El último que apague la luz

Uruguay es un país productor de gente inteligente que se va para nunca volver; un semillero de genios que, hastiado de regulaciones coloniales, emigra a lugares donde poder triunfar. La carencia de oportunidades y la falta de perspectiva hacia el futuro hacen que cada día sean más los jóvenes que eligen otros lugares para vivir. Hasta mediados del siglo XX el país recibió inmigrantes –especialmente europeos– pero, a partir de la década del 60, pasó a ser un país de emigración, especialmente de la población joven.

“¿Dónde iremos a parar?”

Esta es la pregunta que corea el popular cantante Jaime Roos y la Murga Falta y Resto[1] en una canción que recoge la singular situación de los uruguayos que buscan concretar sus sueños frustrados en el exterior. Drama que ha crecido en los últimos tiempos, junto con la recesión económica y la desesperanza nacional.

Según la Dirección Nacional de Migraciones[2], en los primeros seis meses del 2000 se otorgaron casi 5 mil pasaportes frente a los 7.561 que se entregaron en todo el año 1999. El aumento sería del 30%.

Entre el 1 de enero de 1995 y el 25 de julio del 2000, 260.975 uruguayos salieron del país y no volvieron. Pero no se trata de turistas entusiasmados con el extranjero, sino de personas que emigraron hacia otros países en busca no sólo de una vida digna, sino al menos de un trabajo.

En los primeros siete meses del 2000, emigraron 43.300 personas, cifra que supera a la de todo el año 1999. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, en el período comprendido entre 1963 y 1975 abandonaron el país 218 mil uruguayos. En 1974, ya en pleno gobierno dictatorial, se exiliaron casi 65 mil personas.

De acuerdo a lo declarado por Ernesto Murro, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), “se van del país casi 60 uruguayos por día que son jóvenes y cincuentones”.

Oportuna reforma electoral

En diciembre de 1996 la ciudadanía uruguaya aprobó en plebiscito, una reforma constitucional que supone cambios de singular magnitud para el sistema político y electoral[3]. Las principales reformas incluyeron la introducción del ballotage o segunda vuelta en la elección presidencial cuando ningún candidato supere el 50% de los votos, la elección interna obligatoria de los candidatos a presidente en los partidos, y la separación en el tiempo de las elecciones nacionales de las departamentales o municipales.

En las últimas elecciones de autoridades nacionales realizadas en octubre de 1999 -casualmente las primeras elecciones en que se pusieron en práctica estas reformas- los resultados obligaron a ir a una segunda vuelta, entre el Frente Amplio-Encuentro Progresista, que había obtenido la mayoría de los votos (40%), y el Partido Colorado (32%) con el apoyo del Partido Nacional (22%). Gracias a la coalición formada entre ambos partidos tradicionales, reforma mediante, la presidencia quedó, aunque por una diferencia mínima, en manos del Dr. Jorge Batlle, del Partido Colorado.

El flamante presidente

El nuevo gobierno instalado el 1 de marzo del 2000, ha apoyado la búsqueda de una solución al tema de las personas detenidas y desaparecidas durante la última dictadura, actitud que contrasta claramente con las tres administraciones anteriores. Este apoyo se concretó con su colaboración en la investigación de la identidad de la nieta de Juan Gelman[4], gestiones para clarificar la presunción de que un joven podía ser el niño desaparecido Simón Riquelo, y la creación de un mecanismo para llevar adelante las investigaciones, que se concretó en agosto del 2000 con la formación de la Comisión para la Paz. De acuerdo a SERPAJ, aunque la creación de esta comisión ha sido un aporte imprescindible, no existen grandes expectativas de que la misma solucione el problema de fondo de los desaparecidos durante la dictadura.

Por otra parte, recientemente, el presidente Batlle, inauguró el Seminario Internacional “Hacia el libre comercio de las Américas: las barreras legales y regulatorias” y expresó que “...muchos hablan ahora de globalización, pero la globalización existió desde Roma. Sólo que ahora no hay globalización, es una gran mentira, porque Europa y EEUU tienen mercados cerrados”. El presidente agregó que “uno ve a esos tipos que manifiestan contra la globalización y se pelean con la policía. Pero si uno va y les pregunta si están de acuerdo con las exportaciones le van a contestar que sí. Es decir, están en contra de la globalización pero a favor de las exportaciones; en realidad están dementes”, y provocó las primeras risas de la noche. En dicha oportunidad Batlle daba su respaldo total al ALCA y manifestaba su creencia en que “El libre comercio genera prosperidad”. Más adelante, el presidente dio a conocer su intención de contratar a un experto mexicano para negociar bilateralmente con EEUU.

