En el año 2000 los países de la región se vieron fuertemente afectados por un abanico de problemas: la crisis política en el Perú, las agudas protestas sociales en Bolivia que literalmente paralizaron al país, y la fuerte crisis financiera, política, ética y social que afecta a la Argentina. En este marco, Chile aparece como una excepción, mostrando una "economía sana" y una situación política estable.
Algunos economistas plantean que tal “saneamiento” se debe en parte a la agresiva política económica basada en un modelo de desarrollo exportador, que se ha venido implementando desde el régimen militar con una apertura unilateral.
Los tratados comerciales llamados “de tercera generación” están reglamentados por los principios de la OMC, y abarcan temas como las inversiones, los servicios, la propiedad intelectual, la agricultura, el acceso a mercados, y las compras públicas. Esto implica la aplicación en estas áreas del principio denominado de 'trato nacional' –que estipula un tratamiento igualitario al inversionista nacional y al extranjero, y al Estado y los agentes privados– y la eliminación de los subsidios por parte del Estado.
El dinamismo y celeridad de la estrategia comercial tuvo como correlato la ausencia y desinformación de la población, así como de canales de participación efectiva, pese a que el gobierno del presidente Ricardo Lagos ha demostrado un esfuerzo por establecer instancias de diálogo con organizaciones ciudadanas. Sin embargo, estas instancias en la mayoría de los casos se limitaron a informar parcialmente a las contrapartes. A esto se suma el débil marco regulatorio económico y social, y una mayoría parlamentaria que presenta alianzas con los sectores ligados a empresas transnacionales.
Chile, ¿estancado y desencantado?
Chile sigue viviendo las consecuencias de la crisis asiática y de la actual situación de desaceleramiento de la economía mundial, en especial de la estadounidense, dada la continuidad del modelo económico con orientación privilegiada de exportaciones en materias primas.
Esto llevó a la paradoja de que en el año 2000, mientras que el PBI correspondía al tercero más alto de América Latina (5,6%) -después de República Dominicana (8,5%) y México (7%)- la tasa promedio de desempleo nacional anual alcanzó a más del 8%[1] de la población. Sin embargo, el país es mostrado como con una "economía sana"[2] y una situación política estable, si se lo compara con Argentina y otros países de la región.
Otro aspecto de la paradoja es la opción del gobierno de seguir con la desregulación económica interna ante la contracción objetiva de la inversión extranjera (más allá de un 60%). Por ende, el Banco Central, con la anuencia del Ministerio de Hacienda, suspendió la aplicación de medidas tendientes a controlar la entrada de capitales especulativos como el encaje, y eliminó la cláusula de mantener por un año los capitales invertidos antes de repatriarse, establecida en el Decreto Ley 600, del Estatuto de la Inversión Extranjera. Esto ha derivado en que los inversionistas den prioridad a inversiones especulativas en el exterior y depósitos en los llamados "paraísos fiscales", que alcanzan los USD 1.000 millones.
Las últimas encuestas de opinión revelan un significativo incremento en las personas que consideran que Chile está estancado. Un 50% opina que "está estancado" y un 20% considera que "está en decadencia", o bien con una situación económica que se considera "mala o muy mala". Tres de cada cinco encuestados por el Centro de Estudios Públicos (CEP) entre noviembre y diciembre del 2000, pensaba de esa forma, y un 20% veía un futuro mucho peor aún, mientras la cifra de los optimistas descendía abruptamente respecto a los primeros meses del año.
El desempleo y la pobreza
Pese a ser indiscutible el mejoramiento de la situación de las personas en extrema pobreza desde los años 80 a esta parte, no es menos cierto que existen fuertes problemas que aquejan a la economía: Chile presenta graves problemas de inequidad en la distribución de los ingresos, una de las más injustas del mundo. Según la encuesta Casen (oficial), el 10% de los hogares más pobres reciben apenas el 1,5% del ingreso nacional, mientras que los más ricos se adjudican entre el 41 y 42 % de éste, unas 28 veces más. La situación es más álgida si se considera que en los últimos 27 años, el sueldo de los sectores más altos se ha incrementado al doble respecto de otras ocupaciones, mientras que la masa salarial se ha reducido en un 20%.
