El desarrollo pendiente...
La década de los 90, arrancó de forma esperanzadora para la población salvadoreña, tanto por la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, como por la posterior suscripción -por parte del gobierno- de compromisos a escala internacional. Entre estos últimos sobresalen, la Cumbre Mundial de Desarrollo Social y la IV Conferencia de la Mujer. Con ellos se completaba un marco explícito de referencia -tanto a nivel interno como externo-, que posibilitaba comenzar a construir la senda del desarrollo sostenible en El Salvador.Sin embargo, con cualquier indicador que se utilice, resulta claro la falta de cumplimiento de los acuerdos y compromisos suscritos por el gobierno de El Salvador. Tanto en lo relacionado a los compromisos de desarrollo social y de creación de empleo, como los de igualdad de la mujer y de solución a los problemas de la niñez. Esto no significa que no se haya avanzado, sino que se ha hecho poco y sin mayor relación a políticas y planes sistemáticos que permitan pensar en una mejora significativa en el mediano o largo plazo. Más bien, son concesiones que la sociedad civil está arrancando al gobierno. Tampoco se ha avanzado en la incorporación de todos/as los/las protagonistas, lo que legitimaría aún más los compromisos y los impulsaría sostenidamente.
De esta manera, los puntos de referencia de la crítica al comportamiento gubernamental, no deben de ser únicamente el alcance o no de las metas suscritas, ya que por su condición de objetivos macroeconómicos, es difícil su resolución en el transcurso de cinco años. Se debe medir si se han creado las bases necesarias para la conformación de un proyecto social nacional que lleve al desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo; y es aquí, donde la falta de cumplimiento de los compromisos del gobierno develan su verdadero rostro. En estos cinco años, el gobierno no ha dado pasos necesarios para conformar un modelo de desarrollo sostenible y solucionar el gran problema del desempleo, ni se han dado los pasos firmes para lograr la equidad de la mujer a nivel social, laboral y cultural; asimismo, tampoco se han solucionado los problemas de la niñez y de la educación. Todo lo cual -y mucho más- se comprometió a cumplir en Copenhague y Beijing.
El agotamiento del modelo económico
El gobierno salvadoreño en el período 1995-99, continuó aplicando -sin mucha dosis de originalidad-, los programas de ajuste estructural, PAE.
Con estos, eran más de 15 años desde la aplicación de los primeros PAE en el país1; con cuatro gobiernos diversos –uno de la Democracia Cristiana y tres de ARENA2. En todo este período, la aplicación de este tipo de programas, ha probado –por mucho– su incapacidad de posibilitar un desarrollo para toda la población salvadoreña; aún más, el empecinamiento ideológico en su aplicación, se ha convertido en una seria limitante.
Particularmente, durante la administración de Calderón Sol, no se logró arribar a una senda de desarrollo sostenido (crecimiento económico más aumentos en la calidad de vida de su población), y ni siquiera de crecimiento estable (aumento continuado del PBI), ya que la tasa de crecimiento promedio de la producción, se redujo en dos puntos porcentuales, pasando de 5.5% entre 1990-94, a 3.5% en 1995-99. Esta reducción, al compararla con la evolución de la población (2.1%), revela una tendencia a menor desarrollo social y hasta de desarrollo negativo.3
Por lo que respecta al empleo, la tasa de desocupación se redujo mínimamente, pasando de 7.65 en 1995, a 7.45 en 1999 (DIGESTYC)4. Reducción, que a la vez de ser muy pequeña, se debe al incremento de los/las asalariados/as temporales (maquila y servicios de consumo) y los/las trabajadores/as por cuenta propia (formas de subempleo). En otras palabras, creció el empleo, eso es cierto, pero aumento la fragilidad del mismo, al aumentarse los contratos temporales y mal remunerados y las formas de subempleo.5
Si se agregan, los “talones de Aquiles” del modelo neoliberal salvadoreño, representados en el aumento de los déficit comercial y fiscal6 –en el mismo período–, es fácil concluir que el gobierno salvadoreño no ha cumplido con el compromiso de construir una solución económico social para la mayoría de su población, ni en proporcionar niveles de empleo adecuados.
