Erradicar la pobreza y negociar la guerra

Publication_year: 
2004
Alberto Yepes; Rubén Fernández
Corporación Región

El disfrute de una plena seguridad humana en Colombia no va a poder garantizarse mientras la guerra siga extendiéndose y la pobreza y la desigualdad generadas por las políticas neoliberales continúen acentuándose. Seguridad humana y derechos humanos no pueden ser vistos como contrapuestos.

A partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, el mundo ha entrado en una nueva fase en la cual el tema de la seguridad se ha convertido en pieza clave de la política nacional e internacional. No obstante, la seguridad, uno de los más esenciales bienes públicos con los que debe contar una sociedad, se ha deformado hasta reducirse a un conjunto de normas y procedimientos que, basados en el miedo y la desconfianza mutua, confieren atribuciones a las fuerzas de seguridad para instalar dispositivos de control social e imponer restricción de libertades y garantías civiles y políticas, que son la base para el funcionamiento de un orden democrático.

Para un mundo más seguro se requiere, por el contrario, recobrar una noción de seguridad en su acepción más amplia, como garantía de un ambiente favorable para la plena expresión de la vida y la dignidad humanas, que ponga en el centro de las políticas públicas a las personas. La seguridad se expresa en condiciones de la vida cotidiana (alimento, vivienda, empleo, salud, seguridad pública) que beneficien a todos los seres humanos sin discriminaciones de ninguna índole. Si bien es cierto que se precisan acciones de las autoridades legítimamente constituidas de lucha contra todas las manifestaciones delictivas que amenazan la vida, integridad, libertad y bienes de las personas, estas acciones no pueden ir en contra de los principios de garantía y disfrute de todos los derechos humanos para todos los seres humanos, es decir, de su seguridad humana.

Los mil frentes de la guerra interna

La guerra interna, la pobreza y la desigualdad creciente, que vulneran los derechos humanos y las libertades civiles, constituyen los principales factores que atentan contra la seguridad humana en Colombia. Como lo afirma la Defensoría del Pueblo, “la muerte violenta, la pérdida arbitraria de la libertad y la inequidad social impiden a una inmensa mayoría proyectar su propio destino y transponer los umbrales de las necesidades más elementales”.[1]

Durante más de 40 años, Colombia ha vivido en medio de una confrontación armada interna, que se ha agravado y degradado en los últimos años produciendo miles de víctimas entre asesinados, mutilados, exiliados, desplazados o desaparecidos. La intervención de Estados Unidos en el desarrollo de la guerra contra las drogas y la denominada guerra contra el terrorismo - con su expresión nacional en el Plan Colombia - la Política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe Vélez, además de la actitud guerrerista de los grupos insurgentes, en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han incrementado algunas modalidades de la confrontación militar y generado nuevas formas de violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, alejando la posibilidad de una salida política negociada al conflicto armado interno.

Colombia se encuentra hoy en una grave crisis social y económica, como producto de la confluencia simultánea de múltiples conflictos que se han agudizado. La pobreza alcanza a 60% de la población, la pobreza extrema es de 25% y 61% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad.[2] El desplazamiento forzado interno afecta a más de 2,5 millones de personas. La profunda exclusión social se manifiesta en la negación de derechos humanos fundamentales a grandes sectores de la población. “Aún el país tiene a unos 1,8 millones de niños y niñas (teniendo en cuenta los cupos abiertos en 2003) por fuera del sistema educativo”[3] y 48% de la población no tiene garantizada la cobertura de atención en salud.

La concentración de la riqueza y el ingreso son la contracara de esta situación. Veinte por ciento de los hogares más ricos concentra 52% de los ingresos, y gana 26,3 veces más que 20% de los más pobres. En el campo, donde 80% de la población es pobre y 60% vive en la pobreza extrema, la concentración de la tierra ha llevado a que 1,1% de los propietarios acapare más de 55% de la tierra cultivable.[4]

La corrupción, el narcotráfico y la violencia como forma de acumulación y despojo de la tierra y de las riquezas han contribuido a consolidar entre algunos sectores de las élites una concepción patrimonial del Estado, en la cual éste es puesto al servicio de intereses particulares privilegiados. La corrupción se ha convertido en uno de los fenómenos más destructores, junto a la guerra interna y el narcotráfico.[5]

La respiración en jaque

Para 2004, la intervención de Estados Unidos en Colombia estará apoyada por un presupuesto aproximado de USD 700 millones, aprobados como parte del presupuesto de Operaciones Extranjeras del Departamento de Defensa.[6] Esta intervención incrementa los riesgos para grandes sectores de la poblacióncampesina, indígenas y afrodescendientes que vivenen las zonas en donde se desarrolla la guerra contra los cultivadores de hoja de coca. Cerca de 400.000 familias padecen los efectos nocivos de las fumigaciones aéreas con sustancias tóxicas que están afectando la vida, la salud, las aguas, los animales y los cultivos.