Otro indicador de los problemas pendientes de esta transición, es la fuerte inequidad de ingresos entre hombres y mujeres, que alcanza en algunos casos una diferencia cercana al 30%. Esta situación se agrava en los sectores profesionales, donde las mujeres obtienen sólo un 45% de lo que perciben los hombres por el mismo trabajo. Las jefas de hogar reciben sólo el 60% respecto de lo que gana un hombre.
En esta visión un tanto oscura se ponen de relieve tres grandes problemas: el desempleo -que en el 2000 llegó al 11% en los meses de invierno-, y asociados con el mismo, la pobreza y la delincuencia.
Si bien el tema del desempleo es prioritario en la agenda del gobierno, lo que resalta es la óptica con que se aborda y sus errores, empezando por considerar que basta una mera reactivación económica para absorber el desempleo. El Ministerio de Hacienda llegó a manifestar que éste debía descender por "principio físico", dado que el dinamismo económico motivaría a producir más y esto conllevaría la contratación de más personal.
Las tasas de desempleo se explican en la política económica de restricciones fiscales del actual gobierno, orientada a mantener los “equilibrios macroeconómicos” aplicando medidas paliativas de poca profundidad para moderar el desempleo, y negándose a utilizar los superávits generados por la capacidad exportadora, que hacia fines del año 2000 sobrepasó los USD 1.000 millones. Tampoco se destinaron recursos suficientes al fomento y auxilio de las PYMES, que son las que generan casi el 80% de los empleos en el país[3].
La inversión extranjera se ha focalizado en el sector servicios en empresas ya establecidas, lo que no crea nuevos empleos, sino por el contrario los reduce, al aplicar planes de racionalización. En este sentido, sectores políticos y empresariales ligados a las transnacionales presionan para llevar adelante una ola de privatizaciones y reformas, entre ellas, la privatización del Banco del Estado de Chile, de Correos de Chile, y de parte importante de los servicios en educación y salud que aún están en manos del Estado.
Los chilenos también experimentan nuevas frustraciones relacionadas con otras tantas "modernizaciones" de las que algunos se enorgullecían en la década pasada. La seguridad social en manos privadas (Asociación de Fondos de Pensiones, AFP) -debido a la baja en el empleo, su temporalidad y precariedad- comenzará a producir jubilados que recibirán pensiones mínimas[4].
La salud privada (Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES), luego de años de crecimiento, se muestra altamente ineficiente para atender los problemas de salud de sus afiliados, y una proporción de ellos termina por abandonarlas y volver al sistema de salud estatal (Fondo Nacional de Salud, FONASA)[5], donde se encuentran con otros problemas –derivados de la falta de un financiamiento adecuado- como la falta de especialistas y medicamentos y el deterioro en la infraestructura.
En relación a la vivienda, otro sector prioritario para las autoridades en el combate a la pobreza, persiste una demanda insatisfecha no sólo de viviendas básicas, sino de calidad[6], en barrios seguros, y con adecuada infraestructura urbana.
Lo expuesto pone en jaque la visión de que una economía "sana" en los términos neoliberales es suficiente para resolver los problemas de pobreza. La visión que se está abriendo paso, no sin dificultad por la ortodoxia reinante, es que se requiere de una acción estatal más vigorosa en acciones mas directas de generación de empleos, en el campo de la salud, la educación y la vivienda. El mercado se demuestra incapaz de absorber la cesantía e incluso burla la supuesta "ley física" planteada por el Ministerio de Hacienda, de que para producir más se requiere contratar más. Ahora el propio mandatario ha reconocido que en Chile se produce más pero con menos gente, ya sea por la introducción de tecnologías, como el incremento en las jornadas y ritmos de trabajo.
Educación
Una de las variables para atacar el problema de la pobreza, ha sido el desarrollo de una educación de calidad y de cobertura amplia, que permita enfrentar los desafíos planteados por el mundo moderno y la llamada "sociedad del conocimiento". En este plan se inscribe la reforma curricular y la extensión de la jornada escolar.