Pobreza, el mal de siempre
No siendo una característica exclusiva de El Salvador, la pobreza ha sido un mal endémico del segundo país más pequeño del continente. Casi la mitad de las familias, sufre de algún tipo de carencia; y a pesar que el número de hogares en pobreza ha disminuido, pasando de 47.5% a 45.1% de 1995 a 1999, se ha aumentado el número de hogares en pobreza extrema, pasando de 18.2% a 18.9% en el mismo período; así como se han incrementado las diferencias entre la pobreza urbana (que ha disminuido) y la pobreza rural (que ha aumentado)7. En otras palabras, la pequeña reducción del volumen de la pobreza, se ha realizado a costas de su profundización y del aumento de las diferencias regionales.
A su vez, todo se ve agravado por la ausencia de políticas estatales de carácter sistemático orientadas a reducirla; y a pesar que se han elaborado ciertos lineamientos de política anti-pobreza de parte del gobierno, estas son muy generales o simplemente no se llevan a la práctica, quedando sólo como un listado de buenas intenciones. Todo lo cual deja en entredicho el compromiso referente a la erradicación de la pobreza, en un mediano plazo.
El verdadero rostro de la pauperidad, así como de su extensión, ha sido evidenciado en la alta vulnerabilidad de la sociedad salvadoreña ante los desastres naturales. La devastación surgida al paso de la tormenta tropical MITCH (octubre de 1998), sencillamente evidencia déficits severos en cuanto a servicios estatales, a la existencia de grandes bolsones de pobreza, la carencia de planes de prevención y reconstrucción de desastres, así como la corrupción y el mal manejo de la ayuda a la población afectada.
Este hecho, en forma clara y aleccionadora, recuerda la estrecha relación que existe entre pobreza-desastres naturales-medio ambiente, y que apunta al lastimoso inventario de la destrucción ecológica en el país: actualmente, de los bosques originales, solamente queda un 2% (el 98% han sido deforestados), la cobertura vegetal del país es sólo del 12% (2% de bosque primario y 10% de plantaciones de café), el 50% del territorio nacional se encuentra gravemente deteriorado por deforestación y erosión, y sólo el 46% de los suelos puede considerarse adecuado aún para uso agrícola; se calcula un deterioro medio de 3mm/año, con lo cual se estiman pérdidas de suelo de 32 millones de metros cúbicos anuales8; el 90% de los ríos se encuentran contaminados con aguas negras, productos agrícolas y deshechos industriales, lo cual explica que más de 12.000 niños y niñas –entre 0 a 5 años–, mueren cada año por beber agua contaminada y por enfermedades gastrointestinales9.
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¿Y el compromiso de la difusión? Uno de los compromisos -tanto de Copenhague como de Beijing- consistía en la difusión de los acuerdos firmados, lo que permitía a la ciudadanía hacerlos suyos y presionar por su cumplimiento. Sin embargo, a 5 años de su suscripción, los acuerdos no han sido lo suficientemente reconocidos y mucho menos difundidos por el gobierno. En un reciente sondeo de opinión, el 94.3% opinó no haber escuchado y/o conocido sobre las cumbres mundiales10. Del 5.7% de las personas que dijo conocer alguna conferencia, el 26.8% dijo conocer Beijing y el 15.5% Copenhague. Por otra parte, y con respecto a si creían que los acuerdos se han llevado a cabo o no, el 35.2% dijo que no se han cumplido y el 36.6% que han sido llevado a cabo en parte. La poca difusión realizada, se debe al esfuerzo de las organizaciones de la Sociedad Civil, particularmente de Control Ciudadano. |
El balance de Beijing
Sobre los compromisos relacionados con la discriminación positiva en favor de la mujer, a pesar que se ha avanzado en la sensibilización ciudadana de los problemas de género, todavía falta mucho por avanzar para lograr los objetivos suscritos en Beijing.
Como pasos positivos se puede mencionar la creación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), por parte del gobierno en 1995; y la formulación de la Política Nacional de la Mujer, para los años 1997-2000. Asimismo, en 1998 entró en vigencia la reforma de la ley penal, procesal penal y penitenciaria, que incorpora como delitos el de la violencia intrafamiliar y el acoso sexual; estos avances en materia legal han sido posibles por la ardua labor de las organizaciones de mujeres.
