia sin aplicar los procedimientos establecidos. Su intento por dejar su nombre en limpio dejó, en cambio, una serie de dudas con respecto a su integridad. Aunque se ha sugerido que esa acusación es estéril, y que quienes hacen las acusaciones no tienen pruebas concretas, el hecho es que una acusación en la que hay tierras en juego no puede ser estéril. La filosofía del derecho africano incorpora la idea de la imprescriptibilidad de los crímenes. Siempre que la tierra robada a la Universidad no sea devuelta, los acusados seguirán siendo considerados ladrones.

En segundo lugar, la táctica empleada por Mwanawasa en sus campañas electorales es actualmente objeto de un recurso electoral, instituido en su contra en la Corte Suprema por políticos opositores. Durante las campañas electorales, partidarios de Mwanawasa entregaron abiertamente alimentos a los electores, utilizando recursos del Estado, sobornando a funcionarios opositores, etc. También utilizó el atractivo de los proyectos de desarrollo para obtener el voto del electorado.

En tercer lugar, personalmente protegió a su esposa, Maureen Mwanawasa, para que no fuera investigada en el Parlamento por utilizar fondos del Estado para sus “obras de caridad”.

Finalmente, además de las acciones legales tomadas contra Chiluba, en los dos años que ha estado en el poder Mwanawasa no formuló política alguna ni adoptó medidas prácticas para atacar la corrupción. En otras palabras, su pomposo discurso contra la corrupción no se aplicó en la práctica.

Políticas de género y seguridad humana

Varios factores sociales y económicos contribuyen a la inseguridad que afecta a las mujeres y viola sus derechos humanos. El gobierno no ha desarrollado estrategias estatales o comunitarias que protejan a las mujeres de la violencia de género. En consecuencia, las mujeres son sometidas a acoso en la calle (por ejemplo, obligadas a desvestirse en público si llevan faldas cortas o pantalones largos) con el argumento de que ofenden la moral pública. Estas actitudes patriarcales cotidianas son abiertamente fomentadas por la falta de atención que las esferas del poder le prestan al tema.

Resultan más inquietantes los asesinatos de mujeres por atacantes desconocidos en lugares públicos, como calles y parques. Las autoridades no resolvieron ninguno de los asesinatos. Organizaciones defensoras de la mujer, como Women for Change, realizaron frecuentes manifestaciones para exigir la acción del Estado contra estos asesinatos. Sin embargo, la policía ignora sus pedidos o ni siquiera inicia las investigaciones al respecto. En los pocos casos indagados, las investigaciones son superficiales y no producen resultados concretos.

Las mujeres también padecen violencia de género a manos de sus familiares. La violencia doméstica es cosa diaria. Aunque existen pocas investigaciones en cuanto a la incidencia de la violencia doméstica, una encuesta publicada en 1998 por la Organización Mundial de la Salud reveló que 40% de las mujeres entrevistadas indicó haber sufrido abusos físicos por parte de sus esposos o compañeros en 1997. Un estudio realizado por la Asociación Cristiana de Mujeres en 1999 halló que la mayoría de las mujeres señalaron que la violencia de género era algo común en sus relaciones y que esa violencia frecuentemente se expresaba en violaciones, golpizas, puñaladas, asesinato y amenazas de muerte. El mismo estudio descubrió que los casos denunciados de violencia doméstica aumentaron 253% entre 1998 y 1999.

No existe una ley penal específica sobre este tema, y el gobierno aparentemente no considera que sea de su competencia asegurar la protección de la mayoría de la población, o sea de las mujeres. De manera similar, las mujeres padecen gran inseguridad en los ámbitos social y económico. Por ejemplo, las mujeres rurales carecen de acceso seguro a los recursos. El recurso más importante de todos - la tierra - está fuera del alcance de la mayoría de las mujeres rurales debido a tradiciones que lo prohíben y las discriminan. Las políticas del Estado contribuyen con la discriminación contra la mujer al no atacar expresamente esas prácticas y tradiciones, perpetuando así la pobreza y la inseguridad femeninas.