Sin embargo, las posibilidades de acceder, mantenerse y completar la educación básica y media de calidad dependen del nivel de ingresos de los grupos familiares. Datos manejados por los ministerios de Educación y del Trabajo demuestran que cerca del 70% de la población mayor de 15 años no ha concluido sus estudios básicos y medios, y tal porcentaje llega al 40% de la población económicamente activa.
En el 2000 el discurso oficial se vio contrastado con los resultados de la prueba delSistema de Medición de la Calidad Educativa (SIMCE) que mide rendimiento en la educación básica. Comparando los resultados de la misma medición en 1996 como en 1999, se concluye que los colegios municipalizados, donde se concentra el grueso de estudiantes provenientes de sectores pobres, no registraron mejorías en lenguaje y un serio retroceso en matemáticas (de 245 puntos a 239). En cambio, en los colegios particulares pagados se notaron avances más notorios con 293 y 298 en lenguaje y comunicación, y 296 y 299 en matemáticas.
Por otro lado, en relación al llamado ‘analfabetismo funcional’, una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), determinó que el 80% de los chilenos entre 16 y 65 años no entiende lo que lee.
Por cierto estas cifras representan problemas que la sociedad chilena viene arrastrando por décadas y en parte revelan el grave deterioro de la educación experimentado bajo el régimen militar. Sin embargo, los gobiernos democráticos, a pesar de sus buenas intenciones, no han variado mucho el modelo de educación heredado y lo que es peor lo profundizaron al incorporar mecanismos de "financiamiento compartido", que agrega costos adicionales en educación para los hogares más pobres, al incorporar a los apoderados como fuente parcial de financiamiento.
Al menos un aspecto rescatable de este último año es la ampliación de la educación preescolar para hogares más pobres, hecho que sin duda contribuirá a una mayor igualdad de oportunidades pero que a la luz de los problemas es todavía insuficiente.
Notas
[1] En noviembre del 2000, la tasa de desempleo nacional alcanzó a un 9,4% (551,8 mil personas), tasa similar a la de 1999, la cual en promedio anual llegó a un 8,9% (564,6 mil personas). Diario Estrategia del 8 de enero del 2001.
[2] Esta afirmación se puede relativizar si se toma en cuenta que la deuda externa nacional alcanzó en octubre del 2000, la suma de USD 35.927, de la cual el 85% es privada y el resto pública, lo que corresponde aproximadamente al 50% del PBI. Diario Estrategia, 8 de enero del 2001, según fuentes del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadísticas, al 15 de diciembre del 2000.
[3] Según el estudio de la CEPAL en base a fuente de la CORFO, Servicios de Impuestos Internos, entre 1994 y 1997 las PYMES se han reducido en número, en sus ventas y sólo el 5% de las mismas exporta sus productos, aunque en promedio ello equivale al 1,4% de sus ventas. Además, las PYMES alcanzan a entre 1,5% y 2% de los créditos del sistema bancario dirigido a ellas. Esto es muy grave si se considera que, por empresa, la ocupación estaba distribuida (1996) de la siguiente manera: 10% la grande; 13,0% la mediana; 36,6% la pequeña y 40,3% la microempresa.
[4] Las pensiones asistenciales o mínimas crecieron entre 1990-1998 a una tasa promedio de un 10% a un 12%, tendencia que cambió bruscamente al 21,3% en 1999. Tal situación crea un grave problema al Estado, ya que las pensiones aumentaron sus valores a principios de la década de los 90, de unos USD 25 a casi USD 120 en el 2000. Esto significa, que los jubilados no alcanzarán a acumular el tope de dinero necesario para cobrarla, llevando al Estado nuevamente a subsidiar.
[5] Se calcula que un millón de personas se ha cambiado del sistema privado al sistema público de salud.
[6] Las viviendas básicas no superan los 30 metros cuadrados y además un buen número son construcciones con materiales defectuosos e incluso fallas estructurales.