Los pobres desprotegidos

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2003
Myriam Vander Stichele
National Committee for International Cooperation and Sustainable Development (NCDO)

Para reducir su deuda, volver competitiva la economía y adoptar el euro, las privatizaciones se incrementaron en los años 90. La meta fue lograr servicios públicos más baratos, no salvaguardar el interés público o cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Subestimando la necesidad de regulación, supervisión y aplicación de la ley, el Estado ha abandonado su obligación en materia de derechos humanos. Los pobres, en especial las mujeres, cuentan con escasa protección contra las alzas de precios y el desempleo.

Lasdistintas etapas de la privatización[1]

Apartir de los años 80, los diferentes gobiernos han utilizado la privatizacióncomo un instrumento pragmático para economizar en el presupuesto estatal ylidiar con los fracasos de la intervención estatal. Las privatizaciones seincrementaron en los años 90, cuando el gobierno necesitaba reducir su deudapara que la economía fuera competitiva en el contexto internacional y paraadoptar el Euro. A partir de 1989, se privatizaron servicios esenciales y noesenciales, como las telecomunicaciones, la electricidad, el correo y laseguridad social. Simultáneamente, el gobierno recortó el gasto en numerosossectores públicos, incluidos la educación y la salud.

Laprivatización se ha caracterizado por un enfoque de dos etapas, evitando laopción radical de vender los bienes del Estado sin términos medios. Durante laprimera etapa se reestructuran las empresas públicas y se convierten enempresas independientes de propiedad estatal que gradualmente devienen encorporaciones con fines de lucro, impulsadas por el mercado. En la etapasiguiente, el gobierno vende sus acciones, total o parcialmente. Hasta elmomento, el gobierno ha vendido parte de las acciones de las empresas encargadasde los servicios postales (TPG Post) y telefónicos (KPN), mientras algunosgobiernos locales vendieron acciones de las empresas locales de energía. Sóloel cable (televisión e internet), el ‘banco postal’ (el servicio de correosestatal que también brinda servicios bancarios) y las prestacionesextrajubilatorias fueron privatizadas totalmente. El sector del agua y lostrenes siguen en su totalidad en manos del Estado.

Temasregulatorios, como el acceso universal de los pobres, la protección alconsumidor (calidad, precios, seguridad, etc.) y la competencia leal desempeñaronun papel menor en el inicio del proceso de privatización. Cuando seestablecieron leyes nuevas y organismos regulatorios semiindependientes, se dejóde lado la obligación del gobierno de respetar los derechos asumidos en elPacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La protección delempleo y del ingreso sólo recibió la atención oficial gracias a laresistencia mostrada por los sindicatos de empleados públicos contrarios a laprivatización.

Ladivulgación pública de experiencias negativas, especialmente con los trenes,generó dudas entre los partidos políticos y el público y provocó elestancamiento actual de la ofensiva privatizadora. Ahora se reconoce lanecesidad de contratos más rigurosos y de organismos regulatorios quesalvaguarden la calidad. Sin embargo, las autoridades nacionales no sepercataron a tiempo de que su flexibilidad para reaccionar ante la privatizaciónha quedado sustancialmente limitada por la Unión Europea. Por ejemplo, no sepuede dar preferencia a los proveedores nacionales (que es el caso actual en elservicio de salud) o a las empresas privatizadas, sino que la competencia en laslicitaciones públicas debe estar abierta a todas las empresas europeas. Lasautoridades no pueden regular los precios, los edificios ni el funcionamiento delas instituciones de salud financiadas en forma privada.[2]Las reglas de la UE también impiden ciertas reglamentaciones que protegenintereses públicos.

Porahora, la privatización del agua detenida

Afines de los años 90, el sector de distribución del agua se habíareestructurado en aproximadamente 20 empresas comerciales independientes,propiedad de las autoridades locales. Sin embargo, la mayoría de lasautoridades y representantes del gobierno se oponían a la privatización total,argumentando que el fin de lucro podría socavar la calidad, las garantías delsuministro, la administración sostenible del agua y el acceso público a lamisma.

Sinembargo, la decisión del gobierno contra la privatización de su propia agua nose aplica a los países en desarrollo. Una de las compañías que pertenece a ungobierno local (NUON) formó una empresa mixta (CASCAL) con una firma británica(Biwater) para administrar los sistemas privatizados de agua en diversos paísesen desarrollo. Esto generó inquietud acerca de la reducción de empleos y elacceso universal al agua en esos países. A pesar de las protestas del Ministrode Medio Ambiente, de parlamentarios y de ONG, en las negociaciones sobreservicios (GATS) de la OMC, los Países Bajos respaldaron los pedidos realizadospor la UE a los países en desarrollo en cuanto a que abran permanentemente elsector del agua a las empresas extranjeras, sin garantías para el accesouniversal y la calidad. Al mismo tiempo, el gobierno ha venido apoyando muchasiniciativas bilaterales e internacionales a favor de una distribuciónsostenible y equitativa del agua. El gobierno entiende que al sector privado lecorresponde invertir en el acceso del agua para todos, a través de laprivatización o con sociedades público-privadas, siempre que el gobiernodesempeñe un papel importante en la protección del acceso de los pobres alagua.

