Durante los últimos diez años, el fenómeno del desplazamiento forzado de personas se ha convertido en la fractura mayor que desgarra el tejido social en Colombia y es el principal generador de desintegración social en el país. De manera acelerada, Colombia se ha convertido en el país con la mayor cantidad de desplazados internos, fruto de la intensificación del conflicto armado y de estrategias deliberadas de despojo que buscan concentrar la propiedad de la tierra. El compromiso de alcanzar una sociedad integrada, estable, segura y justa es una meta lejana en Colombia, en la que ha habido algunos progresos recientes, pero también lamentables retrocesos en los últimos años.
En las últimas tres décadas, el país ha experimentado una mejoría de sus indicadores sociales básicos, expresada en mayor cobertura en niveles de alfabetización, educación primaria, atención básica de la salud, prestación de los servicios de agua, alcantarillado y energía, mejores condiciones de salubridad y la expansión de las redes de atención social a la niñez. De esta manera, el indicador de Necesidades Básicas se redujo del 70.2% a principios de los años sesenta a un 32% a mediados de los noventa.1
Contrastando con esta situación, se han incrementado la pobreza por ingresos, las desigualdades sociales, la concentración del ingreso y de la propiedad, el desplazamiento forzado de personas y el desempleo. La escasa eficiencia de las instituciones y los alarmantes niveles de corrupción son también una enorme traba para el desarrollo de políticas de integración social en el país.
El altísimo nivel de concentración del ingreso constituye uno de los factores que explica el aumento de la pobreza. Durante el año 1996, los tres principales grupos económicos se apropiaron del 36% de los USD 1.500 millones en que creció la economía nacional. El 92% de los activos del sector financiero es controlado por sólo cinco grupos, en tanto que el 48% de la tierra se encuentra en manos del 1.3% de los propietarios. El 20% de los hogares más ricos concentra el 52% del ingreso.2 El índice Gini de concentración del ingreso por persona (que aumenta entre 0 y 1 al aumentar la desigualdad) pasó de 0,55 en 1991 a 0,56 en 1995, según las encuestas de hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Para 1997, se estimó3 que este indicador llegó al 0,57.
Desde el año 1995, en que se celebró la Cumbre Social, la pobreza ha aumentado persistentemente: del 55,1% en 1995 pasó al 57,0% en 1997. Esto significa que el número absoluto de personas que carecen de ingresos para acceder a una canasta mínima de consumo aumentó de 13,3 millones en 1972 a 22,9 millones en 1997. En este mismo período, la pobreza rural por ingresos pasó del 72,8% al 78,7% de toda la población rural, en tanto que la pobreza urbana por ingresos se incrementó también desde 1994, en el que era del 45,2% para situarse en el 48,0% en 1997. El desempleo, que a lo largo de 1996 y durante 1997 se mantuvo entre el 11,4% y el 13,8%, se ubicó en junio de 1998 en un 15,8 de la población económicamente activa. En las cuatro ciudades principales del país, la tasa de desempleo se duplicó en los últimos cuatro años.4
En el país, habitan cerca de 603.000 indígenas que representan alrededor del 2% de la población; sin embargo, la marginación en que se encuentran les impide acceder a la mayoría de los derechos de que goza la población mestiza y blanca. Por ejemplo, solamente el 11,3% de los niños indígenas en edad escolar logra acceder a la educación primaria, cuando la cobertura nacional es del 85%. La tasa de analfabetismo de los indígenas es del 44%, frente al promedio nacional del 13%.5 La marginación que padecen los grupos étnicos se presenta también en las comunidades afrocolombianas: el 80% de sus familias tiene necesidades básicas insatisfechas, el 76% vive bajo condiciones de extrema pobreza6 y su tasa de desempleo es del 42%, casi tres veces la tasa nacional.
Evidentemente, la persistencia y la intensificación del prolongado conflicto armado que desde hace casi cuarenta años padece el pueblo colombiano constituyen la principal expresión de una sociedad fragmentada y de la ausencia de avances importantes en las metas de integración social. Expresión de esta confrontación son las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos, que tienen como consecuencia el fenómeno del desplazamiento forzado de la población.
