Cuando pase el temblor

La situación luego de los desastres sísmicos, paradójicamente, podría convertirse en la oportunidad de cambiar el rumbo de pobreza y vulnerabildad en que vive la mayoría de la población. El Plan de Reconstrucción debe ser concertador, transparente, ambicioso; y debe contemplar la aplicación de una política fiscal equitativa que toque la puerta a los sectores que generan mayor capital. Es el momento para que el gobierno demuestre la voluntad política de brindar condiciones dignas de vida a la población a largo plazo.

Antes...

En la década pasada se fortaleció la economía de mercado en el país: se modificó y acotó el rol del Estado, se ejecutaron reformas fiscales, se liberó la economía, se privatizaron parte de los activos del Estado, y se inició la apertura de los mercados globales. No obstante, las “bondades” de este panorama descansaban sobre la base de Programas de Estabilización y Ajuste Estructural, los cuales determinaron incrementos en los precios de los servicios, en la recaudación, y en una política monetaria y fiscal restrictiva. El resultado fue la estabilidad macroeconómica relativa, pero a cambio se fabricó un entorno jurídico y político propicio para el desarrollo del modelo económico neoliberal.[1]

En 1998, uno de los primeros signos de alerta que confrontó las prioridades del Estado salvadoreño, fue la tormenta Tropical “Mitch”. El fenómeno natural cambió el entorno y el ritmo de la economía nacional y redujo en aproximadamente un 2% el crecimiento del PBI debido a las cuantiosas pérdidas en el agro y los daños infraestructurales. El desastre provocado por el huracán dejó en claro dos cosas: que la prioridad del gobierno había sido vigilar el desarrollo del ámbito macroeconómico, y que la mayoría de la población vive en condiciones de vulnerabilidad. Las inundaciones sorprendieron al país sin políticas concretas destinadas a la erradicación de la pobreza, la generación de empleos y el mejoramiento de las condiciones sociales.

En los últimos cinco años disminuyó levemente el porcentaje de hogares pobres, pasando de un 47,5% en 1995 a un 45,1% en 1999. El índice reflejaba que sólo los hogares de la zona rural disminuyeron la pobreza, a diferencia de los hogares pobres de la ciudad, que pasaron del 40% en 1995 al 43,2% en 1999. Estos resultados arrojan nuevas interpretaciones si consideramos que el 20% de las familias más pobres recibe el 5,7% de los ingresos y el 20% más rico recibe el 48%. Esto explica el hecho de que uno de cada cuatro niños presente desnutrición crónica y que en cinco años la disminución del analfabetismo haya sido del 1,78%.

En la cobertura de educación básica, la evolución fue positiva al pasar del 52,9% en 1995 al 81,7% cinco años después. La tasa de escolaridad promedio pasó de 4,67 grados en 1995 a 5,01 grados en 1998, sin embargo, en el área urbana es de 6,6 grados, mientras que en el área rural es de 2,9 grados.

Antes del 13 de enero del 2001, el proceso de dolarización (que por decreto está en vigencia desde el 1º de enero del 2001), era el tema de mayor interés y debate en la sociedad. Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que a finales de enero estaban en circulación USD 70,95 millones, equivalentes al 15,77% del dinero circulante. Este ritmo hace pensar que para julio el país podría estar totalmente dolarizado.

Entre las ventajas que traería la Ley de Integración Monetaria se esperaba un crecimiento económico de entre un 4% y un 4,5% para el 2001, la reducción de las tasas de interés, así como la atracción de más inversión extranjera al país.

Sin embargo, la medida no es popular entre la ciudadanía, y los sectores que se oponen cuestionan la falta de una política monetaria nacional, sobre todo en situación de crisis, y solicitan que las reservas internacionales se destinen a la reconstrucción.

...y después

Tres años después del Mitch, el 13 de enero del 2001, un terremoto de 7.6 en la escala de Richter encontró al país en las mismas condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Esta realidad se magnificó aún más cuando un mes después, el 13 de febrero, otro terremoto de 6.1 en la misma escala arrasó con los municipios que se encontraban intactos.

El resultado es una sociedad con más de 80 albergues a nivel nacional y más de 1,5 millones de damnificados. De los 262 municipios, 97 resultaron dañados significativamente, y una de cada seis personas resultó afectada.

Hasta ahora, fuentes oficiales reportan que murieron 1.149 personas, y 8.056 resultaron lesionadas; están dañadas 178.060 viviendas, 688 soterradas, y 149.900 están destruidas. Además, hay daños en 938 edificios públicos, 1.566 escuelas y 135 establecimientos de salud[2], y la mediana y pequeña empresa ha perdido 32.540 empleos.

La CEPAL[3] vaticinó que El Salvador en lugar de tener un crecimiento del 5% en su economía, como se pronosticó, crecería entre un 3,0% y un 3,5%.[4] Para la CEPAL, los daños del primer terremoto provocarán un decrecimiento de la economía de 3 a 5 años, debido a que su monto asciende a USD 1.255,3 millones, equivalentes al 9,5% del PBI. A esto se suman los daños del segundo terremoto, estimados en USD 348,5 millones.