Cooperaciónpúblico-privada en el sector de la salud[3]

Durantegran parte de los años 90, el gobierno no sólo recortó el presupuesto paralos servicios de salud sino que también adoptó medidas orientadas al mercadopara que hospitales y otros proveedores de salud funcionen como empresasprivadas eficaces. El sistema de salud se transformó en un sistema público-privadoen el cual las compañías privadas de seguros para la salud desempeñan unpapel intermediario entre los pacientes y los proveedores de salud. Losciudadanos pagan a estas firmas tarifas acordes a sus ingresos. Aparte del“paquete básico” de servicios de salud, la gente puede pagar tarifas máselevadas por una cobertura de más o mejores servicios, lo cual pone fin alprincipio de igual cobertura para todos.

Lacalidad de los servicios de salud brindados por el sistema público-privado esrazonablemente buena, pero ha descendido, mientras la innovación ha disminuido.Los problemas de acceso y disponibilidad son generalizados: listas de espera(incluso para operaciones con riesgo de vida), capacidad insuficiente paralidiar con emergencias, falta de enfermeras y médicos (medio millón deholandeses no tienen un médico de familia[4])y pocas opciones en los servicios de salud. Por lo tanto, el Estado no cumplecon su obligación de asegurar un derecho humano esencial.

Algunasempresas de seguro de salud privada tomaron medidas para mejorar la coordinaciónentre los distintos servicios de salud y abreviar la espera de los pacientespara recibir tratamiento, incluyendo el uso de hospitales privados o hastaextranjeros.

ElEstado fija las normas para los hospitales privados, exigiéndoles un permiso,fijando los precios y regulando su funcionamiento y finanzas. A los hospitalesprivados no se les permite lucrar con la atención “normal” y sostienen queel Estado los perjudica financieramente. Por lo tanto, se especializan enprocedimientos que no exigen a los pacientes permanecer internados más de un día.

Elnuevo Ministro de Salud declaró en septiembre de 2002 que debería haber másespacio para que funcionen el mercado y las clínicas privadas. Losprofesionales de la salud rechazan el creciente papel desempeñado por el sectorprivado, que envía a los pacientes a clínicas extranjeras o contrata aenfermeras extranjeras. Entre los temores por las posibles consecuenciasnegativas generadas por un mayor servicio privado se incluyen:

-el daño al servicio público: los servicios privados de atención médica seconcentran en servicios sumamente lucrativos y en clientes adinerados, dejandomenos fondos para los servicios menos lucrativos o destinando a los pacientes alsector público;

-el incremento de precios por los servicios privados de salud, que son caros y noestán subsidiados por el Estado, hace que muchos servicios de saludespecializados no estén al alcance de los pobres;

-peores condiciones de trabajo y oportunidades de capacitación debido a la presiónpara recortar el gasto.

Impactode la orientación hacia el mercado en la educación

Laeducación primaria y secundaria sigue siendo financiada por el gobierno, peroel gobierno nacional ha incorporado medidas para mejorar la calidad y a la vezmantener o reducir los gastos a través de la orientación hacia el mercado, ladesregulación y la autonomía. Junto con los recortes presupuestales, estasmedidas condujeron a un mayor estrés del personal, la escasez de docentes, unainfraestructura envejecida, así como calidad desigual y segregación.[5]

Debidoa la mala calidad de la enseñanza pública, en los últimos años han surgidoescuelas primarias y secundarias privadas no subsidiadas. Aunque la calidad deéstas es considerada mucho mejor, las tarifas son elevadas. Esta tendenciahacia la enseñanza privada, de alta calidad pero cara, es contraria al Pacto(art. 13.2) que procura ofrecer una enseñanza gratuita en todos los niveles.Una iniciativa para la enseñanza básica ha sido patrocinada por empresasinteresadas en enseñar a los niños el espíritu de empresa. No obstante, laestabilidad del patrocinio empresarial, por el cual las compañías financian alas escuelas a cambio de publicidad, aún está por determinarse.[6]El patrocinio corporativo permitió al sector privado penetrar cada vez más entodos los niveles de la enseñanza. El 13% de las escuelas primarias y el 27% delas escuelas de educación superior recibieron este tipo de patrocinio en2000-2001.[7]