Conclusión

Aunque el país no ha estado formalmente en guerra desde su independencia en 1964, las condiciones imperantes que afectan a la existencia humana son equivalentes a las de una nación en guerra. La mayoría de los factores que impiden el goce de la seguridad humana están vinculados tanto al contexto internacional como al régimen local. El resto responde a fenómenos de la naturaleza.

Zambia ratificó los seis tratados principales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, algo que no todos los países desarrollados han hecho. Asimismo, la Constitución incluye una declaración de derechos, aunque esté limitada sólo a los derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales todavía no tienen lugar en esta Constitución al estilo Westminster. No obstante, ése no es el problema fundamental, sino la implementación de esos derechos (definidos en el derecho nacional e internacional) que sigue eludiendo a Zambia.

A pesar de que el sistema democrático se instaló en el país en 1990, y de que las primeras elecciones democráticas se celebraron en 1991, luego de 17 años de autoritarismo, los zambios tienen pocas posibilidades de ejercer sus derechos políticos y civiles. La situación es peor con respecto a sus derechos materiales. Políticas inhumanas infligidas sobre la población sellaron el destino de la mayoría de los zambios. Con el hambre al acecho, la seguridad humana es un paradigma inalcanzable para la mayoría de la población del país.

Notas:

[1]www.undp.org/hdr2003/indicator/cty_f_zmb.html
[2]www.zamstats.gov.zm
[3] La Agencia de Privatizaciones de Zambia se dedica actualmente a la privatización de las siguientes empresas: el hotel Mukuba, Monarch (construcción e ingeniería de productos de metal para la industria de la construcción), Zambia Telecommunications Ltd. (telecomunicaciones), Indeni Petroleum Refinery Ltd. (refinería de petróleo), Nitrogen Chemicals Ltd. (productos químicos), Kafue Textil Ltd. (textiles), Zambia Electricity Supply Corp. (energía eléctrica), Maamba Collieries Ltd. (minas de carbón), Engineering Services Corp. Ltd. (servicios de ingeniería), Zambia Postal Services (correo), Zambia Educational Publishing House (editorial), Mulobezi Railway (vías férreas), Zambia State Insurance Corp. (seguros), Parque Nacional Kafue.www.zpa.org.zm
[4]www.nationmaster.com
[5] Firmada el 18 de mayo de 2000 por 37 países subsaharianos (de un total de 48).
[6] El Pueblo contra el Capitán Lungu y otros. Sin publicar. Corte Suprema de Zambia. 2003.
[7] “La consecuencia es que los ciudadanos zambios están asediados por las restricciones en su libertad de expresión y asamblea, la intimidación de aquellos en el sistema legal y el acoso de los partidos opositores”, dijo Peter Takirambudde, Director Ejecutivo de Human Rights Watch/Africa y uno de los autores del informe. “Alguno de estos abusos son herencia de los años de Kaunda, pero en muchos casos la violación de los derechos humanos es el resultado de iniciativas nuevas del gobierno de Chiluba. Nos preocupa especialmente la insistencia del gobierno por debilitar a las ONG y al Poder Judicial. Ambos son cimientos esenciales de toda democracia”. Human Rights Watch/Africa, 8 de diciembre de 1996.www.hartford-hwp.com/archives/37/030.html.
[8] General de Brigada Godfrey Miyanda contra el Presidente Levy Mwanawasa y el Procurador General. Sin publicar. Corte Suprema de Zambia. 2003. Ver también: The Times of Zambia, 6 de febrero de 2004.http://allafrica.com/stories/200402060378.html
[9]News 24.com, 18 de octubre de 2003.www.news24.com/News24/Africa/News/

Michelo Hansungule es Profesor de Derecho, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Pretoria, Sudáfrica.