En el desarrollo del Plan Colombia, por lo menos 29.980 personas fueron expulsadas de las zonas de fumigación, en tanto que 2.830 indígenas huyeron de sus territorios y alrededor de 40.500 miembros de comunidades afrocolombianas debieron salir forzadamente durante los primeros nueve meses de 2003, según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES). En el mismo período se desplazó una población estimada en 20.730 personas hacia 45 municipios ubicados en zonas de frontera, mientras que alrededor de otras 15.000 buscaron protección en Ecuador, Venezuela y Panamá.[7]

Esta política antinarcóticos genera nuevos factores de inseguridad humana en los campesinos productores de hoja de coca, pues no se les garantizan otras alternativas de supervivencia.

Política de seguridad versus libertades civiles

El cansancio provocado por la guerra y la extensión y degradación de sus efectos sobre la población civil, debido a las graves y frecuentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por todos los actores armados de la confrontación, han contribuido a crear en la opinión pública la ilusión de una salida rápida al conflicto armado, aun a costa de limitaciones a los derechos humanos. La derrota de las organizaciones guerrilleras y la conquista de la seguridad se han promocionado como metas posibles a mediano plazo, mediante la llamada guerra contra el terrorismo, la Política de Seguridad Democrática y la asistencia y cooperación militar de Estados Unidos.[8]

Sin embargo, la falta de respeto a los preceptos internacionalmente reconocidos sobre los derechos humanos y los abusos y arbitrariedades cometidos por todos los actores constituyen fuentes de inseguridad y de terror cotidiano sobre amplios sectores de la población. Tanto las organizaciones guerrilleras como los grupos paramilitares y la fuerza pública siguen cometiendo graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y abusos contra la población civil. Entre julio de 2002 y junio de 2003, fueron secuestradas 2.501 personas, en su mayor parte por las organizaciones guerrilleras. Al mismo tiempo, los desbordes de la Política de Seguridad Democrática se han hecho sentir con mayor crudeza en los sectores y comunidades pobres del campo y las ciudades. Las desapariciones forzadas han aumentado. Entre enero y agosto de 2003, 684 personas fueron víctimas de desaparición forzada, lo que representa un aumento con relación al año anterior.[9] Las detenciones masivas y arbitrarias se han elevado a niveles alarmantes. El Comandante General de la Policía reconoció que en el último año habían sido detenidas 125.000 personas.[10] Muchas de ellas, que fueron detenidas después de haber sido señaladas por informantes que ocultan su identidad, tuvieron que ser puestas en libertad ante la falta de pruebas.

El gobierno ha presentado un balance positivo y ha conseguido algunos logros con su política de seguridad, ya que descendieron las cifras de homicidios, masacres y secuestros. Las principales carreteras del país están ahora bajo el control de las autoridades y la Policía Nacional está presente en la mayor parte de los municipios del país. Estos logros se deben contrastar, sin embargo, con el costo de una militarización creciente de la sociedad y el recorte de las libertades civiles ratificadas en varios tratados internacionales, y con un crecimiento en el gasto militar que ha incrementado la crisis fiscal, en contraste con la desfinanciación de la inversión social que permitiría el reconocimiento de los derechos económicos y sociales de la población.

Estado Social de Derecho recortado

Las violaciones de los derechos en los últimos años han llevado a los organismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a proponer una serie de observaciones y recomendaciones al Estado colombiano y a los grupos armados con el fin de superar la crisis humanitaria. En julio de 2003, la Mesa de Donantes de los países europeos condicionó su asistencia y cooperación al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.[11] De las 24 recomendaciones que el Estado se comprometió a implementar, 17 han sido incumplidas, 7 se han cumplido parcialmente y se están tomando medidas en contra de 10 de ellas.[12] A su vez, los grupos armados ilegales (guerrilleros y paramilitares) han incumplido en su totalidad las tres recomendaciones dirigidas a ellos, concernientes a secuestros, masacres, protección de civiles y, en general, el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

Actuando en contra de las recomendaciones del Alto Comisionado, el gobierno presentó al Congreso una propuesta de reforma de la Constitución, aprobada en diciembre de 2003, que desconoce mandatos contenidos en Pactos Internacionales de Derechos Humanos firmados por Colombia. Esta reforma otorga nuevas facultades a las fuerzas militares para detener personas por 36 horas, allanar domicilios, hacer escuchas telefónicas y registrar e interceptar comunicaciones sin control judicial previo, sobre la base de acusaciones militares y sin necesidad de realizar investigaciones judiciales adecuadas e imparciales. Las fuerzas militares también podrán ejercer facultades de policía judicial que incluyen la práctica de pruebas y el interrogatorio de las personas sospechosas.

