El Paraguay figura entre los países de peor distribución de la riqueza, donde el 20% mas rico concentra el 62.4% del ingreso y el 10% más pobre apenas el 0.7%. Se estima que la diferencia de ingresos entre el décil más alto y más bajo es de 33 a 1, mientras que la diferencia en el nivel de consumo es de 5 a 1 (DGEEC-FNUAP, 1999). Entre 1995 y 1997/1998 la pobreza total, a nivel nacional, aumentó de 30 a 32% y la pobreza extrema de 14 a 17%. Esto significa que alrededor de 1.7 millones de personas viven en la pobreza, debido a que sus ingresos son inferiores a la canasta básica de consumo. Por otro lado, unas 933 mil personas contaban con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de alimentos (DGEEC-FNUAP, 1999)
Según el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), dos tercios de los hogares paraguayos carecían en 1992 de por lo menos una necesidad básica (64.2%). En su desagregación, el índice muestra mayores carencias en la calidad de la vivienda e infraestructura sanitaria (53.4% y 34,8% respectivamente), siguiéndoles en orden decreciente el acceso a la educación (22.9%) y la capacidad de subsistencia (15.0%)
Paraguay ocupa el puesto n° 84 en el Indice de Desarrollo Humano (IDH), según datos presentados por el PNUD; con un promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente del 3%, y una tasa de crecimiento poblacional de 2,6% anual.
En relación con el ingreso económico, en Paraguay el PIB per cápita, de USD 1.641, es uno de los más bajos del Mercosur, así como el ritmo de crecimiento económico es uno de los más lentos. Durante los años 1996/97, la economía creció en 1,3 y 2,6% del PIB respectivamente, que disminuyó a 0,5% en 19981. La deuda pública externa al 31 de octubre del año 1999, ascendía a USD 2.061,3 millones (BCP-Banco Central del Paraguay).
El 1.5% de las explotaciones rurales, constituyen latifundios dedicados a la ganadería extensiva, y concentra el 79% de las superficies productivas. En el otro extremo, cerca del 88% de las explotaciones rurales del país, sólo ocupan el 8% de las superficies. Este patrón de distribución de la tierra coloca al país entre los que poseen la más alta e injusta concentración de la propiedad en la región, situación que se agrava teniendo en cuenta que Paraguay es el país con mayor proporción de población campesina de América latina. El 49.5% de sus habitantes vive en áreas rurales.
Una de las principales preocupaciones constituyen el desempleo y el subempleo. El desempleo abierto afecta al 5.4% de la PEA de forma diferenciada para varones y mujeres. Las tasas de desempleo más elevadas se encuentran en las zonas urbanas y afectan principalmente a mujeres (DGEEC-FNUAP, 1999).
El desempleo total es del 14.3% de la fuerza de trabajo. Del total de ocupados, no todos lo son plenamente. El subempleo visible afecta al 6.5% de la fuerza de trabajo. Aquellos que perciben un salario inferior al legal (subempleo invisible) conforman el 12.7% de la fuerza de trabajo ocupada. Del total de la PEA el 36% son mujeres, en donde el 40% se encuentra realizando actividades en el sector informal. Por otro lado el 4.1% de la población ocupada no tiene ningún tipo de instrucción.
El salario mínimo oficial para los trabajadores y trabajadoras asalariados/as –techo para muchos empleados que no tienen alta especialización- asciende a 591.450 guaraníes (aproximadamente USD 179). Sin embargo, varios estudios demuestran que esta cantidad es insuficiente para satisfacer las necesidades mínimas del trabajador y su familia.
El aumento del porcentaje de la población desempleada en los últimos años se ha venido dando debido a, por un lado, la ausencia de una política de empleo, y al cierre temporal y definitivo de varias industrias y comercios (debido a la crisis económica que se viene registrando desde el año 1995 cuando cayeron los primeros bancos y financieras) y, por otro lado, a la crisis en el área rural ante la falta de una política agraria que beneficie a los pequeños y medianos productores.
El 17% de los niños y niñas presentan algún síntoma de desnutrición y el 33% de la población no tiene acceso a servicios básicos de salud. La tasa global de maternidad a nivel nacional, para mujeres de 14 a 44 años es de 4.1 hijos por mujer, estando el país posicionado en tercer lugar en América Latina, en proporción de casos de muerte materna.
