Obstáculos estructurales en una etapa de crisis

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2002
Luisa Eugenia Morales
Instituto de Investigación y Autoformación Política (INIAP) – Iniciativa Social -

La ineficacia de las instituciones políticas frente a la acción de grupos de poder económico, la falta de control de la ciudadanía sobre los actos de la administración pública, la creciente diversidad de identidades socioculturales, la falta de integración y comunicación entre movimientos sociales, la exclusión social y el empobrecimiento de grandes sectores, la concentración del capital financiero, la crisis del estado de bienestar y la participación militar en la vida económica, entre otros, se integran como obstáculos estructurales al desarrollo en una etapa de crisis.

Desde la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la situación política y social ha cambiado cualitativamente, con la finalización del conflicto armado interno que afectó al país durante más de cuatro décadas. El contenido sustantivo de los Acuerdos de Paz, firmados entre las partes en conflicto en 1996, virtualmente legó una agenda social a ser cumplida por la sociedad en su conjunto. Esta agenda de construcción y consolidación de la paz refleja la necesidad de dar respuesta a la demanda de oportunidades y condiciones para que guatemaltecos –hombres, mujeres, indígenas, ladinos, juventud, niñez, adultos mayores y otros sectores sociales– alcancen la equidad, la justicia y la democracia.

La eliminación de la pobreza y la búsqueda de la equidad de género requieren efectivamente la interacción de los distintos sectores involucrados en su consecución, que debe traducirse en acciones concretas y plasmarse en propuestas de desarrollo y políticas públicas. Su aplicación debe eliminar la brecha existente entre una mera voluntad política y la acción concreta en torno a la meta de erradicar la pobreza y la equidad social.

Las condiciones de pobreza y marginación, de acuerdo al Informe de Desarrollo Humano (IDH) del año 2000, sitúan a Guatemala en el lugar 120 de un total de 174 países. Más del 57% de la población guatemalteca es pobre y más de un cuarto (27%), extremadamente pobre, en un país en donde las dos terceras partes de su fuerza laboral están afectadas por el desempleo, por precarias condiciones de trabajo o por un empleo de subsistencia que afecta en mayor grado a las mujeres, indígenas y trabajadores y trabajadoras rurales. Tres cuartas partes de la población rural son pobres.

La subsistencia se ha tornado una carga muy pesada para amplios sectores de la población, la cual debe enfrentar también la falta de capacidad del Estado para enfrentar las necesidades, demandas e intereses públicos y manifiestas limitaciones en su desarrollo organizativo. Contrabando, prostitución, corrupción y formación de pandillas juveniles aparecen como mecanismos sociales de escape frente a la ausencia de un papel rector del Estado en la búsqueda del bienestar colectivo.

El economista guatemalteco Lionel Figueredo Ara, en un reciente estudio denominado “Problemas estructurales para el desarrollo económico de Guatemala”[1], afirma: “Guatemala se encuentra en una etapa de crisis y  problemas como la ineficacia de las instituciones políticas frente a la acción de grupos de poder económico, la falta de control que tiene la ciudadanía sobre los actos de la administración pública, la creciente diversidad de identidades socioculturales, la falta de integración y comunicación entre movimientos sociales, la exclusión social y el empobrecimiento de grandes masas, la concentración del capital financiero, la crisis del estado de bienestar, la participación militar en la vida económica, entre otros, se integran como obstáculos estructurales que constituyen en lo individual, una pieza fundamental en esta etapa de crisis.”

El estudio aludido señala que durante la administración del gobierno del presidente Alfonso Portillo se ha profundizado el deterioro de la economía, la situación fiscal ha empeorado y no existen elementos que configuren una perspectiva alentadora. Parte del sistema bancario se encuentra en decadencia y se ha puesto en riesgo la institucionalidad del país, haciendo visible la vulnerabilidad del proceso de profesionalización de la Policía Nacional Civil, compromiso estratégico derivado de los Acuerdos de Paz.

