Los pobres ¿se salvan?

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1997
Asociación Internacional para el Desarrollo Económico y Social.; CIDEP, especializada en educación, ha coordinado la elaboración del documento con aportes de la organización feminista "Las Dignas", y FUMA, una ONG que trabaja en el área de la salud.

El Salvador, situado en la América Central, es uno de los países más densamente poblados del continente, con 260 habitantes por kilometro cuadrado. Además de su pequeñez territorial (21.040 km2), el país se caracteriza por el bajo nivel de bienestar de su población. En el Informe de 1996 sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador ocupa el lugar 115, sobre 174 países. A nivel del continente americano El Salvador, Honduras (116) y Haití (148) ocupan los últimos lugares en el índice de desarrollo humano. El Salvador se encuentra inmerso en un proceso de transición de la guerra a la paz, desde la firma de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil de doce años (1992); este proceso se vuelve difícil debido a la falta de tradiciones y prácticas democráticas, agravadas por el problema crónico de la concentración de la riqueza, mientras la pobreza afecta a la mitad de la población. En la Cumbre del Desarrollo Social (Copenhague, 1995) los gobiernos de los países participantes se comprometieron a implementar un Plan Nacional de Erradicación de la Pobreza, que aún no ha sido elaborado en el país.

Así mismo, debido a la complejidad del proceso de transición y los problemas antes mencionados, la sociedad civil ha jugado un papel débil después de la firma de los Acuerdos de Paz, aunque algunas iniciativas han empezado a colocarse en la agenda publica en el último año. El gobierno ha difundido un Plan de Desarrollo Social que tiene como objetivos fundamentales "reducir sistemáticamente la pobreza hasta eliminarla, mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, promover el desarrollo integral de la persona y crear un país de oportunidades para todos", definiendo como área prioritarias la educación y cultura, salud, vivienda, agua y saneamiento y previsión social.

A nivel internacional, el gobierno promueve la inversión en El Salvador a través de un "Programa Nacional de Competitividad" donde se presentan indicadores macroeconómicos exitosos como garantía de la estabilidad y el desarrollo y se presenta al país como el más económicamente libre y dinámico de América Latina después de Chile. Sin embargo, la percepción de la mayoría de la población es diferente a los indicadores oficiales, situación que se refleja en distintas encuestas de opinión pública.

Existen dudas que el gobierno realmente pueda cumplir en el plazo previsto con los acuerdos de las Cumbres de Copenhague y Beijing. La inversión en desarrollo social en el presupuesto general de la nación en 1996 es de un 24,02%, el que comparado con el presupuesto de 1995, sufre un descenso de 1,61%; lo anterior dificulta la meta del 50% en inversión en gasto social acordado por los países para 1999. Existe además, en los presupuestos proyectados, una tendencia a incrementar los gastos fuera del área social (Presidencia de la República, Ministerio de Obras Públicas), y también a clasificar como "inversión social" el desarrollo de planes de infraestructura.

Pobreza y empleo

De acuerdo a investigaciones gubernamentales (Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM) durante 1995 el 47,53% de los hogares se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza, siendo estos últimos el 18,23% del total. En el área rural la situación se agrava ya que el 58,2% de los hogares viven en situación de pobreza o extrema pobreza.

Según la encuesta mencionada, la pobreza total se ha reducido de un 59,7% (1990) a un 47,5% (1995) es decir una reducción porcentual del 12,2% en un lustro. Esta situación, aparentemente positiva, no es coherente con la percepción de la gran mayoría de la población, ni con la realidad, y se puede explicar en función del cambio de metodología para el cálculo de la pobreza en la últimas encuestas. Se han incluido las remesas familiares dentro de los ingresos con la intencionalidad de reducir las cifras de la pobreza. Las remesas familiares son producto del envío de fondos, alrededor de 1.200 millones de dólares anuales, del aproximadamente 1 millón de salvadoreños que viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos.