El Gasto Público como proporción al PIB ha venido incrementándose, registrando un 8,3% en el año 1990 y una proporción de 16,9% en 1996. En la actualidad es de 23.1%. De estos porcentaje los gastos en educación, pasaron de 40,1% en 1990-94 al 47,1% en el período 1995-98. Los gastos en salud, pasaron de 14,3% a 15,4% en los mismos períodos. Sin embargo, la seguridad social ha venido sufriendo una paulatina disminución a partir del segundo quinquenio de la década de los 80, de 42% en 1985-89, pasó a 34% en 1990-94 y a 31,4% en 1995-982.
El Congreso ha aprobado un Presupuesto General de Gastos para el 2000, de USD 4.644 millones. Las estimaciones de ingresos del Estado fueron incrementadas en casi USD 530 millones, una suma equivalente al 5,5% de toda la riqueza que genera el país en un año. Las consecuencias serán la poca inversión y la falta de ejecución de los presupuestos, destinándose nuevamente el mayor porcentaje a gastos corrientes.
Las transferencias (gran parte de la seguridad social) representaron el 29,75% del total de las erogaciones, mientras que los bienes de consumo (alimentos, vestuarios, combustibles, etc.) apenas significaron el 3,54%. La inversión física (construcciones y adquisiciones) equivale al 10,79% del total, mientras que la inversión financiera (acciones, préstamos al sector privado, etc.) el 2,54%3.
Asimismo, los organismos tienen mucha dificultad para ejecutar su presupuesto. En el año 1999 el Ministerio de Defensa ha sido la institución que mayor ejecución logró de su presupuesto (81%). En contrapartida, el Ministerio de Salud Pública llegó a gastar el 44% del total de su presupuesto. El Ministerio de Educación y Cultura alcanzó ejecutar el 78% de lo previsto. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, sólo ejecutó el 49% de sus gastos.
Paraguay sigue siendo un país excesivamente militarizado, con un gasto elevado para mantener esta estructura. Si se recortara parte del presupuesto para el Ministerio de Defensa el país podría invertir en la construcción de caminos, escuelas, hospitales, etc. El país tiene 51 militares cada 1.000 kilómetros cuadrados: dos veces más que Argentina, 1,3 veces más que Brasil y 1,7 veces más que Bolivia. Tiene 39 efectivos militares cada 10.000 habitantes (Argentina sólo alcanza 20 efectivos militares cada 10.000 habitantes, Bolivia, 36 y Brasil 19)4.
En la última década, la pobreza ha aumentado, debido a la influencia de varios factores: disminución de la producción agrícola, déficit en la asistencia técnica, caída de los precios de los principales productos de exportación (algodón y soja), clima desfavorable. Por otra parte, la inestabilidad política por la que viene atravesando el país desde el año 1998 ha centrado la atención de los gobernantes en este ámbito, evidenciando la carencia de estrategias para disminuir el índice de pobreza y aumentar el desarrollo social. La atención a los problemas agrarios y a las políticas de empleo no fueron prioridad de las autoridades, y esta situación se puede observar en el aumento de movilizaciones y manifestaciones de campesinos y trabajadores urbanos y en la mayor presencia de niños, niñas y adultos que realizan trabajos en las calles.
Hace más de una década, agudizada en los últimos 5 años, existe una falta de dinamismo de la economía, en un contexto de pobreza estructural y carencia de ingresos, así como de pronunciada inequidad social.
Acciones coyunturales y asistencialistas
La creación de la Secretaría de Acción Social (1996), para el desarrollo de programas y coordinación de los departamentos y áreas de acción social, no ha sido suficiente para disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de los sectores más carenciados, con un mejor acceso al sistema educativo formal y al sistema de salud pública. La falta de transparencia en el manejo y ejecución de fondos para las políticas de acción social ha llevado a la poca efectividad de estas acciones.
Los planes y programas aprobados por el gobierno, muchas veces no pasan de ser letras muertas. La violación constante de las leyes, principalmente de la Constitución Nacional y el Código Laboral, un poder judicial todavía poco efectivo y excesivamente burocrático, han contribuido a mantener una estructura que no favorece la justicia social.
Paraguay accedió a varios créditos de empresas multilaterales para invertir en mejoras sociales. La corrupción en las instituciones del Estado, la inestabilidad política, la falta de un compromiso real de los gobernantes de turno y la carencia de estrategias a largo plazo, solo se traduce en una mayor recesión económica y empobrecimiento del país. La intervención del estado en políticas sociales es todavía débil y marcadamente asistencialista. La descentralización del Estado y la reforma, siguen postergadas.
Notas