El gobierno estima que los daños de los dos terremotos ascienden a USD 2 mil millones, equivalentes al gasto anual de todo el aparato estatal. Para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)[5], el crecimiento económico del 2001 será de entre un 2,0% y un 2,5%, debido a la pérdida de la riqueza, las pésimas expectativas de los inversionistas y consumidores, y la poca disponibilidad de recursos.

El sector social se llevó la peor parte: educación, salud y vivienda perdieron un total de USD 616 millones. Según la CEPAL, el país tendrá una sensible baja en la calidad de la enseñanza primaria, debido a la cantidad de escuelas dañadas y a las continuas interrupciones que ha tenido el año escolar por los sismos.

Si bien durante la emergencia la ayuda humanitaria de parte de la comunidad internacional contribuyó a reducir las necesidades de la población damnificada en el corto plazo, varios países no ayudaron como la crisis lo requería. Además, para atender las necesidades de alimentos de más de un millón de damnificados, se necesitan 325 toneladas de alimentos diarias, y la ayuda internacional sólo contribuye con unas 100 toneladas diarias[6].

Durante la primera fase de la emergencia nacional, la Asamblea Legislativa ratificó en su totalidad el Presupuesto General del 2001, según lo había solicitado el Ministerio de Hacienda: 19.492 millones de colones (USD 2.227,55 millones). El presupuesto será financiado con la aprobación de la emisión de 2.656 millones de colones (USD 303,5 millones) en bonos, y un aumento de ingresos tributarios del 9,9%, principalmente en el IVA y la renta. También se aprobaron préstamos internacionales en salud, educación y fondo de inversión social, destinados a la reconstrucción. Esto ocasionará un déficit fiscal equivalente al 2% del PBI, lo que se sumaría al 2,8% esperado antes de los terremotos. 

El área social tiene el 41,1% del presupuesto. Los Ministerios de Salud y Educación recibieron los mayores aumentos, y tendrán USD 66,9 millones más que en el año 2000. Aunque la deuda pública es alta, el gobierno afirma que a pesar de la tragedia, no se excederá del limite de endeudamiento nacional, de aproximadamente USD 1.500 millones.

La realidad es que ni siquiera con estos ajustes presupuestales se alcanza a cubrir las necesidades de la población damnificada. Las esperanzas del gobierno están concentradas en la cooperación de la comunidad internacional, los préstamos y las remesas familiares.

La reconstrucción: un proceso de todas y todos

El sismo sacudió los planes que tenía el gobierno para los tres años y medio de gestión que le quedan. Ahora cada ministerio tendrá que readecuar sus metas frente a este nuevo escenario. La rehabilitación de la infraestructura vial, educativa, y de salubridad, relegará en el corto plazo cualquier otra meta.

Actualmente, el desafío que acapara la atención del país es la reconstrucción. Tanto el gobierno como los diferentes sectores de la sociedad civil ya hicieron públicas sus propuestas, sin llegar a un punto de encuentro. El gobierno parte de un país que estaba en buenas condiciones antes de ambos terremotos, por lo tanto, su meta es entregarlo con el mismo panorama de vida al 13 de enero. Para un importante sector de la sociedad civil el plan de reconstrucción debe analizar aspectos como la vulnerabilidad ecológica, social y económica en la que se encontraba el país antes de los terremotos. Este sector parte de la base de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Por qué nuevamente las personas pobres son las protagonistas de los mayores daños? ¿Significa que el desastre obliga a examinar la dinámica política y social del país?

De los USD 2 mil millones estimados por daños de los terremotos, el gobierno sólo puede cubrir la cuarta parte, es decir cerca de USD 500 millones. El Plan de Reconstrucción que presentó al Grupo Consultivo de Madrid, asciende a USD 2.100 millones, de los que sólo obtuvo un paquete de USD 1.300 millones, de los cuales sólo USD 300 millones son en carácter de donación. Está claro que el gobierno no recibió la cantidad de donaciones que esperaba en Madrid, y que los créditos, aunque blandos, siempre tendrán la categoría de préstamos. Los recursos llegarán en los próximos cuatro años y el gobierno prefiere pensar que el país todavía tiene buena capacidad de endeudarse.

Los resultados y compromisos de Madrid sugieren que la falta de concertación en el contenido del Plan de Reconstrucción y la falta de transparencia en otras experiencias de emergencia, influyeron en las condiciones definidas por la comunidad internacional para cuantificar y canalizar la ayuda. De alguna manera el espíritu de Estocolmo (mayo, 1999) se expresó en Madrid.

Las organizaciones de la sociedad civil basan la reconstrucción en la persona humana, mediante un proceso de amplia participación.

El Plan de Reconstrucción debería considerar un enfoque de desarrollo humano sostenible con perspectiva de género; una política sostenida de erradicación de la pobreza; un programa de prevención de desastres; la descentralización y el fortalecimiento local; la transparencia de la función pública; y el control ciudadano.

Notas:

[1] Tomado de la Evaluación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 1995-2000. Informe Regional México, Centroamérica y Panamá.  CIDEP, El Salvador. Junio 2000.

[2] Documento Proyecto Madrid. Gobierno de El Salvador. Marzo 2001.

[3] Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

[4]El Diario de Hoy. 23 de febrero 2001, p. 4. 

[5] FUSADES. Informe Trimestral. Marzo 2001. Publicado en El Diario de Hoy, 2 de marzo 2001.

[6]El Diario de Hoy, 8 de marzo 2001, p. 3.