El problema con las remesas familiares, y su aparente impacto en la reducción de los índices de pobreza, es que carecen de sostenibilidad real, ya que están fuera del control gubernamental y pueden ser afectados por cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos. Estamos, pues, ante un fenómeno que, de acuerdo a experiencias en otros países, podría tener una duración promedio de una generación, es decir las remesas iniciarían un declive a partir del año 2005, teniendo en cuenta que la migración masiva de salvadoreños se inició a principios de los 80s.

La realidad microeconómica en El Salvador indica más bien un aumento de la pobreza con la caída de los salarios e ingresos reales y fuertes incrementos en los precios de los alimentos.

Encuestas no-gubernamentales realizadas durante 1995 revelan que el 72% de los salvadoreños percibe que la pobreza aumentó en términos generales durante 1995, y sólo el 2,4% considera que la miseria se redujo en el país, mientras un 23% considera que la pobreza no varió.

Indudablemente las mujeres, por la subordinación genérica, han sido las más afectadas por la pobreza; está por un lado el factor cultural, que las responsabiliza exclusivamente de las actividades domésticas, siendo afectadas por las restricciones provenientes del ingreso familiar y la falta de servicios básicos. Además al acceder a ocupaciones remuneradas lo hacen en condiciones de desigualdad. Desafortunadamente existe una falta de información actualizada segregada por sexo referente al impacto de las políticas públicas en las mujeres.

La feminización de la pobreza es una tendencia creciente en la última década que se expresa tanto a nivel cuantitativo -hay mayor número de mujeres pobres que de hombres pobres- como a nivel cualitativo - las mujeres pobres son más carenciadas que los hombres pobres. Así las jefaturas de hogar femeninas y masculinas no se distribuyen de la misma manera: mientras las mujeres jefas de hogar están sobre representadas en los hogares de extrema pobreza (36%), los hombres jefes de hogar están sobre-representados en los no pobres (40,4 %).

La diferencia entre los salarios promedios de mujeres y hombres son muy significativas. A nivel urbano, las mujeres obtienen salarios equivalentes al 71,5 % de los obtenidos por los hombres urbanos.

En cuanto al empleo en El Salvador, de acuerdo a las EHPM, la tasa de desocupación, es decir, aquellas personas que no trabajan pero que buscan activamente trabajo, se ha reducido de 9,94% (1992) a 7,65% (1995), y el subempleo se sitúa en un 32%. La encuesta pareciera que no considera para dichos indicadores el crecimiento poblacional; pero aún tomando como válidas estas cifras no podemos dejar de mencionar que alrededor de la mitad de la población económicamente activa está ocupada en el sector informal de la economía, con una elevada presencia de niños(as) y mujeres (el 55,3 son mujeres y el 44,7 son hombres, así como la existencia de 260.000 niños y niñas trabajadores/as en el país), donde se registran ingresos mínimos, jornadas de trabajo más largas, y una total desprotección laboral y del sistema nacional de seguridad social.

En general, la percepción de la opinión pública acerca de la situación económica en el país es que empeoró durante 1995, opinión que comparten dos de cada tres encuestados; aproximadamente la mitad de los encuestados considera que sus condiciones económicas particulares no variaron en el transcurso del año, y el 25% cree que sus ingresos familiares descendieron durante 1995.

La situación de marginalización y pobreza que contribuyó en gran medida al estallido del conflicto interno en el período 1980-1992, se mantiene y amenaza el incipiente proceso de democratización, y la estabilidad económica y además, genera delincuencia, lo que a su vez ha obligado a destinar en los últimos cuatro años más del 14% del presupuesto de la nación para gastos en Seguridad Pública y Defensa, disminuyendo la posibilidad de inversión del estado en desarrollo social.

Sigue manteniéndose el gran peligro de que el crecimiento económico continúe beneficiando a una minoría privilegiada y marginando a un amplio espectro de la población.

Lo anterior, aunado a las presiones derivadas del proceso de globalización de capitales, puede generar más frustración, crisis e inestabilidad social y política.

Acceso a los servicios básicos

Las disparidades en el acceso a los servicios básicos entre las zonas rurales y urbanas del país son notables, y cobran más importancia al tomar en cuenta que la población rural representa el 56% de la población total (PNUD, 1993).