Conclusión:privatización y problemas sociales

Elobjetivo de las autoridades respecto de los procesos de privatización ha sidolograr que los servicios públicos sean más baratos, en lugar de salvaguardarel interés público o cumplir con sus obligaciones de proteger los derechoshumanos. Las autoridades han subestimado la necesidad de regulación, supervisióny aplicación de la ley. Por ejemplo, las acciones que le pertenecen en lascompañías privatizadas no le han dado al gobierno la influencia necesaria paradefender el interés público[8]:el Estado no pudo impedir que la compañía de trenes NS elevara los precios, apesar de ser el propietario de la empresa. Otras protecciones para losconsumidores, ciudadanos y trabajadores, como regulaciones y normascontractuales estrictas, no garantizaron precios más bajos, mejor calidad niacceso igualitario.

Enlos sectores en los cuales el gobierno ha mantenido mayor control, como la saludy la enseñanza, los recortes presupuestales generaron servicios de menorcalidad y, por consiguiente, un mayor suministro privado. El Estado haabandonado paulatinamente su obligación en materia de derechos humanos debrindar suficientes servicios, médicos o de educación, de alta calidad y paratodos. La orientación de estos sectores hacia el mercado choca directamente conel interés público.

Laprivatización de la política anti-pobreza

Lospobres tienen poca protección contra el paulatino incremento de los precios deciertos servicios privatizados. Ninguna ley holandesa prohíbe desconectar alusuario del servicio de agua o energía cuando éste no pueda pagar la factura.Las medidas del gobierno para reducir la pobreza sólo incluyen los subsidiospara la educación y la vivienda. Algunas iniciativas privadas revelaron unamejor calidad, pero con frecuencia a precios más elevados, lo cual limita elacceso de aquellos que no lo pueden pagar. La política del gobierno paracombatir la pobreza logrando que la gente vuelva a trabajar ha sido privatizada,pero su aplicación padeció muchos problemas. Las empresas privadas de“reintegración” sólo ayudan a encontrar trabajo a las personas con mejoresposibilidades, mientras excluyen a los demás.

Mujeres: la perjudicada retaguardia doméstica

Lafalta de disponibilidad y calidad de servicios privatizados (como el correo y el‘banco postal’) y ‘orientados al mercado’ (como la salud, la enseñanzay los trenes), y se suma al estrés que experimentan al combinar sus funcionesde trabajo con el cuidado de sus familiares.[9]Los días que los niños son enviados a sus casas por la ausencia de losmaestros, es más probable que las mujeres se ausenten del trabajo. Losservicios privatizados buenos también son caros. De esta manera, las mujerespobres están en desventaja. Una menor seguridad laboral y requisitos de empleomás exigentes (flexibilidad, etc.) no facilitaron las cosas para que lasmujeres trabajen en los sectores de servicios públicos básicos. Por ejemplo,el 60% de las mujeres dedicadas a la medicina general abandonan la carrera luegode 5 años, como consecuencia de las exigencias de la profesión y de recursosinsuficientes de médicos y hospitales. La reorganización de los hospitalesaumentó el número de administradores, en su mayoría hombres, mientras serecortaron los empleos de quienes cuidan a los pacientes, en su mayoríamujeres.

Notas:

[1] Ver W. Hulsink, “Tides in infrastructure politics? Experiences with privatisation, liberalisation and regulatory reform in the Netherlands”, ponencia, abril de 2001.

[2]Europa remt privatisering zorgstelsel af”, Het Financieele Dagblad, 30 de septiembre de 2000.

[3] Ver Sociaal en Cultureel Rapport 2002, por Sociaal Cultureel planbureau, 2002, pp. 322-326.

[4] “Twaalf tips voor de zorg”, en Elsevier, 22 de junio de 2002.

[5] Sociaal en Cultureel Rapport 2002, op. cit., p. 552.

[6] Diedema, “Leren in een sprookje”, en Intermediair, 27 de junio de 2002, p. 19.

[7] F. Adams, H. Beerends, P. Krooneman, “Sponsoring in het onderwijs”, para Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt BV, 8 de octubre de 2001, p. ii.

[8] “Overheid als aandeelhouder weinig zinvol”, en Het Financieele Dagblad, 23 de agosto de 2002.

[9] “De veeleisende samenleving”, octubre de 2002.

La autora es investigadora en el Centro para la Investigación sobre Empresas Trasnacionales (SOMO). Esta contribución fue coordinada por el Comité Nacional para la Cooperación Internacional y el Desarrollo Sostenible (NCDO). Se agradece la colaboración especial de Alida Smeekes, Red Europea contra la Pobreza, y Gerard Oude Engberink, investigador y asesor sobre temas sociales para la ciudad de Rotterdam.