Por lo que respecta a las medidas orientadas a combatir la discriminación de género en el acceso al trabajo, en el salario devengado, los derechos de propiedad, etc., no sólo son escasas y no tienen coherencia con una política clara de superar la discriminación, sino que poseen además, un enfoque conservador de los roles de mujeres y hombres.11 Las mayores dificultades están centradas en la cultura de discriminación, los obstáculos al acceso y a la calidad de los servicios a la mujer, así como las líneas de financiamiento creadas para implementar estas medidas.
A lo anterior es necesario añadir graves retrocesos, como la eliminación de las tres excepciones de aborto permitidos por la ley, vigentes desde 1940 (por riesgo de vida de la madre, por violación sexual, y por malformación fetal), reforzados por la reforma al artículo 1, de la Constitución Política de 1999. Reforma, que es considerada por las organizaciones civiles, una flagrante violación hacia los Derechos Humanos de la Mujer, ya que se elimina el poder de decisión de la misma sobre su propio cuerpo.
De esta manera, a pesar que se ha avanzado hacia la igualdad de la mujer, es necesario profundizar y reforzar las plataformas institucionales de tratamiento de género, especialmente en lo que se refiere a la participación laboral, el reconocimiento del trabajo doméstico, la eliminación de la violencia familiar, y la toma de conciencia del problema, de parte de toda la población.
En síntesis, es posible señalar que el gobierno no ha cumplido adecuadamente lo suscrito en Beijing y Copenhague, con respecto a la igualdad de la mujer. Así, la agenda sigue abierta, esperando por su cumplimiento.
Educación y salud
Tanto la Cumbre de Desarrollo Social, como la IV Conferencia de la Mujer, hacen insistencia en el gran papel desempeñado por la inversión en educación y en salud dentro de un proyecto de desarrollo nacional. Para El Salvador, el balance con respecto al avance en estas dos áreas continua mostrando serias deficiencias, lo cual concretiza en una forma muy clara la brecha social del subdesarrollo, y la falta de acceso a la modernidad de la mayoría de la población salvadoreña.
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La democracia de fin de siglo Al finalizar este año, el perfil de la democracia en el país se encuentra a todas luces, inacabado. La gestión del nuevo gobierno -administración de Francisco Flores-, ha estado marcada por la crisis laboral y por la falta de acceso a la información de carácter público. El reajuste salarial y la no privatización de los servicios públicos de salud, han sido las principales demandas que se han manifestado a través de tres paros en el Sector de Educación, uno en el Órgano de Justicia y nueve entre Sindicalistas del Instituto del Seguro Social Salvadoreño y el Gremio Médico. La comunicación y los espacios de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, se están cerrando rápida y peligrosamente; muchos sectores hacen llamados a la concertación, pero al cierre del siglo XX la presidencia de la república mantiene una actitud confrontativa. |
Con lo que respecta a la educación, los más claros indicadores de la deuda social en este campo, son todavía los elevados índices de analfabetismo, 17.8% según el gobierno o 28.6%, según UNICEF, el cual se encuentra concentrado en las zonas rurales, y en mayor porcentaje en las mujeres.
La tasa de escolaridad promedio es todavía muy reducida, a pesar que en forma absoluta ha aumentado, pasando de 4.67 en 1995 a 5.01 grados en 1998.12 La situación se agrava por los altos índices de deserción y repetición escolar; fenómeno que posee especial relación con los niveles de pobreza y la necesidad temprana de trabajar, para complementar el ingreso familiar. Según datos de la OIT, hay actualmente, 311,000 niños y niñas incorporados de lleno al mercado de trabajo. Las dificultades de asistir y permanecer en la escuela, está reflejada en el bajo nivel de estudios aprobados (4.85 como promedio a nivel nacional).
A finales de 1999, se realizó una prueba nacional para educación media, el 72% de los y las estudiantes obtuvo una calificación menor a 5.3 (de una escala del 0 al 10, en la que 6 es “aceptable”), reflejando un grave problema en materia de calidad del sistema educativo.