En su Plan de Desarrollo Social el gobierno reconoce que en 1994 solamente el 16% de la población rural tiene acceso al servicio de agua potable y el porcentaje de la población en general sin acceso al servicio es del 53,53%, según el censo de 1992 del Ministerio de Coordinación del Desarrollo Económico y Social.

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el 53% de la población no tiene abastecimiento de agua para consumo humano en sus viviendas, y utilizan fuentes y sistemas de recolección que no proporcionan seguridad en cuanto a la potabilidad del agua. Podemos decir que más de 2.500.000 personas continúan privadas de acceso a satisfacer una necesidad tan elemental.

El MSPAS informa que el 81% de la población total cuenta con servicios sanitarios, de los cuales el 39% es a través de sistemas de alcantarillados; en el área rural el 48% no cuenta con servicios sanitarios y deposita sus excretas al aire libre.

La cobertura de agua potable y el saneamiento, en el área rural, son bajos, con el agravante que existe una elevada contaminación de las aguas superficiales en todo el territorio, lo que provoca una dependencia cada vez mayor del agua subterránea. El Salvador, después de Haití, es el país más deteriorado ecológicamente de América. Una investigación realizada en 1993, sobre la calidad de agua de beber distribuida por el ente estatal (ANDA) en la capital, demuestra que el 35% del agua analizada no es apta para el consumo humano. En el área rural y las ciudades pequeñas, con infraestructura menos desarrollada y mantenimiento inadecuado, la calidad de agua posiblemente sea peor.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% de todas las enfermedades en el mundo se asocian con el agua no potable o de mala calidad; este es un factor que sumado a la falta de un programa estatal de vigilancia y control sobre la calidad del agua y políticas eficientes de ampliación del servicio contribuyen a la baja calidad de vida y facilitan la propagación de epidemias en el país. Los grupos más afectados son los niños y niñas, situación que se refleja en las altas tasas de mortalidad infantil (45 por 1.000 nacidos vivos). Una de las áreas definidas como prioritarias por el gobierno en su Plan de Desarrollo Social es la vivienda, debido al alto déficit habitacional y al alto grado de hacinamiento (32,72% de la población) que existe en el país. Las metas que se propone el gobierno son construir 150 mil viviendas durante el quinquenio 1994-1999. El déficit habitacional a 1993, calculado por el gobierno, es de 233.400 unidades habitacionales, acumulándose además una demanda de al menos 24.000 unidades anuales; por su parte el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas calcula el déficit habitacional en el país en 470 mil viviendas.

A pesar de lo acuciante del problema, el mínimo porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ramo de Vivienda ha ido en continuo descenso, pasando del 0,4% en 1993 al 0,3% en 1996, con proyecciones decrecientes para el futuro. Es evidente la falta de una política estatal adecuada que resuelva este problema, lo que aunado a los altos intereses que cobran los bancos, así como al alto costo de los materiales vuelven sumamente difícil el acceso de la mayoría de la población a esta necesidad básica.

Educación

En El Salvador los recursos destinados a financiar la educación disminuyó sistemáticamente durante los años de la guerra civil (1980-1992); como porcentaje del Producto Nacional Bruto el gasto en educación descendió progresivamente del 3,6% en 1980 a 1,6% en 1992, situación que aún se mantiene, según datos de la UNESCO.

De acuerdo con la CEPAL, el gasto per capita en educación en el país, durante la presente década, es de solamente $13 dólares (a precios de US$ 1980), siendo el más bajo de América Latina, a excepción de Guatemala y uno de los más bajos en el mundo; en otros países de la región como Costa Rica se invierten $88 per capita y $29 en Honduras.

En relación al presupuesto general de la nación, el presupuesto de educación ha pasado de un 13,74% en 1992 a un 14,81% en 1995, un aumento de solamente 1,07%, a cuatro años de la finalización de la guerra y en el marco de la reforma educativa. Examinando el presupuesto de educación para 1995, el 72,41% del presupuesto del ramo va dirigido a pago de salarios y sólo el 0,64 % hacia la inversión. lo que obviamente redunda en una baja calidad de la enseñanza.

