Cinco años de retrocesos continuos

A cinco años de la Cumbre de Desarrollo Social y de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, Colombia vive una intensa recesión económica y un deterioro continuo de sus indicadores de desarrollo social. La globalización económica, financiera y el modelo de libre mercado implantado desde finales de los años 80 han conducido a la desaparición de una gran parte del sector productivo, a la peor caída del producto nacional y al mayor desempleo del siglo, arrasando consigo logros que en materia de desarrollo social venía acumulando el país en los últimos 60 años.

El modelo de apertura comercial y financiera y las reformas estructurales impuestas por la banca multilateral han generado bajas tasas de crecimiento, mayores desigualdades, destrucción masiva de empleos en el agro y en la industria y un deterioro de los ingresos de los grupos labores. Las ganancias de este modelo se concentran en el 3% más rico de la población (el sector financiero nacional e internacional, los sectores exportadores y la tecnocracia política) que se benefician de las reformas de libre mercado y de los procesos de privatización, en tanto que las pérdidas se generalizan entre los pequeños y medianos productores, los trabajadores de bajos ingresos y los agricultores.

La apertura económica provocó durante la última década una entrada masiva de importaciones que desplazaron la producción industrial y agrícola, generando no sólo pérdida de los empleos productivos, sino también un déficit creciente de la balanza de pagos cercano al 6.5% del PBI e inestabilidad creciente en el sector externo. Para corregir estos desequilibrios se implementaron  medidas monetaristas  (elevación de tasas de interés) y políticas fiscales restrictivas (severo recorte de la gasto público y aumentos de la carga tributaria) que ocasionaron una caída de la inversión privada, crisis en el sector financiero y precipitaron la economía al colapso.

Los efectos recesivos de estas medidas no se hicieron esperar. Para 1999 el producto nacional ha caído en más de un 5%. La caída del ingreso por persona es del 5.9%, retrocediendo al nivel que se tenía en 1990, en tanto que el menor recaudo tributario, producto de la recesión estructural ha duplicado el déficit fiscal situándolo en un 6% del PBI. El desempleo se ha multiplicado por 3 desde 1994 (7,6%) para afectar al 22% de la población económicamente activa en 1999, la tasa más alta de toda la historia de Colombia y la mayor del continente americano.

El Banco Mundial ha alertado sobre la excesiva concentración de la riqueza y del ingreso en el país al ubicar a Colombia como el segundo país de mayor concentración de la riqueza en el mundo.¹ Desde 1997 el índice Gini de ingresos ha aumentado de 0,54 a 0,59. En Colombia cinco grupos financieros controlan 92% de los activos del sector – un 36% está en manos del Grupo Empresarial Antioqueño y un 28% en poder de dos grupos controlados cada uno por una sola persona (Santodomingo y Sarmiento Angulo). Cuatro grupos económicos son propietarios del 80% de los medios de comunicación, en tanto que 50 grupos económicos dominan más del 60% en la industria, los servicios, el comercio, el transporte y la agricultura. Estas formas abismales de concentración de la riqueza y de los ingresos constituyen el principal obstáculo para una mayor expansión de la producción, del empleo productivo, la integración social y la democracia.

Uno de los factores más determinantes en el conflicto social y armado que vive el país tiene que ver con el despojo y falta de acceso a la tierra por parte de la población campesina. En Colombia el 1,3% de los propietarios posee 48% de la tierra.

La expropiación y las formas de violencia que padecen desde hace 40 años los campesinos en las zonas de colonización agrícola han ocasionado frecuentes y masivas oleadas migratorias engrosando los cinturones de exclusión y de miseria en las grandes ciudades. En los últimos 15 años, cientos de miles de campesinos han emigrado a zonas de frontera agrícola, especialmente en el sur del país, viéndose forzados a depender de los cultivos ilícitos como única posibilidad de subsistencia, ante la falta de alternativas de desarrollo y de condiciones de seguridad y de dignidad para sus familias.

Desde 1985 hasta la fecha más de 1.700.000 personas han sido expulsadas de manera violenta de sus tierras y sus hogares, de las cuales más de 1.000.000 ha sido desplazada en los últimos cinco años (Ver cuadro). Del total de los desplazados durante 1998, el 61% eran propietarios de sus tierras.² Los espacios de expulsión violenta de la población corresponden a zonas estratégicas para la guerra y a lugares en donde tiene lugar la expansión de grandes proyectos de desarrollo económico y en donde los desplazados son despojados para ser reemplazados por nuevos pobladores que se sometan a la autoridad de los actores de la guerra (contrarreforma agraria). Durante 1998 los grupos paramilitares de extrema derecha fueron responsables del 47% de los desplazamientos, las Fuerzas Militares de un 8% y los grupos guerrilleros un 35%. Después de Sudán, Colombia es el país con mayor número de desplazados internos a causa de la violencia. Según Amnistía Internacional, en Colombia se encuentra el 20% de todos los desplazados internos que hay en el mundo.