Los actos de corrupción en distintas dependencias del Organismo Ejecutivo desencantan a la población e impiden justificar un incremento en la recaudación fiscal. La confrontación y la polarización política y social se constituyen en un freno a las posibilidades reales en la búsqueda del diálogo para la resolución de los problemas nacionales.

Los Acuerdos de Paz establecen claramente que el desarrollo de la cultura guatemalteca es inconcebible sin el reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos indígenas, la cual constituye su sustento original. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de Guatemala como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, en la práctica existe una creciente fragmentación de las identidades socioculturales, ausencia de políticas definidas y graves omisiones del Estado para atender y solucionar debidamente las necesidades insatisfechas de los grupos étnicos.

La Estrategia para la Reducción de la Pobreza

Guatemala enfrenta, como nación, tres grandes desafíos interrelacionados: la construcción de la paz y la reconciliación nacional, una mejora sustantiva de la calidad de vida de la población, especialmente la que viven en pobreza y pobreza extrema, y un crecimiento económico con desarrollo humano[2].

La Estrategia para la Reducción de la Pobreza, propuesta en el mes de septiembre de 2001 por el gobierno, se sustenta en tres ejes vitales en torno a los cuales deberán girar las acciones gubernamentales para construir las bases que permitan, de forma sostenida en el corto y mediano plazo, elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de los y las guatemaltecas, especialmente los más pobres y excluidos, y dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz. El crecimiento económico con equidad es imprescindible para aumentar el ingreso de los y las guatemaltecas y reducir la pobreza. El segundo eje vital consiste en aumentar la inversión pública destinada a la formación de capital humano de los pobres que les permita aumentar su productividad y por ende su ingreso y bienestar.  Esta estrategia propone que la inversión en capital humano se concentre en educación, principalmente preprimaria y primaria y en salud, con énfasis en salud preventiva en el nivel primario de atención.

El tercer eje se refiere a la inversión en infraestructura  física en las áreas más pobres y apartadas del país, orientando acciones para la ampliación de infraestructura básica para la población rural principalmente en lo que respecta a agua potable, saneamiento básico, energía y caminos de acceso.

Esta declaración de voluntad deberá traducirse en prácticas que conduzcan a la realización de acciones concretas que permitan apuntar hacia reducir la pobreza y alcanzar el bienestar social.

Por su parte, las organizaciones sociales guatemaltecas coinciden en que para que el Estado logre su objetivo fundamental de procurar el bienestar del ser humano es importante asegurar el crecimiento económico y el desarrollo social. La población debe constituir el centro de la política económica, de tal manera que se pueda tener una vida larga, saludable, adquirir los conocimientos necesarios, tener acceso a los recursos y la tecnología y disfrutar de una vida decorosa sustentada en la equitativa distribución del ingreso, un desarrollo económico, social y político, respeto y observancia a los derechos humanos, a la identidad y derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género.

La captación de recursos económicos es de vital importancia para dar estabilidad y sostenibilidad a las finanzas públicas sin el desestímulo de la inversión. El crecimiento económico sostenido a mediano y largo plazo debe ser capaz de generar empleo productivo que permita cubrir las necesidades básicas de la población. La política económica debe concebirse de manera integral, coherente y coordinada con el resto de áreas de la política pública, diseñada y administrada de forma global y con visión de largo plazo dirigida al desarrollo económico y social. Enfrentar este desafío requiere adoptar una estrategia de desarrollo que se oriente a promover la construcción de la unidad nacional, la participación ciudadana, la ampliación de oportunidades sin discriminación alguna,  la garantía al respeto de la pluriculturalidad, promover la satisfacción de necesidades y  propiciar la equidad social.