Datos oficiales indican que para 1995, la tasa de escolaridad básica (primero a sexto grado) es de 50,33%. La escolaridad promedio a nivel nacional es de 4,67 años, siendo el promedio a nivel urbano de 6,25 grados y a nivel rural 2,66 grados.

En El Salvador solamente el 5,91 % de la población mayor de 6 años ha aprobado más de 12 años de estudio, de los cuales el 50,68 % son hombres y el 49,31% son mujeres. Otros indicadores, para 1993, nos indican una relación alumnos-maestro de 34 a 1.

En cuanto al analfabetismo podemos afirmar que persiste la relación de que cada tres personas adultas, una no sabe leer ni escribir, relación que se agrava en las zonas rurales. Según datos del Anuario Estadístico de la UNESCO (1995) el índice de analfabetismo de adultos (15 años o más) a nivel nacional es de un 28,5%. El nivel de analfabetismo de las mujeres es más alto ya que alcanza un 30,2% de la población total.

En general, la educación de personas adultas tiene un perfil bajo en cuanto a las prioridades de educación del gobierno central, son las organizaciones de la sociedad civil quienes priorizan los procesos de educación de adultos.

Otro de los grandes vacíos en la política pública de educación en El Salvador, es la falta de cobertura a nivel inicial y preescolar (0 a 4 años) que deja sin atención, en 1995, a 695.300 niños y niñas, que equivale al 12,72 % de la población; esta situación afecta directamente tanto el desarrollo de niños y niñas, como a las mujeres quienes ven menguadas sus posibilidades de desarrollo al dedicar más horas al cuidado de sus hijos(as). La población pre- escolar atendida lo es por el sector privado al que sólo tienen acceso capas medias y altas. Las organizaciones de la sociedad civil realizan esfuerzos para contemplar el segmento de la población carenciada. La baja inversión que realiza el Estado en un área tan prioritaria para la formación de capital humano, como es la educación, resulta un enorme contrapeso para la mejoría en el bienestar de los sectores menos favorecidos y para el desarrollo del país. La baja inversión en educación conlleva también a una baja calidad en la educación.

Las altas tasas de fracaso escolar en el sistema escolar salvadoreño son producto de la baja calidad de la educación impartida. Utilizando las cifras oficiales de repitencia y deserción sólo un alumno de cada tres completa el noveno grado. Esta baja calidad se refleja también en la desvinculación de los programas de estudio escolares con la sociedad, ya que los programas ignoran la realidad y el contexto en que viven los niños y niñas.

Otro aspecto importante a destacar es el hecho de que los niveles educativos de la población están asociados estrechamente a los niveles de ingreso: a mayores niveles de ingresos mayores niveles de educación; lo anterior provoca desigualdades en las oportunidades de educación para los niños y niñas que provienen de hogares de distinto nivel de ingreso. Los resultados de las desigualdades de oportunidades educativas tienen una expresión dramática en las diferencias entre las zonas rurales y urbanas: en promedio la población con más de 15 años que vive en zonas urbanas ha aprobado 7 años de escolaridad, mientras las que viven en zonas rurales han aprobado sólo 2,8 grados.

El sistema educativo salvadoreño requiere de mucha más inversión por parte del gobierno, eficiencia técnica y participación de organizaciones de la sociedad civil en la propuestas de políticas públicas.

De acuerdo a los indicadores oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y los presentados por organismos internacionales como el PNUD, en nuestro país todavía prevalecen las siguientes condiciones de salud:

1. Altas tasas de mortalidad y morbilidad propias de los países en desarrollo, como son las enfermedades transmisibles y que están relacionadas directamente con las condiciones de pobreza de la población.

Las principales causas de muerte infantil (1994) son por problemas relacionados a la atención del parto y por afecciones infectocontagiosas, las cuales podrían prevenirse oportunamente en el nivel primario de atención si se fortaleciera la capacidad resolutiva de los recursos comunitarios.