En otro orden, en el Encuentro Panamericano de Semillas, realizado en Punta del Este, Batlle apoyó calurosamente la producción de alimentos genéticamente modificados (transgénicos). En la ocasión, afirmó que el futuro de la alimentación en el mundo está en los transgénicos, y que abriendo sus puertas a ellos "América Latina le dice al mundo que está dispuesta a asumir los desafíos del conocimiento". Sobre el riesgo ambiental que pueden implicar los transgénicos, nada dijo.

La reproducción de la pobreza

Particularmente diferente a nivel continental, por la escasez de niños y adolescentes, el principal problema del país es que su reproducción biológica se ha instalado en los sectores de extrema pobreza, fortaleciendo procesos de exclusión e incorporando a este circuito a casi la mitad de los niños que nacen en el territorio.

La distribución desigual de la pobreza a nivel generacional, se ha profundizado levemente en el período 1996/2000. De acuerdo a estudios recientes, el 51,54% de los niños de 0 a 4 años tiene al menos una necesidad básica insatisfecha.

La disminución de la mortalidad infantil es uno de los logros más trascendentes. Sin embargo, se registran diferencias alarmantes de acuerdo a las zonas: mientras en la costa este de Montevideo la tasa de mortalidad infantil asciende a 4 por mil nacidos vivos; en la periferia de Montevideo trepa a entre 34 y 40 defunciones por cada mil nacimientos.

En los últimos dos años se produjo un aumento en el gasto a nivel de las políticas focalizadas de infancia que llevó adelante el Instituto Nacional del Menor (INAME), lo que se concretó en una mayor cobertura y expansión de servicios. A esto se sumó el aumento de cobertura en el sistema educativo, aunque en este caso el presupuesto general no se incrementó, ya que fue esto fue financiado por fondos externos de organismos multilaterales. El sistemático avance de la escolarización hacia la temprana edad, es un logro que sin duda se deberá mantener y cuidar.

No obstante estos avances, el país sigue rezagado en la contemplación legal de los derechos de los niños y adolescentes, que continúan rigiéndose por el Código del Niño emitido en 1934. El país no se acompasa a las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Las políticas de convenios con organizaciones de la sociedad civil, que hoy atienden a la mayoría de los niños y niñas en la órbita del INAME, se destacan como un acierto.

Contracción del mercado laboral

En un contexto de menor producción, las empresas contrajeron significativamente su demanda de empleo y los empresarios tienen negativas expectativas respecto a una reactivación de la economía. De acuerdo a la evaluación 2000 del Instituto Cuesta Duarte (PIT-CNT)[5], se registró una menor ocupación en casi todos los sectores de actividad. La tasa de empleo del total del país fue de 51,9%[6] en el promedio de los primeros 6 meses del año 2000, mientras que había sido de 52,6% en 1999.

La tasa de desempleo para el trimestre noviembre-enero 2000/2001 correspondió al 14,2%, alcanzando al 11,1% de los hombres y al 17,7% de las mujeres. La misma tasa representó un 11,3% para igual trimestre del 1999/2000, alcanzando al 8,9 de los hombres y al 14,2 de las mujeres.

La creciente concentración de las ventas en manos de los grandes supermercados[7], la consiguiente desaparición de pequeños comercios y la asfixia económica de los proveedores no constituyen un fenómeno nuevo ni reciente. Su peculiaridad tal vez resida en haber sido capaz de expandirse a pesar de las numerosas y poderosas resistencias que genera, pues no ha de haber ningún actor político que se anime a emitir una opinión favorable al oligopolio que ostentan las cadenas del grupo francés Casino (Disco, Devoto y Géant) ni entidad empresarial que, en mayor o menor medida, no se sienta perjudicada por el avasallante poder del supermercadismo. El problema es que tales resistencias políticas han sido tardías e insuficientes. El tema, con todo, ha desnudado con toda crudeza las peores consecuencias de la política del libre comercio, generando, en el apogeo del discurso liberalizador, fuertes reclamos de las corporaciones empresariales en favor de una mayor regulación del mercado.

El último estudio sobre ingresos de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)[8] develó que en el 23% de los hogares uruguayos ingresan menos de PU 5.000 por mes[9], lo que equivale a 221 mil hogares y a unas 700 mil personas. También se determinó que al menos 3.000 hogares subsisten con una cifra que no llega a los PU 1.000 mensuales. En el otro extremo, nos encontramos con que solamente el 8,4% del total (81 mil hogares) tienen ingresos que van de PU 20.000 a PU 30.000, y aún ingresa más de esa cifra en el 7% de los hogares. El 74% de los hogares en el país tienen por mes ingresos menores a PU 15.000 mensuales. La cantidad de hogares ronda los 970 mil, calculándose 3,2 personas por hogar a los efectos de la encuesta[10].