Según el informe del Defensor del Pueblo ante el Congreso, desde 1985 hasta el primer semestre de 1998, han sido desplazados más de 1.300.000 colombianos, con un promedio de 100.000 personas por año. Esto significa que 1 de cada 30 colombianos ha sido expulsado de su lugar de origen – y la situación sigue en aumento. Los datos de la Conferencia Episcopal Colombiana muestran que, de éstos, más del 50% son menores de edad y las mujeres representan el 58,2% del total de las personas desplazadas.7 Ahora, la mayor parte de ellos vive en ranchos en los asentamientos de las grandes ciudades, ciudades intermedias y municipios, en precarias condiciones, sin servicios públicos y sin que las autoridades nacionales o locales se hayan comprometido de manera directa y concreta con la atención integral de la población desplazada.
En contraste con esta situación que demanda acciones prioritarias de las distintas dependencias del Estado, el incremento en gastos de seguridad y defensa entre 1996 y 1997 fue del 7%, mientras la inversión en el sector agrícola se redujo en el mismo porcentaje.8
Otros indicadores en los que los esfuerzos por integrar a nuevos sectores sociales se han visto agravados o pueden agravarse son: la seguridad social, donde la cobertura es baja (53% de la población), el acceso al agua potable y saneamiento básico del que carece el 15% de la población, el 8% de los niños menores de cinco años tiene un peso insuficiente (indicativo de una situación de desnutrición), la matrícula bruta escolar en todos los niveles no supera el 70%, el 15% de los partos nos son asistidos por personal capacitado y la tasa de mortalidad materna es de 100 por cada 100.000 nacidos vivos.9 En suma, los problemas relacionados con el bienestar social de los colombianos se vienen agudizando desde hace una década, y en especial en los años 1996, 1997 y 1998.
El fenómeno del desplazamiento forzado, masivo y sistemático evidencia de manera clara las enormes brechas de la sociedad colombiana, que se profundizan desde hace diez años, arriesgando los logros que de manera sostenida se venían obteniendo desde hace cuarenta años en los indicadores sociales, en la integración de los distintos sectores y en los niveles de desarrollo humano alcanzado. La falta de una atención adecuada a este fenómeno es el principal factor de riesgo para que el país pueda realizar avances en la lucha por alcanzar una sociedad estable, integrada y justa, tolerante, respetuosa de la diversidad y que permita la participación de todas las personas, incluidos los grupos vulnerables, tal y como fue el compromiso cuarto asumido por los Estados que, como Colombia, asistieron a la Cumbre Social.
Notas
1 BERNAL, Jorge. Propuestas sobre política económica y social para la paz. Documento central de la Cumbre Social contra la Pobreza, por la Equidad y la Paz. Setiembre de 1998. mimeo.
2 SARMIENTO A., Libardo. El desarrollo social en la encrucijada. En: Síntesis 98. Anuario social, político y económico de Colombia. TM Editores. 1998. pp. 23–33.
3 SARMIENTO A. Ibid. p. 29.
4 El desempleo no da tregua. En: El tiempo. 20 de octubre de 1998. pp. 1B y 7B.
5 Consejería Presidencial para la Política Social–PNR–PNUD. Informe de Colombia a la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, China. 1995.
6 Cumbre Social contra la Pobreza, por la Equidad y la Paz. Documento de las Comunidades Negras. Octubre de 1998. p.1.
7 Comentarios y propuestas sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales y el desplazamiento forzado en Colombia. En: Éxodo Nº 9. Setiembre de 1998. pp. 3–21.
8 DNP–UIFP «Ejecución Presupuesto de Inversión. Vigencia fiscal 1997». Citado en OLEA, Helena, 1989 «Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales». Comisión Colombiana de Juristas. policopiado. p. 9.
9 BERNAL, J. Op. cit. p. 1.