2. Deficiencia en la cobertura de atención médica, especialmente en las áreas rurales y que se refleja en los índices de mortalidad; según el censo de 1992 de la Dirección de Estadísticas y Censos (DIGESTIC) solamente el 66% de las defunciones tenían certificado médico, esto quiere decir que el resto de muertes no fueron atendidos por personal médico al momento de su defunción y probablemente no tenían ningún control médico de sus enfermedades.

3. De acuerdo a los datos de los años 1990-1995, la muerte materna directamente relacionada al embarazo, parto y puerperio alcanza el 85% del total de muertes maternas hospitalarias, las que son prevenibles mediante un adecuado control. Es importante mencionar el subregistro existente de los datos de mortalidad materna, ya que solamente se cuenta con datos de muertes hospitalarias no teniendo datos de las muertes que ocurren en los domicilios.

4. De acuerdo a informes del MSPAS (1995) la primera causa de muerte hospitalaria es por traumatismo intracraneal, que está más relacionado al incremento de la violencia por delincuencia en el país, que por disminución de las enfermedades transmisibles.

5. El resto de las causas de mortalidad hospitalaria están más relacionados a enfermedades infectocontagiosas y a enfermedades crónicas e intoxicaciones, de acuerdo a datos de 1995. Se desconoce el diagnóstico de las muertes domiciliares que generalmente no cuentan con asistencia médica y el diagnóstico de defunción no es realizado con el criterio técnico adecuado para su clasificación.

Recientemente se presentó un documento marco que contiene los principios básicos de las reformas pero el proceso de reforma del sector salud se plantea a muy largo plazo (para 15 años) y si se ejecuta sin la participación social, difícilmente se logrará el impacto que se espera para mejorar el estado de salud en el país, y por ende el desarrollo humano de una forma sostenible.

Se ha establecido un paquete básico mínimo que se plantea proporcionar en forma gratuita, y que se define como "el conjunto de servicios esenciales de Salud Publica, eminentemente preventivo que directa o indirectamente debe desarrollar la sociedad en favor de ella misma y su entorno, bajo los principios de equidad, eficiencia y eficacia"; más no se define concretamente cuales son estos servicios ni los mecanismos o formas de acceso a otros servicios de salud que no están incluidos en este paquete y que cualquier persona podría está expuesta a necesitar en un momento determinado (ej. cirugías, tratamiento de enfermedades crónicas o degenerativas, etc.).

Al comparar los porcentajes asignados a la Salud del Presupuesto general de la nación observamos un decrecimiento porcentual de 0,66% entre los años 1993 (9,59%) a 1996 (8,9%). Lo anterior se agrava cuando se conoce que el 60% será destinado a los niveles secundarios y terciarios de atención (Hospitales y Centros de Salud) y el 40% destinado a los aspectos administrativos y la ejecución de otros programas incluyendo aquellos destinados a la Atención Primaria en Salud.

La inversión para 1996, tal como se ha definido actualmente, es insuficiente para alcanzar los compromisos adquiridos en las cumbres mundiales y está además mal distribuida para el desarrollo adecuado del sector salud y para la satisfacción de las necesidades de la población más necesitada.

Si se continúa con el rumbo actual se hará realidad el que uno de cada dos niños de futuras generaciones sufrirá enfermedades vinculadas a la pobreza, que limitaran su desarrollo. Y de esta manera también limitarán el desarrollo del país.


"Violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada" (IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, septiembre 1995, párrafo 113).

En nuestro país desde hace varios años, las organizaciones de mujeres y los grupos feministas han roto el silencio que recubre las prácticas violentas hacia las mujeres. No se puede pretender construir una sociedad democrática que no contenga equidad de género, es necesario que la justicia no ignore los problemas que afectan a las mujeres, que amplíen sus concepciones y acciones para contrarrestar la impunidad y lograr que ningún agresor se quede sin ser sancionado.

