El Banco Central y el Instituto de Estadísticas y Censo continúan sin desagregar por sexo las cifras más importantes relativas a la contribución de las mujeres en la economía nacional. Se dificulta, entonces, la recopilación de la información para medir el impacto de las políticas que podrían promover el avance de las mujeres. A cinco años de Beijing, la situación de las nicaragüenses es más que deficitaria en términos sociales, económicos y político institucionales.
La conducción económica, no ha contribuido a bajar los índices de pobreza en las mujeres que se estima que son el 87.7% de los pobres. Las políticas de empleo son inexistentes y al igual que la pobreza el subempleo es cada vez mayor, lo que las lleva a la esfera informal, invisibilizando su aporte a la economía del país. Las mujeres son el 41% de la PEA, con una taza de ocupación de 44.5% en la que solo 9.1% tiene pleno empleo mientras que el 90% está subempleada. En el sector servicios representan el 37,5% de los ocupados en esa rama; son el 27,3% de los empleados en el comercio; el 17,4% de la pequeña industria y el 16,4% de la actividad agropecuaria.
El gobierno ha establecido programas y proyectos de atención y seguimiento a la educación básica para adultas analfabetas, pero no para la retención escolar de los niños y niñas en las escuelas estatales regulares lo que incide, año a año, en el incremento de los niveles de analfabetismo.
Las cifras oficiales indican que 19% de la población mayor de 10 años no sabe leer ni escribir, 28% de los niños y niñas entre 6 y 18 años se encuentran fuera del sistema escolar y sólo 22% de los estudiantes están en el grado que corresponde conforme a su edad .
En el plano de la salud, el gasto per capita es de USD 11. La mortalidad materna para este año se cree que legará a 200 por cada 100,000 nacidos vivos. A pesar de que se han hecho esfuerzos por reducir los índices de mortalidad materno/infantil, el país continúa presentando una alta incidencia de enfermedades inmuno prevenibles y enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que son las mayores causas de morbilidad y mortalidad entre los niños y niñas menores de 5 años. La distancia de los puestos de atención en salud y la falta de recursos económicos continúan siendo las mayores dificultades para el acceso de la población a los servicios ofrecidos por el gobierno: sólo el 60% accede a estos en consultas de salud pública.
Ha habido un leve incremento en el presupuesto asignado al Ministerio de Salud, y al de Educación, pero la cobertura de atención básica se ve reducida en la práctica . Por otra parte, según datos demográficos proporcionados por INEC-CELADE, en 1998 la población femenina llegó a 2.73.522 personas: a pesar de eso, al elaborar y diseñar las políticas públicas y los planes estratégicos en el sector salud, las mujeres son vistas a partir del binomio madre-hijo, asociadas con la niñez y/o la adolescencia.
El impacto de las políticas de ajuste sobre la pobreza, el empleo y el gasto público social, redujo sustancialmente el monto del presupuesto destinado a la inversión en la gente; esas medidas han llevado a las organizaciones de mujeres y la sociedad civil a prestar servicios y brindar así una alternativa a las mujeres mas pobres.
Los mecanismos mediadores del impacto -como la mejora de infraestructura social, construcción de escuelas, redes de aguas servidas y potables- realizados con la contribución de las poblaciones beneficiadas y que han sido incorporados como parte de los llamados Fondos de Inversión Social, han sido insuficientes para atender el peso que ha tenido sobre los grupos más vulnerables de la sociedad nicaragüense, la implementación consecutiva de tres programas de ajuste estructural durante la década de los 90.
En relación a la violencia contra las mujeres, la encuesta nacional de Endesa señala que el 29% ha sido víctima de ella y que el mayor índice de violencia lo sufren las mujeres de las áreas urbanas. Otros estudios concluyen que 2 de cada 4 mujeres han sufrido algún episodio de violencia doméstica en su vida.
Se señalan como logros impulsados por el movimiento de mujeres algunas reformas penales, la creación de las comisarias específicas –donde también participa la Red de Mujeres Contra la Violencia- y el hecho de que el Ministerio de Salud incorpore el tema dentro de una visión epidemiológica considerándolo un problema de salud pública. Sin embargo, es imprescindible asignar recursos presupuestarios para lograr la sostenibilidad de las acciones contra la violencia intrafamiliar y en especial al Programa de Comisarías que, hasta ahora, depende del financiamiento externo.
Si bien en términos formales, no existe discriminación de género en el acceso a cargos, empleo y/o remuneración, derecho de propiedad, crédito y servicios; en la práctica las mujeres ven limitadas sus posibilidades. Los mecanismos institucionales -especialmente el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM)- están debilitados en su capacidad para incidir en la formulación de las políticas económicas y sociales -que son las que impactan más en la condición de las mujeres-, reafirmándose la falta de compromiso del Gobierno de Nicaragua y la insuficiente promoción de políticas públicas que promuevan el adelanto de las mujeres.
La Asamblea Nacional debe discutir y aprobar presupuestos que destinen recursos económicos para el avance de las mujeres. Existen leyes discriminatorias como las de familia, que demandan un cambio urgente y moderno. Deben derogarse aquellas basadas en prácticas discriminatorias en razón de valores, usos, tradiciones y costumbres y son imprescindibles leyes que promuevan acciones positivas para la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
Cualquier plan que se impulse, debe contribuir a la disminución y erradicación de la pobreza, así como a la condonación de la deuda y la incorporación de Nicaragua en la iniciativa HIPC.1 Y debe también implementar programas de corte social mejorando el acceso a los servicios básicos por parte de la población en general y de las mujeres en particular.
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