El 40% de la PEA sin seguridad social

Un informe[11] titulado “Informalidad y seguridad social en el Uruguay”[12] revela que el 41% de la PEA no tiene cobertura de seguridad social real. Esto indica que casi 500 mil personas tendrían comprometidas seriamente sus posibilidades de pensión y jubilación en el futuro, además de la pérdida de sus derechos. Por otra parte, 658 mil uruguayos padecen problemas de empleo (54%). Tanto la cantidad de personas que carecen de seguridad social, como las que tienen problemas de empleo, aumentaron cuatro puntos en esta década, y en el caso de las personas sin cobertura social aumentaron en casi 100 mil. Según el representante de los trabajadores en el Directorio del BPS, Ernesto Murro “son cifras que impactan, y en nuestra opinión son cifras conservadoras, tiradas a menos”.

El informe concluye que el problema no es coyuntural sino estructural, permanente. Existe una estabilidad de la informalidad y los trabajadores que están en el sector informal no se trasvasan, no se pasan al formal. Se está formando una cultura de la informalidad. El promedio de edad de los trabajadores informales, es mayor que el de los formales. Otro dato que revela el informe es que existen tres sectores especialmente sensibles a la informalidad: los jóvenes en general, las mujeres, y los mayores de 45 años.

En este sentido, el director general de la OIT, Juan Somavía, dijo que “el crecimiento económico y la estabilidad en los precios no se han traducido en una mejoría significativa de la situación del empleo ni de los salarios. La modernización de la economía se está produciendo a costa de la precarización de las relaciones laborales, que suele tener consecuencias desastrosas para los trabajadores”. Además afirmó que las reformas que se están aplicando “no tienden a hacer extensiva la protección a la totalidad de los trabajadores sino más bien, en algunos casos, a reducirla”.[13]

El 85% de los desocupados (115 mil) no tiene derecho al seguro de paro, lo que muestra una gran restricción. A nivel de los trabajadores precarios[14], el 90% no tiene seguridad social (151 mil). Hay un 10% que son trabajadores familiares sin remuneración, hijos o mujeres que ayudan en el trabajo familiar sin remuneración.

El 66% de las trabajadoras domésticas no tiene cobertura de jubilaciones y pensiones y el 77% no tiene cobertura de salud. Estamos hablando de 61.500 mujeres.

Uruguay es el único país del mundo que exige 35 años de trabajo registrados y aportados para jubilarse. La gente no llega. La obtención de una empresa unipersonal implica un costo de PU 1.900, lo que favorece la informalidad. Por otra parte, existe una política de recortes muy seria con las prestaciones de discapacidad, ya sea jubilaciones por discapacidad o pensiones por invalidez. La falta de extensión del sistema de asignaciones familiares hace que existan casi 200 mil niños pobres sin esta prestación.

Muere una mujer cada nueve días

Anualmente mueren en el país 40 mujeres víctimas de violencia.[15] No existe conciencia de las proporciones de la violencia doméstica contra las mujeres, “si no, la población no se sorprendería de los datos estadísticos alarmantes”, dijo Graciela Dufau,[16] quien reveló estos datos en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el 24 de noviembre del 2000.

La investigación revela también que casi la mitad de las mujeres que viven en pareja en Montevideo han sufrido amenazas, insultos o la destrucción de alguna pertenencia, por lo menos dos veces en el año, por parte de su compañero. Uruguay es uno de los pocos países que no tiene ley de prevención de la violencia doméstica, proyecto que fue enviado al Parlamento por el Ejecutivo hace dos años.

Por otra parte, los patrones de fecundidad de la población han cambiado en forma importante. Desde 1985 a la fecha se presentó una fuerte incorporación de las adolescentes a la maternidad (adolescentes pobres), las mujeres de 20 a 30 años se han retrasado en el ejercicio de la misma (sector medio/alto, donde se prioriza la formación profesional) y en las mujeres de 30 a 34 años se registra un crecimiento.

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública, el 32% de las madres que se atienden en el sector público (un total de 2.700 al año) son reiterantes en su segunda gestación y de ellas, el 48% están solas. Sólo un 13% están casadas y un 27% están en unión libre. Por otro lado, entre estas madres sólo el 15% ha terminado la secundaria.