Los índices de violencia genérica en nuestro país son alarmantes, La Procuraduría Adjunta de la Mujer, está realizando un trabajo de compilación de datos teniendo como fuentes oficiales al Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, entre otros. Dichas estadísticas reflejan que en este año han sido atendidos 217 casos de violencia intrafamiliar y 528 violaciones. El principal protagonista de violencia intrafamiliar es el compañero de

vida o esposo de la víctima (62,2%) y dentro de la violaciones el 25,33% son cometidos por parientes de la mujer y el 63,88% de los responsables son conocidos por la víctima. Es necesario saber que el subregistro que existe es grande, los datos antes mencionados se incrementarían si hubiera un mecanismo o forma de recopilar la mayoría de casos atendidos no sólo por estas instancias, sino también por los organismos de mujeres que dan atención a víctimas de violencia genérica.

La violencia genérica también es potenciada por la legislación salvadoreña que aún no penaliza el maltrato conyugal, que tiene vacíos y prejuicios en relación al castigo de violación sexual, que considera a esta más como atentado a la dignidad familiar que como un atentado a las libertades. El sistema judicial por su parte duda de la palabra de las mujeres cuando denuncian violación. Por estas y otras razones que están presentes en el Estado, la familia y en buena parte de la sociedad, muchas mujeres aún se quedan sin denunciar la violencia, sufriendo las consecuencias.

Para romper este silencio, las organizaciones de mujeres están apoyando y trabajando sobre propuestas que vayan encaminadas a romper las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, por ende dispuestas a ser vigilantes de los cumplimientos del Estado salvadoreño frente a los compromisos internacionales y a las acciones a realizar según la Política Nacional de la Mujer.

Ciudadanía y participación política

La falta de tradiciones democráticas en el país, reforzada por el clima represivo durante la guerra, contribuye a un bajo ejercicio de la ciudadanía y la participación política. Los Acuerdo de Paz de 1992 contenían elementos para fomentar el proceso de democratización. Sin embargo, en las primeras elecciones en condiciones de paz, en 1994, por las limitaciones de la reforma electoral, la falta de transparencia y eficacia de las instituciones rectoras del proceso, los problemas de identificación de la ciudadanía y las deficiencias e irregularidades durante las votaciones, dieron como resultado elevados índices de ausentismo: el 51% en la primera vuelta presidencial y el 56% en la segunda.

El dato alarmante es la ausencia femenina en las urnas: por unas y otras razones, entre las que se encuentra el abstencionismo forzado, seis de cada diez mujeres en edad de votar no lo hicieron. El desinterés hacia las elecciones, el desinterés hacia la política, la desconfianza sobre el proceso electoral y el miedo a las consecuencias de una posible victoria de la izquierda, son actitudes que las mujeres ausentistas comparten con los hombres. Además las mujeres encontraron obstáculos particulares que tienen que ver con la domesticidad y el déficit de identidad ciudadana de la mayoría de la población femenina salvadoreña.

En relación a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, de los compromisos emanados de la IV Conferencia de Beijing, en marzo de 1996 fue creado por ley el Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) que cuenta -también establecido por ley- con una Junta Directiva integrada por las máximas autoridades de seis ministerios y de tres instituciones del Ministerio Público y dos representantes de las organizaciones de mujeres.

La creación del ISDEMU, como instancia rectora de las políticas gubernamentales-estatales, y el proceso de elaboración de la Política Nacional de la Mujer con una importante participación de las organizaciones de mujeres, constituye en términos institucionales el hecho político más importante para las mujeres en la administración pública.

La Política Nacional de la Mujer cuenta con un nivel de operativización en acciones divididas en diez áreas prioritarias en las que las organizaciones de mujeres lograron colocar algunas de sus demandas más importantes. El gobierno tiene la principal responsabilidad de cumplimiento durante los próximos tres años, aunque también se establecen medidas a cargo de otras instituciones del Estado. Un elemento novedoso lo constituye la participación de organismos de mujeres en los mecanismos de verificación del cumplimiento de las acciones públicas.

Siendo 1996 en El Salvador un año pre-electoral, la participación de las mujeres en actividades políticas y en cargos de representación ha sido uno de los puntos del debate nacional. Todo ello sin que se avistaran modificaciones substanciales en cuanto a la presencia de mujeres en las próximas elecciones de marzo del 97, dado que aún están poco presentes en las planillas de candidatas.