La consolidación de la democracia está íntimamente ligada a la reducción de la pobreza, la mejora en la calidad de vida, la integración social y la sostenibilidad del proceso de paz. Requiere también que los y las ciudadanas tengan confianza en la gestión política y administrativa del Estado, participar en los procesos de toma de decisiones nacionales, demandar como derecho ciudadano la eficiencia, la transparencia y probidad de la gestión pública que garanticen que el Estado invierta los recursos públicos con base a las necesidades sociales y a una eficiente programación y ejecución del gasto público.

Declaración de voluntades y gasto público

La inversión en educación es uno de los componentes más importantes planteados en la Estrategia de Reducción de la Pobreza que contempla el gobierno, en la que hay el tácito reconocimiento que la educación tiene un impacto directo y positivo sobre la productividad de las personas; y, por ende, sobre el empleo, el ingreso y la reducción de la pobreza. En dicha estrategia, se adoptan tres metas con relación a la educación: incremento de la tasa neta de escolaridad a 40% en el nivel pre primario y a 88% en el nivel primario, y reducir la tasa de analfabetismo a 20%. Se calcula que el costo incremental de llegar a estas metas es de USD 460,3 millones en el período 2002-2005.

Cabe recordar aquí las palabras del ex presidente del Banco Mundial (1990) Baber Conable: “Los pobres no pueden incorporarse a la lucha contra la pobreza, si no están equipados para identificar oportunidades y aprovecharlas. Por lo tanto, la educación es un segmento indispensable del puente por donde el pobre puede cruzar el golfo de la miseria a la esperanza. Es crucial para el esfuerzo de la gente.”

En cuanto a los avances en la situación y condición de las mujeres, debe explicitarse el esfuerzo realizado por más de 35 organizaciones comprometidas con la democracia organizadas en la Coordinadora ¡Sí! Vamos por la Paz. Dicha coordinadora es un espacio de intereses sectoriales cuyo objetivo es darle viabilidad a las aspiraciones de cambio expresadas en agendas mínimas de trabajo de mujeres, niñez y juventud, pueblos indígenas, sindicalistas y campesinos.

Dichas agendas comprenden ejes estratégicos y temáticos para el desarrollo social, económico, político y cultural de la sociedad guatemalteca. En el caso de las mujeres, se establecen cuatro ejes centrales: Desarrollo Social e Interculturalidad, Desarrollo Económico, Democratización y Desarrollo Sociopolítico.

El proceso de auditoría social, realizado por las organizaciones integradas en la Coordinadora, ha permitido realizar la consulta y el análisis documental para evaluar el progreso, las dificultades y los incumplimientos de la puesta en marcha de los compromisos asumidos por el actual gobierno sobre acceso de las mujeres a la propiedad, financiamiento, crédito para la producción, asesoría tecnológica, capacitación, así como la eliminación de reglamentaciones y prácticas que limitan el acceso de las mujeres a los recursos y servicios.

El monitoreo permite establecer la brecha entre lo que se promulga, emite o planea en materia de avance sobre la situación y condición de las mujeres y lo que se transforma en una realidad concreta. La conclusión del análisis es que la realidad de las mujeres en Guatemala durante el último año no ha variado significativamente, aunque debe reconocerse que se han abierto algunas posibilidades con la política Nacional de Equidad Genérica. Esta política puede ser considerada como una útil herramienta de avance, pero que necesita de los recursos necesarios  para su eficaz implementación.

En materia económica, los avances dirigidos a mejorar la situación y condición de las mujeres son muy limitados. La falta de promoción del acceso de las mujeres a recursos para la producción constituye una seria limitación a su desarrollo individual y colectivo y un freno en la búsqueda de la calidad de vida de la población guatemalteca en su conjunto.

Notas:

[1] Trabajo de consultoría para la Fundación Friedrich F. Ebert – Guatemala. Guatemala, julio de 2001, inédito.

[2] Coordinadora Sí ¡Vamos por la Paz! “Plan de Desarrollo Económico y Social: propuesta 2001.” Guatemala, 2000, p. 6.