Deterioro en la calidad de vida

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2001
Ana Felicia Torres; Carlos Pentzke; Juliana Martínez; Ana Victoria Naranjo; Jorge Mora; Lilly Quesada
Centro de Estudios y Publicaciones Alforja; Fundación Acceso; Asociación de Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA); Grupo Germinal; Agenda Política de Mujeres

Pese al crecimiento del PBI desde 1997, la población percibe que la situación económica nacional ha empeorado. Si bien la pobreza no ha aumentado sigue afectando a un 20% de la población y la tendencia a la concentración del ingreso se mantiene. La crisis bananera mundial, desatada luego de la decisión de la Unión Europea de eliminar el sistema de cuotas tuvo repercusiones dramáticas en el mercado laboral. En un clima de persecución sindical se viola el derecho de negociación colectiva, asociación y huelga de los trabajadores.

En 1995, el 20% más rico de la población se apropió del 50% del ingreso total de las familias del país, mientras que el 20% más pobre sólo captó el 4% de los ingresos. “El ingreso per cápita de los hogares del quintil más rico superó en 11.8 veces los ingresos percibidos en el 20% más pobre.”[1] Esta tendencia a la concentración del ingreso parece mantenerse, con las correspondientes consecuencias en términos de desigualdad social y económica.[2]

A la vez, es posible que haya aumentado la vulnerabilidad o el riesgo de empobrecimiento debido al deterioro de los mercados laborales. En efecto, han aumentado las oportunidades de trabajo en empleos más inestables, con menores garantías de seguridad social y estabilidad y con ingresos limitados, en contraste con las formas más estables y seguras del empleo formal y público del modelo anterior.[3] Esto significa que ante crisis económicas inesperadas y catástrofes climáticas, la recuperación de los sectores vulnerables es inestable.

Insuficiente recuperación, recesión y reformas

Si bien el Estado tomó medidas en los ámbitos de la salud y la educación, éstas aún resultan insuficientes para recuperar los niveles de desarrollo social alcanzados por el país entre 1940 y 1980, y sobre todo para que la población pueda afrontar el impacto de los cambios en el mercado laboral y en la generación de ingresos.

Los progresos más significativos en el sector salud se dan en el ámbito institucional. Continúa en aumento el porcentaje de la población cubierta por los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), alcanzando el 70%. Por otra parte sigue adelante la reforma institucional del sector, sobre todo con la entrada en vigencia de la Ley de Desconcentración Hospitalaria (30 de noviembre de 1998). También se incrementó el número de población migrante cubierta por el seguro social.

Las últimas tres administraciones de Gobierno llevaron a cabo una reforma del sector salud que propuso fortalecer el financiamiento público (tripartito), expandir la atención preventiva y primaria, y mejorar la gestión del conjunto del sistema a través de la desconcentración y la creación de compromisos de gestión. Sin embargo, la reforma presenta serios problemas.

Se trata de una reforma “a puertas cerradas” que la ciudadanía aún no comprende, con reducción de la inversión en equipamiento e infraestructura, debido a la decisión política de no utilizar el importante superávit anual[4], y de la compra de servicios privados, que fomenta el negocio de la salud en detrimento de los intereses de la población. Por otra parte, se experimentan dificultades en materia de ingresos debido a los altos niveles de evasión y morosidad, a pesar de disponerse de instrumentos legales para atacarlos. Además, ha disminuido la capacidad pública para determinar las necesidades de la población, evaluar la gestión y calidad de los servicios y los resultados esperados.

En educación secundaria la tasa bruta de escolaridad se incrementó de un 57,4% en 1996 a un 61,2% en 1999, y en relación con la tasa neta, el cambio también fue positivo, pasando de un 46,3% en 1996 a un 49% en 1999.

Sin embargo, se experimenta un deterioro en cuanto al acceso de la población a la vivienda. En 1999 se entregó un 40% menos de bonos de vivienda que en 1998, y ya para ese año se había registrado un descenso de casi un 67% con respecto a 1997.

El Informe del Estado de la Nación 2000, establece que en 1999 el desempeño económico del país presentó un crecimiento del 8% en el PBI. Sin embargo, éste no se tradujo en un aumento de los ingresos en los hogares, lo que evidencia la poca articulación entre los sectores más dinámicos de la economía y los distintos sectores sociales.

En términos generales, la reforma evidencia más resultados en la apropiación de fondos públicos por parte de la empresa privada que en el real fortalecimiento de los servicios públicos. El desafío de la sociedad civil es monitorear efectivamente el proceso de reforma e incidir para realmente mejorar la calidad y oportunidad de los servicios públicos de salud.