Sólo un partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ha establecido estratégicamente cuotas mínimas de participación femenina de un 35% en las listas de candidatos y aunque se conocen las dificultades para lograr este porcentaje, también ha sido notorio que se lograron construir mecanismos para hacer viable esta cuota cuantitativa y cualitativamente. El resto de los partidos, incluido el gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), aún mantienen distancias del planteamiento de las cuotas mínimas de participación, a pesar de que en sus discursos han definido a las mujeres como uno de los sectores prioritarios en su campaña electoral y eventual gestión político-administrativa.

En términos de participación parlamentaria las mujeres representan el 10,7% (9 de 84 diputaciones) y a nivel municipal son 29 los municipios que tienen por alcalde a una mujer, representando el 11,1% de los 262 municipios del país; en este aspecto cabe hacer notar que los municipios donde las mujeres han sido electas son lugares pequeños tanto territorial como políticamente. A nivel del órgano Judicial por primera vez fueron nombradas -por elección parlamentaria- dos magistradas, representando el 13,3% de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia; en el Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha estado en manos de una mujer muy destacada por su gestión.

A nivel ejecutivo ha aumentado la presencia de mujeres en las conducción de carteras sociales de educación y salud; los viceministerios de agricultura y relaciones exteriores también están a cargo de mujeres.

Bibliografía

Actualidad Económica, No 1, Noviembre 96, Fundación nacional Para El Desarrollo.

ECA, B. 576, Octubre, Estudios Centroamericanos, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

Reforma Educativa en Marcha, Tomo I, 1995, Ministerio de Educación.

Priorización de Municipios a partir de Datos Censales, Dirección General de Política Económica y Social, Dirección de Información Ministerio de Coordinación del Desarrollo Económico y Social.

Informe Sobre Desarrollo Mundial, 1995, Banco Mundial.

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 1995, Ministerio de Relaciones Exteriores, Febrero 1996.

La Educación en El Salvador de cara al Siglo XXI, Universidad de Harvard, Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, 1995.

El Salvador Proceso, No 731, 23 de Octubre, Centro Universitario de Documentación e Información. UCA.

Informe de Desarrollo Humano 1995, PNUD.

Política Social y Combate a la Pobreza, Doc. Trabajo, Análisis de la Realidad Nacional 95-5, Junio de 1995.

Plan de Desarrollo Económico y Social, 1994-1999, V. I, Resumen Ejecutivo, Ministerio de Planificación y Coordinación Económico y Social.

Anuario Estadístico, UNESCO, 1995.

El Salvador - Estrategia, Fundación para el Desarrollo Económico y Social, Marzo 1994.

Investigación de la Calidad del Agua de Beber Distribuida por ANDA, en San Salvador, CDC, Marzo 1994.

Mujeres y Familias Centroamericanas, Principales Problemas y Tendencias, Tomo III, María Angélica Faune, 1995.

Informe Nacional sobre La Mujer. Beijing, septiembre 1995.

"Las Mujeres ante, con, contra, desde, sin, tras...el poder político", Mujeres por la Dignidad y la Vida, San Salvador, 1995.

Cuadro resumen de violencia intrafamiliar. PDHM, San Salvador 1996.

"La Salud de El salvador, Visión de Futuro"; Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. San Salvador. Documento marco primera versión. Octubre de 1996.

"¿Existe una política social en El Salvador?". Los casos de Salud, Vivienda y Educación. Instituto Salvadoreño de Estudios Democráticos. San Salvador. 1996.

"La Reforma del Salud: hacia su Equidad y Eficiencia. Informe final". Análisis del Sector Salud en El Salvador. ANSAL. San Salvador. 1994.

Informe de Desarrollo Humano para El Salvador "Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo". PNUD. 1996.

"Pobreza: un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial". Bernardo Kliksberg. Segunda reimpresión en español, 1994.

"Presupuesto General de salud". La Prensa Gráfica 17 de Noviembre de 1996.