Para revertir la situación anterior, se hace necesario un mayor esfuerzo de las instituciones del gobierno, aumentos en los recursos destinados a la educación, pero acompañados de un uso eficiente de los mismos.13
En el área de la salud, la situación se presenta más dramática. Las tres causas de mortalidad más común entre la población, se han mantenido casi invariables desde 1948: diarrea y enfermedades gastrointestinales; neumonia y bronconeumonia; y traumatismos varios.14 En otras palabras, a nivel de resultados, no se ha avanzado prácticamente mucho en 50 años, en lo que a salud pública se refiere. Asimismo, una gran parte de la infraestructura se encuentra deteriorada y es obsoleta. Según declaraciones del Ministro de Salud: “...si la inversión pública en salud no mejora considerablemente, todo el sistema de salud podría colapsar en un plazo de 2 a 3 años”.15
Ante esta situación, la respuesta gubernamental ha sido el traspaso de algunas actividades al sector privado, en un proceso de paulatina privatización del sistema de salud pública, lo que no resuelve el problema sino que lo agrava. Las organizaciones de la sociedad civil, se han opuesto a esta privatización, reafirmando el compromiso social de un sistema sanitario público con acceso a toda la población.16
Ante esta crítica situación, las diferentes organizaciones de la sociedad civil han presentado diversas iniciativas, entre las que sobresalen: la “Propuesta Ciudadana por la salud”, resultado del análisis entre el sector médico y una consulta social amplia en la que participaron 151 instituciones (gobiernos municipales, sindicatos de salud, comités comunales y directivas de salud, universidades, ONGs, empresas privadas de salud, etc.); así como la creación de una “contraloría social en salud” con el fin de garantizar la participación en el acceso universal a estos servicios; y la ejecución de un Plebiscito a nivel Nacional, para tratar la reforma y privatización de los servicios de salud.
Sin embargo, estas propuestas no han sido tomadas en cuenta en la política de la nueva administración, la que ha comenzado tempranamente con una reforma laboral en el sector y en choque con los/las trabajadores/as del sistema de seguro social.
La situación empeorará el próximo año, donde según el proyecto de presupuesto de nación, la inversión en salud para el año 2000 será la más baja de todo el ejercicio fiscal.
Por todo lo anterior y en forma global, es posible afirmar, que los resultados en el área de educación y salud en El Salvador, se encuentran muy lejos de lo comprometido a cumplir en las cumbres de Copenhague y Beijing.
Siglo XXI, no para todos y todas
De una u otra forma, la llegada del nuevo siglo ha generado muchas expectativas, la mayoría –plasmada en cientos de filmes de la pequeña y gran pantalla– presentan a un siglo XXI como el reino de la superación de la necesidad gracias a los avances tecnológicos. Efectivamente, estas fantasías se hacen realidad, pero no para todos y todas, sino sólo para aquellos que pueden costeársela, y que sólo representan el 1% de los salvadoreños, con ingresos entre USD 1.7 a 8 mil mensuales.
La gran mayoría, entre tanto, debate su cotidianidad en condiciones muy similares a las de principios de siglo, percibiendo menos de USD 350 mensuales.
De esta manera, se puede concluir que el gobierno salvadoreño no ha cumplido adecuadamente con el compromiso ético y político, suscrito en Copenhague y Beijing, contribuyendo con muy poco al proyecto de civilta humana17 a escala planetaria. Se hace necesario entonces reforzar el proceso y redireccionarlo, reafirmando los compromisos suscritos y concretándolos. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental, tanto en la línea de presión política, como en la de ser actores en cualquier proyecto de desarrollo sostenible. Sólo de esta manera se seguirá conformando lo que tomó cuerpo en la década de los 90: el proyecto de internacionalización de los valores humanos, del derecho a la vida digna, a la educación y a la igualdad.
Se deben conformar las alianzas sociales necesarias para impulsar un verdadero proyecto nacional de desarrollo. Contrato social, que pasa indefectiblemente por un cambio del modelo económico, que reemplace la lógica neoliberal por una de desarrollo social; los criterios de rentabilidad estricta, por los de beneficio social; los de explotación microeconómica por los de sostenibilidad macro. Sólo de esta manera será posible ofrecer la modernidad a la mayoría de la población salvadoreña, incorporándolos verdaderamente al nuevo siglo.
Notas