La crisis bananera

El sector bananero provee una de las principales fuentes de ingresos y generación de empleo directo del país. Durante el año 2000 este sector experimentó el impacto de la fexibilización, la informalidad y el recorte de puestos de trabajo. 

En 1999 el banano involucraba a 40 mil personas de forma directa y a 150 mil de manera indirecta. El mismo año se puso en práctica el uso de “contratos por factura”, es decir, la contratación de personas día a día a través de intermediarios, sin establecer una relación laboral ni el pago de impuestos y seguridad social. Esta modalidad se profundizó en el transcurso del año 2000 y es utilizada por las empresas nacionales y transnacionales principalmente para contratar a mujeres e inmigrantes nicaragüenses.

Además, durante el año 2000 se desató una crisis bananera mundial, luego de la decisión de la Unión Europea de eliminar el sistema de cuotas. En Costa Rica esta decisión tuvo repercusiones dramáticas que fueron denunciadas por varios grupos laborales y comunales: las tres principales transnacionales comercializadoras y exportadoras del fruto[5] redujeron su empleo directo en al menos un 15% y recontrataron al restante 85% con salarios inferiores hasta en un 50%, previo a los despidos masivos.

Estas decisiones repercutieron en las fincas de empresarios nacionales afectándose la producción al punto de cierre en toda la zona sur del país y reduciéndose las contrataciones de algunas hasta en un 25%.

Violación de derechos sindicales

Una reciente sentencia de la Sala Constitucional prohibió a la gran mayoría de empleados públicos la negociación colectiva. Fueron afectados cerca de 50 convenios colectivos, principalmente de los trabajadores y las trabajadoras de las municipalidades, servicios como la Refinadora de Petróleo y los convenios colectivos de algunas universidades estatales.

El derecho a la huelga ha sido violado también en este sector, mientras que a nivel privado  se persigue la sindicalización. Existen altos niveles de persecución sindical y una evidente tolerancia del sistema frente a infractores y violadores de tales derechos.

Fortalecimiento de la voz de la ciudadanía

Durante marzo y abril del año 2000 se produjo un estallido social sin precedentes en los últimos 50 años. Su detonante fue la aprobación de reformas referidas a la privatización del sector de energía y telecomunicaciones, que transformaban al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución autónoma del Estado.

Organizaciones sindicales, ambientales, comunales, estudiantiles, campesinas, de mujeres y de la Iglesia, se articularon espontáneamente en defensa del ICE.

En abril del año 2000 el movimiento social logró importantes victorias, en particular el retiro del Proyecto de Ley de reforma del ICE, la creación de un ámbito participativo de negociación (la Comisión Especial Mixta del ICE) y, al mismo tiempo, el fortalecimiento del “tejido social”, que incorporó en el proceso a sectores sociales no representados directamente.

Pasada esta coyuntura, los sectores sociales siguen articulados en la Comisión Nacional de Enlace y Seguimiento (CONAES), espacio creado a partir de entonces, que se perfila como un poderoso mecanismo de control ciudadano sobre la gestión del Estado y sobre la definición de la agenda pública.

Avances en la situación de la mujer

La “Ley de Paternidad Responsable” fue aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa en febrero del año 2001 y establece que en la inscripción de hijos e hijas nacidos fuera del matrimonio, se consignará tanto la paternidad como la maternidad. Si el padre está ausente, la madre está autorizada para declarar e inscribir la paternidad. El hombre puede demostrar la no-paternidad, recurriendo a las pruebas de ADN, financiadas por el Estado.

Se estima que cerca de 30 mil niños y niñas año tras año nacen sin reconocimiento de paternidad y, por lo tanto, sin ningún tipo de apoyo paterno. Las mujeres que más sufren esta situación son las que se encuentran en condiciones de pobreza.

La aprobación de esta ley es fruto de la movilización y el trabajo organizado de las mujeres, y aunque quede pendiente su cumplimiento, representa un avance importante en la defensa de los derechos de mujeres y niños.

Notas

[1] Carlos Sojo, Los de en medio: la nueva pobreza en Costa Rica, San José Costa Rica, pp. 35–36.

[2] En 1999 continuó una tenue pero persistente tendencia hacia la concentración en la distribución del ingreso, que ha caracterizado la mayor parte de la década de los noventa, aunque los cambios no son de gran magnitud. En Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, San José, Costa Rica, Informe 6, p. 106.

[3] Sistema Naciones Unidas, Evaluación Común de país: Costa Rica, año 2000, p. 18.

[4] Durante el último quinquenio, equivalente al 15% del total del fondo de salud.

[5] Standard Fruit Co., Chiquita Brands y Bandeco.