Por otra parte, cerca de la mitad de los artículos de la Constitución vigente están en proceso de ser reformados para acomodarlos a la estrategia del gobierno, con la que se pretende reforzar el poder presidencial, eliminar los controles judiciales a la actuación del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, restringiendo la independencia de los otros poderes, y entregar a las comunidades las responsabilidades del Estado, como la seguridad, la satisfacción de las necesidades básicas y la justicia, con el fin de poder destinar el grueso de los recursos estatales a la financiación de la guerra y a satisfacer a los acreedores del Estado.

El recorte del Estado Social de Derecho se completa con las propuestas gubernamentales de reforma de la justicia para impedir que la protección de los derechos económicos, sociales y culturales pueda ser invocada por vía judicial, eliminando la Acción de Tutela, y recortando las facultades de la Corte Constitucional para dictar fallos que controlen decisiones del gobierno.

Erradicar la pobreza y negociar la guerra


El reciente Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia 2003 El conflicto, callejón con salida presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sugiere que en la guerra todos somos perdedores y contiene propuestas que fueron consultadas con miles de personas e instituciones en Colombia y que deberían ser tenidas en cuenta por los sectores democráticos y la comunidad internacional para presionar por una salida negociada al conflicto.[13]

La única manera de garantizar la seguridad humana, la vigencia de la democracia y la paz duradera en Colombia es a través de una salida negociada a la guerra, la reformulación del modelo económico para revertir el proceso de empobrecimiento y de concentración del ingreso y los activos productivos, la defensa y ampliación del Estado Social de Derecho y la generación de un nuevo Pacto Social que garantice bienestar, empleo y satisfacción de los derechos sociales, en medio de un ambiente de respeto integral de los derechos humanos y la participación democrática. Ello requiere también reducir los montos del servicio de la deuda a través de mejores condiciones, menores tasas de interés y plazos más largos, además de bajar progresivamente la deuda con los acreedores privados, con el fin de liberar recursos para atender las necesidades sociales de 60% de la población que se encuentra en situación de pobreza.

Notas:

[1] Defensoría del Pueblo. Seguridad y libertades individuales. Bogotá: Alfaomega Colombiana S.A., abril de 2003, p. viii.
[2] Garay, Luis. “Políticas públicas y garantía de los DESC”, en El Embrujo Autoritario. Primer año de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pp. 33-44.
[3] Datos del Ministerio de Educación tomados de: “Este año se abrirán 370.000 cupos”. El Colombiano, 18 de enero de 2004, p. 6A.
[4] Garay, op cit.
[5] Según cifras oficiales, la corrupción se roba más de COP 14,5 billones (USD 5.385 millones) al año, mientras el presupuesto de inversión social sólo llega a los COP 9 billones (USD 3.342 millones). En “Contra la corrupción”. Editorial.El país-Cali, 13 de agosto de 2003.
[6] “Aprobada Ayuda de Estados Unidos a Colombia”. El Tiempo. 8 de diciembre de 2004.
[7]CODHES Informa. No. 46. diciembre de 2003.
[8] La Política de Seguridad Democrática se traduce en el fortalecimiento de la fuerza pública (pasar de 240.000 a 400.000 efectivos), la conformación de una red de un millón de informantes pagos al servicio y bajo la coordinación de la fuerza pública, la creación de frentes de seguridad ciudadana y la incorporación en el ejército de 100.000 soldados campesinos.
[9] Declaración de las ONG colombianas a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 60º período de sesiones, marzo-abril 2004.
[10] “Ponen en duda las cifras oficiales sobre muertes y desmovilizados en la guerrilla”. El tiempo, 16 de septiembre de 2003.
[11] Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “Recomendaciones para Colombia 2003”. Bogotá, marzo de 2003,www.hchr.org.co
[12]Según una evaluación hecha por más de 150 organizaciones sociales, sindicales, campesinas, étnicas, comunitarias, de desarrollo, de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas e iniciativas de paz, articuladas en tres grandes redes: la Alianza por una Cooperación para la Paz y la Democracia, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. “Colombia se raja en derechos humanos ante la ONU”.www.viaalterna.com.co/index2.htm
[13] Este informe contiene propuestas que buscan: a) evitar que el conflicto se extienda a nuevas víctimas y regiones; b) disminuir el número de combatientes ilegales y de personas afectadas; c) impedir la degradación ulterior de las acciones; d) lograr el respeto del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, mientras dure la confrontación; e) resarcir a las víctimas inocentes; f) castigar a los responsables de conductas criminales; g) reducir los efectos nocivos del conflicto sobre el desarrollo humano; h) acortar su duración y poner punto final a las acciones armadas; i) asegurarse que la solución final al conflicto se ciña a los cánones de la justicia y que cause el menor daño o tenga el mejor impacto posible sobre el futuro de Colombia; y j) lograr que la paz sea firme y duradera, esto es, que los grupos armados se desmovilicen y en su lugar no surjan otros grupos similares.