Los beneficios y privilegios de un modelo económico concentrador y excluyente han sido reforzados muchas veces mediante la violencia. Los extremos a que ha llegado este orden de privilegios se observan en el hecho de que en el país el 10% de la población de mayores ingresos concentra el 58,4% del ingreso de los hogares y el 10% más pobre el 0,3%.

Estos crecientes niveles de desigualdad son la causa fundamental del aumento de los niveles de pobreza durante los últimos 5 años. En 1992 el 10% más rico de los hogares percibía 33% del ingreso total, cinco años más tarde concentra el 58% del ingreso total. Como consecuencia entre 1996 y 1999 aumentó de 53,8% al 60,1% el número de hogares que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Es un logro que entre 1991 y 1999 el número de personas con necesidades básicas insatisfechas se haya reducido de un 35,5% a un 26,1%, producto de ampliaciones en la cobertura de servicios domiciliarios, en la salud y en la educación, pero no deja de ser preocupante que el ritmo de estas mejoras haya disminuido en los últimos 5 años, y que más de una cuarta parte de la población colombiana aún no logre satisfacer sus necesidades básicas.

El actual Plan de Desarrollo del Gobierno de Andrés Pastrana se propuso para su cuatrenio reducir en algo más de 5 puntos la pobreza medida por NBI. No define ninguna meta en cuanto a la pobreza por ingresos. Pero el deterioro acelerado de los indicadores sociales durante su gobierno lo que ha hecho es empeorar la situación de pobreza: en 1998 el analfabetismo aumentó a un 13%, el sistema de salud se encuentra en crisis y los hospitales se están cerrando por falta de recursos; el precio de los servicios públicos ha aumentado a un ritmo superior al 36% anual, muy superior a la inflación y hoy el 5,3% de las viviendas carece de servicios básicos, en tanto que el 4,8% de los hogares no posee ninguno de los servicios de energía, acueducto, alcantarillado ni recolección de basuras.³ Este rápido descenso en los indicadores de desarrollo social hizo que el PNUD relegara a Colombia del lugar 54 al puesto 57 en la escala de Desarrollo Humano en su informe de 1999.

Ante el fracaso en los resultados del modelo económico vigente, el FMI, por primera vez en la historia colombiana, a través de un contrato de desempeño celebrado con el Gobierno entró en control directo de la economía colombiana el 20 de diciembre de 1999, imponiendo para los próximos tres años un severo programa de ajuste fiscal, límites al endeudamiento y reformas estructurales de obligado trámite en el Congreso de la República. En medio de la recesión estructural y de la crisis social, la terapia de choque con vigilancia estricta del FMI, agravará mucho más las posibilidades de revertir los retrocesos que en materia de desarrollo social y económico presenta la nación colombiana.

** Datos de Enero a Septiembre de 1999.   n.d.: dato no disponible

Fuente: Sarmiento Anzola, Libardo. Exclusión, Conflicto y Desarrollo Societal. Nov. de 1999. Ed. Desde Abajo. Datos de Desplazamiento Forzado: Codhes Informa No. 26. p. 3

En medio de este contexto, el conflicto armado que se propaga y se agudiza por todo el territorio nacional, –con secuelas de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de los diferentes actores de la guerra–, exige un apoyo cada vez más decidido de la comunidad internacional a una salida política negociada al conflicto armado, impidiendo una regionalización de las salidas militares al mismo y la intervención e involucramiento de gobiernos y fuerzas armadas de otros países en el conflicto interno. Así mismo es necesario redoblar la vigilancia sobre la situación nacional de derechos humanos en que se encuentran los colombianos en orden a presionar la implementación de las medidas que demande su efectiva vigencia.

El desarrollo de las políticas de choque y de control directo de los indicadores macroeconómicos por parte del FMI demanda de la comunidad internacional una atención cercana para que la aplicación de las recetas de ajuste no continúe deteriorando las condiciones de vida de la población. 

Pero no hay que hacerse ilusiones. En el fondo, las medidas de ajustes impuestas no son otra cosa que un refuerzo de la dosis de la misma medicina que ha llevado al colapso a la economía y viene destruyendo los niveles escasos de bienestar de que disfrutaban las mayorías pobres y marginadas del país. Más que evitar los efectos nocivos de un ajuste que de entrada sólo está llamado a producir desastres en la situación social del pueblo y nuevos beneficios y privilegios para unas minorías articuladas a los mercados internacionales, el caso de Colombia debería servir a la comunidad internacional para apreciar de qué manera la persistencia en la aplicación del modelo que domina actualmente las relaciones del Norte con el Sur produce estragos en la vida y en el bienestar de las personas. Se ha perpetuado y agravado una larga y dolorosa crisis humanitaria,  hasta convertirla en una de las más graves del mundo entero. Quizás ello ayude a reemplazar el consenso del lucro y de la muerte por uno nuevo que valore el bienestar de la gente y la justicia social más allá  de la mera competitividad y el crecimiento para unos pocos.

Notes